República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05302-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
2 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05302 01
Demandante: Municipio de Agustín Codazzi
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Temas: Tutela contra auto interlocutorio / Auto que rechazó de plano la
solicitud de nulidad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 15 de diciembre de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, declaró improcedente el amparo reclamado.
1. La acción de tutela
El municipio de Agustín Codazzi a través de apoderado promueve acción de tutela
contra el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo
del Cesar, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la «propiedad estatal».
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados, solicita:
PRIMERO: Solicitamos al Honorable Consejo de Estado amparar el derecho fundamental
al debido proceso, a la administración de justicia y propiedad estatal vulnerados por la
providencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar al confirmar la providencia del 1.° de marzo de 2022 proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar –Cesar.
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Demandante: Municipio de Agustín Codazzi
SEGUNDO: Solicitamos se ordene dictar nuevamente la providencia atacada teniendo en
cuenta la jurisprudencia y las normas aplicables que hemos expuesto, en especial por la
amplia vulneración del ordenamiento jurídico.
TERCERO: Censurar que los juzgadores al percatarse de una causa ilícita, no tuvieron
reacciones con las herramientas jurídicas a su alcance.
CUARTO: Tutelar todos aquellos derechos que usted considere proteger. (transcripción
litetral)
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:
i) El 11 de marzo de 2015, a través de Resolución 050 el alcalde del municipio de
Agustín Codazzi dispuso la «adquisición de un inmueble por el procedimiento de
enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de
compra a la Caja de Compensación Familiar del Cesar “COMFACESAR”».
ii) El 11 de noviembre de 2016, la Caja de Compensación Familiar de Cesar -
COMFACESAR radicó demanda ejecutiva contra el municipio de Agustín Codazzi,
orientada a obtener el pago del inmueble adquirido por el procedimiento de
enajenación voluntaria o expropiación administrativa.
iii) El 22 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar libró
mandamiento de pago contra el municipio de Agustín Codazzi, decisión respecto de la
cual el accionante manifestó que «debido a la falta de defensa técnica por parte del
municipio no se atacó oportunamente el mandamiento de pago mediante el recurso de
reposición yerro que esta firma no desconoce toda vez que recibimos poder para
actuar en años posteriores, sin embargo, los operadores judiciales debieron, prima
facie, darle prevalencia a los sustancial sobre lo procedimental».
iv) El 31 de enero de 2022, radicó incidente de nulidad en el proceso ejecutivo, tras
considerar que se configuró la causal contenida en el numeral 5.° del artículo 133 del
CGP,1 toda vez que el juez de primera instancia no advirtió que: a) faltaban los
1
Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
[…]
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
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Demandante: Municipio de Agustín Codazzi
documentos necesarios para que el título estuviera completo y b) se trató de la
adquisición de un bien fiscal y de una falsa tradición, la cual ya había sido determinada
por la Superintendencia de Notariado y Registro.
v) Por medio de Auto de 1.° de marzo de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de
Valledupar rechazó de plano la solicitud de nulidad del proceso ejecutivo.
vi) A través de Auto de 22 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cesar
confirmó la decisión del juez a quo.
1.3. Fundamentos jurídicos del municipio accionante
Consideró que la providencia objeto de litis habría incurrido en los siguientes defectos:
1.3.1. Defecto sustantivo
i) Conforme a los elementos fácticos y probatorios era un deber objetivo que los jueces
-en ejercicio de su autonomía judicial-, se percataran que se estaba en presencia de
un título ejecutivo complejo, de la condición de fiscal del bien enajenado y de una falsa
tradición que ya había sido determinada por la Superintendencia de Notariado y
Registro; sin embargo, se limitaron a sostener una postura meramente procesal en
cuanto a la no interposición del recurso de reposición, inadvirtiendo que con las
pruebas aportadas en dicho momento procesal, se estructuraba la causal de nulidad
del numeral 5.° del artículo 133 del CGP.
ii) Las decisiones objeto de litis afectan los intereses del Estado, causando un agravio
al patrimonio del municipio «toda vez que se afecta el inventario estatal con el proceso
ejecutivo y el patrimonio público con el cobro de lo no debido, máxime que con el solo
aporte del acto administrativo proferido por la Superintendencia de Notariado y
Registro los juzgadores debieron ipso facto acceder a la nulidad de lo actuado para
darle prevalencia a los intereses estatales».
