Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05283-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05283-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05283-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
3 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05283-00
Accionante: Mary Luz Garzón Duarte
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
F.T: 272
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05283-00
Accionante: MARY LUZ GARZÓN DUARTE
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D.
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial, en la que se reconoció la
sustitución pensional a la cónyuge supérstite y a la compañera permanente, de
manera proporcional al tiempo de convivencia. Ausencia de los defectos estudiados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora Mary Luz Garzón Duarte instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, con el propósito de obtener, de un lado, la
nulidad de la Resolución 001972 del 15 de diciembre de 2017, por medio de la cual
le fue negada la sustitución de la pensión devengada por el señor Luis Javier Murcia
Alarcón, y del acto ficto negativo, derivado del silencio frente al recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación que interpuso en contra del acto antes
mencionado y, de otro, el reconocimiento del 100 % de la prestación pensional
reclamada.
Al referido trámite fue vinculada la señora Blanca Stella Garzón de Murcia, dada su
condición de litisconsorte necesario. Aquella presentó intervención excluyente y
solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en su favor, en su calidad
de cónyuge supérstite. Mediante proveído del 7 de octubre de 2019 el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá admitió la demanda ad
excludendum.
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Posteriormente, el 14 de enero de 2022 el Juzgado mencionado accedió a las
pretensiones de la demanda principal y, en consecuencia, ordenó a la entidad
demandada reconocer y pagar a favor de la señora Mary Luz Garzón Duarte la
sustitución de la pensión vitalicia de jubilación, causada por el señor Luis Javier
Murcia Alarcón, en un porcentaje equivalente al 100 %.
Por lo anterior, la demandante excludendum interpuso recurso de apelación en
contra de esa decisión y el 26 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó parcialmente la
sentencia de primera instancia, en cuanto declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados, y modificó el ordinal tercero, en el sentido de ordenar
a la entidad demandada reconocer la pensión de sobrevivientes, en favor de la
señora Blanca Stella Garzón de Murcia, en su condición de cónyuge supérstite, en
un porcentaje equivalente al 84 %, y de la señora Mary Luz Garzón Duarte, en
calidad de compañera permanente, en un 16 %, a partir del 6 de abril de 2017.
b) Inconformidad
La accionante Mary Luz Garzón Duarte consideró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, transgredió su derecho
fundamental a la igualdad y el principio de favorabilidad. Como fundamento, indicó
que aquel incurrió en un defecto sustantivo, por inobservar e interpretar de manera
errónea las leyes 12 y 113 de 1975, los artículos 20, 47 y 104 de la Ley 100 de 1993,
9.° del Decreto 1161 de 1194 y 55 del Decreto 1406 de 1999; así como las
sentencias T-468 de 2007, T-301 de 2010 y T-485 de 2011 de la Corte
Constitucional y del 13 de julio de 2010, radicado 36.124 de la Corte Suprema de
Justicia.
Igualmente, arguyó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico,
por cuanto, primero, no advirtió los errores y contradicciones en los que incurrieron
las testigos presentadas por la señora Blanca Stella Garzón, quienes eran sus hijas
y, en esa medida, se prepararon para favorecerla; además, declararon que su padre
esporádicamente las visitaba cuando tenía citas médicas en la ciudad de Bogotá y
que el apoyo económico que recibía la exesposa no era espontáneo o en
demostración de apoyo mutuo, sino que existía un acta de conciliación que prestaba
mérito ejecutivo y, por tanto, era evidente que el pensionado estaba obligado a su
cumplimiento. Además, precisó que una de ellas reconoció que el causante tuvo
una relación con ella por más de treinta años. En segundo término, sostuvo que no
valoró las declaraciones extrajuicio que allegó al proceso, las cuales dan cuenta del
tiempo de convivencia con el causante y de su derecho a obtener la sustitución
pensional.
De otra parte, manifestó que la accionada desatendió el precedente jurisprudencial
fijado por el Consejo de Estado en la sentencia del 30 de enero de 2020, expediente
2014-00028, en la que refirió que el apoyo económico y emocional con los hijos por
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parte del causante no implica la existencia de una convivencia entre los excónyuges
o excompañeros permanentes. Finalmente, expuso que aquella incurrió en el
defecto de violación directa de la Constitución Política, por cuanto conculcó el
principio de igualdad ante la ley.
