Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05303-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05303-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-05303-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de enero de 2023
Demandante: Néstor Rafael Torres Manjarrez
Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05303-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05303-01
Demandante: NÉSTOR RAFAEL TORRES MANJARREZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Temas: Derecho de petición – Niega el amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, contra la sentencia de 3 de
noviembre de 2022, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado
amparó el derecho fundamental de petición del señor Néstor Rafael Torres
Manjarrez.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Néstor Rafael Torres Manjarrez, a través de apoderado judicial 1, presentó
tutela el 4 de octubre de 2022, con el fin de que se le protegiera su derecho
fundamental de petición.
La mencionada garantía constitucional la consideró vulnerada con ocasión a que a
la fecha de presentación de esta acción constitucional, la Presidencia de la
República no le había dado respuesta a una solicitud que radicó el 12 de
septiembre de 2022.
1.2. Pretensiones
Las pretensiones de la solicitud de amparo son las siguientes:
“[…] 1.- Que se ampare el derecho fundamental derecho de petición.
2.- Que se ordene a las accionada dar respuesta de fondo al derecho de petición de
fecha 12 del mes de septiembre de 2022, esto es:
1.- Que se le garantice a mi representado NESTOR RAFAEL TORRES
MANJARREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 73.432.691 expedida en
el Carmen de Bolívar, el derecho de denunciar, y para lo cual requiere.
1 El señor Néstor Rafael Torres Manjarrez le otorgó poder al abogado Carlos Fabián Romero
Pérez, identificado con la Tarjeta Profesional N.º 215.852 del Consejo Superior de la Judicatura;
dicho documento reposa en el aplicativo SAMAI.
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Demandante: Néstor Rafael Torres Manjarrez
Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05303-01
a.- Que se le haga entrega de los nombres, apellidos, numero de cedulas, cargo, y
numero policial, de los policiales que atendieron el operativo y/o procedimiento
policial, realizado el día 07 de septiembre de 2022, a las 02:20 pm, en el
corregimiento arroyo arena, jurisdicción del municipio el Carmen de Bolívar, con el
fin de presentar la denuncia respectiva contra personas determinadas.
2.- Que se haga entrega Copia de la minuta de guardia donde se registra el
operativo realizado el día 07 de septiembre de 2022, en el corregimiento arroyo
arena, jurisdicción del municipio el Carmen de Bolívar.
3.- Que se haga entrega del informe administrativo donde se reporta el operativo
realizado el día 07 de septiembre de 2022, en el corregimiento arroyo arena,
jurisdicción del municipio el Carmen de Bolívar.
4.- En aras de recuperar la confianza entre la ciudadanía del municipio del Carmen
de Bolívar, que se instruya la policía con capacitación de buen trato y respeto a los
derechos humanos […]”. (Sic para toda la cita)
1.3. Hechos
La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:
1.3.1. El señor Néstor Rafael Torres Manjarrez se desempeña como albañil en el
municipio de El Carmen de Bolívar.
1.3.2. Adujo el accionante que el 7 de septiembre de 2022, se encontraba
laborando en una finca ubicada en una vereda del mencionado municipio, cuando
intempestivamente llegó la Policía Nacional a realizar un operativo, el cual “[...] fue
irregular y violatorio de los derechos humanos, y a la convivencia pacífica […]”.
1.3.3. Precisó que los uniformados de la estación de policía del Carmen de Bolívar
no respetan los derechos de la ciudadanía y confunden a la población con
delincuentes.
