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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05341-00

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05341-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por las razones señaladas en las consideraciones del presente fallo. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Ximena Alexandra Gómez Bonilla, en nombre propio y en representación de sus hijos menores, por las razones analizadas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05341-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

20 de octubre de 2022

Demandante: Ximena Alexandra Gómez Bonilla
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05341-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05341-00
Demandante: XIMENA ALEXANDRA GÓMEZ BONILLA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Tema: Tutela de fondo – Improcedencia para cuestionar la validez de
actos administrativos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la señora
Ximena Alexandra Gómez Bonilla, en nombre propio y en representación de sus
hijos menores María Lucía y Juan Andrés Velásquez Gómez contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 1.º del numeral 2.º del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de
abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La señora Ximena Alexandra Gómez Bonilla, en nombre propio y en
representación de sus hijos María Lucía y Juan Andrés Velásquez Gómez, ejerció
acción de tutela1 con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al
debido proceso y de todos las garantías constitucionales que ostentan los niños
como tener una familia, estar al cuidado y tener el amor de sus padres y proveer
la unión y la integridad familiar, que estimó vulnerados con ocasión del concepto
desfavorable contenido en el Oficio CJO22-1629 del 5 de mayo de 2022 y la
Resolución CJR22-0192 del 10 de junio de 2022.

1 La acción de tutela se presentó el 19 de julio de 2022 a través de la aplicación de recepción de

tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial.

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Demandante: Ximena Alexandra Gómez Bonilla
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05341-00

En consecuencia, la demandante solicitó:

“Que con fundamento en los hechos relacionados, solicito disponer y
ordenar a favor mío y de mis hijos, lo siguiente:

Que se amparen los derechos fundamentales de mis hijos MARÍA LUCÍA y
JUAN ANDRÉS VELÁSQUEZ GÓMEZ a tener una familia y no ser
separados de ella, y a tener el cuidado y al amor permanente por parte de
sus padres, además de proveer por la unión e integridad familiar.

Que se amparen mi derecho al debido proceso.

Que se dejen sin efectos el concepto desfavorable contenido en el oficio
CJO22-1629 del 5 de mayo de 2022 y la Resolución CJR22-0192 del 10 de
junio de 2022.

Que como servidora de carrera en el cargo de SECRETARIA del Juzgado
Civil del Circuito de Lérida – Tolima, el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial, emita concepto favorable de
traslado para ser efectivo en el mismo cargo en el Juzgado 09 Civil del
Circuito de Bucaramanga.” (Sic para toda la cita).

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Afirmó que desde el año 2009 ha laborado con la Rama Judicial, en propiedad
como oficial mayor o sustanciadora de un juzgado municipal y en provisionalidad,
en varios cargos de mayor categoría como juez, auxiliar de magistrado, oficial
mayor, secretaria de juzgado civil del circuito y secretaria en un juzgado civil
municipal.

Señaló que, en aras de proteger los derechos fundamentales de sus hijos y con
fin de proveer por la unión y la integridad familiar, el 5 de diciembre de 2018
solicitó ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura un traslado del Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué al
Juzgado Octavo Civil Municipal de Bucaramanga, debido a la designación del
sustanciador de ese juzgado como Juez Doce Civil Municipal del Circuito de
Bucaramanga en propiedad.

Explicó que, mediante el Oficio CJ019-503 la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura informó al Juzgado Octavo
Civil Municipal de Bucaramanga el concepto favorable para el traslado.

Sostuvo que, a través de la Resolución 001 del 1.° de marzo de 2019, el Juzgado
Octavo Civil Municipal de Bucaramanga aceptó el traslado para ocupar el cargo

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de sustanciador en propiedad y realizó el correspondiente nombramiento. La
posesión se realizó el 12 de abril de 2019.

Indicó que superó el concurso de méritos convocado a través del Acuerdo
CSJTOA17-457 del 4 de octubre de 2017 para proveer los cargos de secretario
de los juzgados del circuito y fue nombrada en el Juzgado Civil del Circuito de
Lérida – Tolima y tomó posesión del cargo el 7 de marzo de 2022.

Expuso que para la época en que se realizó la convocatoria su familia y ella se
encontraban domiciliados en Ibagué, pero que al momento del nombramiento se
habían trasladado a Bucaramanga.

Precisó que como su núcleo familiar se encontraba en Bucaramanga solicitó una
licencia no remunerada en el cargo de secretaria del Juzgado Civil del Circuito de
Lérida – Tolima, la cual se le concedió el 8 de marzo de 2022 y desde ese
momento fue nombrada, en provisionalidad, como sustanciadora en el Juzgado
Octavo Civil Municipal de Bucaramanga.

