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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05367-00

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Guillermo Sanchez Luque
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05367-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de desinvestidura formulada por Nisson Alfredo Vahos Pérez y Yezid Gaitán Marín contra el exsenador Rodolfo Hernández Suárez, por la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05367-00

Consejero ponente: Guillermo Sanchez Luque

20 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA n°. 26

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 11001-03-15-000-2022-05367-00

Solicitante: NISSON ALFREDO VAHOS PÉREZ Y OTRO

Congresista: RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ

Asunto: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA

ARTÍCULOS DE PRENSA-Valor probatorio. DOCUMENTO EN MENSAJE DE DATOS-Se presume auténtico.
MENSAJE DE DATOS-Valor probatorio. PÉRDIDA DE INVESTIDURA-Tráfico de influencias debidamente
comprobado. TRÁFICO DE INFLUENCIAS-Requisitos de configuración de la causal de desinvestidura.
TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGOS DEPENDIENTES DE UNA PARTE-Valoración probatoria, art.
211 CGP. CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA-El artículo 281 CGP es aplicable al proceso de pérdida de
investidura. TRÁFICO DE INFLUENCIAS-Falta de prueba de los requisitos que estructuran la causal.

La Sala decide la solicitud de pérdida de investidura presentada por Nisson
Alfredo Vahos Pérez y Yezid Gaitán Marín contra el excongresista Rodolfo
Hernández Suárez.

SÍNTESIS DEL CASO

Se solicita la desinvestidura del exsenador Rodolfo Hernández Suárez, porque –se
asegura– incurrió en tráfico de influencias debidamente comprobado (art. 183.5
CN), al solicitar a la representante a la Cámara Marelen Castillo Torres que
designara unas personas en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), para ello le
envió un correo electrónico con unas hojas de vida.

ANTECEDENTES

El 7 de octubre de 2022, Nisson Alfredo Vahos Pérez y Yezid Gaitán Marín
formularon solicitud de pérdida de investidura contra el entonces congresista
Rodolfo Hernández Suárez, por incurrir en la causal de tráfico de influencias
debidamente comprobado (art. 183.5 CN). En apoyo de su pretensión, adujeron
que el exsenador Rodolfo Hernández Suárez y la representante a la Cámara
Marelen Castillo Torres fueron candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la
República, período 2022-2026, por el Movimiento Liga de Gobernantes
Anticorrupción. Como estos perdieron el balotaje, adquirieron el derecho a ocupar

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Congresistas: Rodolfo Hernández Suárez
Niega solicitud de desinvestidura

una curul en Senado y Cámara de Representantes, respectivamente. El 20 de julio
de 2022, ambos tomaron posesión de sus cargos. El 24 de septiembre de 2022, la
congresista Castillo Torres concedió una entrevista a la Revista Semana en la que
indicó que el senador Hernández «quiso imponerle» las personas que debía
vincular en su UTL. Los solicitantes sostuvieron que las declaraciones de la
representante a la Cámara evidencian que el exsenador acusado, prevalido de su
condición, intentó injerir en una decisión de otra servidora pública para obtener un
provecho, circunstancia que, según el marco normativo de los congresistas,
configura la causal de desinvestidura alegada.

El 12 de octubre de 2022, el consejero ponente devolvió la solicitud de
desinvestidura para que se subsanara. Como los solicitantes ajustaron el
documento, el 19 de octubre siguiente se admitió la solicitud, providencia que se
notificó a las partes y al Ministerio Público. El 24 de noviembre de 2022 se
decretaron las pruebas y se fijó fecha para recibir unos testimonios. El 7 de
diciembre de 2022 se inició la audiencia de testimonios, que continuó el 15 del
mismo mes. En esta última fecha, se fijó la oportunidad para celebrar la audiencia
pública y se desestimaron unas peticiones de los solicitantes. El 19 de diciembre
de 2022 se negó una petición de copias de un tercero.

El exsenador Rodolfo Hernández Suárez, en el escrito de contestación, al
oponerse a la solicitud, esgrimió que no se configuró la causal de desinvestidura
de tráfico de influencias, pues, conforme a los elementos objetivos que estructuran
esa conducta, sólo se demostró que tuvo la condición de congresista. Señaló que
se envió un correo electrónico a la representante Castillo Torres, con una
invitación para que revisara los perfiles de las hojas de vida de unos profesionales
que integrarían la UTL del propio Hernández Suárez. Ello obedeció al propósito de
los congresistas del movimiento político para designar, de común acuerdo, un
equipo de profesionales que los asesorara en conjunto. Afirmó que no es cierto
que hubiera ejercido influjo alguno en la congresista Castillo Torres, pues ella
escogió, sin apremio o injerencia, los integrantes de su UTL y que ninguno de los
que ella postuló para ese efecto correspondió a las personas referidas en el correo
electrónico. Arguyó que la solicitud de desinvestidura es deficiente, porque ni
siquiera determinó un reproche a la conducta del acusado –elemento subjetivo de
la causal–. Además, el juez del asunto no puede suplir oficiosamente esta falencia
del escrito.

