Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05298-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05298-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05298-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Desconocimiento del precedente – Falta de
carga argumentativa / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Tercera instancia – la
parte actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo
decidido por el juez natural
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por Gloria Liliana Monsalve
Valencia contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 4 de octubre de 2022, Gloria Liliana Monsalve Valencia interpuso acción de
tutela contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por
la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 3 de marzo de 20222, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió la accionante
contra el Municipio de Manizales.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:
<< Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas
respetuosamente solicito al señor Juez tutelar en mi favor los derechos constitucionales
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2
Notificada el 22 de abril de 2022.
3
Identificado con número de radicado 17001-23-33-000-2014-00333-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
fundamentales invocados ORDENÁNDOLE a la autoridad accionada que proceda REVOCAR
el fallo de segunda instancia, de conformidad con los principios legales descritos, es decir que
con base en los planteamientos que anteceden, solicito del Honorable Magistrado, confirmar la
SENTENCIA 107 DEL 24 DE MAYO DE 2019 (ACTA 027 SALA ORDINARIA DE DECISIÓN
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS. M.P. DR. AUGUSTO MORALES VALENCIA,
MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ LA NULIDAD DE las Resoluciones Número 01 de Febrero
7 de 2012, de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Manizales, confirmada
por la resolución número 1991 del 01 de Octubre de 2012, aclarada mediante Resolución 20791
del 11 de Octubre de 2012, expedida por el despacho del Señor Alcalde de la ciudad de
Manizales, notificadas personalmente el 26 de Octubre de 2012, mediante la cual se declaró la
destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, y se ordenó como consecuencia de
dicha declaración, se ordenó en calidad de restablecimiento del derecho, el reintegro de la
Señora GLORIA LILIANA MONSALVE VALENCIA, al cargo de OPERARIO Código 487 Nivel
4 Grado 01, o a otro cargo similar de igual categoría al servicio de la Alcaldía de Manizales en
la ciudad de Manizales, además de ordenarse a la Alcaldía de Manizales que pague a la señora
GLORIA LILIANA MONSALVE VALENCIA, el valor de todos los sueldos, primas, bonificaciones
y demás adehalas de la asignación básica correspondientes al cargo que venía ocupando, junto
con los incrementos legales, desde cuando se produjo su retiro hasta cuando efectivamente
sea reintegrada a su empleo, sin considerar que no ha existido solución de continuidad en los
servicios, para todos los efectos legales y prestacionales, además del pago de las costas del
proceso >>4.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Gloria
Liliana Monsalve Valencia presentó demanda contra el Municipio de Manizales, con
el propósito de que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nº 01 del 7 de febrero
de 2012 y Nº 1991 del 1 de octubre de 2012, esta última, aclarada a través de la
Resolución Nº 20791 del 11 de octubre de 2012, actos administrativos con los cuales
fue sancionada disciplinariamente con destitución del cargo e inhabilidad general
para el ejercicio de funciones públicas, por el término de diez años.
5.- En el escrito de demanda del proceso contencioso administrativo, la accionante
señaló que: (i) estuvo vinculada al Municipio de Manizales desde el 30 de enero de
2006 hasta el 2011, período durante el cual que tuvo cuatro vinculaciones como
supernumeraria en el año 2006 y un nombramiento en provisionalidad desde el año
2007; (ii) el 26 de enero de 2011, fue radicada en la Procuraduría General de la
Nación una queja anónima en su contra, según la cual ella presentó un diploma falso
para acceder al cargo que ocupaba desde el año 2006; (iii) a través del Auto No. 47
de 1º de junio de 2011 la Oficina de Control Disciplinario Interno de la entidad
territorial dispuso la apertura de una investigación disciplinaria en su contra, y
mediante Auto No. 09 de 16 de junio de 2011 formuló pliego de cargos, que se
notificó el 23 de junio del mismo año; (iv) mediante la Resolución No 01 de 7 de
febrero de 2012, la Oficina de Control Disciplinario Interno del municipio de Manizales
4 Expediente digital, folios 42 y 43 del escrito de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
profirió la decisión de primera instancia sancionando a la señora Gloria Liliana
Monsalve Valencia con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de
diez años; (vi) a través de la Resolución No 1991 de 1º de octubre de 2012, la entidad
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y confirmó el
fallo de primera instancia, decisión que fue objeto de aclaración a través de la
Resolución No 2079 de 11 de octubre de 2012.
