Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05378-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05378-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05378-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
10 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05378-00
Demandante: Ilner Mario Daza Moreno
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05378-00
Demandante: ILNER MARIO DAZA MORENO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN ORAL, Y OTRO
Temas: Contra providencia judicial y acto administrativo. Recurso
extraordinario de revisión. Causal de revisión del literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Ilner Mario Daza Moreno
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral,
y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP).
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 10 de octubre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Ilner Mario
Daza Moreno pidió la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, al
mínimo vital y de protección especial a las personas de la tercera edad, que estimó
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Segunda de Decisión
Oral, y la UGPP. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso a la protección especial de las
personas de la tercera edad, a la vida digna, al mínimo vital y demás derechos fundamentales
conexos de ILNER MARIO DAZA MORENO, vulnerados por los magistrados (…) de la SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN ORAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
así́ como por (…) Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, de conformidad con el planteamiento expuesto.
2. Como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 2 de mayo de 2022 y ORDENAR a
(…) la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN ORAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo
procedan a dictar fallo de reemplazo en el que se resuelva de manera jurídica el recurso
extraordinario de revisión formulado por la UGPP, de conformidad con las pautas normativas y
jurisprudenciales aplicables a las causales de revisión previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
3. DEJAR SIN EFECTOS la Resolución RDP 018122 del 18 de julio de 2022, proferida por el (…)
Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, y ORDENAR EL REINTEGRO de todos los valores descontados
de la mesada pensional derivados del fallo de 2 de mayo de 2022, por la pérdida de sus efectos
jurídicos deja vigente la sentencia No. 014 de 19 de febrero de 2007, aclarada mediante auto de 23
de marzo de 2007, proferida por el Juzgado 9° Administrativo del Circuito de Cali.
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Demandante: Ilner Mario Daza Moreno
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Mediante Resolución No. 00222220 del 19 de noviembre de 2003, en su momento,
Cajanal, reconoció a favor del señor Ilner Mario Daza Moreno una pensión de vejez por
aportes.
2.2. El señor Daza Moreno interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación
contra el anterior acto administrativo, con el objeto de que el reconocimiento pensional
se efectuara conforme con el Decreto 929 de 1976. Los recursos fueron resueltos de
manera desfavorable, por Resoluciones Nos. 28694 el 14 de septiembre de 2004 y
2881 del 24 de mayo de 2005.
2.3. El señor Ilner Mario Daza Moreno presentó demanda de nulidad y restablecimiento
contra Cajanal (hoy UGPP), con el objeto de obtener la nulidad de las Resoluciones
Nos. 0022220 del 19 de noviembre de 2003, 28694 el 14 de septiembre de 2004 y 2881
del 24 de mayo de 2005. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara
a la entidad demandada que reconociera y pagara a su favor la pensión de jubilación
conforme con el Decreto 929 de 1976.
2.4. Mediante sentencia del 19 de febrero de 2007, el Juzgado Noveno Administrativo
de Cali accedió a la nulidad de las Resoluciones Nos. 0022220 del 19 de noviembre de
2003, 28694 el 14 de septiembre de 2004 y 2881 del 24 de mayo de 2005, por medio
de las que se había reconocido la pensión mensual de jubilación por aportes del señor
Ilner Mario Daza Moreno y, en consecuencia, ordenó a la UGPP que reconociera y
pagara dicha prestación, en los términos del artículo 7º del Decreto 929 de 1976.
2.5. La anterior decisión no fue objeto de recurso de apelación.
2.6. La UGPP presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 19 de
febrero de 2007, dictada por el Juzgado Noveno Administrativo de Cali, con fundamento
en las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En concreto,
alegó que en la decisión objeto de revisión se ordenó el reconocimiento pensional del
señor Daza Moreno conforme con el régimen especial de los funcionarios y empleados
de la Contraloría General de la República (Decreto 929 de 1976) aun cuando éste no
cumplía con el requisito de los 20 años de servicios laborados para el Estado.
