Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05410-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05410-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05410-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
10 de noviembre de 2022
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05410-00
Demandante: Uriel de Jesús Marín Álvarez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05410-00
Demandante: Uriel de Jesús Marín Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Temas: Tutela contra providencia judicial. Reliquidación asignación de retiro.
Prima de actividad.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Uriel de Jesús Marín Álvarez
contra el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Uriel de Jesús Marín Álvarez, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, al mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad
social, al mantenimiento del poder adquisitivo de su pensión y al in dubio pro operario.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 6
de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de
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Demandante: Uriel de Jesús Marín Álvarez
Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
17001-33-33-001-2018-00422-02 y, en su lugar, que se ordene al Tribunal proferir una
decisión en la que se garantice el debido proceso, el poder adquisitivo de su asignación
de retiro y el mantenimiento de las condiciones de vida logradas con su trabajo, así
como su derecho a la vida digna ligada con la seguridad social y la aplicación del
entendimiento más favorable de las normas laborales.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Mediante Resolución 10455 del 11 de diciembre de 2001, CASUR le reconoció su
asignación de retiro, en calidad de agente, conforme al Decreto 1213 de 1990.
ii) Su salario antes del retiro se constituía, entre otros, por un factor denominado prima
de actividad, que se pagaba en un 50% del sueldo básico.
iii) Para liquidar su asignación de retiro, el factor salarial prima de actividad que
devengaba en un 50% del sueldo básico, se rebajó a un 20%, disminuyendo
notablemente de lo que realmente era su salario.
iv) Solicitó a CASUR el reajuste de su asignación de retiro, teniendo en cuenta la prima
de actividad en el porcentaje en que constituía su salario y no en uno disminuido, pero
la entidad negó su solicitud.
v) Promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra CASUR, en
orden a lograr la reliquidación de su asignación de retiro.
vi) A través de sentencia del 14 de noviembre de 2019, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Manizales negó las pretensiones de la demanda.
vii) Por medio de sentencia del 6 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Caldas, Sala Quinta de Decisión, confirmó la providencia.
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Demandante: Uriel de Jesús Marín Álvarez
1.1.3. Los defectos invocados
En sentir del accionante, el fallo del Tribunal incurrió en los defectos «sustantivo,
violación directa de la Constitución, desconocimiento de precedente constitucional y
falta de motivación», en atención a las siguientes circunstancias:
i) Las accionadas sostuvieron que la Ley 923 de 2004 no contempla un reajuste de las
prestaciones periódicas.
a) Es cierto que la prestación periódica fue concedida y liquidada conforme a la
normativa vigente al momento en el cual adquirió el derecho, esto es, de acuerdo con
el Decreto 1213 de 1990, y ello no se discute ni se reprocha; pero, contrario a lo
sostenido por la accionada, el régimen que trae la Ley 923 de 2004 sí comprende
dentro de su alcance el reajuste de las asignaciones de retiro y pensiones.
b) El concepto de violación de la demanda no se fundamentó en que los efectos de la
Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004 comprenden el momento en que adquirió
el derecho a la prestación periódica, sino que se duele de que a pesar de que ese
nuevo régimen consagra un reajuste de esos derechos, no se le hubiera reajustado en
consecuencia su asignación de retiro, y que las accionadas examinaran las
disposiciones del Decreto 4433 de 2004 de forma aislada y no de manera sistemática
con la Ley 923 de 2004, y con otras normas como la Ley 4 de 1992,1 la Constitución
Política de 19912 y el bloque de constitucionalidad.3
c) La nivelación mediante el reajuste de la prestación social periódica implica que se
liquiden tomando los factores salariales reales devengados en el servicio, es decir, en
1 El artículo 13 impone la obligación al Estado de nivelar la remuneración del personal que se encuentra
retirado con la remuneración del personal que se encuentra activo, el Art. 2 literal a) dispone el deber
de respetar los derechos adquiridos y la prohibición de desmejorar las prestaciones sociales, y el Art.
10 le quita efectos a toda norma que contravenga las disposiciones de dicho estatuto.
2 El artículo 53 de la Constitución consagra el bloque de constitucionalidad en material laboral y los
artículos 93 y 94 consagran el Bloque de Constitucionalidad también.
