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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05273-00

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05273-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Denegar el amparo invocado por la señora Carmen Lucía Rendón Carmona, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05273-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

17 de noviembre de 2022

1

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05273-00
Demandante: Carmen Lucía Rendón Carmona

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05273-00
Demandante: Carmen Lucía Rendón Carmona
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Notificación de las providencias
judicial. Aplicación del artículo 205 del CPACA. Ausencia de los
defectos procedimental, sustantivo y violación directa de la
Constitución.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por Carmen Lucía Rendón Carmona
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Carmen Lucía Rendón Carmona, por intermedio de apoderado,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la supremacía constitucional, al mínimo vital y al
acceso a la administración de justicia.

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www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05273-00
Demandante: Carmen Lucía Rendón Carmona

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos las providencias
del 11 de mayo y 7 de julio de 2022, proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 11001-33-42-047-2019-00263-01 y, en
su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una nueva decisión en la que se declare
bien denegado el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera
instancia o que se dé prosperidad al incidente de nulidad propuesto o, en su defecto,
que se declare la nulidad de las dos providencias mencionadas, a efectos de que la
sentencia de primera instancia quede ejecutoriada y en firme.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) La señora Carmen Lucía Rendón Carmona promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación-Senado de la República, Dirección
General Administrativa, a fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que negaron el reconocimiento y pago de prima técnica, en un 35%
de la asignación básica mensual, en el cargo de asesor, grado II, de la Unidad de
Trabajo Legislativo.

ii) Mediante sentencia del 12 de marzo de 2021, el Juzgado 47 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá concedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

iii) El 15 de marzo de 2021, la Secretaría del Juzgado, a través de correo electrónico,
notificó de la decisión a las partes.

iv) El término para interponer el recurso de apelación, según de lo dispuesto en el
artículo 203 del CPACA, venció el 6 de abril de 2021, dado que cobijó la vacancia
judicial por semana santa.

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Demandante: Carmen Lucía Rendón Carmona

v) El 8 de abril de 2021, la apoderada del ente demandado presentó
recurso de apelación en contra la sentencia de primera instancia.

vi) Por auto del 24 de mayo de 2021, el Juzgado 47 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá rechazó por extemporáneo el recurso de apelación, conforme lo
señala el numeral 1 del artículo 247, subrogado por la Ley 2080 de 2021.

vii) Contra la referida decisión, la apoderada de la demandada presentó recurso de
reposición y, en subsidio, de queja.

viii) A través de auto del 12 de octubre de 2021, el Juzgado resolvió no reponer la
decisión, ordenó expedir copia auténtica de la sentencia de primera instancia con
constancia de notificación y ejecutoria, y remitió el expediente al superior jerárquico.

ix) Mediante auto del 11 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección segunda, Subsección C, declaró mal denegado el recurso de
apelación y, en consecuencia, revocó el auto del 24 de mayo de 2022.

x) Teniendo en cuenta lo anterior, el 20 de mayo de 2022, la señora Carmen Lucía
Rendón Carmona presentó incidente de nulidad contra la decisión del Tribunal.

xi) A través de auto del 7 de julio de 2022, el Tribunal negó el incidente de nulidad
propuesto.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del apoderado del accionante, la decisión del Tribunal incurrió en los
siguientes vicios o defectos:

i) Defecto procedimental absoluto. El Tribunal se equivocó al aplicar el artículo 205
del CPACA, puesto que para el caso existía norma especial que era el artículo 203
ibídem, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de igual normativa, con lo

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cual está desconociendo la obligación que tiene de pronunciarse
acorde con la naturaleza del proceso.

ii) Defecto sustantivo. En providencia del 27 de agosto de 2021, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el expediente con radicación 73001-23-
33-000-2018-00340-01 (67277) resolvió un asunto con circunstancias fácticas igual al
presente, rechazando por extemporáneo el recurso de apelación.

iii) Violación directa de la Constitución. El magistrado se apartó en forma irregular de
la aplicación del debido proceso y de la plenitud de las formas propias de cada juicio
al no aplicar la norma especial que rige para el caso.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 6 de octubre de 2022, se inadmitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se requirió al señor Luis Arturo Victoria, apoderado de la accionante,
para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia,
allegara memorial aclaratorio en el que indicara las causales especiales de
procedibilidad —defectos— en las que, consideraba, incurría la providencia atacada,
y sustentara, con precisión conceptual y jurídica, su aplicabilidad dentro de la
presente acción constitucional.