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El 30 de enero de 2023 se celebró la audiencia pública. El solicitante alegó que,
según el testimonio de la representante a la Cámara Castillo Torres, el exsenador
Hernández Suárez intentó influir en la designación de los miembros de la UTL de
esa congresista. Ello se comprueba con el envío de un correo electrónico con
unas hojas de vida y con la entrevista que la representante dio a una revista, que
evidenció su incomodidad con el proceder de Hernández Suárez, que «quiso
imponerle» unas personas para la UTL. Aún más, como la representante a la
Cámara no accedió a las «presiones» del exsenador, este debió vincular a los
«recomendados» en su propia UTL. Concluyó que, si bien la representante a la
Cámara, al testimoniar, sostuvo que no sintió «coacción» por las insinuaciones de
Hernández Suárez, la causal de desinvestidura se configuró, pues el
excongresista se valió de su condición para intentar obtener un provecho. El
exsenador Hernández Suárez agregó que no se configuraron los presupuestos del
tráfico de influencias, porque envió el correo electrónico el 7 de julio de 2022,
cuando la destinataria y el remitente no tenían la condición de congresistas y, en
todo caso, ese mensaje no constituyó un influjo indebido en su antigua compañera
de campaña. Resaltó que el artículo de prensa no tiene valor probatorio para
acreditar la causal de desinvestidura y que, conforme a las pruebas, no obtuvo un
beneficio para él mismo o para un tercero.

El agente del Ministerio Público conceptuó en contra de la solicitud de
desinvestidura. Señaló que no se configuró el tráfico de influencias, de
conformidad con las pruebas. Explicó que, cuando se envió el correo electrónico,
los antiguos compañeros de campaña presidencial no tenían la condición de
congresistas. Concluyó que del contenido de ese mensaje y de las declaraciones
de los testigos, incluida la representante Castillo Torres –supuesta afectada por el
influjo indebido–, no se evidencia que el exsenador Hernández Suárez ejerció
coacción alguna ni antepuso su condición de congresista para buscar un beneficio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción en lo contencioso administrativo, como guardián del orden
jurídico, conoce de la solicitud de pérdida de investidura de miembros de

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corporaciones públicas de elección popular, según los artículos 104 y 143 CPACA.
La Sala Especial de Decisión n°. 26 del Consejo de Estado es competente para
decidir la desinvestidura, en primera instancia, de conformidad con los artículos
184 y 237.5 CN y 2 de la Ley 1881 de 2018.

La acción procedente

2. La acción de pérdida de investidura, como juicio de responsabilidad subjetiva,
es el medio de control idóneo para determinar si un miembro del Congreso de la
República, por su conducta dolosa o gravemente culposa, incurre en una de las
causales de pérdida de investidura que establece la Constitución, de conformidad
con el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 2019.

La legitimación en la causa

3. Nisson Alfredo Vahos Pérez y Yezid Gaitán Marín son ciudadanos que, según
los artículos 40 y 95.7 CN, 2 de la Ley 1881 de 2018 y 143 CPACA, están
legitimados para pedir la desinvestidura de un congresista. La acción de pérdida
de investidura procede contra el exsenador Rodolfo Hernández Suárez, conforme
a los artículos 184 CN y 2 de la Ley 1881 de 2018.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si un exsenador incurrió en la causal de tráfico
de influencias debidamente comprobado (artículos 183.5 CN y 296.5 Ley 5 de
1992) por pedir a una representante a la Cámara, integrante del mismo
movimiento político, que considerara unas hojas de vida para la integración de una
UTL.

III. Análisis de la Sala

Hechos probados

4. En el expediente obra un artículo de prensa1 (índice 2 –solicitud de

1 Cfr. https://www.semana.com/nacion/articulo/marelen-castillo-vice-del-ingeniero-hace-una-grave-acusacion-
contra-rodolfo-hernandez-queria-que-contratara-a-su-gente-en-la-utl-y-hasta-le-mando-las-hojas-de-
vida/202239/

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desinvestidura– SAMAI). Las informaciones difundidas en los medios de
comunicación no dan certeza sobre los hechos en ellos contenidos, sino de la
existencia de la noticia2 y en esas condiciones serán valoradas en este proceso.

