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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05391-00

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05391-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Presidencia de la República, la Agencia para la Reintegración y la Normalización y la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con los argumentos expuesto en el numeral 2.2. de la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades del señor Rubiel Delgado Lozano respecto de la Presidencia de la República, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.6.1. de la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: AMPARAR DE MANERA OFICIOSA el derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades del señor Rubiel Delgado Lozano respecto de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.6.2. de la parte considerativa de esta providencia. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Rubiel Delgado Lozano Demandado: Presidencia de la República Radicado: 11001-03-15-000-2022-05391-00 CUARTO: ORDENAR a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta providencia, cumpla con el deber establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y remita la petición a las entidades que considere competentes para resolver la solicitud que elevó el señor Rubiel Delgado Lozano el 30 de agosto de 2022. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05391-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

24 de noviembre de 2022

Demandante: Rubiel Delgado Lozano
Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05391-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05391-00
Demandante: RUBIEL DELGADO LOZANO
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Temas: Tutela de fondo – derecho fundamental a presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela que ejerció el
señor Rubiel Delgado Lozano contra la Presidencia de la República.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 10 de octubre de 2022 al buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el
señor Rubiel Delgado Lozano, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela
contra la Presidencia de la República, con el fin de que se amparara su derecho
fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades.

2. El accionante consideró vulnerada la referida garantía constitucional, con
ocasión de la respuesta que se le otorgó a la petición que presentó el 30 de agosto
de 20221, con el que buscaba poner de presente las necesidades de las personas
que entregaron las armas con ocasión de la Ley 975 de 20052, conocida como “Ley
de Justicia y Paz”.

1 La petición se presentó inicialmente ante la Presidencia de la República pero fue remitida por

“competencia” a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
2 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al

margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios”.

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Demandante: Rubiel Delgado Lozano
Demandado: Presidencia de la República
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3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho
fundamental invocado y, en consecuencia, pidió:

“Con los antecedentes anteriormente expuestos solicito se me ampare mi derecho
fundamental de petición, para que el señor presidente de la república de Colombia:
Gustavo Francisco Petro Urrego de respuesta a mi solicitud de fondo al derecho de
petición.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 30 de agosto de 2022, el señor Rubiel Delgado Lozano presentó petición
ante la Presidencia de la República, en la que puso de presente las necesidades de
las personas que entregaron las armas con ocasión de la Ley 975 de 2005 y,
además, solicitó:

“Con la claridad anteriormente expuesta le solicito de su despacho la mayor atención
posible para que sean resueltas las problemáticas de la población desmovilizada de
la ley 975/2005, desde los tres puntos expuestos: jurídico –reintegración a la vida
en sociedad- y seguridad.

Solicitamos respetuosamente señor presidente se nombre una comisión para nos
pueda visitar en Bucaramanga – Santander, (oficinas del ARN) y poder de esta
manera socializar con algunos representantes nuestros la problemática, en aras de
que este escrito tenga pronta soluciones, y no se quede solo en letras, queremos
compromisos por parte del estado; lo estable nuestra constitución “Artículo 22. La
paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”; siendo este un proceso
de paz que aún no ha terminado y que se mueve muy lento.

No es solamente el sentir de un hombre, sino la necesitada de una población
desmovilizada que amerita atención a sus necesidades.” (Sic a toda la
transcripción)

5. La Presidencia de la República, mediante oficio del 16 de septiembre de
2022, le indicó al accionante, que:

“Sobre el particular, de manera respetuosa me permito manifestarle que, a la luz del
artículo 28 del Decreto 1784 de 2019, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
no es competente para atender y pronunciarse en relación a la reinserción a la vida
civil de las personas que se han desmovilizado de algún grupo armado organizado.

En consideración a lo anterior, dando cumplimiento al Artículo 21 de la Ley 1437 de
2011, modificada y adicionada por la Ley 1755, se ha dado traslado de su
requerimiento a la Agencia para la Reincorporación y a la Normalización – ARN,
toda {vez} que, en virtud del Decreto 4138 de 20113, modificado y adicionado por el
Decreto 897 de 20174.”

3 Ob. Cit. “Por el cual se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en

Armas y se establecen sus objetivos y estructura.”
4 Ob. Cit. “Por el cual se modifica la estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y

Grupos Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones.”

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6. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, a través de oficio del
27 de septiembre de 2022, expuso cuál era la competencia de la entidad y respondió
la petición solo, en lo que a su juicio, le correspondía.

7. Adicionalmente, el 3 de octubre de 2022, la Agencia para la Reincorporación
y Normalización le envió una comunicación a la Unidad Nacional de Protección en
la que dispuso:

“En atención a la petición de fecha del 30 agosto de 2022, suscrita por el señor
RUBIEL DELGADO LOZANO, mediante el cual manifiesta:

(…)

Nos permitimos remitir por competencia la solicitud del señor RUBIEL DELGADO
LOZANO, de acuerdo con el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de
20155 , como quiera que la Agencia para la Reincorporación y Normalización carece
de competencia frente al asunto requerido.

Finalmente informamos que este despacho mediante el oficio OFI22-024158 del
27/09/2022, dio respuesta en lo de su competencia, e informó al solicitante del
presente traslado.”

8. La Unidad Nacional de Protección, mediante oficio del 18 de octubre de 2022,
respondió la comunicación enviada por la Agencia para la Reincorporación
Normalización, en los siguientes términos:

“Tengo el agrado de dirigirme a usted con el ánimo de enviarle un cordial saludo y
referirme a su comunicación OFI22-024159 / GPU mediante la cual informa
textualmente lo siguiente:

(…)

Al respecto me permito informarle que, al revisar su comunicación no se adjuntó el
derecho de petición presentado por el señor RUBIEL DELGADO LOZANO, por lo
que no se puede dar respuesta al mismo.

