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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05315-00

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05315-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, dignidad humana, libertad de escoger profesión y oficio, trabajo, debido proceso y mínimo vital invocados por el señor José Humberto Gómez Herrera, en lo relacionado con su petición encaminada a la expedición de la tarjeta profesional de abogado definitiva y al reconocimiento de personería dentro del trámite contravencional 40025, en los términos indicados en la motivación. 2º. Declárase improcedente la presente acción de tutela, en cuanto a que se inicie investigación disciplinaria contra los funcionarios de la secretaría de movilidad de Bogotá, quienes no le permitieron ejercer la representación legal del presunto infractor dentro de las mencionadas diligencias contravencionales, conforme a la parte motiva. 3º. Exhórtase al señor secretario de movilidad de Bogotá para que en lo sucesivo a los abogados destinatarios de la Ley 1905 de 2018, quienes tienen la tarjeta profesional de manera provisional, se les permita ejercer como apoderados de las partes dentro de las acciones contravencionales, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión. 3°.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05315-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-05315-001
Actor : José Humberto Gómez Herrera
Demandados : Presidente y directora de la unidad de registro nacional de
abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de
la Judicatura; magistrados del Consejo Seccional de la
Judicatura, alcaldesa, personero y secretarios de gobierno y
de movilidad de Bogotá, Procuradora General de la Nación y
Ministro de Justicia y del Derecho
Tema : Derechos constitucionales fundamentales a la igualdad,
dignidad humana, libertad de escoger profesión y oficio,
trabajo, debido proceso y mínimo vital

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor José
Humberto Gómez Herrera contra los señores presidente y directora de la
unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo
Superior de la Judicatura; magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura,
alcaldesa, personero y secretarios de gobierno y de movilidad de Bogotá;
Procuradora General de la Nación y Ministro de Justicia y del Derecho, por la
presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales a la
igualdad, dignidad humana, libertad de escoger profesión y oficio, trabajo,
debido proceso y mínimo vital.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El señor José Humberto Gómez Herrera, quien
actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de que se le
protejan las garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente
quebrantadas por los señores presidente y directora de la unidad de registro
nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la
Judicatura; magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura, alcaldesa,
personero y secretarios de gobierno y de movilidad de Bogotá; Procuradora
General de la Nación y Ministro de Justicia y del Derecho.

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Resulta oportuno señalar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

Como consecuencia de lo anterior, pide se ordene a las autoridades
demandadas (i) expedir su tarjeta profesional de abogado definitiva, toda vez
que con la provisional que se le emitió no ha podido ejercer ese oficio; (ii)
reconocerle personería para actuar como apoderado del señor Fredy Moreno
Páez «[…] en el proceso administrativo comparendo […] 110010000000-
33877727-expediente 40025 […]»; (iii) «[…] declare[n] la [n]ulidad de la
audiencia […] y del acta realizada el […] 3 de octubre de 2022 […]», dentro
del mencionado trámite administrativo; y (iv) «[…] iniciar investigación
disciplinaria contra ANGIE NATHALY CAICEDO S[Á]NCHEZ, FELIPE
GUTIÉRREZ Y ALEX[Á]NDER ENRIQUE FUENTES DÍAZ, en su
condición de funcionarios y/o contratistas de la SECRETAR[Í]A
DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ […], quienes no [l]e
permitieron ejercer la representación legal […] del […]» presunto infractor.

1.2 Hechos. Relata el accionante que el 1° de julio de 2022 solicitó de la
unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo
Superior de la Judicatura, a través de escrito enviado al buzón electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, la expedición de su tarjeta profesional de
abogado, para cuyo propósito aportó la documentación pertinente indicada en
la página SIRNA2 de la Rama Judicial, en la que no se mencionó lo
relacionado con el certificado de aprobación del examen de Estado
contemplado en el artículo 2° de la Ley 1905 de 2018.

Que, a pesar de que el aludido examen de Estado fue consagrado en la
referida Ley, en la actualidad, es decir, 4 años después, el Consejo Superior
de la Judicatura aún no ha adelantado las gestiones para que este pueda
realizarse y, en todo caso, su ejecución está prevista para el 2024, por ende,
no puede verse perjudicado por su tardanza.

