Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05381-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05381-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05381-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
11 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202205381-00
Actora: Carolina Moreno Ovalle
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
la Carrera Judicial y otro1
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad
Derechos Fundamentales Amparados: i) Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
la Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, porque, a su
juicio, i) el Consejo Superior, al reglamentar los traslados de los servidores
judiciales “[…] ha excedido, ha limitado tal derecho sin prever otras cirnustancias
(sic) que dan lugar a ello poniendo talanqueras para los trabajadores haciéndose
imposible acceder al traslado de otra manera que no sean las establecidas por
ellos […]” y ii) el Consejo Seccional, al negar el traslado que la actora viene
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Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo
aportado en forma digital.
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
solicitando a varios Juzgados de Familia del Circuito de Bogotá: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
la Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, porque, a
su juicio, i) el Consejo Superior, al reglamentar los traslados de los servidores
judiciales “[…] ha excedido, ha limitado tal derecho sin prever otras cirnustancias
(sic) que dan lugar a ello poniendo talanqueras para los trabajadores haciéndose
imposible acceder al traslado de otra manera que no sean las establecidas por
ellos […]” y ii) el Consejo Seccional, al negar el traslado que la actora viene
solicitando a varios Juzgados de Familia del Circuito de Bogotá: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, “[…] Ingresé a la Rama Judicial el primero de agosto el año
2008, como citadora del Juzgado Trece de Familia del Circuito de Bogotá, en
provisionalidad […]”.
4. Adujo que, mediante el Acuerdo núm. CSBTA13-215 de 2 de diciembre de
2013, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá adelantó proceso de
selección y convocó a concurso de méritos para la provisión de los cargos de
carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de
Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca; convocatoria a la cual
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
manifestó se inscribió para el cargo de Oficial Mayor y/o Sustanciador de Juzgado
del Circuito y equivalente.
5. Expuso que, “[…] Aprobada la prueba de aptitudes, y conforme a la opción
de sede publicada por el Consejo Seccional de la Judicatura en donde podía elegir
cualquier cargo de oficial Mayor que se encontrara vacante en cualquiera de las
jurisdicciones; elegí el Juzgado 4 Administrativo Sección Primera […]”.
6. Señaló que, mediante la Resolución núm. 35 de 19 de septiembre de 2017,
fue nombrada en propiedad en el cargo de Oficial Mayor del Juzgado Cuarto
Administrativo de Bogotá; cargo respecto del cual aceptó la designación y tomó
posesión el 27 de noviembre de 2017.
7. Precisó que, “[…] Desde el 1 de agosto del 2008 hasta el 14 de febrero de
2022 trabajé en provisionalidad en el Juzgado 13 de Familia de Bogotá (en el
cargo de oficial mayor, desde junio del 2011 hasta el 14 de febrero de 2022) y con
posterioridad trabajé en el Juzgado 1 Promiscuo de Familia de Facatativá, (desde
el 20 de febrero hasta el 26 de abril de 2022) también en el cargo de oficial mayor;
es decir, que por espacio de 13 años y medio laboré en la jurisdicción de familia
[…]”.
8. Manifestó que, “[…] desde el 27 de abril de 2022 y a la fecha de
presentación de la acción de tutela, me encuentro trabajando en el Juzgado 4
Administrativo de Bogotá […]”.
9. Indicó que, en varias oportunidades el Consejo Seccional de la referencia le
ha “[…] negado […]” su traslado a otro Juzgado y, en particular, hizo referencia a
la solicitud de 3 de octubre de 2022, mediante la cual requirió su traslado del
Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá (en el cual ostenta su cargo en
propiedad) al Juzgado Once de Familia de Bogotá o al Juzgado Diecisiete de
Familia de Bogotá, en los que advirtió que el cargo de Oficial Mayor se encontraba
vacante.
10. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante Oficio núm.