Asimismo, las manifestaciones de un servidor público a un periodista no están
revestidas de las formalidades que las normas procesales prevén para las
declaraciones rendidas en un proceso judicial –por ejemplo, la delicada formalidad
de la gravedad de juramento–. Tampoco tienen los efectos, alcances y
restricciones que la ley prescribe para las declaraciones que un servidor rinde ante
una autoridad constitucional y legalmente autorizada, de conformidad con los
artículos 191 y 195 CGP, aplicables al proceso de desinvestidura, por remisión del
artículo 21 de la Ley 1881 de 2018.

5. El artículo 243 CGP dispone que los mensajes de datos, los discos y las
videograbaciones son documentos. A su vez, el artículo 244 prevé que los que
contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos,
mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos, según el caso. Esta
presunción de autenticidad se predica también de los aportados en forma de
mensaje de datos.

En concordancia con los artículos 247 CGP y 216 CPACA, el artículo 10 de la Ley
527 de 1999 establece que los mensajes de datos serán admisibles como medios
de prueba y que su fuerza probatoria está regulada por las normas del
procedimiento civil. Conforme a este precepto, en las actuaciones judiciales no se
negará eficacia, validez o fuerza obligatoria ni probatoria a la información
contenida en un mensaje de datos solo por el hecho de serlo o porque no se
presentó en su forma original3.

Los documentos aportados al proceso como mensajes de datos serán valorados,
porque cumplen los requisitos de los artículos 243, 244, 247 CGP y 216 CPACA,
también porque así lo autoriza el artículo 10 de la Ley 527 de 1999.

6. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al
2
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012,
Rad. 2011-01378 [fundamento jurídico 4] y sentencia del 1 de marzo de 2006, Rad. 16.587 [fundamento
jurídico 3.2]. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de
Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 377-378, respectivamente,
disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
3 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero de 2018,

rad. 11001-03-15-000-2015-02504-00 [fundamento jurídico 5].

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proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1. El 13 de julio de 2022, el Consejo Nacional Electoral, previa aceptación del
interesado, declaró la elección del ciudadano Rodolfo Hernández Suárez en el
Senado de la República, por haber obtenido el segundo lugar en el balotaje de las
elecciones a la Presidencia de la República, período 2022-2026, y ordenó la
expedición de la respectiva credencial, de conformidad con el artículo 24 de la Ley
1909 de 2018, según da cuenta copia de la Resolución 3285 de esa fecha (índice
4 SAMAI).

6.2. A 7 de octubre de 2022, la UTL de la representante a la Cámara Marelen
Castillo Torres estaba integrada por María Ximena O´Byrne Agredo, Jaider Andrés
Suárez Almanza, Julián Esteban Clavijo Torres, Deisy Viviana Ávila Díaz, Ramón
Alejandro Vargas Sierra y Leidy Lucía Largo Alvarado, según da cuenta oficio de
esa fecha del Sistema de Recursos y Nómina de la Cámara de Representantes,
suscrito por Camilo Alexander Bolaños Vásquez (índice 19 SAMAI).

Pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado

7. El artículo 183.5 de la Constitución, retomado por el artículo 296.5 de la Ley 5
de 1992, Orgánica del Congreso–LOC, prevé que los congresistas perderán su
investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado. La causal de
desinvestidura de tráfico de influencias se configura cuando un congresista
antepone su investidura frente a un servidor público que, bajo el influjo de la
dignidad congresal, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la
calidad de quien lo solicita. De modo que se produce una relación en la que el
congresista, gracias a su investidura, influye en el otro servidor para injerir en el
sentido de la decisión que aquel le solicita4.

Esta causal de desinvestidura se configura si se reúnen los siguientes elementos,
que deben aparecer demostrados en el proceso de forma concurrente: (i) que la
persona que ejerce la influencia tenga o haya tenido la calidad de congresista, que
se adquiere a partir de la posesión en el cargo; (ii) que se invoque esa calidad
ante el servidor público y se ejerza sobre este un influjo, que lleva al servidor a
realizar la actividad que el congresista pretende, sin que resulte relevante la

4 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de

2000, Rad. n°. AC-11349 [fundamento jurídico 2].

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relación de jerarquía entre el congresista y el otro servidor público; (iii) que el
congresista reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva,
con las salvedades o excepciones que la LOC establece en cuanto a las gestiones
de los congresistas en favor de sus regiones y (iv) que el beneficio pretendido por
el congresista provenga de un asunto que el otro servidor público se encuentre
conociendo o vaya a conocer y que ese beneficio se origine, precisamente, en un
asunto donde el servidor público tenga competencia o la vaya a tener, pues esa es
la razón por la que el congresista aborda al servidor5.