PRETENSIONES
La parte accionante requirió, primero, amparar el derecho fundamental antes
mencionado y, segundo, revocar la sentencia del 26 de agosto de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
En consecuencia, solicitó ordenar a la autoridad judicial mencionada emitir una
nueva decisión, acorde con la Constitución Política, la ley y los precedentes
constitucionales aplicables al caso concreto.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
La magistrada Alba Lucía Becerra Avella explicó que, en la sentencia objeto de
cuestionamiento, luego de hacer un recuento de la normativa aplicable al caso,
determinó que, dadas las particularidades del asunto, debía hacerse un análisis
hermenéutico distinto al del juez de primera instancia y, en ese orden, revisar, con
un enfoque de género, de un lado, la dependencia económica entre el causante del
derecho pensional y su cónyuge y la causa de la separación de la pareja.
A partir de lo anterior, concluyó que existía una obligación alimentaria del causante
frente a la señora Blanca Stella Garzón de Murcia, que no se extinguió con la
cesación de los efectos civiles del matrimonio católico o la muerte del cónyuge y
que la separación obedeció única y exclusivamente al causante del derecho, por
sus infidelidades; además, advirtió que la dependencia económica surgió con motivo
del rol que esta se vio avocada a cumplir durante los treinta y siete años que convivió
con su esposo y la relación finalizó por culpa exclusiva de aquel, por lo que había
lugar a aplicar la excepción frente al requisito de convivencia, exigido en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, como lo hizo el órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria, en la sentencia SL1727-2020.
De otra parte, aseveró que no se configura ninguna de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela frente a la providencia judicial, pues aquella fue
proferida por funcionarios competentes; con acatamiento del procedimiento previsto
para esa clase de actuaciones; se aplicaron los supuestos legales y analizó el
acervo probatorio allegado al expediente, sin que exista contradicción entre los
fundamentos de la decisión y la parte resolutiva de la misma; la autoridad no fue
inducida en error y la providencia fue ampliamente motivada y acató el precedente
constitucional.
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Por último, afirmó que el mecanismo constitucional es improcedente, por cuanto la
accionante agotó los mecanismos que tenía a su disposición y no puede utilizarse
para agotar una tercera instancia.
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
La jueza Yenssy Milena Flechas Manosalva refirió las actuaciones procesales
adelantadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la aquí accionante y remitió el expediente.
Ministerio de Educación Nacional
Alejandro Botero Valencia, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, mencionó que la
acción de tutela de la referencia es improcedente, ante la ausencia de la vulneración
de los derechos fundamentales y la inexistencia de un perjuicio irremediable.
Además, se pronunció sobre la naturaleza de la función judicial e independencia y
autonomía de quienes la cumplen y la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales.
Por otra parte, manifestó que se configura una falta de legitimación en la causa por
pasiva de la entidad, comoquiera que no es el llamado a responder las pretensiones
de la accionante. Así las cosas, solicitó su desvinculación.
Tercera con interés
La señora Blanca Stella Garzón de Murcia sostuvo que la solicitud de amparo es
improcedente, por cuanto la accionante cuenta con otro medio de defensa para
obtener la protección de sus derechos, como lo es el recurso extraordinario de
revisión. Aunado a lo anterior, precisó que esta no satisface el requisito de la
relevancia constitucional, comoquiera que el propósito es agotar una instancia
adicional al proceso ordinario, sin que se cumplan los requisitos específicos.
En todo caso, indicó que el fallo del 26 de agosto de 2022 contiene un examen
riguroso de las pruebas allegadas al proceso y de los mandatos constitucionales y
jurisprudenciales aplicables, a partir de los cuales determinó que debían protegerse
los derechos de la persona más débil y afectada, quien perdió a su cónyuge y sufrió
la destrucción de su familia.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
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Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el cual regula que:
«[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior
funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).
La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se
1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009
de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.
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presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez
carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene
en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión;
d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial
ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o
legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g)
desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución
Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.
Problema jurídico
Antes de plantear el problema jurídico, se aclara que en el presente asunto se
cumplen las exigencias generales de procedencia5, por lo que el análisis se centrará
únicamente en las causales específicas de procedibilidad, concretamente las
relativas al defecto fáctico y al desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues
si bien la accionante invocó, además de las mencionadas, los defectos sustantivo y
la violación directa de la Constitución Política, lo cierto es que no explicó las razones
por las cuales se configuran esos yerros, como se explicará más adelante.
