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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05359-00

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05359-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición del señor Hernán Rafael Torres Hernández. En consecuencia, Segundo.- ORDÉNASE al secretario jurídico de la Presidencia de la República que, si no lo ha hecho, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, efectúe el traslado por competencia de la petición de 12 de septiembre de 2022 y envíe copia del oficio remisorio al actor. Tercero.- ÍNSTASE al coordinador del Grupo de Atención y Orientación al Ciudadano del Ministerio de Defensa Nacional y a la jefe del Área de Atención y Servicio al Ciudadano de la Policía Nacional para que, una vez reciban el traslado de la petición, la resuelvan en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011. Cuarto.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05359-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

17 de noviembre de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05359-00
Demandantes: HERNÁN RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05359-00
Demandante: HERNÁN RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
petición. Traslado de la petición por autoridad no competente

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Hernán Rafael Torres Hernández, a través de apoderado
judicial, contra la Presidencia de la República, en la que pide el amparo
constitucional del derecho fundamental de petición, vulnerado, supuestamente, por
la falta de respuesta a la solicitud que formuló el 12 de septiembre de 2022, con el
fin de que le suministrara información relacionada con un operativo policial
efectuado el 7 de septiembre de 2022, en el que se vio involucrado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante afirmó que el 7 de septiembre de 2022, junto con sus familiares, se
encontraba coordinando trabajos de adecuación en su finca familiar ubicada en el
corregimiento Arroyo Arena, jurisdicción del municipio el Carmen de Bolívar, y que
a las 2:30 pm se presentaron en el lugar efectivos de la Policía Nacional que
realizaron un procedimiento policial “irregular y violatorio de los derechos
humanos, y a la convivencia pacífica”.

Sostuvo que aun cuando se identificó como abogado e informó que el
procedimiento que se estaba realizando era irregular, en el sentido de que se
estaba abusando del uso de la fuerza, el personal policial lo atemorizó con su
arma de dotación, expresó que no le importaba dicha calidad y retuvo al señor
Néstor Rafael Torres Manjarrez, quien “fue sometido a violaciones de sus
derechos humanos, obligado a acostarse boca abajo, recibiendo golpes y palabras
obscenas, y posteriormente liberado sin recibir ninguna explicación por lo
sucedido, ni recibió auxilio, ni disculpas”.

Adujo que, por conducto de apoderado, el 12 de septiembre de 2022, por correo
electrónico, presentó derecho de petición ante la Presidencia de la República, para
que, en garantía del derecho a denunciar, le entregara: (i) la identificación de los
miembros de la Policía Nacional que adelantaron el operativo del 7 de septiembre
de 2022; (ii) copia de la minuta de guardia en la que se registró el operativo del 7
de septiembre de 2022, (iii) informe administrativo del mencionado operativo, y

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Demandantes: HERNÁN RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ

pidió que “se instruya la policía con capacitación de buen trato y respeto a los
derechos humanos”.

Finalmente, sostuvo que a la fecha de presentación de la acción de tutela no se ha
dado respuesta a su petición.

2. Fundamentos de la acción

El accionante interpuso acción de tutela con el objeto de que se proteja el derecho
fundamental de petición, el cual considera vulnerado por la falta de respuesta de la
entidad accionada a la petición que presentó el 12 de septiembre de 2022.

Indicó que el actuar de los policiales que realizaron el procedimiento no tuvo en
cuenta el respeto a los derechos humanos, y desconoció acuerdos sobre la
materia como la Declaración Universal de los Derechos humanos, los artículos 1 al
30 de la Constitución Política, la Ley 62 de 1993 y la Ley 1801 de 2016, en la que
se instituyeron los deberes de las autoridades de Policía.

Por último, adujo que la omisión de respuesta “se entiende como patrocinadora,
tolerante a la violación de los derechos humanos que aplica y ejerce la policía
nacional, como acontece en el caso en estudio, y demás hechos provocados por
la policía nacional, como ocurrió en la ciudad de Sincelejo-Sucre, que asesinaron
3 inocentes ciudadanos, empañando la buena imagen de la institución, la cual la
están acabando estos malos policiales”, y listó los derechos fundamentales que
considera vulnerados con el proceder de los policiales.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1.- Que se ampare el derecho fundamental derecho de petición.