1.3.4. De manera que, el 12 de septiembre de 2022, el señor Néstor Rafael Torres
Manjarrez, a través de abogado, radicó una petición ante la Presidencia de la
República, con el objetivo de que le diera respuesta a los siguientes interrogantes:
“[…] 1.- Que se le garantice a mi representado NESTOR RAFAEL TORRES
MANJARREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 73.432.691 expedida en
el Carmen de Bolívar, el derecho de denunciar, y para lo cual requiere.
a.- Que se le haga entrega de los nombres, apellidos, numero de cedulas, cargo, y
numero policial, de los policiales que atendieron el operativo y/o procedimiento
policial, realizado el día 07 de septiembre de 2022, a las 02: 20 pm, en el
corregimiento arroyo arena, jurisdicción del municipio el Carmen de Bolívar, con el
fin de presentar la denuncia respectiva contra personas determinadas.
2.- Que se haga entrega Copia de la minuta de guardia donde se registra el
operativo realizado el día 07 de septiembre de 2022, en el corregimiento arroyo
arena, jurisdicción del municipio el Carmen de Bolívar.
3.- Que se haga entrega del informe administrativo donde se reporta el operativo
realizado el día 07 de septiembre de 2022, en el corregimiento arroyo arena,
jurisdicción del municipio el Carmen de Bolívar.
4.- En aras de recuperar la confianza entre la ciudadanía del municipio del Carmen
de Bolívar, que se instruya la policía con capacitación de buen trato y respeto a los
derechos humanos […]”. (Sic para toda la cita)
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1.3.5. Expuso que a la fecha de presentación de esta tutela, la Presidencia de la
República no había respondido la solicitud, razón por la cual “[…] era patrocinadora
tolerante a la violación de los derechos humanos que aplica y ejerce la Policía Nacional,
como acontece en el caso en estudio […]”.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El tutelante considera que su derecho fundamental de petición se transgredió con
ocasión a que la Presidencia de la República no respondió los interrogantes que
tenía relacionados con el operativo que realizó la Policía Nacional el 7 de
septiembre de 2022 en el corregimiento Arroyo Arena del municipio de El Carmen
de Bolívar.
1.5. Trámite de la acción de tutela
En auto de 5 de octubre de 2022, el magistrado ponente de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, para que, si lo consideraba del
caso, presentara un informe sobre los hechos que dieron lugar a la presente
acción constitucional.
1.6. Intervención
Realizada la notificación ordenada, se presentó la siguiente:
1.6.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Por medio de contestación de 14 de octubre de 2022, uno de los asesores de la
oficina jurídica de dicho departamento rindió informe dentro de la presente acción
constitucional, en los siguientes términos:
Indicó que es cierto que el señor Néstor Rafael Torres Manjarrez, por medio de
abogado radicó una petición el 12 de septiembre de 2022, la cual contenía
algunos interrogantes relacionados con un operativo que realizó la Policía
Nacional en un corregimiento del municipio de El Carmen de Bolívar, en el que se
encontraba el actor.
No obstante lo anterior, adujo que la mencionada solicitud se remitió al Ministerio
de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, dado que, son las entidades
competentes para responder las dudas e inquietudes que tiene el señor Torres
Manjarrez.
Precisó que la petición fue radicada con los números EXT22-00074134 EXT22-
00074133, y que mediante el oficio OFI22-00104762 / GFPU 12000002 del 19 de
septiembre de 2022 se le informó al abogado del tutelante el traslado de su
petición a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa Nacional, “[…] con
fundamento en las funciones que le corresponden a las citadas entidades de conformidad
con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 ´Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo`, sustituido
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por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 que regula el Derecho Fundamental de Petición y
que sustituyó uno de sus títulos […]”.
Por consiguiente, solicitó que se declarara “improcedente” la presente acción de
tutela y que se le desvincule del proceso toda vez que, no existe un hecho u
omisión atribuible a dicha entidad.
1.7. Sentencia de primera instancia
En providencia de 3 de noviembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, decidió lo siguiente:
“[…] 1. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Néstor Rafael Torres
Manjarrez. En consecuencia, se dispone:
2. Ordenar al secretario jurídico de la Presidencia de la República que, si no lo ha
hecho, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, efectúe el
traslado por competencia de la petición del 12 de septiembre de 2022 y envíe copia
del oficio remisorio al actor.