En este sentido le agradezco allegar la solicitud del señor DELGADO LOZANO,
con el fin de conocer cuál es puntualmente su petición, así como los datos de
contacto y número de identificación del peticionario, para verificar si es o ha sido
beneficiario del programa de protección que coordina la Entidad.”

1.3. Sustento de la vulneración

9. La parte actora aseguró que la Presidencia de la República vulneró su
derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, por
los motivos que se exponen a continuación:

5 Ob. Cit. “Ley 1755 de 2015, Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye

un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

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10. Expuso el trámite administrativo de la petición del 30 de agosto de 2022 y
sostuvo que:

“Teniendo en cuenta que la solicitud elevada al presidente de la república de
Colombia, tenía un fin, de buscar soluciones de estado a una problemática de una
población desmovilizada, y no de buscar soluciones de una entidad del estado, el
cual no tiene autonomía sobre otras entidades, motivo por el cual la Agencia para la
Reintegración y Normalización no puede resolver de fondo los temas encaminados
en el derecho de petición, por tal motivo este derecho de petición se resolvió de
forma mas no de fondo; de acuerdo a la respuesta del ARN se limita a decir: “es
necesario resaltar que esta Agencia en el marco de su órbita funcional no tiene
competencia.” (Sic a toda la transcripción)

11. Transcribió apartes de la respuesta que se otorgó e insistió, copiando
párrafos de la petición, en lo siguiente:

(i) No observaba una solución para que finalizara el proceso “de justicia y paz
con la ley 975/2005” y operara la extinción de las sanciones penales.

(ii) Las personas que se sometieron a ese sistema de justicia transicional no
podían conseguir trabajo, debido a los antecedentes que tenían por
“delitos de lesa humanidad”.

(iii) Era una población con muchas necesidades y se les debían conceder
viviendas de interés social.

(iv) Existía un grave riesgo de seguridad para los ex combatientes, porque los
trámites judiciales continuaban vigentes y allí rendían versiones libres que
“involucran a terceros”.

(v) Era necesario constituir una “comisión” que tuviera conocimiento de lo que
ocurría y se materializara la propuesta del Gobierno de “una paz total”.

12. Por último, reiteró que la petición que presentó no se resolvió de fondo, pues
el que debía hacerlo era el presidente Gustavo Petro.

1.4. Trámite de la acción de tutela

13. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante
auto del 31 de octubre de 2022, admitió la demanda de tutela y dispuso su
notificación a la parte actora, así como a la Presidencia de la República en calidad
de autoridad accionada.

14. Igualmente, vinculó como terceros con interés, de conformidad con el artículo
13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización y a la Unidad Nacional de Protección.

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1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Presidencia de la República

15. Con escrito enviado por correo electrónico el 9 de noviembre de 2022 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el abogado Pablo
Andrés Corredor Gómez, actuando como apoderado del “presidente de la República
y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, sostuvo que se
configuraba el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado.

16. Lo anterior, por cuanto la petición que presentó el accionante el 30 de agosto
de 2022 se contestó de manera “clara y de fondo” y, por ello, no había lugar que
interviniera el juez de tutela.

17. Por otra parte, indicó que la Presidencia de la República remitió
oportunamente la solicitud a la Agencia para la Reincorporación y Normalización el
16 de septiembre de 2022.

18. Aclaró que la entidad que recibió la petición era la competente para
pronunciarse sobre ella, comoquiera que estaba relacionada con la “reinserción de
personas desmovilizadas, así como sobre la seguridad de los mismos”.

19. Manifestó que la Corte Constitucional ha precisado que no se vulnera el
derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución, por el hecho
de no acceder a lo solicitado por un ciudadano y que el núcleo esencial de ese
derecho se satisface cuando se otorga una respuesta oportuna, clara y de fondo.

20. Por lo tanto, era claro que no existía la transgresión de la garantía superior
invocada por el accionante y, en consecuencia, la solicitud de amparo era
improcedente.

21. En ese orden de ideas, pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela o se desvinculara al “Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y/o al señor Presidente de la República”.

1.5.2. Agencia para la Reincorporación y la Normalización

22. Con escrito enviado por correo electrónico el 9 de noviembre de 2022 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el jefe de la Oficina
Jurídica de la entidad, expuso la naturaleza jurídica de la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización y sostuvo que el 26 de septiembre de 2022 dio
respuesta de fondo a la petición, en lo relacionado con las materias de su
competencia.

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23. Aclaró que, mediante oficio del 27 de septiembre de 2022, remitió la solicitud
a la Unidad Nacional de Protección para que se pronunciara respecto de los asuntos
relativos a la seguridad de las “personas desmovilizadas”.

24. Insistió en que la respuesta que otorgó satisface el núcleo esencial del
derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y, en
consecuencia, no lesionó alguna de las garantías constitucionales del señor Rubiel
Delgado Lozano.

25. Así las cosas, pidió que se le desvinculara a esta agencia del trámite
constitucional de la referencia.

1.5.3. Unidad Nacional de Protección

26. Con escrito enviado por correo electrónico el 11 de noviembre de 2022 al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el jefe de la Oficina
Jurídica de la entidad, sostuvo que el oficio del 27 de septiembre de 2022 no estuvo
acompañado de la petición y, por ello, no había podido responderla.

27. Expuso cuál era la naturaleza jurídica y las funciones de la Unidad Nacional
de Protección y precisó que las pretensiones de la demanda de tutela no tenían
relación con la entidad, por lo que los encargados de pronunciarse sobre ellas eran
únicamente la Presidencia de la República y la Agencia para la Reincorporación y
la Normalización. En este punto, aseguró que carecía de legitimación en la causa
por pasiva.

28. En ese orden de ideas, solicitó que se desvinculara a la entidad de esta
acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por el
señor Rubiel Delgado Lozano contra la Presidencia de la República, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de
2017 y 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

30. La Presidencia de la República, la Agencia para la Reintegración y
Normalización y la Unidad Nacional de Protección, en sus intervenciones,

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manifestaron que carecían de legitimación en la causa por pasiva y solicitaron ser
desvinculados del trámite constitucional del vocativo de la referencia.