Dice que, aunque en cumplimiento del Acuerdo PSCJA22-11985 de 29 de
agosto de 2022, el 30 de los mismos mes y año se le emitió la tarjeta
profesional 389.895, con carácter provisional, no ha podido ejercer en debida
forma como abogado, toda vez que el 3 de octubre de 2022 «[…] [s]e
present[ó] a la SECRETAR[Í]A DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ,
[…] para [a]sumir la representación legal [del señor Fredy Moreno Páez]
dentro del expediente […] 110010000000-33877727-40025 […]», no
obstante, ello le fue impedido en la audiencia realizada en esa fecha, porque
su tarjeta profesional no era permanente, por lo que se le ordenó su retiro de

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Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

dicha diligencia.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 10 de octubre de 2022, admitió la presente acción y ordenó
notificar a los señores presidente y directora de la unidad de registro nacional
de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura;
magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura, alcaldesa, personero y
secretarios de gobierno y de movilidad de Bogotá; Procurador General de la
Nación y Ministro de Justicia y del Derecho, en los términos del artículo 13
del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 La señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y
auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura aduce que el
tutelante «[…] solicitó a través del correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co., su inscripción como Abogado y la
expedición de la Tarjeta Profesional, como titulada por la Institución
Universitaria de Colombia» (sic).

Que la aludida Universidad, «[…] mediante oficio del 11 de julio 2022, […]
informó que el accionante inició la carrera de derecho el “20/02/2019”, es
decir, después de haber sido promulgada la Ley 1905, y finalizó el
“29/06/2022”», razón por la cual debe presentar el certificado de aprobación
del examen de Estado exigido en esa norma.

Dice que, a pesar de lo anterior, «[…] el Consejo Superior de la Judicatura
expidió el Acuerdo No. PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022 […]», en el
que, entre otras disposiciones, estableció que «[…] los graduados
destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que aún no presentan el examen de
Estado, podrán solicitar sin la acreditación del certificado de aprobación del
examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición
de una Tarjeta Profesional de Abogado, que tendrá carácter provisional con
vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba» (sic).

Que, en consecuencia, con todos los documentos aportados, se «[…]
inscribi[ó] en el registro de abogados al [actor] […], asignándole la Tarjeta
Profesional de Abogado con vigencia Provisional No 389.895, mediante el
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

Acta N° 17639 de 2022 […]» (sic), la cual fue enviada el 8 de septiembre del
mismo año, a través del servicio de correo certificado 472, a su domicilio,
cuya vigencia puede ser consultada en «[…] la página [electrónica] de la
Rama Judicial o en el [enlace] https://sirna.ramajudicial.gov.co […]».

Sostiene que, en relación con lo mencionado por el accionante en el escrito de
tutela, en el que expone que el 3 de octubre de 2022 se le impidió actuar en
representación del señor Fredy Moreno Páez, «[…] dentro del expediente
número: 110010000000-33877727–40025 […], en la medida que, [su]
Tarjeta Profesional de Abogado no era permanente, sino PROVISIONAL,
[…] debe aclararse, que el Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 2022, no limita
el ejercicio integral de la profesión a los Abogados inscritos en este Registro
Nacional [a quienes] se les asigna [dicho documento] con Vigencia
Provisional, ya que [esa condición] […] radica única y exclusivamente en el
requisito de presentación del Examen de Estado […]» (sic).

2.1.2 La señora Procuradora General de la Nación, a través de la señora
asesora de la oficina jurídica de ese ente estatal, solicita declarar
improcedente la acción de tutela, comoquiera que «[…] no es el mecanismo
establecido por la ley para solicitar el inicio de investigaciones
disciplinarias».

2.1.3 El señor secretario de gobierno de Bogotá, por intermedio del señor
director jurídico de ese organismo, depreca su desvinculación dentro del
asunto, por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que
«[…] dentro de sus funciones y competencias, determinadas en el Decreto
411 del 2016, no está llamad[o] a intervenir en [este] caso […]», por lo que
no ha vulnerado derecho fundamental alguno al demandante.