2.- Que se ordene a la accionada dar respuesta de fondo al derecho de petición
de fecha 12 del mes de septiembre de 2022, esto es:

1.- Que se le garantice a mi representado HERNAN RAFAEL TORRES
HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. (…) expedida en el
Carmen de Bolívar, el derecho de denunciar, y para lo cual requiere.

a.- Que se le haga entrega de los nombres, apellidos, numero de cedulas,
cargo, y numero policial, de los policiales que atendieron el operativo y/o
procedimiento policial, realizado el día 07 de septiembre de 2022, a las 02:20
pm, en el corregimiento arroyo arena, jurisdicción del municipio el Carmen de
Bolívar, con el fin de presentar la denuncia respectiva contra personas
determinadas.

2.- Que se haga entrega Copia de la minuta de guardia donde se registra el
operativo realizado el día 07 de septiembre de 2022, en el corregimiento arroyo
arena, jurisdicción del municipio el Carmen de Bolívar.

3.- Que se haga entrega del informe administrativo donde se reporta el
operativo realizado el día 07 de septiembre de 2022, en el corregimiento arroyo
arena, jurisdicción del municipio el Carmen de Bolívar.

4.- En aras de recuperar la confianza entre la ciudadanía del municipio del
Carmen de Bolívar, que se instruya la policía con capacitación de buen trato y
respeto a los derechos humanos”.

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4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digitalizada de la petición presentada por el actor el 12 de
septiembre de 2022 ante la Presidencia de la República, así como prueba de su
envío.

5. Trámite procesal

Por auto de 18 de octubre de 2022, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la acción de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al accionante,
a la autoridad accionada, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, como tercera interesada en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
109962 a 109965, todas de 19 de octubre de 2022, con el fin de darle
cumplimiento a la referida decisión1.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Presidencia de la República

El asesor jurídico de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la
falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto, informó, no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados, toda vez que al no ser
competente para responder de fondo la solicitud del accionante, efectuó su
traslado al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, e informó al
accionante de los trámites efectuados.

Sostuvo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de
2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se
regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República dio traslado al
Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, e informó al accionante de
los trámites efectuados, por medio de las comunicaciones:

-OFl22-00104774 / GFPU 11040001 de 19 de septiembre de 2022, dirigido al
Coordinador Grupo de Atención y orientación al ciudadano del Ministerio de
Defensa Nacional.
• OFl22-00104775 / GFPU 11040001 de 19 de septiembre de 2022, dirigido al
Jefe del Área de Atención y Servicio al Ciudadano de la Policía Nacional.
-OFl22-00104762 / GFPU 11040001 de 19 de septiembre de 2022.

6.2. Los demás vinculados al trámite judicial, aun cuando fueron debidamente
notificados del auto admisorio de la acción de tutela, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de
1
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: carlosromeroperez@hotmail.com,
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co.
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2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el
asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la autoridad accionada vulneró el derecho
fundamental de petición, por la falta de respuesta a la solicitud que el accionante
presentó el 12 de septiembre de 2022.

3. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.

La Corte Constitucional ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de
petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta garantía
fundamental. En la sentencia T-1160A de 20012, esa corporación judicial señaló:
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3.
Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos
se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco
se concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que
no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el
Legislador lo reglamente.
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El

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M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294
de 1997 y T-457 de 1994. ”3 .
Mediante la sentencia T-1006 de 2001,4 la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales
más:
j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber
de responder”;5
k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al
interesado6”.

Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte
Constitucional precisó que:

“ (…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
7
elementos que constituyen su núcleo esencial : (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
8
debe ser lo más corto posible , así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
9
necesariamente se debe acceder a lo pedido .

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato
explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles
10
para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello´

3
Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
4
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de 2001, MP.
Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el
traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un
elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que la simple respuesta de incompetencia,
constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la Corte: “…[las respuestas simplemente
formales o evasivas]… no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración
elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de
conformidad con el artículo 209 de la Constitución…”.
6
Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
7
Sentencias T-147 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-108 de 2006 y T-490 de 2005, M.P.
Jaime Araujo Rentería; T-1130 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-373 de 2005, M.P. Álvaro Tafur
Galvis, entre otras.
8
Sentencia T-481 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.
9
Sentencias T-259 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo
Rentería, entre otras.
10
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-615 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;
T-178 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T- 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo; T-149 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
11
respuesta adoptada por la entidad” . (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

Sobre este último aspecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, ha señalado que:

“La Administración, como las demás autoridades públicas, tiene el deber de servir a la
comunidad y de hacer efectivos los derechos constitucionales y legales del ciudadano
(Arts. 2 C.P. y 2 C.C.A.). Por ello, su posición frente al derecho de petición no es
pasiva o de defensa, sino que se encuentra orientaba por un mandato de
colaboración con el administrado, en orden a que éste pueda concretar los derechos
que le concede el ordenamiento jurídico.

