Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05329-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05329-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05329-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C. treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05329 01
Demandante: Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali -EMSIRVA ESP en
Liquidación
Demandados: Tribunal de Arbitramento convocado por PROMOVALLE S.A. ESP y
PROMOCALI S.A. ESP
Temas: Tutela contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de
Arbitramento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Cali / Incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 3 de febrero de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, declaró improcedente el amparo deprecado.
1. La acción de tutela
La Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali -EMSIRVA ESP en Liquidación, a
través de apoderado promueve acción de tutela contra el laudo arbitral proferido el 3
de agosto de 2021 por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali integrado por
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Demandante: Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali -
EMSIRVA ESP en Liquidación
los señores Óscar Ibáñez Parra, María Teresa Palacios Jaramillo y William Barrera
Muñoz, convocado para dirimir las controversias surgidas entre las empresas
PROMOVALLE S.A. ESP y PROMOCALI S.A. ESP y EMSIRVA ESP en liquidación, en el marco
de los contratos números 089 de 2008 y 005 de 2010, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados, solicita:
PRIMERO: Se declare que el Tribunal de Arbitramento convocado por PROMOVALLE y
PROMOCALI para dirimir las diferencias con EMSIRVA ESP en liquidación, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a
la igualdad, de los que es titular la sociedad EMSIRVA ESP en liquidación, al abstenerse
injustificadamente de apreciar los dictámenes periciales técnico y financiero
presentados por esa sociedad en el trámite del proceso arbitral que cursó bajo el
número de radicación 20190902/0756 y culminó con la expedición del laudo de fecha 3
de agosto de 2021, incurriendo así en una vía de hecho por defecto procedimental,
originada en la no apreciación de una prueba en los términos señalados en la
legislación procesal.
SEGUNDO: Se declare que el Tribunal de Arbitramento convocado por PROMOVALLE y
PROMOCALI para dirimir las diferencias con EMSIRVA ESP en liquidación, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a
la igualdad, de los que es titular la sociedad EMSIRVA ESP en liquidación, al abstenerse
de considerar los dictámenes periciales técnico y financiero, y las demás pruebas que
demostraban el cumplimiento de obligaciones a cargo de EMSIRVA ESP dentro del
trámite del proceso arbitral que cursó ante ese Tribunal bajo el número de radicación
20190902/0756 y culminó con la expedición del laudo de fecha 3 de agosto de 2021,
incurriendo así en una vía de hecho por defecto fáctico, originada en la no apreciación
de pruebas determinantes en el resultado del proceso.
TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones se deje sin efecto el
laudo de fecha 3 de agosto de 2021 y se ordene al Tribunal de Arbitramento
convocado por PROMOVALLE y PROMOCALI para dirimir las diferencias con EMSIRVA ESP
en liquidación, proferir un nuevo laudo en el que se aprecien, tanto los dictámenes
periciales presentados por EMSIRVA ESP, como las pruebas que acreditan el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la normatividad
vigente y con plena observancia del debido proceso.
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la sociedad accionante señaló los siguientes:
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i) El 20 de agosto de 2008, EMSIRVA ESP, Y PROMOVALLE S.A. ESP, suscribieron los
contratos número 087, 088 y 089/08, para la operación y explotación del servicio de
aseo en los componentes de recolección de residuos sólidos, el barrido y la limpieza
de vías y áreas públicas, la gestión comercial y otras actividades en la Zonas número
2, 3 y 4 de la ciudad de Cali.
ii) El 18 de enero de 2010, la Empresa de Servicio Público de Aseo EMSIRVA ESP en
liquidación, suscribió con PROMOCALI S.A. ESP el contrato 005/10 cuyo objeto era la
operación y explotación del servicio de aseo en los componentes de recolección de
residuos sólidos, el barrido y la limpieza de vías y áreas públicas, la gestión
comercial y otras actividades en la zona número 1 de la ciudad de Cali.
iii) El 27 de mayo de 2015, PROMOVALLE, PROMOCALI y EMSIRVA suscribieron el otrosí
número 09 y adición número 02 al contrato No. 089/08, el otrosí número 04 y adición
número 01, al contrato No. 005/10, para modificar: i) «El ajuste del porcentaje de
reconocimiento de EMSIRVA (%R)» y ii) «La fórmula de ajuste del porcentaje de
reconocimiento de EMSIRVA (%R), para neutralizar el impacto del cambio tarifario que
empezaría a regir en 2016».
iv) El 2 de septiembre de 2019, PROMOVALLE S.A. ESP y PROMOCALI S.A. ESP,
presentaron ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Cali solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento
para dirimir las controversias con EMSIRVA, «relativas a los contratos número 089 del
20 de agosto de 2008 suscrito entre PROMOVALLE S.A. ESP y EMSIRVA ESP en
liquidación y el número 005 del 18 de enero de 2010, suscrito entre PROMOCALI S.A.
