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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05351-00

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05351-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por la señora Flor Miryam Jiménez Casteblanco contra la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación, de conformidad con lo expuesto en precedencia. www.consejodeestado.gov.co C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0 14 B og o tá D . C . – C ol o mbi a ACC IÓN D E TUT EL A R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 53 5 1 - 0 0 A c ci o na n t e: Fl or M ir y am J im é n ez C as t eb l an co SEGUNDO: PREVENIR al abogado Juan Pablo Orjuela Vega para que, en lo sucesivo, se abstenga de iniciar nuevamente acciones constitucionales aduciendo los mismos hechos y pretensiones aquí ventilados, y de incurrir en conductas que atenten contra la lealtad procesal y la correcta administración de justicia, so pena de incurrir en las respectivas sanciones legales. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05351-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05351-00
Accionante: FLOR MIRYAM JIMÉNEZ CASTEBLANCO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho/
reliquidación pensión / cosa juzgada constitucional

Acción de tutela - sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Flor Miryam
Jiménez Casteblanco contra la Sección Segunda, Subsección B de esta
corporación, de conformidad con el Decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

La señora Flor Miryam Jiménez Casteblanco, quien actúa por conducto
de apoderado judicial1, invoca la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, y a la seguridad jurídica con base en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. La accionante señaló que interpuso el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho a fin de obtener la reliquidación de su

1 Juan Pablo Orjuela Vega.

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mesada pensional, proceso que por reparto correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dependencia judicial, que mediante
sentencia dictada en audiencia inicial el 14 de febrero de 20142, accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.

1.2. Describe que contra dicha decisión el apoderado de la parte
accionada no presentó recurso alguno; sin embargo, de forma irregular,
compareció otro abogado en el proceso en calidad de supuesto
representante de dicha entidad pretendiendo interponer el recurso de
alzada, el cual fue negado por el tribunal, al no existir derecho de
postulación.

1.3. Inconforme con lo anterior, Colpensiones presentó recurso de
queja, que le correspondió por reparto a la Sección Segunda, Subsección
B de esta corporación, autoridad judicial que, a través de providencia
del 11 de septiembre de 2020 declaró mal denegado el recurso de
apelación.

1.4. Menciona que, extrañamente, en el expediente apareció
registrado un auto del 30 de octubre de 2020 mediante el cual se declaró
bien denegado el recurso de apelación, providencia que fue anulada por
la Subsección.

1.5. Contra el auto del 11 de septiembre de 2020 interpuso recurso de
súplica, el cual fue resuelto desfavorablemente el 23 de mayo de 20223
por ser improcedente.

2
Advierte la Sala que la accionante en el acápite de hechos no indicó la fecha de la sentencia, no obstante, una vez
consultado el aplicativo de Samai se pudo establecer que corresponde al 14 de febrero de 2017.
3 Consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter

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2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

El accionante sostiene que el ponente de la decisión del 23 de mayo de
2022 por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de súplica
hizo una indebida interpretación de la norma, puesto que, el auto a
través del cual se resolvió la queja sí era susceptible de dicho recurso,
circunstancia que transgrede los derechos fundamentales invocados en
el escrito de tutela.

Señala, además, que debió declararse bien denegado el recurso de
apelación interpuesto por COLPENSIONES, toda vez que “la razón por la
cual se negó la apelación fue por la negligencia y descuido de la parte
demandada en el reparto de sus procesos, tanto así que quien debía
asistir a la audiencia no lo hizo, radicando posteriormente un poder a
nombre del abogado MONROY SANMIGUEL, quien desde ese momento
se entiende como apoderado de la entidad, y es la abogada primigenia
quien presenta el recurso de apelación, actuando dentro del proceso, sin
estar facultada por encontrarse como apoderado el abogado
mencionado”.

PRETENSIONES

La accionante solicita:

«Solicito se declare la violación de los derechos al debido proceso, el acceso
a la administración de justicia, y la seguridad jurídica, y de esta forma se deje
sin efectos el auto proferido por el Magistrado Carmelo Perdomo que declaró
improcedente el recurso de súplica, y el del Magistrado PALOMINO, por el
cual declara mal denegado el recurso de apelación y en su lugar se confirme
el rechazo del recurso de apelación proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA».