3 Tales como i) la Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia
Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos, ii) el Pacto de San José de Costa Rica
aprobada por la Ley 16 de 1972, iii) la Declaración Universal De Los Derechos Humanos y iv) el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En los cuales que se consagran los
principios de progresividad, favorabilidad e in dubio pro operario, seguridad social en conexidad con el
mínimo vital e igual trabajo igual remuneración.
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su porcentaje íntegro, y no en valores injustificada y artificialmente inferiores que le
restan capacidad adquisitiva a la asignación de retiro, por la desproporción entre la
remuneración en servicio y los valores que se toman para la liquidación de la
asignación de retiro o pensión, y que en la práctica hace que no se logre para el retirado
el mantenimiento de unas condiciones de existencia proporcionales a las que logró
gracias a su trabajo y esfuerzo durante la edad productiva.
d) Así es que, en la Ley 923 de 2004 y en el Decreto 4433 de 2004, en cumplimiento
de la obligación impuesta al Estado en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, se corrigió
la injusticia y violación sistemática de los derechos laborales y garantías mínimas de
los trabajadores de la fuerza pública, consistente en que los haberes devengados en
actividad y sobre los que aportaba a la Caja de Retiro, es decir, el IBC, no son tomados
en su dimensión real para la liquidación de la asignación de retiro o pensión, lo que
evidentemente genera una desproporción entre lo devengado en actividad y lo que se
percibe en retiro.
e) Lo referido, se traduce en el hecho de que el retirado entra a devengar ya no un
100% de la sumatoria de todas las partidas salariales, sino un porcentaje que va del
50% al 95%, dependiendo del tiempo de servicio, según el artículo 104 del Decreto
1213 de 1990 y, además, se reduce el porcentaje del factor salarial prima de actividad
en un 30%, eso es, del 55% al 25%, que se calcula sobre el sueldo básico antes de
realizar esa operación inicial, lo que implica que el salario base de liquidación no
coincida con lo percibido en actividad por el retirado y en una doble rebaja, maniobra
que afecta gravemente el nivel de vida alcanzado con el esfuerzo y trabajo del miembro
de la fuerza pública cuando pasa de la actividad al retiro.
f) La anterior injusticia, como se dijo, se ordenó corregir en el artículo 13 de la Ley 4
de 1992 y los estándares constitucionales y convencionales, sobre derechos
fundamentales y derechos sociales, económicos y culturales, y que se materializó con
el reajuste ordenado por la Ley 923 de 2004.
g) Al establecerse en la Ley 923 de 2004 el reajuste de las prestaciones periódicas,
debe aplicarse el régimen necesariamente a prestaciones ya reconocidas y con
sujeción a los criterios y objetivos señalados en la misma ley, entre los que se
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encuentran el respeto de los derechos adquiridos y el mantenimiento del poder
adquisitivo de las prestaciones periódicas concedidas legalmente.
h) La Corte Constitucional ha considerado desde antaño la posibilidad de que una
norma reajuste situaciones ya consolidadas,4 y ha decantado que el mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones es un fin obligado, y se logra tomando un salario
base de liquidación acorde con el valor real devengado en su momento.5
ii) Se consideró que el régimen traído por la Ley 923 de 2004 no contempla una
aplicación retroactiva, por lo que de accederse a las pretensiones se quebrantaría el
principio de irretroactividad de la Ley.
a) No se solicita una aplicación retroactiva de la norma, sino que se apliquen los
efectos que sobre el reajuste contempla el sistema normativo a partir de su vigencia.
b) Es claro que la Ley 923 de 2004 no contempla de forma explícita la palabra
retroactividad frente al reajuste de la partida computable prima de actividad, pero es
que las pretensiones de la demanda no se encaminaron a solicitar la aplicación
retroactiva de la ley, sino a que se reajustara la asignación de retiro a partir de su
vigencia, esto es, a partir del 31 de diciembre de 2004; y solo desde esa fecha hacia
adelante, con sujeción a los criterios de respeto a los derechos adquiridos y el
mantenimiento del poder adquisitivo, y no que ese reajuste se aplique surtiendo
efectos desde el año 2001.
iii) Se sostuvo que no es posible aplicar el principio de favorabilidad porque con ello se
violaría el principio de inescindibilidad de la ley.
a) El reajuste de la asignación de retiro no implica que se estén tomando los aspectos
favorables del Decreto 1213 de 1990 y del Decreto 4433 de 2004, pretendiendo crear
un tercer régimen, sino que la Ley 4 de 1992, al igual que la Ley 923 de 2004, ordenan
que esos beneficios y derechos que ya había adquirido conforme al Decreto 1213 de
4 Sentencia C-177 de 2005.
5 Sentencias C-862 de 2006 y SU-1073 de 2012.
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1990 no se pierdan por el reajuste, y que tampoco se vea desmejorada su prestación
social.