ESP y EMSIRVA ESP en liquidación».
v) El 3 de agosto de 2021, el Tribunal de Arbitramento conformado por los árbitros
Oscar Yezid Ibáñez Parra, William Barrera Muñoz y María Teresa Palacio Jaramillo
declaró el incumplimiento de EMSIRVA ESP y la condenó a «mantener el nivel de
ingresos de diciembre de 2014 y al pago de las sumas contenidas en el dictamen
pericial de parte aportado por PROMOVALLE y PROMOCALI, por concepto de ‘descuentos
no establecidos contractualmente que afecten ese nivel de ingresos como son los
que se le vienen haciendo por concepto de balance de disposición final, estación de
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transferencia y tratamiento de lixiviados. Adicionalmente se condenó a EMSIRVA a la
fijación de un nuevo R».
vi) EMSIRVA ESP promovió recurso extraordinario de anulación en contra del laudo
arbitral, con fundamento en la causal contenida en el numeral 7.° del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012, declarado infundado mediante sentencia del 1.° de junio de 2022
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
1.3. Fundamentos jurídicos de la empresa accionante
La empresa accionante consideró que el Tribunal de Arbitramento al proferir el laudo
arbitral incurrió en el siguiente defecto:
1.3.1. Defecto fáctico
i) El Tribunal Arbitral se abstuvo de apreciar los dictámenes de parte rendidos por
B&P SERVICIOS SAS -Beatriz Polanía- y GAB Consultores SAS así como «otras pruebas
aportadas el proceso», sin valorararlas conforme a las condiciones exigidas en la ley
procesal -artículos 164, 176 y 232 del CGP-, circunstancia que contraviene el derecho
fundamental al debido proceso.
ii) Las convocantes PROMOVALLE y PROMOCALI en la primera pretensión de la
demanda y sus cinco subsidiarias, señalaron que se había presentado una reducción
en el nivel de los ingresos que tenían a diciembre de 2014; sin embargo, se aportó
oportunamente un dictamen financiero elaborado por GAB Consultores SAS1 que
demostraba que no se había presentado la disminución alegada, no obstante lo cual
y a pesar que las demandantes no probaron su dicho, el Tribunal de Arbitramento la
despachó favorablemente.
iii) El dictamen financiero presentado por la empresa B&P SERVICIOS SAS, refutaba la
procedencia técnica del reclamo y cuestionaba la liquidación requerida por las
demandantes, razón demostrativa de que el tribunal no falló en derecho sino en
1 En palabras del accionante: «al que sólo se hace referencia al dictamen en el punto 5.2.2. cuando se relaciona
la prueba».
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conciencia, al limitarse a determinar la existencia de la responsabilidad contractual
sin atender los argumentos de defensa y contradicción relacionados con el monto del
perjuicio, es decir a los supuestos valores dejados de percibir por las demandantes
por desbalances.
iv) El dictamen aportado por EMSIRVA demostraba los errores en que habría incurrido
el perito de las convocadas, que de haberse valorado en la forma establecida en la
ley, habría permitido al tribunal contar con elementos de juicio suficientes para definir
el litigio garantizando el derecho a la igualdad de la accionante. Se refirió
puntualmente a aspectos como: i) la diferencia en la distancia al relleno sanitario, ii)
la diferencia en kilómetros de barrido y iii) a los elementos que son fundamentales
para el correcto cálculo del %R.
v) «EMSIRVA tenía derecho a conocer las razones por las cuales el TRIBUNAL se apartó
del dictamen que presentó, así como las que le asistieron para acoger en forma
íntegra el aportado por las demandantes, no obstante existir en estas inconsistencias
que ponían en duda los resultados en el contenido, lo cual derivó en el
incumplimiento del deber de apreciación de la prueba pericial en los términos del
artículo 232 del CGP». A estos efectos, reiteró algunos apartes contenidos en el
recurso de anulación, especialmente los referidos a: i) la devolución de sumas de
dinero por concepto de peajes, ii) los servicios especiales, iii) error en las toneladas
dispuestas en estación de transferencia o relleno sanitario, en el costo de las
actividades a cargo del operador de disposición final y en los valores pagados a
INTERASEO, iv) los descuentos pagados por INTERASEO y EMSIRVA.
