Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05329-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Relevancia constitucional: no se cumple este requisito porque se pretende
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05329-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05329-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
3 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 110010315000202205329 00
Accionante: EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN
Accionado: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONVOCADO POR
PROMOVALLE Y PROMOCALI
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDOS ARBITRALES – Requisitos /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple este requisito porque se pretende
convertir la acción de tutela en una instancia adicional del recurso de anulación /
INMEDIATEZ – No se cumple porque la demanda de tutela se presentó por fuera del
término considerado como razonable por el Consejo de Estado.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la Empresa de Servicio de Aseo de Cali ESP – EMSIRVA ESP en
liquidación, de conformidad con el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
La empresa EMSIRVA ESP en liquidación, por conducto de apoderado judicial,
instauró demanda de tutela contra el Tribunal de Arbitramento convocado para
dirimir las diferencias entre Promovalle y Promocali contra EMSIRVA ESP en
liquidación (integrado por los árbitros Oscar Ibáñez Parra, María Teresa Palacio
Jaramillo y William Barrera Muñoz), por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia. La parte tutelante elevó las siguientes pretensiones (se trascribe de
manera literal, con posibles errores incluidos):
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Radicación número: 110010315000202205329 00
Accionante: EMSIRVA ESP en liquidación
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado por Promovalle y Promocali
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
PRIMERO: Se declare que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONVOCADO
POR PROMOVALLE Y PROMOCALI PARA DIRIMIR LAS DIFERENCIAS
CON EMSIRVA E.S.P. en Liquidación, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, de los
que es titular la sociedad EMSIRVA E.S.P. en Liquidación, al abstenerse
injustificadamente de apreciar los dictámenes periciales técnico y financiero
presentados por esa sociedad en el trámite del proceso arbitral que cursó bajo
el número de radicación 20190902/0756 y culminó con la expedición del laudo
de fecha 3 de agosto de 2021, incurriendo así en una vía de hecho por defecto
procedimental, originada en la no apreciación de una prueba en los términos
señalados en la legislación procesal.
SEGUNDO: Se declare que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
CONVOCADO POR PROMOVALLE Y PROMOCALI PARA DIRIMIR LAS
DIFERENCIAS CON EMSIRVA E.S.P. en Liquidación, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a
la igualdad, de los que es titular la sociedad EMSIRVA E.S.P. en Liquidación,
al abstenerse de considerar los dictámenes periciales técnico y financiero, y
las demás pruebas que demostraban el cumplimiento de obligaciones a cargo
de EMSIRVA, dentro del trámite del proceso arbitral que cursó ante ese
TRIBUNAL bajo el número de radicación 20190902/0756 y culminó con la
expedición del laudo de fecha 3 de agosto de 2021, incurriendo así en una vía
de hecho por defecto fáctico, originada en la no apreciación de pruebas
determinantes en el resultado del proceso.
TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se deje sin
efecto el laudo de fecha 3 de agosto de 2021 y se ordene al TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO CONVOCADO POR PROMOVALLE Y PROMOCALI PARA
DIRIMIR LAS DIFERENCIAS CON EMSIRVA E.S.P. en Liquidación, proferir
un nuevo laudo en el que se aprecien, tanto los dictámenes periciales
presentados por EMSIRVA, como las pruebas que acreditan el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la normatividad vigente y
con plena observancia del debido proceso.
2. Hechos relevantes
El 20 de agosto de 2008, EMSIRVA y EMAS CALI S.A. E.S.P., Ciudad Limpia
Bogotá S.A. E.S.P y Promovalle suscribieron los contratos Nos. 087, 088 y 089/08,
respectivamente, para “la operación y explotación del servicio de aseo en los
componentes de recolección de residuos sólidos, el barrido y la limpieza de vías y
áreas públicas, la gestión comercial y otras actividades en la Zonas No. 2, 3 y 4 de
la ciudad de Cali”.
Posteriormente, en enero del 2010, EMSIRVA y Promocali suscribieron el contrato
No. 005/10 para “la operación y explotación del servicio de aseo en los
componentes de recolección de residuos sólidos, el barrido y la limpieza de vías y
áreas públicas, la gestión comercial y otras actividades en la Zona No. 1 de la
ciudad de Cali”.
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Accionante: EMSIRVA ESP en liquidación
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado por Promovalle y Promocali
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
El 27 de mayo de 2015, Promovalle, Promocali y EMSIRVA suscribieron el otrosí
No. 09 y adición No. 02 al contrato No. 089/08; el otrosí No. 04 y adición No. 01, al
contrato No. 005/10, para modificar: i) “El ajuste del porcentaje de reconocimiento
de EMSIRVA (%R)” y ii) “La fórmula de ajuste del porcentaje de reconocimiento de
EMSIRVA (%R), para neutralizar el impacto del cambio tarifario que empezaría a
regir en 2016”.
El 2 de septiembre de 2019, Promovalle y Promocali solicitaron al Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali la
integración de un tribunal arbitral para dirimir las controversias con EMSIRVA,
“relativas a los contratos No. 089 del 20 de agosto de 2008 suscrito entre
PROMOVALLE S.A E.S.P. y EMSIRVA E.S.P., EN LIQUIDACIÓN y el No. 005 del
18 de enero de 2010, suscrito entre PROMOCALI S.A. E.S.P. y EMSIRVA E.S.P.,
EN LIQUIDACIÓN”.
El tribunal de arbitramento se conformó por los árbitros Oscar Yezid Ibáñez Parra,
William Barrera Muñoz y José Roberto Sáchica Méndez, quien renunció y fue
reemplazado por la doctora María Teresa Palacio Jaramillo.
Una vez adelantadas las etapas correspondientes, por medio de laudo de 3 de
agosto de 2021, se declaró el incumplimiento de EMSIRVA ESP y se le condenó a
“mantener el nivel de ingresos de diciembre de 2014 y al pago de las sumas
contenidas en el dictamen pericial de parte aportado por PROMOVALLE y
PROMOCALI, por concepto de ‘descuentos no establecidos contractualmente que
afecten ese nivel de ingresos como son los que se le vienen haciendo por
concepto de balance de disposición final, estación de transferencia y tratamiento
de lixiviados’. Adicionalmente se condenó a EMSIRVA a la fijación de un nuevo R”.
EMSIRVA EPS presentó recurso extraordinario de anulación contra el anterior
laudo, tras considerar que se configuró la causal prevista en el numeral 7 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, toda vez que el tribunal se abstuvo de apreciar
los dictámenes rendidos por Beatriz Polanía y Gab Consultores SAS; además, no
tuvo en cuenta las pruebas aportadas al proceso por EMSIRVA.
Mediante providencia del 1° de junio de 2022 -notificada el 24 de agosto del
mismo año-, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
infundado el mencionado recurso por estimar que la causal en la que se
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
fundamentó “sólo podía invocarse siempre que el árbitro decidiera el litigio ‘… bajo
su propia noción de justicia, sin tener en cuenta el marco jurídico’, lo que … no se
había producido en el caso sometido a su consideración”.
3. Fundamentos de la demanda
La entidad accionante señaló que el tribunal accionado incurrió en un defecto
fáctico porque no valoró los dictámenes allegados al proceso arbitral por EMSIRVA
ESP.