Así las cosas, el problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las
siguientes preguntas:
1. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, valoró las pruebas mencionadas por la accionante, de conformidad con
las reglas de la sana crítica?
2. ¿Los pronunciamientos invocados por la parte accionante constituyen un
precedente judicial exigible a la autoridad precitada y, por tanto, resultaban
obligatorios para decidir su caso?
Para resolver el problema aquí planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
defecto fáctico, (II) análisis probatorio efectuado por la Subsección accionada, (III)
desconocimiento del precedente y (IV) estudio del precedente en el caso concreto.
Veamos:
5 Al respecto, se aclara, contrario a lo señalado por la tercera con interés, que lo aquí alegado no se adecúa a
las causales del recurso extraordinario de revisión, por lo cual la accionante no cuenta con dicho mecanismo.
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• Primer problema jurídico
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
valoró las pruebas mencionadas por la accionante, de conformidad con las reglas
de la sana crítica?
I. Defecto fáctico
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. Dicho defecto debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto y, adicionalmente, debe tener una incidencia
directa en la decisión.
La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que puede
presentarse un defecto fáctico: 1) Una negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración
y sin justificación da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente; esta dimensión comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez y 2) Una positiva, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la Constitución
Política.
A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo
dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En
primer lugar, el respeto por los principios de autonomía judicial y del segundo de los
mencionados impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del
material probatorio. Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997,
determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia
judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la
acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la
actividad evaluativa realizada por la autoridad judicial que ordinariamente conoce
de un asunto.
II. Análisis probatorio efectuado por la Subsección accionada
La accionante arguyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, valoró de manera indebida los testimonios rendidos por
las hijas de la señora Blanca Stella Garzón de Murcia y pasó por alto los errores e
inconsistencias en los que incurrieron, ya que estaban preparadas para favorecer a
su familiar, como lo decidió el juez de primera instancia; además, resaltó que
declararon que su padre esporádicamente las visitaba cuando tenía citas médicas
en la ciudad de Bogotá y que el apoyo económico que recibía la exesposa no era
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espontáneo o en demostración de apoyo mutuo, sino que existía un acta de
conciliación y, por tanto, era evidente que el pensionado estaba obligado a su
cumplimiento.
De otra parte, sostuvo que aquel no valoró las declaraciones extrajuicio que allegó
al proceso, las cuales dan cuenta del tiempo de convivencia con el causante y de
su derecho a obtener la sustitución pensional.
Pues bien, al revisar la sentencia del 26 de agosto de 2022, se observa que la
Subsección aquí accionada detalló los supuestos fácticos del matrimonio, cesación
de efectos civiles y el acuerdo de alimentos relativos a los señores Blanca Stella
Garzón de Murcia y Luis Javier Murcia Alarcón. Asimismo, resaltó que la cónyuge
supérstite, quien presentó intervención ad excludendum, solicitó el decreto y
práctica de los testimonios de sus hijas Leyder Katherine Murcia Garzón, Eveling
Katiuska Murcia Garzón y Karon Giselle Murcia Garzón, para demostrar la
convivencia con el causante.
Luego de transcribir la mayor parte de las declaraciones, advirtió que contrario a lo
expuesto por el juez de primera instancia del proceso ordinario, esa prueba
testimonial no podía excluirse, en razón al parentesco de las declarantes y la
demandante ad excludendum, sino que, de acuerdo con el principio de la sana
crítica debía analizarse de manera conjunta con los demás elementos, con el
propósito de llegar a una convicción de los supuestos del caso.
En ese sentido, se tiene que la autoridad judicial accionada consideró que las
afirmaciones de las testigos daban cuenta de que, a pesar del divorcio, la relación,
de alguna manera la convivencia y el apoyo económico continuaron entre sus
padres hasta la fecha del deceso del causante; asimismo, aquella indicó que las
versiones de las tres no reflejaban parcialidad y coincidían en que luego de la
separación, el señor Luis Javier Murcia Alarcón se fue a vivir a Guayabal, mientras
que la señora Blanca Stella Garzón de Murcia fijó su residencia en Bogotá D.C.,
pero el primero de los mencionados viajaba a la capital del país constantemente,
donde compartió momentos familiares con ella y siguió brindándoles el auxilio
económico acordado en la conciliación celebrada entre ellos, sin que tales eventos
fueran suficientes para tener la convicción de que la convivencia entre la pareja
continuó aun después de la cesación de efectos civiles.