31. Al respecto, la Sala advierte que negará las referidas peticiones, comoquiera
que: (i) la tutela se dirige expresamente contra la Presidencia de la República, pues
el señor Rubiel Delgado Lozano considera que ésta autoridad debe resolver la
solicitud que elevó el 30 de agosto de 2022; y (ii) la Agencia para la Reintegración
y la Normalización y la Unidad Nacional de Protección, fueron vinculadas en calidad
de terceros con interés por haberse indicado que se les remitido la petición dio
origen a la controversia constitucional.

2.3. Problemas jurídicos

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el accionante, los
argumentos del libelo introductorio, las intervenciones presentadas y el material
probatorio recaudado, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son
los siguientes:

 ¿Se vulneró el derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante
las autoridades del señor Rubiel Delgado Lozano, porque el presidente
Gustavo Petro no fue quien respondió la solicitud que se elevó el 30 de
agosto de 2022?

33. De ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

 ¿Se vulneró el derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante
las autoridades del señor Rubiel Delgado Lozano, con ocasión de la
respuesta que otorgó la Agencia para la Reintegración y Normalización?

34. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes
temas: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) el derecho fundamental a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades; y (iii) el análisis del caso
concreto.

2.4. Panorama general de la acción de tutela

35. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
establecidos en el Decreto 2591 de 1991.

36. Es importante aclarar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar

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sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.5. El derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las
autoridades

37. El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política, se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes
respetuosas para obtener información o pedir copias de documentos no sujetos a
reserva de las autoridades correspondientes o a los particulares, y obtener una
pronta y completa respuesta a sus inquietudes.

38. La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991
como de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos
inherentes a la persona y su relevancia para la participación ciudadana, pues a
través de su ejercicio se asegura el cumplimiento de las funciones constitucionales
y legales, de los deberes sociales del Estado y se concreta la posibilidad de hacer
realizables otros derechos fundamentales6.

39. Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los
presupuestos esenciales del derecho de petición así: i) la posibilidad de formular
peticiones respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii) la obtención
de una pronta resolución del asunto puesto en consideración.

40. Esos componentes del derecho de petición son inescindibles, esto quiere
decir que el goce y satisfacción de este derecho se realiza cuando ambos se
verifican; por lo tanto, el ejercicio del derecho se concreta en la formulación de una
petición, pero se efectiviza con su resolución pronta y material,
independientemente de si la respuesta a la solicitud es favorable o
desfavorable.

41. De igual forma, para que el derecho de petición se garantice no basta obtener
una respuesta, también es necesario que ésta se dé a conocer al interesado. Al
respecto, la Corte Constitucional ha señalado: “Una vez tomada la decisión, la autoridad
o el particular no pueden reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición
es necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta
en conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá
afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente”7 (subrayas fuera de texto).

42. Conforme con todo lo anterior, resulta claro que esta garantía fundamental
tiene trascendencia jurídica y social, puesto que, en esencia, constituye un

6 Corte Constitucional, Sentencias T-552 del 01.10.98., M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-542 del

13.06.06., M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-451 del 26.05.11., M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, entre otras.
7 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-529 del 17.11.95., M.P. Fabio Morón

Díaz.

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mecanismo de interacción entre las entidades y el particular cuyo desconocimiento
acarrea inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

43. Finalmente, se advierte que también se corrobora la naturaleza fundamental
del derecho de petición, porque su regulación está contenida en la Ley Estatutaria8
1755 del 30 de junio del 2015, norma que, adicionalmente, sustituyó el
correspondiente título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

2.6. Análisis del caso concreto

2.6.1. Respuesta al primer problema jurídico

44. El señor Rubiel Delgado Lozano aseguró que la Presidencia de la República
vulneró su derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las
autoridades, por cuanto el presidente Gustavo Petro no se pronunció sobre la
solicitud que elevó el 30 de agosto de 2022.

45. Al respecto, la Sala advierte que no se transgredió la garantía constitucional
invocada, por el hecho de que el jefe del actual Gobierno no contestara
personalmente la petición.

46. En efecto, se pone de presente que la Presidencia de la República remitió la
referida solicitud a la Agencia para la Reincorporación y Normalización, comoquiera
que ésta es la entidad de la Rama Ejecutiva encargada de administrar y ejecutar la
política pública relacionada con los programas para que las personas que hicieron
parte de grupos armados al margen de la Ley puedan integrarse a la vida civil.

47. Desde esa perspectiva, la autoridad ante la que se presentó la petición del
30 de agosto de 2022 cumplió con la obligación establecida en el artículo 21 9 de la
Ley 1437 de 2011 y, por ello, no puede endilgársele un comportamiento indebido
que afecte derechos fundamentales.

48. Ahora bien, la garantía consagrada en el artículo 23 de la Constitución no
faculta a los ciudadanos para elegir el funcionario que quieren que responda las
peticiones que presentan, toda vez que el Estado tiene un diseño institucional en
virtud del cual se atribuyen competencias y funciones específicas a diferentes
entidades.

8 Constitución Política, “Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará

las siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos
para su protección; (…)”.
9 “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la

competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días
siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente
y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo
comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente.”

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49. En consecuencia, la referida prerrogativa se satisface cuando la autoridad
competente sobre la materia otorga la respuesta a la solicitud que eleva una
persona.

50. Igualmente, es importante aclarar que no acceder a lo solicitado en una
petición no significa que se transgreda la referida garantía, pues ésta solo resulta
lesionada cuando no se otorga una respuesta clara, de fondo y se pone en
conocimiento del ciudadano de manera oportuna.

51. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-146 de 201210,
sostuvo:

“Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una
prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se
vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón
por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad
responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea
negativa. Esto quiere decir que la resolución a la petición, “(…) producida y
comunicada dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del
derecho de petición, de tal manera que si la autoridad ha dejado transcurrir los
términos contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir
que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta,
quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional.”” (Negrita y
subrayado fuera del texto)

52. Además, este criterio fue reiterado por el Tribunal de cierre en materia de
derechos fundamentales, en la sentencia T-243 del 202011, como se expone a
continuación:

“25. El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho de petición como
una garantía que permite “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. Esta Corte se
ha referido en múltiples ocasiones al carácter fundamental de este derecho y a su
aplicación inmediata. De igual forma, ha señalado que su núcleo esencial se
concreta en la obtención de una respuesta pronta y oportuna, que además
debe ser clara, de fondo y estar debidamente notificada, sin que ello implique,
necesariamente, que en la contestación se acceda a la petición. Cualquier
trasgresión a estos parámetros, esto es, si no se obtiene una respuesta oportuna,
clara, de fondo, congruente o si ésta no es puesta en conocimiento del peticionario,
existe una vulneración del referido derecho fundamental.” (Negrita y subrayado
fuera del texto)

53. Así las cosas, no se vulneró el derecho fundamental a presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades del señor Rubiel Delgado Lozano, por el hecho de
que el presidente Gustavo Petro no respondiera la solicitud que se elevó el 30 de
agosto de 2022.

10 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-146 del 02.03.22., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-243 del 13.07.20., M.P. Diana

Fajardo Rivera.

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54. Ahora bien, atendiendo a la obligación del juez de tutela de proteger y permitir
el ejercicio pleno de las garantías dispuestas en la Norma Superior, la Sala de oficio
analizará si la respuesta otorgada por la Agencia para la Reincorporación y
Normalización el 27 de septiembre de 2022 cumple o no con los cánones
constitucionales.

2.6.2. Respuesta al segundo problema jurídico

55. Para resolver este interrogante es necesario comparar la solicitud del 30 de
agosto de 2022 y la respuesta que se otorgó el 27 de septiembre de 2022, con el
fin de establecer si se respetó el núcleo esencial del derecho fundamental a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades del señor Rubiel Delgado
Lozano.

56. En ese orden de ideas, se tiene lo siguiente:

Petición del 30 de agosto de 2022 Respuesta del 27 de septiembre de
2022
“Honorable presidente de la república de Colombia; “En atención al derecho de petición del asunto, el
Comedidamente, me dirijo ante su digno despacho cual fue traslado por el doctor Diego Armando
fundado en el ejercicio del derecho fundamental de Marroquín Torres Asesor de la Oficina del Alto
petición ley 1755 de 2015, para informarle con gran Comisionado para la Paz de la Presidencia de la
preocupación las necesidades que nos acogen a los República, mediante el cual solicita:
diferentes grupos de la guerrilla y autodefensas
desmovilizados por medio de la ley 975 del 2005. (…)

Teniendo en cuenta su disposición abierta en aras de Respetuosamente damos respuesta, en los
buscar la paz de nuestro país con los diferentes siguientes términos, atendiendo a los diferentes
grupos armados al margen de la ley, que se planteamientos contenidos en su solicitud:
encuentran actualmente en pie de lucha y la
disposición de acogimiento de otros grupos armados • Competencia Agencia para la Reincorporación y la
en busca de la tan anhelada paz de nuestro país, Normalización – ARN:
queremos que conozca la realidad de los
desmovilizados que le apostaron a la paz de nuestro (…)
país bajo la ley 975; esto con el objeto de que en su
buena voluntad haya la disposición con su equipo de • Del acápite de Justicia – de la petición-:
trabajo de buscar la forma de poder superar lo que
durante tanto tiempo a ningún mandatario le ha En su escrito manifiesta algunas situaciones de cara
preocupado a la concesión de los beneficios establecidos en la
Ley 975 de 2005, así como, del trámite que surten los
Sinopsis: procesos ante las autoridades judiciales, y los
inconvenientes que se generan ante la concurrencia
1. La ley 975/2005 en su principio establecía de 5 a a las diligencias judiciales.
8 años de prisión en cárceles bajo la dirección y
control del INPEC, Situación que fue cambiando con De acuerdo con las situaciones por usted referidas,
las reformas a las ley y establecer por la magistratura que implican las decisiones adoptadas por los
a ocho años de prisión, a esto le sumamos la magistrados de las Salas de Justicia y Paz, así como,
cantidad de exigencia por parte del Tribunal superior por la Juez de Ejecución de sentencias de las Salas
de justicia y paz, para que el postulado lograra dentro de Justicia y paz, es necesario resaltar que esta
de este proceso de paz una libertad por sustitución Agencia en el marco de su órbita funcional no tiene
de la medida de aseguramiento de acuerdo al competencia o injerencia en la autonomía e
artículo 18ª de la ley 1592 del 2013; es así que independencia de las autoridades judiciales en el
algunos compañeros nuestros aún no han podido momento de proferir las decisiones, y tampoco en la
salir de libertad estando dentro del proceso de paz y programación o instrucción de los procesos que ante
superando los tiempos establecido, actualmente más ellos se adelantan; ahora bien, atendiendo a las
de (14) catorce años de prisión. inconformidades manifestadas, respetuosamente se
sugiere que, a través de la defensa técnica se activen
2. En cuanto a la reintegración a la vida social los mecanismos judiciales y/o constitucionales
estando en libertad no se planeó fuentes de trabajos dispuestos para recurrir las decisiones que se
y proyectos productivos, al contario con las reformas adopten por los jueces naturales dentro de los
procesos penales de Justicia y Paz.