1.2.2. El 11 de octubre de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído a la parte actora, y el 13 de octubre siguiente, el apoderado de la
accionante atendió los requerimientos.

1.2.3. A través de auto del 21 de octubre de 2022, se admitió la acción de tutela y,
en consecuencia, se ordenó notificar del proveído a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, como
demandados, y a la Nación-Senado de la República, Dirección General
Administrativa, como tercera interesada en las resultas del proceso; y se comisionó
al Juzgado 47 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para que notificara del
trámite constitucional, como terceros interesados, a todas las personas que

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intervinieron en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001 33 42 047 2019 00263 00 [01], exceptuando a la señora
Carmen Lucía Rendón Carmona y a la Nación-Senado de la República, Dirección
General Administrativa, debiendo enviar las copias de las constancias de notificación
derivadas de la comisión.

De igual forma, se requirió al Juzgado 47 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá para que enviara copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho arriba mencionado; se reconoció personería jurídica para actuar dentro
del proceso al abogado Luis Arturo Victoria, en virtud del poder conferido por la
accionante, de acuerdo con la documentación contenida en el expediente
digitalizado; y se ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados y a
los terceros interesados para que, dentro del término de los tres días siguientes a la
notificación de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien
lo tenían, y a rendir el respectivo informe.

1.2.4. El 31 de octubre de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído a la señora Carmen Lucía Rendón Carmona, al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, al Juzgado 47 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, y a la Nación-Senado de la República, Dirección General
Administrativa; y el 2 de noviembre siguiente, dio a conocer del proceso a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, por intermedio del magistrado Carlos Alberto Orlando Jaiquel, solicitó
denegar el amparo pretendido, dados los siguientes argumentos:

i) El auto del 11 de mayo de 2022, que resolvió estimar mal denegado el recurso de
apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada en contra de
la sentencia de primera instancia, no revivió un proceso legalmente concluido, sino
que fue una decisión que se adoptó dentro del marco de un proceso que, claramente,

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no había terminado. Ello es así porque de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 245 del CPACA, modificado por el artículo 65 de la Ley 2080
de 2021, el recurso de queja procede cuando —entre otros eventos— se rechace la
apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.

ii) La interpretación normativa utilizada para resolver el recurso de apelación
interpuesto por la demandada no fue fruto del arbitrio del juzgador, ni de una
interpretación errónea de las normas que regulan la materia, ni tampoco por el
desconocimiento de los lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado, por el
contrario, en el auto del 11 de mayo de 2022, se tuvo en cuenta el pronunciamiento
del 25 de marzo de 2022, proferido por Consejo de Estado, Sección Segunda,
expediente 66001-23-33-000-2019-00436-01 (3114-21), C.P. William Hernández
Gómez, que resolvió con claridad el problema jurídico planteado, esto es, si las
reglas previstas en el artículo 205 del CPACA, subrogado por el artículo 52 de la Ley
2080 de 2021, son aplicables a la notificación de la sentencia escrita frente a lo cual,
el Consejo de Estado consideró que, en efecto, dichas reglas son aplicables a la
notificación del fallo y, en tal virtud, lo argumentado en el recurso de queja tenía total
asidero.

iii) El auto del 7 de julio de 2022, fue proferido con prevalencia de los principios de la
sana crítica y la buena fe y, en él se encuentran consignados ampliamente los
motivos que llevaron al suscrito a negar el incidente de nulidad propuesto por el
apoderado de la parte demandante en contra del auto del 11 de mayo de 2022.

1.3.2. El Juzgado 47 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá remitió el
enlace para descargar el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 11001-33-42-047-2019-00263-00.