Explicó que el Tribunal de Arbitramento no tuvo en cuenta el dictamen financiero
elaborado por Gab Consultores SAS, que demostraba que no hubo reducción de
ingresos para Promovalle y Promocali.
Sostuvo que se incurrió en una irregularidad porque, aunque las demandantes no
probaron la reducción de los ingresos, se despachó favorablemente la pretensión
primera –relacionada con la disminución del nivel de ingresos que tenían las
demandantes a diciembre de 2014–, “sin valorar el dictamen aportado por
EMSIRVA que demostraba que la disminución de ingresos, presupuesto
indispensable para conceder la pretensión primera, nunca ocurrió”.
Dijo que en el laudo atacado se relacionó el dictamen pericial financiero, pero no
se hizo referencia a su contenido y tampoco se efectuó la valoración
correspondiente, en los términos del artículo 232 del C.G.P. Agregó que, de
haberse tenido en cuenta la referida prueba, la decisión del tribunal accionado
habría sido otra.
Aunado a lo anterior, indicó que tampoco se valoró el dictamen financiero
elaborado por Beatriz Polanía, presentado para controvertir el dictamen de
Promovalle y Promocali. Expuso (trascripción literal):
De la lectura del Laudo se concluye, sin necesidad de complejos análisis,
como lo demostró el apoderado de EMSIRVA en el trámite del recurso de
anulación, que EL TRIBUNAL se abstuvo de valorar el dictamen pericial de
parte presentado por EMSIRVA, incumpliendo así la obligación contenida en el
artículo 232 del C.G.P., antes transcrito.
Refirió que el Tribunal accionado acogió el dictamen presentado por las
demandantes “… sin apreciar ni considerar aquel aportado por mi representada,
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que demostraba los errores en que había incurrido el perito y que de haberse
valorado en la forma que lo establece la ley, el tribunal habría contado con
elementos de juicio suficientes para definir el litigio garantizando el derecho a la
igualdad”.
Puntualmente, se refirió a aspectos como: i) la “diferencia en la distancia al relleno
sanitario”, ii) “diferencia en kilómetros de barrido” y iii) “… elementos que son
fundamentales para el correcto cálculo del %R”. Concluyó que (trascripción literal
con posibles errores incluidos):
… EMSIRVA tenía derecho a conocer las razones por las cuales el TRIBUNAL
se apartaba del dictamen presentado por ella y acogía en forma íntegra el
contenido del dictamen presentado por las demandantes, no obstante existir
inconsistencias que ponían en duda los resultados allí presentados,
incumpliendo así con el deber de apreciación de la prueba pericial en los
términos del artículo 232 del C.G.P. que ordena apreciar el dictamen ‘…de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez,
claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad
del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que
obren en el proceso’.
Aclaró que, aunque el análisis juicioso de las pruebas no condujera a la
prosperidad de las excepciones propuestas por EMSIRVA, sí habría permitido
concluir que el dictamen presentado por las demandantes “adolecía de errores y
que éstos estaban demostrados con documentos aportados por EMSIRVA, con la
propia declaración del perito Villarreal y el interrogatorio de parte de la
representante legal de PROMOVALLE y PROMOCALI; y, especialmente, con el
dictamen de parte presentado por EMSIRVA”.
En ese sentido, señaló (trascripción literal con posibles errores incluidos):
Es imposible creer, o admitir en sana lógica, que frente a un ejercicio de
valoración que culmina con una suma de la magnitud de la que contiene el
dictamen (TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES,
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS ($32.170.232.649.oo) M/Cte.), el copioso material probatorio aportado
por EMSIRVA haya sido insuficiente para demostrar al menos un solo error,
que ameritara detraer un solo peso.
Resaltó que, la falta de valoración de los dictámenes allegados por EMSIRVA,
conllevó a que el tribunal accionado no se pronunciara frente a algunas
excepciones propuestas por dicha empresa, vulnerándole sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.
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Adujo que, para la Corte Constitucional, el análisis de la prueba en condiciones de
igualdad es garantía del derecho al debido proceso; adujo (trascripción literal con
posibles errores incluidos):
Ese análisis en condiciones de igualdad, Honorables Magistrados, brilló por su
ausencia en el trámite que culminó con la expedición del laudo del 3 de agosto
de 2021, generando así la vulneración del derecho al debido proceso, como
paso a demostrarlo.
Frente al dictamen financiero, como se explicó antes, EL TRIBUNAL omitió por
completo su estudio. De haberse considerado el dictamen, EL TRIBUNAL
habría debido reconocer que el supuesto fáctico de la pretensión, esto es, la
disminución en los ingresos, no se podía probar, sencillamente porque tal
disminución era inexistente.
Destaco nuevamente cómo este dictamen se menciona en el laudo sólo en el
aparte en que relaciona el decreto de la prueba. No existe ninguna mención
posterior ni análisis sobre su contenido y alcance.
Lo más grave es que EL TRIBUNAL da por probada la disminución de los
ingresos sin existir prueba de su ocurrencia y desconociendo en forma
absoluta e injustificada la prueba que demostraba que tal disminución no
había existido.
Y en lo que se refiere al dictamen técnico, al no estudiar el aportado por
EMSIRVA, EL TRIBUNAL privó a esa sociedad de la contradicción de la
prueba y la consecuente posibilidad de demostrar los errores en que había
incurrido el perito, tanto en aspectos técnicos, como en la inclusión de sumas
no debidas.
Al no realizar el examen de los dictámenes en condiciones de igualdad EL
TRIBUNAL privó a EMSIRVA de demostrar los errores en que había incurrido
el perito. Esta irregularidad cobra mayor relevancia al haber confesado la
representante legal de las demandantes la devolución de recursos por parte
de EMSIRVA, y al reconocer el perito no haber tenido en cuenta tales
devoluciones.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. La demanda se repartió en el despacho del consejero José Roberto Sáchica
Méndez, quien se declaró impedido para conocer de ella porque “integró el
Tribunal de Arbitramento convocado por Promovalle S.A. ESP y Promocali S.A.,
entre el 12 de febrero y el 28 de abril de 2020”.
4.2. Mediante auto del 28 de octubre de 2022, se declaró fundado el aludido
impedimento y, como consecuencia, se separó al doctor José Roberto Sáchica
Méndez del conocimiento de la tutela de la referencia.
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4.3. Por medio de proveído del 3 de noviembre de 2022, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar a los árbitros María Teresa Palacio Jaramillo, William
Barrera Muñoz y Óscar Yezid Ibáñez Parra –integrantes del Tribunal de
Arbitramento constituido para dirimir las controversias suscitadas entre Promovalle
S.A. E.S.P., Promocali S.A. E.S.P. y Emsirva E.S.P. en liquidación–; también se
vinculó, como terceros con interés, a las sociedades Promovalle S.A. ESP y
Promocali S.A. ESP.
4.4. Posteriormente, se encontró que el auto admisorio de la demanda de tutela no
se notificó a quienes dictaron el laudo arbitral cuestionado, por lo que se requirió a
la Cámara de Comercio de Santiago de Cali que indicara la dirección electrónica
de los árbitros Oscar Yezid Ibáñez Parra, María Teresa Palacio Jaramillo y William
Barrera Muñoz, requerimiento que fue atendido el 30 de noviembre de 2022.