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3. INTERVENCIONES

Mediante auto del 11 de octubre de 2022, se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar a la Sección Segunda Subsección
B de esta corporación como accionado y a la Administradora Colombiana
de Pensiones – Colpensiones – como tercero interesado en las resultas
del proceso.

3.1. La Sección Segunda, Subsección B de esta corporación, a
través del titular del despacho4, manifestó que se atiene a lo que se
demuestre durante el trámite del presente proceso.

En relación con los motivos de inconformidad de la providencia de 23 de
mayo del año en curso proferida dentro del referido asunto, indicó que
las razones que le sirvieron de fundamento para declarar la
improcedencia se encuentran consignadas en sus motivaciones.

3.2. Colpensiones, indicó, que lo solicitado por la parte accionante,
desnaturaliza la acción de tutela, por cuanto no es el mecanismo idóneo
para acceder a sus pretensiones, teniendo en cuenta que no puede
constituirse en una tercera instancia para analizar el litigio que ya fue
objeto de debate.

De otra parte, expresó que el trámite cuestionado en la presente tutela
ya había sido objeto de estudio por otro juez constitucional dentro del
proceso cuyo radicado corresponde al n.° 11001-03-15-000-2022-
03101-00, en el que se declaró improcedente el mecanismo
constitucional, razón por la que considera que en el presente asunto
existe cosa juzgada.

4 Carmelo Perdomo Cuéter, consejero ponente de la decisión del 23 de mayo de 2022.

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Así pues, insistió en que decidir de fondo las pretensiones de la
accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez ordinario y
su autodominio, pero además excede las competencias del juez
constitucional, en la medida que no se probó vulneración a los derechos
fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga
viable su protección.

3.3. No se rindieron más informes.

II.CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿En el presente asunto se configura el fenómeno de cosa juzgada
constitucional?

De resultar negativo el anterior interrogante, se determinará:

• ¿La presente acción de tutela es procedente para establecer si la
Sección Segunda, Subsección B de esta corporación, al proferir las
providencias del 11 de septiembre de 2020 por medio de la cual
se resolvió el recurso de queja y del 23 de mayo de 2022,
mediante la cual declaró improcedente el recurso de súplica frente
a esta última decisión, transgredió los derechos fundamentales
alegados en la acción de tutela al incurrir en defecto
procedimental?

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2. Fundamentos de decisión

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación5, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad
jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la

5 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-

01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en
la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

2.2. De la cosa juzgada en la acción de tutela

La Corte Constitucional ha señalado que “Cuando el juez de instancia
resuelve un asunto concreto y posteriormente la Corte decide sobre su

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selección6, el fallo judicial se torna definitivo, inmutable y vinculante 7,
presentándose la cosa juzgada constitucional en materia de tutela. Esta
institución jurídica, encuentra su fundamento en el artículo 243 de la
Carta, al establecer que los fallos que dicta la Corte en ejercicio de
control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional8 y de
ahí que este vedado al juez volver a decidir sobre lo que se encuentra
materialmente resuelto”9.

Así pues, en la sentencia T-670 de 2017, la Corte Constitucional precisó
que el fenómeno de cosa juzgada constitucional ocurre cuando “se
interpone una acción de tutela sobre una causa decidida previamente
en otro proceso de la misma naturaleza sin que existan razones
suficientes que justifiquen la nueva solicitud”10.

En ese sentido, se ha expresado que existe duplicidad de acciones de
tutela cuando hay identidad respecto a las partes involucradas en el
trámite, las circunstancias fácticas y las pretensiones formuladas.11
Recientemente, en la sentencia T-280 de 2017 se reafirmó el contenido
de los criterios que permiten establecer la cosa juzgada:

“(i) Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo
pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas
o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

6 Si la Corte selecciona el trámite para revisión, la cosa juzgada se produce con la ejecutoria del fallo de la Corte, por el

contrario, cuando la acción no es seleccionada, este fenómeno opera a partir de la ejecutoria del auto que niega la
selección. Así se estableció en la sentencia SU-219 de 2001, citada en la sentencia T-001 de 2016.
7 Sentencia T-001 de 2016.
8 “Artículo 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada

constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por
razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la
norma ordinaria y la Constitución.”
9 T-106-2018.
10 Sentencia C-774 de 2001. Postura reafirmada en las sentencias C-622 de 2007, T-185 de 2013, T-707 de 2016, y T-

670 de 2017. Así mismo, se ha determinado que la cosa juzgada constitucional tiene dos funciones: una negativa, que
prohíbe a los funcionarios judiciales fallar sobre lo resuelto y, una positiva, que procura dotar de seguridad las relaciones
jurídicas y lograr la terminación definitiva de las controversias.
11 Sentencia T-154 de 2014. Iguales supuestos que se estudian respecto a la temeridad.