3. Instar al coordinador del Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano del
Ministerio de Defensa Nacional y a la jefe del Área de Atención y Servicio al
Ciudadano de la Policía Nacional para que, una vez reciban el traslado de la
petición, la resuelvan en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011 […]”.
Lo anterior con fundamento en que, si bien, en la trazabilidad que la parte
demandada allegó al proceso, el a quo evidenció que por medio de los oficios
OFI22-00104774/GFPU 12000002 y OFI22-00104775/GFPU 12000002 de 19 de
septiembre de 2022, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, en efecto hizo una remisión al Ministerio de Defensa Nacional y a la
Policía Nacional, lo cierto es que no es posible inferir que efectivamente se trate
de la petición de 12 de septiembre de 2022, dado que, no contiene ningún asunto.
Adicionalmente, el oficio OFI22-00104762/GFPU 12000002 de 19 de septiembre
de 2022, que se remitió al correo electrónico que el tutelante reportó en la petición,
no daba cuenta que se hubiesen acogido los lineamientos previstos en el artículo
27 de la Ley 1755 de 2015, es decir, que se le informara al peticionario del
traslado con copia del oficio remisorio.
1.8. Impugnación
Inconforme con la sentencia de 3 de noviembre de 2022 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por medio de escrito allegado al trámite tutelar el
24 de noviembre de la misma anualidad, la parte accionada solicitó que se
revoque el fallo de primera instancia.
Mencionó que, si bien el a quo constitucional precisó que el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, en efecto hizo una remisión al
Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional de dos oficios, lo cierto es
que no era posible inferir que estuvieran relacionados con la solicitud del tutelante;
frente a ese punto, el apoderado de la parte demandada indicó que sí hay
evidencia del envío de los documentos a los correos electrónicos:
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carlosromeroperez@hotmail.com, lineadirecta@policia.gov.co,
usuarios@mindefensa.gov.co, tal y como consta en la certificación CERT22-
003420 / GFPU 13083000 del 24 de noviembre de 2022.
En concordancia con lo anterior, precisó que consta que los oficios fueron
remitidos de la siguiente manera:
“[…] • El oficio número OFI22-00104762 / GFPU 12000002 de fecha 19 de
septiembre de 2022, firmado por la doctora CLAUDIA MURILLO, Asesora del
Grupo de Atención a la Ciudadanía, fue enviado al señor CARLOS FABIAN
ROMERO PÉREZ al correo electrónico carlosromeroperez@hotmail.com, el día 19
de septiembre de 2022 a las 11:48 a.m., el cual contiene:
• Oficio con radicado No. OFI22-00104774 / GFPU 11040001 de 19 de septiembre
de 2022.
• Oficio con radicado No. OFI22-00104775 / GFPU 11040001 de 19 de septiembre
de 2022.
• El oficio número OFI22-00104774 / GFPU 12000002 de fecha 19 de septiembre
de 2022, firmado por la doctora CLAUDIA MURILLO, Asesora del Grupo de
Atención a la Ciudadanía, fue enviado al doctor ROBERTO CARLOS PARRA,
Coordinador del Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano del Ministerio de
Defensa Nacional al correo electrónico usuarios@mindefensa.gov.co, el día 19 de
septiembre de 2022 a las 11:48 a.m., el cual contiene:
• Comunicación con radicado EXT22-00074133, contiene la solicitud del 12 de
septiembre del señor CARLOS FABIAN ROMERO en representación del señor
NESTOR RAFAEL TORRES MANJARREZ
• El oficio número OFI22-00104775 / GFPU 12000002 de fecha 19 de septiembre
de 2022, firmado por la doctora CLAUDIA MURILLO, Asesora del Grupo de
Atención a la Ciudadanía, fue enviado a la Coronel MARIA MARGARITA MANTILLA
G., Jefe del Área de Atención y Servicio al Ciudadano de la Policía Nacional al
correo electrónico lineadirecta@policia.gov.co, el día 19 de septiembre de 2022 a
las11:48 a.m., el cual contiene:
• Comunicación con radicado EXT22-00074133, contiene la solicitud del 12 de
septiembre del señor CARLOS FABIAN ROMERO en representación del señor
NESTOR RAFAEL TORRES MANJARREZ […]”
Adujo que la Policía Nacional sí recibió la comunicación, y se puede evidenciar en
el sistema de información de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
(SIPQRS), con el número de radicado 242087-20220913 y se remitió por
competencia al departamento de Policía de Bolívar.