vi) Aunque el anterior análisis juicioso de las pruebas no condujera a la prosperidad
de las excepciones propuestas por EMSIRVA, sí permitía concluir que el dictamen
presentado por las demandantes «adolecía de errores y que éstos estaban
demostrados con documentos aportados por EMSIRVA, con la propia declaración del
perito Villarreal y el interrogatorio de parte de la representante legal de PROMOVALLE y
PROMOCALI y, especialmente, con el dictamen de parte presentado por EMSIRVA».
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En ese sentido, señaló que: «[e]s imposible creer, o admitir en sana lógica, que
frente a un ejercicio de valoración que culmina con una suma de la magnitud de la
que contiene el dictamen (TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES, DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($32.170.232. 649.oo)
M/Cte.), el copioso material probatorio aportado por EMSIRVA haya sido insuficiente
para demostrar al menos un solo error, que ameritara detraer un solo peso».
vii) La falta de valoración de los dictámenes allegados por EMSIRVA, conllevó a que el
tribunal accionado no se pronunciara frente a algunas excepciones propuestas por
dicha empresa, vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
valoración de las pruebas en condiciones de igualdad2 y de acceso a la
administración de justicia.
viii) Respecto del dictamen técnico, referenció que «al no estudiar el aportado por
EMSIRVA, el Tribunal privó a esa sociedad de la contradicción de la prueba y la
consecuente posibilidad de demostrar los errores en que había incurrido el perito,
tanto en aspectos técnicos, como en la inclusión de sumas no debidas».
Finalmente, trajo a colación la sentencia de unificación SU-103 de 2022, sobre la
procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales.
1.4. Actuación procesal
Por auto del 30 de noviembre de 2022, se ordenó notificar como demandados a los
doctores María Teresa Palacio Jaramillo, William Barrera Muñoz y Óscar Yezid
Ibáñez Parra, integrantes del Tribunal de Arbitramento que profirió el laudo arbitral
del 3 de agosto de 2021 objeto de litis, y como terceros interesados a las empresas
PROMOVALLE S.A. ESP y PROMOCALI S.A. ESP, para que dentro del término de dos días y
en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
2 La empresa accionante trajo a colación la sentencia C-407 de 1997.
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1.5. Intervenciones
1.5.1. El apoderado de las empresas PROMOVALLE S.A. ESP y PROMOCALI S.A. ESP,3
Humberto Sierra Porto, sostuvo que la acción de tutela es improcedente, porque no
se cumplen los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad, toda vez
que el recurso de anulación que fue interpuesto resolvió exactamente los mismos
cuestionamientos planteados por el accionante.
Precisó que no se configuró la falta de valoración probatoria alegada, dado que los
tres dictámenes presentados por las partes del proceso arbitral fueron valorados por
el tribunal accionado de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y contrario a lo
sostenido por la empresa accionante, los dictámenes no fueron el único elemento de
prueba valorado por el tribunal accionado, sino que también se tuvieron en cuenta
cinco testimonios, ocho carpetas de pruebas documentales, el informe del liquidador
de EMSIRVA, el interrogatorio de parte del representante legal de PROMOVALLE y
PROMOCALI y dos informes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
y de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en virtud de lo cual no
procede afirmar que se configuró el defecto fáctico alegado.
Adujo que «los árbitros se refirieron en múltiples ocasiones a los dictámenes
periciales de Beatriz Polanía de B&P SERVICIOS SAS y Giovanni Arrieta Bernate de GAB
Consultores SAS; señalaron que dichas pruebas técnicas no se corresponden con el
contenido del contrato y por lo tanto sus conclusiones son equivocadas. De manera
que, estas pruebas si fueron analizadas por los juzgadores, no obstante, valoradas
en relación con los demás elementos de prueba que componen el expediente del
proceso, no tenían la veracidad suficiente para acreditar los hechos que con ella se
pretendían probar».