2.6.1. En consecuencia, solicitó que se ordenara el reconocimiento pensional del señor
Ilner Mario Daza Moreno conforme con la Ley 71 de 1988 y demás normas que
regulaban la pensión por aportes.
2.7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral,
mediante sentencia del 2 de mayo de 2022, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP contra la sentencia No. 014 del 19 de febrero de 2007
proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali, conforme a lo considerado.
SEGUNDO: INFIRMAR la sentencia No. 014 del 19 de febrero de 2007 proferida por el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Cali, proferida dentro del proceso con radicación No. 2005-
4410, por encontrarse incursa en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, y en consecuencia, se dispone NEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda
interpuesta por el señor ILNER MARIO DAZA MORENO.
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Demandante: Ilner Mario Daza Moreno
TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte vencida, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de la presente sentencia.
2.7.1. El tribunal consideró que el derecho relativo a la aplicación del Decreto 929 de
1976 frente a la situación pensional del señor Daza Moreno, se analizó y resolvió en
sede del proceso ordinario, lo que per se no implicaba desconocimiento de alguna de
las garantías que rigen el debido proceso, pues el juez contaba con autonomía legal y
constitucional para hacer interpretaciones de las normas y la jurisprudencia, de ahí que
no se encontraran los elementos configurativos de la causal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
2.7.2. Por otro lado, advirtió que la situación pensional del señor Ilner Mario Daza
Moreno no se regía por el Decreto 929 de 1976, sino por la Ley 71 de 1988, teniendo
en cuenta que no reunía el requisito de los 20 años de servicios en el sector oficial,
como exigía el citado decreto. Que, por lo tanto, al ordenarse en la sentencia del 19 de
febrero de 2007 el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en el
artículo 7º del Decreto 929 de 1976, constituyó un reconocimiento que excedía lo debido
de acuerdo con la ley, que se encuadraba en la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
2.8. En cumplimiento de la anterior decisión, el subdirector de determinación de
derechos pensionales de la UGPP expidió la Resolución No. RDP 018122 del 18 de
julio de 2022, por la cual resolvió: (i) declarar el decaimiento jurídico de los actos
administrativos que reconocieron la pensión de jubilación del señor Daza Moreno
conforme con el Decreto 929 de 1976; (ii) por la Subdirección de nómina excluir de
nómina de pensionados los actos administrativos sobre los que operó el decaimiento
jurídico; (iii) por la Subdirección de nómina, incluir al señor Daza Moreno en la nómina
de pensionados conforme lo ordenado en la Resolución No. 022220 del 9 de noviembre
de 2003, y (iv) por la Subdirección de nómina, calcular los valores realizados al señor
Daza Moreno, con ocasión de los actos sobre los que operó el decaimiento jurídico,
desde el 25 de mayo de 2022 a la fecha de inclusión en nómina de esa decisión.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. De manera preliminar, el actor manifestó que la acción de solicitud de amparo
cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó lo siguiente:
3.2. Que la sentencia del 2 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, incurrió en defecto sustantivo, por
cuanto no hizo una interpretación y aplicación razonable de la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al revisar la aplicación del régimen legal
bajo el cual el Juzgado Noveno Administrativo de Cali resolvió el problema jurídico
relativo al reconocimiento del derecho pensional.
3.3. Que, además, resultaba contradictoria la argumentación del tribunal, en cuanto
descartó la configuración de la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
con sustento en que por esa vía no era dable cuestionar el fundamento normativo del
reconocimiento pensional ordenado por el Juzgado Noveno Administrativo de Cali, pero
al analizar la causal del literal b) del citado artículo, termina justamente estudiando el
fondo del fundamento normativo, siendo que dicha causal se supedita a que “la cuantía
del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley”.
3.4. En ese sentido, sostuvo que la autoridad judicial demandada convirtió el recurso
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extraordinario de revisión en una tercera instancia oficiosa respecto de la sentencia del
Juzgado Noveno Administrativo de Cali.
3.5. Que la Sala Especial de Decisión No. 9 del Consejo de Estado, en sentencia del
15 de julio de 20221, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión en un caso
similar, en el que la UGPP pretendía que se revisara el régimen jurídico del
reconocimiento pensional otorgado en una sentencia. Que esa decisión tenía el valor
de precedente obligatorio, conforme con el artículo 270 del CPACA.