4.5. Mediante providencia de la misma fecha -30 de noviembre de 2022-, se
ordenó a la secretaría general que realizara la notificación del auto admisorio de la
demanda de tutela a quienes fungieron como árbitros, no obstante, guardaron
silencio.
4.6. Promocali S.A. E.S.P. y Promovalle S.A. E.S.P., por conducto de apoderado
judicial, se opusieron a la solicitud de amparo.
Sostuvieron que la acción de tutela es improcedente, porque no se cumplen los
requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad, toda vez que “el
recurso de anulación que fue interpuesto ya resolvió exactamente los mismos
cuestionamientos planteados por el accionante”. Dijo que debía tenerse en cuenta
que (trascripción literal):
… en los casos en que los defectos que se planteen a través de una acción de
tutela coincidan con las causales invocadas en el recurso de anulación, es
necesario tener en cuenta que los requisitos especiales hacen referencia a
aspectos procedimentales que pudieron haber objeto de control por parte del
juez al resolver el recurso, y que además, en el trámite de arbitramento se
concede un margen de autonomía al tribunal en aspectos relevantes como la
asignación de algunos términos procesales, o por ejemplo, el margen para
determinar el alcance de su propia competencia.
Precisaron que no se configuró la falta de valoración probatoria alegada, dado que
los tres dictámenes presentados por las partes del proceso arbitral fueron
valorados por el tribunal accionado de acuerdo con las reglas de la sana crítica y
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que “el hecho que los árbitros no hubieran considerado probada la inexistencia de
la deuda a partir de los dictámenes presentados por EMSIRVA” no conlleva la
vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, porque “la determinación del contenido y
certeza de las pruebas hace parte del ámbito de la valoración probatoria, que
corresponde al árbitro en el ejercicio de su función judicial”.
Sostuvo que (trascripción literal):
Los árbitros se refirieron en múltiples ocasiones a los dictámenes periciales de
Beatriz Polanía de B&P SERVICIOS SAS y Giovanni Arrieta Bernate de GAB
CONSULTORES SAS; señalaron que dichas pruebas técnicas no se
corresponden con el contenido del contrato y por lo tanto sus conclusiones
son equivocadas. De manera que, estas pruebas si fueron analizadas por los
juzgadores, no obstante, valoradas en relación con los demás elementos de
prueba que componen el expediente del proceso, no tenían la veracidad
suficiente para acreditar los hechos que con ella se pretendían probar.
Dijo que lo anterior fue evidenciado por la Sección Tercera del Consejo de Estado
al conocer el recurso de anulación, pues concluyó que el Tribunal de Arbitramento
“definió el incumplimiento de la convocada respecto a la aplicación de los
descuentos por concepto de costo de disposición final, estación de transferencia y
tratamiento de lixiviados y el cálculo de la fórmula de reajuste de precio de los
contratos, con fundamento en la ley y en las pruebas practicadas en el proceso”.
Precisó que los dictámenes no fueron el único elemento de prueba valorado por el
tribunal accionado, sino que también se tuvieron en cuenta 5 testimonios, 8
carpetas de pruebas documentales, el informe del liquidador de EMSIRVA, el
interrogatorio de parte del representante legal de Promocali y Promovalle y dos
informes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos. Por ende, afirmó que no se incurrió
en el defecto fáctico alegado.
Reiteró que no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, dado que
lo que se pretende es que “se reabra el debate de fondo porque los árbitros no les
dieron determinado valor probatorio a un peritaje”, lo que desconoce la naturaleza
de la acción de tutela como recurso excepcional para la protección de derechos
fundamentales. Agregó que tampoco se cumple con este requisito porque la
acción constitucional tiene objetos netamente económicos.
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Adujo que (trascripción literal con posibles errores incluidos):
… los argumentos que fundamentan la presente acción de amparo son los
mismos que en su oportunidad se elevaron ante el juez de la anulación,
incluso se transcriben de manera literal en las páginas 21 a 23 y 27 a 31 para
fundamentar las violaciones a los derechos al debido proceso y a la igualdad.
Todos estos razonamientos, ya fueron estudiados de manera completa por el
juez de la anulación mediante sentencia de 1 de junio de 2022, no obstante al
haber sido rechazados, el accionante pretende utilizarlos una vez más para
solicitar la reapertura del debate de fondo.
Resaltó que el tribunal no incurrió en los defectos atribuidos porque no dejó de
valorar una prueba, pues en ellas se sustentaron sus afirmaciones.
Sostuvo que “las diferencias en la apreciación de las pruebas, como lo son las
presentadas por el accionante, no constituyen defecto fáctico pues, si ante un
evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos,
diversas pero razonables, le corresponde solo a él, en este caso a los árbitros,
determinar la más satisfactoria para el caso”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. La acción de tutela contra providencias judiciales. La Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de 31 de julio de 2012,
unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales1.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente
a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.
1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son3:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.
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• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados
por el interesado4.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
2. La acción de tutela contra laudos arbitrales. En relación con la procedencia de la
acción de tutela contra laudos arbitrales5, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido la equivalencia material que existe entre los laudos arbitrales y las
sentencias judiciales stricto sensu, por cuanto ambas categorías aluden a decisiones
eminentemente jurisdiccionales, que ponen fin a una controversia a partir de la
valoración de las pruebas allegadas al proceso, con fundamento en los mandatos
constitucionales y legales6.
Así mismo, al laudo arbitral se le reconoce como equivalente de la sentencia
judicial, en consideración a que “los árbitros son investidos de manera transitoria
de la función pública de administrar justicia, la cual además legalmente ha sido
calificada como un servicio público, por tal razón no cabe duda que en sus
actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales arbitrales están
vinculados por los derechos fundamentales, y que la tutela es procedente cuando
estos sean vulnerados o amenazados con ocasión de un proceso arbitral”7.
En lo que respecta a las acciones de tutela con las que se controvierten
decisiones jurisdiccionales, la citada equivalencia no se presenta de forma exacta,
pues cuando dicha acción se interpone en contra de un laudo arbitral, el examen
de los requisitos de procedibilidad de la solicitud demanda un juicio aún más
estricto que aquel que se realiza cuando se cuestiona una sentencia judicial, dado
que así lo impone el principio de voluntariedad8 que fundamenta el proceso
arbitral.
Al respecto, en la sentencia SU-174 del 14 de marzo de 2007, la Corte
Constitucional precisó que, además del cumplimiento de los requisitos generales y
especiales establecidos frente a las providencias judiciales –antes descritos–, el
estudio sobre la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales tiene
5
Se reiteran en este punto las consideraciones expuestas por esta Subsección, en fallo de 19 de
septiembre de 2019, exp. 11001031500020190305900(AC), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
6
Corte Constitucional, sentencia C-242 del 20 de mayo de 1997.
7
Corte Constitucional, sentencia T-244 de 30 de marzo de 2007.