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hecha a la ley 975/2005, se quitaron los apoyos a los
proyectos productivos, según la ley establecía: • Reintegración a la vida en sociedad:

“Articulo 66. Modificado por el art. 35, Ley 1592 de En su escrito se refiere: 2012. De acuerdo con el Programa de
Reincorporación a la vida civil el Gobierno Nacional (…)
procurara la vinculación de los desmovilizados a
proyectos productivos o a programas de capacitación En cuanto a los beneficios económicos del proceso
o educación que les facilite acceder a empleos de reintegración especial de justicia y paz, es
productivos” importante tener en cuenta la disposición contenida
Lo que establecía “el Gobierno Nacional procurara la en el artículo 35 inciso 3 de la Ley 1592 de 2012 a
vinculación de los desmovilizados a proyectos través de la cual se modificó y adicionó el artículo 66
productivos”, fue reformado con la ley 1592/2013 y de la Ley 975 de 2005, indica que: “(…) Este
estableció Modificado por el art. 35, Ley 1592 de programa en ningún caso podrá incluir la financiación
2012.: “Este programa en ningún caso podrá incluir de proyectos productivos”.
la financiación de proyectos productivos.” Lo que
deja ver el interés de ley, es que las reformas poco a En consecuencia, tal prohibición fue replicada en la
poco, fueron cambiando las reglas de juego redacción del artículo 24 de la ya mencionada
establecidas en la mesa de negociación y dando un Resolución 1724 de 2014 el cual señala: “Conforme
mal ejemplo a los nuevos grupos que posteriormente lo señala el artículo 35 inciso 3 la Ley 1592 de 2012,
firmaron la paz en cuba y de los cuales quedaron que modifica y adicional el artículo 66 de la Ley 975
mucha disidencia y a otros grupos ilegales que aún de 2005, el proceso de reintegración especial de
no han querido apostarle a la paz. Justicia y Paz, en ningún caso podrá incluir la
financiación de proyectos productivos, contenidos en
Los proyectos productivos era una esperanza de los artículos 4, 5 y 6 del Decreto 1391 de 2011.”
fuentes de trabajo para este puñado de hombres que
soltamos los fusiles, a esto le sumamos que hoy en Al respecto, tal como se acaba de exponer, el
día los empresarios de nuestro país cerraron todas Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz
las puertas evitando vincular desmovilizados a un no contempla dentro de los beneficios
trabajo formal (con todo lo de ley) y el que es socioeconómicos la financiación de planes de
detectado es inmediatamente despedido. negocios o proyectos productivos conforme con el
inciso 3 del artículo 66 de la Ley 975 de 2005
3. La ley fue creada para una eternidad lo que no modificado por el artículo 35 Ley 1592 de 2012, por
permite que haya una luz al final del túnel para la lo cual no es posible para la entidad ofrecer
extinción de las sanciones penales, ya que las penas beneficios excluidos expresamente por la Ley.
son parciales y para lograr la extinción de la sanción
está muy lejos de una realidad a esto le sumamos la Ahora bien, es importante mencionar que, en la
postura de la juez de ejecución de penas y medidas Resolución No. 1724 de 2014, modificada por la
de seguridad de justicia y paz, la cual empieza a Resolución 1962 de 2018, la ARN reglamentó el
contar cuando el desmovilizado es condenado y acceso y otorgamiento de los beneficios sociales y
queda en firme la sentencia, han transcurrido (17) económicos del Proceso de Reintegración dirigido a
diecisiete años que salió la ley 975 y son contadas la población desmovilizada y postulada a la ley de
las condenas por bloque y muchos desmovilizados justicia y paz, estableciendo los siguientes beneficios
que aún no tenemos la primera condena parcial, lo socioeconómicos:
que nos deja ver un largo camino para que exista una
condena total de los hechos y la extinción de la 1. Apoyo Económico a la Reintegración.
misma; la ley 975 establece para libertad a prueba: 2. Acompañamiento Psicosocial. 3. Gestión en Salud. Artículo 29. Pena alternativa. (…)”Cumplida la pena 4. Gestión en Educación.
alternativa y las condiciones impuestas en la 5.

Formación para el Trabajo.
sentencia se le concederá la libertad a prueba por un
término igual a la mitad de la pena alternativa Es así como, la ARN dispone para la población en
impuesta,” es decir cuatro años de seguimiento que proceso de reintegración especial de justicia y paz
es la mitad de la máxima que son ocho años de los beneficios de gestión en educación y formación
condena por pena alternativa, eso sumaria doce (12) para el trabajo, con los cuales se pretende la
años y la ley lleva (17) diecisiete años y ningún autosostenibilidad de los participantes a través del
desmovilizado ha logrado cumplir con la libertad a fortalecimiento de sus capacidades, de acuerdo con
prueba y la extinción de la pena. el proyecto de vida de cada uno.

De igual manera el: Dentro de la oferta de beneficios reglamentada no
existe alguno enfocado específicamente a la
Artículo 66 inciso 4 de la Ley 975 de 2005. Texto que consecución de empleo de la población de Proceso
incorpora como mandato, la obtención efectiva de la de Reintegración Especial de Justicia y Paz. No
libertad, para terminar de cumplir con los fines obstante, es a través del beneficio de gestión en
propuestos por la jurisdicción y en especial con las educación y en formación para el trabajo que se
obligaciones adquiridas por los postulados. Razón propende por generar competencias que les
por la cual, el lapso, referido a la Libertad a Prueba, permitan poder postularse a las diferentes ofertas
deberá empezar a descontarse una vez el postulado laborales en el ámbito público-privado, bajo las
(i) haya cumplido los años de pena alternativa; (ii) le condiciones que los ofertantes establezcan, y, que
sea sustituida la medida de aseguramiento por una como cualquier candidato deben cumplir.