1.3.3. La Nación-Senado de la República, por intermedio del jefe de la División
Jurídica, solicitó negar la pretensión de amparo en atención a lo siguiente:

i) Las dos decisiones que en el escenario de la acción de tutela se cuestionan
ofrecen una motivación suficiente, clara y procedente en torno a los problemas

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jurídicos presentados en cada oportunidad. En la providencia del 11 de
mayo de 2022, se realizó un estudio sobre la normatividad aplicable al caso —
notificación de sentencias judiciales posterior a la vigencia de la Ley 2080 de 2021—,
y recurre, legítimamente, a un precedente de su superior jerárquico para corregir la
determinación de negar el trámite del recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia; y, en la providencia del 7 de julio de 2022, se analizaron con
detalle las razones del incidente de nulidad propuesto y conforme a ello se expuso
que ninguno de los eventos alegados corresponde a lo previsto por la ley.

ii) Ni la acción de tutela original ni su subsanación establecen con claridad cuál es el
yerro o la vía de hecho en que incurre la autoridad judicial al acoger el precedente
aplicado o por qué el análisis hecho por la Sección Segunda del Consejo de Estado
resulta inaplicable o equivocado de cara a las modificaciones introducidas por la Ley
2080 de 2021.

iii) El criterio jurídico asumido en las providencias judiciales cuestionadas se ajustan
a los precedentes emitidos sobre la materia y a la actuación que, cumplidamente, el
Senado de la República adelantó respecto la sentencia emitida en primera instancia.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

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Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedencia para controvertir las decisiones enjuiciadas
y, en caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de dichas
providencias se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de
naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-
047-2019-00263-01, la Sala establece lo siguiente:

i) El 16 de mayo de 2019, la señora Carmen Lucía Rendón Carmona, por intermedio
de apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Nación-Senado de la República, Dirección General Administrativa, con
las siguientes pretensiones:

1. Anular el Acto Administrativo contenido en el Oficio DGA-CS-3762-2018 radicado
35897 del 21 de Diciembre de 2018, suscrito por el Jefe de División de Recursos
Humanos de la Dirección General Administrativa del Senado de la República, mediante
el cual niegan el reconocimiento y pago de la prima técnica en un 35% sobre la
asignación básica mensual a la Doctora CARMEN LUCIA RENDÓN CARMONA en el cargo
de Asesor Grado II de la Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) del Honorable Senador
SANTIAGO VALENCIA GONZÁLEZ.

2. Se anule el Acto Administrativo contenido en el Oficio No DGA-CS-0157-2019 de 21
de enero de 2019, radicado No 00979 de 22 de enero de 2019, suscrito por la directora
general administrativa del Senado de la República, mediante el cual niega el
reconocimiento y pago de la prima técnica en un 35% a la Doctora CARMEN LUCIA
RENDÓN CARMONA sobre la asignación básica mensual en el cargo de Asesor Grado II
de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Honorable Senador SANTIAGO VALENCIA
GONZÁLEZ.

3. Consecuencialmente a lo anterior se ordene al Senado de la República, Dirección
General Administrativa el reconocimiento y pago a partir del mes de abril de 2018 de la
prima técnica en un porcentaje del 35% sobre el cargo de Asesor Grado II de la Unidad
de Trabajo Legislativo.

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4. Que para todos los efectos legales no habrá solución de continuidad entre abril de
2018 y la fecha en que se produzca su pago.

5. Que también a manera de restablecimiento de los derechos que fueron
desconocidos y vulnerados a la señora CARMEN LUCIA RENDÓN CARMONA, se condene
en costas a la Nación Colombiana - Senado de la Republica - Dirección General
Administrativa o la Entidad que haga sus veces, a pagarle a mi mandante o a quien sus
derechos represente, el lucro cesante en la cantidad que se trate en este acápite,
consistente en los intereses moratorios de las sumas ya actualizadas en la Dirección
General Administrativa del Senado de la República, desde el momento en que
debieron cancelarse, hasta cuando se realice el pago real.

6. A la sentencia deberá dársele cumplimiento dentro de los términos establecidos por
los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.

7. Se condene en costas y gastos del proceso a la parte demandada.

ii) Mediante sentencia del 12 de marzo de 2021, el Juzgado 47 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, adoptó la siguiente decisión:

PRIMERO: Declarar no probada de oficio la excepción de prescripción, conforme se
indicó en la parte motiva.