Añadió que, el 7 de abril de 2022, solicitó ante la Unidad de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura concepto favorable de traslado para el Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, cargo con funciones afines y de la
misma categoría que el que ostentaba en propiedad.

Manifestó que mediante el Oficio CJO22-1629 del 5 de mayo de 2022 la entidad
profirió concepto desfavorable de traslado al considerar que no se acreditaba el
requisito de la última calificación integral de servicios, en firme, en el cargo y
despacho del cual solicita el traslado, requisito que no ha sido declarado nulo y
que es aplicable.

Mencionó que, a través de la Resolución CJR22-0192 del 10 de junio de 2022 la
Dirección de la Unidad de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el concepto
desfavorable de traslado. En el acto administrativo referido se rechazó por
improcedente el recurso de apelación y se confirmó la decisión adoptada en el
Oficio CJO22-1629 del 5 de mayo de 2022.

Aclaró que su núcleo familiar está compuesto por su compañero permanente, el
señor Hernán Andrés Velásquez Sandoval y sus hijos María Lucía y Juan Andrés
Velásquez Gómez.

Manifestó que su compañero permanente es Juez 12 Civil del Circuito de
Bucaramanga desde el 23 de julio de 2018 y sus hijos se encuentran adelantando
sus estudios de primaria y de prescolar también en la ciudad de Bucaramanga.

Expuso que comparte con el señor Velásquez Sandoval las tareas del hogar y el
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cuidado de sus hijos y que esa armonía se está viendo amenazada con la
expedición del concepto desfavorable de la Unidad de Carrera Administrativa,
teniendo en cuenta que para el cargo que ocupa en el Juzgado Noveno Civil del
Circuito de Bucaramanga ya se hizo el nombramiento de la lista de elegibles.

Añadió que tuvo que separarse de su familia y dejar a sus hijos al cuidado de su
compañero permanente sin ninguna ayuda.

Sostuvo que la única opción que le queda es renunciar a su cargo en propiedad,
pero esa circunstancia los pone en una situación precaria y afecta gravemente la
situación de sus hijos ya que ella asume el pago de los colegios de los niños y
algunos otros gastos en el hogar.

Precisó que en las condiciones actuales, solo podría ver a sus hijos una vez al
mes, por poco tiempo, circunstancia que implicaría que sus hijos no la vieran ni
contaran con ella, lo cual afectaría su desarrollo ya que por sus edades requieren
del acompañamiento, cuidado y compañía de su mamá.

Señaló que no es viable que se trasladen todos al departamento del Tolima
porque no hay vacantes para el cargo de juez civil del circuito ni en Lérida ni en
los municipios cercanos, y cambiar a los niños de colegios no es tan sencillo y
esto sin tener en cuenta de los daños psicológicos que este tipo de decisiones
pueden ocasionarle a los menores.

3. Sustento de la vulneración

Indicó que el Oficio CJO22-1629 del 5 de mayo de 2022 y la Resolución CJR22-
0192 del 10 de junio de 2022 desconocen lo decido por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 24 de abril de
2020 al interior del proceso de nulidad simple con radicado número 2015-0100-00.

Explicó que en la providencia mencionada el Consejo de Estado declaró la
nulidad del artículo 19 del Acuerdo PSAA10-6837 de 2010 “por el cual se
reglamentan los traslados de los servidores judiciales” en relación con el aparte
de aportar la última calificación de servicios la cual deberá ser igual o superior a
80 puntos y de los artículos 18 y 19 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017.

Aclaró que el artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 prevé que la
Unidad Administrativa de Carrera Judicial o el Consejo Seccional de la Judicatura
efectuarían la situación del solicitante teniendo en cuenta, entre otros criterios, la
última evaluación de servicios en firme respecto del cargo y despacho desde el
cual solicitó el traslado, pero que es claro que dicha evaluación es la misma a la
que se haca referencia en el artículo 18 del mismo reglamento.

Expuso que se exige un requisito que ya está proscrito y por tanto, debe tenerse
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en cuenta que para calificar de aceptable o no la solicitud de traslado el Consejo
Superior de la Judicatura o los consejos seccionales deben circunscribirse
exclusivamente a revisar el advenimiento de las condiciones previstas en el
artículo 137 de la Ley 270 de 1996, precepto que en ninguno de sus apartes exige
la calificación o evaluación que se requiere, luego, aunque es cierto que el artículo
13 en cita no fue declarado nulo, también lo es que el Consejo de Estado eliminó
ese requisito, por lo que no es posible que sea uno de los criterios a tener en
cuenta para emitir un concepto favorable o desfavorable del traslado.