6.- El 24 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de los actos
administrativos acusados. Estimó que la conducta objeto de reproche disciplinario,
esto es, aportar un diploma falso, se considera de ejecución instantánea y en esa
medida la falta disciplinaria se consumó el 30 de enero de 2006, fecha de vinculación
a la entidad. En razón de ello, el término de prescripción de 5 años, previsto en el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002, se extendió hasta el 30 de enero de 2011.
Teniendo en cuenta que el fallo disciplinario de primera instancia tiene fecha del 07
de febrero de 2012, concluyó que el mismo fue proferido cuando ya había operado
la prescripción de la acción disciplinaria.
7.- El 3 de marzo de 2022, la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado
revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, y en su lugar
negó las pretensiones de la demanda. Consideró que, la conducta desplegada por
la accionante era de ejecución continuada puesto que inició el día de la entrega del
documento falso ante la entidad territorial, pero perduró en el tiempo hasta el
momento en que ésta tuvo conocimiento de la presunta falsedad. Precisa que, el
mencionado documento fue incorporado a la hoja de vida de la accionante, lo que
conllevó que fuera incorporada en forma posterior con cuatro vinculaciones
temporales y una provisional, hasta el momento en que la entidad fue advertida de
la falsedad, a través de la queja anónima de fecha 26 de enero de 2011.
8.- En consecuencia, concluyó que la fecha de prescripción de la conducta empezó
a contarse desde el 26 de enero de 2011, por lo que consideró que era indiscutible
que la prescripción se interrumpió con el fallo de primera instancia el 7 de febrero de
2012, el cual fue notificado al apoderado de la actora el 13 de febrero del mismo año.
En esa medida se entiende que la decisión fue adoptada dentro del término señalado
legalmente.
9.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. En la parte
inicial de su escrito enuncia como causal de procedencia “DEFECTO ORGÀNICO
POR DEFECTO FÀCTICO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JUDICIAL”, aunque en la fundamentación jurídica sólo desarrolla el vicio
correspondiente al desconocimiento del precedente. Sostiene que la accionada no
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
aplicó las reglas fijadas en la Sentencia de 18 de julio de 2018, proferida por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado5. De igual forma indicó que,
tampoco tuvo en cuenta las Sentencias T-069 de 1999 y T-699 de 1999 proferidas
por la Corte Constitucional, ni las Sentencias del 7 de octubre de 20106 y del 12 de
abril de 20077 proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
10.- La parte actora aduce que en el proceso disciplinario que dio lugar a la
imposición de la referida sanción en su contra, se investigó una conducta de
ejecución instantánea y la misma se agotó con el acto mismo de entregar el supuesto
diploma. En ese sentido la conducta se consumó con la recepción por parte del
destinatario del mencionado documento, por ello para establecer la fecha de
ejecución de la falta, era necesario evaluar el momento en el que se aportó el
diploma, con independencia del resultado que dicha entrega pudo causar a su
destinatario.
11.- Sumado a lo anterior, la accionante manifestó que la autoridad judicial
accionada no tuvo en cuenta que: (i) la conducta objeto del proceso disciplinario no
cumplía con los requisitos de tipicidad y antijuridicidad, ya que para ocupar el cargo
de operaria sólo debía certificar un nivel escolaridad equivalente a quinto de
primaria, por lo que en su caso era innecesario aportar un diploma para certificar la
calidad de bachiller; (ii) la autoridad judicial incurrió en un exceso en la calificación
de la falta y al imponer la sanción, pues omitió valorar las declaraciones y testimonios
con los que se demostraba la lealtad, el compromiso y la responsabilidad con las
que la accionante desarrollaba sus funciones como operaria del espacio público; y
(iii) por su naturaleza, la investigación de la conducta que dio lugar al inicio del
proceso disciplinario y posteriormente a la sanción debía tramitarse a través del
procedimiento verbal contemplado en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
12.- Mediante auto de 11 de octubre de 2022, el despacho admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la autoridad judicial demanda y vinculó al Municipio de Manizales,
en calidad de tercero interesado.
