Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05351-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05351-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05351-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
16 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05351-01
Accionante: FLOR MIRYAM JIMÉNEZ CASTEBLANCO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – de la
cosa juzgada constitucional – de la carga argumentativa como
presupuesto del requisito de la relevancia constitucional – se
confirma el fallo impugnado que declaró improcedente el mecanismo
de amparo
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada, mediante apoderado judicial, por la
actora en contra de la sentencia de 3 de noviembre de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a través de la
cual se declaró improcedente el mecanismo de amparo de la referencia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Flor Miryam Jiménez Casteblanco, por conducto de apoderado
judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica, cuya vulneración le
atribuyó a las providencias de 11 de septiembre de 2020 y de 23 de mayo de 2022,
dictadas por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado1,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-
23-42-000-2016-00759-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Comentó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de Colpensiones, con el propósito de obtener la reliquidación de su mesada
pensional.
1
Decisiones adoptadas en Salas Unitarias.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05351-01
Accionantes: Flor Miryam Jiménez Casteblanco
2.2. Relatóque el conocimiento del referido proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D, autoridad
judicial que, en sentencia de 14 de febrero de 2017, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
que: «[…] contra dicha decisión, quien actuaba como apoderado de
2.3. Refirió
Colpensiones no presentó recurso alguno […]». Sin embargo, «[…] de forma
irregular, apareció otro abogado en el proceso, pretendiendo presentar el recurso
de apelación, el cual fue negado por el Magistrado, pues no existe derecho de
postulación […]».
2.4. Señalóque contra la decisión que resolvió rechazar el recurso de apelación,
Colpensiones presentó recurso de queja, el cual fue desatado por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto de 11 de septiembre de
20202.
2.5. Puntualizó que: «[…] el Magistrado Palomino, de una forma completamente ilegal
e inconstitucional desconoce el derecho procesal general y revoca dicho auto sin
importar el derecho de postulación […]».
2.6. Anotó que: «[…] de forma más inexplicable, con fecha del 20 de octubre de 2020,
el mismo despacho dicta un auto absolutamente contrario al anterior, manifestando
que, si fue bien denegado el recurso, con fundamento en que no era el abogado de
la entidad quien presentó el recurso […]».
2.7. Adujo que contra la decisión de 11 de septiembre de 2020 promovió recurso de
súplica, el cual fue declarado improcedente mediante auto de 23 de mayo de 2022.
2.8. Manifestó que la decisión en la que se resolvió rechazar por improcedente el
recurso de súplica resulta violatoria de sus derechos fundamentales, en tanto que la
misma se fundamenta en «[…] una absurda interpretación del código […]». Al
respecto, enfatizó lo siguiente:
«[…] el despacho que resuelve la súplica hace una indebida interpretación de
la norma, pues dentro del punto 4.14. encontramos que el mencionado auto si
es susceptible de súplica por haber sido proferido por sala unitaria del despacho
del Magistrado Palomino.
En este orden de ideas, es claro que se está haciendo una incorrecta
interpretación de la norma, que resulta muy conveniente para el compañero de
sala, pues este auto si es suplicable, y con esta decisión se están vulnerando
vulgarmente los derechos de mi mandante […]»
2.9. Aseveró que debió declararse bien denegado el recurso de apelación interpuesto
por Colpensiones, habida cuenta que: «[…] la razón por la cual se negó la apelación
fue por la negligencia y descuido de la parte demandada en el reparto de sus
procesos, tanto así que quien debía asistir a la audiencia no lo hizo, radicando
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En Sala Unitaria.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05351-01
Accionantes: Flor Miryam Jiménez Casteblanco
posteriormente un poder a nombre del abogado MONROY SANMIGUEL, quien
desde ese momento se entiende como apoderado de la entidad, y es la abogada
primigenia quien presenta el recurso de apelación, actuando dentro del proceso, sin
estar facultada por encontrarse como apoderado el abogado mencionado […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:
«[…] Solicito se declare la violación de los derechos al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, y la seguridad jurídica, y de esta forma
se deje sin efectos el auto proferido por el Magistrado Carmelo Perdomo que
declaró improcedente el recurso de súplica, y el del Magistrado PALOMINO, por
el cual declara mal denegado el recurso de apelación y en su lugar se confirme
el rechazo del recurso de apelación proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA […]».
