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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05383-01

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05383-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 24 de noviembre 2022 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. 8 Radicado: 11001-03-15-000-2022-05383-01 Accionante: Yadira Francisca Guerra de Berrocal Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 32 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05383-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

3 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05383-01
Accionante: YADIRA FRANCISCA GUERRA DE BERROCAL
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA FALLO DE TUTELA – se
confirma el fallo impugnado - no se alegó ni se demostró
la cosa juzgada fraudulenta

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del fallo de
tutela de 24 de noviembre 2022, proferido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, a través del cual se declaró improcedente el presente mecanismo de
amparo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Yadira Francisca Guerra de Berrocal solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social, cuya
vulneración atribuyó a los fallos de tutela de 3 de agosto de 2022 y de 20 de
septiembre de 2022, proferidos, respectivamente, por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar y por el Tribunal Administrativo del
Cesar, dentro del mecanismo de amparo con radicado número 20001-33-33-002-
2022-00351-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que promovió acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana
de Pensiones -Colpensiones- y de la Gobernación del Cesar, con el propósito de
que se ampararan sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a
la seguridad social y que, como consecuencia de ello, se dejaran sin efectos las
resoluciones números 161815 de 12 de julio de 2021 y 10044 de 10 de noviembre
de 2021 -que le negaron la pensión de sobrevivientes- para que, en su lugar, se
ordenara a las accionadas reconocerle la respectiva pensión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05383-01
Accionante: Yadira Francisca Guerra de Berrocal
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

2.2. Refirió que el conocimiento del referido proceso le correspondió al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, despacho judicial que, mediante
fallo de 3 de agosto de 2022 declaró la improcedencia del mecanismo de amparo,
luego de considerar que no cumplía el requisito de procedibilidad atinente a la
subsidiariedad.

2.3. Relató que la decisión anterior fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Cesar, mediante fallo de 20 de septiembre de 2022.

2.4. Manifestó que en las anteriores decisiones se incurrió en vulneración de sus
derechos fundamentales, dado que: «[…] no tiene medios económicos disponibles,
para acudir por intermedio de apoderado a presentar demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ante los jueces ordinarios para reclamar mis
pretensiones […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 1. Dejar sin efectos jurídicos la Sentencia de Tutela No. 20001-33-33-002-
2022-00351- 00, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Valledupar el día 03 de Agosto de 2022.

2. Dejar sin efectos jurídicos la Sentencia de Tutela No. 20001-33-33-002-2022-
00351- 01 proferida por la magistrada ponente Doctora MARIA LUZ ALVAREZ
ARAUJO con Tribunal Administrativo del Cesar del día 20 de Septiembre de
2022.

3. Como consecuencia de ello procesa mediante Sentencia reconocer la
Pensión de Sobreviviente de la Suscrita Accionante YADIRA FRANCISCA
GUERRA DE BERROCAL […] solicitada en dichas acciones de tutelas y sus
anexos […]».

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Laconsejera de la Sección Quinta del Consejo de Estado a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 31 de octubre de 2022, admitió la
presente acción de tutela y vinculó como terceros con interés en este proceso a
Colpensiones y a la Gobernación del Cesar.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la magistrada ponente de la
providencia acusada, rindió informe en el que solicitó declarar improcedente el
presente mecanismo de amparo, en atención a «[…] que no se reúnen los
presupuestos establecidos por la H. Corte Constitucional para la procedencia de la

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Accionante: Yadira Francisca Guerra de Berrocal
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

acción de tutela contra un fallo de la misma naturaleza, toda vez que no se advierte
que el fallo proferido por el Tribunal se hubiese dictado con fundamento en una
situación de fraude […]».