b) Aunque la Ley 923 de 2004, en principio, trae unas exigencias mayores en tiempo
de servicio para acceder al derecho a percibir una asignación de retiro o pensión, y
ello implicaría que al reajustar la asignación de retiro bajo los parámetros de este
régimen se hiciera la exigencia de esos mayores tiempos debido a la prohibición de
tomar parte de un régimen y parte de otro, creando uno nuevo, lo cierto es que la Ley
4 de 1992, artículo 2-a y posteriormente, la Ley 923 de 2004, artículo 2-2.1,
establecieron el respeto por los derechos adquiridos y la prohibición de desmejorar las
prestaciones sociales, entonces es el propio régimen, visto de forma sistemática, el
que da lugar a que se reajusten las prestaciones periódicas sin que ello implique la
renuncia a los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos
conforme a disposiciones anteriores o que se desmejore la prestación social periódica
por retiro.
c) Precisamente, por eso el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 23, regula la
conformación de las asignaciones de retiro y pensiones de forma general, mientras
que en los artículos 24 y 25, que contemplan la exigencia de un mayor tiempo de
servicio, condicionan sus efectos a situaciones configuradas con posterioridad a la
entrada en vigencia de la norma, es decir que la normativa da un alcance general al
artículo 23, esto es, frente a los beneficiarios de las prestaciones periódicas, mientras
que restringe el alcance de los artículos 24 y 25 a los que concreten el derecho a la
prestación periódica una vez entrada en vigencia la disposición.
d) Las accionadas desconocen la literalidad de los artículos 23, 24 y 25 del Decreto
4433 de 2004, 1 y 2 numerales 2.1 y 2.4, y 3 numeral 3.1 de la Ley 923 de 2004, así
como las sentencias del Consejo de Estado del 12 de abril de 2012, expediente 11001-
03-25-000-2006-000-1600, del 28 de febrero de 2013 expediente 1001-03-25-000-
2007-000-6100, y del 23 de octubre de 2014 expediente 11001-03-25-000-2007-000-
7701.
e) De las sentencias arriba referenciadas se puede extraer que el Consejo de Estado
declaró la nulidad del artículo 24 y los parágrafos del artículo 25, por exigirse un mayor
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tiempo de servicio al previsto en regímenes anteriores para acceder a la asignación de
retiro; y que al personal que se encontraba en servicio activo se le aplica el artículo 23,
y no se le exige un mayor tiempo de servicio.
iv) El principio de favorabilidad en materia laboral es de obligatorio acatamiento por su
consagración en la Constitución, en el bloque de constitucionalidad y en la ley.6
a) La aplicación del principio de favorabilidad que se solicita se materialice en el
presente caso es el conocido en la manifestación de in dubio pro operario, es decir,
que se opte por el entendimiento normativo, la interpretación o los efectos que
resultaren más favorables al trabajador.
b) En la demanda no se plantea una tensión entre dos normas vigentes que consignan
diferentes efectos, sino que el régimen creado por la Ley 923 de 2004 contempla el
reajuste de las prestaciones sociales periódicas por retiro o muerte de los miembros
de la fuerza pública, cumpliendo la orden contenida en el artículo 13 de la Ley 4 de
1992, y que pone en concordancia el estado de esos derechos con la Constitución y
los compromisos internacionales; y siendo ese entendimiento más beneficioso para el
trabajador debe preferirse sobre otros que le son perjudiciales.
v) En la sentencia se hizo un recuento y análisis de la prima de actividad, de lo cual se
concluyó que este factor se devenga en servicio, y que su razón de ser es el estado
activo del miembro de la fuerza pública, por lo que al retiro los porcentajes no se
mantienen indefinidamente.
a) Ese argumento es distractor, pues la causa y fin del factor salarial prima de actividad
no tiene la capacidad para quitarle el adjetivo o naturaleza de salario y no existe
justificación constitucional para desconocer el salario real del trabajador al momento
de liquidar la prestación periódica.