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, a través del
consejero a cargo de la sustanciación del proceso y mediante auto de 11 de octubre
de 2022, admitió la presente acción de tutela. Igualmente, vinculó como tercero con
interés en las resultas del proceso a Colpensiones.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y vinculada, se allegaron
los siguientes informes:
5.1. LaSubsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
conducto del magistrado que profirió la decisión de 23 de mayo de 2022, rindió
informe en el que manifestó que se atiene a lo que se demuestre durante el trámite
del presente proceso.
5.2. Colpensiones, por intermedio de la directora de acciones constitucionales de la
entidad, rindió informe en el que solicitó la improcedencia de la presente acción de
tutela, dado que «[…] no se ha materializado ningún vicio, defecto o vulneración de
derechos fundamentales por parte del CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN B, así como por la abierta improcedencia de la tutela
contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que nuestra legislación ha
dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo allí
determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia […]».
5.3. Igualmente, advirtió que la aquí actora ya había promovido otra acción de tutela
en contra de la misma decisión aquí cuestionada, razón por la que se configuró la
cosa juzgada constitucional, «[…] debido a que ya fue objeto de debate y resolución
por parte de otro despacho […]».
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05351-01
Accionantes: Flor Miryam Jiménez Casteblanco
VI. FALLO IMPUGNADO
6. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
fallo de tutela de 3 de noviembre de 2022, resolvió “rechazar por improcedente” la
presente acción de tutela. Como sustento de ello, en síntesis, expuso lo siguiente:
«[…] emerge con claridad para la Sala que lo pretendido en la presente acción
de tutela ya fue objeto de pronunciamiento por parte otro juez constitucional y,
en ese sentido, se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional,
pues, como quedó visto, la acción de tutela tramitada bajo el n.º 11001-03-15-
000-2022-03101-00 versó sobre los mismos hechos, las iguales pretensiones
e idéntica causa petendi que se ventilan en el asunto de la referencia.
Adicionalmente, es necesario precisar que aunque en las pretensiones
formuladas en la presente demanda se solicitó, también, infirmar el auto del 23
de mayo de 2022 mediante el cual se resolvió el recurso de súplica, la Sala
observa que se trata de una simple estrategia para, eventualmente, justificar la
interposición de una nueva acción de tutela, puesto que, en todo caso, el
cuestionamiento se dirige concretamente contra el auto del 11 de septiembre
de 2020 que resolvió el recurso de queja. Además, de dicha providencia
también tuvo conocimiento la Sección Cuarta de esta corporación que
consideró que, por tratarse de un recurso abiertamente improcedente, no era
plausible adelantar el análisis del requisito de inmediatez a partir de dicho
proveído […]».
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
7. El apoderado judicial de la accionante impugnó la decisión de primera instancia,
reiterando, en términos generales, los argumentos expuestos en el escrito inicial de
tutela.
8. Además de lo anterior, señaló que: «[…] claramente en esta acción de tutela el
auto que se ataca principalmente es el que fue proferido con el fin de declarar
improcedente el recurso de súplica, no es una simple excusa para presentar una
“nueva acción de tutela” […]».
9. Igualmente, destacó que se incurrió «[…] en una gravísima superficialidad el
despacho al manifestar que se pretende ÚNICAMENTE LA PRESENTACIÓN
DE UNA NUEVA ACCIÓN DE TUTELA, pues no es de menor importancia que
en la tutela que no se atacó el auto que en esta tutela es atacado por violar los
derechos de mi mandante [...]».
10. Por último, la parte impugnante solicitó revocar el fallo impugnado y que, como
consecuencia de ello, se amparen sus derechos fundamentales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05351-01
Accionantes: Flor Miryam Jiménez Casteblanco
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia
11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19913, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20214 y
en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, respecto de la distribución
de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.
VIII.2. Problemas jurídicos
12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela.
b) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por
el accionante, al haber incurrido en interpretación errónea de la norma.
13. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, para posteriormente proceder a ii) resolver el caso concreto.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
5
14. En sentencia de 31 de julio de 2012 , la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.
15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
3
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05351-01
Accionantes: Flor Miryam Jiménez Casteblanco
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
6
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.
18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión8» que se encaje en dichos
parámetros.
19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
20. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
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Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05351-01
Accionantes: Flor Miryam Jiménez Casteblanco
VIII.4. Caso concreto
21. La ciudadana Flor Miryam Jiménez Casteblanco, por conducto de apoderado
judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica, cuya vulneración
atribuyó a las providencias de 11 de septiembre de 2020 y de 23 de mayo de 2022,
dictadas por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-
23-42-000-2016-00759-01.