3.6. Por otro lado, manifestó que la UGPP vulneró los derechos fundamentales
invocados, por cuanto a través de la Resolución RDP 018122 del 18 de julio de 2022
ordenó unos descuentos o cobros de mesadas percibidas, que no fueron dispuestos
por la sentencia del 2 de mayo de 2022. Que, en efecto, en ninguna de las
consideraciones de la mencionada sentencia se aludió a que hubiera recibido el monto
de las mesadas pensionales bajo el concepto de la mala fe.
3.6.1. Señaló que, conforme con el artículo 164, numeral 1º, literal c) del CPACA, no
habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
3.6.2. Finalmente, adujo que por tratarse de un acto de ejecución, no existía un
mecanismo judicial ordinario de defensa ante la vulneración de los derechos
fundamentales, de ahí que la acción de tutela fuera el mecanismo idóneo y eficaz.
3.7. Por último, el actor adujo que es una persona de la tercera edad con afecciones de
salud2 y compromisos económicos ineludibles3. Que, por lo tanto, la reducción de la
mesada pensional, luego de descuentos, se concreta en el valor de $ 779.686, con los
que debía sufragar gastos personales y del hogar, “suma que resulta insuficiente para
cubrir el mínimo vital al que tengo derecho”.
4. Trámite procesal
4.1. Por auto del 12 de octubre de 2022, el Despacho sustanciador admitió la demanda,
denegó la medida provisional solicitada y, entre otras cosas, ordenó la notificación, en
calidad de parte demandada, de los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y del director general y subdirector de Determinación de Derechos
Pensionales de la UGPP.
4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes, mediante correo electrónico del 19 de octubre de
20224.
5. Intervenciones
5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ponente de la
sentencia acusada, solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda, con
fundamento en que esa decisión se dictó de forma objetiva y fundamentada
jurídicamente.
1 Radicado 11001-03-15-000-2020-04881-00.
2 Indicó que era “hipertenso y pre diabético, he sido sometido a dos cirugía, una de columna en la que me colocaron
dos barras de cromo cobalto sujetadas con 10 tornillos y otra de reemplazo de rodilla izquierda y manguito rotador”.
3 Relacionó los valores que debe pagar por servicios públicos, cuota de administración de vivienda, impuesto predial,
gastos de alimentación y créditos bancarios.
4 Índice 9 de Samai.
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5.1.1. Se refirió a las consideraciones de la sentencia que declaró fundado el recurso
extraordinario de revisión y señaló que el hecho de que la interpretación y la valoración
probatoria que efectuó fuera contraria a los intereses procesales de la parte actora, no
implicaba la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
5.1.2. Que, además, no se desconocía la aplicación del precedente jurisprudencial en
las decisiones que toman los jueces de la República, pero que, en el presente asunto,
no era dable acoger el argumento del demandante, dado que la providencia del 15 de
julio de 2022, de la Sala Novena Especial de Decisión del Consejo de Estado, se dictó
con posterioridad a la sentencia objeto de la presente acción de tutela. Con todo, adujo
que, en esa decisión, el Consejo de Estado estudió un caso con circunstancias fácticas
y jurídicas diferentes.
5.2. La directora jurídica de la UGPP solicitó que se declarara improcedente la solicitud
de amparo, por cuanto, a su juicio, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca no incurrió en defecto sustantivo, sino que, por el contrario, se ajustó
al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial. Que, además, lo pretendido por
el actor era usar la acción de tutela a modo de tercera instancia.