b) No importa cuál es la finalidad que inspiró el nacimiento de la prima de actividad,
pues al ser salario y al tenerse en cuenta en su integridad para pagar los aportes a
Casur, no existe justificación válida para artificialmente disminuir o cercenar ese factor
6 Sentencias C-177 de 2005, T-752 de 2008 y SU-1073 de 2012.
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salarial al incluirse en el IBL cuando se adquiere el derecho a la prestación periódica,
más cuando no se disminuye para el IBC sino que se toma íntegramente.
vi) No se estudió la posible vulneración del derecho a la igualdad, pero se da a
entender que se justifica el trato diferenciado con el personal retirado con posterioridad
al 31 de diciembre de 2004.
a) El personal retirado con anterioridad a la vigencia de la Ley 923 de 2004 cumplió
con la misma naturaleza de funciones, responsabilidades y riesgo inherente a la
actividad, que el personal que se vinculó después de entrar en vigencia la ley.
b) Son entonces más relevantes las similitudes que las diferencias, pues los dos
grupos se encuentran sujetos a igualdad de condiciones y exigencias, siendo la única
diferencia el requerirse un mayor tiempo de servicio, el cual se justifica por una mayor
esperanza de vida, que a su vez implica una mayor vida productiva, y que no alcanza
a quitarle a las similitudes la mayor relevancia.
c) El análisis efectuado por la Judicatura entra en contradicción con lo establecido por
la Corte Constitucional sobre cómo abordar el estudio de esos escenarios mediante el
test de igualdad.
d) El fallador incurre en una falta de motivación al eludir el estudio o dictaminar la
ausencia de vulneración al principio de igualdad en el caso concreto, basado en la sola
disparidad entre un momento y otro de la adquisición del derecho a la prestación
periódica, pues omite dar las razones que justifiquen el por qué a pesar de todas las
similitudes la diferencia es más relevante, y como esa diferencia justifica un trato
desigual a dos sujetos con un derecho idéntico que se disfruta por ambos de forma
actual y en idénticas circunstancias modales.
vii) Se sostuvo que la Ley 923 de 2004 restringió su alcance, únicamente, a situaciones
que se causen bajo su vigencia.
a) Es claro que la inclusión de los porcentajes adicionales es para derechos causados
con anterioridad a la vigencia de la ley, pues los derechos que se causen con
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posterioridad ya contendrían esos porcentajes adicionales y la excepción traída en la
norma no tendría razón de ser.
b) El Tribunal debió abordar el caso haciendo un estudio sistemático o en conjunto del
régimen y de las normas afines del ordenamiento jurídico, teniendo presente el criterio
del efecto útil de la norma y el in dubio pro operario.
viii) Si a pesar de todo lo dicho se sigue considerando que frente a prestaciones
periódicas consolidadas bajo el imperio de regímenes anteriores, la norma que estaba
vigente al momento de la causación del derecho continúa surtiendo efectos sobre él o
regulándolo hasta la actualidad, se debe tener en cuenta entonces que los efectos de
esas disposiciones no son compatibles con la actual Constitución y los compromisos
internacionales adquiridos por el Estado Colombiano, en especial los relacionados con
los derechos de los trabajadores y la seguridad social y, por tanto, se debe dar
efectividad al artículo 4 de la Constitución Política e inaplicar esos efectos por
excepción de inconstitucionalidad.
a) La incompatibilidad con la Carta se evidencia en mayor medida en que el retirado
de la fuerza pública se ve sometido desde el inicio a la pérdida del poder adquisitivo
de su pensión o asignación de retiro, dado que el ingreso base de liquidación con el
cual se calcula el monto de su primera mesada pensional se toma disminuido en
relación con el que realmente devenga al momento de retiro de la institución.
b) La referida disminución se presenta en relación con el factor salarial prima de
actividad que pasa de un 55% estando en servicio, a un 25% en la asignación de retiro,
según lo ordenado en el Decreto 1213 de 1990, evento que carece de justificación
constitucionalmente valida y es artificial, pues hace que la prestación se calcule sobre
un salario inferior al que realmente se percibía.
c) La deficiencia de la base de liquidación afecta el poder adquisitivo de la pensión y
con ello se viola el orden constitucional. Al respecto, ha sido clara y reiterada la línea
jurisprudencial de la Corte Constitucional en la que se ha abordado la problemática
conocida como la indexación de la primera mesada pensional, y cuya ratio decidendi
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resulta aplicable al caso concreto, pues en este caso la base de liquidación resulta
evidentemente reducida y afecta la cuantía de la mesada pensional.