2.1.4 El señor Ministro de Justicia y del Derecho, por conducto del señor
director de desarrollo del derecho y del ordenamiento jurídico, pide ser
desvinculado de esta tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva,
habida cuenta de que «[…] [su] fundamento […] no está relacionado con
actuación alguna por parte [de esa cartera] […] contra el accionante, que dé
lugar a la supuesta vulneración de los derechos invocados en la demanda,
sino en relación con el trámite y expedición de su Tarjeta Profesional de
Abogado por parte de la Unidad de Registro Nacional de Abogados del
Consejo Superior de la Judicatura, a través del Consejo Seccional

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

correspondiente, a quien corresponde legalmente el ejercicio de esa gestión»
(sic).

2.1.5 El señor personero de Bogotá, por medio del señor funcionario adscrito
a la oficina asesora jurídica de esa entidad, depreca su desvinculación dentro
del asunto, por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva, porque
«[…] no tiene dentro de sus competencias la expedición de tarjetas
profesionales, así como tampoco dirige la práctica de los procedimientos
contravencionales que adelanta la Secretaría Distrital de Movilidad» (sic).

Que, en todo caso, «[…] se procedió a trasladar la acción de tutela a la
Personería Delegada para Asuntos Policivos y Civiles […], qu[e] sobre el
particular manifestó que para el próximo 1 de noviembre de 2022 se
adelantará en la Secretaría Distrital de Movilidad audiencia de continuación
referente al expediente 40025 de 2022 (procedimiento que es aludido en los
hechos), a la cual se brindará acompañamiento […]».

2.1.6 Los señores presidente del Consejo Superior de la Judicatura y
magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura, alcaldesa y secretario de
movilidad de Bogotá guardaron silencio en la oportunidad prevista para el
efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
el demandante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad, dignidad humana, libertad de escoger profesión
y oficio, trabajo, debido proceso y mínimo vital.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar el eventual quebranto de los
derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la
presunta omisión de las autoridades accionadas de (i) expedirle de manera
definitiva la tarjeta profesional de abogado al tutelante; (ii) reconocerle
personería para actuar como apoderado del señor Fredy Moreno Páez «[…]
en el proceso administrativo comparendo […] 110010000000-33877727-
expediente 40025 […]»; (iii) declarar «[…] la [n]ulidad de la audiencia […]
y del acta realizada el […] 3 de octubre de 2022 […]» dentro del
mencionado trámite administrativo; y (iv) «[…] iniciar investigación
disciplinaria contra […] [los] funcionarios y/o contratistas de la
SECRETAR[Í]A DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ […],
quienes no [l]e permitieron ejercer la representación legal […] del […]»
presunto infractor.

3.4 Hechos probados. El material probatorio traído al plenario, en lo
pertinente, da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se
refiere la presente acción de tutela. En tal virtud, se destaca:

a) Acta de registro de tarjeta profesional provisional 17639 de 30 de agosto de
2022, en la que se consigna que, «[…] [d]e conformidad con la Ley 1905 de
2018, el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 y verificado el cumplimiento de
los requisitos legales, se procede a efectuar la inscripción como abogado (a)
en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, a
nombre del [accionante] […], [s]egún acta de grado de fecha 29 de junio del
2022, [en consecuencia] […], se le asigna la Tarjeta Profesional Provisional
[…] 389895, con fecha de expedición [de] 30 de agosto [de ese año] y vigente
hasta el 30 de abril de 2024» (sic).

b) Oficio de 2 de septiembre de 2022, a través del cual la señora directora de
la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del
Consejo Superior de la Judicatura le informa al demandante que, «[…] de
conformidad con el Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, es[a]
Unidad le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado Provisional No. 389.895
[…]» (sic), la cual fue enviada «[…] al contratista para la elaboración del
plástico, [con la finalidad de] […] remitir[la], a través del servicio de correo
certificado 472, [a su] domicilio […]», cuya vigencia puede ser consultada en
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

«[…] la página [electrónica] de la Rama Judicial o en el [enlace]
https://sirna.ramajudicial.gov.co […]», notificado ese día a su correo
electrónico.

c) Acta de audiencia pública por infracción c31 del señor Freddy Moreno
Páez, dentro del trámite contravencional de tránsito 40025, en la que se anota
que aquel asistió junto con el actor, a quien «[…] no es posible reconocer
personería […], toda vez que su tarjeta profesional es temporal», y se
suspende dicha diligencia para el 1° de noviembre, «[…] para que en es[a]
fecha se emita y d[é] lectura del fallo correspondiente».