SEGUNDO: Declarar la nulidad de los Oficios Nos. DGA-CS-3762-2018 del 21 de
diciembre de 2018 y DGA-CS-0157-2019 del 21 de enero de 2019, mediante los cuales
se niega a la demandante el reconocimiento y pago de la prima técnica en un 35%
sobre la asignación básica mensual en el cargo de Asesor Grado II de la Unidad de
Trabajo Legislativo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho condenar a la NACIÓN – SENADO DE
LA REPÚBLICA – DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA al reconocimiento y pago de la
prima técnica de que trata la Ley 52 de 1978 en favor de la señora CARMEN LUCÍA
RENDÓN CARMONA identificada con C. C. No. 21.877.385 de Montebello - Antioquia, a
partir de la fecha en que dejó de efectuar su reconocimiento -abril de 2018-, y en los
términos que venía siendo otorgada, esto es, en el porcentaje del 35% de la asignación
mensual correspondiente al cargo de Asesor II de la Unidad de Trabajo Legislativo y
mientras permanezca vinculada al referido cargo.

CUARTO: Las sumas que deberá cancelar la entidad accionada, tendrán que ser
ajustadas en los términos del artículo 187 del CPACA., teniendo en cuenta la siguiente
fórmula: R = R.H. ÍNDICE FINAL
ÍNDICE INICIAL
En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que
es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de prima técnica, por el
guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la
fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o
reajustes producidos o decretados durante dicho período. Es claro que, por tratarse de
pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes para
cada asignación mensual, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al
momento de la causación de cada uno de ellos.

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QUINTO: Negar las demás súplicas de la demanda por las razones expuestas.
SEXTO: La entidad deberá cumplir la sentencia en los términos señalados en los
artículos 189, 192 y 195 del CPACA.

SÉPTIMO: Sin costas en la instancia.

OCTAVO: Una vez en firme esta sentencia archívese el expediente, dejando las
constancias del caso.

iii) El 15 de marzo de 2021, la Secretaría del Juzgado 47 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, Sección Segunda, notificó de la decisión a las partes, a través de
correo electrónico.

iv) El 8 de abril de 2021, la apoderada del Senado de la República interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia.

v) Por medio de auto del 24 de mayo de 2021, el Juzgado 47 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, rechazó por extemporáneo el recurso
de apelación. Argumentó que el recurso resultaba extemporáneo, puesto que
conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 247 del CPACA, podía interponerse
y sustentarse hasta el 6 de abril de 2021, esto es, dentro de los diez días siguientes
a la notificación de la providencia que se recurre.

vi) El 25 de mayo de 2021, el apoderado de la demandante solicitó la expedición de
copias del fallo de primera instancia, con constancia de ser primera copia y con fecha
de ejecutoria.

vii) El 28 de mayo de 2021, la apoderada del ente demandado, Senado de la
República, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de queja, contra el auto del
24 de mayo de 2021.

viii) Por medio de auto del 12 de octubre de 2021, el Juzgado 47 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, no repuso la decisión contenida en el
auto del 24 mayo de 2021; y, por Secretaría, ordenó i) expedir copia auténtica de la
sentencia de primera instancia, con constancia de notificación y ejecutoria, conforme
a la solicitud elevada el 25 de mayo de 2021, y ii) remitir el expediente al superior.

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ix) El 22 de octubre de 2021, la apoderada del Senado de la República solicitó no
expedir copia de la sentencia, con constancia de ejecutoria —solicitada por la
demandante— y ordenada en el auto del 12 de octubre de 2021, al no estar
ejecutoriada aun la sentencia de primera instancia, por encontrarse en trámite la
resolución del recurso de queja, presentado contra el auto del 24 de mayo de 2021.

x) Mediante auto del 11 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, estimó mal denegado el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y, en consecuencia,
revocó el auto del 24 de mayo de 2021 y, en su lugar, concedió el recurso de
apelación interpuesto.

xi) El 20 de mayo de 2022, el apoderado de la demandante presentó incidente de
nulidad contra el auto del 11 de mayo de 2022.

xii) A través de auto del 7 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, negó el incidente de nulidad
propuesto.

xiii) Por auto del 4 de octubre de 2022, el Juzgado 47 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, Sección Segunda, concedió el recurso de apelación interpuesto
por la apoderada judicial de la entidad demandada en contra de la sentencia del 12
de marzo de 2022 y, ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para lo de su cargo.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

En sub judice, la señora Carmen Lucía Rendón Carmona, por intermedio de
apoderado, controvierte la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, a la supremacía constitucional, al mínimo vital y al acceso a la
administración de justicia, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, al proferir i) el auto del 11 de mayo de 2022,

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05273-00
Demandante: Carmen Lucía Rendón Carmona

mediante el cual se estimó mal denegado el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se revocó el
auto del 24 de mayo de 2021, que rechazó por extemporáneo el recurso y, en su
lugar, se concedió; y el auto del 7 de julio de 2022, en el que se negó el incidente
de nulidad propuesto contra el auto del 11 de mayo de 2022.