5.2. La Gobernación del Cesar, por conducto del jefe de la oficina asesora jurídica
del departamento, presentó informe en el que solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional, ya que no es la autoridad responsable de atender
la solicitud de reconocimiento pensional de la accionante.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 24 de noviembre de 2022, la Sección Quinta del
Consejo de Estado resolvió declarar improcedente la presente acción de tutela,
luego de considerar que la tutelante «[…] no expuso ninguna situación en la que el
juez hubiera actuado con dolo para desviar el proceso de su fin, circunstancia que,
la accionante debió acreditar para demostrar la configuración de un fraude, pues la
simple afirmación relativa a que el Tribunal accionado vulneró sus derechos
fundamentales no es causa para dar cabida a la excepción de la regla general
consistente en que las acciones de tutela no proceden contra decisiones de la
misma naturaleza […]».

7. Igualmente,
negó la solicitud de desvinculación procesal propuesta por la
Gobernación del Cesar.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, con fundamento en
que el juez de primera instancia omitió valorar y analizar «[...] lo estudiado en las
Sentencias de Tutela, T-280 de 2019, T-685 de 2017, T-071 de 2019, T-246 de 2015
y especialmente la T-001 de 2020 de la Corte Constitucional invocadas en dicha
Acción en primera como de segunda instancia, ya dichas providencias
constitucionales fueron proferidas posteriormente a las señaladas por su despacho
mediante la Sentencia de primera instancia, por tanto, estan vigentes en el tiempo
sobre las anteriores sentencias […]». (sic en toda la cita)

9. Debido a lo anterior solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, para
en su lugar, se concediera el amparo deprecado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de

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Accionante: Yadira Francisca Guerra de Berrocal
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta el contenido
del escrito de impugnación, corresponde al juez de tutela verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado o revocado4, para lo cual la Sala debe establecer
lo siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra fallo de tutela. Y, si ello es así, se deberá
determinar:

b) Si las sentencias objeto de tutela vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante, al haber declarado improcedente el mecanismo
de amparo con radicado número 20001-33-33-002-2022-00351-00/01.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra fallo de tutela.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii)
resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra fallo de tutela. Requisitos
generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05383-01
Accionante: Yadira Francisca Guerra de Berrocal
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: i) orgánico, ii)
procedimental absoluto, iii) fáctico, iv) material o sustantivo, v) error inducido, vi)
decisión sin motivación, vii) desconocimiento del precedente y viii) violación directa
de la Constitución.

17. Ahora bien, de acuerdo con las reglas establecidas en la sentencia SU-627 de
2015, la acción de tutela procede contra fallos judiciales dictados en el curso
de una acción de tutela, cuando se cumplen los siguientes supuestos:

17.1. La Corte Constitucional comienza por indicar que la acción de tutela no procede
contra sentencias de tutela. Esta regla, en su criterio, no admite excepción alguna
cuando el fallo ha sido proferido por esa alta Corporación, ya sea en su Sala Plena
o en las Salas de Revisión; asimismo, precisa la Corte que contra los fallos referidos
solo es procedente el incidente de nulidad, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos para ello.

17.2. La acción de tutela procede, excepcionalmente, cuando la sentencia objeto de
tutela ha sido proferida fraudulentamente y, en consecuencia, se encuentra
revestida de “cosa juzgada fraudulenta”, la cual «[…] se predica de un proceso
que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa
en esencia un negocio fraudulento a través de medio procesales, que implica un
perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad […]».7 En este supuesto deben
acreditarse los siguientes requisitos: «[…] a) que la tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir que no se esté
en presencia de la cosa juzgada; b) que se pruebe de manera clara y suficiente que
la decisión en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude;
y c) que no exista otro mecanismo legal para resolver tal situación […]»8.

17.3. Por último, la acción de tutela resulta procedente cuando se dirija contra una
actuación «[…] con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de
cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela […]». En estos casos ha establecido la

6
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
7
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SUI-627 del 1 de octubre de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González
Cuervo.
8
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-627 del 1 de octubre de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González
Cuervo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05383-01
Accionante: Yadira Francisca Guerra de Berrocal
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

jurisprudencia constitucional que: «[…] si se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la
Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión […]».