Primer presupuesto de la causal

8. El primer presupuesto de aplicación de la causal de desinvestidura consiste en
tener o haber tenido la calidad de congresista. Esta condición se adquiere a partir
de la posesión del cargo.

Obra en el expediente mensaje de datos del 7 de julio de 2022 [núm. 5] –aportado
por el exsenador Hernández Suárez y sin tacha de falsedad–, enviado desde una
cuenta de correo electrónico asociada a Rodolfo Hernández Suárez, en la que
aparece como remitente Ceidis Chavez, pero figura como signatario del
documento dicho excongresista. El mensaje se envió a la cuenta de correo
electrónico asociada a Marelen Castillo Torres. Tiene como asunto «equipo de
apoyo legislativo». Se anexaron tres archivos, en formato pdf, con las hojas de
vida de los abogados Gonzalo Suárez Beltrán y Ernesto Matallana y del ingeniero
civil Jesús Rodrigo Fernández Fernández. Se indicó como destinataria del
mensaje a «Apreciada Dra. Marelén» (índice 18 SAMAI).

Para la fecha de envío del mensaje de datos, tal como lo advirtió el agente del
Ministerio Público, Rodolfo Hernández Suárez no había tomado posesión de la
curul en el Senado de la República, pues ello sucedió el 20 de julio de 2022
[hecho probado 6.1. y art. 138 CN]. Asimismo, como Marelen Castillo Torres
también adquirió el derecho para ocupar una curul en la Cámara de
Representantes, por haber sido la fórmula vicepresidencial del Movimiento Liga de
Gobernantes Anticorrupción en las elecciones presidenciales de 2022 (art. 24 Ley
1909 de 2018), cuando se envió el mensaje de datos tampoco tenía la condición
de congresista y, por ello, no era servidora pública (art. 123 CN). De modo que no

5 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de julio de 1996, Rad

n°. AC-3640 [fundamento jurídico párr. 6].

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se cumple el primer presupuesto de la causal de desinvestidura, pues el
exsenador acusado no había tomado posesión del cargo ni tenía investidura de
congresista. En la misma situación se encontraba la destinataria del alegado
influjo indebido, es decir, Marelen Castillo Torres.

Segundo presupuesto de la causal

9. El segundo elemento para configurar la causal de desinvestidura consiste en
que el congresista invoque su condición ante un servidor público y ejerza un influjo
sobre este, que lleve a dicho servidor a realizar la actividad solicitada por el
congresista, sin que sea relevante la relación jerárquica entre uno y otro
funcionario.

Este es el contenido del mensaje de datos del 7 de julio de 2022:

[…] Quiero compartir con usted dos de las HV de las personas que, en calidad
de Asesores VIII: Ernesto Matallana y Jesús Rodrigo Fernández, que serán
acompañados por un Asesor III y una Asistente (cuyo grado está por definir, de
acuerdo con el perfil y la experiencia en labores en el Senado y, específicamente
en la Comisión Primera. También le remito la HV del Dr. Gonzalo Suárez Beltrán
que, generosamente, ha ofrecido su concurso para coordinar un grupo de
académicos que, ad honorem, para apoyar y analizar los temas legislativos en
general y, en particular de la comisión primera. Obviamente, he aceptado el
generoso ofrecimiento del jurista, pues será un apoyo muy importante en el
análisis de las iniciativas que presente el gobierno, los parlamentarios y los que
impulsemos desde la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
Fieles al mandato que nos entregaron más de 10.6 millones de colombianos,
hemos considerado que debemos centrar, no dispersar, los esfuerzos y el trabajo
en tres frentes fundamentales: i) lucha frontal contra la corrupción; ii) vigilancia
de la contratación pública y iii) reforma a la justicia. Basados en ese plan de
trabajo se ha conformado el equipo de trabajo con profesionales que conocen la
problemática y tienen propuestas concretas para solucionar los problemas.
En ese orden de ideas, quiero reiterarle la invitación que le formulara en los días
pasados para trabajar en equipo, por los temas expuestos y a aunar esfuerzos
físicos, humanos y presupuestales para adelantar una gestión legislativa exitosa,
centrada en la médula de la propuesta que pusimos a consideración del país y
que tuvo un respaldo sumamente importante, que espera resultados concretos de
nuestra gestión en el Congreso de la República […]