13.- Además, requirió al Tribunal Administrativo de Caldas para que remitiera, en
calidad de préstamo, el expediente identificado con el radicado número 17001-23-
33-000-2014-00333-00/01.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 18 de julio de 2018, Rad. 11001-03-25-000-2012-00043-
00(0151-12), CP William Hernández Gómez.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 7 de octubre de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2004-
05678-02(2137-09), CP Víctor Hernando Alvarado Ardila.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 12 de abril de 2007, Rad. 68001-23-15-000-1999-02777-
01(7085-05), CP Jaime Moreno García.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(i) Municipio de Manizales8
14.- El 20 de octubre de 2022, la Alcaldía de Manizales, solicitó que la acción de
tutela se declare improcedente al considerar que: i) en el trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, cuya sentencia de segunda instancia se
cuestiona, no existe vulneración a ningún derecho constitucional; ii) en el presente
asunto no se encuentra acreditada ninguna de las circunstancias de procedencia
excepcional para la tutela contra sentencias judiciales; y iii) la parte actora pretende
utilizar el recurso de amparo como tercera instancia judicial.
15.- Al respecto señaló que, en el proceso disciplinario y en el proceso judicial se
demostró que al ingresar al servicio público la demandante consignó información
inexacta relacionada con sus estudios. Para soportar ello, utilizó un documento falso,
incurriendo en una conducta censurable disciplinariamente.
16.- Indicó que la conducta de la disciplinada además de ser típica y antijurídica,
contiene un elemento subjetivo que la sitúa en la categoría del dolo. En su actuación
se distinguen los elementos esenciales de éste, como son el conocimiento y la
voluntad. En ese sentido, precisó que la accionante conocía que a la fecha de su
posesión no había obtenido el título, y no obstante ello aportó un documento falso
que indicaba lo contrario.
17.- Por último, afirmó que la conducta desplegada por la accionante no puede
considerarse como una actuación de ejecución instantánea. Recuerda que el
documento falso permaneció en su hoja de vida, generando que la falta disciplinaria
conservara su potencialidad de amenazar al bien jurídico protegido, razón por la cual
la decisión de calificar las acciones de la parte actora como una conducta de
ejecución continuada fue acertada.
18.- A pesar de haber sido notificada en debida forma la autoridad judicial accionada
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
19. - La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó su postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales9.
8 Intervención digital contenida en 4 folios.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.
11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
20.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior10.
21.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales, que deben ser cuidadosamente verificados, son los siguientes11:
a). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c). Que se cumpla el requisito de inmediatez.
d). Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
e). Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
f). Que no se trate de sentencias de tutela.
8.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional12.
22.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
12 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
23.- Lo anterior, comoquiera que, con dicho requisito, se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional13 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 14 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y
marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos
fundamentales15; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las
autoridades jurisdiccionales16.
24.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales17: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
13 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este
sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en
su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
14 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la
constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T-
040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
15 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
16 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de
2006 de la Corte Constitucional.
17 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender
situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
25.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”18.
26.- Precisado lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento
estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese
examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
previamente mencionados, los cuales deben ser adecuadamente formulados por el
interesado19.
D. Análisis del caso concreto
27.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar
si las circunstancias que se alegan en la presente causa satisfacen los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se cumple
el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a
abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si la Sección
Segunda del Consejo de Estado, incurrió en los defectos o yerros invocados por los
accionantes y si se justifica la adopción de medidas de protección frente a los
mismos.
E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
28. La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos20:
18 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
19 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre
de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-
02568-01; Consejo de Estado, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542
de 2016 y SU-490 de 2016.
20
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio
debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se
superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la
sentencia.
b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con
la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
29.- Revisado el escrito de tutela, las pruebas obrantes en el expediente y la
sentencia objeto de demanda, la Sala advierte que el desconocimiento del
precedente alegado por la parte actora carece de carga argumentativa, pues, al
describirlo, la parte actora simplemente busca controvertir la interpretación
normativa que efectuó esta Corporación, cuestión que no se enmarca dentro de las
causales específicas de procedibilidad previstas para las acciones de tutela contra
providencias judiciales. Además, se considera que los alegatos relacionados con la
tipicidad y antijuridicidad de la conducta desplegada por la disciplinada, el presunto
exceso en el que incurrió la autoridad disciplinaria al calificar la falta y al imponer la
sanción; y el supuesto error en el que incurrió la entidad demandada en el proceso
contencioso administrativo al tramitar el proceso disciplinaria por una vía diferente
al procedimiento verbal contemplado en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, tienen
como finalidad reabrir el debate judicial que se surtió ante el juez natural del proceso.