CSJBTO22-5637 de 6 de octubre de 2022, resolvió lo siguiente:
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
“[…] De conformidad con lo preceptuado en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996,
modificado por la Ley 771 de 2002, y desarrollado por el Acuerdo No. PCSJA17-
10754 del 18 de septiembre de 2017, artículos 12 y sub siguientes emanado del
Consejo Superior de la Judicatura, y considerando que la hermenéutica de las
normas de Carrera deben estar encaminadas a procurar no solo el bienestar y
conveniencia de sus Servidores Públicos, sino la efectiva prestación del esencial
servicio de administración de justicia, en tal sentido, este Consejo Seccional de la
Judicatura considera que el Concepto requerido no se ajusta a los parámetros que
regulan la figura del Traslado por lo que emite un pronunciamiento Desfavorable
respecto de la solicitud presentada […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
11. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
Carrera Administrativa (Ser beneficiaria de las prerrogativas consagradas para los
servidores judiciales vinculados en propiedad), que han sido vulnerados por las
entidades accionadas.
3. Que se ordene al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOGOTÁ, y
ante la nueva solicitud de traslado presentada, proceda a emitir un concepto
favorable de traslado de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a la Jurisdicción
de familia, en el cargo de Oficial Mayor para así poder tramitar la solicitud ante el
Juzgado de Familia de Bogotá que cuenta con la vacante, según la solicitud hecha,
teniendo en cuenta mi idoneidad en el cargo, ya que he trabajado por trece años y
medio en dicha jurisdicción, lo cual se encuentra demostrado por el tiempo, y mi
buen desempeño tal como lo indicó el Consejo de Estado en la Acción de Tutela de
fecha 01 de agosto de 2019, radicado Nº 2019-02714 00 con ponencia del
Magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Que tanto el análisis de la presente acción constitucional como la solicitud de
traslado sea analizada con enfoque de género, teniendo en cuenta que soy madre
cabeza de familia, situación que es de conocimiento de la Rama Judicial […]”.
12. Como fundamento de su solicitud la actora adujo lo siguiente:
“[…] El Consejo Seccional de la Judicatura, está vulnerando mis derechos de carrera
al negar el traslado a la jurisdicción de familia, en primer lugar porque el examen
realizado para proveer los cargos de oficial mayor o sustanciador, no se hizo
teniendo en cuenta la jurisdicción y especialidad, es decir fue un examen general,
para quienes pretendían desempeñar dicho cargo; por otra parte, en concordancia
con lo anterior al publicar las opciones de sede, se podía elegir el cargo en
cualquier jurisdicción y especialidad, luego porque para solicitar el traslado, se exige
que haya “afinidad” entre el cargo?.
Habiéndome desempeñado 13 años y medio en la jurisdicción de familia, indica el
Consejo Seccional de la Judicatura que no cumplo con lo dispuesto en la tabla de
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
afinidades, argumento o interpretación que sin duda es contraria a la realidad, pues
de acuerdo a mi experiencia tengo más afinidad con la jurisdicción de familia que con
la jurisdicción contencioso administrativa en donde tengo la propiedad, luego
entonces la afinidad a la que hacen alusión no puede verse de manera superficial.
En el tiempo que desempeñé el cargo de oficial mayor en la jurisdicción de familia,
obtuve buenas calificaciones de la titular del despacho en ese entonces, lo cual
indica que cuento con idoneidad no solo por mi experiencia sino por mi buen
rendimiento.
Por otra parte, es preciso indicar que en la actualidad y desde el 27 de abril a la
fecha de presentación de la acción de tutela, me encuentro trabajando en el Juzgado
4 Administrativo de Bogotá en un proceso de adaptación que no ha sido fácil para mi
ni para el despacho. Debe tenerse en cuenta que dicho proceso no es inmediato, y
de alguna manera puede llegar a afectar la prestación del servicio […]”.
[…]
“[…] Los actos cuestionados fueron expedidos con fundamento en acuerdos
contrarios a las disposiciones legales establecidas para el trámite de los traslados,
violando con ello el derecho al debido proceso y la igualdad constitucionalmente
protegidos.
La oportunidad de pedir traslados tiene unos términos perentorios para optar por las
vacantes que son publicadas y que debido a los cargos que se están siendo
proveídos y la oportunidad de encontrar el cargo de oficial mayor en la jurisdicción de
familia se va reduciendo y con ello la oportunidad de obtener el traslado. Por otra
parte, al no contar con el concepto favorable de traslado a la jurisdicción de familia y
de permanecer en la jurisdicción administrativa, y con las situaciones que se pueden
presentar situaciones y procesos que puedan llegar a afectar mi cargo en propiedad
y eventualmente llegar a perderlo.