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no privativa de la libertad y, (iii) se incorpore al cauce
de los programas diseñados para su reintegración, Por otra parte, frente a lo indicado en su solicitud
dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha respecto a que “… la mayoría de desmovilizados no
de su libertad. tienen una vivienda digna para vivir, no gozan de los
beneficios de los susidios del estado; condenado a
(…)Bajo esta idea, a lo que está llamado el Juzgado vivir en los arrabales…".
de instancia, en casos como el que ahora es objeto
de apelación, es a verificar si desde el momento en Teniendo en cuenta que el otorgamiento de subsidios
que los postulados recobraron efectivamente su no se encuentra dentro de las competencias de la
libertad por sustitución de la medida de ARN, la entidad brinda a las personas en proceso
aseguramiento, además de incorporarse a los orientación sobre la oferta Institucional, en cabeza
programas de resocialización dispuestos por la ARN, del Fondo Nacional del Ahorro –FNA y sobre la
han cumplido con las obligaciones que los vinculan posibilidad de postularse al subsidio familiar de
con esta jurisdicción, contenidas tanto en la Ley de vivienda que entrega el Ministerio de Vivienda,
Justicia y Paz como en la respectiva sentencia Ciudad y Territorio, debiendo cumplir con los
condenatorias, para de este modo dar efectivo requisitos previstos por esa entidad. Para mayor
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29 y 66 información sobre el particular, usted puede
de la Ley 975 de 2005. consultar la página web Ministerio de Vivienda a
Tomado de Radicado: 11001-225200-2013-00311 través del siguiente link
resuelve apelación del postulado: GUILLERMO https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-
LEÓN MARÍN PULGARÍN Y OTROS; Tribunal vivienda/programas-devivienda o la línea gratuita de
Superior Del Distrito Judicial De Bogotá Sala Justicia atención 018000184206 del Ministerio de Vivienda,
Y Paz donde podrá resolver sus inquietudes.

Resuelve: “SEGUNDO: RECONOCER que el tiempo • Seguridad
de la Libertad a Prueba de los postulados (…)
comenzara a operar a partir de su vinculación a los En materia de seguridad para la población
programas de resocialización de la Agencia desmovilizada, en su escrito manifiesta, entre otras
Colombia Para La Reincorporación Y La cosas, que: (…).
Normalización. Lo anterior, en términos del listado de
obligaciones sugeridos por el Juzgado Penal Del Conforme el Decreto Ley 4138 de 2011 modificado
Circuito Con Funciones De Ejecución De Sentencia por el Decreto Ley 897 de 2017, esta Agencia carece
Para Las Salas De Justicia Y Paz del territorio de competencias legales para adoptar, definir e
nacional” implementar medidas de seguridad y/o protección en
Pero aun así ha sido imposible avanzar en esta favor de la población en proceso de reincorporación
posición que la otorga la propia ley de este proceso o reintegración. Se hace evidente que, además de
y asentada por el honorable tribunal de justicia y paz. las acciones de prevención que puede implementar
de manera autónoma la ARN, buena parte de los
Al no producirse una extinción a la sanción penal los resultados requieren del concurso de entidades del
reportes de las prohibiciones siguen vigentes en los Estado que tienen a cargo tan importante labor de
sistemas de la procuraduría – policía- fiscalía, lo que protección de la población objeto de atención, como
los empresarios toman como requerimiento judicial y lo son: la Unidad Nacional de Protección, la Policía
cierra las posibilidades de cualquier trabajo violando Nacional y el Ejército Nacional.
de esta manera el artículo 25 de los derechos
fundamentales de nuestra constitución que reza: De acuerdo con el ordenamiento jurídico, la
responsabilidad de adoptar, definir e implementar
4. Artículo 25: “El trabajo es un derecho y una medidas de seguridad y/o protección en favor de la
obligación social y goza, en todas sus modalidades, población en general, se encuentra asignada, entre
de la especial protección del Estado. Toda persona otras entidades, a la Unidad Nacional de Protección,
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y tal como lo prevé el artículo 3 del Decreto 4065 de
justas. 2011 compilado en el artículo 1.2.1.4. del Decreto
1066 de 2015, y a la Fuerza Pública, en particular a
Cerrando no solamente las posibilidades al la Policía Nacional, entidad que de conformidad con
desmovilizado sino también a la familia del mismo el artículo 218 de la Constitución Política tiene a
que viva dignamente, ya que la mayoría somos cargo el mantenimiento de las condiciones
cabeza de una familia la cual requiere de los necesarias para el ejercicio de los derechos y
alimentos y de los recursos para atender las libertades de los ciudadanos.
necesidades básicas, pagar servicios (luz – agua-
gas), arriendo, algunos pagar impuesto predial de los De tal suerte que, la ARN gestiona y articula con
años que estuvimos en prisión y que aún tenemos éstas y otras entidades, con el fin de adelantar
esas deudas; estudio para nuestros hijos etc. acciones que promuevan la prevención y brinden
seguridad a la población objeto y sus familias. Esto
A esto le sumamos que la mayoría de es, la puesta en marcha de la ruta de protección ante
desmovilizados no tienen una vivienda digna para casos de riesgo y el desarrollo de planes,
vivir, no gozan de los beneficios de los susidios del metodologías o estrategias para la prevención de la
estado; condenado a vivir en los arrabales. victimización y/o estigmatización de la población en
proceso de reincorporación. Así mismo, articula la
Tantas cosas han desmoralizado a los postulados oferta de atención que brindan otras entidades en los
que muchos han retomado las armas y se territorios, en procura de evitar la vulneración de
arriesgaron a vivir nuevamente en los grupos al derechos de la población en proceso de