30.- Descendiendo al caso concreto, se advierte que en el escrito de tutela, la
accionante alegó que la instancia judicial demandada incurrió en defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, al no aplicar las reglas desarrolladas
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
en las Sentencias de: (i) 12 de abril de 200721; (ii) 7 de octubre de 201022; y (iii) 18
de julio de 201823, proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado y (iv)
en las Sentencias T-069 de 1999 y T-699 de 1999, proferidas por la Corte
Constitucional.
31.- En el caso particular, se observa que la demanda de tutela carece por completo
de suficiencia argumentativa, pues en ella el demandante se limita a mencionar que
las consideraciones expuestas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
en los fallos que alega como desconocidos, son aplicables al asunto objeto de
discusión. No obstante, la parte actora omite poner de presente, de forma clara y
precisa, la razón por la cual los casos allí resueltos son asimilables en hechos, partes
y pretensiones al asunto objeto de análisis en esta oportunidad. Tampoco identificó
ni expuso la similitud de problemas jurídicos de esas decisiones con la presente
controversia, ni expuso la ratio decidendi que, según afirma, fue desconocida. En
suma, no sustentó debidamente las razones por las cuales dichas sentencias, en
efecto, constituyen precedentes aplicables al caso concreto.
32.- El precedente jurisprudencial se ha definido como “(…) el conjunto de sentencias
anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para resolver el
problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por la autoridad a quien le
competa para la resolución de su caso concreto”24. Para determinar en qué eventos
el precedente resulta obligatorio para la solución de un caso, es necesario analizar
si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta
una regla judicial relacionada con el caso a resolver; (ii) se trata de un problema
jurídico semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia
son [similares] o plantean un punto de derecho [de igual característica] al que se
debe resolver posteriormente”25. De esta forma, el precedente utilizado debe guardar
semejanza entre los hechos, el problema jurídico planteado y la normativa utilizada
para resolver los casos.
33.- Bajo los parámetros indicados, no toda decisión judicial anterior a la solución de
un proceso constituye un precedente judicial, pues este se configura cuando la
sentencia pretende resolver un problema idéntico, desde la perspectiva jurídica y
fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y hechos similares. A
estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque
la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor
la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 12 de abril de 2007, Rad. 68001-23-15-000-1999-02777-
01(7085-05), CP Jaime Moreno García.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 7 de octubre de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2004-
05678-02(2137-09), CP Víctor Hernando Alvarado Ardila.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 18 de julio de 2018, Rad. 11001-03-25-000-2012-00043-
00(0151-12), CP William Hernández Gómez.
24
Corte Constitucional, sentencia T-1033 de 2012.
25 Ibídem.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando
consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
34.- Desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone que la
sentencia cuestionada se identifique con la regla jurisprudencial en su objeto y su
causa. Para tales efectos se entiende por objeto, la pretensión jurídica analizada y,
por causa: las pruebas, los hechos y los fundamentos normativos de la pretensión.
No habrá, entonces, desconocimiento del precedente, si la sentencia analizada
difiere en cualquiera de los aspectos indicados. Tampoco podrá invocarse si la
sentencia cuestionada fundamenta su decisión de manera razonable y suficiente,
justificando su postura para apartarse del precedente, pues ello está dentro de la
independencia y autonomía del juez.
35.- En ese contexto, como se dijo previamente, no basta con que el accionante
enuncie los derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que, en su sentir,
incurrió la autoridad accionada. Tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener
una carga argumentativa mínima. La misma debe expresar con suficiencia las
razones y motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de
desvalor de los derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y
definición que ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir
el derecho. Así mismo, se deben argumentar los motivos de la presunta vulneración.