Agregó que lo anterior fue evidenciado por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, que al conocer del recurso de anulación, concluyó que el Tribunal de
Arbitramento «definió el incumplimiento de la convocada respecto a la aplicación de
los descuentos por concepto de costo de disposición final, estación de transferencia
3 Expediente digital de tutela.
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y tratamiento de lixiviados y el cálculo de la fórmula de reajuste de precio de los
contratos, con fundamento en la ley y en las pruebas practicadas en el proceso».
Con fundamento en lo expuesto, advirtió que la acción de tutela intentada no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, dado que la empresa accionante
pretende reabrir el debate de fondo, ya surtido en el trámite del recurso de anulación,
relacionado con la presunta falta de valoración por los árbitros de los dictámenes que
aportó, a los que supuestamente no les reconocieron el debido valor probatorio
solicitado carencia a la que se aúna la comprobada reiteración en el escrito de tutela
de los argumentos y cargos esbozados en el recurso de anulación.
1.5.2. María Teresa Palacio Jaramillo, William Barrera Muñoz y Óscar Yezid
Ibáñez Parra, integrantes del Tribunal de Arbitramento, en calidad de árbitros
del Tribunal de Arbitramento,4 a pesar de que fueron notificados del presente
trámite con el fin de rendir el respectivo informe, guardaron silencio.
1.6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 3 de
febrero de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo.
Al verificar el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela contra
providencia judicial en el presente caso, advirtió que no cumple el requisito de
relevancia constitucional respecto del laudo arbitral, bajo el entendido de que tanto
en la actuación constitucional como en el recurso extraordinario de anulación
formulado, se plantearon exactamente iguales motivos de inconformidad.
Al efecto, puso de relieve que la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia alegada por
EMSIRVA se sustentó en la supuesta falta de valoración de los dictámenes que se
allegaron al proceso arbitral y que, a su vez, conllevó a que el tribunal accionado no
se pronunciara frente a algunas excepciones propuestas por dicha empresa.
4Expediente digital de tutela.
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Anotó que el recurso extraordinario se sustentó en la causal de anulación prevista en
el numeral 7.° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 -fallo en conciencia o equidad-,
la que se habría configurado porque el tribunal arbitral:«(i) no resolvió todas las
excepciones frente a los descuentos realizados por la entidad y al cálculo de la
cláusula de reajuste de precio; (ii) no valoró todas las pruebas y (iii) condenó a una
suma desproporcionada por agencias en derecho».
En ese contexto, concluyó que la empresa tutelante adujo y sustentó ante el juez de
tutela idénticos argumentos a los conocidos y resueltos por el juez contencioso
administrativo –que es el primer encargado de salvaguardar los derechos
fundamentales al conocer el recurso de anulación–, cometido que se cumplió
mediante providencia del 1.º de junio de 2022, proferida por la Sección Tercera,
Subsección C, de esta corporación.
Sin perjuicio de lo anterior, precisó que en el evento de que se estimara que el
fundamento de la causal invocada en sede de anulación no guardara identidad con el
sustento de los defectos atribuidos al Tribunal de Arbitramento accionado –indebida
valoración de los dictámenes allegados al proceso arbitral–, se configura otra causal
de improcedencia de la acción de tutela, en este caso, la de inmediatez, toda vez que
la demanda de tutela debió ser presentada dentro del término considerado como
razonable por la corporación -seis meses contados a partir de la notificación de la
decisión cuestionada-, sin que fuera necesario agotar y decidir el recurso
extraordinario de anulación, lo que no aconteció en el sub lite.
Destacó que el laudo arbitral –de fecha 3 de agosto de 2021- se notificó ese mismo
día -según la afirmación de la empresa accionante-, y la demanda de tutela se radicó
el 5 de octubre de 2022, esto es, transcurrido más de un año desde que se advirtió la
vulneración de los derechos fundamentales.
1.7. Impugnación
i) El apoderado de la sociedad accionante insistió en que el juez a quo de tutela
interpretó de forma indebida la inconformidad planteada, pues ella residió no en la
indebida valoración de los dictámenes allegados al proceso arbitral sino en la
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omisión del Tribunal de Arbitramento de realizar su valoración conforme a lo
establecido por la Corte Constitucional en las sentencias T-315, T-044 y SU-124 -
todas del año 2020-, dando con ello origen al defecto fáctico alegado.