8
“...o libre habilitación. El artículo 116 de la Constitución Política define el arbitramento con
base en el acuerdo de las partes, que proporciona su punto de partida y la habilitación para
que los árbitros puedan impartir justicia en relación con un litigio concreto. En tal medida, la
autoridad de los árbitros se funda en la existencia de un acuerdo de voluntades previo y
libre entre las partes enfrentadas, en el sentido de sustraer la resolución de sus disputas del
sistema estatal de administración de justicia y atribuirla a particulares. En otras palabras, el
sustento de la justicia arbitral es el reconocimiento constitucional expreso de la decisión libre y
voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de administración de justicia
sino al arbitraje para la decisión de sus disputas” (Corte Constitucional, sentencia C-170 de 2014).
12
Radicación número: 110010315000202205329 00
Accionante: EMSIRVA ESP en liquidación
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado por Promovalle y Promocali
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
cuatro elementos característicos que resaltan su carácter excepcionalísimo en
este ámbito, a saber (se trascribe de manera literal):
(1) un respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha
de ser invadido por el juez de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el
fondo del asunto sometido a arbitramento;
(2) la procedencia excepcional de la acción de tutela exige que se haya
configurado, en la decisión que se ataca, una vulneración directa de
derechos fundamentales;
(3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de las vías de hecho a
los laudos arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por los
elementos propios de la naturaleza del arbitraje, lo cual implica que su
procedencia se circunscribe a hipótesis de vulneración directa de derechos
fundamentales; y
(4) el carácter subsidiario de la acción de tutela se manifiesta con especial
claridad en estos casos, ya que sólo procede cuando se ha hecho uso de
los recursos provistos por el ordenamiento jurídico para controlar los
laudos, y a pesar de ello persiste la vía mediante la cual se configura la
vulneración de un derecho fundamental. En materia de contratos
administrativos sobresale el recurso de anulación contra el laudo.
Del mismo modo, el estudio sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad
le exige al juez constitucional realizar un análisis detallado acerca de la efectividad
del recurso que existe para controvertir un laudo arbitral –recurso extraordinario de
anulación–, por cuanto, a partir de la forma en que fue previsto en la Ley 1563 de
2012, este mecanismo es de carácter extraordinario, las causales para su
procedencia son taxativas, de alcance restringido, están dirigidas a atacar
aspectos procesales de la providencia y la autoridad judicial encargada de
resolverlo no actúa en calidad de juez de segunda instancia del tribunal de
arbitramento, pues solo se pronuncia sobre los errores in procedendo del laudo.
3. Caso concreto. En el presente caso, se cuestiona el laudo arbitral del 3 de
agosto de 20219, mediante el cual se declaró el incumplimiento de EMSIRVA ESP
9
En el que se dispuso:
PRIMERO. - Declarar que la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA
E.S.P., EN LIQUIDACIÓN, incumplió el Contrato No. 089 de 2008, en especial lo previsto en el parágrafo
primero de la Cláusula Tercera del Otrosí No. 09 y Adición No. 02 al citado contrato, celebrado con
PROMOVALLE S.A. E.S.P., por las razones y con el alcance expuesto en la parte motiva de esta
providencia. Prospera la primera pretensión.
SEGUNDO.- Ordenar a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA
E.S.P., EN LIQUIDACIÓN, en el término de ejecutoria del presente Laudo, a dar aplicación a lo pactado
en el parágrafo primero de la Cláusula Tercera del Otrosí No. 09 y Adición No. 02 al Contrato No. 089 de
2008; a mantener a PROMOVALLE S.A. E.S.P. los ingresos de diciembre de 2014 y, por tanto, no se le
efectúen descuentos no establecidos contractualmente que afecten ese nivel de ingresos como son los
que se le vienen haciendo por concepto de balance de disposición final, estación de transferencia y
tratamiento de lixiviados. Prospera la segunda pretensión.
TERCERO. - Ordenar a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA
E.S.P., EN LIQUIDACIÓN en el término de ejecutoria del presente Laudo, a instruir a SICO (Unión
Temporal SICO) para que se abstenga de seguir efectuando descuentos a PROMOVALLE S.A. E.S.P. por
el tiempo que resta de ejecución del Contrato No. 089 de 2008 de conformidad con la pretensión segunda
de la demanda principal reformada.
13
Radicación número: 110010315000202205329 00
Accionante: EMSIRVA ESP en liquidación
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado por Promovalle y Promocali
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
CUARTO.- Como consecuencia de las declaraciones que anteceden, condenar a la EMPRESA DE
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN a pagar a
PROMOVALLE S.A E.S.P., la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($6.694.853.114,oo), en razón
de haber ordenado después de la suscripción del Otrosí No. 09 y Adición No. 02 al Contrato No. 089 de
2008, el descuento de dineros propios de PROMOVALLE S.A. E.S.P por concepto de balance de
disposición final, estación de transferencia y tratamiento de lixiviados, suma que ya incluye la
correspondiente actualización. Prospera la pretensión primera subsidiaria de la tercera. QUINTO. - Declarar que la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA
E.S.P., EN LIQUIDACIÓN, incumplió el Contrato No. 005 de 2010, Otrosí No. 04 y Adición No. 01 al citado
contrato, celebrado con PROMOCALI S.A. E.S.P., por las razones y con el alcance expuesto en la parte
motiva de esta providencia. Prospera la cuarta pretensión. SEXTO.- Que como consecuencia de lo anterior, ordenar a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE
ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA E.S.P., EN LIQUIDACIÓN, en el término de ejecutoria del presente
Laudo, a dar aplicación a lo pactado en el parágrafo primero de la Cláusula Tercera del Otrosí No. 04 y
Adición No. 01 al Contrato No. 005 de 2010; y, por tanto, no se le efectúen descuentos no establecidos
contractualmente que afecten ese nivel de ingresos como son los que se le vienen haciendo por concepto
de balance de disposición final, estación de transferencia y tratamiento de lixiviados. Prospera la quinta
pretensión. SÉPTIMO.- Ordenar a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA
E.S.P., EN LIQUIDACIÓN en el término de ejecutoria del presente Laudo, a instruir al SICO (Unión
Temporal SICO) para que se abstenga de seguir efectuando descuentos a PROMOCALI S.A. E.S.P. por
el tiempo que resta de ejecución del Contrato No. 005 de 2010, de conformidad con la pretensión quinta
de la demanda principal reformada. OCTAVO.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la EMPRESA DE SERVICIO
PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN pagar a PROMOCALI S.A
E.S.P., la suma de TRES MIL VEINTITRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ
PESOS ($3.023.036.610) en razón de haber ordenado después de la suscripción del Otrosí No. 04 y
Adición No. 01 al Contrato No. 005 de 2010, el descuento de dineros propios de PROMOCALI S.A. E.S.P,
por concepto de balance de disposición final, estación de transferencia y tratamiento de lixiviados, suma
que ya incluye la correspondiente actualización. Prospera la pretensión primera subsidiaria de la sexta. NOVENO. - Declarar que la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA
E.S.P., EN LIQUIDACIÓN, incumplió el Contrato No. 005 de 2010, en especial el parágrafo primero de la
Cláusula Tercera del Otrosí No. 04 y Adición No. 01 al citado contrato, celebrado con PROMOCALI S.A. E.S.P., por las razones y con el alcance expuesto en la parte motiva de esta providencia. Prospera la
séptima pretensión. DÉCIMO.- Ordenar a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA
E.S.P., EN LIQUIDACIÓN dar aplicación a lo pactado en el parágrafo primero de la Cláusula Tercera del
Otrosí No. 04 y Adición No. 01 al Contrato No. 005 de 2010, en el sentido mantener a PROMOCALI S.A. E.S.P. los ingresos de diciembre de 2014 y, en consecuencia, se defina el %R, teniendo en cuenta y
siguiendo la metodología y condiciones previstas en el referido Otrosí, por las razones y con el alcance
expuesto en la parte motiva de esta providencia. Prospera la octava pretensión. UNDÉCIMO. - Declarar que la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. -
EMSIRVA E.S.P., EN LIQUIDACIÓN, incumplió el Contrato No. 089 de 2008, en especial el parágrafo
primero de la Cláusula Tercera del Otrosí No. 09 y Adición No.