3.5 Caso concreto.

3.5.1 Respecto de la pretensión relacionada con la expedición de la tarjeta
profesional con carácter definitivo. En el sub lite se tiene que la
inconformidad del actor radica en que si bien es cierto que el 30 de agosto del
presente año se le emitió la tarjeta profesional de abogado, también lo es que
esta fue de manera provisional, en atención al Acuerdo PSCJA22-11985 de
29 de los mismos mes y año del Consejo Superior de la Judicatura3, hasta
cuando presente el examen de Estado exigido en la Ley 1905 de 2018,
circunstancia que considera quebranta sus garantías superiores, pues dicha
prueba está prevista para el 2024 y no ha podido ejercer en debida forma su
carrera.

Al respecto, la autoridad accionada aduce que el mencionado Acuerdo
PCJA22-11985 dispuso que los abogados «[…] destinatarios de la Ley 1905
de 2018, podrán solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación
del examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la
expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia
provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba»
(sic), documento que se le emitió el 30 de agosto del año en curso al actor, lo
que se le comunicó el 2 de septiembre siguiente a su correo electrónico
(gohujo1635@yahoo.com).

Además, indica que dicho Acuerdo «[…] no limita el ejercicio integral de la
profesión a los Abogados inscritos en este Registro Nacional [a quienes] se
les asigna [dicho documento] con Vigencia Provisional, ya que [esa

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«Por el cual se establecen normas para la expedición de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras
disposiciones».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

condición] […] radica única y exclusivamente en el requisito de presentación
del Examen de Estado […]».

Cabe precisar que, pese a que dentro de las presentes diligencias no reposa la
petición que el tutelante afirma que formuló en julio del año en curso ante la
señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de
la justicia del Consejo Superior de la Judicatura, del informe rendido por esta
se deduce su presentación, aunque no indique el día en que la recibió.

De acuerdo con la relación probatoria realizada, se tiene que el accionante
pidió de la señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y
auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de
su tarjeta profesional de abogado, frente a lo cual, en virtud del Acuerdo
PSCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, el 30 de los mismos mes y año se
le emitió la 389.895, con carácter provisional, lo que le fue notificado el 2 de
septiembre siguiente al correo electrónico (gohujo1635@yahoo.com),
aportado por él con ese fin, la cual está vigente conforme al certificado
5938764.

No obstante, el tutelante indica que no es dable que se le exija para la
expedición de su tarjeta profesional de abogado definitiva un requisito
adicional, esto es, acreditar la aprobación del examen de Estado previsto en la
Ley 1905 de 2018, pues (i) han trascurrido 4 años desde su entrada en
vigencia y aún el Consejo Superior de la Judicatura no ha establecido las
posibles fechas para su realización y, en todo caso, su ejecución está prevista
para el 2024; (ii) en la página SIRNA de la Rama Judicial nada se dice sobre
ese requisito, y (iii) con la tarjeta profesional provisional que se le emitió no
puede ejercer su profesión, pues en audiencia pública de 3 de octubre de la
presente anualidad surtida dentro del trámite contravencional de tránsito
40025, no se le permitió representar al presunto infractor, porque dicho
documento no era permanente.

Con la finalidad de determinar si los anteriores reproches tienen o no asidero
jurídico, se advierte que la Ley 1905 de 20185 fue expedida por el legislador
con el propósito de garantizar la idoneidad de los profesionales del derecho,
para lo cual estableció como requisito para expedir la tarjeta profesional a
quienes inicien sus estudios de derecho a partir de su entrada en vigor,

4
Consultada la página electrónica https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx.
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«Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

aprobar un examen de Estado que debe ser realizado por el Consejo Superior
de la Judicatura, en los siguientes términos:

Artículo 1°. Para ejercer la profesión de abogado, además de los
requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá
acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado que para el
efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o
a través de una Institución de Educación Superior acreditada en Alta
Calidad que se contrate para tal fin.

Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado supere
la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado
individual de cada examen, el CSJ señalará la representación porcentual
del puntaje obtenido sobre la media nacional.

Parágrafo 1°. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá
presentar en las siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta tanto
obtenga el porcentaje mínimo exigido.

Parágrafo 2°. La certificación de la aprobación del Examen de Estado
será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que
haga sus veces para la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado.
Para ser representante de una persona natural o jurídica para cualquier
trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta
profesional de abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado
el examen. Para las demás actividades no se requerirá tarjeta profesional.

Artículo 2°. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de
abogado establecido en la presente ley se aplicará a quienes inicien la
carrera de derecho después de su promulgación.

Ahora bien, la señora directora de la unidad de registro nacional de abogados
y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura informa que el
Consejo Superior de la Judicatura autorizó a la señora Directora Ejecutiva de
Administración Judicial la suscripción de un convenio interadministrativo con
el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), con el
objeto de definir, construir y validar el marco de referencia para la
implementación del mencionado examen para ejercer la profesión de
abogado, el cual, dada su rigurosidad, cuenta con tres fases, cuyo plazo de
ejecución se tiene previsto para el 2024.

Por ende, ante la demora en su implementación, el Consejo Superior de la

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

Judicatura expidió el Acuerdo PCJA22-11985 de 29 de agosto de 20226, por
cuyo conducto, en el parágrafo transitorio 1° del artículo 2° dispuso:

Mientras se desarrollan las fases necesarias para la implementación del
Examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905 de 2018, podrán
solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de la
Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la
publicación de los resultados de la primera prueba.

En ese orden de ideas, se concluye que con la expedición de la tarjeta
profesional de abogado al actor de manera provisional no se le vulneran las
garantías superiores invocadas, dado que el examen de Estado fue consagrado
como una exigencia para tal propósito en la Ley 1905 de 2018 (28 de junio)
para quienes iniciaron la carrera de derecho con posterioridad a su
promulgación, por tanto, el tutelante al haber comenzado sus estudios el 20 de
febrero de 2019, es destinatario de aquella y, en todo caso, se advierte que con
el documento emitido puede laborar y ejercer su profesión mientras se
determinan las fechas para la presentación de la referida prueba.

Ahora bien, frente al argumento del accionante relacionado con que no ha
podido ejercer su profesión, habida cuenta de que en audiencia pública
celebrada el 3 de octubre de 2022 en el trámite contravencional de tránsito
40025, no se le reconoció personería jurídica para actuar en representación
del presunto infractor, porque su tarjeta profesional no es permanente, anota
la Sala que la señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y
auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura, en su escrito de
contestación indicó que «[…] el Acuerdo No. PSCJA22-11985 de 2022, no
limita el ejercicio integral de la profesión a los Abogados inscritos en este
Registro Nacional [a quienes] se les asigna [dicho documento] con Vigencia
Provisional, ya que [esa condición] […] radica única y exclusivamente en el
requisito de presentación del Examen de Estado […]».

No obstante, si el tutelante insiste en su inconformidad con lo consignado en
dicho Acuerdo PCJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 del Consejo Superior
de la Judicatura, a guisa de pedagogía judicial, si a bien lo tiene, puede acudir
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

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«Por el cual se establecen normas para la expedición de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras
disposiciones».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

Administrativo (CPACA) para atacarlo, según el cual «[…] podrá
pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular
demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación», asunto dentro del que
puede solicitar las medidas cautelares que considere pertinentes, conforme a
los artículos 229 y siguientes ibidem7, con el fin de «[…] proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia […]».

Así las cosas, la Sala negará el amparo deprecado por el tutelante, respecto de
su inconformidad relacionada con la expedición de la tarjeta profesional
definitiva.