Frente al dictamen financiero, como lo explicó en la demanda, el Tribunal omitió por
completo su estudio y respecto del dictamen técnico aportado por EMSIRVA, al
tampoco haber sido considerado, privó de la facultad de contradicción de la prueba y
la consecuente posibilidad de demostrar los errores en que había incurrido el perito
de la contraparte, tanto en aspectos técnicos, como en la inclusión de sumas no
debidas.
ii) En lo referente al recurso de anulación, advirtió que éste se fundamentó en la
jurisprudencia de esta corporación que ha reconocido que la falta de valoración
probatoria puede determinar la configuración de un fallo en conciencia, así que en
este caso, al existir fundadas razones para su interposición, era evidente que su no
agotamiento habría conducido a que la acción de tutela fuera rechazada por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por lo que estando demostrada su
procedencia, no resultaba dable a la Sección Tercera, en sede de tutela, declarar la
improcedencia del amparo por no cumplir el requisito de inmediatez, máxime cuando
el laudo arbitral estuvo suspendido desde la admisión del recurso de anulación por el
Consejo de Estado hasta la expedición de la sentencia, circunstancia que influye en
el estudio de razonabilidad y proporcionalidad del lapso de tiempo transcurrido entre
su expedición y la solicitud de amparo.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada
por EMSIRVA ESP contra la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección A,
de esta corporación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019,5 en cuanto regula que «Las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
5 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado .
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instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la
cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Se contrae a determinar, en primer lugar, si se encuentra cumplido el término de
inmediatez de la acción de tutela intentada contra el laudo arbitral del Tribunal de
Arbitramento Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara
de Comercio de Cali proferido el 3 de agosto de 2021 y, en segundo lugar, si procede
el cargo que por defecto fáctico alegó la Empresa de Servicio Público de Aseo de
Cali -EMSIRVA ESP en liquidación contra el mismo y si propuso algún desacuerdo
frente a la providencia judicial del 1.° de junio de 2022 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró infundado el recurso
extraordinario de anulación.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales
El inciso 3.° del artículo 116 de la Constitución Política dispone que los particulares
pueden ser transitoriamente investidos de la función de administrar justicia para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Esta
habilitación constituye el fundamento constitucional para que los particulares ejerzan
dicha atribución a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos como
el arbitramento, y su naturaleza jurídica comporta un acto jurisdiccional cuyas
actuaciones tienen el alcance de surtir efectos de cosa juzgada.
Precisamente el carácter jurisdiccional y sus efectos, implican que los laudos
arbitrales se asimilan a las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de la
acción de tutela contra providencias. Sobre esta específica materia, en Sentencia T-
244 de 2007, la Corte Constitucional se pronunció en relación con la equiparación
entre los laudos arbitrales y las providencias judiciales, en los siguientes términos:
En síntesis, el proceso arbitral es materialmente un proceso judicial, y el laudo arbitral
es el equivalente a una sentencia judicial en la medida que pone fin al proceso y
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desata de manera definitiva la cuestión examinada, adicionalmente los árbitros son
investidos de manera transitoria de la función pública de administrar justicia, la cual
además legalmente ha sido calificada como un servicio público, por tal razón no cabe
duda que en sus actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales arbitrales
están vinculados por los derechos fundamentales, y que la tutela es procedente
cuando estos sean vulnerados o amenazados con ocasión de un proceso arbitral.
La equivalencia –material- que existe entre el laudo arbitral y la providencia judicial,
activa de manera excepcional la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
de protección de los derechos fundamentales, los cuales puedan verse afectados por
las decisiones emanadas y el procedimiento llevado a cabo por los tribunales de
arbitramento.
En la Sentencia de unificación SU-837 de 2002, la Sala Plena de la Corte
Constitucional determinó que los administradores de justicia, sean permanentes o
temporales, no están exentos de cumplir con lo dispuesto en la Carta Política, de tal
manera que mediante la acción de tutela es factible controvertir sus actos
jurisdiccionales, siempre y cuando éstos vulneren de manera directa el derecho
fundamental al debido proceso o al acceso a la administración de justicia.
La jurisprudencia constitucional también ha sido particularmente enfática en cuanto al
carácter excepcional de la procedencia de la acción de tutela contra laudos
arbitrales, el procedimiento que se adelanta ante los tribunales de arbitramento y las
decisiones judiciales que resuelven los recursos de anulación. En ese sentido, su
procedencia y procedibilidad está sometida, en principio, a las mismas reglas que la
jurisprudencia constitucional ha sistematizado en la Sentencia C-590 de 2005
respecto a las providencias judiciales.