Empero, la Subsección advierte que la autoridad judicial accionada advirtió que, a
pesar de lo anterior, dadas las particularidades del caso, debía realizarse un análisis
hermenéutico para determinar la titularidad de la pensión, con un enfoque de
género, en cuanto a dos situaciones, la primera, la dependencia económica de la
señora Garzón de Murcia respecto al pensionado y, la segunda, la causa de la
separación. Así las cosas, aludió a que la esposa se dedicó al cuidado del hogar y
de sus hijas durante un poco más de 37 años, razón por la cual era evidente que
nunca tuvo como soportar sus gastos y era su esposo quien suplía todas sus
necesidades económicas; incluso, luego de la separación, los cónyuges
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suscribieron un acuerdo conciliatorio, en el que el señor Luis Javier Murcia Alarcón
se obligó a pagarle una cuota alimentaria, obligación que se mantuvo hasta el día
de la muerte, como lo comprobó la demandante con los testimonios y el
interrogatorio de parte que absolvió en el curso del proceso.
Conjuntamente, la Subsección accionada explicó que la causa de la separación era
decisiva para resolver el problema jurídico, comoquiera que, según se acreditó, el
divorcio fue imputable única y exclusivamente al esposo, pues, aunque la cesación
de los efectos del vínculo haya sido decretada por mutuo acuerdo, tanto en el Acta
de Conciliación suscrita ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Manta como en el
Acta de la Audiencia de que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil,
proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chocontá, consta que la demanda
de divorcio se interpuso por las causales previstas en los ordinales 1.°, 2.° y 8.° del
Código Civil, referentes a las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los
cónyuges, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de ellos de los
deberes que la ley les impone y la separación de cuerpos, judicial o de hecho,
respectivamente.
En ese sentido, se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, iteró que la dependencia económica entre la demandante
y el causante del derecho y la motivación de la separación, atribuible a la culpa
exclusiva del cónyuge, daban lugar a aplicar la excepción del requisito de
convivencia, más aun teniendo en cuenta la perspectiva de género y la finalidad de
la pensión de sobrevivientes desde ese enfoque, en los términos en los que lo hizo
la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia expedida en el proceso SL1727-2020.
Finalmente, la Subsección observa que la accionada resaltó que existió una
convivencia entre el señor Luis Javier Murcia Alarcón y la señora Mary Luz Garzón
Duarte, por un periodo comprendido entre el 13 de enero de 2010 y el 5 de abril de
2017, conforme con lo probado en la sentencia de primera instancia; además,
advirtió que dicho aspecto no fue objeto de recurso, por lo que debía considerarse
ese tiempo y acudirse a la regla de interpretación empleada por el órgano de cierre
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para la distribución proporcional
del derecho pensional en caso de convivencia simultánea, puesto que no existía
una decisión unificada en cuanto a la repartición de la prestación en caso de
cónyuge culpable, pero aquella regla era aplicable, en el entendido que permitía
positivizar el derecho a la igualdad y fijaba un método aritmético que distribuye de
forma equitativa e imparcial la mesada, concediéndose en proporción al tiempo de
convivencia.
A partir de lo anterior, en relación con los desacuerdos de la parte accionante, se
encuentra, en primer lugar, que la autoridad judicial accionada explicó las razones
por las cuales debían valorarse los testimonios de las hijas del causante y señaló
que el parentesco con la demandante ad excludendum no implicaba su exclusión,
sino que fueran valoradas, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y de manera
conjunta con los demás elementos probatorios. De igual manera, se tiene que la
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Accionante: Mary Luz Garzón Duarte
Subsección citada consideró las declaraciones de aquellas y advirtió que eran
coincidentes en afirmar que su padre viajaba a la ciudad de Bogotá con cierta
regularidad y compartía momentos familiares con ellas y con su exesposa; además,
que el apoyo económico de sus padres se mantuvo hasta el momento del deceso
del causante, en el entendido que aquel le enviaba el dinero pactado en el acuerdo
conciliatorio a la señora Blanca Stella Garzón de Duarte mensual y cumplidamente,
pero advirtió que tales afirmaciones no daban la convicción suficiente de que la
convivencia entre los cónyuges se mantuvo aun después de la cesación de los
efectos civiles.