1.3.2. Defecto fáctico
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En cuanto las providencias cuestionadas no realizaron un juicio de valor sobre el
sustento probatorio aportado en el trámite del incidente de nulidad.
1.3.3. Decisión sin motivación
La motivación de las providencias cuestionadas se limitó a considerar, de manera
exclusiva, el error procesal referido a la no interposición en tiempo del recurso de
reposición contra el mandamiento de pago, sin considerar los otros argumentos de
peso expuestos.
1.4. Actuación procesal
Por auto del 7 de octubre de 2022, se ordenó notificar como demandados a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cesar y al titular del Juzgado Segundo
Administrativo de Valledupar, y, como tercero interesado, a la Caja de Compensación
Familiar del Cesar -COMFACESAR, para que dentro del término de dos días y en uso de
su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.5. Intervenciones
1.5.1. El titular del Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar,2 Víctor Ortega
Villareal, luego de un recuento procesal de las actuaciones adelantadas por ese
despacho en el proceso ejecutivo advirtió que:
i) El 22 de noviembre de 2016, libró mandamiento ejecutivo contra el municipio de
Agustín Codazzi.
ii) El 20 de febrero de 2017, fueron notificadas las partes de la anterior decisión.
2 Expediente digital de tutela.
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iii) Vencido el traslado para contestar la demanda ejecutiva -como consta en nota
secretarial de fecha 19 de abril de 2017-, el municipio no se pronunció frente al
mandamiento de pago.
iv) El 19 de abril de 2017, se profirió sentencia ejecutiva y ordenó seguir adelante la
ejecución.
v) El 27 de abril de 2017, la apoderada del ente municipal presentó escrito de
contestación oponiéndose a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones
de cobro de lo no debido y de inexistencia de la obligación. Precisó que «no se allegó
documento que ratifique los argumentos esbozados por el ente territorial hoy
accionante o en su defecto los mismos no fueron alegados en el escrito de
contestación allegado de manera extemporánea por la parte ejecutada, que permitiera
conocer en el trámite del proceso, hechos diferentes a los que respaldaban la acción
ejecutiva».
vi) El 4 de mayo de 2017, se corrió traslado de la liquidación del crédito allegada por
la parte ejecutante, sin que se presentaran por parte del municipio objeciones o se
allegara trabajo liquidatorio alternativo para controvertir los valores contenidos en la
liquidación, la cual fue aprobada en auto de fecha 31 de agosto de 2017
vii) El 24 de septiembre de 2019, se corrió traslado de la liquidación actualizada del
crédito aportada por la parte ejecutante, frente a la cual el municipio de Agustín
Codazzi, no formuló objeciones ni presentó liquidación alternativa para controvertir los
valores estimados.
viii) El 7 de febrero de 2020, el municipio constituyó nuevo apoderado para actuar en
el proceso.
Conforme a lo expuesto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito de subsidiariedad e inmediatez, y haber contado con los recursos
de ley para ejercer sus derechos de contradicción y defensa en la oportunidad procesal
indicada, a pesar de lo cual guardó silencio.
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Demandante: Municipio de Agustín Codazzi
1.5.2. La presidenta del Tribunal Administrativo del Cesar,3 Doris Pinzón Amado,
indicó que no hubo arbitrariedad al momento de proferir la decisión enjuiciada, ya que
esta se fundó en las normas jurídicas aplicables al caso y en la interpretación que se
hizo de ellas en ejercicio de la autonomía judicial; recalcó que: a) los cuestionamientos
formales debieron haber sido controvertidos por medio del recurso de reposición contra
el mandamiento de pago; b) el municipio tuvo la oportunidad procesal para aportar o
solicitar las pruebas faltantes en el expediente; y c) el juzgado no estaba obligado a
decretar de oficio esas pruebas. Por ende, solicitó denegar el amparo deprecado.