Las precitadas condiciones han sido recapituladas con el fin de reiterar que estas no
implican la equivalencia absoluta entre los laudos arbitrales y las providencias
judiciales para efectos de la acción de tutela, ya que el carácter especial de la justicia
arbitral incide en que se deba hacer un examen de procedibilidad -tanto de los
requisitos generales, como especiales-, más riguroso. En efecto, a partir de la
sentencia de unificación SU-500 de 2015, la Sala Plena del Consejo de Estado
precisó que la razón para realizar un examen más estricto reside fundamentalmente
en que se trata de un escenario en el cual se ha expresado la voluntad de las partes
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de apartarse de la jurisdicción ordinaria y someterse a la decisión que adopte un
tribunal de arbitramento.
La decisión de las partes de marginarse de la justicia ordinaria constituye un
elemento esencial que implica procurar al máximo la permanencia de la decisión
adoptada por la jurisdicción arbitral, la cual no debe condicionarse a una posterior
ratificación o cuestionamiento por parte de la jurisdicción a la cual las partes
expresamente renunciaron. En palabras de la Corte Constitucional:
Acudir a la justicia arbitral implica una derogación específica, excepcional y transitoria
de la administración de justicia estatal, derivada de la voluntad de las partes en un
conflicto transigible.
2.3.2. Del requisito de la inmediatez
Es necesario precisar que si bien el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un
término de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que,
dado el carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de
amparo, esta debe interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a
partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales en aras de proteger garantías de terceros, impedir que el amparo se
convierta en un factor de inseguridad jurídica, y evitar su uso como herramienta
supletoria de la negligencia en la agencia de derechos, pues todo ello
desnaturalizaría la finalidad de la acción.6
Sin embargo, la Corte también ha señalado que la razonabilidad del plazo debe
determinarse de conformidad con los hechos de cada caso concreto, por lo que a
modo de desarrollo jurisprudencial ha identificado tres excepciones que justifican el
transcurso de un lapso prolongado entre la vulneración del derecho y la interposición
de la acción:
(i) Ante la existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.
6 La sentencia T-187 de 2012 presenta la línea jurisprudencial al respecto.
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(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela
sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.7
En ese sentido, el examen de la inmediatez no puede reducirse a verificar el paso del
tiempo entre el hecho generador de la vulneración de un derecho fundamental y la
interposición de la demanda de tutela, sino que, además, debe comprender la
valoración de la razonabilidad del plazo, la cual ha de estar sujeta a los hechos que
configuran el caso concreto y a los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la citada jurisprudencia.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
La sociedad accionante cuestiona la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, como
consecuencia del fallo laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento del
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio
de Cali del 3 de agosto de 2021, convocado con el fin de dirimir las controversias
surgidas entre las empresas PROMOVALLE S.A. ESP y PROMOCALI S.A. ESP, en el marco
de los contratos número 089 de 2008 y 005 de 2010.
Para atender los reparos de la accionante -como quedó planteado en líneas
precedentes-, se atenderá el primer problema jurídico: definir si se encuentra
cumplido el término de inmediatez de la acción de tutela contra el laudo arbitral
proferido el 3 de agosto de 2021.
Al efecto, la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali -EMSIRVA ESP en
7 Sentencias T-433 de 2016, T-584 de 2011, T-1028 de 2010, T-792 de 2007 y, T-158 de 2006, entre otras.
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liquidación, plantea la siguiente tesis: el laudo arbitral estuvo suspendido desde la
admisión del recurso de anulación por el Consejo de Estado, hasta la expedición de
la sentencia, circunstancia que influye en el estudio de razonabilidad y
proporcionalidad del lapso de tiempo transcurrido entre su expedición y la solicitud de
amparo.
En el presente caso, contrario a lo definido por el juez a quo de tutela, tal argumento
está llamado a prosperar, en el entendimiento de que la Sección Tercera,
Subsección C, de esta corporación en auto del 11 de enero de 2022 8 que admitió el
recurso de anulación formulado por EMSIRVA ESP en liquidación con fundamento en lo
dispuesto por el inciso 3.° del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012,9 su interposición y
trámite no suspenden el cumplimiento de lo resuelto en el laudo, salvo cuando la
entidad pública condenada lo solicite, requerimiento formulado por dicha entidad,
razón por la cual se ordenó suspender su cumplimiento hasta que se decidiera el
recurso propuesto.