Insistió en que se trata del mismo requisito y el concepto no puede basarse en
una exigencia adicional a las previstas por el legislador y, por tanto, carece de
asidero jurídico solicitar la calificación y más aún que esta sea de más de 80
puntos.

Sostuvo que la entidad demandada vulneró su derecho fundamental al debido
proceso al desconocer los alcances y efectos del fallo de nulidad dictado por el
Consejo de Estado y exigió el cumplimiento de un requisito proscrito en el
ordenamiento.

Añadió que, igualmente, pone en peligro los derechos de sus hijos a tener una
familia y a no ser separada de ella, a tener el cuidado y el amor permanente de
sus padres y, además, proveer por la unión y la integridad familiar.

Precisó que la acción de tutela, por regla general, no procede como mecanismo
principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados
o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, puesto que
existen otros medios de defensa judicial para ello, tal y como los medios de
control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.

Mencionó que, sin embargo, ninguna de esas acciones son idóneas y eficaces
para el amparo de los derechos fundamentales de ella y sus hijos ante la
necesidad urgente de evitar un perjuicio irremediable dada su inminencia partida a
Lérida ya que la jueza Octava Municipal de Bucaramanga nombró en propiedad
de la lista de elegibles enviada por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander al señor Camilo Andrés Rivero Rendón como oficial mayor de
despacho, cargo que ocupaba en provisionalidad, designación que fue aceptada
el 14 de julio de 2022 y tomaría posesión a más tardar el 5 de agosto del mismo
año.

Señaló que cuando se ocupara el cargo que ostentaba, la demanda recién estaría
radicada y apenas se estaría resolviendo sobre su admisión y aunque también
podría solicitar la suspensión de los actos administrativos, por el poco tiempo con
el que cuenta es muy probable que para la fecha de su salida ni siquiera se haya
resuelto esa petición.

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Añadió que pedir la medida cautelar no es tampoco garantía de que se decrete y
si es negada deberán interponerse los recursos correspondientes, lo cual torno
inútil esa herramienta judicial.

4. Trámite de la solicitud de amparo

La demanda fue repartida a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
autoridad judicial que, mediante auto del 25 de julio de 2022, admitió la demanda
y ordenó la notificación al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y vinculó a los Juzgados Civil del Circuito de
Lérida – Tolima y Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y al Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander.

Además, ordenó la fijación de un aviso en la Secretaría de la Sala y la publicación
del auto admisorio en la página web de la Corte Suprema de Justicia con el fin de
enterar a las personas que pudieran verse afectadas en el desarrollo del trámite
constitucional.

5. Argumentos de defensa

5.1. Unidad de Administración de Carrera Judicial

La directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial rindió el informe
solicitado en los siguientes términos:

Indicó que no se han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora ni
de sus hijos menores al emitir el concepto desfavorable de traslado mediante el
Oficio CJO22-1629 del 5 de mayo de 2022, toda vez que su solicitud no cumplía
los requisitos de la calificación integral del cargo y del despacho desde el que pide
el traslado, de acuerdo con los términos de la ley.

Explicó que el traslado es un derecho de los servidores de carrera y se encuentra
regulado en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 771 de
2002 y reglamentado con el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017.
Expuso que la demandante, en su solicitud de traslado, no aportó la calificación
de servicio en el cargo del Juzgado Civil del Circuito de Lérida, razón por la cual
no cumplió con el requisito establecido en el artículo 13 del Acuerdo PSCJA17-
10754 de 2017.

Añadió que, la señora Gómez Bonilla fue nombrada el 7 de marzo de 2022 y para
el día 7 de abril de 2022, fecha en la que radicó su solicitud de traslado, apenas
había laborado durante un mes y no era sujeto evaluable en los términos del
artículo 171 de la Ley 270 de 1996 ni el periodo mínimo de evaluación, de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10618 de 2016.

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Precisó que, en atención a lo expuesto, al no aportar la última evaluación de
servicios del cargo de secretaria del Juzgado Civil del Circuito de Lérida no
resultaba procedente emitir un concepto favorable a su petición de traslado.

Insistió en que la decisión adoptada no desconoce los derechos fundamentales de
los hijos menores de la servidora porque acceder al traslado solicitado sin el
cumplimiento de los requisitos desconocería la normatividad vigente y vulneraría
el derecho a la igualdad de los integrantes de la lista de elegibles que optaron por
el cargo o de los demás servidores que solicitaran el traslado y sí acreditaran el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Señaló que, en relación con el argumento de la presunta nulidad del requisito,
esto no es cierto toda vez que el Consejo de Estado separó del ordenamiento
jurídico el artículo 18 del Acuerdo PSCJA17-10754 de 2017 en el cual se exigía
que, en los traslados como servidor de carrera, el servidor debía acreditar que en
la última evaluación de servicios obtuvo una calificación igual o superior a 80
puntos, con lo no se elimina el requisito consagrado en el artículo 13 del mismo
acto administrativo.