Mencionó que, pese a que el asunto en la trazabilidad no se tituló con
“comunicación de 12 de septiembre de 2022”, lo cierto es que:
“[…] (i) la Presidencia de la República envió los oficios mediante los cuales se dio
contestación de fondo a la petición del señor Torres Manjarrez, y se trasladó la
comunicación a la entidad competente; y (ii) las certificaciones de la Presidencia de
la República dan cuenta del traslado que se hizo a las entidades competentes de
dicho oficio, las cuales deben ser tenidas en cuenta por el despacho con
fundamento en el principio de la buena fe, y además por qué se puede evidenciar
que si se remitieron los oficios, y además que las entidades competentes recibieron
el mismo […]”.
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Finalmente mencionó que las órdenes dirigidas a la Presidencia de la República
carecían de sustento, pues, la comunicación por medio de la cual se trasladó la
petición del señor Torres Manjarrez ya fue puesta en conocimiento de la Policía
Nacional y del Ministerio de Defensa Nacional.
1.9. Trámite en segunda instancia
Con providencia de 12 de enero de 20232, el Despacho sustanciador ordenó a la
Secretaría General de esta Corporación que pusiera en conocimiento de la Policía
Nacional y del Ministerio de Defensa Nacional la nulidad saneable que se
presentaba en el proceso de la referencia, con fundamento en que el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en su
intervención al interior de la presente tutela, precisó que la petición del señor
Torres Manjarrez se remitió a las entidades mencionadas en el párrafo
anterior, dado que eran las competentes para resolver las dudas e inquietudes que
allí reposaban.
Adicionalmente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la sentencia de
primera instancia proferida el 3 de noviembre de 2023, instó al coordinador del
Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano del Ministerio de Defensa Nacional
y a la jefe del Área de Atención y Servicio al Ciudadano de la Policía Nacional para
que, una vez recibieran el traslado de la petición, la resolvieran.
1.10. Intervención en segunda instancia
1.10.1. Policía Nacional
El 24 de enero de 2023, la entidad allegó informe al presente trámite
constitucional, en el que el Comandante del Departamento de Policía de Bolívar
indicó que al verificar el Gestor de Contenidos Policiales (GEPOL), se evidenció
que el 20 de septiembre de 2022 por medio del oficio Nº. GS-2022-047073-
DEBOL, emitió respuesta a la petición que el accionante radicó el 12 de
septiembre de 2022, la cual se notificó al correo electrónico de su apoderado, a
saber: carlosromeroperez@hotmail.com.
Mencionó que el accionante está incurriendo en un comportamiento temerario,
dado que el 18 de octubre de 2022 el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá – Sección Segunda, emitió sentencia en el marco de una
acción de tutela en la que se expusieron los mismos hechos del presente caso,
razón por la cual adjuntó dicha providencia, con el fin de corroborar lo dicho.
Adicionalmente, y con fundamento de la acción constitucional mencionada en el
párrafo anterior, adujo que el 6 de octubre de 2022, a través del oficio Nº. GS-
2022-050309-DEBOL le remitió nuevamente contestación al accionante, donde se
reiteró lo dicho en la contestación inicial.
2 Notificado el 16 de enero de 2022, sin que los interesados se pronunciara, razón por la cual la
nulidad se entenderá saneada.