1.5.3. El jefe de la división jurídica y de contratación de la Caja de Compensación
Familiar de Cesar -COMFACESAR.4 Víctor Manuel Rueda Rodríguez, insistió que tanto
el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar como el Tribunal Administrativo de
Cesar, al momento de valorar todos los documentos que conformaban el título
ejecutivo complejo, aportados por la parte demandante para efectos de precisar si
constituían prueba idónea que acreditaran la existencia de una obligación clara,
expresa y exigible, consideraron que cumplía con los requisitos del artículo 422 del
Código General del Proceso, en consecuencia, emitió mandamiento de pago.
Aclaró que si a juicio del municipio de Agustín Codazzi no se cumplió con alguno de
los requisitos de tipo formal, este pudo interponer el recurso de reposición contra el
auto de mandamiento de pago dentro de los tres días siguientes a la notificación de
dicho auto, lo anterior con fundamento en los artículos 318 y 430 del Código General
del Proceso.
Consideró que tanto el auto del 1.° de marzo de 2022, por el cual el Juzgado Segundo
Administrativo de Valledupar rechazó de plano por improcedente la solicitud de
declaratoria de nulidad propuesta por la parte ejecutada, como la confirmación del auto
apelado por parte del Tribunal Administrativo del Cesar mediante providencia del 22
de septiembre de 2022, se basaron en razones de carácter procesal, pues así fue
planteada dicha declaratoria, pretendiendo el accionante a través de esta acción
3 Expediente digital de tutela.
4 Expediente digital de tutela.
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constitucional restarle importancia al derecho adjetivo, cuando omitió hacer uso de los
términos y oportunidades procesales.
En tal virtud, solicitó desestimar las pretensiones del municipio y, en consecuencia,
denegar el amparo de los derechos fundamentales invocados.
1.6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 15 de
diciembre de 2022, declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales
reclamados.
Al efecto advirtió que el municipio de Agustín Codazzi pretendía que se analizaran los
argumentos expuestos en el incidente de nulidad y en el trámite del recurso de
apelación, dentro del proceso ejecutivo con radicado número 20001 33 33 002 2016
00306 00 [01], de manera que -en realidad- los reparos planteados, más allá de una
indebida interpretación o aplicación normativa, o de falta o indebida valoración de
pruebas o de motivación, se presentaron como una reiteración de los aspectos
alegados ante el juez ordinario, por lo que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional, y así este requisito llegare a considerarse superado en consideración a
los supuestos fácticos del caso y los argumentos planteados en el libelo tutelar, resulta
evidente el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues es clara la intención
de la parte actora de enjuiciar el mandamiento de pago sin haber agotado en
oportunidad el respectivo recurso. En este orden de ideas, la acción de tutela, dado su
carácter residual y subsidiario, no puede suplir lo mecanismos judiciales ordinarios con
los que contaba la parte demandada en el proceso ejecutivo.
1.7. Impugnación
Señaló que el juez a quo de tutela desconoció que en las providencias objeto de litis
no se valoraron las pruebas aportadas con la solicitud de nulidad que daban cuenta
que se estaba en presencia de un bien estatal y aclaró que si bien el municipio no
desconoce que en su oportunidad el mandamiento de pago debió atacarse vía de
reposición, la ausencia de defensa técnica en dicha oportunidad, conllevó que se
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siguiera adelante con la ejecución, yerro procedimental que no puede prevalecer sobre
el hecho de que en el título ejecutivo complejo está inmerso un bien fiscal, protegido
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 y la Corte Suprema de Justicia.6
Sostuvo que el asunto reviste de suficiente relevancia constitucional pues no se
atendió lo relacionado con: «●Prevalencia de lo sustancial sobre lo adjetivo en el
ordenamiento jurídico colombiano (sobre esto la corporación no motivó en sus
consideraciones, mucho menos lo relacionó al sub lite) ● Tratamiento especial de
bienes estatales (absoluto silencio por parte del fallador de instancia) ● Cobro de lo no
debido por detrimento al patrimonio estatal. (no se avista razonamiento por parte de
esta Sala) ● Nulidades y facultades estipuladas por el CGP, para solicitarlas (no
razonaron sobre los motivos que conllevaron a solicitar nulidad, se apegaron a las
formas) ● Defecto fáctico, sustantivo y error de hecho. (no se valoró el desglose de
cada requisito relacionado por la accionante) ● Valoración de pruebas. (no se tuvieron
en cuenta las resoluciones que dan veracidad sobre la condición fiscal del predio)».