02 al citado contrato, celebrado con
PROMOVALLE S.A E.S.P., por las razones y con el alcance expuesto en la parte motiva de esta
providencia. Prospera la décima pretensión. DUODÉCIMO.- Ordenar a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA
E.S.P., EN LIQUIDACIÓN a dar aplicación a lo pactado en el parágrafo primero de la Cláusula Tercera del
Otrosí No. 09 y Adición No. 02 al Contrato No. 089 de 2008, en el sentido de mantener a PROMOVALLE
S.A E.S.P. los ingresos de diciembre de 2014 y, en consecuencia, se defina el %R respecto de
PROMOVALLE S.A E.S.P., por las razones y con el alcance expuesto en la parte motiva de esta
providencia. Prospera la décima pretensión. DÉCIMO TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, condenar a la EMPRESA DE SERVICIO
PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA E.S.P., EN LIQUIDACIÓN a pagar a PROMOCALI S.A. E.S.P., la suma de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($17.406.922.551), por concepto de lo que le adeuda por la
errónea aplicación del %R durante lo que lleva corrido de ejecución según lo pactado en el parágrafo
primero de la Cláusula Tercera del Otrosí No. 04 y Adición No. 01 al Contrato No. 005 de 2010, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído. De igual forma, como consecuencia de lo anterior, condenar a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE
ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA E.S.P., EN LIQUIDACIÓN a reconocer a PROMOCALI S.A. E.S.P.,
desde mayo de 2020 y hasta cuando se aplique correctamente el %R, las sumas que le adeude a
PROMOCALI S.A. E.S.P., de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. Prospera la segunda pretensión subsidiaria de la novena. DÉCIMO CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior, condenar a la EMPRESA DE SERVICIO
PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA E.S.P., ENLIQUIDACIÓN a pagar a PROMOVALLE S.A
E.S.P., la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO
MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($5.980.928.829), por concepto de lo que le adeuda por la
errónea aplicación del %R durante lo que lleva corrido de ejecución según lo pactado en el parágrafo
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y se le condenó a “mantener el nivel de ingresos de diciembre de 2014 y al pago
de las sumas contenidas en el dictamen pericial de parte aportado por
PROMOVALLE y PROMOCALI, por concepto de ‘descuentos no establecidos
contractualmente que afecten ese nivel de ingresos como son los que se le vienen
haciendo por concepto de balance de disposición final, estación de transferencia y
tratamiento de lixiviados’. Adicionalmente se condenó a EMSIRVA a la fijación de un
nuevo R”.
Ahora bien, al verificar el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de
tutela contra providencia judicial, la Sala advierte que en este caso no se cumple
el requisito de la relevancia constitucional respecto del laudo arbitral que se
censura, bajo el entendido de que tanto en la actuación constitucional como en el
recurso extraordinario de anulación formulado se plantearon los mismos motivos
de inconformidad.
En efecto, se tiene que la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia alegada por
EMSIRVA se sustentó en la supuesta falta de valoración de los dictámenes que se
primero de la Cláusula Tercera del Otrosí No. 09 y Adición No. 02 al Contrato No. 089 de 2008 de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.
De igual forma, como consecuencia de lo anterior, condenar a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE
ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA E.S.P., EN LIQUIDACIÓN a pagar a PROMOVALLE S.A E.S. P desde
mayo de 2020 y hasta cuando se aplique correctamente el %R, las sumas que le adeude a
PROMOVALLE S.A. E.S.P, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. Prospera la segunda pretensión subsidiaria de la duodécima.
DÉCIMO QUINTO. - Negar las pretensiones TERCERA, SEXTA, NOVENA con su primera subsidiaria,
DUODECIMA junto con su primera subsidiaria, de conformidad con las razones y los fundamentos
expuestos en la parte motiva del presente Laudo.
DÉCIMO SEXTO. - Declarar procedente la excepción titulada LAS PARTES NO DEBIAN CELEBRAR
NUEVOS OTROSIES PARA EJECUTAR LO PACTADO EN EL OTROSI No. 04 Y ADICION No. 01 AL
CONTRATO No. 005/2010 Y EN EL OTROSI No. 09 y ADICION No. 02 AL CONTRATO No. 089/08.
DÉCIMO SÉPTIMO. - Denegar la excepción de caducidad y prescripción y las demás excepciones de
mérito formuladas por la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA
E.S.P., EN LIQUIDACIÓN, por las razones expuestas.
DÉCIMO OCTAVO. - Ordenar a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. -
EMSIRVA E.S.P., EN LIQUIDACIÓN, dar cumplimiento al presente laudo de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
–C.P.A.C.A.
DÉCIMO NOVENO - Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, que no hay
lugar a imponer en este trámite arbitral las sanciones previstas en el artículo 206 del Código General del
Proceso.
VIGÉSIMO.- De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, condenar en
costas a la EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CALI E.S.P. - EMSIRVA E.S.P., EN
LIQUIDACIÓN a pagar, a favor de las sociedades PROMOVALLE S.A E.S.P. y PROMOCALI S.A E.S.P.,
por la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVENCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($2.756.988.938).
VIGÉSIMO PRIMERO.- Declarar causado el cincuenta por ciento (50%) restante de los honorarios
establecidos y el IVA correspondiente de los árbitros y la secretaria por lo que se ordena realizar el pago
del saldo en poder del Presidente del Tribunal, quien procederá́ a rendir cuentas de las sumas puestas a
su disposición para los gastos de funcionamiento del Tribunal, y a devolver el remanente a las Partes
Convocante y Convocada, quien entregara a los Árbitros y la Secretaria los certificados de las retenciones
realizadas individualmente a nombre de cada uno de ellos, en relación con el 50% de sus honorarios.
VIGÉSIMO SEGUNDO. -Ordenar el pago de la contribución arbitral a cargo de los árbitros y la secretaria,
para lo cual, el presidente hará las deducciones y librara las comunicaciones respectivas (…)
15
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allegaron al proceso arbitral y que, a su vez, conllevó a que el tribunal accionado
no se pronunciara frente a algunas excepciones propuestas por dicha empresa.
Por su parte, el recurso extraordinario de anulación se sustentó en la causal de
anulación prevista en el numeral 7ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 (fallo en
conciencia o equidad), la que se habría configurado porque el tribunal arbitral “(i)
no resolvió todas las excepciones frente a los descuentos realizados por la entidad
y al cálculo de la cláusula de reajuste de precio; (ii) no valoró todas las pruebas y
(iii) condenó a una suma desproporcionada por agencias en derecho”10.
