Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05408-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05408-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05408-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
18 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05408-00
Actor: SANTIAGO CUENCA VALENCIA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Santiago Cuenca Valencia
contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 10 de octubre de la presente anualidad 1 el señor Santiago Cuenca Valencia
interpuso acción de tutela contra las autoridades arriba señaladas, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con ocasión
de la expedición de los actos mediante los cuales se emitió concepto desfavorable
para su traslado como servidor de carrera. De acuerdo con la demanda, el señor
Cuenca Valencia actualmente ejerce el cargo de oficial mayor en el Juzgado
Promiscuo Municipal de Manzanares (Caldas) y pretende que se autorice su traslado al
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Manizales. Formuló
1Se advierte que, el 3 de noviembre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05408-00
Actor: Santiago Cuenca Valencia
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
las siguientes pretensiones:
De manera respetuosa, solicito dejar sin efectos los actos acusados y, en su lugar,
ordenar a las entidades accionadas: (i) resolver de nuevo la solicitud de traslado
administrativo (en el caso del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas) o (ii)
resolver de nuevo el recurso de apelación (en el Caso de la Unidad de Carrera
Judicial); teniendo en cuenta los efectos jurídicos de la sentencia del 24 de abril de
2020 (rad. 4748-2015), proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subs. B, del Consejo de Estado4, especialmente la razón de
decisión (ratio decidendi) que fundamentó la declaratoria de nulidad de las
disposiciones objeto de control y el mandato del artículo 84 de la Constitución.
Como medida provisional, solicitó lo siguiente:
A partir de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicito analizar la
posibilidad de decretar como medida previa la suspensión del trámite administrativo
que se esté llevando a cabo ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
Caldas con el fin de remitir al Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de
Manizales las otras solicitudes de traslado administrativo o lista de elegibles que
puedan estar en curso con el fin de proveer el cargo de oficial mayor vacante en ese
despacho. Lo anterior con el fin de evitar eventuales dificultades administrativas y
el compromiso de garantías fundamentales de terceras personas.
1.2 Hechos y argumentos de la tutela
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente
relevantes:
Manifiesta la parte actora que, el 5 de mayo de 2022, en su condición de oficial mayor
perteneciente a la carrera judicial, le solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de
Manizales que emitiera concepto favorable para el traslado del Juzgado Promiscuo
Municipal de Manzanares al Juzgado Primero Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Manizales.
Mediante Resolución CSJCAR22-180 del 27 de mayo de 2022, se emitió concepto
desfavorable de traslado, por considerar «que no cumplía uno de los requisitos
exigidos, a saber, la presentación de la calificación de servicios». Contra esta decisión
se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Sin embargo, el 6 de
septiembre siguiente, el accionante desistió del primero, lo cual fue aceptado en
Resolución CSJCAR22364 del 22 de septiembre.
La Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
resolvió el recurso de apelación mediante Resolución CJR22-0399 del 28 de
septiembre de 2022, en la cual confirmó el concepto desfavorable de traslado.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05408-00
Actor: Santiago Cuenca Valencia
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
A juicio del accionante, los actos administrativos mediante los cuales se emitió el
concepto desfavorable de traslado vulneran sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, toda vez que se basan en un requisito (presentación de la
calificación de servicios) que no está previsto en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996,
aunado al hecho de que los artículos 18 y 19 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017,
que contenían dicha exigencia, fueron declarados nulos en sentencia dictada el 24 de
abril de 2020 por el Consejo de Estado (rad. 4748-2015).
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 12 de octubre de 20222, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que se notificara al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la
directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la presidenta del
Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, como parte demandada, y, como
terceros con interés, al juez primero penal municipal con función de conocimiento de
Manizales y a todos los servidores que hayan presentado solicitudes de traslado para
ocupar el cargo de oficial mayor en este último despacho judicial. También se ordenó
la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En la misma decisión se negó la medida provisional solicitada.
2.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, por conducto de su
vicepresidenta, manifestó que el accionante fue el único funcionario que solicitó el
traslado como oficial mayor al Juzgado Primero Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Manizales, y que, al haberse emitido un concepto desfavorable, se
envió a ese despacho judicial la lista de elegibles vigente de la Convocatoria 4,
integrada por 6 aspirantes, para proveer dicho cargo.