De ser así, sería una situación desafortunada teniendo en cuenta que soy madre
cabeza de familia, que mi sustento se proviene de mi trabajo y que con el cubro las
necesidades de mi menor hija y las propias, que no cuento con bienes de fortuna ni
ningún otro ingreso adicional a mi salario […]”.
[…]
“[…] Los requisitos de especialidad establecidos por el Consejo Superior de la
Judicatura en el Acuerdo PCSJA 17 10754 del 18 de septiembre de 2017, vulneran
el debido proceso (art. 29), el derecho a la igualdad (art. 13) y los beneficios que
tienen los empleados que pertenecen al régimen de carrera administrativa de la
Rama Judicial (art. 125) […] Valga anotar que la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia no estableció dentro de los requisitos para el traslado, la especialidad y
afinidad aludida por las entidades accionadas […] Tampoco es válido que el Consejo
Superior de la Judicatura dentro de la facultad reglamentaria otorgada en el trámite
de los procedimientos administrativos que regulan la Administración de Justicia, exija
requisitos que la ley no dispuso y que estos vayan en contra de los derechos
fundamentales protegidos constitucionalmente, como a la igualdad […]”.
Actuación
13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 18 de octubre de 2022; i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
de la Judicatura, a la Directora de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial y al Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá; y iii)
vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, como
tercero con interés, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran
informe sobre el particular.
Intervención de la parte demandada y del tercero con interés legítimo
14. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó “[…] negar por improcedente el amparo invocado porque […] no
afectó, desconoció ni vulneró ningún derecho fundamental a la accionante […]”.
14.1. Sostuvo que:
“[…] Así, en el presente caso no se han vulnerado los derechos al debido proceso
e igualdad y a los beneficios que tienen los empleados que pertenecen al régimen
de carrera por parte del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, en atención a que no es posible emitir
concepto favorable de traslado del cargo de oficial mayor del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Bogotá, al mismo cargo en la jurisdicción ordinaria de
familia, toda vez que implica cambio jurisdicción y por ende no cumple con el
requisito de afinidad de funciones.
El traslado, como derecho de los servidores en carrera judicial, se encuentra
supeditado al cumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 134 de la
Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 771 de 2002 y reglamentado con el
Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, de obligatorio acatamiento tanto para la
administración como para todos los servidores judiciales que solicitan traslado […]”.
15. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá solicitó su desvinculación.
Para tal efecto, expuso lo siguiente:
“[…] verificado el acontecer fáctico que aduce la señora accionante CAROLINA
MORENO OVALLE, sobre el particular es menester advertir que efectivamente la
precitada servidora judicial el pasado 3 de octubre de la anualidad que avanza
presento (sic) solicitud de traslado del cargo que ocupa en propiedad como Oficinal
(sic) Mayor del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, a los mismos
cargos en los Juzgados Once y Diecisiete de Familia de esta ciudad, dicha solicitud
fue radicada mediante el código de correspondencia EXTCSJBT22-18019 el 3 de
octubre de 2022, documento que se procede adjuntar al presente oficio.
La anterior solicitud fue objeto de estudio, en sesión de Sala de este Consejo
Seccional el pasado 5 de octubre, procediéndose a realizar pronunciamiento frente
a la misma mediante oficio CSJBTO22-5637, del 6 del mismo mes, el cual se
procedió a notificar a los correos ateneamoreno@yahoo.com y
cmorenoo@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
En el pronunciamiento realizado, por parte de esta Corporación y como podrá
verificarlo esa instancia, en el documento adjunto, en el mismo se revisó,
primeramente, el contexto normativo que consagra las disposiciones legales que
regulan todo lo atinente al traslado de los servidores judiciales, en especial las
disposiciones contenidas en los Acuerdos PCSJA17-10754 del 18 de septiembre
de 2017, “Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores
judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia” y PCSJA22-11956 del 17
de junio de 2022. “Por medio del cual se modifica los artículos décimo séptimo y
vigésimo cuarto (…)” del primero de los actos administrativos […]”.