3.5.2 En lo concerniente a que se le reconozca personería al actor para
actuar como apoderado del señor Fredy Moreno Páez «[…] en el proceso
administrativo comparendo […] 110010000000-33877727-expediente 40025
[…]»; y «[…] se declare la [n]ulidad de la audiencia […] pública realizada
7
«Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten
ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del
proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el
presente capítulo.
[…]».
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones
invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del
análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del
estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del
derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los
mismos […]
Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida cautelar podrá ser
solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.
El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la
solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del
término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda.
Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de
recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente
de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil.
El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al
vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el
Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir
de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.
Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte
para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado Ponente podrá ser decretada
en la misma audiencia.
Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos
sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto
que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso».
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

el 3 de octubre de 2022, dentro del mencionado trámite administrativo». Al
respecto, cabe precisar que el señor personero de Bogotá, en su escrito de
contestación, afirmó que «[…] se procedió a trasladar la acción de tutela a
la Personería Delegada para Asuntos Policivos y Civiles […], qu[e] sobre el
particular manifestó que para el próximo 1 de noviembre de 2022 se
adelantará en la Secretaría Distrital de Movilidad audiencia de continuación
referente al expediente 40025 de 2022 (procedimiento que es aludido en los
hechos), a la cual se brindará acompañamiento […]».

En ese orden de ideas, se colige que no resulta posible que el señor secretario
de movilidad de Bogotá despliegue actuación alguna con la finalidad de que
se le reconozca personería al actor para actuar como apoderado del señor
Fredy Moreno Páez en las diligencias que se surtan «[…] en el proceso
administrativo comparendo […] 110010000000-33877727-expediente 40025
[…]», dado que en la realizada el 3 de octubre de 2022 (en la que se le negó
tal reconocimiento), se determinó que el 1º de noviembre del año en curso se
celebraría la diligencia en la que se emitiría decisión definitiva en ese asunto,
lo cual ya acaeció, de lo que se concluye que ya se agotó el respectivo
procedimiento administrativo, por ende, alguna orden en ese sentido carece
de objeto.

En todo caso, de acuerdo con lo indicado por el señor personero de Bogotá,
en la referida diligencia se contó con la presencia de la personera delegada
para asuntos policivos y civiles, con el fin de verificar que se realizara en
debida forma, en particular, que se garantizara la correcta representación del
presunto infractor. Además, según la decisión que allí se haya adoptado, el
actor, en condición de apoderado del presunto infractor, podrá hacer uso, en
el evento en que aquel le confiera poder para ese propósito, del mecanismo
dispuesto por la jurisdicción contencioso-administrativa para deprecar su
anulación, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de que trata el artículo 138 del CPACA.

En relación con la figura de carencia actual de objeto, la Corte Constitucional,
en sentencia T-382 de 20188, precisó:

Finalmente, la jurisprudencia ha reconocido que la carencia actual de
objeto puede ser consecuencia de una modificación de la situación de
hecho que motivó la acción de tutela que genere la pérdida de interés
del actor en la pretensión. En ese sentido, se ha precisado que: “es

8
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de
un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a
de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta
ningún efecto”9.

Conforme a lo citado se advierte que los eventos de carencia actual de objeto
en materia de acciones de tutela se pueden dar no solo por daño consumado,
hecho superado o acaecimiento de una situación sobreviniente, sino también
por alguna otra circunstancia que permita afirmar que la orden que se emita
no surta efecto alguno, no obstante, tal hipótesis no impide al juez de tutela
realizar un análisis encaminado a revisar la presunta vulneración de derechos
fundamentales alegada.

Con base en lo anterior, a pesar de haberse configurado en este asunto la
carencia actual de objeto, toda vez que, se reitera, el 1° de noviembre de 2022
se adoptó decisión de fondo dentro del trámite contravencional de tránsito
40025, adelantada contra el señor Freddy Moreno Páez por infracción c31, lo
que indica que ya se surtió el respectivo procedimiento administrativo, en esa
medida, no queda alguna otra audiencia pendiente por surtir dentro de esas
diligencias para que el actor actúe como apoderado del presunto infractor, no
impide que la Sala se pronuncie acerca de si dicha negativa constituye o no
quebranto constitucional.