22. En este punto es preciso indicar que, de acuerdo con las pretensiones planteadas
en el escrito de tutela, la accionante dirige la presente acción de tutela en contra de
dos providencias a saber: (i) la de 11 de septiembre de 2020, por medio de la cual
se decidió el recurso de queja, y (ii) la de 23 de mayo de 2022, a través del cual se
negó por improcedente el recurso de súplica presentado en contra de la anterior
decisión.
23. En razón a lo anterior, el presente análisis se estudiará de forma separada
respecto de cada una de las decisiones enjuiciadas, dado que la actora, con
anterioridad al presente mecanismo de amparo, había promovido acción de tutela
en contra de la decisión de 11 de septiembre de 2020.
VIII.4.1. De la cosa juzgada constitucional respecto de la providencia de 11 de
septiembre de 2020 que se cuestiona por la actora a través de la presente
acción de tutela
24. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que la institución procesal de la cosa
juzgada constitucional ha sido ampliamente estudiada por la Corte Constitucional 9
en el sentido de señalar que el objetivo de dicha figura consiste en dotar de la
calidad de inmutables, vinculantes y definitivas a las decisiones proferidas por las
autoridades judiciales con ocasión de los procesos de tutela, con lo cual se garantiza
la finalización de las controversias, así como la seguridad jurídica.
25. De manera que, a través de la cosa juzgada constitucional, se previene,
fundamentalmente, la existencia de decisiones judiciales contradictorias. En tal
sentido, la Corte Constitucional ha visto en esta figura un límite legítimo al ejercicio
de la acción de amparo, en la medida en que ningún ciudadano se encuentra
facultado para promover dos o más veces una solicitud de tutela fundamentada
sobre los mismos hechos.
26. En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha indicado que en materia de
acciones de tutela: «[…] una providencia pasa a ser cosa juzgada constitucional
9
Al respecto ver las sentencias SU – 055 de 2018,
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05351-01
Accionantes: Flor Miryam Jiménez Casteblanco
frente a otra cuando existe identidad de objeto,10 de causa petendi11 y de partes.12
Específicamente, las decisiones proferidas dentro de un proceso de amparo
constituyen cosa juzgada cuando la Corte Constitucional adquiere conocimiento de
los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de
revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria […]»13.
27. En caso de comprobarse su configuración deberá optarse, por regla general,
por la declaratoria de improcedencia de la acción con ocasión de la consolidación
de cosa juzgada en el respectivo asunto14.
28. Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado que no se configura cosa
juzgada entre dos acciones de tutela, «[…] si la nueva solicitud de amparo se
fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido analizados previamente por el
juez, o cuando al interponer la primera acción el peticionario no conocía- y no podía
conocer- nuevos elementos fácticos o jurídicos para sustentarla […]»15.
29. Así las cosas, esta figura procesal tiene como propósito evitar que los
funcionarios judiciales conozcan, tramiten o fallen un asunto ya resuelto, mediante
un fallo de tutela que ha cobrado ejecutoria.
30. En resumen, para la configuración de la cosa juzgada en acciones de tutela es
indispensable que se encuentre acreditado una identidad de partes, de hechos y
de causa petendi.
31. Descendiendo al caso concreto, y a efectos de comparar si esta acción de tutela
comparte identidad de partes, de causa petendi y de hechos con el proceso Nro.
11001-03-15-000-2022-03101-00, la Sala expone el siguiente cuadro comparativo:
Proceso No. 11001-03-15-000- Proceso No. 11001-03-15-000-2022-
2022-05351-00 (de la referencia) 03101-00
Accionante: Flor Miryam Accionante: Flor Miryam Jiménez
Jiménez Casteblanco Casteblanco
10
“es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.
Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o
sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que
no fueron declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
11
“es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis
de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder
a fallar sobre la nueva causa.” Sentencia C-774 de 2001.
12
“es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión
que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad
física sino la identidad jurídica.” Sentencia C-774 de 2001.
13
Sentencia T- 649 de 2011, T- 280 de 2017.
14
Sentencia T- 019 de 2016.