[…]
“[…] Son todas las anteriores razones, a las que llevaron a esta Seccional a
conceptuar de manera desfavorable la solicitud de traslado presentada por la
señora CAROLINA MORENO OVALLE, en tales condiciones, y siendo claros que,
si bien se respetan y como se indicara en el concepto, se comparten parcialmente
algunas de las situaciones que enlistara la hoy accionante, respecto a la
experiencia que ha adquirido en la especialidad de familia, lo cierto, es que el
marco legal aplicable contenido en los Acuerdos proferidos por el Consejo Superior
de la Judicatura, no hacen posible acceder al traslado solicitado en las condiciones
propuestas por la servidora judicial, no solo al adolecer de algunos presupuestos
como son la presentación de la última calificación de servicios, sino además por el
hecho que se encuentra escalafonada en un cargo adscrito a un Juzgado de la
Jurisdicción Administrativa, pretendiendo su traslado a un cargo que pertenece a la
especialidad de Familia, situación que no se encuentra contemplada en los actos
administrativos que regulan la materia, sin que sea dable que por parte de esta
Seccional se contraríen esas (sic) disposiciones legales […]”.
[…]
“[…] De otro lado, resulta importante indicarle al señor Juez de tutela, que,
verificado con el personal adscrito a la secretaria de esta Corporación, si contra el
pronunciamiento realizado mediante comunicación CSJBTO22-5637 del 6 de
febrero del presente año, por parte de la señora accionante CAROLINA MORENO
OVALLE, se interpuso o allego recurso alguno, a la fecha, por parte del señor
Secretario se expidió la siguiente Certificación:
“[…] Este presupuesto cobra relevancia, cuando se observa que la accionante no
solo cuenta con la posibilidad de agotar la interposición de acciones ante la
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
jurisdicción contenciosa administrativa, sino además perfectamente pudo acudir a
los recursos de reposición y apelación dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de
2011, frente al concepto CSJBTO22-5637, siendo que este caso en concreto, no
se advierte la concurrencia de un perjuicio irremediable, dado que si bien la
accionante hace la enunciación de este de una manera general y abstracta, lo
cierto, es que ningún aparte del escrito de tutela concreta cual es la afectación
directa que se está produciendo de no accederse al traslado, dado que si bien
refiere la posibilidad de quedar sin empleo, lo cierto, es que en la actualidad se
encuentra vinculada al régimen de carrera judicial, percibiendo una remuneración y
las demás prestaciones a las que tiene derecho, como empleada de la Rama
Judicial, no pudiendo adelantarse conclusiones o escenarios futuros, puesto que la
permanencia de la servidora en la Rama Judicial, depende de manera exclusiva de
su rendimiento conforme a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10618 Diciembre
7 de 2016, y en el caso de mostrarse inconforme con su calificación igualmente
cuenta con la posibilidad de promover acciones legales en contra de la decisión
que considere no le sea favorable en virtud de la garantía del debido proceso […]”.
16. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bogotá rindió informe
en los siguientes términos:
“[…] En el presente asunto se observa que, las pretensiones de la actora se
encuentran encaminadas a que el Consejo Seccional de la Judicatura emita un
concepto favorable de traslado del cargo de oficial mayor que ocupa en este
Juzgado, a uno equivalente de la especialidad de familia de la Jurisdicción
Ordinaria.
Al respecto, es preciso señalar que el suscrito Juez puede confirmar que la
empleada Carolina Moreno Ovalle tiene interés y amplia experiencia en la
especialidad de familia y ha manifestado su intención de desempeñar su cargo en
carrera en la misma. Así mismo, que la tutelante ha indicado no sentirse cómoda
en la jurisdicción contenciosa administrativa, dada su falta de pericia en las
temáticas propias de esta jurisdicción.
Bajo ese contexto, el suscrito funcionario considera que, en el presente caso, al
emitirse concepto desfavorable respecto de la solicitud de traslado realizada por la
accionante, se está haciendo una interpretación restrictiva de las normas que
regulan la materia, puntualmente en cuanto al cambio de especialidad.
Lo anterior como quiera que únicamente se aplica la tabla de afinidades prevista en
el Acuerdo No. PCSAJA17-10754 de 2017, la cual no contiene ninguna regulación
específica sobre los cargos de la jurisdicción contenciosa, asumiendo el accionado
que tal vacío constituye una prohibición para que se realicen traslados entre esta
jurisdicción y la ordinaria en sus distintas especialidades.