En esa medida, la garantía del derecho de petición por parte de las autoridades
públicas lleva implícitos deberes de facilitación y orientación del ciudadano, tanto en
la recepción y trámite de las peticiones, como al momento de responder oportuna, de
fondo y eficazmente (…)

En su lugar, la entidad no competente para atender una petición debe remitirla a la
autoridad que corresponda, lo que implica que deba revisar: (i) si tiene o no
competencia para responder; y (ii) en caso negativo, cuál es la entidad que tiene
competencia para ello (concreción del mandato general de colaboración de la
Administración). Ambos extremos del análisis, en cuanto necesarios para la
protección y eficacia del derecho fundamental de petición, exigen de la respectiva
entidad una ponderación seria y razonada como requisito previo a la activación del
mecanismo de remisión por competencia.

11
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Y, para que la persona no quede sujeta a una discusión indefinida al interior del
propio Estado sobre quién debe atender su petición, lo que también representaría una
violación de este derecho fundamental (…)

En este orden, la entidad que niega su competencia para tramitar una actuación
administrativa no sólo debe remitirla a la autoridad competente para ello, sino que le
asiste un deber especial de sustentación de esa decisión, de manera que, no tenga
duda alguna de que el asunto escapa del ámbito de su competencia; por su parte, la
entidad que recibe la actuación por remisión competencial de otra, tiene una carga
especial de verificación seria y motivada y ante todo ab initio, sobre si tiene o no la
competencia que se le imputa (…)”.

Esta Corporación también se ha referido al derecho de petición, al indicar que
“se garantiza cuando la administración responde de fondo, de manera clara
y precisa y dentro de un plazo razonable a la solicitud presentada, lo que
supone que las situaciones contrarias (…), son susceptibles de protección por el
juez constitucional mediante fallo de tutela que ordene a la autoridad peticionada
emitir una respuesta conforme a los lineamientos trazados”12.

Con fundamento en lo anterior, la garantía del derecho fundamental de petición,
conlleva el deber constitucional y legal ineludible de dar respuesta a las
peticiones, de fondo, en forma clara y precisa, dentro de los términos anotados,
siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En el presente asunto, el accionante considera que la autoridad judicial
accionada vulneró su derecho fundamental de petición, por la falta de respuesta a
la solicitud que formuló el 12 de septiembre de 2022, en la que requirió
información relativa al procedimiento policial del que fue objeto el 7 de septiembre
de 2022 en el corregimiento Arroyo Arena, jurisdicción del municipio el Carmen de
Bolívar.

4.2. De acuerdo con la información que reposa en el expediente de tutela, la Sala
inicia por señalar que Hernán Rafael Torres Hernández, mediante apoderado
judicial, solicitó a la Presidencia de la República lo siguiente:

“1.- Que se le garantice a mi representado Hernán Rafael Torres Hernández,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 73.550.127 expedida en el
Carmen de Bolívar, el derecho de denunciar, y para lo cual requiere.

a.- Que se le haga entrega de los nombres, apellidos, numero de cédulas,
cargo, y numero policial, de los policiales que atendieron el operativo y/o
procedimiento policial, realizado el día 07 de septiembre de 2022, a las 02:20
pm, en el corregimiento arroyo arena, jurisdicción del municipio el Carmen de
Bolívar, con el fin de presentar la denuncia respectiva contra personas
determinadas.

2.- Que se haga entrega Copia de la minuta de guardia donde se registra el
operativo realizado el día 07 de septiembre de 2022, en el corregimiento arroyo
arena, jurisdicción del municipio el Carmen de Bolívar.

3.- Que se haga entrega del informe administrativo donde se reporta el
operativo realizado el día 07 de septiembre de 2022, en el corregimiento arroyo
arena, jurisdicción del municipio el Carmen de Bolívar.

12
Sentencia del 10 de octubre de 2016. C. P. Gabriel Valbuena Hernández (exp. 2016-03681-01)
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4.- En aras de recuperar la confianza entre la ciudadanía del municipio del
Carmen de Bolívar, que se instruya la policía con capacitación de buen trato y
respeto a los derechos humanos.