5.2.1. Con todo, expuso que la sentencia del 2 de mayo de 2022, “quedó ejecutoriada
el 02 de mayo de 2022 (sic), por lo tanto el excedente de las mesadas percibidas desde
esa época hasta la fecha de inclusión en nómina de la resolución RDP 018122 del 18
de julio de 2022, fueron recibidas sin tener derecho a ellas por el accionante, es decir,
las mesadas de mayo, junio y la adicional, y julio de 2022”. Que, por esa razón, el señor
Daza Moreno debería reintegrar a la Nación la suma de mayores valores recibidos, esto
era $ 5.126.993.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20125, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
5 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
6 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. En los términos de la demanda, corresponde a la Sala determinar si: (i) la acción
de tutela es procedente contra la Resolución RDP 018122 del 18 de julio de 2022,
expedida por la UGPP, que ordenó unos descuentos y cobros al demandante, y (ii) la
sentencia del 2 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, incurrió en defectos sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial, al
declarar fundado el recurso extraordinario de revisión por la causal del literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3. Sobre la improcedencia de la acción de tutela frente a la Resolución RDP
018122 del 18 de julio de 2022
3.1. El actor alegó que la Resolución RDP 018122 del 18 de julio de 2022, expedida por
la UGPP, ordenó unos descuentos o cobros de mesadas percibidas, que no fueron
dispuestos por la sentencia del 2 de mayo de 2022.
3.2. La Sala anticipa que frente al citado acto administrativo la acción de tutela no
cumple el requisito de subsidiariedad, como pasa a explicarse.
3.2.1. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
3.2.2. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección
idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional
manifestó4:
La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de
hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho
fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo
susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela
no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible
de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre
prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un
medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco
puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de
llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales (…).
3.2.3. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
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contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
3.2.4. Tratándose de acciones de tutela contra actos administrativos, conviene decir
que el acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la autoridad, en ejercicio
de función administrativa, encaminada a producir efectos jurídicos particulares o
generales.
3.2.4.1. Según el contenido de la decisión, los actos administrativos pueden ser
definitivos o de trámite. Los definitivos son los que deciden directa o indirectamente el
fondo del asunto. Los de trámite, por su parte, no concluyen la actuación administrativa,
pero la impulsan hasta llevarla a un acto definitivo. A diferencia de los actos definitivos,
los actos de trámite no expresan la voluntad de la administración, pues simplemente
anteceden la decisión definitiva.
3.2.4.2. Ahora, conviene precisar que el acto administrativo de ejecución, en principio,
no puede ser controvertido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues
simplemente materializa la orden judicial o administrativa que lo antecede. Sin
embargo, puede ocurrir que los actos de ejecución no se limiten a dar cumplimiento a
una decisión judicial o administrativa, sino que creen una situación jurídica diferente a
la prevista en la sentencia o en el acto ejecutado. En ese caso, el acto de ejecución
también puede demandarse. Esta Corporación7, por ejemplo, ha aceptado que si el acto
de ejecución excede parcial o totalmente lo dispuesto en la sentencia o en el acto
administrativo que se dice cumplir, es procedente ejercer el medio de control de nulidad
y de restablecimiento, en cuanto el nuevo acto creó, modificó o extinguió una situación
jurídica particular.
3.2.4.3. Entonces, la naturaleza del acto administrativo, en especial, el contenido del
acto, es fundamental para determinar si puede controlarse ante el juez administrativo.
Sólo los actos administrativos definitivos, en cuanto crean, modifican o extinguen una
situación jurídica particular, o que ponen fin a un procedimiento administrativo son
susceptibles de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
3.2.4.4. De manera que los actos administrativos de trámite que no ponen fin a la
actuación y los de ejecución que simplemente materializan la decisión administrativa o
judicial se encuentran excluidos de control judicial, salvo los casos antes explicados:
los actos de trámite que impiden continuar con la actuación o los de ejecución que no
se limitan a cumplir lo ordenado por el juez o la administración.
3.3. En el presente asunto, la Sala estima que la tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad frente a la Resolución RDP 018122 del 18 de julio de 2022, porque el
demandante cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en los
términos del artículo 1388 del CPACA, para controvertir la Resolución RDP 018122 del
7 Sobre el tema, se pueden consultar las sentencias del : (i) 9 de agosto de 2019, radicación No. 12001-23-33-000-
2019-00264-01; (ii) del 30 de marzo de 2006, Radicación número: 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784), y (iii)
del 15 de noviembre de 1996, exp. 7875.