Argumenta que en dichas decisiones se incurrió en los defectos i) procedimental, al
aplicar el artículo 205 del CPACA, pese a que para el caso existía norma especial que
era el artículo 203 ibídem, en concordancia con el numeral 1 del artículo 247 de igual
normativa; ii) sustantivo, al no tomar en cuenta la interpretación que sobre el asunto
se señaló en la providencia del 27 de agosto de 2021, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el expediente con radicación 73001-23-
33-000-2018-00340-01 (67277); y iii) violación directa de la Constitución, por
vulneración del debido proceso, al no aplicar la norma especial que rige para el caso.

Pues bien, se tiene que en el auto del 11 de mayo de 2022, el Tribunal resolvió el
recurso de queja interpuesto —por la apoderada del ente demandado— contra el
auto del 24 de mayo del 2021, que rechazó por extemporáneo el recurso de
apelación presentado contra la sentencia de primera instancia.

Así, a efectos de resolver el recurso, trajo a colación el marco normativo aplicable al
caso, esto es, los artículos 2033 y 2054 del CPACA, sobre la notificación de las

3 ARTÍCULO 203. NOTIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS. Las sentencias se notificarán, dentro de los tres (3)

días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón electrónico para
notificaciones judiciales. En este caso, al expediente se anexará la constancia de recibo generada por
el sistema de información, y se entenderá surtida la notificación en tal fecha.
4 ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. Artículo modificado por el artículo 52 de la

Ley 2080 de 2021.
1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su
envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione
acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El
Secretario hará constar este hecho en el expediente. De las notificaciones realizadas
electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea por cualquier
interesado.

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Demandante: Carmen Lucía Rendón Carmona

sentencias y la notificación de las providencias por medios
electrónicos, así como el artículo 85 del Decreto Legislativo 806 de 2020, respecto de
la notificación personal.

Bajo dicho panorama señaló que comoquiera que la sentencia de primera instancia
fue proferida el 12 de marzo de 2021 y notificada, vía electrónica, el 15 de marzo
hogaño, la sentencia se entendía notificada el 17 de marzo siguiente, es decir, dos
días hábiles siguientes al envío del fallo, por lo que a partir del 18 de marzo de
2021 se inició el término para presentar el recurso de apelación, el cual finalizó el 8
de abril de 2021, día en que radicó el recurso de alzada, por lo se entendía
interpuesto en tiempo.

Asimismo, aclaró que en la Sentencia del 27 de agosto de 2021, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P. Guillermo Sánchez Luque,
dentro del expediente con radicado 73001-23-33-000-2018-00340-01 (67277), se
indicó lo siguiente:

El artículo 205 CPACA, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, dispone
que la notificación electrónica de las providencias se entenderá realizada una vez
transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del correo electrónico y que los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. El artículo
203 del CPACA, que no fue modificado por la Ley 2080 de 2021, norma especial para la
notificación electrónica de las sentencias, dispone que las sentencias se notificarán
mediante envío de su texto a través de correo electrónico al buzón para notificaciones
judicial y que la notificación se entenderá surtida el día en que se envía el correo.

5 ARTÍCULO 8. NOTIFICACIONES PERSONALES. Las notificaciones que deban hacerse personalmente
también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la
dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin
necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para
un traslado se enviarán por el mismo medio.
El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que
la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar,
informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las
comunicaciones remitidas a la persona por notificar.
La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.
Para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de
los correos electrónicos o mensajes de datos. (…)
PARÁGRAFO 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación,
incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial,
monitorio, ejecutivo o cualquier otro. (…)”

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Sin embargo, en el caso se acogía al criterio expuesto en el auto
interlocutorio del 25 de marzo de 2022, proferido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez, en el expediente con
radicado 66001-23-33-000-2019-00436-01 (3114-21), en el que se señaló lo
siguiente:

41. Se aprecia que en virtud de los criterios cronológico y de especialidad, las reglas
descritas en el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, deben ser de aplicación preferente
para efectuar la notificación de la sentencia escrita, sobre la reglamentación
consagrada en el artículo 203 del CPACA.