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Demandante: Néstor Rafael Torres Manjarrez
Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05303-01
Mencionó que la petición de 12 de septiembre de 2022 se respondió de fondo y de
manera congruente, por lo que el actor “ está faltando a la verdad frente a las
aseveraciones expuestas”.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, contra la
sentencia de 3 de noviembre de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 3 de noviembre de 2022, por medio de la cual el a quo
constitucional amparó el derecho fundamental de petición del señor Néstor Rafael
Torres Manjarrez.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición; (iii) de la temeridad y
(iv) análisis del caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.
2.4. Del derecho de petición
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, el derecho
de petición se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar
solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una pronta
respuesta.
3 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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Cabe resaltar que la autoridad requerida, en la contestación no está obligada a
acceder a las pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se
deniegue la solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones
técnicas y jurídicas que fundamentan aquella postura negativa. Así, este derecho
que se concreta en la formulación de una petición, se hace efectivo a través de la
respuesta otorgada por la autoridad requerida, cuya materialización resulta
independiente del carácter favorable o desfavorable de la misma.
En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de
petición, la contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y
precisando lo que el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el
solicitante entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no
los comparta; iii) mantener coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro de
la oportunidad fijada por la ley para ello; y, finalmente v) notificarse de manera
eficaz para su debida materialización.
2.5. De la temeridad
2.5.1. La figura jurídica de la temeridad en acciones de tutela se encuentra
regulada en el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, que establece lo
siguiente:
“ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar.” (Se resalta)
De conformidad con la precitada disposición, incurre en temeridad quien sin
justificación alguna promueva más de una vez la misma solicitud de amparo,
actuación que se sanciona con el rechazo o decisión desfavorable de todas las
acciones presentadas.
Al respecto, esta Corporación ha estimado que el hecho de presentarse dos
tutelas con hechos similares, no conduce inmediatamente a tener como
estructurada la referida figura, puesto que «… debe demostrarse que existen iguales
sujetos procesales, hechos, pretensiones, que no hay justificación alguna para la
interposición de una nueva acción, sumado a que debe encontrarse inequívocamente
probado dentro del proceso de amparo tutelar, la mala fe o dolo del accionante»4.
Por tanto, la temeridad se configura, cuando concurren los siguientes elementos:
i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela, ii) identidad de
demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma
4Corte Constitucional, sentencia T-276 de abril 19 de 2010, magistrado ponente Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
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persona o su representante, iii) identidad del sujeto demandado y, iv) falta de
justificación para interponer la nueva acción5.
No obstante lo anterior, resulta necesario precisar que el análisis de los
presupuestos que configuran la temeridad, debe realizarse teniendo en cuenta las
condiciones actuales que rodean el caso, sin limitarse a un estudio meramente
formal, cuando el fundamento de la acción se base en:
«(i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia6 o indefensión,
propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o
por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe7; (ii) en el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho8; (iii) en la consideración de
eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o
que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se
haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la
necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante9…»10
2.5.2. Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta necesario
establecer si se configura el mencionado fenómeno jurídico en las tutelas ejercidas
por el señor Néstor Rafael Torres Manjarrez, como pasa a exponerse:
Según se tiene, al igual que en el presente trámite constitucional, en el expediente
identificado con el radicado Nº. 11001-33-35-008-2022-00377-00 se plantearon las
mismas pretensiones, las cuales están relacionadas con que se le proteja el
derecho fundamental de petición al actor y que se le brinde la información que
requirió en la solicitud de 12 de septiembre de 2022, tal como se puede ver a
continuación:
¿Existe
Presupuesto Exp. 2022-00377-00 Exp. 2022-05303-01
identidad?
Parte El señor Néstor Rafael El señor Néstor Rafael
Torres Manjarrez Torres Manjarrez
SI
accionante
Parte Ministerio de defensa Presidencia de la
accionada Nacional y Policía República de Colombia NO
Nacional
Pretensiones
[…] 1.- Que se ampare […] 1.- Que se ampare el
el derecho fundamental derecho fundamental
derecho de petición. derecho de petición.