18. De lo expuesto con anterioridad, la Sala concluye que cuando al juez
constitucional le compete decidir una acción de amparo dirigida en contra de un fallo
de tutela, el funcionario judicial debe, en primer lugar, verificar la presencia de los
requisitos generales y, en segundo lugar, establecer la concurrencia de los
requisitos excepcionales de procedencia de la acción de tutela en contra de los
fallos de tutela, tal como lo establece la Corte Constitucional en la sentencia SU-
627 de 2015.

VIII.4. Caso concreto

19. La ciudadana Yadira Francisca Guerra de Berrocal solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social, cuya
vulneración atribuyó a los fallos de tutela de 3 de agosto de 2022 y de 20 de
septiembre de 2022, proferidos, respectivamente, por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar y por el Tribunal Administrativo del
Cesar, dentro del mecanismo de amparo con radicado número 20001-33-33-002-
2022-00351-00/01.

VIII.4.1. De la improcedencia de la acción de tutela en el sub judice

20. Respecto de la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de un
fallo de igual naturaleza, la Sala advierte que obligatoriamente se deben cumplir los
siguientes requisitos:

«[…] a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada, es decir no se está frente al fenómeno de la cosa
juzgada.

b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior
acción de tutela fue producto de una decisión de fraude, que atenta contra el ideal
de justicia presente en el derecho (Fraus Omnia corrumpit),

c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tiene un
carácter residual […]»9.

21. Descendiendo al caso de autos, la Sala pone de relieve que la accionante en
ningún momento está denunciando la comisión de un fraude que sitúe a las
sentencias que motivaron la interposición de este mecanismo de amparo en el
escenario de la “cosa juzgada fraudulenta”, y tampoco se evidencia que las
referidas decisiones judiciales hayan sido dictadas de manera fraudulenta.

22. Significa lo anterior que no concurren los presupuestos de procedencia de la
tutela contra un fallo de igual naturaleza, comoquiera que tal posibilidad resulta

9
Sentencia SU-627 de 2015.

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Accionante: Yadira Francisca Guerra de Berrocal
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excepcional y su propósito es «[…] revertir o detener situaciones fraudulentas y
graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de
amparo […]»; por ello la carga argumentativa de la parte actora debe dirigirse a
demostrar que existe una actuación fraudulenta que está siendo amparada
injustamente por la cosa juzgada constitucional, situación que, claramente, no
ocurre en esta oportunidad.

23. Ahora bien, debe preciarse que las providencias -T-280 de 2019, T-685 de 2017, T-071
de 2019, T-246 de 2015 y T-001 de 2020- que la actora identificó en el escrito de
impugnación como no valoradas por el juez de primera instancia no modificaron y
mucho menos rectificaron la regla jurisprudencial fijada en la sentencia de
unificación SU-627 de 2015 atinente a la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra fallo de igual naturaleza, consistente en que se debe demostrar, entre
otros requisitos, la cosa juzgada fraudulenta.

24. En atención a lo anterior, y comoquiera que el objeto del presente mecanismo de
amparo consiste en que se dejen sin efectos los fallos de tutela de 3 de agosto de
2022 y de 20 de septiembre de 2022, proferidos, respectivamente, por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar y por el Tribunal
Administrativo del Cesar, dentro del mecanismo de amparo con radicado número
20001-33-33-002-2022-00351-00/01, la Sala advierte que el presente análisis se
debe centrar en establecer si en tales decisiones se incurrió en cosa juzgada
fraudulenta, ya que es uno de los requisitos que se debe demostrar para que se
habilite la intervención del juez constitucional y pueda ahondar en el fondo del
asunto.

25. Por los anteriores razonamientos, la Sala considera que, en el presente asunto,
no se satisfacen los requisitos excepcionales previstos para la procedencia de la
acción de tutela contra fallo de igual naturaleza, por lo que se deberá confirmar el
fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 24 de noviembre 2022 proferido por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en las
consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05383-01
Accionante: Yadira Francisca Guerra de Berrocal
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 32 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P(18)

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