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra
el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,7 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Cuestión previa
5 Corte Constitucional, Sentencia T-294 de 2004.
6 Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC-5583-2019.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado
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Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el municipio accionante, la Sala aclara que solo realizará
el análisis de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
del Cesar, órgano de cierre en el presente asunto.
2.3. Problema jurídico
Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo de Cesar quebrantó los derechos
fundamentales invocados por el municipio accionante al proferir el auto del 22 de
septiembre de 2022, dentro del proceso ejecutivo con radicado 20001 33 33 002 2016
00306 00 [01], por medio del cual resolvió confirmar la providencia dictada el 1.° de
marzo de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, que rechazó de
plano la nulidad procesal planteada.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional8 el concepto de providencia judicial
comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades
judiciales.
En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte Constitucional
ha señalado que estos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los
recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto, a excepción de
que en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros
medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no será procedente
cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte
afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii)
a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los
8 Ver sentencias T 125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras.
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derechos afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es
urgente para evitar un perjuicio irremediable.9
En todo caso, para que proceda, deberán reunirse los «requisitos generales de
procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de
procedibilidad» del amparo de tutela fijados por la Corte Constitucional.
2.4.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia
Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de
tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales
ordinarias, parámetro conforme al cual, contrario a lo expuesto por el juez a quo de
tutela, el caso objeto de estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez
que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y además, fueron
desarrollados los argumentos para respaldar dicho cargo, así como los defectos que,
en su criterio, se configuran en la decisión objeto de litis.
De otra parte, la Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de
subsidiariedad, dado que la decisión cuestionada hace referencia a una providencia
que decidió rechazar de plano la solicitud de nulidad elevada en el proceso ejecutivo.
Se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez, en cuanto la providencia acusada
fue dictada el 22 de septiembre de 2022, mientras que la acción de tutela de la
referencia fue radicada el 4 de octubre de igual anualidad,10 es decir, dentro de los 6
meses siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial
para acudir al medio de amparo constitucional.
La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la providencia enjuiciada.
9 Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
10
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202205302
001100103
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El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión objeto de
litis se profirió dentro del trámite del proceso ejecutivo.
2.5. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.5.1. El 11 de noviembre de 2016, la Caja de Compensación Familiar de Cesar -
COMFACESAR radicó demanda ejecutiva contra el municipio de Agustín Codazzi,
orientada a obtener el pago del inmueble adquirido por el procedimiento de
enajenación voluntaria o expropiación administrativa, por las siguientes sumas:11
a) Por la suma de CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
M/L ($101.262.500.00), correspondiente a capital, como resultado de la obligación de
pago contenida en la Escritura Pública No. 0333 de 2015 de la Notaría Única de Agustín
Codazzi.
b) Por el valor de los intereses moratorios calculados a la tasa máxima legal certificada por
la Superintendencia Financiera sobre la anterior suma, desde el 28 de agosto de 2015,
fecha en que venció el plazo pactado para el pago, hasta cuando se efectúe el pago total
de lo adeudado por el demandando.
[…]
2.5.2. El 22 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar
resolvió:12
Primero: Líbrese mandamiento ejecutivo en contra del MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI a
favor de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR -COMFACESAR por la suma de
CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L
($101.262.500.00), más los intereses respectivos desde que se hizo exigible la
obligación, costas y agencias en derecho, en consecuencia, la ejecutada deberá pagar
si no lo ha hecho, en su totalidad las sumas anteriores.
Segundo: La orden anterior deberá cumplirla la entidad demandada en el término de
cinco (5) días contados a partir del día siguiente hábil a la notificación de esta
providencia.
Tercero: Notifíquese personalmente al alcalde del MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI o a
quien este haya delegado la facultad de recibir notificaciones, de conformidad con lo
establecido en los artículos 198 del Código de Procedimiento Administrativo y de los
11 Folios 2 a 7 expediente digital original del proceso ejecutivo.
12 Folio 36 y vuelto expediente digital original de proceso ejecutivo .
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05302 01
Demandante: Municipio de Agustín Codazzi
Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y 612 del Código General del Proceso,
que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011. El expediente quedará en la
Secretaría del Despacho a disposición de las partes.