2.- Que se ordene a las 2.- Que se ordene a las SI
accionada dar respuesta accionada dar respuesta
de fondo al derecho de de fondo al derecho de
petición de fecha 12 del petición de fecha 12 del
mes de septiembre de mes de septiembre de
2022, esto es: 2022, esto es:
5 Sentencia T-883 de agosto 9 de 2001, Corte Constitucional, ponencia de Eduardo Montealegre
Lynett.
6 «Sentencia T-184 de 2005.»
7 «Sentencias T-1215/03, T-721/03, T-184/05. También las sentencias T-308 de 1995, T-145 de
1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997.»
8 «Sentencia T-721/03.»
9 «Sentencias T-149/95, T-566/01, T-458 de 2003, T-919/03 y T-707/03.»
10 T-1104 de noviembre 6 de 2008, magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
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Demandante: Néstor Rafael Torres Manjarrez
Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05303-01
1.- Que se le garantice a 1.- Que se le garantice a
mi representado mi representado NESTOR
NESTOR RAFAEL RAFAEL TORRES
TORRES MANJARREZ, MANJARREZ, identificado
identificado con la con la cedula de
cedula de ciudadanía ciudadanía No.
No. 73.432.691 73.432.691 expedida en el
expedida en el Carmen Carmen de Bolívar, el
de Bolívar, el derecho derecho de denunciar, y
de denunciar, y para lo para lo cual requiere.
cual requiere.
a.- Que se le haga a.- Que se le haga entrega
entrega de los nombres, de los nombres, apellidos,
apellidos, numero de numero de cedulas, cargo,
cedulas, cargo, y y numero policial, de los
numero policial, de los policiales que atendieron
policiales que el operativo y/o
atendieron el operativo procedimiento policial,
y/o procedimiento realizado el día 07 de
policial, realizado el día septiembre de 2022, a las
07 de septiembre de 02:20 pm, en el
2022, a las 02:20 pm, corregimiento arroyo
en el corregimiento arena, jurisdicción del
arroyo arena, municipio el Carmen de
jurisdicción del Bolívar, con el fin de
municipio el Carmen de presentar la denuncia
Bolívar, con el fin de respectiva contra
presentar la denuncia personas determinadas.
respectiva contra
personas determinadas. 2.- Que se haga entrega
Copia de la minuta de
2.- Que se haga entrega guardia donde se registra
Copia de la minuta de el operativo realizado el
guardia donde se día 07 de septiembre de
registra el operativo 2022, en el corregimiento
realizado el día 07 de arroyo arena, jurisdicción
septiembre de 2022, en del municipio el Carmen
el corregimiento arroyo de Bolívar.
arena, jurisdicción del
municipio el Carmen de 3.- Que se haga entrega
Bolívar. del informe administrativo
donde se reporta el
3.- Que se haga entrega operativo realizado el día
del informe 07 de septiembre de 2022,
administrativo donde se en el corregimiento arroyo
reporta el operativo arena, jurisdicción del
realizado el día 07 de municipio el Carmen de
septiembre de 2022, en Bolívar.
el corregimiento arroyo
arena, jurisdicción del 4.- En aras de recuperar la
municipio el Carmen de confianza entre la
Bolívar. ciudadanía del municipio
del Carmen de Bolívar,
4.- En aras de recuperar que se instruya la policía
la confianza entre la con capacitación de buen
ciudadanía del trato y respeto a los
municipio del Carmen derechos humanos […]”.
de Bolívar, que se
instruya la policía con
capacitación de buen
trato y respeto a los
derechos humanos […]”.