Ciertamente, se tiene que la autoridad judicial accionada determinó que las
declaraciones de las hijas, quienes conocían de primera mano la relación de sus
padres, la cesación de los efectos civiles del matrimonio y la obligación alimentaria
existente, no ofrecían el grado de certeza necesario para concluir que la convivencia
entre la pareja se mantuvo, pero sí daban cuenta de que los lazos familiares
continuaron y que el señor Luis Javier Murcia Alarcón no dejó desprotegida a su
exesposa. Igualmente, se avizora que aquella, a partir del examen de las
situaciones especiales de, uno, la dependencia económica de la cónyuge respecto
del pensionado y, dos, la atribución de la culpa exclusiva de la separación al esposo,
desde la perspectiva de género, concluyó que debía aplicarse la excepción de la
exigencia de la convivencia y, en esos términos, reconocer la sustitución pensional
en favor de la señora Blanca Stella Garzón de Duarte, en proporción a los 37 años
que convivió con el pensionado, correspondiéndole el 84 % de la mesada pensional.
En segundo lugar, la Subsección estima que la accionada, a partir del análisis
conjunto de las pruebas allegadas al proceso y, en consideración a lo decidido en
la sentencia de primera instancia, reconoció el tiempo de convivencia entre el señor
Luis Javier Murcia Alarcón y la señora Mary Luz Garzón Duarte y, si bien no hizo
alusión expresa a las declaraciones extrajuicio rendidas, lo cierto es que consideró
la relación entre ella y el causante y, a partir de lo probado en la mencionada
instancia y teniendo en cuenta que ese supuesto no fue objeto de recurso, aseveró
que a aquella le correspondía el 16 % de la pensión de sobrevivientes.
Aunado a lo anterior, se repara en que aún si hubiera hecho alusión expresa a esas
pruebas, ello no cambiaría el sentido de la decisión, comoquiera que el tiempo de
convivencia entre los compañeros permanentes fue fijado desde la sentencia de
primera instancia. Además, la controversia de la decisión de segunda instancia
estaba centrada en resolver el recurso de apelación instaurado por la demandante
ad excludendum, respecto a su derecho pensional y al mantenimiento, incluso
después de la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, de la
convivencia entre los cónyuges y del apoyo económico y familiar y, frente a esa
situación, luego del análisis conjunto de las pruebas mencionadas antes, la
Subsección accionada determinó que el apoyo económico se mantuvo aun después
de la separación y que dadas las situaciones particulares y la existencia de
elementos que exigían evaluar el caso con un enfoque de género, la sustitución
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pensional debía reconocerse a la cónyuge supérstite, de manera proporcional al
tiempo que compartió su vida con el causante.
Bajo las anteriores circunstancias, la Subsección denota que la autoridad judicial
accionada valoró adecuadamente las pruebas a las que alude la parte accionante.
Distinto es que, a partir de aquellas, haya determinado que les asistía derecho a la
cónyuge supérstite y a la compañera permanente a obtener la sustitución pensional,
de manera proporcional al tiempo de convivencia que acreditaron con el causante.
Por consiguiente, en esta sede no se evidencia la configuración de un defecto
fáctico, como causal específica de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales.
• Segundo problema jurídico
¿Los pronunciamientos invocados por la parte accionante constituyen un
precedente judicial exigible a la autoridad accionada y, por tanto, resultaban
obligatorios para decidir su caso?
III. Desconocimiento del precedente judicial
La Corte Constitucional ha sostenido que el desconocimiento del precedente
jurisprudencial constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela6, pues
si bien es cierto los jueces gozan de autonomía para adoptar la decisión a que haya
lugar, también lo es que la misma tiene unos límites como es el respeto por el
precedente judicial. Debe precisarse que ese respeto no puede ser entendido de
manera absoluta, ya que se trata de armonizar y salvaguardar los principios
constitucionales. De allí que se ha admitido la separación de este siempre que se
expongan las razones por las cuales se aparta.