La primera parte del mensaje se refiere al abogado Ernesto Matallana y al
ingeniero civil Jesús Rodrigo Fernández Fernández que, según se desprende del
documento, iban a integrar la UTL de Rodolfo Hernández Suárez, junto con otro
asesor y un asistente «cuyo grado está por definir, de acuerdo con el perfil y la
experiencia de labores en el Senado». También se menciona al abogado Suárez
Beltrán, que «ad honorem» se ofreció para coordinar un grupo de «académicos»

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de apoyo y análisis de los temas legislativos propios de la comisión constitucional
a la que pertenecería Hernández Suárez. Así, no se evidencia una sugerencia,
indicación o influjo hacia la destinataria del mensaje –Castillo Torres– para que
considerara las hojas de vida adjuntas, con el propósito de postularlas para ocupar
alguno de los cargos de la UTL en la Cámara de Representantes.

La segunda parte del mensaje enuncia los «tres frentes» en los que, según
Hernández Suárez, se debía enfocar el trabajo legislativo de los miembros del
movimiento político. También indica que para conseguir ese propósito había
integrado un «equipo de trabajo». De este fragmento no se advierte alguna
sugerencia, intento de influjo o recomendación de alguna persona para que la
entonces futura representante a la Cámara postulara en su UTL.

La tercera parte del mensaje dice «reiterar» una invitación hecha en días pasados
–no se indica cuándo, pero debe ser anterior al 7 de julio de 2022– para «aunar
esfuerzos» en los aspectos físicos, humanos y presupuestales, para adelantar la
gestión legislativa. De este fragmento del mensaje tampoco se evidencia alguna
indicación directa, certera o concreta a Castillo Torres para que postulara a alguna
persona en su UTL.

10. Jesús Rodrigo Fernández Fernández, ingeniero civil que integró la UTL del
exsenador Rodolfo Hernández Suárez hasta el 25 de octubre de 2022, cuando el
congresista renunció a su curul, afirmó que Hernández Suárez no «presionó» a
Marelen Castillo Torres para que postulara a alguna persona en su UTL. Sobre
esta cuestión, la única comunicación que conoció entre Castillo Torres y el
exsenador fue un correo electrónico, que el mismo Fernández Fernández redactó
el 6 de julio de 2022 y que el exsenador envió a la representante a la Cámara,
para compartir las hojas de vida de dos integrantes de la UTL de Hernández
Suárez –el propio Fernández Fernández y Ernesto Matallana– y del abogado
Gonzalo Suárez Beltrán, que se ofreció «ad honorem» para apoyar al exsenador
en algunos temas legislativos. Según el testigo, el propósito del correo electrónico
fue informar a la representante a la Cámara sobre el perfil de los vinculados a la
UTL de Hernández Suárez para que las postulaciones de Castillo Torres en su
UTL no fueran «repetitivas en la calidad de los asesores», pues se tenía el
objetivo de conformar equipos complementarios. No fue designado para la UTL de
la representante a la Cámara, pues siempre estuvo vinculado en la UTL de

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Hernández Suárez como coordinador de ese equipo de trabajo. Y no presenció
reunión alguna entre el exsenador y Castillo Torres para discutir el nombramiento
de alguno de los mencionados, en el correo electrónico, en la UTL de esta última
(índice 32 SAMAI).

Como el declarante participó directamente de los hechos en controversia, pues,
redactó el correo electrónico enviado el 7 de julio de 2022 y fue subordinado del
exsenador Rodolfo Hernández Suárez, es un testigo cuya imparcialidad o
credibilidad puede verse afectada, en los términos del artículo 211 CGP. Esta
norma prevé que el juez analizará ese testimonio de acuerdo con las
circunstancias de cada caso6.

En efecto, advertida la circunstancia que podría afectar la imparcialidad o
credibilidad del testimonio de Fernández Fernández, la Sala, al valorarlo, lo
encuentra preciso y claro, en relación con los hechos que el testigo conoció. El
declarante explicó las razones de sus afirmaciones, pues describió por qué tuvo
conocimiento del correo electrónico enviado el 7 de julio de 2022 y cuál era su
propósito. Lo afirmado, en cuanto a la integración de la UTL de la representante a
la Cámara, coincide con los documentos, pues, según ambas pruebas, el
ingeniero Fernández Fernández y Ernesto Matallana no estuvieron vinculados a la
UTL de Castillo Torres [hecho probado 6.2.].

11. Ernesto Matallana, abogado que integró la UTL de Rodolfo Hernández Suárez
desde el 1 de agosto hasta el 25 de octubre de 2022, dijo que no tuvo
conocimiento de alguna «presión» del exsenador hacia Castillo Torres para la
postulación del personal de su UTL. Tampoco de alguna tratativa para vincularse a
la UTL de Castillo Torres (índice 32 SAMAI).