En ese orden, no se analizan elementos como la afinidad de funciones, la
categoría, los requisitos exigidos y las condiciones particulares de la accionante,
como puede ser la experiencia y la permanencia efectiva en el cargo en el cual
ostenta los derechos de carrera. Con esto de paso se coarta la posibilidad que los
nominadores (juzgados a los cuales se solicita el traslado) evalúen tales criterios
de cara a la prestación del servicio propia de la especialidad de familia.
Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en consideración que el Consejo de
Estado a la hora de declarar la nulidad de la reglamentación que exigía para los
traslados una calificación igual o superior a 80 puntos, señaló que ninguna
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
disposición autoriza al Consejo Superior de la Judicatura para establecer requisitos
adicionales que la ley no contempla en materia laboral.
En ese orden, se encuentra que ni la Ley 270 de 19962, ni la Ley 771 de 2002,
prohíben el traslado de empleados o funcionarios desde la jurisdicción contenciosa
administrativa hacia la ordinaria, o viceversa, ni establecieron criterios restrictivos
para efectos del cambio entre estas especialidades por la vía del traslado, sino que
únicamente se refieren de manera genérica a la afinidad de funciones e identidad
de categoría y requisitos […]”.
17. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio en esta
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19912, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20184 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
4
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
5
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202205381-00
Actora: Carolina Moreno Ovalle
20. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
21. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
22. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
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Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[7]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es
el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]”.
23. La Sala advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la actora.
24. Al respecto, la Sala advierte que, la actora interpuso la solicitud de tutela de
la referencia contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de la Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, es decir, que el Consejo Seccional fue notificado como
autoridad demandada. Ahora bien, de conformidad con el acervo probatorio, la
Sala considera que al Consejo Seccional le asiste interés en la medida en que fue
la entidad que conceptuó de manera desfavorable sobre el traslado de la actora,
por lo que, de ser el caso, será en el fondo del asunto donde se determinará si por
su parte se configuró alguna vulneración a los derechos fundamentales de la
actora.
25. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Consejo Seccional de
la Judicatura de Bogotá le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.
26. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá.
7
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
Problemas jurídicos
27. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad, y de ser así, ii) establecer si la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, al reglamentar los traslados de los
servidores judiciales y al negar el traslado que la actora viene solicitando a varios
Juzgados de Familia del Circuito de Bogotá, respectivamente, vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra
28. Para resolver dichos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, iii)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad;
procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo
del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos
29. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991,
relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla
general, para controvertir actos administrativos ya sean de carácter particular y
concreto (numeral 1.°) o de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5.°),
toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para
desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y el medio de control de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la
acción de inconstitucionalidad8 si lo que se indica es que el acto administrativo
general quebrantó la Constitución Política.
30. En ese sentido, la jurisprudencia9 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:
8
Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9
Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Núm. único de radicación: 110010315000202205381-00
Actora: Carolina Moreno Ovalle
“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio
se debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de
tutela, salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una
eficaz y pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se
esté ante la posibilidad que se configure un perjuicio irremediable, pero en todo
caso las acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber
caducado al momento de interponerse la acción de tutela.
[…]
“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado
que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto,
sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los
derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el
contenido del acto de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y
directamente un derecho fundamental de una persona determinada o
determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la facultad
excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto,
con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de
fondo por parte del juez competente […]”.
31. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable;
con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 200310, la Corte Constitucional determinó:
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de
un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela
podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591
de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de
1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. […]”. (Resaltado por la Sala).
32. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un
10
Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
14
Núm. único de radicación: 110010315000202205381-00
Actora: Carolina Moreno Ovalle
perjuicio irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva
mediante la acción constitucional.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional11 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
35. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
11
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
15
Núm. único de radicación: 110010315000202205381-00
Actora: Carolina Moreno Ovalle
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.
36. Atendiendo a que la Corte Constitucional12 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales […]”.
Análisis del caso en concreto
37. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
38. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
12
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
16
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
39.1. Anexos que allegó la actora con el escrito de tutela.
39.2. Informes rendidos por las autoridades demandadas y el tercero con
interés, con sus anexos.