8 Artículo 138.Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por
las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
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18 de julio de 2022, que, según dijo, desbordó la orden impartida en la sentencia del 2
de mayo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto
ordenó unos descuentos y cobros de las mesadas pensionales, que no fueron
dispuestos por la citada decisión. Luego, a partir del cuestionamiento del demandante,
ese acto no sería uno de simple ejecución, sino que se trata de un acto administrativo
definitivo, en la medida en que habría modificado la situación jurídica particular del
demandante.
3.4. El proceso contencioso administrativo prevé, además, mecanismos como las
medidas cautelares (artículo 233 de la Ley 1437 de 2011), que permiten que el juez
adopte las decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales. Las medidas cautelares pueden ser pedidas desde la presentación de
la demanda y deben ser resueltas, a más tardar, a los 15 días hábiles9 siguientes a la
admisión de la demanda.
3.4.1. Esas circunstancias: las medidas cautelares y la prontitud de su resolución, le
permitieron concluir a la Sala Plena del Consejo de Estado10 que al interior de los
procesos contenciosos administrativos sí existen herramientas eficaces y efectivas para
pedir la protección de los derechos fundamentales y que, por ende, debía privilegiarse
ese mecanismo legal y principal, frente a la subsidiariedad que caracteriza la acción de
tutela.
3.5. Sin embargo, pese a la existencia de esos mecanismos principales y eficaces,
pueden presentarse casos en los que la vulneración de los derechos fundamentales
puede generar un perjuicio irremediable que no pueda ser evitado oportunamente
mediante las medidas cautelares del proceso contencioso administrativo. En esos
eventos, de carácter excepcional, la tutela sería procedente para invocar, de manera
transitoria, la protección de los derechos fundamentales que estén siendo vulnerados
por actos administrativos, pues el afectado no estaría en condiciones de esperar que
se tramiten y decidan las medidas cautelares del proceso ordinario.
3.6. La Sala considera que, en este caso, la tutela no procede ni siquiera como
mecanismo transitorio de protección, pues no está probado que el demandante esté
expuesto a un perjuicio irremediable11. No hay un riesgo inminente y grave que haga
necesaria, urgente e impostergable la intervención del juez de tutela. Aunque el señor
Daza Moreno aportó documentos relativos a los pagos que realiza por concepto de
servicios públicos, cuota de administración de apartamento, créditos bancarios,
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se
contará a partir de la notificación de aquel.
9 Estos 15 días están representados así: 5 días en los que se corre el traslado a la contraparte sobre la solicitud de
las medidas cautelares y 10 días para que el juez o magistrado ponente decida sobre la medida cautelar.
10 Sentencia del 5 de marzo de 2014, Expediente No. 25000-23-42-000-2013-06871-01: «En estos términos, se
concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de
nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión provisional del nuevo
código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide
al iniciar el proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se
puede hacer un estudio complejo para concluirlo».
11 Pueden presentarse casos en los que la vulneración de los derechos fundamentales puede generar un perjuicio
irremediable que no pueda ser evitado oportunamente mediante las medidas cautelares del proceso contencioso
administrativo. En esos eventos, de carácter excepcional, la tutela sería procedente para invocar, de manera
transitoria, la protección de los derechos fundamentales que estén siendo vulnerados por actos administrativos, pues
el afectado no estaría en condiciones de esperar que se tramiten y decidan las medidas cautelares del proceso
ordinario.
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impuestos predial y alimentación, lo cierto es que esos documentos no permiten deducir
con certeza que la mesada pensional que devenga –que demuestra la capacidad
económica– no resulta suficiente para solventar las necesidades básicas y, en ese
sentido, garantizar el mínimo vital.
3.7. En conclusión, la tutela es improcedente para cuestionar la Resolución RDP
018122 del 18 de julio de 2022, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
4. Sobre la providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión
4.1. Para determinar si la sentencia del 2 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en defectos sustantivo y en
desconocimiento del precedente judicial, al declarar fundado el recurso extraordinario
de revisión por la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Sala se
referirá al contenido de esa decisión.