d) El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones no solo exige que se
actualice periódicamente la mesada pensional luego de que es reconocida, sino que
también se tenga un salario base de liquidación cuyo valor y poder de compra
corresponda con el devengado por el trabajador en su momento. Al respecto, puede
consultarse la sentencia C-862 de 2006.
e) El diferenciar la base de liquidación de unos pensionados y otros, más cuando
ambos adquirieron el derecho en desarrollo de un mismo cargo, donde a unos se les
mutila el salario devengado y a otros se les toma íntegramente, no puede justificarse
en la sola disparidad del momento de consolidación del derecho, pues ello no es una
justificación suficiente y constitucionalmente válida ni tampoco expresa finalidades
constitucionalmente loables a perseguirse con la diferenciación.
f) La interpretación acogida por la accionada viola directamente la Constitución, pues
pone en desigualdad a los pensionados que accedieron ulteriormente al derecho, y
afecta gravemente el mínimo vital al dar perpetuidad a una arbitrariedad que manda a
calcular la prestación periódica por retiro sobre un salario significativamente inferior al
efectivamente recibido en la etapa productiva.
g) Lo más acorde con la Constitución7 es que se reajuste la asignación de retiro o
pensión tomando como base de liquidación las partidas computables en su integridad,
tal y como eran devengadas en el momento antes del retiro, con el fin de que el poder
adquisitivo de la pensión sea proporcional al poder adquisitivo del salario devengado
en actividad.
h) Entonces, debe ser inaplicada la norma que impide que la prestación social
periódica del suscrito sea reajustada tomando la partida computable prima de actividad
en el mismo porcentaje en que era devengada en el momento anterior a la salida del
servicio.
7 Sentencia SU-1073 de 2012.
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1.2. Actuación procesal
1.2.1. Mediante auto del 14 de octubre de 2022, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó notificar del proveído a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Quinta Mixta, como demandados, y a la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), como tercera interesada en las
resultas del proceso; se comisionó al Juzgado 1° Administrativo del Circuito Judicial
de Manizales, para que notificara del trámite constitucional, como terceros interesados,
a todas las personas que intervinieron en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 17001-33-33-001-2018-001422-00 [02],
exceptuando al señor Uriel de Jesús Martín Álvarez y a CASUR.
De igual forma, se requirió al Juzgado 1° Administrativo del Circuito Judicial de
Manizales, para que enviara copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho arriba mencionado; y se ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los
demandados y a los terceros interesados, para que dentro del término de los tres días
siguientes a la notificación de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de
defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo informe.
1.2.2. El 20 de octubre de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Uriel de Jesús Martín Álvarez, al Tribunal Administrativo de
Caldas y a CASUR, y dio a conocer al Juzgado 1° Administrativo del Circuito Judicial de
Manizales del requerimiento efectuado.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Tribunal Administrativo de Caldas, por intermedio del magistrado Augusto
Ramón Chávez Marín, manifestó remitirse a los razonamientos que condujeron a
adoptar la sentencia cuestionada, en atención a lo siguiente:
i) Los argumentos que respaldan la solicitud de amparo se dirigen a controvertir el
fundamento de la sentencia expedida en segunda instancia, por considerar que CASUR
debe reliquidar la asignación de retiro del demandante, de conformidad con la Ley 923
de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, esto es, teniendo en cuenta el 100% del valor de
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la prima de actividad devengada en el momento de retiro del servicio, aspecto este que
fue objeto de debate tanto en primera como en segunda instancia y que, ahora, se
quiere ventilar nuevamente a través del presente mecanismo constitucional residual.
ii) En relación con acciones de tutela contra providencia judicial la postura que la Sala
de decisión ha predicado es la de la improcedencia del trámite constitucional, teniendo
en cuenta que la consideración de las razones y alegatos expuestos por la parte
accionante constituirían una instancia adicional o un nuevo debate respecto de lo que
ya se decidió por el juez natural, respetando el debido proceso, la doble instancia y las
demás garantías superiores.