36.- Sumado a lo anterior, la Sala considera pertinente mencionar que, las sentencias
a las que se hizo referencia en el escrito de tutela presentan diferencias sustanciales
con el caso resuelto en la decisión objeto de reproche. Por lo anterior, debe
precisarse que:
37.- En la Sentencia del 12 de abril de 2007, la Sección Segunda del Consejo de
Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Universidad Industrial de
Santander – UIS contra la sentencia del 21 de enero de 2005. Dicha providencia fue
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el marco de una acción de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por un funcionario de la universidad,
en contra de los actos administrativos, a través de los cuales la institución decretó
su desvinculación, luego de establecer que había incurrido en abandono del cargo.
En esa ocasión, la parte accionada alegó que la demanda no reunía los requisitos
contemplados en el numeral 6 del artículo 137 del CCA, ya que ésta fue presentada
dentro del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, pero subsanada fuera de él, lo que a su juicio daba lugar al rechazo.
38.- Al pronunciarse sobre la excepción de caducidad de la acción, la Sección
Segunda de esta Corporación señaló que, que la demanda fue presentada el 3 de
diciembre de 1999, es decir dentro del término de caducidad y el auto que la inadmitió
se profirió el 12 de junio del 2000, y precisó que de acoger la tesis expuesta por el
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
recurrente, la orden contenida en aquél auto hubiera sido inane, pues la acción
habría caducado para esa fecha (12 de junio de 2000), independientemente que la
corrección de la demanda hubiera sido presentada en tiempo o no, por lo que
descartó el cargo propuesto por la institución recurrente.
39.- En la Sentencia de 7 de octubre de 2010, la Sección Segunda del Consejo de
Estado se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, contra la Sentencia proferida el 6 de diciembre de 2007, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”. En esta última,
se declaró la nulidad de los fallos disciplinarios proferidos contra José Darío Salazar
Cruz, y se negó las demás pretensiones elevadas por el demandante contra la
Nación - Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República. En
aquella ocasión, la parte demandante había solicitado se declarara, entre otros, la
nulidad del fallo de única instancia proferido el 28 de enero de 2004 por el
Viceprocurador General de la Nación, que lo sancionó, al encontrar que era
responsable por la conducta consistente en recomendar personas para la
provisión de cargos en la Contraloría General de la Nación.
40.- Al pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, la Sección Segunda consideró que, la prescripción de la acción
disciplinaria se desencadena luego de que la conducta reprochada se agota en sí
misma. Por esta razón, en el caso de las faltas relacionadas con conductas de
ejecución permanente o continuado, la lesión del bien jurídico protegido por la norma
sancionatoria se prolonga en el tiempo, afectando los bienes jurídicos que la norma
protege, hasta tanto no se altere la situación que dio lugar a la configuración del
estado de cosas trasgresor de la legalidad. Por lo anterior, concluyó que la falta
prevista en el numeral décimo del artículo 268 de la Constitución Política, no es de
carácter instantáneo, pues la posición privilegiada del sujeto activo calificado que
emite una recomendación, crea un estado o situación ilegal que se prolonga en el
tiempo; es decir, sus efectos se mantienen sobre quien es influido con la
recomendación, todo el tiempo que la pueda cumplir. En ese sentido, mientras el
destinatario de la recomendación se mantenga en el cargo, debía interpretarse que
la conducta permanecía vigente, prolongando el inicio del conteo del término de
prescripción de la acción disciplinaria.
41.- En la Sentencia de 18 de julio de 2018, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, estudió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta
en contra de las decisiones disciplinarias adoptadas por el Procurador Delegado para
la Moralidad Pública, en las que resolvió sancionar a la parte demandante con
destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por el término de diez
años. Lo anterior, al considerar que, en ejercicio de la delegación que le hizo el
Gobernador de la Guajira y en su condición de Secretario de obras públicas
del Departamento, el accionante incumplió con la planeación requerida al
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
intervenir en las etapas precontractual y contractual de la convocatoria 1 de
2005, que culminó con la suscripción del contrato de suministro 3 Bis del 26
de julio de 2005 con la firma Gescop. Ello, en razón a que, no contó con los
estudios de precios del mercado de bienes y servicios adquiridos, como tampoco
cumplió los principios de transparencia y el deber de selección objetiva. Esto último,
teniendo en cuenta que no se llevó a cabo el proceso licitatorio, y se contrató de
forma directa sin los requisitos para ello, incurriendo en una conducta típica y
antijurídica.