Así las cosas, como el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dictó la
providencia el 1.° de junio de 2022 dentro del proceso con radicación 11001 03 26
000 2021 00224 00, a través del cual declaró infundado el recurso extraordinario de
anulación que se interpuso contra la decisión arbitral, decisión notificada por correo
electrónico el 25 de agosto de 2022,10 y la acción de tutela fue radicada el 5 de
octubre de igual anualidad, resulta preciso aceptar que el mecanismo de amparo se
promovió en tiempo, por cuanto no transcurrieron más de los seis meses
establecidos por la jurisprudencia para la presentación del amparo contra
providencias judiciales.
Ahora bien, corresponde a la Sala dilucidar el segundo problema jurídico
planteado, esto es, si procede el cargo que por defecto fáctico alegó la Empresa de
Servicio Público de Aseo de Cali -EMSIRVA ESP en Liquidación contra el laudo arbitral
proferido el 3 de agosto de 2021 por el Tribunal de Arbitramento Centro de
8https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103260002021002240
01100103
9 Artículo 42. Trámite del recurso de anulación.
inciso 3.º: La interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación no suspenden el cumplimiento de lo
resuelto en el laudo, salvo cuando la entidad pública condenada solicite la suspensión.
10https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202100224
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Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali, y
si propuso algún desacuerdo frente a la providencia judicial del 1.° de junio de 2022
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró
infundado el recurso extraordinario de anulación.
Considera la Sala que la Sección Tercera, Subsección A, de esta corporación acierta
al rechazar por improcedente la acción de tutela, en cuanto determinó que no
satisface el requisito general de procedibilidad establecido por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005, referido a que el asunto que se discute revista
relevancia constitucional, pues aunque se alega la vulneración de las garantías
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, lo cierto es que al revisar la motivación efectuada al respecto, se observa
que la parte actora se limita a insistir en la ausencia de examen probatorio derivado
de la presunta omisión del Tribunal de Arbitramento de realizar la valoración de los
dictámenes técnicos y financieros, el que se cumplió de manera razonada y
suficiente en los respectivos trámites tanto del laudo arbitral como en los del proceso
adelantado ante el juez de lo contencioso administrativo, que falló el recurso
extraordinario de anulación.
El requisito de relevancia constitucional, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional,11 implica determinar que la «cuestión que se entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes»,12 pues «el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones».13
Este requisito persigue las siguientes finalidades: i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 14 y,
11 Sentencia T-248 de 2018.
12 Sentencia C-590 de 2005.
13 Ibidem.
14 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: «En este
sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su
función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
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por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, iii) impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones de los jueces.
En el presente asunto los cuestionamientos presentados por la accionante contra el
laudo arbitral objeto de litis no constituyen vulneraciones a sus garantías
fundamentales, tal como lo señaló el a quo de tutela, en el entendido que se dirigen a
cuestionar la causal que fue estudiada en sede de anulación y que guarda identidad
con el sustento del defecto factico, que invoca ahora por vía de tutela.
Ahora bien, la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali -EMSIRVA ESP en
Liquidación sustentó la vulneración de los derechos fundamentales en la supuesta
omisión en la valoración de los dictámenes financieros y técnicos, así como «otras
pruebas aportadas el proceso», allegadas al panel arbitral y que conllevó a que el
Tribunal no se pronunciara sobre las excepciones allí propuestas.
De otra parte, es preciso destacar que EMSIRVA ESP en liquidación sustentó el recurso
extraordinario de anulación en la causal prevista en el numeral 7.° del artículo 41 de
la Ley 1563 de 2012,15 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha
reconocido que la falta de valoración probatoria puede determinar la configuración de
un fallo en conciencia, la que se habría configurado porque el tribunal arbitral: «i) no
resolvió todas las excepciones frente a los descuentos realizados por la entidad y al
cálculo de la cláusula de reajuste de precio; ii) no valoró todas las pruebas y iii)
condenó a una suma desproporcionada por agencias en derecho».16
Al efecto, advierte la Sala que los argumentos que fundamentan la presente acción
de amparo son los mismos que en su oportunidad se elevaron ante el juez del
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia».
15Artículo 41. Causales de anulación. Son causales del recurso de anulación:
[…]
7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca
manifiesta en el laudo.