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Pues bien, de acuerdo con lo transcrito, si bien existe similitud entre la parte
accionante y las pretensiones, lo cierto es que la parte accionada es diferente,
dado que la tutela con radicado 2022-00377-00 se dirigió contra el Ministerio de
Defensa Nacional y la Policía Nacional y la de radicado 2022-05303-01 contra la
Presidencia de la República.
En efecto, pese a que lo pretendido por el actor en las dos solicitudes es que se le
responda la petición de 12 de septiembre de 2022, lo cierto es que existe una
diferencia en cuanto a las autoridades de las que exige la contestación de la
misma, razón que impide que esta Sala de Decisión pueda determinar la
configuración del fenómeno de la temeridad.
2.6. Caso concreto
En la presente solicitud de amparo, el señor Néstor Rafael Torres Manjarrez alegó
que la Presidencia de la República, transgredió su derecho fundamental de
petición, con ocasión a que a la fecha de radicación de esta acción de tutela no le
había respondido una petición que presentó el 12 de septiembre de 2022.
En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en providencia de
3 de noviembre de 2022 concedió el amparo deprecado y dispuso lo siguiente:
“[…] 2. Ordenar al secretario jurídico de la Presidencia de la República que, si no lo
ha hecho, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, efectúe el
traslado por competencia de la petición del 12 de septiembre de 2022 y envíe copia
del oficio remisorio al actor.
3. Instar al coordinador del Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano del
Ministerio de Defensa Nacional y a la jefe del Área de Atención y Servicio al
Ciudadano de la Policía Nacional para que, una vez reciban el traslado de la
petición, la resuelvan en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011 […]”.
Lo anterior con fundamento en que, si bien, en la trazabilidad que la parte
demandada allegó al proceso, el a quo evidenció que por medio de los oficios
OFI22-00104774/GFPU 12000002 y OFI22-00104775/GFPU 12000002 de 19 de
septiembre de 2022, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, en efecto hizo una remisión al Ministerio de Defensa Nacional y a la
Policía Nacional, lo cierto es que no era posible inferir que efectivamente se tratara
de la petición de 12 de septiembre de 2022, dado que, no contiene ningún asunto.
Adicionalmente, el oficio OFI22-00104762/GFPU 12000002 de 19 de septiembre
de 2022, que se remitió al correo electrónico que el tutelante reportó en la petición,
no daba cuenta que se le hubiese le informado al peticionario del traslado con
copia del oficio remisorio.
Inconforme con la anterior decisión, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República impugnó la decisión del a quo, y allegó nuevamente
de manera organizada y cronológica los documentos que daban cuenta que si
bien, en el asunto de la trazabilidad no se hacía referencia a que los correos
electrónicos contenían la petición de 12 de septiembre de 2022 presentada por el
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actor, lo cierto es que al revisar de manera detalla los medios de convicción se
lograba advertir el contenido de cada oficio, a saber:
2.6.1. Trazabilidad y contenido del Oficio N.º OFI22-00104762 / GFPU
12000002 de 19 de septiembre de 2022, por medio de cual el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República le comunicó a la dirección
electrónica del apoderado del señor Torres Manjarrez
(carlosromeroperez@hotmail.com) la remisión que hizo de la petición de 12 de
septiembre de 2022 al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional.
Dicha comunicación contenía los oficios con radicado: (i) N.º OFI22-00104774 /
GFPU 11040001 y (ii) N.º OFI22-00104775 / GFPU 11040001 de 19 de
septiembre de 2022.
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2.6.2. Trazabilidad y contenido del Oficio N.º OFI22-00104774 / GFPU
12000002 de 19 de septiembre de 2022, por medio de cual el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República le remitió al señor Roberto Carlos
Parra, Coordinador del Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano del
Ministerio de Defensa Nacional (usuarios@mindefensa.gov.co) la petición de 12
de septiembre de 2022, y le informó que la Policía Nacional también tenía
conocimiento de la solicitud.