Este testigo, por su subordinación respecto de Hernández Suárez, también podría
verse afectado en su imparcialidad o credibilidad, de acuerdo con el artículo 211
CGP. No obstante, en cuanto a los dos aspectos que abordó en su declaración –el
desconocimiento de alguna «presión» del exsenador hacia la representante a la
Cámara para la postulación del personal de la UTL y de alguna tratativa para
vincularse a ese equipo de trabajo–, las afirmaciones del testigo son consistentes
con lo dicho por Fernández Fernández y con el documento que acredita la

6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera-Subsección C, sentencia del 30 de marzo de 2022, Rad. 66902

[fundamento jurídico 13].

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integración de la UTL de Castillo Torres.

12. El abogado Gonzalo Suárez Beltrán sostuvo que no conoció de alguna
«presión» del exsenador hacia Castillo Torres y dijo estar «sorprendido» por los
hechos alegados en la solicitud de desinvestidura. No tuvo contacto personal con
Hernández Suárez, pero buscó acercarse a la campaña, después de la primera
vuelta presidencial. Entregó dos documentos a los asesores del candidato sobre la
reforma a la justicia y la Administración pública, aunque no pudo comentarlos
directamente con él. Después del balotaje, un vinculado a la campaña lo contactó
para que conociera personalmente al exsenador y a Castillo Torres. Con el
primero nunca se dio la reunión, pero con la representante a la Cámara sí tuvo un
encuentro y le refirió una «exalumna» que podría integrar la UTL. El día siguiente
a la reunión, intercambió algunos mensajes de texto con Castillo Torres. Después
de la posesión de los congresistas, Suárez Beltrán dijo que refirió al abogado Iván
Pinzón, antiguo compañero en una consultoría, para que fuera vinculado a la UTL
de Hernández Suárez. Asimismo, atendió a unos asesores del exsenador, que le
formularon algunas preguntas relacionadas con un proyecto de ley que estaban
redactando (índice 32 SAMAI).

La representante a la Cámara Marelen Castillo Torres afirmó que el exsenador
Hernández Suárez le «pidió trabajar en equipo e integrar una UTL en conjunto».
Ella estuvo de acuerdo con la propuesta, porque le «parecía bien para dar mayor
fortaleza», pero después «me mandaron un correo con unas hojas de vida donde
me sugiere unas personas ya con la asignación, el nivel que debían ocupar y el
salario». Al ser interrogada por el solicitante de la desinvestidura, reconoció haber
concedido una entrevista a la Revista Semana el 24 de septiembre de 2022. Sin
embargo, sostuvo que la titulación que ese medio de comunicación dio a la
entrevista no correspondió con lo que había declarado. Pero no solicitó
rectificación a la revista porque «sacó un sinnúmero de titulares». Asimismo, no
tuvo conocimiento respecto de alguna «denuncia» que hubiera formulado en su
contra el exsenador Hernández Suárez, con ocasión de las declaraciones a la
revista.

En cuanto al correo electrónico, aunque no recordó la fecha exacta, ni el contenido
preciso, lo recibió en la primera semana de julio de 2022 y es el mismo mensaje
de datos que está en el expediente, porque «nosotros lo revisamos». No postuló

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para su UTL a alguna de las personas referidas en dicho correo, pues tuvo su
criterio propio para definir el perfil de los asesores que necesitaba y, por ello,
seleccionó las hojas de vida de acuerdo con sus requerimientos, la comisión a la
que quedó asignada y el presupuesto disponible. Ese correo electrónico tampoco
propició algún encuentro con Gonzalo Suárez Beltrán, Ernesto Matallana y Jesús
Rodrigo Fernández. Además de ese correo electrónico, tuvo una conversación
telefónica con Hernández Suárez respecto de la integración de la UTL.

Al responder el interrogatorio del agente del Ministerio Público, que indagó si el
exsenador ejerció alguna clase de «coacción, presión o fuerza indebida» para
«imponerle la contratación de alguna persona en la UTL», Castillo Torres indicó
que «en la llamada telefónica él le dijo que trabajáramos en equipo», que
postularan los miembros de la UTL «en conjunto» y que «decidiéramos las hojas
de vida en conjunto», pero lo que sucedió fue que «me llegaron las hojas de vida».