[…]
Séptimo: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición.
Dicha providencia fue notificada el 20 de febrero de 2017 a través de correo
electrónico.13
2.5.3. El 19 de abril de 2017, el secretario de Juzgado Segundo Administrativo de
Valledupar dejó la siguiente constancia:14
AL DESPACHO
En la presente fecha, paso al despacho del señor Juez, Dr. Víctor Ortega Villareal, el
proceso del epígrafe, informando el MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI se notificó mediante
mensaje de datos dirigido al buzón de notificación judicial de dicha entidad el 20 de
febrero de 2017. El término de 25 días de traslado común a las partes (art. 612 CGP) y
de 10 días para excepcionar se encuentran cumplidos. La parte ejecutada no se
pronunció al respecto.
2.5.4. El 19 de abril de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar una
vez ejecutoriado el mandamiento de pago sin haberse propuesto excepciones de
mérito por el municipio de Agustín Codazzi, resolvió:15
Primero: seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en el mandamiento ejecutivo a favor de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR -
COMFACESAR, en contra del MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, por las razones expuestas en
la parte motiva del presente proveído.
Segundo: De conformidad con el artículo 446 del CGP las partes deberán presentar la
respectiva liquidación.
2.5.5. El 27 de abril de 2017, la apoderada del municipio de Agustín Codazzi radicó
ante el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar contestación de la demanda.
En el acápite de pruebas señaló: «Solicito se tenga como prueba el poder legalmente
aportado». 16
13 Folios 41 a 43 expediente original del proceso ejecutivo.
14 Folio 48 expediente digital original del proceso ejecutivo.
15 Folio 49 expediente digital original del proceso ejecutivo.
16 Folios 51 a 53, expediente digital original del proceso ejecutivo.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05302 01
Demandante: Municipio de Agustín Codazzi
2.5.6. El 31 de agosto de 2017, el Juez Segundo Administrativo de Valledupar, decidió
aprobar la liquidación del crédito presentada por la parte demandante, la que no fue
objetada por el municipio de Agustín Codazzi.17
2.5.7. El 31 de enero de 2022, el apoderado del municipio de Agustín Codazzi radicó
ante el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar solicitud de nulidad de todo lo
actuado en el proceso ejecutivo, al configurarse la causal 5.ª del artículo 133 del CGP,
por no haberse decretado pruebas esenciales18 para la validez del título ejecutivo.19
2.5.8. El 1.° de marzo de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar
decidió:
PRIMERO: Rechácese de plano por improcedente la solicitud de declaratoria de nulidad
propuesta por la parte ejecutada, por medio de apoderado judicial, conforme a la parte
motiva de este proveído.
SEGUNDO: Contra esta providencia procede el recurso de apelación conforme a lo
dispuesto en el artículo 62 de la ley 2080 de 2021, parágrafo segundo, en concordancia
con el artículo 321 de la ley 1564 de 2012.
2.5.9. El 22 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió
confirmar la decisión proferida por el juez a quo.20
2.6. Caso concreto. Análisis de la Sala
Se controvierte en el presente caso la posible vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la providencia dictada el 22 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Cesar que confirmó la providencia proferida por el juez a quo, en el
sentido de rechazar de plano la solicitud de nulidad del proceso ejecutivo.
17 Folio 86 expediente digital original del proceso ejecutivo.
18 Además de la resolución 050 del municipio de Agustín Codazzi, por medio de la cual se determina la adquisición
del inmueble por procedimiento de enajenación, la tira topográfica y los registros topográficos que permiten
determinar el grado de afectación de algunos inmuebles requeridos para la construcción del proyecto; el avalúo
comercial elaborado por perito inscrito en Lonja de Propiedad Raíz, los folios de matrícula inmobiliaria expedidos
por la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar y el estudio de títulos elaborado por intermedio de la Oficina
Jurídica del municipio por ser estos documentos parte integrante del proceso de enajenación.