Al respecto, se tiene que algunos funcionarios de la secretaría de movilidad de
Bogotá, en audiencia pública celebrada el 3 de octubre de 2022 dentro del
trámite contravencional de tránsito 40025, indicaron que no era posible
reconocerle personería jurídica al tutelante para actuar en representación del
presunto infractor, «[…] toda vez que su tarjeta profesional es temporal», y
no definitiva, circunstancia que acredita que la Administración le impuso una
barrera para ejercer como abogado, a pesar de que el Acuerdo PSCJA22-
11985 de 2022, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, como lo
afirmó la señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y
auxiliares de la justicia de ese organismo, no limita el ejercicio integral de la
profesión a los abogados a quienes se les asigna dicho documento con
vigencia provisional, pues esa condición «[…] radica única y exclusivamente
en el requisito de presentación del Examen de Estado […]» exigido en la Ley
1905 de 2018 para quienes, como en el caso del actor, iniciaron la carrera de
derecho con posterioridad a su promulgación (28 de junio).

9
Sentencia T-283 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

En ese sentido, impedirle al accionante actuar como apoderado en un trámite
contravencional de tránsito con el pretexto de que su tarjeta profesional no es
definitiva, implica afectación a sus garantías superiores, lo que, además,
puede involucrar un detrimento económico y, por tanto, un quebranto a su
derecho al mínimo vital, al no poder ejercer la carrera que estudió.

Ahora bien, aunque la Sala se encuentra imposibilitada para emitir orden de
protección alguna en este asunto, habida cuenta de que ya se celebró la
audiencia de lectura de fallo dentro del procedimiento contravencional
40025, se estima pertinente exhortar al señor secretario de movilidad de
Bogotá para que en lo sucesivo a los abogados destinatarios de la Ley 1905
de 2018, quienes, como el tutelante, tienen la tarjeta profesional de manera
provisional, se les permita ejercer como apoderados de las partes dentro de
ese tipo de trámites.

3.5.3 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, en cuanto a que
se inicie investigación disciplinaria contra los «[…] funcionarios y/o
contratistas de la SECRETAR[Í]A DISTRITAL DE MOVILIDAD DE
BOGOTÁ […], quienes no [l]e permitieron ejercer la representación legal
[…] del […]» presunto infractor, en el proceso contravencional 40025. Se
anota que el derecho disciplinario tiene como objeto «[...] garantizar “la
obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la
eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen
funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”; cometido éste que se
vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un
sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos,
resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública
cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma
constitucional»10, por consiguiente, a través del respectivo procedimiento
resulta dable establecer si servidores públicos o particulares investidos de
funciones públicas incurrieron o no en las faltas a sus deberes funcionales
endilgadas, cuyo trámite está previsto en la Ley 1952 de 201911.

10
Sentencia C-948 de 2002, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
11
«Rige a partir del 29 de marzo de 2022, salvo el artículo 2 relativo a las funciones jurisdiccionales que
entrará a regir a partir del 29 de junio de 2021, y el artículo 33 entrará a regir a partir del 29 de diciembre
de 2023 (Art. 265)».
14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

La acción disciplinaria se ejerce, entre otros organismos12, por la Procuraduría
General de la Nación y se inicia y adelanta «[…] de oficio, o por información
proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o
por queja formulada por cualquier persona», evento este en el que la persona
quien formuló la queja adquiere el nombre de quejoso, frente al que la Corte
Constitucional ha precisado que «[…] No es un sujeto procesal y de
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 90 de la Ley 734
de 200213, su intervención se limita únicamente a presentar y ampliar la
queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su
poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio»14.

Ahora bien, de las pruebas aportadas en el sub lite no se evidencia que el
accionante haya presentado queja o petición alguna ante la Procuraduría
General de la Nación, con el fin de que se iniciara una investigación
disciplinaria contra los funcionarios de la secretaría de movilidad de Bogotá,
quienes aduce no le reconocieron personería jurídica para actuar en
representación del señor Freddy Moreno Páez dentro del procedimiento
contravencional 40025.