15
Sentencia T-185 de 2013. En esta oportunidad la Sala Novena de Revisión resolvió el caso de una persona a la que la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas le negó la entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia debido a que se encontraba afiliada en calidad de cotizante al sistema de salud en el régimen
contributivo. Sin embargo, se constató que dicha controversia ya había sido resuelta mediante fallo emitido por otra autoridad
judicial, por lo que se configuró la cosa juzgada constitucional. Al respecto se indicó: “la Sala considera que la nueva solicitud
de amparo promovida por la demandante no se fundamentó en hechos nuevos. Es más todos supuestos fácticos afirmados
por la señora Guerra David fueron tenidos en cuenta con anterioridad por el juez. Incluso, no alegó nuevos elementos fácticos
o jurídicos que funden la solicitud actual”. Pese a ello se descartó la temeridad de la acción al considerarse que la actora se
encontraba en un alto grado de indefensión como quiera que hacía parte de un grupo poblacional que es sujeto de especial
protección constitucional y lo que pretendía era la entrega de ayuda humanitaria para satisfacer su mínimo vital, por lo que
se descartó un actuar doloso de parte de la accionante.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05351-01
Accionantes: Flor Miryam Jiménez Casteblanco
Accionado: Consejo de Estado Accionado: Consejo de Estado –
Partes – Sección Segunda – Sección Segunda – Subsección B
Subsección B
«[…] Solicito se declare la «[…] Solicito se declare la violación
violación de los derechos al de los derechos al debido
debido proceso, el acceso a la proceso, el acceso a la
Pretensiones administración de justicia, y la
administración de justicia, y la
seguridad jurídica, y de esta seguridad jurídica, y de esta
forma se deje sin efectos el auto forma se deje sin efectos el auto
proferido por el Magistrado proferido por el Magistrado
PALOMINO, por el cual declara Carmelo Perdomo que declaró
mal denegado el recurso de improcedente el recurso de súplica,
apelación y en su lugar se y el del Magistrado PALOMINO,
confirme el rechazo del recurso por el cual declara mal denegado el
de apelación proferido por el recurso de apelación y en su lugar
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO se confirme el rechazo del recurso
DE CUNDINAMARCA […]». de apelación proferido por el
(Negrillas por fuera del texto) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA […]».(Negrillas por
fuera del texto)
En el caso que nos ocupa, los En este caso, y tal como lo sintetizó
argumentos por los cuales se el a quo que conoció de este
promovió la acción de tutela en proceso, los argumentos en esa
contra de la decisión de 11 de oportunidad fueron los siguientes:
septiembre de 2020, se
resumieron así: «[…] La accionante promovió
acción de tutela contra la Sección
«[…] el Magistrado Palomino, de Segunda, Subsección “B” del
una forma completamente ilegal Consejo de Estado con el propósito
e inconstitucional desconoce el de que se amparen los derechos
derecho procesal general y fundamentales al debido proceso y
revoca dicho auto sin importar el de acceso a la administración de
derecho de postulación […]». justicia, así como el principio de
seguridad jurídica, los cuales
Aseveró que debió declararse consideró vulnerados con el auto
bien denegado el recurso de de 11 de septiembre de 2020 que
Hechos apelación interpuesto por declaró “mal negado el recurso de
Colpensiones, habida cuenta que apelación interpuesto por la
«[…] la razón por la cual se negó apoderada de la Administradora
la apelación fue por la Colombiana de Pensiones contra la
negligencia y descuido de la sentencia de 14 de febrero de 2017
parte demandada en el reparto proferida por el Tribunal
de sus procesos, tanto así que Administrativo de Cundinamarca”, y
quien debía asistir a la audiencia dispuso admitirlo en el efecto
no lo hizo, radicando suspensivo.
posteriormente un poder a
nombre del abogado MONROY […]
SANMIGUEL, quien desde ese
momento se entiende como Señaló que “con la excusa de
apoderado de la entidad, y es la garantizar el derecho sustancial de
abogada primigenia quien Colpensiones a una segunda
presenta el recurso de instancia”, la autoridad judicial
apelación, actuando dentro del accionada desconoció reglas
proceso, sin estar facultada por procesales claras sobre el derecho
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05351-01
Accionantes: Flor Miryam Jiménez Casteblanco
encontrarse como apoderado el de postulación que debe
abogado mencionado […]». acreditarse para actuar en un
proceso judicial, vulnerando con
ello las garantías del debido
proceso de la parte demandante.
Consideró un error que en la
providencia cuestionada se citara la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos como
fundamento de los derechos
fundamentales de Colpensiones,
cuando la misma está destinada a
seres humanos […]».
Se declaró improcedente por no
Decisión de Sin decisión de fondo satisfacer el requisito general de
instancia procedibilidad atinente a la
inmediatez
32. Conforme a lo anterior, para la Sala no existe duda en torno a que la acción de
tutela número 11001-03-15-000-2022-03101-00 y el mecanismo de amparo de la
referencia comparten identidad de partes, de objeto y de causa petendi en
cuanto a la presunta vulneración atribuida a la providencia de 11 de septiembre de
2020, dictada por la autoridad aquí accionada, y por medio de la cual se decidió el
recurso de queja; de allí que, tal como lo consideró el juez de primera instancia,
resulta procedente declarar la cosa juzgada constitucional en cuanto a este motivo
de inconformidad se refiere.