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(ii) Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos,
solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede
retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la
nueva causa.

(iii) Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa
juzgada.” 12

En ese sentido, cuando se configura un evento de duplicidad, el
funcionario judicial no solo tiene la obligación de rechazar las acciones
de tutela sino que además está facultado para controlar el abuso del
derecho y los comportamientos que se opongan a la lealtad procesal,
tendientes a satisfacer intereses individuales sin fundamento
constitucional ni legal 13.

3. Caso concreto

En el presente asunto, la accionante reprocha las providencias (i) del 11
de septiembre de 2020 por medio de la cual se decidió el recurso de
queja contra el auto que rechazó el recurso de apelación presentado por
Colpensiones en contra de la sentencia del 14 de febrero de 2017; y (ii)
del auto del 23 de mayo de 2022, a través del cual se negó por
improcedente el recurso de súplica contra dicha decisión, ambas
proferidas por la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación.

Ahora bien, de conformidad con la información que reposa en el
expediente y lo informado por la autoridad judicial demandada, se
advierte que la accionante ya interpuso, en oportunidad anterior, una
acción de tutela contra la providencia del 11 de septiembre de 2020,

12 El estándar anterior fue desarrollado inicialmente en la sentencia C-774 de 2001.
13 En la SU 713 de 2006 se desarrolló ampliamente el sentido de la temeridad en materia de tutela.

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cuyo conocimiento correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

En dicha oportunidad, formuló las siguientes pretensiones:

«Solicito se declare la violación de los derechos al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, y la seguridad jurídica, y de esta forma se deje sin efectos el auto
proferido por el Magistrado PALOMINO, por el cual declara mal denegado el recurso de
apelación y en su lugar se confirme el rechazo del recurso de apelación proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.».

Asimismo, manifestó anexar las siguientes pruebas:

«PRUEBAS
1. Auto del 11 de septiembre de 2020. (el cual viola los derechos fundamentales.)
2. Auto del Tribunal del 05 de mayo de 2017 que niega la apelación.
3. Auto del 30 de octubre de 2020.
4. Recurso de súplica y adición al recurso de súplica.
5. Auto que resuelve el recurso de súplica.»

En ese contexto, la Sección Cuarta de esta corporación mediante la
sentencia del 25 de agosto de 202214, consideró:

«En el caso bajo examen, de conformidad con las pretensiones de la acción de tutela se
evidencia que la providencia cuestionada es la de 11 de septiembre de 2020, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, cuya notificación a la parte
demandante se surtió el 20 de octubre de 2020 mediante mensaje de datos enviado al correo
electrónico del apoderado de la actora, tal como se evidencia a continuación:
(…)
Lo anterior, permite concluir que la decisión objeto de reproche constitucional se notificó el
20 de octubre de 2020, mientras que la solicitud de amparo fue promovida el 7 de junio de
2022, es decir transcurrió un (1) año, siete (7) meses y diecisiete (17) días entre el momento
de la notificación y el de la interposición de la acción constitucional, término que desborda
el plazo razonable establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación,
acogido igualmente por la Corte Constitucional.

Al respecto, cabe resaltar que la Corte Constitucional en decisiones recientes ha ratificado la
posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo razonable para
interponer la acción de tutela, si bien no es un término fijo, puede entenderse como un
periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse en general, “en relación con el
hecho generador de la tutela, las condiciones del accionante y los derechos que subyacen
en la pretensión”, respecto del cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis meses es

14 Información que se extrae una vez consultado el aplicativo de SAMAI en el índice 14.

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un plazo razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que
dicho término es perentorio”.

En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez debe ser
muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la seguridad jurídica
y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto es que también se ha
extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a criterios como el de
razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al juez tener en cuenta
las circunstancias que caractericen al caso concreto”.

Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que
la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir circunstancias
especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya presentado en un término
razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho
fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que la violación sea siempre
actual.

En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales ni la parte accionante alegó
motivos para justificar el retardo en la interposición de la solicitud de amparo.

Ahora bien, resulta importante precisar que para analizar el presupuesto de la inmediatez no
es posible tener como referente la providencia de 23 de mayo de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, que rechazó por improcedente el
recurso de súplica presentado por el apoderado de la parte demandante contra el auto de 11
de septiembre de 2020 que es la providencia que constituye el objeto de tutela. Lo anterior,
por cuanto se trata de un medio de impugnación improcedente para controvertir el auto que
resuelve el recurso de queja, por lo que la accionante estaba habilitada para promover la
acción de tutela desde que se notificó la decisión -20 de octubre de 2020-, que considera es
la causa de la vulneración los derechos fundamentales invocados.
(…)
Ahora bien, teniendo en cuenta que la providencia que resuelve el recurso de queja no es un
auto que por su naturaleza sería apelable en virtud de lo establecido en el artículo 246 de la
Ley 1437 de 2011, es claro que no se cumplen los presupuestos establecidos por el legislador
para la procedencia del recurso de súplica para controvertir la decisión judicial que se adopte
en esa materia. En esa línea, esta Sala ha considerado que la interposición de herramientas
judiciales improcedentes contra una decisión judicial que se considera la causa de la
vulneración ius fundamental no constituye una razón válida para justificar la tardanza en la
presentación de la acción de tutela contra una providencia judicial.

Sobre este particular, en sentencia de tutela de 4 de noviembre de 202115 expresó lo siguiente:

“(…) En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia que justifique
la demora en presentar la acción de tutela. Si la parte demandante estimaba que
la condena en costas vulneraba derechos fundamentales, lo propio era que
presentara la acción de tutela tan pronto tuvo conocimiento de la sentencia del 23
de octubre de 2019, que impuso esa condena. La inmediatez no puede contarse
desde la notificación del auto del 11 de marzo de 2020, que no accedió a la petición
del actor relativa a que se revocara el numeral segundo de la sentencia del 23 de
octubre de 2019 (que condenó en costas), por cuanto esa solicitud resultaba
abiertamente improcedente. Como señaló el tribunal en el citado auto, la sentencia
no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció y la petición tampoco
cumplía con los requisitos establecidos para la corrección y adición de la

15 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Expediente 2021-06250-00

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sentencia. Admitir lo contrario derivaría en que el término para ejercer la tutela
pueda revivirse mediante el ejercicio de recursos y solicitudes manifiestamente
improcedentes. La tutela, entonces, debió presentarse después de que se notificó
la sentencia del 23 de octubre de 2019, pues, en últimas, es esa la providencia de
la que el actor deriva la presunta vulneración de derechos fundamentales
invocados. Prueba de lo anterior es que la parte demandante no formuló ningún
tipo de inconformidad frente a la providencia del 11 de marzo de 2020”.

En ese orden de ideas, no es de recibo efectuar la verificación del cumplimiento del requisito
de la inmediatez a partir de la decisión que resolvió el recurso de súplica, en tanto como
quedó explicado, se trataba de un medio de impugnación manifiestamente improcedente
contra el auto que resolvió el recurso de queja objeto de reproche constitucional.

Por lo demás, respecto del registro en SAMAI (índice 17) que da cuenta de un auto con fecha
de 20 de octubre de 2020, en el que la misma autoridad judicial accionada expresa una
decisión contraria a lo decidido en el auto de 11 de septiembre de 2020, en el sentido de
“declarar bien negado el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la
Administradora Colombiana de Pensiones, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia”, la Sala constata que el mismo sistema advierte con el vocablo “nulificada” que
no tiene ningún efecto jurídico y que fue cargada al sistema por un error inadvertido, por lo
que tal como lo reconoce la parte actora, la decisión vigente en ese sentido es la adoptada en
el proveído que fue objeto de reproche constitucional, esto es, el que data de 11 de septiembre
de 2020. »

De lo anterior se colige que la Sala de la Sección Cuarta de esta
corporación, a través de sentencia del 25 de agosto de 2022, declaró
improcedente el mecanismo constitucional, al considerar que no cumplía
con el requisito de inmediatez, dado que el mismo no se podía
contabilizar a partir de la decisión que resolvió el recurso de súplica16,
en tanto era un medio de impugnación improcedente contra el auto que
decidió el recurso de queja17.