16 Sentencia del 1.° de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, pág. 4.
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recurso de anulación, los que incluso se transcriben de manera literal en las páginas
21 a 2317 y 27 a 3118 del escrito de tutela para fundamentar la presunta vulneración a
los derechos al debido proceso y a la igualdad. En esa medida, si bien la parte
accionante pretende darle la apariencia de vicio a dicha situación es evidente que los
fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela son una
reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso extraordinario
de anulación y resueltos en la providencia del 1.° de junio de 2022 y se dirigen de
manera exclusiva a que se declare que el Tribunal de Arbitramento incurrió en un
presunto defecto fáctico.
En el caso objeto de litis, la autoridad judicial que resolvió el recurso de anulación
respecto al defecto, se pronunció como sigue:
[…]
6. La Sala observa que el Tribunal Arbitral adoptó su decisión luego de un análisis en
derecho que implicó: (i) interpretar las cláusulas que establecieron la posibilidad de
realizar los descuentos y de reajustar el precio de los contratos n.° 089 de 2008 y n.°
005 de 2010, (ii) la conducta de las partes conforme a las pruebas allegadas al proceso
y, (iii) su consonancia con las estipulaciones de esos contratos El Tribunal arbitral
definió el incumplimiento de la convocada respecto a la aplicación de los descuentos
por concepto de costo de disposición final, estación de transferencia y tratamiento de
lixiviados y el cálculo de la fórmula de reajusto de precio de los contratos, con
fundamento en la ley y en las pruebas practicadas en el proceso.
[…]
En el presente asunto los cuestionamientos presentados por la empresa accionante
no constituyen vulneraciones a sus derechos fundamentales, sino que se dirigen a
controvertir la actuación de la autoridad arbitral, y pese a que en la impugnación
arguye que el asunto satisface plenamente esa exigencia, en la medida en que se
trata de dilucidar, si se quebrantaron sus garantías constitucionales por la presunta
omisión en la valoración de las pruebas aportadas, toda vez que esta controversia
fue objeto de debate y resuelta tanto en el trámite arbitral como en el contencioso,
resulta improcedente retrotraer lo decidido en esas instancias, para reabrirlo en sede
de tutela. Además esta Sala debe precisar de manera expresa que la parte actora no
intentó a través de la presente acción excepcional ningún reparo concreto en contra
17 Folios 30 a 32 del recurso extraordinario de anulación propuesto por EMSIRVA ESP en liquidación.
18 Folios 46 y 47 y 52 a 53 del recurso extraordinario de anulación propuesto por EMSIRVA ESP en liquidación.
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de lo decidido en la sentencia del recurso extraordinario de anulación, limitándose en
la práctica a cuestionar los fundamentos de laudo arbitral.
Finalmente, para la Sala es claro que el asunto objeto de litis también versa sobre
aspectos eminentemente económicos sin incidencia en derechos fundamentales,
concretamente, reconsiderar la decisión que condena a la empresa accionante al
pago de una deuda surgida de un contrato de concesión. Este tipo de pretensiones,
como bien es sabido, no corresponden a la órbita del juez constitucional.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-103 de 2002, señaló:
La controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o
económico. Esto, por cuanto las discusiones de orden legal o aquellas relacionadas
exclusivamente con derechos económicos deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos en el ordenamiento jurídico para su trámite.
En ese sentido, señaló que un asunto carece de relevancia constitucional cuando: “(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho,
como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo
que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii)
sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no representen
un interés general”
Así las cosas, aunque se invocó la violación de derechos fundamentales, el presente
asunto carece de una evidente relevancia constitucional, de forma tal que le permita
al juez constitucional revisar la providencia que se censura.
3. Conclusión
La Sala concluye que la presente acción de tutela es improcedente para la protección
de los derechos fundamentales invocados por la Empresa de Servicio Público de Cali
-EMSIRVA en liquidación, cuya vulneración atribuye al laudo del 3 de agosto de 2021,
proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación, Arbitraje y
Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali.
En tal sentido, la Sala procederá a confirmar la sentencia proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
solicitud de tutela.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia del 3 de febrero de 2023, por medio de la cual
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, declaró improcedente la
acción de tutela interpuesta por la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali -
EMSIRVA ESP en liquidación, por falta del requisito de relevancia constitucional,
conforme a la parte considerativa que antecede.
Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado (E)
Firmado Electrónicamente
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CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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