De otra parte, manifestó que, si bien no es viable la exigencia de un puntaje mínimo de
80 puntos en la calificación de servicios (porque fue declarado nulo con la providencia
citada del Consejo de Estado de fecha 24 de abril de 2020), sí debe ser aportada la
última evaluación de servicios en firme, respecto del cargo y despacho desde el cual
solicita el traslado, conforme lo dispone el artículo 13 del mismo acuerdo que
2 En principio, la acción de tutela fue radicada ante el despacho de la magistrada Saray Nataly Ponce del
Portillo, integrante de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales, la que, mediante auto del 10 de
octubre de 2022, por reglas de reparto, remitió el expediente al Consejo de Estado.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05408-00
Actor: Santiago Cuenca Valencia
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
reglamenta las solicitudes de traslado de los servidores judiciales de carrera, requisito
que no cumplió el accionante.
Al hilo de lo anterior, sostuvo que no se evidencia vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados en la demanda y que, en todo caso, la acción de tutela no es
el mecanismo idóneo para controvertir los actos administrativos expedidos por esa
Corporación y por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, por lo que la
solicitud de amparo presentada por el señor Santiago Cuenca Valencia se torna
improcedente.
2.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, por medio de su directora, rindió el informe respectivo y señaló que, en el
presente caso, no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante, pues se verificó que este se desempeña (en propiedad) como oficial mayor
del Juzgado Promiscuo Municipal de Manzanares, cargo en el que ha sido calificado;
sin embargo, como no aportó dicha calificación, incumplió con los requisitos exigidos
para que se emitiera un concepto favorable de traslado.
Expuso, además, que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad,
pues este mecanismo constitucional no puede utilizarse para atacar la legalidad de los
actos administrativos.
2.4. El señor Germán Alonso Duque Arias solicitó que se negaran las pretensiones de
la tutela, para lo cual señaló que, como aspirante en la primera posición de la lista de
elegibles para el cargo de oficial mayor en el Juzgado Primero Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Manizales, solicitó su nombramiento en dicho cargo, pero
que este fue suspendido mientras se decidía la acción de tutela promovida por el señor
Santiago Cuenca Valencia.
2.5. Los demás sujetos vinculados y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado guardaron silencio.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05408-00
Actor: Santiago Cuenca Valencia
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
II. CONSIDERACIONES
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que «toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto», la cual, en principio, procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro mecanismo de defensa
judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho que se considera vulnerado o
amenazado. De no serlo, la tutela procederá como medio principal de protección de los
derechos fundamentales.
Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo será
procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Problema jurídico
En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de
subsidiariedad. De ser así, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin
de establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad invocados por el señor Santiago
Cuenca Valencia, al emitir concepto de desfavorable para su traslado del Juzgado
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05408-00
Actor: Santiago Cuenca Valencia
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Promiscuo Municipal de Manzanares al Juzgado Primero Penal Municipal con Función
de Conocimiento de Manizales.
3. Análisis de la Sala y solución del problema jurídico
3.1. De la subsidiariedad3
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para
satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir,
concederá el amparo impetrado.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 864 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 5 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó:
3
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación,
expuestas, entre otras, en la sentencia del 1º de junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas.
4
«Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)» (se destaca).
5
«ARTÍCULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
(…)».
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05408-00
Actor: Santiago Cuenca Valencia
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no
tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto
de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según
la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque
siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de
tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso
al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único
medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales6.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario,
la tutela deviene improcedente.
Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se puede
definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación
de derechos fundamentales, riesgo que de llegarse a producir no tendría ninguna
forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio.
Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero
siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos
fundamentales.
La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio
irremediable, así7: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma
de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que
el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad
de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales».
6
Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
7
Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a:
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05408-00
Actor: Santiago Cuenca Valencia
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
3.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir actos
administrativos por medio de los cuales se ordena o se niega el traslado de un
servidor de carrera de la Rama Judicial
Si bien esta Sala ha sostenido que, en principio, la tutela resulta improcedente cuando
se controvierten actos administrativos por medio de los cuales se ordenan o niegan
solicitudes de traslados laborales 8 , toda vez que el interesado cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial, como lo son los medios de control que pueden
ejercerse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cierto es que la Corte
Constitucional ha sostenido que, de manera excepcional, la acción de tutela es
procedente en estos eventos, siempre y cuando en cada caso se acrediten unas
condiciones a saber: «(i) que la decisión sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido
que haya sido adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente las
circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones
de trabajo; y (ii) que afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales
del actor o de su núcleo familiar»9.