4.2. En la sentencia del 2 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca precisó que no se configuró la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, pues no se advertía que los argumentos de la UGPP se dirigieran
a evidenciar la vulneración directa de alguna de las garantías del debido proceso, sino
a controvertir el fundamento normativo que sirvió de base para el reconocimiento de la
pensión de jubilación del señor Daza Moreno.
4.2.1. Además, del examen de la providencia objeto de revisión, sostuvo que el punto
de derecho referido a la aplicación del Decreto 929 de 1976 se analizó y resolvió en
sede del proceso ordinario, lo que per se no implicaba el desconocimiento de las
garantías que rigen el debido proceso, teniendo en cuenta que el juez contaba con
autonomía legal y constitucional para hacer interpretaciones de las normas y la
jurisprudencia uniforme en ejercicio del principio de independencia judicial. En los
siguientes términos se expuso:
Ahora, al valorar el argumento expuesto por la UGPP para sustentar las causales de revisión, se
observa que cuestiona la manera como le fue reconocida la prestación económica al señor DAZA
MORENO y en especial el régimen pensional que le fue aplicado.
Del examen de la providencia objeto de la revisión, se evidencia que, durante el curso del proceso
ordinario, la parte recurrente alegó como argumento de defensa la improcedencia en el
reconocimiento de la pensión de jubilación a favor del señor ILNER MARIO DAZA MORENO con
fundamento en el Decreto 929 de 1976, por no reunir las exigencias que esta prevé́ , en concreto
el tiempo de servicio de 20 años en el sector oficial, el cual no fue acogido por la sentencia.
En dicha providencia, el operador judicial concluyó que el régimen pensional aplicable al
prenombrado era el régimen especial consagrado en el Decreto 929 de 1976 y tuvo por
demostrados los requisitos, así́:
“En el caso formulado, el actor nació́ el 3 de julio de 1943, es decir, que a la fecha de la solicitud, esto
es, el 30 de julio de 2003, tenía la edad de 60 años, cumpliendo con el primero de los requisitos a que
hace referencia el artículo 7° del Decreto 929 de 1976. Igualmente, se encuentra demostrado en el
expediente que el actor cumplió́ con los 20 años de servicio en el sector oficial el 8 de diciembre de 1989
según consulta resuelta por la Coordinadora del Grupo de Cuotas Partes del Seguro Social visible a folios
77 y 78. Finalmente, la Resolución No. 022220 de noviembre 19 de 2003 (folios 2 al 5) señala, que el
actor, cotizó 3044 días al ISS, esto se traduce en 8 años de servicios y a la Contraloría General de la
República, 5557 días, esto es, 15 años de servicio, y según la misma resolución y constancia de tiempo
de servicio (folio 6), el actor ingresó al servicio de la entidad oficial el 23 de mayo de 1978 y se retiró el
29 de octubre de 1993, es decir, que prestó servicios por 15 años aproximadamente a la Contraloría
General de la República, cumpliendo con el último de los presupuestos establecidos en el artículo 7° del
Decreto 929 de 1976 para acceder al reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación consagrada
en dicho régimen especial, razón por la cual, se ordena dicho reconocimiento”
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Lo anterior, denota que el punto de derecho referido a la aplicación del Decreto 929 de 1976 frente
a la situación pensional del aquí́ demandado fue analizada y resuelta en sede del proceso
ordinario, lo que per se no implica desconocimiento de alguna de las garantías que rigen del
debido proceso, puesto que el juez cuenta con autonomía legal y constitucional para hacer
interpretaciones de las normas y la jurisprudencia uniforme en ejercicio del principio de
independencia judicial, por consiguiente, no encuentra esta Sala que se hayan dado los elementos
configurativos de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual, se declarará
su prosperidad.