Aclaró que este argumento fue avalado por el Consejo de Estado, en la sentencia
del 4 de febrero de 20212, al resolver un caso similar al expuesto por la señora
Gómez Bonilla.

Mencionó que la demanda interpuesta no cumple con el requisito de la
subsidiariedad porque la actora cuenta con otro mecanismo de defensa judicial
para revisar la legalidad del acto administrativo.

Sostuvo que, de los hechos narrados en la demanda, no se encuentra probada la
existencia de un perjuicio irremediable, máxime cuando a sabiendas de su
situación personal optó por el cargo de secretaria del Juzgado Civil del Circuito de
Lérida con conocimiento de todo servidor judicial debe residir en el lugar donde
ejerce el cargo o en otro lugar cercano.

5.2. Consejo Seccional de la Judicatura de Santander

El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander indicó que en
la presunta vulneración de los derechos fundamentales la entidad no tuvo ninguna
injerencia, ya que no estuvo ni está dentro de sus competencias dictar actos
administrativos que emitan un concepto favorable o desfavorable frente a las
solicitudes de traslado. Solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela de la
referencia.

2 Expediente 11001031500020200506200.

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5.3. Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga

El juez titular del despacho precisó que el 22 de junio de 2022 recibió, al buzón de
correo electrónico, la lista de elegibles para el cargo de secretario del circuito
proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y dentro de los
términos legales nombró en propiedad a la señora Leidy Lizeth Florez Sandoval,
quien acetó su nombramiento e informó que tomaría posesión del cargo dentro
del término legal permitido.

Solicitó su desvinculación al trámite de tutela.

5.4. Juzgado Civil del Circuito de Lérida - Tolima

Pese a haber sido debidamente notificado guardó silencio3.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19914 y el numeral 2.° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20155, modificado por el Decreto 333 de
2021, y con el Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado.

2.2. Cuestión previa

Como ya se indicó en los antecedentes, el trámite inicial fue adelantado por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, autoridad judicial que, mediante
sentencia del 5 de agosto de 2022, declaró improcedente la presente acción de
tutela.

Contra la decisión adoptada la señora Gómez Bonilla interpuso el correspondiente
recurso, el cual fue concedido con providencia del 31 de agosto de 2022.

Una vez el expediente fue remitido a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
para tramitar la segunda instancia, esta autoridad judicial declaró la nulidad del
fallo del 5 de agosto de 2022 al considerar que la Sala Penal de esa corporación
no era competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, de

3 Todas las notificaciones pueden verificarse en el expediente que puede verificarse en el
siguiente vínculo electrónico:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150
00202205341001100103
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.”
5 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”

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conformidad con el inciso 1.° del artículo 138 del Código General del Proceso
aplicable a los procesos de tutela en virtud del artículo 4.° del Decreto 306 de
1992.

Sin embargo, ordenó que se conservara la validez de la actuación surtida antes
de la sentencia de primera instancia.

Por lo expuesto, se avocará el conocimiento de la presente acción de tutela en el
estado en que se encuentra.

Por otro lado, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander solicitó su
desvinculación al trámite de la referencia, toda vez que el proceso administrativo
de traslado está en cabeza de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

La Sala declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander porque, en efecto, los actos
administrativos de los cuales la parte actora deriva la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales fueron dictados por la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial.

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer si con la decisión de emitir un
concepto desfavorable relacionado con el traslado solicitado por la señora Ximena
Alexandra Gómez Bonilla del Juzgado Civil del Circuito de Lérida al Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga se vulneraron su derecho fundamental
al debido proceso y los derechos consagrados en el artículo 44 de la Constitución
de sus hijos menores de edad.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela, la ii) improcedencia de la tutela contra actos
administrativos y iii) el fondo del asunto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un
mecanismo para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica
el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en

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el artículo 6º del Decreto 2591 de 19916, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de amparo
se eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y
cuando las circunstancias que invoca, se acrediten al menos sumariamente.

2.5. Improcedencia de la acción de tutela cuando el demandante cuanta con
otro mecanismo de defensa judicial

La acción de tutela está consagrada para garantizar derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por particulares, pero su procedencia está
supeditada a los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela no
procede, entre otros, cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales.

La norma en cita consagra textualmente:

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante.