42. Esto es así, en tanto la modificación al artículo 205 del CPACA es posterior; además,
porque se regulan específicamente las notificaciones electrónicas y esta forma de
publicidad prevalece sobre las otras formas de comunicación que no se encuentran
totalmente adaptadas a la prestación de un servicio digital.

43. De tal suerte, que ante la duda de la procedencia de una notificación de la
sentencia escrita conforme al artículo 205 del CPACA, en virtud de la especialidad y
posterioridad de la codificación de las notificaciones electrónicas, se hace ineludible
esta práctica sobre lo señalado en el artículo 203 ibidem.

44. Así las cosas, los mencionados dos días de resguardo que introdujo el Decreto 806
de 2020, ahora en el artículo 205 del CPACA, no es más que el plazo que se considera
prudencial para que las partes accedan a su correo electrónico o canal digital y así
constatar si llegó la sentencia y fue posible descargar el archivo. En resumen: Tal y
como se indicó en párrafos anteriores, el enunciado práctico que consagra el artículo
205 es el guardarraíl de una amplia garantía procesal para mitigar la brecha digital.

45. En conclusión: La interpretación correcta, que implica un análisis histórico,
cronológico, de especialidad y teleológico, es aquella que prefiere la aplicación de las
reglas previstas en el artículo 205 del CPACA para el acto de comunicación de las
sentencias escritas, esto es, enviar la providencia vía mensaje de datos y entender
efectuada la notificación a los dos días siguientes. En consecuencia, se considera que
la hermenéutica que mejor prohíja los sujetos procesales es la que permite concluir
que la notificación de la sentencia escrita se entenderá surtida una vez trascurridos los
dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, para que a partir del día siguiente
corran los términos para solicitar la aclaración (artículos 285 del CGP), la adición
(artículo 287 ibidem), la corrección (artículo 286 ibidem) o la interposición del recurso
de alzada (artículo 247 del CPACA).

46. En resumen: Con fundamento en el análisis llevado a cabo en precedencia, el
Despacho estima que las reglas previstas en el artículo 205 del CPACA sobre la
notificación por medios electrónicos, subrogado por el artículo 52 de la Ley 2080, son
aplicables a la notificación de la sentencia escrita.

En ese entendido, refirió que en el caso le asistía razón a la entidad demandada,
pues dado que el recurso de apelación se interpuso el 8 de abril de 2021, se
entendía presentado en tiempo. Reiteró que comoquiera que la sentencia de primer

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grado se notificó el 15 de marzo de 2021, los diez días para interponer
el recurso de apelación empezaban a contarse trascurridos los dos días hábiles
siguientes al envío del mensaje, esto es, a partir del 18 de marzo de 2021, los cuales
terminaron el 8 de abril de 2021, teniendo en cuenta la vacancia judicial de semana
santa, que operó entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2022.

Y, en lo que tiene que ver con el auto del 7 de julio de 2022, en el que el Tribunal
negó el incidente de nulidad propuesto contra el auto del 11 de mayo de 2022, en el
que se resolvió el recurso de queja interpuesto contra la decisión que rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera
instancia, se advierte lo siguiente:

En dicho auto, el Tribunal dejó sentado que las causales de nulidad incoadas por la
parte demandante fueron: i) la contenida en el numeral 2 del citado artículo 133 del
CGP, que establece que, entre otras situaciones, se configura nulidad «cuando el

juez… revive un proceso legalmente concluido»; ii) por desconocimiento del artículo
29 superior en el sentido que, no se han observado a plenitud las formas de cada
juicio; iii) que no se ha tenido en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado que
estableció que en casos como el aquí se debate es aplicable como regla especial lo
prescrito en el artículo 203 del CPACA, esto es, que las sentencia quedan notificadas
el mismo día que se remite el correo y, corolario de lo anterior, iv) que el artículo 8 de
la Ley 153 de 1887 establece cuando no hay ley exactamente aplicable al caso
controvertido, se aplicaran las leyes que regulen casos o materias semejantes, pero
como en este caso el artículo 203 del CPACA es claro y aplicable al caso concreto, no
hay razón para buscar otras normas que no son de aplicación.