En ese contexto, resulta evidente que la empresa tutelante trae ante el juez de
tutela los mismos argumentos que le planteó y que resolvió el juez contencioso
administrativo –que es el primer encargado de salvaguardar los derechos
fundamentales al conocer el recurso de anulación–, tal y como se hizo mediante
providencia del 1º de junio de 2022, en la que la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado sostuvo:
5. Los fallos en equidad se presentan cuando el juez o el árbitro inaplica la ley
al caso concreto, porque la considera inicua o conduce a una inequidad. En
ninguna de tales hipótesis el juzgador puede prescindir de la motivación o de
las pruebas, pues en tal evento ya no sería en equidad sino en conciencia y
las decisiones de esta naturaleza están proscritas de nuestro ordenamiento
jurídico. En el fallo en conciencia el árbitro decide el litigio bajo su propia
noción de justicia, sin tener en cuenta el marco jurídico. Cuando lo hace en
equidad, al árbitro tiene claras las reglas de ley, pero se aparta de ellas porque
producen un resultado que estima injusto para ese caso particular. El fallo será
en derecho si el árbitro decide con sustento en las reglas jurídicas, acude en
apoyo a principios generales del derecho y valora el acervo probatorio.
6. La Sala observa que el Tribunal Arbitral adoptó su decisión luego de un
análisis en derecho que implicó: i) interpretar las cláusulas que establecieron
la posibilidad de realizar descuentos y de reajustar el precio de los contratos
No. 089 de 2008 y No. 005 de 2010, ii) la conducta de las partes conforme a
las pruebas allegadas al proceso y iii) su consonancia con las estipulaciones
de esos contratos. El Tribunal Arbitral definió el incumplimiento de la
convocada respecto a la aplicación de los descuentos por concepto de costos
de disposición final, estación de transferencia y tratamiento de lixiviados y el
cálculo de la fórmula de reajuste de precio de los contratos, con fundamento
en la ley y en las pruebas practicadas en el proceso.
Como el Tribunal Arbitral, al acoger los argumentos de los convocantes,
soportó la decisión en el conjunto de normas sustanciales y procesales que
consideró aplicables a la controversia y desestimó las excepciones esgrimidas
por la convocada expresamente en la providencia (f.114 y 139 del laudo
arbitral, índice 2 SAMAI), no se configuró la causal de fallo en equidad o
conciencia.
10
Extractado de la providencia del 1º de junio de 2022, mediante la cual se resolvió el recurso de
anulación.
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7. El recurrente alegó fallo en conciencia porque no se desestimaron algunas
de las excepciones que propuso.
La causal de anulación que se ocupa del postulado de la congruencia está
contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 (art. 281
CGP). El laudo debe estar en estrecha identidad y resultar armónico con las
pretensiones formuladas en la demanda, los hechos puestos en conocimiento
por las partes y las excepciones que hubieren sido alegadas o resulten
probadas.
La incongruencia se configura en los siguientes casos: (i) cuando la sentencia
se decide o concede más allá de lo pedido [ultra petita]; (ii) cuando el fallo
recae o decide sobre puntos no sometidos al litigio [extra petita] o (iii) cuando
deja de pronunciarse sobre cuestiones sujetas al proceso [citra petita].
La causal de fallo en conciencia no se configura por violación al deber del juez
o arbitro de respetar la congruencia en la decisión. Al efecto, el legislador
previó una causal específica contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012. Por ello, no prospera el recurso, por este motivo.
8. En cuanto a las pruebas que el recurrente dice que fueron ignoradas y que
soportaban sus excepciones, estos argumentos se dirigen a cuestionar la
valoración probatoria que hizo el Tribunal de Arbitramento frente al
incumplimiento de la demanda al aplicar los descuentos y calcular la fórmula
de reajuste de precios de forma errónea. Se pretende, pues, reabrir el debate
jurídico sustancial y probatorio del trámite arbitral, que no compete al juez de
la anulación. La Sala reitera que no se configura fallo en equidad o en
conciencia cuando en el laudo no se haga referencia a determinada prueba,
pues solo constituye una decisión de esta naturaleza aquella en la cual el
Tribunal Arbitral omite en su integridad las pruebas recaudadas para, en su
lugar, acudir a la íntima convicción de sus integrantes para definir los hechos
probados (…).
Así las cosas, la Sala concluye que no se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional. Al respecto, esta Subsección ha sostenido:
3. Anotación sobre el requisito de relevancia constitucional
Es importante observar que el argumento de vulneración del debido proceso
no puede emplearse como mecanismo para corregir la valoración de la ley o
de las pruebas a través de la tutela, toda vez que, en tal caso, la acción sería
improcedente por falta de relevancia constitucional.
La sentencia T- 354 del 6 de agosto de 2019 -ya citada- expuso el alcance de
este requisito así:
2.2.1. Relevancia constitucional
El impacto de las reglas adicionales de procedencia incluidas en los numerales
1 y 2 de la Sentencia SU-174 de 2007 frente a la relevancia constitucional,
deriva en que al juez de tutela le ‘corresponde verificar si la pretensión en sede
de tutela hace referencia a una violación directa de un derecho fundamental, o
por el contrario está orientada a revivir una instancia o a plantear asuntos que
merecen un estudio de fondo’. Es decir, debe demostrarse de manera
inequívoca y mediante una carga argumentativa sólida la
vulneración ius fundamental que haga inminente la intervención del juez
constitucional.
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Sobre la relevancia constitucional, también es importante traer a colación la
sentencia T-422 de 2018 de la Corte Constitucional, referida a un caso de
tutela contra sentencias:
Por otra parte, el requisito de la relevancia constitucional busca evitar que,
por medio de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
discutan asuntos legales que, por definición, no le compete resolver al
juez de tutela, cuya competencia se limita a aquellos casos en que existan
afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. En otras
palabras, este requisito garantiza que la tutela en contra de decisiones
judiciales no se convierta en un escenario para controvertir y ‘discutir asuntos
de mera legalidad’11. La Corte ha sostenido al unísono que ‘la definición de
asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación
directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un
interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción
constitucional’12.
Igualmente, el requisito de relevancia constitucional tiene como objetivo
evitar que este mecanismo se convierta en una instancia o en un recurso
judicial adicional. En este sentido, la Corte ha exigido que ‘teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental’13. Solo así, la intervención
del juez de tutela, por definición excepcional, no se convierte en una
instancia más dentro de los procesos ordinarios14 (se destaca).
Este aspecto resulta de interés en el presente caso, en relación con muchos
de los argumentos por defecto fáctico que expusieron los accionantes, en los
cuales controvirtieron las deducciones o restas realizadas por el Tribunal de
Arbitramento, las apreciaciones del dictamen y de las pruebas que, en
principio, se han apreciado como materia del recurso de anulación, puesto que
eventualmente serían susceptibles de la causal por fallo en conciencia.