Con respecto al último requisito, la Corte Constitucional desarrolló las siguientes
subreglas a partir de las cuales se puede establecer que un derecho es afectado en
forma grave, así:
a. Cuando el traslado laboral genera serios problemas de salud, «especialmente
porque en la localidad de destino no existan condiciones para brindarle el
cuidado médico requerido».
b. Cuando el traslado pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su
familia.
c. En los eventos en que las condiciones de salud de los familiares del trabajador
pueden incidir, dada su gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la
constitucionalidad del traslado.
d. Y, en aquellos eventos donde la ruptura del núcleo familiar va más allá de una
simple separación transitoria, ha sido originada por causas distintas al traslado
mismo o se trata de circunstancias de carácter superable10.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2019, exp.
11001-03-15-000-2019-03351-01. Al respecto, precisa la Sala que, en ese caso, el accionante presentó
solicitud de traslado al considerar que cumplía los requisitos para el mismo y que había tenido una
calificación superior a 90 puntos. Así mismo, del estudio de la tutela no se evidenció que el concepto
desfavorable de traslado afectara de «forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor
o de su núcleo familiar», por lo que, en esa oportunidad, se concluyó que no se cumplía con el requisito
de la subsidiariedad.
9
Corte Constitucional, sentencia T-065 de 2007.
10
Al respecto, ver sentencias de la Corte Constitucional T-593 de 1992, T-447 de 1994, T-514 de 1996,
T-503 de 1999, T-503 de 1999, T-965 de 2000, T-1498 de 2000, T-346 de 2001, T- 468 de 2002, T-825
de 2003 y T- 256 de 2003.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05408-00
Actor: Santiago Cuenca Valencia
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, en el presente caso, no se acreditaron
las circunstancias para que la tutela proceda excepcionalmente, pues el concepto
desfavorable de traslado no implica la desmejora de sus condiciones actuales de
trabajo, así como tampoco se alegó en la tutela ninguna circunstancia extraordinaria
que afectara los derechos fundamentales del señor Cuenca Valencia o de su núcleo
familiar.
Bajo este contexto, considera la Sala que la acción de tutela de la referencia resulta
improcedente al no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues el accionante
dispone de otro mecanismo judicial para cuestionar la legalidad de los actos
administrativos de carácter particular aquí acusados, esto es, el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Ahora bien, en cuanto a la eficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, se estima que, en el marco de dicha controversia, desde la propia
presentación de la demanda puede solicitar el decreto de medidas cautelares como la
de suspensión provisional de los actos acusados11, para conjurar la amenaza alegada.
De hecho, el proceso contencioso administrativo prevé, además, mecanismos aún más
expeditos como son las medidas cautelares de urgencia12, las cuales permiten que el
juez adopte las decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos
fundamentales, incluso sin haber notificado del litigio a la parte contraria.
Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la
protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de esta Corporación estimó:
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la
acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la
acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b)
procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que
se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia
11 Artículos 229 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
12 Ley 1437 de 2011, Artículo 234: «Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la
solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es
posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a
que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la
caución señalada en el auto que la decrete».
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05408-00
Actor: Santiago Cuenca Valencia
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Administración de Carrera Judicial y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo
para concluirlo13.
Finalmente, la Sala reitera que en el caso concreto no está acreditado perjuicio
irremediable alguno que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales invocados como vulnerados, toda vez que,
como se expuso, actualmente el señor Santiago Cuenca Valencia ejerce en propiedad
el cargo de oficial mayor en el Juzgado Promiscuo Municipal de Manzanares, sin que
se haya alegado ninguna circunstancia excepcional para que proceda con urgencia su
traslado.
Como lo ha sostenido esta Corporación, el perjuicio irremediable, al constituir un riesgo
cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos
fundamentales, hace necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese detrimento se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos
fundamentales, situación que, a simple vista, no se presenta en este caso14.
Así las cosas, la Sala concluye que, en el caso concreto, el actor cuenta con un
mecanismo ordinario idóneo y eficaz que le permite salvaguardar sus derechos
fundamentales, sin necesidad de que intervenga el juez de tutela. Además, tampoco se
encuentra acreditado un riesgo o perjuicio irremediable que habilite la procedencia de
este amparo como mecanismo transitorio, razones por las cuales se impone declarar
improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Santiago Cuenca Valencia contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Providencia del 5 de marzo de 2014,
exp. 25000-23-42-000-2013-06871-01, Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
14 Ver, entre otras, la sentencia del 4 de mayo de 2017, M.P. (e) Stella Jeannette Carvajal Basto,
identificada con radicado 2016-02938-01.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05408-00
Actor: Santiago Cuenca Valencia
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas,
de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
.
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