Bajo dicho panorama, explicó i) que el auto del 11 de mayo de 2022 no revivió un
proceso legalmente concluido, puesto que fue una decisión que se adoptó dentro del
marco del desarrollo del proceso, el cual, claramente, no había terminado, ello,
porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del CPACA, modificado por
la Ley 65 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de queja procede cuando, entre otros
eventos, se rechace la apelación, y porque, en todo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 353 del CGP, fue interpuesto en subsidio del recurso de reposición, eventos

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estos que ocurrieron en el caso; ii) que tampoco se observaba de qué
forma se pudo haber desconocido el debido proceso o no se hubieran tenido en
cuenta a plenitud las formas de cada juicio, dado que: a) el auto recurrido fue
notificado por estado del 25 de mayo de 2021, b) el recurso de reposición en subsidio
queja, se interpuso el 28 de mayo de 2021, esto es, al tercer día hábil siguiente, c) de
la actuación se corrió traslado a la parte demandante, fijando el proceso en lista y
dado traslado del recurso de reposición por 3 días, dando cumplimiento a los
artículos 51 de la Ley 2080 de 2021, y 319 y 110 del CGP, y d) hecho lo anterior, el
despacho expidió el auto del 12 de octubre de 2021, que resolvió no reponer la
decisión adoptada en el auto del 24 de mayo de 2021 y remitir el expediente ante al
superior para que desatara el recurso de queja; y iii) que la interpretación aplicada no
fue fruto del arbitrio, puesto que para el efecto se tuvo en cuenta un pronunciamiento
posterior de la Sección Segunda de la alta corporación que resolvió con claridad el
problema jurídico planteado.

Así, vistos los considerandos que preceden, esta Sala no encuentra que en el asunto
se configuren los defectos procedimental y sustantivo endilgados, pues además de
que el Tribunal trajo a colación la normativa aplicable al caso, especificó el por qué
en el sub judice aplicaba lo reglado en el artículo 205 del CPACA, y no así lo
consignado en el artículo 203 ibidem.

En el caso, no existe una indebida aplicación de las normas procedimentales, ya que
en consideración a lo previsto en la modificación introducida, de manera transitoria,
en el artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y, posteriormente, de manera
permanente, en el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 205
del CPACA, el Tribunal consideró adecuado dar extensión a lo allí previsto.

Además, tampoco se evidencia la existencia de un defecto sustantivo, pues el
Tribunal accionado, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, manifestó
acogerse al criterio interpretativo expuesto en el auto interlocutorio del 25 de marzo
de 2022, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por
encontrarlo más favorable para los sujetos procesales, y no así a lo señalado en la

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Sentencia del 27 de agosto de 2021, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Por tanto, se tiene que ante la falta de un criterio unificado por parte de la alta
corporación en el asunto, no es posible predicar la existencia de un defecto
sustantivo por desconocimiento de precedente jurisprudencial, dado que subyace la
prerrogativa establecida en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, que da
al juez autonomía e independencia para decidir, según su leal saber y entender, las
controversias sometidas a su conocimiento.

Además, lo que se aprecia es que el Tribunal accionado, para resolver el caso
puesto a su consideración, aplicó la providencia de esta Sección, proferida como
órgano de cierre, que consideró, aportaba los elementos necesarios para desatar la
controversia, lo que en sentir de la Sala también obedece a la autonomía del
juzgador natural; por tanto, no se encuentra configurada la causal de procedibilidad.

De otra parte, respecto de la presunta violación directa de la Constitución, la
jurisprudencia ha explicado que esta causal se configura cuando un juez ordinario
adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque i) deja de aplicar
una disposición ius fundamental a un caso concreto; o ii) aplica la ley al margen de
los dictados de la Carta.

Conforme a lo expuesto en líneas precedentes, se precisa que el Tribunal accionado
no desconoció ningún precepto constitucional, ni realizó una interpretación de la
normatividad contraria a la Constitución; por el contrario, cumplió con el deber que le
asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato
consagrado en el artículo 4.° de la Constitución.

Así las cosas, la Sala estima que las providencias emitidas por la autoridad judicial
accionada no incurrieron en una actuación constitutiva de vía de hecho que vulnere
los derechos fundamentales de la parte accionante y, en tal virtud, denegará el
amparo constitucional invocado.

3. Conclusión

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Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configura la
existencia de la causales defecto procedimental, sustantivo y violación directa de la
Constitución y, en tal sentido, denegará el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Denegar el amparo invocado por la señora Carmen Lucía Rendón
Carmona, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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YASM

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