De acuerdo con lo anotado, se colige que el demandante cuenta con otro
mecanismo de defensa en el que puede exponer sus inconformidades frente a
la conducta omisiva de los funcionarios de la secretaría de movilidad de
Bogotá de reconocerle personería jurídica para actuar como apoderado del
señor Freddy Moreno Páez en el aludido trámite administrativo.

Resulta oportuno señalar que, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de
la acción de tutela, es indispensable que quien depreca el amparo de un
derecho constitucional fundamental haya agotado todos los mecanismos de
defensa judicial que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la
interposición de la acción.

De tal manera que la falta de diligencia del actor, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
12
De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1952 de 2019 también es ejercida por «[…] la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial; la Superintendencia de
Notariado y Registro; los Personeros Distritales y Municipales; las Oficinas de Control Disciplinario
Interno establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del Estado; y los nominadores».
13
“Artículo 90. FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES. Los sujetos procesales podrán: 1.
Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas. 2. Interponer los recursos
de ley. 3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación
disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y 4. Obtener copias de la actuación, salvo que por
mandato constitucional o legal ésta tenga carácter reservado”.
14
Sentencia T-473 de 2017, M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia
del trámite constitucional frente al caso particular.

A guisa de corolario de lo que se deja consignado, en este asunto el ejercicio
de la tutela resulta improcedente porque dicho amparo se encuentra
gobernado por el principio de subsidiariedad, según el cual esta no tiene
cabida «Cuando existan otros recursos o medios de defensa […]»15. Es decir,
si los medios ordinarios pueden ser utilizados de manera eficaz, como
acontece en el sub lite, la acción instaurada no resulta pertinente.

En tales condiciones (la existencia de otro medio de defensa judicial), es
aplicable la preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, norma que guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución
Política, en virtud de los cuales la acción de tutela «[…] solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial […]»16.

A partir de los anteriores prolegómenos, esta Sala (i) negará el amparo
deprecado, en cuanto a la petición encaminada a que se expida la tarjeta
profesional definitiva del accionante, al no advertir vulneración
constitucional alguna, y respecto de la pretensión de reconocimiento de
personería dentro del trámite contravencional 40025, en razón a la carencia
actual de objeto; (ii) declarará improcedente la acción de tutela al no
satisfacer el presupuesto de subsidiariedad, en lo concerniente a que se inicie
investigación disciplinaria contra los funcionarios de la secretaría de
movilidad de Bogotá, quienes no le permitieron ejercer la representación
legal del presunto infractor en las referidas diligencias administrativas; y (iii)
exhortará al señor secretario de movilidad de Bogotá para que en lo sucesivo
a los abogados destinatarios de la Ley 1905 de 2018, quienes tienen la tarjeta
profesional de manera provisional, se les permita ejercer como apoderados de
las partes dentro de los asuntos contravencionales a su cargo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

15
Numeral 1 del artículo 6º del Decreto ley 2591 de 1991.
16
Artículo 86 de la Carta Política.
16

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05315-00
Actor: José Humberto Gómez Herrera

FALLA:

1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la
igualdad, dignidad humana, libertad de escoger profesión y oficio, trabajo,
debido proceso y mínimo vital invocados por el señor José Humberto Gómez
Herrera, en lo relacionado con su petición encaminada a la expedición de la
tarjeta profesional de abogado definitiva y al reconocimiento de personería
dentro del trámite contravencional 40025, en los términos indicados en la
motivación.

2º. Declárase improcedente la presente acción de tutela, en cuanto a que se
inicie investigación disciplinaria contra los funcionarios de la secretaría de
movilidad de Bogotá, quienes no le permitieron ejercer la representación legal
del presunto infractor dentro de las mencionadas diligencias
contravencionales, conforme a la parte motiva.

3º. Exhórtase al señor secretario de movilidad de Bogotá para que en lo
sucesivo a los abogados destinatarios de la Ley 1905 de 2018, quienes tienen
la tarjeta profesional de manera provisional, se les permita ejercer como
apoderados de las partes dentro de las acciones contravencionales, en
atención a las consideraciones planteadas en esta decisión.

3°. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

4º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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