Asimismo, al ser interrogada por el consejero ponente, la representante a la
Cámara sostuvo que en la entrevista a Semana «no hizo acusación alguna»
contra Hernández Suárez, sino que manifestó su «molestia», a modo de
«anécdota», porque en la conversación telefónica había acordado una revisión
conjunta de hojas de vida, pero lo que sucedió fue que «le llegaron las hojas de
vida». No reconoció «algo indebido» en la propuesta del exsenador, porque las
personas referidas son profesionales. Su «malestar» se produjo, porque con la
«invitación» del correo electrónico para considerar esas personas, se enviaron
dichas hojas de vida. Negó conocer a las personas mencionadas en el correo
electrónico y dijo que sólo tuvo contacto con «uno de ellos», porque me llevó para
firma un proyecto de ley, cuando el exsenador estaba ocupando la curul (índice 42
SAMAI).

La declaración de Gonzalo Suárez Beltrán abordó dos temas: (i) el
desconocimiento de «presiones» de Hernández Suárez a Castillo Torres para que
postulara alguna persona en la UTL, (ii) algunos contactos con la representante a
la Cámara En cuanto al primer tema, el testigo dijo desconocer alguna «presión»
del exsenador Hernández Suárez hacia Marelen Castillo Torres, en relación con el
personal que debía postular para integrar su UTL. Asimismo, sostuvo estar
«sorprendido» por las acusaciones en ese sentido, contenidas en la solicitud de
desinvestidura. En este punto, lo dicho por Suárez Beltrán coincide con las

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Congresistas: Rodolfo Hernández Suárez
Niega solicitud de desinvestidura

afirmaciones de los testigos Fernández Fernández y Matallana. También
corresponde con el contenido del correo electrónico del 7 de julio de 2022, pues
este documento no revela, de manera certera e indiscutible, un intento de
Hernández Suárez para influir o injerir en Castillo Torres, en relación con la
postulación del personal que esta última debía hacer para integrar su UTL.

En cuanto al segundo tema del testimonio, la declaración de Suárez Beltrán no
coincide con lo dicho por Castillo Torres, pues la representante a la Cámara negó
haber tenido contacto alguno con él. No obstante, se pone de presente que el
objeto de este proceso no es determinar si existió algún encuentro o comunicación
entre Suárez Beltrán y Castillo Torres. Por demás, la representante a la Cámara
no es sujeto del reproche de esta desinvestidura, pues compareció como
declarante y no por su condición de congresista.

13. Ahora bien, la referencia del testigo Suárez Beltrán a Castillo Torres respecto
de una candidata para integrar la UTL de la representante a la Cámara no hace
parte de la controversia de esta desinvestidura. En efecto, conforme a los hechos
y a la acusación de los solicitantes, el exsenador Rodolfo Hernández Suárez
directamente intentó influir, de manera indebida, en Castillo Torres para que
postulara unas personas en la UTL. Nada se dijo sobre la influencia de un tercero.
Los precisos términos de la acusación, que limitan el ámbito de decisión de la Sala
–consonancia de la sentencia art. 281 CGP–, impiden estudiar una acusación por
hechos distintos a los propuestos en la solicitud de desinvestidura.

14. Al valorar la declaración de Marelen Castillo Torres, supuesta afectada por la
influencia indebida del exsenador Hernández Suárez, la Sala advierte que lo
relatado por la representante a la Cámara en la entrevista a la revista Semana no
constituyó una «acusación» en contra de aquel, sino una manifestación de
«malestar», a modo de «anécdota» –expresiones propias de la declarante–. En
efecto, de lo sostenido por la testigo, que en este punto fue interrogada tanto por
el agente del Ministerio Público como por el consejero ponente, se evidencia que
ella no se sintió constreñida o influenciada, de manera indebida, con el mensaje
de datos contenido en el correo electrónico del 7 de julio de 2022. Castillo Torres
se sintió «molesta» con dicho correo electrónico, porque Hernández Suárez no
siguió lo acordado previamente en conversación telefónica, es decir, la revisión
«conjunta» de perfiles y hojas de vida de candidatos para postular en la UTL. En

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opinión de la declarante, el exsenador directamente la «invitó» a la revisión de
unas hojas de vida, que él mismo había escogido.

15. Sin perjuicio del «malestar» que pudo sentir Marelen Castillo Torres al recibir
el correo electrónico del 7 de julio de 2022, época en la que ninguno de los
implicados tenía la condición de congresista, el contenido de este documento no
evidencia un intento directo, abierto e indiscutible del exsenador Hernández
Suárez para influir en su antigua compañera de candidatura, de modo que esta
debiera postular en su UTL a las personas referidas en dicho mensaje de datos.
De hecho, según se desprende del correo electrónico, Rodolfo Hernández Suárez
puso a consideración de Castillo Torres las hojas de vida de Jesús Rodrigo
Fernández Fernández y de Ernesto Matallana, personas que el exsenador iba a
postular para su propia UTL –y no la UTL de Castillo Torres– y que, en efecto,
estuvieron vinculadas en este equipo de trabajo hasta cuando Hernández Suárez
renunció a su curul [núm. 9, 10 y 11]. Aún más, Fernández Fernández y Matallana
no integraron la UTL de Castillo Torres [hecho probado 6.2]. De Gonzalo Suárez
Beltrán basta con señalar que el correo electrónico refiere su ofrecimiento de
«asesoría ad honorem», es decir, gratuita.