2.6.3. Trazabilidad y contenido del Oficio N.º OFI22-00104775 / GFPU
12000002 OFI22-00104774 / GFPU 12000002 de 19 de septiembre de 2022, por
medio de cual el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República le
remitió a la Coronel María Margarita Mantilla, Jefe del Área de Atención y Servicio
al Ciudadano de la Policía Nacional (lineadirecta@policia.gov.co), la petición de 12
de septiembre de 2022, y le informó que también el Ministerio de Defensa
Nacional tenía conocimiento de la solicitud.
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De manera que, para esta Sala de Decisión es claro que el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República puso en conocimiento del
apoderado del señor Torres Manjarrez (carlosromeroperez@hotmail.com), la
remisión que hizo de la petición a las dependencias competentes del Ministerio de
Defensa Nacional y a la Policía Nacional, con el objetivo de que le respondieran
las inquietudes que tenía respecto del operativo que se llevó a cabo en uno de los
corregimientos del municipio de El Carmen de Bolívar, diferente es que dichas
entidades no se pronunciaron al respecto, porque el actor ya había recibido
respuesta, como se evidenciará en los próximos párrafos.
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Pues bien, de acuerdo al informe que rindió la Policía Nacional el 24 de enero de
2023 en el presente trámite, se logró evidenciar que por medio del oficio GS-2022-
047073-DEBOL de 20 de septiembre de 2022, dicha autoridad respondió las
inquietudes que el señor Torres Manjarrez tenía respecto de lo sucedido el 7 de
septiembre de 2022 en el corregimiento Arroyo Arena del municipio de El Carmen
de Bolívar.
Por su parte, de los anexos allegados, esta Sección evidencia que en la respuesta
de 20 de septiembre de 2022, la Policía Nacional allegó copia de la minuta de
guardia y la lista de los nombres, los apellidos, el número de cédula, cargo y
número policial de los uniformados que atendieron el operativo de 7 de septiembre
de 2022, a saber:
Adicionalmente, allegó el informe administrativo identificado con radicado Nº. GS-
2022-045968 por medio del cual se puso en conocimiento del Comandante del
departamento de Bolívar lo ocurrido el 7 de septiembre de 2022, tal como se
puede evidenciar a continuación:
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De otro lado, frente a la solicitud que realizó el actor encaminada a que se instruya
a la Policía Nacional para que la ciudadanía recupere la confianza, en la respuesta
le indicaron que el Comandante de la estación de policía del municipio de El
Carmen de Bolívar se reunió con los uniformados que tiene a su mando para
instruirlos sobre el respeto de los derecho humanos y el uso adecuado de la
fuerza en ejercicio de sus funciones:
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De modo que, para esta Sala de Decisión es claro que la Policía Nacional le
otorgó una respuesta de fondo, clara y oportuna al señor Torres Manjarrez, la cual
fue notificada en debida forma al correo electrónico de su apoderado:
En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia proferida el 3 de
noviembre de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para en su lugar
negar el amparo deprecado, dado que, la Policía Nacional respondió y notificó el
20 de septiembre de 202211 la petición que el señor Néstor Rafael Torres
11 La tutela se presentó el 4 de octubre de 2022.
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Manjarrez radicó el 12 de septiembre de 2022, al correo
carlosromeroperez@hotmail.com.
Finalmente, para esta Sección es pertinente precisar que tanto el Ministerio de
Defensa como la Policía Nacional solo conocieron de esta acción de tutela cuando
el Despacho Ponente expidió el auto de 12 de enero de 2023, por medio del cual
puso en conocimiento de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa Nacional
la nulidad saneable que se presentaba en el proceso de la referencia, de manera
que, fue solo hasta ese momento en el que esta Sala tuvo conocimiento de que ya
se había respondido la plurimencionada petición de 12 de septiembre 2022.
3. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 3 de noviembre de 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, para en su lugar NEGAR el amparo
deprecado por el señor Néstor Rafael Torres Manjarrez.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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