42.- En este caso, la Sección Segunda de esta Corporación, reiteró la regla fijada
por el Consejo de Estado en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a través
del auto de 29 de septiembre de 2009 26 . Según la misma, para efectos de la
prescripción de la acción sancionatoria disciplinaria, ésta debe entenderse impuesta
con la expedición y notificación del acto administrativo primigenio,
independientemente del momento en que se resuelvan los recursos de la vía
gubernativa cuando se haga uso de ellos.
43.- Además, precisó que, en aquellos casos en los que se presentan faltas
disciplinarias relacionadas con hechos que tuvieron lugar en el marco de un
procedimiento contractual era necesario entender que lo que se investiga son
acciones que, en su conjunto, dan cuenta de una misma conducta. Lo anterior quiere
decir, que en estos casos, la sumatoria de actuaciones individualmente consideradas
que despliega el sujeto disciplinado es lo que da paso a que se tipifique una única
falta disciplinaria de naturaleza continuada, lo que incide en el término de
prescripción de la acción disciplinaria pues, este debe contarse desde el momento
en que tiene lugar el último de los actos con el que se configura, de acuerdo con la
participación del sujeto en cada etapa contractual. En ese sentido, la acción
disciplinaria prescribe cuando transcurren cinco años o más entre el día de la
realización del último acto constitutivo de la conducta objeto de reproche, y el día en
que se notifica el acto administrativo sancionatorio, sin que para tal fin interese la
interposición y resolución de los recursos de la vía gubernativa.
La Sentencia T-069 de 1999 no tiene nada que ver con el asunto, pues en la misma
se estudió una tutela presentada por un caso de salud.
44.- Por último, en la Sentencia T-069 de 1999, la Corte Constitucional estudió
una acción de tutela formulada en contra de la sentencia de 16 de julio de 1998,
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, en la que la autoridad judicial sancionó a la parte actora con la
suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado por el término de 18
meses, al hallarlo responsable de la falta contra la lealtad debida a la
26 Rad. 11001-03-15-000-2003-00442-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
administración de justicia, descrita en el numeral 2° del artículo 52 del Decreto
196 de 1971. El accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa, al considerar que la autoridad judicial accionada no
tuvo en cuenta que la queja que dio origen a la investigación disciplinaria en su
contra, se formuló el día 9 de septiembre de 1992 y solo hasta el día 17 de
septiembre de 1997 se profirió el fallo de primer grado, superando de esa manera el
término de prescripción de la acción disciplinaria establecido en el artículo 17 de la
Ley 20 de 1972.
45.- Al respecto, la Corte consideró que el Consejo Superior de la judicatura
incurrió en una vía de hecho, al no haber decidido de fondo la solicitud elevada
por el accionante en el recurso de apelación, relativa a la prescripción de la
acción disciplinaria, razón por la cual resolvió anular la sentencia de 16 de julio de
1998 proferida por la autoridad judicial accionada, y en su lugar, ordenó a la misma
que procediera a decidir sobre el fondo del recurso de apelación instaurado por el
accionante, con miras a establecer si la acción disciplinaria se encontraba o no
prescrita.
46.- Como se evidencia de la lectura del resumen de las decisiones judiciales
previamente reseñadas, es claro que estas carecen de identidad o semejanza fáctica
con el asunto objeto de debate. Los hechos objeto de estudio en la Sentencia del 12
de abril de 2007, estaban relacionados con el término de caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, no con la prescripción de la acción
disciplinaria. Asimismo, en la Sentencia T-069 de 1999, la Corte Constitucional se
pronunció sobre un caso en el que el Consejo Superior de la Judicatura, omitió
pronunciarse sobre los alegatos propuestos por el demandante en el recurso de
apelación, en relación a la prescripción de la acción disciplinaria.
47.- En los fallos de 7 de octubre de 2010 y 18 de julio de 2018, la Sección Segunda
de esta Corporación consideró que la acción de recomendar personas para la
provisión de cargos en la Contraloría General de la Nación, y las conductas
disciplinarias desarrolladas en el marco de proceso contractuales, eran de ejecución
continuada, razón por la cual en este tipo de casos la acción disciplinaria prescribía
cuando transcurren cinco años o más, contados desde el día de la realización del
último acto constitutivo de la conducta objeto de reproche.