4.2.2. Para efectos de resolver sobre la configuración de la causal contenida en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la sentencia se relacionó como pruebas
que el actor nació el 3 de julio de 1943 y el siguiente cuadro contentivo de los tiempos
de servicio:
4.2.3. Señaló que la providencia objeto de revisión consideró que al señor Ilner Mario
Daza Moreno le resultaba aplicable el régimen del Decreto 929 de 1976, que prevé lo
siguiente:
ARTÍCULO 7. Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar
a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio
continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por
lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una
pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último semestre.
4.2.4. Explicó que para la aplicación de dicho régimen especial de los funcionarios y
empleados de la Contraloría General de la República “no basta con acreditar los diez
(10) años laborados exclusivamente a esa entidad pública, sino que, además, se
requiere cumplir la edad y el tiempo de servicio restante para completar los 20 años,
los cuales deben ser en el sector oficial, dado que no es posible computar tiempos
públicos y privado”.
4.2.5. Advirtió que, de acuerdo al cuadro referenciado, el señor Daza Moreno durante
su vida laboral, contaba con cotizaciones al sector público y privado, y el tiempo
laborado al sector oficial no le alcanzaba para reunir los 20 años exigidos, por lo que
no cumplía los requisitos previstos en el Decreto 929 de 1976.
4.2.6. Por su parte, adujo que en la sentencia objeto de revisión, el juez, a partir de la
valoración de los tiempos que se registraron en el cuadro, tuvo por demostrado que el
señor Daza Moreno había completado 20 años de servicio en el sector oficial y, por lo
tanto, luego de verificar el cumplimiento de la edad y el periodo de labor ante la
Contraloría General de la República, resolvió dar aplicación al régimen propio de esa
entidad.
4.2.7. No obstante, el tribunal consideró que la situación pensional de señor Moreno
Daza no se regía por el Decreto 929 de 1976, sino por la Ley 71 de 1988, que permite
el cómputo de tiempos públicos y privados “de manera que, éste se vio beneficiado al
habérsele reconocido una pensión de jubilación en aplicación de un régimen especial
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que exige menos edad y que contempla la liquidación de la pensión con el promedio de
salarios devengados durante el último semestre e incluyendo todos los factores
salariales percibidos; y correlativamente, la administración se vio afectada al disponer
el pago de una prestación reconocida irregularmente, lo cual ocasionó igualmente un
perjuicio al patrimonio público”. Además, el tribunal sostuvo:
La Sala recuerda que el recurso extraordinario de revisión está instituido para enmendar aquellos
vicios que afectan sustancialmente el orden legal, y se erige como una herramienta judicial cuyo
ejercicio busca introducir una excepción a la cosa juzgada para reivindicar y defender un fin
constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. En esa medida, ha dicho el
Consejo de Estado que ese medio extraordinario no es solo un instrumento de lucha contra la
corrupción, en la medida que a través de ella se puede solicitar la revisión de las pensiones
reconocidas irregularmente, sino que paralelamente hace prevalecer el interés de la colectividad
por encima del particular, al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas en
exceso, bien sea por error, ignorancia o desconocimiento del funcionario judicial o administrativo
de las disposiciones reguladoras de la pensión o ya sea por adoptarse una interpretación que no
se acompasa con los principios reguladores del sistema de seguridad social en pensiones vertidos
en la Carta Superior.
4.2.8. En consecuencia, consideró que al ordenarse a través de la sentencia del 19 de
febrero de 2007 el reconocimiento de una pensión de jubilación con fundamento en el
artículo 7º del Decreto 929 de 1976, “constituyó un reconocimiento que excede lo
debido de acuerdo con la ley, lo que se encuadra en la causal prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003”.
4.3. A partir de lo anterior, la Sala considera que la providencia cuestionada se ajustó
a derecho al considerar configurada la causal del literal b) del articulo 20 de la Ley 797
de 2003, que señala: “b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
4.3.1. Lo anterior, por cuanto, como bien consideró la autoridad judicial demandada, la
irregularidad en el reconocimiento de una pensión es uno de los motivos que se
constituye como una excepción a la cosa juzgada y que encuadra en la mencionada
causal de revisión. Así, en sentencia del 1º de agosto de 201712, la Sala Cuarta Especial
de Decisión del Consejo de Estado señaló que la causal se configura, entre otras,
cuando se reconoce una pensión de manera irregular o por montos que no
correspondan a la ley, pues no tiene asidero jurídico ni social sostener una prestación
periódica cuando es evidente que no era viable su reconocimiento. Así lo sostuvo:
Al respecto ha de señalarse que esta disposición tuvo respaldo en la exposición de motivos del
proyecto de Ley 56 de 2002 - Senado, que indicó: “Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de
pensiones. Estos artículos contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las
conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos
que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones
irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en
esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación.