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margen de la ley, para sobrevivir o morir en el campo reincorporación, tal y como sucede con las labores
de batalla por las balas de otro hermano colombiano, de coordinación con la Fuerza Pública, para la
que también está buscando la manera de sobrevivir. gestión de protección que dichas entidades deben
brindar a la población objeto. Las interminables diligencias judiciales son otro
motivo que con lleva al desempleo de la población En línea con lo anterior, la ARN una vez tiene
desmovilizada, ya que ningún empleador permite conocimiento de situaciones de riesgo de la
tantos permisos continuos para atender dichas población objeto, solicita oportunamente a la UNP
diligencias. realizar las gestiones en materia de seguridad y
protección a la luz de sus competencias. 5. Acudir a los préstamos en los bancos es imposible,
ya que el proceso está vigente y los requerimientos La Unidad Nacional de Protección (UNP), de acuerdo
activos, razón por la cual ningún banco le presta a lo establecido en el Decreto 4912 del 26 de
capital a este tipo de población desmovilizada. diciembre de 2011, modificado por el Decreto 1225
de 2012 y compilado por el Decreto 1066 del 26 de
6. La seguridad de la población desmovilizada es mayo de 2015, es la entidad encargada de articular,
sálvese quien pueda, la UNP Unidad Nacional de coordinar y ejecutar la prestación del servicio de
Protección es una entidad bastante difícil para protección de los derechos a la vida, la libertad, la
ofrecer el esquema de seguridad, y a los que se los integridad y la seguridad de personas, grupos y
ofrece al año siguiente quiere quitárselo en el nuevo comunidades que se encuentran en situación de
estudio que hacen; lo más fácil es ofrecerle un riesgo extraordinario o extremo como consecuencia
chaleco antibala al desmovilizado, cuando esto no es directa del ejercicio de sus actividades o funciones
ningún tipo de seguridad, desconociendo que el políticas, públicas, sociales o humanitarias, entre
proceso está vigente y las declaraciones en contra ellos los desmovilizados en reintegración y los de
de terceros aumenta, entre ellos narcotraficantes, reintegración especial (Postulados a la ley de Justicia
miembros de las fuerzas públicas ejército, policía, y Paz). Las medidas de protección que otorga la UNP
empresarios, comerciantes etc. Debido a esto están contempladas en la normatividad antes
tenemos un gran número de desmovilizados expresada, y ante la solicitud de la ARN, se
asesinados. De igual manera la UNP no tiene en desarrollan las evaluaciones de riesgo.
cuenta las solicitudes y recomendaciones de la
fiscalía de justicia y paz y del tribunal de justicia paz Así mismo, el artículo 2.3.2.1.4.4. del Decreto
en aras de que esta entidad ofrezca la seguridad de Reglamentario 1081 de 2015, señala:
los postulados por un potencial alto de riesgo en la
integridad y vida de algunos desmovilizados debido (…)
a los aportes hechos en las declaraciones de
versiones libres. De manera específica, el parágrafo 6 del artículo
2.4.1.2.6 del Decreto Compilatorio 1066 de 2015 del
7. La paz no es solamente la desmovilización de los Sector Administrativo del Interior, delimita el marco
grupos armados para silenciar los fusiles, va mucho de actuación de la ARN, frente a la seguridad de las
más allá de esto; y mucho más allá de estar personas en proceso de reintegración, al indicar:
amarrados jurídicamente; por eso es necesario
colocar en conocimiento la problemática de la (…)
población desmovilizada que es un número
significativos de excombatientes que también tienen Es así que, una vez es trasladada la situación de
sueños para realizar, y con un compromiso con la riesgo a la UNP, es objeto de análisis y valoración del
historia de nuestro país. caso, de acuerdo con la información recopilada por
el analista del Cuerpo Técnico de Recopilación y
Fundamentos: Análisis de Información – CTRAI, y es analizada por
dos (2) comités de la UNP, para valorar el caso y
1.

Fui condenado por el Juzgado Cuarto Penal tomar una decisión final. Especializado de Antioquia a la pena principal de (6)
seis años; por el delito de Fabricación, Trafico, Porte Conforme a lo acabado de señalar, mediante oficio
o Tenencia de Armas de Fuego, accesorios, Parte o No. OFI22-024159 del 27/09/2022 su
Municiones, Fabricación Trafico y Porte de Armas, requerimiento fue remitido a la Unidad Nacional
Municiones de Uso Restringido, de uso Privativo de de Protección (UNP), entidad encargada de realizar
las Fuerzas Armadas y Explosivos y Trafico, el análisis de los diferentes factores de riesgo, a fin
Fabricación, o Porte de Estupefacientes. de determinar el nivel del mismo, y de ser el caso,
implementar las medidas de protección que
2. Permanecí privado de la libertad desde el 17 de considere necesarias, según sea el caso, de
febrero del 2016 y para el 28 de marzo del 2019 su conformidad con el Decreto 1066 de 2015.
despacho me concedió la libertad condicional; la
cárcel me da la excarcelación 01 abril del mismo año, Por último, respecto a su solicitud para que “…se
A la fecha han transcurrido (02) dos años y (3) tres nombre una comisión para que nos pueda visitar en
meses, (15) quince días superando el tiempo Bucaramanga – Santander, (oficinas del ARN) y
establecido en el auto de libertad condicional, (2) dos poder de esta manera socializar con algunos
año, (2) dos meses, (28) veintiocho días. representantes nuestros la problemática…”, es
necesario aclarar que, no es competencia de la
FUNDAMENTOS DE DERECHO entidad organizar una comisión para socializar las
situaciones que se manifiestan en su escrito; no
obstante, la entidad seguirá presta a apoyar todas las

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Invoco como Fundamentos de Derecho los actividades y gestiones que contribuyan a la
siguientes: reintegración a la vida civil de la población objeto de
atención, en el marco de sus funciones y la
(…) normatividad vigente.” (Negrita y subrayado
fuera del texto)
Pruebas:

Anexamos acta de la última reunión tratada en la
ciudad de Bucaramanga con la presencia de la
MAPP – OEA Doctor Daniel Millares y la agencia del
ARN, tanto de la dirección general como
departamental en aras de buscar acercamiento con
las entidades encargadas para buscar solución a
nuestra situación.

Notificación:

(…)

PETICION:

Con la claridad anteriormente expuesta le solicito de
su despacho la mayor atención posible para que
sean resueltas las problemáticas de la población
desmovilizada de la ley 975/2005, desde los tres
puntos expuestos: jurídico – reintegración a la vida
en sociedad – y seguridad.