1.3.2. El Juzgado 1° Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, a través de
la jueza Claudia Yaneth Muñoz García, remitió el enlace del expediente del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 17001-
33-33-001-2018-00422-00 [02], y dio a conocer que, una vez consultado el proceso,
no existían partes intervinientes diferentes al señor Uriel de Jesús Martín Álvarez y a
CASUR, ni llamados en garantía y/o vinculados, para efectos de notificar del auto
admisorio de la demanda de tutela.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de
tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 6 de mayo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, en el
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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 17001-33-33-001-
2018-00422-02. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si en la referida
providencia se configura la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y
al debido proceso del agente de la Policía Nacional ® Uriel de Jesús Martín Álvarez,
al ser negada la reliquidación de su asignación de retiro, aplicando el 100% de la
partida prima de actividad, según lo dispuesto en el Decreto 23 del Decreto 4433 de
2004.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional8 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,9 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
8 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
9Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia
i) El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 10 previstos en
los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, pues según los alegatos del
apoderado de la parte actora, la litis fue resuelta sin un adecuado análisis normativo y
jurisprudencial, eventos que de encontrarse acreditados conducirían a considerar
lesivos los intereses de la parte actora.
ii) En cuanto al requisito de «subsidiaridad» se advierte que, aunque la decisión
censurada hace referencia a una sentencia de segunda instancia que puso fin a la
discusión planteada dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
solo los alegatos concernientes al «desconocimiento de precedente constitucional y
defecto sustantivo» superan el presente requisito, no así los relacionados con los
defectos «decisión sin motivación y violación directa de la Constitución», toda vez que
frente a estos se desborda el estudio que al juez de tutela le compete realizar en
materia de revisión de providencias judiciales, según se pasa a explicar:
10 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso
a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello
los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
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a) Controvierte el accionante que el Tribunal no realizó el estudio del principio de
favorabilidad, conocido en la manifestación de in dubio pro operario, es decir, que se
opte por el entendimiento normativo, la interpretación o los efectos que resulten más
favorables al trabajador, evento que constituye una falta de motivación.
Al respecto, es de advertir que si existe un punto de la litis que no fue resuelto en el
juicio ordinario, no puede existir pronunciamiento del juez constitucional en la materia,
pues este solo está habilitado para analizar las consideraciones expuestas por el juez
ordinario de cara a las causales previstas por la Corte Constitucional para el estudio
de providencias judiciales.
De manera que si el cargo no se analizó por el juez de segunda instancia, el
demandante tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión previsto en el
artículo 250 del CPACA, bajo la causal quinta, esto es, «por existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación»,
recurso que puede interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia
censurada, en términos de lo dispuesto en el artículo 251 ibidem.
b) También se alega que en el asunto se concluyó que el factor salarial prima de
actividad se devenga en actividad, dado que su razón de ser es el estado activo del
miembro de la fuerza pública, por lo que al retiro los porcentajes no se mantienen
indefinidamente, argumento que considera es distractor, pues explica que no importa
cuál es la finalidad que inspiró el nacimiento de la prima de actividad, en tanto que al
ser salario y al tenerse en cuenta en su integridad para pagar los aportes a Casur, no
existe justificación válida para artificialmente disminuir o cercenar ese factor salarial al
incluirse en el IBL, cuando se adquiere el derecho a la prestación periódica, más aun
cuando no se disminuye para el IBC sino que se toma íntegramente.
En este punto, el accionante está discutiendo de manera tácita la legalidad del artículo
101 de la Ley 1213 de 1990, que le asignó una escala gradual porcentual a la prima
de actividad en la asignación de retiro, y no es objeto de estudio por parte del juez de
tutela, al analizar providencias judiciales, el inmiscuirse en el estudio de la legalidad
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de normas, de aquí que la acción de tutela frente a este argumento se haga totalmente
improcedente.
c) Finalmente, se solicita inaplicar la norma que impide que su asignación de retiro sea
reajustada tomando la partida computable prima de actividad en el mismo porcentaje
en que era devengada en el momento anterior a la salida del servicio, dando
efectividad así al artículo 4 de la Constitución Política.
Es de indicar que, si bien es cierto, la «inaplicación de la excepción de
inconstitucionalidad» es un evento a partir del cual se justifica la existencia de la causal
violación directa de la Constitución, también lo es que el demandante no sometió a
consideración del juez ordinario la aplicación de dicha figura, a efectos de que realizara
un trabajo argumentativo en torno al tema, por lo que no puede el juez de tutela entrar
a verificar la existencia de dicha causal en el asunto, ya que resulta indispensable
determinar cuál es la diferencia interpretativa del juzgador en la materia, para efectos
del estudio de la causal, lo cual también hace improcedente el cargo.