(…)”

2.6. Fondo del asunto

En este caso, la Sala considera que la demandante, para controvertir el Oficio
CJO22-1629 del 5 de mayo de 2022 y la Resolución CJR22-0192 del 10 de junio
de 2022, por medio de los cuales la Unidad de Administración de Carrera Judicial
emitió concepto desfavorable de traslado solicitado por la señora Ximena
Alexandra Gómez Bonilla, cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
proteger los derechos fundamentales invocados, ya que puede acudir ante la
jurisdicción contenciosa administrativa a través de una demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el

6 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política''.
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artículo 138 del C.P.A.C.A., proceso en el cual podría solicitar el decreto de las
medidas cautelares consagradas en los artículos 229 a 241 del C.P.A.C.A. para,
así, evitar la consumación o agravación del daño.

La Corte Constitucional7 ha precisado que “el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que prevé el C.P.A.C.A. es un mecanismo de control
principal y definitivo, de naturaleza subjetiva e individual, por medio del cual las
personas pueden solicitar la nulidad de los actos administrativos por su
inconstitucionalidad o ilegalidad y, como consecuencia de ello, el restablecimiento
de sus derechos. Por lo tanto, la persona que estime que un acto administrativo
de carácter particular y concreto afecta sus derechos fundamentales no está, en
principio, facultada para cuestionarlo ante los jueces de tutela, ya que ese asunto
le corresponde por ley a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

También ha explicado que la idoneidad y eficacia de este mecanismo de defensa
judicial del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se refuerza
con la posibilidad que tiene el demandante de solicitar, desde la formulación de la
demanda y en cualquier estado del proceso, la adopción de medidas cautelares,
entre las cuales está la posibilidad de ordenar la suspensión de un acto,
procedimiento o actuación administrativa que se demande.

Con fundamento en los argumentos descritos, tanto para el Alto Tribunal
Constitucional como para esta Sección, la regla general es que la acción de tutela
es improcedente para controvertir actos administrativo de carácter particular y
concreto, en atención al carácter subsidiario del mecanismo constitucional, lo que
impide que este suplante la competencia del juez contencioso administrativo para
determinar la constitucionalidad o legalidad de la voluntad de la administración y,
con ello, la presunta vulneración de los derechos fundamentales.

Sin embargo, la regla general de improcedencia puede ser superada en
circunstancias excepcionales y debidamente probadas, esto es, la existencia de
un perjuicio irremediable.

Por lo anterior, al momento de analizar si en un caso particular se está ante un
perjuicio irremediable que justifique el superar el requisito de la subsidiariedad,
deben evaluarse en conjunto los siguientes elementos, los cuales han sido
definidos de forma reiterativa bajo los siguientes términos8:

i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté por
existir.

7 Sentencia T-393 del 16 de noviembre de 2021 con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz

Delgado.
8 Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de 2014, entre

otras.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ximena Alexandra Gómez Bonilla
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05341-00

ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un bien
moral o material de la persona.
iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la condición
de amenaza del derecho fundamental.
iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.

Además, es necesario que este perjuicio irremediable debe ser inminente o
actual, y además ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables.

Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron
delimitados por la Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con
ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, postura reiterada y reconocida
posteriormente por la Sala Plena de esa corporación en la sentencia C-531 de
1993, en el sentido de indicar:

“… son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable, A) El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B) Las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable han de ser urgentes, || C) No basta cualquier perjuicio,
se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño
o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona… || D) La
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda
su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser
ineficaz por inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la
medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades
públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías
básicos para el equilibrio social”.

Al descender al caso concreto, la Sala no encuentra demostrado que la señora
Ximena Alexandra Gómez Bonilla se encuentre en una situación de tal gravedad
que permita que se supere el requisito de la subsidiariedad, por la siguiente razón:

Si bien la demandante acreditó que el lugar de residencia de sus hijos menores y
de su compañero permanente es la ciudad de Bucaramanga, lo cierto es que la
decisión de la ruptura de la unidad familiar no es consecuencia de las
manifestaciones de voluntad dictadas por la Unidad de Carrera Judicial, sino
como resultado de la determinación adoptada por la señora Gómez Bonilla al
aceptar el nombramiento como secretaria en el Juzgado Civil de Lérida pese a
que a la fecha de esa designación ya su familia estaba radicada en la ciudad de
Bucaramanga.

Así las cosas, en atención a los argumentos señalados, resulta evidente que en el
caso en estudio no procede la intervención del juez constitucional y, en
consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05341-00

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por las razones señaladas en
las consideraciones del presente fallo.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela instaurada por la
señora Ximena Alexandra Gómez Bonilla, en nombre propio y en representación
de sus hijos menores, por las razones analizadas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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