48.- Como se advierte, en el asunto que ocupa a la Sala en esta oportunidad, la
autoridad judicial accionada resolvió revocar la Sentencia del 24 de mayo de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, al considerar que la entrega del
diploma falso que realizó la accionante con el fin de soportar su hoja de vida para
ingresar a laborar en la Alcaldía de Manizales, era una conducta de ejecución
permanente. En tal sentido, no existe similitud fáctica que permita tener como
precedente las sentencias judiciales indicadas por la parte actora.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
49.- A partir de lo anterior es posible concluir que, ninguno de los casos propuestos
por el accionante cumple con las reglas establecidas por la jurisprudencia para ser
tenidos como precedentes judiciales aplicables al caso concreto, máxime si se tiene
en cuenta que todos ellos se fundamentan en supuestos de hecho y consideraciones
que no guardan ningún tipo de relación con el caso objeto de estudio.
50.- Por otra parte, la accionante alega que la autoridad judicial no tuvo en cuenta
que: (i) la conducta objeto del proceso disciplinario no cumplía con los requisitos de
tipicidad y antijuridicidad, ya que para ocupar el cargo de operaria sólo debía
certificar un nivel escolaridad equivalente a quinto de primaria, por lo que en su caso
era innecesario aportar un diploma para certificar la calidad de bachiller; (ii) la
autoridad judicial incurrió en un exceso en la calificación de la falta y al imponer la
sanción, pues omitió valorar las declaraciones y testimonios con los que se
demostraba la lealtad, el compromiso y la responsabilidad con las que la accionante
desarrollaba sus funciones como operaria del espacio público; y (iii) por su
naturaleza, la investigación de la conducta que dio lugar al inicio del proceso
disciplinario y posteriormente a la sanción debía tramitarse a través del
procedimiento verbal contemplado en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002.
51.- Al analizar el contenido de la demanda y las consideraciones expuestas en la
decisión atacada, la Sala observa que los alegatos enunciados en el recurso de
amparo también fueron propuestos en la demanda del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Estos fueron objeto de análisis en el trámite del recurso
de apelación interpuesto por la entidad demandada, ya que después de concluir que
en el caso estudiado no se evidenciaba la prescripción de la acción disciplinaria, el
juez de segunda instancia procedió a pronunciarse sobre los cargos propuestos por
la entonces demandante.
52.- Sobre la ausencia de tipicidad y antijurídica de la conducta investigada, la
demandante señaló lo siguiente:
<<Sobre la supuesta falta de GLORIA LILIANA MONSALVE VALENCIA, al momento
de la ‘realización’, no establece en artículo alguno como causal de la tipicidad el
‘entregar’ un documento de ACTA DE BACHILLER, cuando no era ni siquiera
necesario para su vinculación como OPERARIO CODIGO 487 que, según el manual
de funciones, vigente para la fecha de esa vinculación, solo requería EDUCACION
BASICA PRIMARIA. Pues no era requisito del cargo. En consecuencia, con estos
principios de la Ley 734 de 2002 NO HA HABIDO ILICITUD SUSTANCIAL, pues no se
ha afectado deber funcional alguno, y al no haber falta antijurídica se debe
RETRORAER LOS EFECTOS DE LA DESTITUCION E INHABILIDAD>>27.
27 Expediente digital, Rad. 17001-23-33-000-2014-00333-01, CUAD 1 201400333.pdf, Escrito de demanda, fl. 7.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
53.- Además, indicó que la autoridad disciplinaria no tuvo en cuenta que a partir de
las declaraciones y testimonios aportados al proceso disciplinario era posible
demostrar la probidad, lealtad, compromiso y responsabilidad de la disciplinada en
desarrollo de las funciones de su cargo como operaria en espacio público 28 .
Finalmente, la demandante adujo que la falta endilgada en su contra se fundó en el
artículo 48 del Código Disciplinario Único, que a su vez está incluido dentro de las
faltas gravísimas que de conformidad con el artículo 175 ídem, por lo que el proceso
disciplinario debió tramitarse por la vía verbal que establece la mencionada norma.