19 Cuaderno principal, expediente digital original del proceso ejecutivo.
20 Expediente digital original del proceso ejecutivo
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Demandante: Municipio de Agustín Codazzi
Al efecto, la Sala advierte que el solicitante del amparo pretende que en esta sede se
ordene al Tribunal emitir una nueva providencia que tenga por objeto el estudio de las
pruebas aportadas y se acceda a lo pedido en la petición de anulación.
El municipio actor fundamenta su reparo en la existencia de un defecto sustantivo y
fáctico por las supuestas omisiones del Tribunal en la valoración de las pruebas
aportadas con el escrito de nulidad las que, en su criterio, estructuraban la causal de
nulidad del numeral 5.° del artículo 133 del CGP.
Ahora bien, el Tribunal centró el estudio del asunto en determinar si se encontraba
ajustado a derecho el rechazo de plano de la solicitud elevada por la parte demandada
en el proceso ejecutivo. Al efecto señaló las pruebas que el ente territorial estimó
necesarias para librar mandamiento de pago -los registros topográficos, el estudio de
títulos y la Resolución número 045 de 2021 expedida por la Oficina de Instrumentos
Públicos-, conforme al artículo 430 del CGP, dichos cuestionamientos debieron
presentarse a través del recurso de reposición contra el mandamiento al tratarse de
controvertir aspectos o requisitos formales del título ejecutivo, sobre el particular
discurrió como sigue:
El artículo 430 del Código General del Proceso, que regula lo atinente al mandamiento
de pago, sus requisitos y su controversia procesal, establece:
“Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de
documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al
demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la
que aquel considere legal. Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán
discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se
admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del
título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el
auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
[…]
De la lectura simple de la regla contenida en la referida disposición normativa, se extrae
que los cuestionamientos que incidan en los requisitos formales del título ejecutivo,
deben ventilarse a través del recurso de reposición contra el auto que libra el
mandamiento de pago. Así, las condiciones sustanciales del título ejecutivo, deberán ser
atacadas o controvertidas con la presentación de excepciones de mérito según la clase
de título ejecutivo que constituya la base de recaudo, y serán resueltas en la sentencia
ejecutiva.
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Cabe anotar que el Tribunal Administrativo del Cesar respaldó su posición en la
Sentencia SU-041 de 2018, en la que la Corte Constitucional precisó la distinción entre
las condiciones formales21 y las condiciones sustanciales22 del título ejecutivo, así
como de la exigencia -si se trata de discusiones de tipo formal una vez se libre
mandamiento de pago, [como lo era el asunto en debate]- de que cualquier disenso al
respecto solo pueda resolverse mediante el recurso de reposición contra dicha
providencia; si surgiera un debate posterior a dicho momento procesal, en palabras de
la Corte, «no se admitirá ninguna controversia sobre el mencionado aspecto».
Así las cosas, el Tribunal concluyó que «estos cuestionamientos debieron presentarse
a través del recurso de reposición contra el mandamiento de pago por controvertir
aspectos o requisitos formales del título ejecutivo. En efecto, los documentos que el
apelante consideró necesarios para conformar el título y que en él estuviera contenida
una obligación a su cargo constituyen requisitos de forma del título ejecutivo, de
manera que sólo a través del recurso de reposición conta el mandamiento de pago
podía cuestionarse la ausencia de estos documentos para echar adelante el cobro
coercitivo de la obligación aludida».
Ahora bien, en relación con el argumento del municipio de Agustín Codazzi de que las
pruebas faltantes señaladas en el escrito de nulidad eran de vital importancia por lo
que debieron ser decretadas de oficio, omisión que en su criterio constituiría un
defecto fáctico, el Tribunal consideró que en modo alguno dicha ausencia podía
alegarse como una nulidad a su favor, por cuanto ella se podía configurar cuando se
omitieran las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se
pretermitía su práctica, la que conforme a la ley fuera obligatoria, lo que evidentemente
no aconteció en el caso objeto de litis, pues «a la ejecutada se le otorgó la oportunidad
21
«Dan cuenta de la existencia de la obligación y tienen como finalidad demostrar que los documentos o su
conjunto: i) son auténticos; y ii) emanan del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por
el juez o de otra providencia que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, es decir, que tengan la entidad de
constituir prueba en contra del obligado».