Si la interpretación de los argumentos de los tutelantes concluye que
hubo violación de la ley en la valoración de las pruebas, se llegaría a la
improcedencia de la tutela por falta de relevancia constitucional, dado
que la carga argumentativa no sería idónea para activar el estudio de
fondo, puesto que el proceso arbitral es de única instancia y así lo han
acogido las partes cuando se someten a esa jurisdicción, de manera que
la tutela no es un medio para cambiar la intangibilidad del laudo, con
base en una interpretación diferente de la ley o de las pruebas que
analizó razonadamente el Tribunal15 (se destaca).
En línea con lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
señaló:
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por no cumplirse con el requisito de
relevancia constitucional por las razones que procederán a exponerse:
11
Original de la cita: “Sentencias T-173 de 1993 y T-102 de 2006”.
12
Original de la cita: “Sentencia T-335 de 2000”.
13
Original de la cita: “Sentencia T- 102 de 2006”.
14
Original de la cita: “Sentencia T–422 de 2018”.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 19 de junio de 2020, radicación número: 110010315000201905083 01 PRINCIPAL –
PROCESOS ACUMULADOS: 1100010315000201905247-00; 1100010315000201905253-00;
1100010315000201905341-00; y 110010315000202000211-00.
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Radicación número: 110010315000202205329 00
Accionante: EMSIRVA ESP en liquidación
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado por Promovalle y Promocali
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
1) Para la Sala resulta claro que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela son similares a los planteados en el
recurso extraordinario de anulación promovido contra el laudo arbitral del 28
de agosto de 2020 y se dirigen de manera exclusiva a que se declare que el
tribunal desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado al
reconocer una mayor permanencia de obra del contratista sin el cumplimiento
de la totalidad de los requisitos exigidos por el órgano de cierre de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, especialmente el de la manifestación
expresa de las salvedades por parte del contratista en las prórrogas o
contratos adicionales.
2) En el recurso extraordinario de anulación el Instituto de Desarrollo
Urbano -IDU de manera expresa señaló lo siguiente:
3) Así pues, esta instancia denota que el argumento relacionado con el
desconocimiento del precedente jurisprudencial referente a los presupuestos
para restablecer el equilibrio contractual por mayor permanencia del
contratista en la obra fue debidamente analizado y resuelto en la providencia
del 9 de abril de 2021 que declaró infundado el recurso extraordinario de
anulación contra el laudo arbitral del 28 de agosto de 2020, en la cual se
dispuso que el Tribunal de Arbitramento expuso en forma expresa, amplia y
razonable su discrepancia con la postura jurisprudencial fijada por el Consejo
de Estado sobre la conveniencia de que los contratistas expresaran, en las
actas de modificación o prórroga de los contratos, salvedades y reservas
sobre reconocimientos económicos relativos al equilibrio económico
contractual, sin que ello condujera a un laudo en conciencia.
4) En efecto en esa decisión se dispuso que en el sistema del derecho
administrativo colombiano el precedente del Consejo de Estado como órgano
de cierre es de obligatoriedad relativa, porque si bien los jueces deben
considerarlo también están facultados para apartarse del mismo razonando
adecuadamente los motivos de su discrepancia, tal como lo hizo el Tribunal de
Arbitramento. Al respecto en dicha providencia se indicó: (…)
5) Ahora bien, para sustentar la vulneración de los derechos invocados
en el mecanismo constitucional la parte accionante expuso similares
planteamientos a los que fueron analizados en el trámite del recurso
extraordinario de anulación dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión
tendiente a que se declarara que el tribunal arbitral se apartó del precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado y se abstuvo de considerar el proceder
del consorcio convocante al no reclamar oportunamente lo relativo a la mayor
permanencia en la obra. En el escrito de tutela indicó:
6) En esa medida, si bien la parte accionante pretende darle el cariz de
vicio o defecto a dicha situación es evidente que los fundamentos que
soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los
argumentos que fueron planteados en el recurso extraordinario de anulación y
resueltos en la providencia del 9 de abril de 2021 y se dirigen de manera
exclusiva a que se declare que el Tribunal de Arbitramento incurrió en un claro
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado al reconocer una
mayor permanencia de obra sin el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos, particularmente que el contratista al momento de celebrar la
prórroga o el adicional del contrato haya dejado los reclamos
correspondientes.
7) Así mismo, para la Sala resulta claro que, de manera expresa, el panel
arbitral en el laudo objeto de tutela indicó las razones por las cuales se
apartaba de la jurisprudencia del Consejo de Estado referente a que una vez
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Radicación número: 110010315000202205329 00
Accionante: EMSIRVA ESP en liquidación
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado por Promovalle y Promocali
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
celebrados los acuerdos modificatorios del contrato sin manifestación de
reparo alguno de las partes no les era posible a estas solicitar con
posterioridad nuevos reconocimientos económicos, pues consideró que en ella
indebidamente se le ‘otorgaba al silencio de una de las partes la virtualidad de
modificar el término de caducidad que, por virtud de la ley, extingue la acción
judicial de reclamación contractual’.
8) De igual manera, como lo indicó expresamente en su decisión la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación lo cierto es que el
panel arbitral en el laudo consideró que la extinción del derecho a una
eventual reclamación requería necesariamente de una manifestación
inequívoca de la voluntad de renuncia, y si bien podía entenderse que el
criterio alusivo a la necesidad de salvedades expresas se orientaba a proteger
el principio de la buena fe objetiva, lo cierto era que ese valor solo se ponía en
riesgo al desconocerse lo pactado en la liquidación bilateral correspondiente,
pero no podía invocarse para presumir, en las actas del negocio jurídico, que
el contratista renunciaba a posteriores reclamaciones por el solo hecho de no
formular en ellas “una solicitud, reclamación o salvedad fundada en la
alteración del equilibrio económico”.
9) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción
de la referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la
demanda es reabrir un debate jurídico procesal que fue resuelto en el trámite
del recurso extraordinario de anulación y al juez constitucional le está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
10) En ese orden de ideas, esta Sala declarará improcedente la acción de
tutela en atención a que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional16.
Sin perjuicio de lo anterior, la Subsección precisa que, en el evento de que se
estimara que el fundamento de la causal invocada en sede de anulación no
guarda identidad con el sustento de los defectos atribuidos al Tribunal de
Arbitramento accionado –indebida valoración de los dictámenes allegados al
proceso arbitral–, se configura otra causal de improcedencia de la acción de tutela,
en este caso, la inmediatez, pues en ese sentido, se debió presentar la demanda
de tutela dentro del término considerado como razonable por la Corporación -6
meses contados a partir de la notificación de la decisión cuestionada-, sin que
fuera necesario agotar y decidir el recurso extraordinario de anulación.
En ese contexto, la Sala estima que en el presente asunto no se cumplió con el
requisito de la inmediatez, toda vez que el laudo arbitral del 3 de agosto de 2021
se notificó en la misma fecha -según la afirmación del ahora tutelante en el recurso
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 23 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2021-06077-00(AC), C.P.:
Fredy Ibarra Martínez.
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Accionante: EMSIRVA ESP en liquidación
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado por Promovalle y Promocali
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
de anulación17- y la demanda de tutela se radicó el 5 de octubre de 202218, esto
es, trascurrido más de un año desde que se advirtió la supuesta vulneración de los
derechos fundamentales que plantea en sede de tutela.