Solución del caso concreto
40. En el caso sub examine, la Sala advierte que la actora considera que las
entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y
a la igualdad, con ocasión de los actos administrativos contenidos en el Acuerdo
núm. PCSJA17-10754 de 18 de septiembre de 201713 y el Oficio núm. CSJBTO22-
5637 de 6 de octubre de 2022 expedidos, respectivamente, por el Consejo
Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
41. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios
de defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de
establecer, como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio para controvertir la legalidad de los actos administrativos
referidos por la actora, con los cuales, en su sentir, vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
42. En primer lugar, la Sala debe precisar que el Oficio núm. CSJBTO22-5637
de 6 de octubre de 2022 expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá, dispuso que: “[…] Siendo oportuno señalar que, toda vez que el concepto
emitido es desfavorable, proceden contra esta determinación los recursos de la vía
gubernativa establecidos en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, dentro del
término legal de los diez (10) días siguientes a su notificación […]”. Sin embargo,
13
Modificado por el Acuerdo núm. PCSJA22-11956 de 17 de junio de 2022.
17
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
la actora no agotó los recursos previstos en la actuación administrativa, como se
indica en la certificación que para tal efecto allegó el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá:
43. En ese orden de ideas, la actora omitió ejercer los recursos administrativos
previstos por la Ley, razón por la cual la solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de la subsidiariedad.
44. Al respecto, la Sala además considera que, frente a dicho Oficio y previo al
cumplimiento de los requisitos legales, la actora también cuenta eventualmente
con los mecanismos de defensa judicial previstos por la ley para controvertir la
legalidad de dicho acto administrativo y a través de este proteger de forma
oportuna e inmediata sus derechos fundamentales.
45. Al respecto, en casos similares, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
45.1. En sentencia de 8 de octubre de 202114, la Subsección C de la Sección
Tercera indicó que:
“[…] La Sala observa que los argumentos de la tutelante se contraen a
afirmar la violación de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en
condiciones dignas, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la
estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y los beneficios que tienen los
empleados que pertenecen al régimen de carrera administrativa respecto al
mérito, traslado y ascenso, por haber negado la solicitud de traslado.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C de la Sección Tercera, sentencia
de 8 de octubre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-01, C.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
18
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Tal y como el juez de tutela de primera instancia lo precisó, la señora Luz
Stella Arias cuenta con un mecanismo judicial ordinario para procurar la
defensa de los derechos fundamentales, que considera vulnerados con los
actos administrativos, Oficio CJO21-1596 del 28 de abril de 2021 y la
Resolución CJR21-0203 del 27 de mayo de 2021, que le resolvieron de
manera desfavorable la petición de traslado. Mecanismo que no es otro
que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el
que resulta posible controvertir la constitucionalidad de un acto particular,
como el del sub lite, conforme lo establece el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011 y en el que es posible solicitar el decreto y práctica de las medidas
cautelares que se consideren procedente y pertinentes, incluso las de
urgencia, en procura de la protección de los derechos que estima
desconocidos. La aquí accionante dirige sus inconformidades contra las
determinaciones proferidas en sede administrativa que dieron por terminada
dicha etapa. Reproches que son propios de llevar y discutir al juez de
legalidad del acto administrativo y no al juez de tutela.
Ahora bien, como la Sala explicará a continuación, las razones expuestas por
la parte accionante no se ubican en los escenarios excepcionales para
pasar por alto los instrumentos jurídicos previstos en el ordenamiento;
y así acudir directamente a la intervención del juez constitucional […]”.
(Resaltado por la Sala)
45.2. En sentencia de 26 de agosto de 202115, la Sección Quinta indicó que:
“[…] Sea lo primero advertir que las pretensiones elevadas por la parte actora
atacan directamente las decisiones contenidas en los oficios Nos. CJ021-693 y
CJ021-678 proferidos por la Unidad de Adminitración (sic) de la Carrera Judicial,
así como la Resolución CJR21-0126 del 6 de abril de 2021 dictada por el Consejo
Superior de la Judicatura, a través de las cuales se le negó su solicitud de
traslado del Distrito Judicial de Pasto al de Cali, las cuales gozan de
presunción legalidad y, por lo tanto, como se indicó el marco teórico
anteriormente expuesto, los reparos deben ser controvertidos ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa a través de los medios de control
contenidos en la Ley 1437 de 2011 para que el juez natural de la causa se
pronuncie al respecto.