22 «Se refieren a la verificación de que las obligaciones que dan lugar a la pretensión de ejecución sean expresas,
claras y exigibles. De esta manera, la obligación es expresa cuando aparece manifiesta de la redacción misma del
título; en otras palabras, aquella debe constar en el documento en forma nítida, es decir, debe contener el crédito
del ejecutante y la deuda del obligado, sin necesidad de acudir a elucubraciones o suposiciones. Es clara cuando
además de ser expresa, aparece determinada en el título, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido.
Finalmente es exigible cuando puede demandarse su cumplimiento por no estar sometida a plazo o a condición».
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de solicitar el decreto y práctica de estas pruebas o de aportarlas al momento en que
se le notificó de la demanda, pues era su deber aportar estos documentos si estaban
en su poder o a lo sumo solicitar su decreto y práctica. Cosa distinta es que la ejecutada
prefirió guardar silencio y adoptar una actitud pasiva frente al mandamiento de pago
que le fue notificado, cargando entonces así con las consecuencias procesales de su
inactividad en la defensa judicial. Tampoco se trata de una prueba cuya práctica fuera
forzosa para el juez, exactamente como lo corroboró el juzgador de instancia menor,
quien acertadamente afirmó que esta prueba correspondía a la defensa judicial del
demandado y por ende era carga suya aportarla o solicitar su decreto y práctica».
Finalmente, respecto del cargo decisión sin motivación, valga recordar que conforme
a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta causal surge de la necesidad de
que las decisiones de los jueces estén plenamente sustentadas en el marco jurídico
aplicable y en los supuestos fácticos objeto de estudio, razón por la cual no se
estructura ante cualquier divergencia con el razonamiento del juez, sino solo «cuando
su argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o
inexistente», en consideración, además, a que el respeto del principio de autonomía
judicial impide al juez de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas.
Así, se tiene aceptado que no corresponde al juez constitucional establecer a qué
conclusión debió llegar la autoridad judicial accionada, sino señalar si la providencia
atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitime como tal, 23 razón
por la cual su competencia «se activa únicamente en los casos específicos en que la
falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad
del juez, es decir, en una arbitrariedad».24
De esta forma, al examinar un cargo por ausencia de motivación de una decisión
judicial, el juez de tutela debe tener presente que el deber de presentar las razones
fácticas y jurídicas que sustentan un fallo es un principio de la función judicial que, de
transgredirse, supone una clara vulneración del debido proceso.
23Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 2006.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2010.
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La parte accionante alega que la providencia del 22 de septiembre de 2022, se limitó
a considerar, de manera exclusiva, el error procesal referido a la no interposición en
tiempo del recurso de reposición contra el mandamiento de pago, sin considerar otros
argumentos de peso.
Como quedó expuesto en líneas precedentes, esta Subsección evidencia que no le
asiste razón a la parte accionante al afirmar que la providencia cuestionada incurrió en
este yerro, pues la decisión proferida en sede ordinaria se encuentra debidamente
sustentada con suficientes argumentos explicativos y justificativos, coherentes con la
realidad procesal.
En ese orden de ideas, la Sala considera razonable la interpretación del Tribunal
Administrativo del Cesar por cuanto, efectuado un estudio ajustado a la normatividad
vigente y a la jurisprudencia, no se logró acreditar la existencia de la alegada nulidad del
proceso ejecutivo. En estas condiciones los presuntos defectos expuestos no son de
recibo y, por tal razón, no se advierte ninguna vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
3. Conclusión
La Sala concluye que la providencia del 22 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar no vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, al confirmar el rechazo de plano
de la solicitud de nulidad del proceso ejecutivo elevada por el municipio de Agustín
Codazzi.
En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad de la ley,
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Falla:
Primero: Revocar la sentencia de 15 de diciembre de 2022 que dictó la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado mediante la cual declaró la
improcedencia de la acción de tutela, para en su lugar, denegar el amparo de los
derechos fundamentales invocados por el municipio de Agustín Codazzi.
Segundo: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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