Así lo consideró esta Subsección, en los términos que a continuación se
transcriben de manera literal:
… la parte actora debió presentar la demanda de tutela a más tardar el 20 de
agosto de 2018, pero lo hizo un (1) año y un (1) mes después, el 26 de
septiembre de 2019, sin que en este caso haya lugar a predicar que ese plazo
de seis (6) meses –considerado como razonable– debía contabilizarse a partir
de la resolución del recurso extraordinario de anulación, por cuanto el
fundamento de la causal que invocó la compañía accionante en sede de
anulación no guarda identidad con el sustento de los defectos que ahora, por
vía de tutela, ha predicado respecto de la decisión arbitral.
Al respecto, esta Corporación ha precisado:
3.4. Al respecto, la Sala encuentra que la acción de tutela promovida por la
sociedad Operaciones Presea S.A. no fue presentada dentro de un término
plazo razonable conforme a los términos establecidos por la jurisprudencia de
esta Corporación, que fija un término de seis meses, por regla general, para
acudir al juez constitucional a fin de reclamar el amparo de los derechos
fundamentales que resultaren vulnerados o amenazados con la decisión
adoptada en un laudo arbitral.
3.4.1. En efecto, conforme al precedente que ha consolidado esta Corporación
para determinar si se cumple o no el requisito de la inmediatez, corresponde
establecer si las circunstancias en las que se originó la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales invocados, se enmarcan
dentro de las causales de anulación de laudos arbitrales establecidas en
el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
En caso de que la respuesta sea afirmativa, en el análisis de procedencia
deberá incluirse la verificación del agotamiento del recurso de anulación así
que, si no se ha interpuesto, entonces deberá declararse la improcedencia por
no cumplirse el presupuesto de la subsidiaridad.
Si la respuesta es negativa, la acción de tutela se habilita para reclamar el
amparo de los derechos fundamentales que resulten vulnerados o
amenazados con la decisión adoptada en un laudo arbitral, aun cuando no
se hubiese interpuesto el recurso de anulación.
3.4.2. Esa regla ha sido consolidada por la jurisprudencia de esta Corporación
en diferentes pronunciamientos de los cuales interesa a la Sala destacar las
siguientes decisiones proferidas por esta misma Sección:
(…)
3.5. En ese marco, la Sala encuentra que las circunstancias en las que se
estructuró el defecto sustantivo, esto es, la indebida aplicación del artículo 1277
del Código de Comercio, lo cual no se enmarca dentro de las causales
específicas de anulación del laudo arbitral establecidas en el artículo 41 de la
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En el recurso se lee:
“I. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, el
término para interponer el recurso extraordinario de anulación comienza a correr desde la
notificación del laudo, si este no fue objeto de solicitudes de aclaración, adición y/o
complementación. En este caso, ninguna de las partes presentó una solicitud en tal sentido. Por lo
anterior, el término para interponer el recurso de anulación corre desde la notificación del mismo,
es decir, desde el 3 de agosto de 2021. En consecuencia, dicho término vence el 15 de septiembre
de 2021. Así las cosas, EMSIRVA, mediante este memorial, interpone el recurso extraordinario de
anulación contra el laudo proferido por este Tribunal en el término legal correspondiente”.
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Según consulta en el SAMAI.
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Radicación número: 110010315000202205329 00
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Ley 1563 de 201219.
Por lo tanto, conforme al precedente fijado por esta Sala resulta claro que la
sociedad actora debió acudir al mecanismo de protección constitucional para
reclamar el amparo de los derechos fundamentales que consideró vulnerados
con el laudo arbitral, dentro de los seis meses siguientes a su expedición -25 de
septiembre de 2015-, aun cuando no se hubiese decidido el recurso de
anulación (se deja destacado en negrillas y en subrayas)20.
La Sala encuentra que, mediante el recurso extraordinario de anulación, la
sociedad Aguas de la Mojana S.A. E.S.P. alegó la existencia de un fallo en
conciencia, porque el tribunal de arbitramento habría adelantado un estudio
matemático que no le correspondía, sin contar con una prueba técnica, como
la pericial, mediante la cual se demostraran los porcentajes de los subsidios
aplicados en la facturación presentada por el operador ante el ente territorial y
se explicaran los soportes de las cuentas de cobro.
Mientras que en la demanda de tutela, como quedó trascrito –in extenso–
anteriormente, se plantearon los defectos fáctico y sustantivo, por cuestiones
claramente distintas; el primero, porque supuestamente no se valoraron
pruebas de índole documental, tales como facturas, cuentas de cobro e
instrumentos contables, que permitían establecer la existencia de la ‘deuda
por concepto de subsidios a cargo del Municipio de San Marcos (Sucre)’.
El segundo defecto estaría configurado por cuanto ‘los árbitros no aplicaron la
norma constitucional que se refiere a los subsidios en cuanto a que la
obligación contractual existía y conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado dichos subsidios deben pagarse toda vez que están contemplados en
el contrato de concesión y así fue aceptado por las partes demandadas’.
Además, porque, al declarar probada la inexistencia de la obligación, los
árbitros habrían interpretado ‘de manera errónea y burda la normatividad
constitucional, la ley, las cláusulas contractuales y la jurisprudencia
desconociendo de bulto que la obligación de pagar los subsidios EXISTE en el
contrato y éste es el único requisito para el pago o exigibilidad de los subsidios
por el servicio prestado’.
La propia parte actora acepta, además, que los argumentos que fundaron su
recurso de anulación y la demanda de tutela debían ser distintos. En ese
sentido, expresa en esta última que ‘el recurso de anulación no puede
pronunciarse sobre las vías de hecho (defectos sustantivos o fácticos)
existentes en el laudo arbitral, facultad con la que sí cuenta el juez
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Original de la cita: “1. La inexistencia, invalidez absoluta o inoponibilidad del pacto arbitral. 2. La
caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia. 3. No haberse constituido el
tribunal en forma legal. 4. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o
falta de notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad. 5. Haberse
negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba
decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente
mediante el recurso de reposición y aquélla pudiera tener incidencia en la decisión. 6. Haberse
proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del vencimiento
del término fijado para el proceso arbitral. 7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser
en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 8. Contener el laudo
disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o
alteración de éstas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y
hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral. 9. Haber recaído el laudo sobre
aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber
decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.
20
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia de 9 de agosto de 2018, exp. 11001-03-15-000-2017-03401-01 (AC), M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto”.
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Radicación número: 110010315000202205329 00
Accionante: EMSIRVA ESP en liquidación
Accionado: Tribunal de Arbitramento convocado por Promovalle y Promocali
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
constitucional en el marco de la protección al derecho fundamental al debido
proceso’. De modo similar, al controvertir la intervención de los árbitros en el
trámite de la tutela, afirma que estos ‘no mencionan que este recurso [de
anulación] se fundamenta en unas causales que no tienen en cuenta la
presunta violación de los derechos fundamentales’21 (se destaca).
Por lo expuesto, se declarará la improcedencia del amparo solicitado por
EMSIRVA ESP en liquidación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la petición de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de diciembre de 2019, radicación número: 110010315000201904265 00.
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