54.- Sobre los cargos expuestos, la Sección Segunda indicó que la sanción impuesta
a la accionante se fundamentó en la violación del numeral 1° del artículo 48 del
Código Disciplinario Único, lo que llevó a la entidad demandada a calificar la falta
como gravísima, pues correspondía a la realización objetiva de la descripción típica
del delito doloso de uso de documento público falso, prevista en el artículo 291 del
Código Penal. Así mismo, precisó que si bien la actora sostuvo que la falta
disciplinaria no se había configurado, toda vez, que la disciplinada no requería el
título de bachiller como soporte para ser nombrada en el cargo de nivel operativo o
en los otros cargos que ocupó en la Alcaldía de Manizales, en el trámite del proceso
disciplinario se estableció que: (i) la entidad educativa que presuntamente había
emitido el documento objeto de debate, negó haber otorgado el título de bachiller a
la demandante; (ii) el diploma fue incorporado a la hoja de vida de la actora, junto
con otros documentos personales que sólo ésta podía aportar; y (iii) el diploma de
bachiller se utilizó como soporte para vincular en al menos cuatro ocasiones, a la
accionante como supernumeraria y para soportar su nombramiento en
provisionalidad en el último cargo que ocupó en la entidad territorial.
55.- Por lo anterior, el juez de segunda instancia concluyó que la falta por la cual se
inició la investigación en contra de la disciplinada, no estaba relacionada con el
cumplimiento de los requisitos para acceder y tomar posesión del cargo de operaria
en la oficina de vigilancia de la Alcaldía de Manizales, sino que dicha investigación
tuvo lugar debido a que la accionante aportó un documento falso para certificar su
calidad de bachiller, de modo que aun cuando la presentación del diploma no se
encontraba dentro de los requisitos que la accionante debía acreditar para acceder
al cargo de operaria, ésta lo aportó e hizo uso del mismo, incurriendo en la falta
descrita en el numeral 1° del artículo 48 del Código Disciplinario Único.
56.- De igual forma, sostuvo que las declaraciones y testimonios a partir de los cuales
la demandante pretendía demostrar que no incurrió en desconocimiento de su deber
funcional y que su designación en el cargo de operaria no afectó el funcionamiento
de la entidad ni la prestación del servicio público a cargo de la Alcaldía; eran
insuficientes para atacar la antijuridicidad de la conducta y la calificación de la falta,
28 Expediente digital, Rad. 17001-23-33-000-2014-00333-01, CUAD 1 201400333.pdf, Escrito de demanda, fl. 6.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
pues la accionante no sólo estaba obligada a cumplir con labores propias de su
cargo, sino que también debía garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, sin
sobrepasar las atribuciones, derechos, deberes y competencias que le fueron
asignados, respetando las prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y los conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y
en la ley.
57.- Por último, la Sección Segunda descartó la tesis propuesta por la demandante,
según la cual, el proceso disciplinario debió adelantarse por la vía verbal, al
considerar que la falta disciplinaria gravísima, en la que incurrió la demandante, se
encuentra consagrada en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y de
conformidad con el artículo 175 de dicha norma, sólo es posible acudir al
procedimiento verbal: (i) cuando el sujeto disciplinable sea sorprendido en el
momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que
provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso
cuando la falta sea leve; y (ii) en el caso de las faltas gravísimas contempladas en el
artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48,
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de la precitada norma.
58.- De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la parte accionante busca crear
una instancia adicional al proceso contencioso administrativo y reabrir el debate
interpretativo, respecto de un asunto que, como ya se vio, fue objeto de estudio ante
la instancia judicial respectiva, la cual tuvo a su cargo valorar los alegatos de hecho
y de derecho que las partes sometieron a su consideración. En esa medida no es de
recibo que ahora pretenda prolongar el debate sobre los mismos, pues la acción de
tutela es mecanismo subsidiario, no complementario al medio de control ordinario, y
no tiene por fin revisar las bases del debate judicial para definir, como instancia final,
las razones de derecho objeto de la controversia.
59.- Así las cosas, habrá de declararse improcedente el amparo impetrado por Gloria
Liliana Monsalve Valencia, al no encontrarse acreditado el presupuesto de relevancia
constitucional.
60.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05298-00
Accionante: Gloria Liliana Monsalve Valencia
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE29
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
29 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
18
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