Así las cosas, esta Sección considera que en efecto, se configura la causal de
improcedencia fijada en el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 […]”.
[…]
“[…] Bajo ese orden, el carácter perentorio de la salvaguarda de los derechos de la
accionante no permite concluir en la ineficacia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues bien se sabe que en el contexto de los
procesos ordinarios las partes pueden solicitar el decreto de medidas
cautelares para la protección de los bienes jurídicos que se ven en riesgo por el
paso del tiempo, facultad que, bajo ciertas condiciones, le ha sido concedida de
oficio al juez administrativo […]”. (Resaltado por la Sala)
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-02575-01, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
45.3. En sentencia de 15 de julio de 202116, la Sección Primera sostuvo que:
“[…] 24. Como se enunció previamente, la acción de tutela resulta improcedente
cuando pretende controvertir la legalidad de los actos administrativos de
contenido particular, en razón a que los asociados cuentan con un medio de
defensa ordinario como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual es el mecanismo idóneo para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que lesionan el
ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos fundamentales.
25. En este sentido resulta pertinente resaltar que a la luz del artículo 43 de Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la
jurisprudencia de esta Sección, son susceptibles de control jurisdiccional los actos
definitivos, esto es, aquellos que deciden «directa o indirectamente el fondo del
asunto o hagan imposible continuar la actuación».
26. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta razonable concluir que los actos
administrativos enjuiciados en el sub lite -mediante los cuales se emitió un
concepto desfavorable a la solicitud de traslado elevada por la accionante-
son susceptibles de control jurisdiccional, ya que este tipo de decisiones se
enmarcan en la categoría de los actos definitivos, en tanto que resuelven el fondo
del asunto.
27. Significa lo anterior que la señora Luz Stella Arias Pérez cuenta con un medio
de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual puede discutir la legalidad de
los actos administrativos en cuestión, en el que, además, podrá solicitar
medidas cautelares […]”. (Resaltado por la Sala)
46. Ahora bien, en cuanto al Acuerdo núm. PCSJA17-10754 de 18 de
septiembre de 201717 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el
legislador estableció en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo los respectivos medios de control, entre ellos, el medio
de control de nulidad.
47. Al respecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron
las causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que
procede cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en
que deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o
con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió […]”.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
17
Modificado por el Acuerdo núm. PCSJA22-11956 de 17 de junio de 2022.
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Actora: Carolina Moreno Ovalle
48. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que el análisis de los
reparos propuestos por la actora contra dicho Acuerdo, “Por el cual se compilan
los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras
disposiciones en la materia”, debe analizarse por su juez natural ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera que es el encargado de
realizar el examen de legalidad de dichos actos, previo el cumplimiento de los
requisitos legales.
49. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades
anteriores18 que con la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el
argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni
oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en
casos como el estudiado.
50. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia19, como la suspensión provisional de los
efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a
cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser remediada
incluso antes de que se profiera una decisión definitiva.
51. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección20 ha señalado que
aun cuando la actora considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las
medidas cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.
18
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García
González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
19
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así
adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que
así lo decrete
20
Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de
2015).
21
Núm. único de radicación: 110010315000202205381-00
Actora: Carolina Moreno Ovalle
52. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que la actora no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.
53. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional21:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que
éste debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un
bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes
para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de
protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable.” […]”.
54. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer
que la actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique
adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.
55. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine, i) la
actora no agotó los recursos administrativos previstos por la Ley contra el Oficio
núm. CSJBTO22-5637 de 6 de octubre de 2022 y, además, ii) existe otro
mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales,
para controvertir la legalidad de los actos administrativos demandados, antes de
acudir a la acción de tutela.
Conclusiones de la Sala
56. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo por no cumplir con el requisito general de la subsidiariedad,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202205381-00
Actora: Carolina Moreno Ovalle
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
por lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentó la
señora Carolina Moreno Ovalle, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
23
Núm. único de radicación: 110010315000202205381-00
Actora: Carolina Moreno Ovalle
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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