La anterior petición se presentó mediante correo electrónico enviado el 12 de
septiembre de 2022, como se puede observar en el pantallazo de correo aportado
por el demandante:

Respecto de la anterior petición, la autoridad demandada adelantó las siguientes
actuaciones:

• Oficio OFI22-00104774/GFPU 12000002 de 19 de septiembre de 2022, por
el cual la asesora de Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia
de la República dio traslado al coordinador del Grupo de Atención y
Orientación al Ciudadano del Ministerio de Defensa Nacional de la petición
del 12 de septiembre de 2022. La parte demandada aportó documento de
trazabilidad que, adujo, correspondía al citado oficio, en el que se registra:

• Oficio OFI22-00104775/GFPU 12000002 de 19 de septiembre de 2022, por
el cual la asesora de Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia
de la República dio traslado de la petición del 12 de septiembre de 2022 a
la jefe del Área de Atención y Servicio al Ciudadano de la Policía Nacional.
La parte demandada aportó documento de trazabilidad que, adujo,
correspondía al citado oficio, en el que se registra:

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05359-00
Demandantes: HERNÁN RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ

• Oficio OFI22-00104762/GFPU 12000002 de 19 de septiembre de 2022,
mediante el cual la asesora de Grupo de Atención a la Ciudadanía de la
Presidencia de la República informó al apoderado del señor Héctor Rafael
Torres Hernández que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de
2011, dio traslado de la petición a la Policía Nacional y al Ministerio de
Defensa Nacional. De acuerdo con el documento de trazabilidad, el citado
oficio se remitió el 19 de septiembre de 2022 a la dirección electrónica
carlosromeroperez@hotmail.com, que coincide con el señalado en el
escrito de tutela, como se ve a continuación:

Conforme con lo anterior, la Sala encuentra, en primer lugar, que aunque los
oficios OFI22-00104774/GFPU 12000002 y OFI22-00104775/GFPU 12000002 de
19 de septiembre de 2022 dan cuenta de un traslado, de esos documentos no es
posible inferir que efectivamente se trate de la petición del 12 de septiembre de
2022, pues no contienen ningún asunto.

Igualmente, el oficio OFI22-00104762/GFPU 12000002 de 19 de septiembre de
2022, que se remitió al correo que reportó en la petición el señor Hernán Rafael
Torres Hernández, no da cuenta de que se acogieran los lineamientos previstos

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05359-00
Demandantes: HERNÁN RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ

por el artículo 21 de la Ley 1755 de 201513, esto es, que se informara del traslado
al actor con copia del oficio remisorio.

En este sentido, la autoridad demandada no demostró que para la fecha en que se
presentó la acción de tutela o incluso antes de dictarse la sentencia de primera
instancia, hubiese hecho el traslado efectivo de la petición de 12 de septiembre de
2022, presentada por el señor Torres Hernández.

Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del señor
Hernán Rafael Torres Hernández y ordenará al secretario jurídico de la
Presidencia de la República que, si no lo hubiere hecho, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta providencia, efectúe el traslado por
competencia de la petición de 12 de septiembre de 2022 y envíe copia del oficio
remisorio al actor. De igual forma, se instará al coordinador del Grupo de Atención
y Orientación al Ciudadano del Ministerio de Defensa Nacional y a la jefe del Área
de Atención y Servicio al Ciudadano de la Policía Nacional para que, una vez
reciban el traslado de la petición, la resuelvan en los términos previstos en la Ley
1437 de 2011.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición del señor Hernán
Rafael Torres Hernández. En consecuencia,

Segundo.- ORDÉNASE al secretario jurídico de la Presidencia de la República
que, si no lo ha hecho, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
providencia, efectúe el traslado por competencia de la petición de 12 de
septiembre de 2022 y envíe copia del oficio remisorio al actor.

Tercero.- ÍNSTASE al coordinador del Grupo de Atención y Orientación al
Ciudadano del Ministerio de Defensa Nacional y a la jefe del Área de Atención y
Servicio al Ciudadano de la Policía Nacional para que, una vez reciban el traslado
de la petición, la resuelvan en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011.

Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente

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Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al
de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará
copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará.
Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05359-00
Demandantes: HERNÁN RAFAEL TORRES HERNÁNDEZ

de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA

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