Solicitamos respetuosamente señor presidente se
nombre una comisión para que nos pueda visitar en
Bucaramanga – Santander, (oficinas del ARN) y
poder de esta manera socializar con algunos
representantes nuestros la problemática, en aras de
que este escrito tenga pronta soluciones, y no se
quede solo en letras, queremos compromisos por
parte del estado; lo estable nuestra constitución
“Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento”; siendo este un proceso de
paz que aún no ha terminado y que se mueve muy
lento.

No es solamente el sentir de un hombre, sino la
necesitada de una población desmovilizada que
amerita atención a sus necesidades.” (Sic a toda la
transcripción)

57. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la respuesta otorgada
por la Agencia para la Reincorporación y Normalización no satisface el núcleo
esencial de la garantía establecida en el artículo 23 de la Constitución.

58. En efecto, la referida entidad aseguró que varios de los asuntos relacionados
en la petición no eran de su competencia, sin embargo, no remitió la solicitud a las
entidades encargadas de pronunciarse sobre ello y, en consecuencia, incumplió con
el deber establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

59. Los aspectos sobre los cuales la Agencia para la Reincorporación y
Normalización indicó expresamente que no tenía competencia fueron: (i) las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales que conocen de los procesos
de “justicia y paz”; (ii) el otorgamiento de subsidios; (iii) la seguridad de la población
“desmovilizada”; y (iv) la creación de una “comisión”.

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60. En este punto, se pone de presente que si bien la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización aseguró que había remitido la petición a la
Unidad Nacional de Protección para que se pronunciara sobre lo relativo a la
seguridad de las personas que se sometieron al proceso de justicia transicional de
la Ley 795 de 2005, lo cierto es que ello no ocurrió.

61. En efecto, al revisar las pruebas aportadas se observa que el 3 de octubre
de 2022 se envió una comunicación pero no se anexó la solicitud. Esta situación fue
informada por la Unidad Nacional de Protección el 18 de octubre de 2022 y la
Agencia para la Reincorporación y la Normalización guardó silencio.

62. Ahora bien, la Corte Constitucional, en la sentencia C-951 de 201412, al
estudiar la constitucionalidad del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, precisó lo
siguiente:

“El artículo 21 resulta acorde con el artículo 209 de la Constitución, así como con el
principio de legalidad en el ejercicio de la función pública contemplado en el artículo
6 de la Constitución, en tanto consagra que la autoridad que no tenga
competencia para resolver una petición, deberá manifestarlo así al interesado.

No obstante, en criterio de la Sala, para evitar dilaciones injustificadas y así
garantizar de forma sustancial una pronta respuesta a la petición incoada, debe
entenderse que la obligación de informar (“informará”) al peticionario no se agota
con la mera manifestación de que no se es competente, y de que otra autoridad
lo es. Esta información deberá estar motivada, de modo que la respuesta que en
este sentido dé la entidad deberá indicar: i) por qué no es competente la autoridad
ante la que se presenta la petición; y ii) por qué es competente la autoridad a la que
se remite la misma.

De esta forma se asegura que, en este punto, la decisión de la administración resulte
transparente y de fondo para el peticionario. Así es que la Corte ha concluido que
se garantiza en debida forma un trámite dinámico del derecho de petición. En
este sentido, la Sentencia T-564 de 2002, reiterando lo anteriormente concluido por
la jurisprudencia constitucional, manifestó:

(…)

De este modo, encuentra la Sala que la obligación de informar sobre la
incompetencia de la autoridad ante la que se presentó la petición, y la remisión a
la que se considera con competencia acoge los parámetros previstos por la
jurisprudencia constitucional, por lo que se encuentra acorde con el contenido
establecido para el derecho de petición, siempre y cuando se entienda que estas
decisiones deberán ser motivadas.

Un razonamiento análogo merece la posibilidad consagrada en el segundo inciso
del artículo 21, consistente en la comunicación que se dé al peticionario respecto de
la inexistencia de autoridad competente para dar respuesta al asunto objeto de la
petición. Conforme con el contenido del derecho de petición, dicha
“comunicación” debe ser motivada de forma suficiente y clara, de manera que
indique por qué la petición no puede ser resuelta por ninguna de las

12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-951 del 04.12.14., M.P. Martha Victoria Sáchica

Méndez.

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autoridades que conforman el Estado colombiano.” (Negrita y subrayado fuera
del texto)

63. Desde este panorama, resulta claro que la conducta omisiva de la Agencia
para la Reincorporación y Normalización de remitir la petición del 30 de agosto de
2022 a las autoridades que deben pronunciarse sobre los asuntos en los que
aseguró que no tiene competencia, es contraria a la doctrina constitucional sobre el
núcleo esencial de la garantía consagrada en el artículo 23 de la Norma Superior.

64. Así las cosas, se amparará de manera oficiosa el derecho fundamental a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades del accionante.

65. En consecuencia, se ordenará a la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta
providencia, cumpla con el deber establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de
2011 y remita la petición a las entidades que considere competentes para resolver
la solicitud que elevó el señor Rubiel Delgado Lozano el 30 de agosto de 2022.

2.6. Conclusión

66. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización vulneró el derecho
fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades del señor
Rubiel Delgado Lozano.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Presidencia de la República, la Agencia para la Reintegración y la Normalización y
la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con los argumentos expuesto en
el numeral 2.2. de la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo del derecho fundamental a presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades del señor Rubiel Delgado Lozano respecto de la
Presidencia de la República, de conformidad con los argumentos expuestos en el
numeral 2.6.1. de la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: AMPARAR DE MANERA OFICIOSA el derecho fundamental a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades del señor Rubiel Delgado
Lozano respecto de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, de
conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.6.2. de la parte
considerativa de esta providencia.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rubiel Delgado Lozano
Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05391-00

CUARTO: ORDENAR a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que,
dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta providencia, cumpla con
el deber establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y remita la petición a
las entidades que considere competentes para resolver la solicitud que elevó el
señor Rubiel Delgado Lozano el 30 de agosto de 2022.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

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