En sentencia T-446/13, la Corte Constitucional sostuvo que para el efecto deben
cumplirse dos requisitos: (I) hacer una referencia expresa del precedente aplicado
a casos similares y (II) exponer las razones suficientes por las que considera que el
mismo no resulta ajustado al asunto estudiado. En ese orden de ideas, cuando un
juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal
actuación constituye una vulneración al derecho a la igualdad.
Por último, debe precisarse que el desconocimiento del precedente judicial puede
ser vertical, esto es, el que deben seguir los funcionarios judiciales que están en un
nivel jerárquico inferior de los órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción
o puede ser horizontal, el cual hace referencia a aquel que deben seguir los jueces
de la misma jerarquía.
6 Ver entre otras sentencias: T-446/13, T-360/14 y T-309/15.
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IV. Estudio del precedente en el caso concreto
La solicitante de la salvaguarda indicó que la autoridad judicial accionada
desconoció la sentencia del 30 de enero de 2020, expediente 2014-00028, en la
que refirió que el apoyo económico y emocional con los hijos por parte del causante
no implica la existencia de una convivencia entre los excónyuges o excompañeros
permanentes. Además, aludió a que aquella desatendió los pronunciamientos T-468
de 2007, T-301 de 2010 y T-485 de 2011 de la Corte Constitucional y del 13 de julio
de 2010, radicado 36.124, de la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto, la Subsección, en primer lugar, observa que la sentencia del 30 de
enero de 2020, expediente 2014-00028, invocada como inobservada por la
accionante no constituye por sí sola un precedente judicial, en los términos de la
Ley 1437 de 20117, argumento que resulta suficiente para colegir que no se
estructura el defecto estudiado. En todo caso, se tiene que esa decisión no guarda
identidad fáctica y jurídica con la situación objeto de análisis, pues en cada uno de
los casos se evaluaron circunstancias particulares y, a partir de tales, se decidió el
asunto; adicionalmente, en la controversia objeto de estudio en esta sede, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, no
concluyó que el apoyo del causante respecto a sus hijas determinara el
mantenimiento de lazos entre los cónyuges, regla que, en los términos de la
solicitante del amparo, fue desatendida.
En segundo lugar, se advierte que la parte accionante no expuso las reglas o el
criterio jurisprudencial fijado en las demás sentencias invocadas que fue
desatendido por la autoridad judicial accionada, sino que se limitó a identificar las
sentencias, de manera que no existen elementos de juicio para proferir una decisión
frente a ese aspecto.
De esta forma, resulta diáfano que la autoridad judicial accionada no incurrió en un
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no estaba en la obligación de
aplicar los pronunciamientos referidos por la accionante.
Finalmente, se tiene, como se enunció al plantear el problema jurídico, que la señora
Mary Luz Garzón Duarte no justificó ni explicó las razones por las cuales se
configuraban los defectos sustantivo y la violación directa de la Constitución Política.
Ciertamente, en cuanto a la primera causal, citó únicamente los artículos de las
disposiciones que, a su juicio fueron inobservadas o interpretadas de manera
incorrecta e incluso en algunos casos solamente refirió la ley de forma general, pero
no detalló las razones por las cuales el Tribunal accionado desatendió esos
mandatos legales; así mismo, respecto de la segunda causal, circunscribió su
argumento a describir en qué consistía la igualdad material y la garantía de
7
1. Sentencias de unificación, 2. Mecanismo de extensión de jurisprudencia, 3. Mecanismo de revisión eventual
o 4. Avocación oficiosa de procesos que cursan en las secciones del Consejo de Estado o en los Tribunales.
Ver ensayo del Consejero de Estado, de la Sección Cuarta, doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez “El
precedente judicial”. Publicación del Consejo de Estado “Justicia contenciosa administrativa: avances, retos y
metas”, pág. 90. Bogotá, 2015.
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tratamiento igualitario entre las partes. Lo anterior impide a esta Subsección realizar
un análisis de esas inconformidades.
En consecuencia, al no encontrarse acreditadas las causales de procedencia
estudiadas, se negará el amparo solicitado por la señora Mary Luz Garzón Duarte,
a través de la acción instaurada en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar el amparo constitucional deprecado por la señora Mary Luz Garzón
Duarte, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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LYGR
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