(…)
Es claro que el ejercicio de esta clase de recursos entran en colisión con la institución de la cosa
juzgada y la seguridad jurídica, pero precisamente, este mecanismo se instituyó como una
excepción que debe ceder ante un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento se hizo
con violación al debido proceso o si como aquí se invoca, la cuantía reconocida excede lo
ordenado por la Ley.
Y es que no tiene asidero jurídico ni social sostener una prestación periódica, cuando es evidente
que no era viable su reconocimiento o cuando su monto difiere en exceso, en tanto ello atentaría
contra el interés de carácter general y el principio de universalidad que gobiernan el sistema de
12 Radicado No. 11001-03-15-000-2016-02022-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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seguridad social, bajo el amparo de dar prevalencia a un interés particular, pero que es ficticio, en
cuanto a que es ilegitimo, lo que en últimas representa un detrimento de los recursos sociales.
Ese equilibrio entre la prestación y la legalidad de la misma, es la que debe buscar el juez
extraordinario cuando en virtud de su examen, analice si lo pedido en el recurso extraordinario de
revisión recae en pensión irregularmente otorgada o en monto que no corresponde, o constituye
una mera discrepancia que en última aconteció por ausencia de reclamo o defensa en las
instancias ordinarias a efectos de plantear discusiones de orden interpretativo que no resulten de
evidente disparidad con lo previsto u ordenado por la ley. (Subraya la Sala).
4.3.2. Luego, como en el presente caso el tribunal advirtió que en la sentencia objeto
de revisión se otorgó una pensión del régimen del Decreto 929 de 1976, bajo la
consideración de que el actor cumplió con 20 años de servicio en el sector oficial,
consideración que se desvirtuó con las pruebas del proceso y que implicó un perjuicio
al patrimonio público, bien podía declarar fundado el recurso extraordinario de revisión
con fundamento en la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
4.3.3. Lo anterior es suficiente para concluir que la decisión de declarar fundado el
recurso extraordinario de revisión no incurrió en defecto sustantivo.
4.4. Ahora, en cuanto al presunto desconocimiento del precedente judicial contenido en
la sentencia del 15 de julio de 2022, dictada por la Sala Especial de Decisión No. 9 del
Consejo de Estado, en sentencia del 15 de julio de 2022, basta señalar que esa decisión
no constituía precedente judicial aplicable al caso, por cuanto se dictó con posterioridad
a la sentencia del 2 de mayo de 2022 que aquí se acusa. Como se sabe, cuando se
hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha
sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros
conflictos semejantes. Luego, el presupuesto de esta causal de procedencia de la
acción de tutela es la existencia de una decisión previa (no posterior) que, por su
pertinencia, debe ser considerada por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
4.4.1. Por lo tanto, tampoco configuró el desconocimiento de precedente judicial
alegado.
4.5. Queda así resuelto el problema jurídico: (i) la tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad frente a la Resolución RDP 018122 del 18 de julio de 2022, expedida
por la UGPP y (ii) la sentencia del 2 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, no incurrió en defectos sustantivo ni en
desconocimiento del precedente judicial. En consecuencia, se declarará improcedente
frente al citado acto administrativo y se denegarán las pretensiones respecto de la
providencia judicial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Ilner Mario Daza
Moreno, frente a la Resolución RDP 018122 del 18 de julio de 2022, por las razones
expuestas.
2. Denegar las pretensiones de la demanda respecto de la providencia 2 de mayo de
2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a lo
expuesto.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05378-00
Demandante: Ilner Mario Daza Moreno
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
13
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