33. Ello en atención a que ambas acciones de amparo persiguen el mismo objeto (que
se deje sin efectos la providencia de 11 de septiembre de 2020), y se busca la protección de los
mismos derechos fundamentales (al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
el principio de seguridad jurídica) presuntamente vulnerados por la misma conducta de la
autoridad aquí accionada (Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B).
34. Por lo anterior, se confirmará el fallo de primera instancia en cuanto declaró la cosa
juzgada constitucional.
VIII.4.2. De la carga argumentativa como presupuesto para tener como
satisfecho el requisito atinente a la relevancia constitucional frente a la
presunta vulneración atribuida al auto de 23 de mayo de 2022
35. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que
el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental16 y
16 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
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no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de
contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones17.
36. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales18, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces19.
37. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación20, que:
[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión
tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]. (Destaca la Sala de Decisión)
38. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202221
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
18 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
19 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
20
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionantes: Flor Miryam Jiménez Casteblanco
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto
a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto
de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede
llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones
de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales.
[…]». [negrillas de la Sala]
39. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que
la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales22.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Rad. núm.: 2016-03249-00).
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40. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que el actor invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe
ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
41. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso de la
referencia, la parte actora alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el
principio de seguridad jurídica, al haber efectuado «[…] una absurda interpretación
del código […]», con ocasión de la expedición de la providencia de 23 de mayo de
2022.
42. En desarrollo de lo anterior, el apoderado judicial de la accionante expuso lo
siguiente:
«[…] el despacho que resuelve la súplica hace una indebida interpretación de
la norma, pues dentro del punto 4.14. encontramos que el mencionado auto si
es susceptible de súplica por haber sido proferido por sala unitaria del despacho
del Magistrado Palomino.
En este orden de ideas, es claro que se está haciendo una incorrecta
interpretación de la norma, que resulta muy conveniente para el compañero de
sala, pues este auto si es suplicable, y con esta decisión se están vulnerando
vulgarmente los derechos de mi mandante […]».
43. De lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que la argumentación que
expuso la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad judicial accionada contiene serias
deficiencias justificativas, que hacen imposible que el juez constitucional aborde el
estudio de fondo de su solicitud de amparo.
44. Ello es así, en atención a que, pese a que el presente mecanismo de amparo se
promovió a través de un profesional del derecho, la realidad es que no se expusieron
argumentos serios y precisos por los cuales la autoridad accionada supuestamente
vulneró los derechos fundamentales de la actora. Es más, ni siquiera se identificó
concretamente la disposición normativa que, a su juicio, se interpretó erróneamente.
45. Valga mencionar que esta falencia argumentativa no puede ser suplida por el juez
de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la flexibilización
de formalidades que impidan la garantía de los derechos fundamentales, tratándose
del reproche contra providencias judiciales, es exigible un mínimo de argumentación
que habilite un examen de fondo sobre actuaciones que han hecho tránsito a cosa
juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas de competencia en procesos
que ofrecen los medios para proteger las garantías constitucionales. En armonía
con lo anterior, la Corte Constitucional, en reciente sentencia SU-215 de 2022,
señaló lo siguiente:
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05351-01
Accionantes: Flor Miryam Jiménez Casteblanco
[…] dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el juez
de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”23. Esto implica
que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia. […].
(negrillas por fuera del texto original)
46. Adicionalmente, la Sala debe advertir que, en cumplimiento del precedente
contenido en la citada sentencia de unificación SU – 215 de 2022, la sola mención
de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
47. Esto es así porque la acción de tutela contra providencias judiciales no busca
proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una tercera
instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial.
De allí que su procedencia sea excepcional24, toda vez que lo contrario atentaría
contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio
de cosa juzgada25.
48. Por
los anteriores razonamientos, la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional frente a la vulneración atribuida al auto de 23 de mayo
de 2022 dictado por la autoridad aquí accionada, motivo por el cual se declarará su
improcedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 3 de noviembre de 2022, proferido por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
23
Sentencia SU-074 de 2022.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05351-01
Accionantes: Flor Miryam Jiménez Casteblanco
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
de conformidad con el artículo 32 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P:(18)
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