Esta decisión fue impugnada por la parte accionante, cuyo conocimiento
correspondió a la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado,
dependencia judicial que registró proyecto de fallo del 28 de octubre de
la presente anualidad18.

Visto lo anterior, emerge con claridad para la Sala que lo pretendido en
la presente acción de tutela ya fue objeto de pronunciamiento por parte

16
Auto del 23 de mayo de 2022.
17 Auto del 11 de septiembre de 2020.
18 Ver índice 4 11001-03-15-000-2022-03101-01

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de otro juez constitucional y, en ese sentido, se configura el fenómeno
de la cosa juzgada constitucional, pues, como quedó visto, la acción de
tutela tramitada bajo el n.º 11001-03-15-000-2022-03101-00 versó
sobre los mismos hechos, las iguales pretensiones e idéntica causa
petendi que se ventilan en el asunto de la referencia.

Adicionalmente, es necesario precisar que aunque en las pretensiones
formuladas en la presente demanda se solicitó, también, infirmar el auto
del 23 de mayo de 2022 mediante el cual se resolvió el recurso de
súplica, la Sala observa que se trata de una simple estrategia para,
eventualmente, justificar la interposición de una nueva acción de tutela,
puesto que, en todo caso, el cuestionamiento se dirige concretamente
contra el auto del 11 de septiembre de 2020 que resolvió el recurso de
queja. Además, de dicha providencia también tuvo conocimiento la
Sección Cuarta de esta corporación que consideró que, por tratarse de
un recurso abiertamente improcedente, no era plausible adelantar el
análisis del requisito de inmediatez a partir de dicho proveído.

Lo anterior, conduce a concluir que la presente acción de tutela es
improcedente por encontrarse configurado el fenómeno de cosa juzgada
pues, en todo caso, la parte accionante no señaló ninguna razón que
justifique la interposición de una nueva acción constitucional,
comportamiento que resulta aún más cuestionable si se tiene en cuenta
que la señora Flor Myriam Jiménez Casteblanco actúa por conducto de
apoderado judicial quien, en una conducta contraria a la lealtad
procesal, se abstuvo de informar tal situación en esta nueva demanda
para, posiblemente, provocar un pronunciamiento favorable a sus
pretensiones.

Pese a ello, considera la Sala que no hay lugar a declarar la temeridad,
en tanto el apoderado de la demandante, en esta sede judicial, además

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de cuestionar la providencia del 11 de septiembre de 2020 como lo hizo
dentro del proceso n.º 11001-03-15-000-2022-03101-00, pidió
infirmar, también, el auto del 23 de mayo de 2022, lo que la torna
diferente de la acción de tutela interpuesta anteriormente. Por tanto,
dicha circunstancia, que aparentemente se trata de una simple
estrategia para justificar la interposición de una nueva acción de tutela
– lo que, de suyo, resulta reprochable –, implica que no se configure en
este asunto una actuación temeraria en los términos del artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991, con las consecuencias que allí se contemplan.

Por tanto, se prevendrá al abogado Juan Pablo Orjuela Vega para que,
en lo sucesivo, se abstenga de iniciar nuevamente acciones
constitucionales aduciendo los mismos hechos y pretensiones aquí
ventilados, y de incurrir en conductas que atenten contra la lealtad
procesal y la correcta administración de justicia, so pena de incurrir en
las respectivas sanciones legales.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
formulada por la señora Flor Miryam Jiménez Casteblanco
contra la Sección Segunda, Subsección B de esta
corporación, de conformidad con lo expuesto en
precedencia.

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SEGUNDO: PREVENIR al abogado Juan Pablo Orjuela Vega para que,
en lo sucesivo, se abstenga de iniciar nuevamente acciones
constitucionales aduciendo los mismos hechos y
pretensiones aquí ventilados, y de incurrir en conductas
que atenten contra la lealtad procesal y la correcta
administración de justicia, so pena de incurrir en las
respectivas sanciones legales.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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