16. Por ello, tampoco se encuentra configurado el segundo presupuesto de la
causal de tráfico de influencias, pues no se probó que Hernández Suárez hubiera
invocado su condición de senador ante Marelen Castillo Torres para influirla y
obtener de esta la postulación de unos profesionales en su UTL. Por demás, ni el
influenciador, ni la supuestamente influida tenían la condición de servidores
públicos para la fecha de envío del correo electrónico del 7 de julio de 2022 [hecho
probado 6.1. y núm. 8 y 12].

Tercer presupuesto de la causal

17. El tercer elemento del tráfico de influencias consiste en que el congresista
reciba, haga dar o prometer, para sí o para un tercero, dinero o una dádiva, salvo
las excepciones previstas por los numerales 6 y 8 del artículo 283 LOC7.

Este requisito de configuración de la causal de desinvestidura de tráfico de
influencias tiene como presupuesto necesario el cumplimiento del segundo
requisito. En efecto, para que el congresista pueda recibir para sí o para un tercero
7 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-497 de 1994 [fundamento jurídico V].

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una promesa de dinero o dádiva o el recibo efectivo de alguno de estos,
proveniente del servidor público influido, es indispensable que, antes, el
congresista haya logrado el influjo para que el servidor decida o disponga lo
solicitado. En otras palabras, no puede existir la consecuencia del influjo indebido
–el dinero o dádiva en favor del congresista o de un tercero–, si el congresista no
ha efectuado su influjo.

Como no se probó que el exsenador Hernández Suárez hubiera influido
indebidamente en la representante a la Cámara Marelen Castillo Torres para que
postulara unas personas en su UTL, tampoco es posible tener por demostrado la
promesa de dinero o dádiva, o el recibo efectivo de estos, en favor de Hernández
Suárez u otra persona, que es el tercer presupuesto de configuración de la causal
de desinvestidura.

Cuarto presupuesto de la causal

18. El cuarto presupuesto de la causal de tráfico de influencias radica en que el
beneficio pretendido por el congresista provenga de un asunto que un servidor
público se encuentre conociendo o vaya a conocer, pues esta es la razón que
explica que el congresista aborde a ese servidor.

Si no se demostró que el exsenador Rodolfo Hernández Suárez influenció, de
manera indebida, a la representante a la Cámara Marelen Castillo Torres para que
postulara alguna persona en su UTL, tampoco es posible la configuración del
cuarto requisito de la causal en estudio. Si bien para la época de los hechos la
representante a la Cámara estaba seleccionando a quienes iba a postular para
integrar su UTL, de conformidad con el artículo 376.5 LOC, porque estaba próxima
a asumir la curul, conforme a las pruebas, no se evidenció que esa postulación
estuviera condicionada por un influjo indebido de Rodolfo Hernández Suárez.

Según las pruebas, Jesús Rodrigo Fernández Fernández y Ernesto Matallana –
mencionados en el correo electrónico del 7 de julio de 2022– estuvieron
vinculados a la UTL de Rodolfo Suárez Hernández, previa postulación de este, y
no a la UTL de Marelen Castillo Torres [hecho probado 6.2.].

19. De manera que, no se reunieron los presupuestos de configuración de la
causal de desinvestidura de tráfico de influencias debidamente comprobado,

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Congresistas: Rodolfo Hernández Suárez
Niega solicitud de desinvestidura

prevista por los artículos 183.5 CN y 296.5 LOC. Como no se cumplieron esos
requisitos objetivos de la causal de desinvestidura, no hay lugar a hacer el juicio
de reproche subjetivo a la conducta del exsenador Rodolfo Hernández Suárez. Por
ello, se negará la solicitud.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura n°. 26, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de desinvestidura formulada por Nisson Alfredo
Vahos Pérez y Yezid Gaitán Marín contra el exsenador Rodolfo Hernández
Suárez, por la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COMUNÍQUESE esta decisión al presidente del Senado de la
República, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior para lo de su
cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada
en la fecha.

Firmado electrónicamente

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Presidente de la Sala

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA MILTON CHAVES GARCÍA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
MAR/1C DIGITAL

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