Igual ocurre con el alegato relacionado con el hecho de no estudiarse la posible
vulneración del derecho a la igualdad. Argumenta el accionante que el análisis
efectuado por la judicatura, que justifica la disparidad de trato en el hecho de que las
circunstancias fácticas varían por una simple distinción de ubicación temporal entre el
momento en el cual se perfeccionó el derecho de los sujetos comparados, son razones
superficiales y que chocan o entran en contradicción con lo establecido por la Corte
Constitucional sobre cómo abordar el estudio de esos escenarios mediante el test de
igualdad.
Se encuentra que además de que dicho alegato no fue puesto de presente y/o
controvertido en el proceso ordinario, en el asunto, el accionante presenta argumentos
como si se estuviera controvirtiendo la constitucionalidad de la norma con fundamento
en la cual le fue liquidada la partida prima de actividad en su asignación de retiro,
evento que tampoco corresponde definir al juez de tutela en sede revisión de
providencias judiciales.
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Si el accionante no está de acuerdo con la diferencia de trato en materia de liquidación
de la prima de actividad en la asignación de retiro, prevista en los artículos 101 del
Decreto 1213 de 1990 y el 23 del Decreto 4433 de 2004, bien puede demandar la
constitucionalidad del aparte normativo. De aquí que también se concluya la
improcedencia de la acción frente a este alegato.
iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», pues la sentencia objeto de censura
data del 6 de mayo de 2022, y la presente acción de tutela fue remitida al correo
electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 11 de octubre hogaño,
esto es, en el término de los seis meses señalados por esta corporación como
prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.11
iv) En el asunto «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho de
realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis probatorio y jurisprudencial.
v) En el escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» con fundamento en los cuales se alega vulneración, frente a las
causales de procedencia «defecto sustantivo y desconocimiento de precedente
constitucional»; no así con respecto de las causales «decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución», según se explicó en el acápite de subsidiaridad.
vi) El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión que se
cuestiona fue proferida dentro del trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
2.5. Análisis de procedencia del amparo de tutela invocado
La Sala abordará el estudio de este acápite en el siguiente orden: i) criterios bajo los
cuales la Corte Constitucional ha delimitado el análisis de providencias judiciales bajo
las causales «desconocimiento de precedente constitucional y defecto sustantivo», ii)
hechos probados y, iii) análisis del caso concreto.
11El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
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2.5.1. Criterios bajo los cuales la Corte Constitucional ha delimitado el análisis
de providencias judiciales bajo las causales «desconocimiento de precedente
constitucional y defecto sustantivo»
2.5.1.1. Desconocimiento de precedente constitucional
Esta causal de procedibilidad se justifica a partir del artículo 241 constitucional, en el
cual se le confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de
la Constitución; por tanto, se predica únicamente de los pronunciamientos emitidos por
la Corte Constitucional12 y se presenta cuando el funcionario judicial, al resolver un
caso concreto, se aparta de la interpretación sostenida por la Corte.13
Se desconoce el precedente constitucional, entre otras hipótesis, cuando: i) se aplican
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles; ii) se contraría la ratio
decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la
interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la
luz del texto superior; iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de
exequibilidad condicionada; o iv) se desconoce el alcance de los derechos
fundamentales fijado a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de
constitucionalidad o de revisión de tutela.14
La Corte ha sintetizado las reglas bajo las cuales se debe estudiar la configuración del
defecto, así: i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de
precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas
en estos precedentes; ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en
cuenta necesariamente tales precedentes, pues de no hacerlo incurriría en un
desconocimiento del principio de igualdad; iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas
para apartarse del precedente judicial por encontrar diferencias fácticas entre el
precedente y el caso analizado, o por considerar que la decisión debería ser adoptada
de otra manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los
12 Ver más en sentencia T-369 de 2015.
13 Ver más en sentencia SU-640 de 2008.
14 Sentencia SU-091 de 2016. Cfr. Sentencias T-1092 de 2007 y T-656 de 2011.
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principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos
fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine.15
Ello no implica, en todo caso, que la obligación de acoger el precedente constitucional
coarte la libertad del juez o la autonomía judicial, pues existe la posibilidad para los
operadores judiciales de apartarse del precedente constitucional si cumple con los
requisitos establecidos para ello, esto es, siempre que cumpla con una carga
argumentativa adecuada y suficiente que justifique su actuar, evento que en palabras
de la Corte, puede darse: «cuando se verifica que existen hechos en el proceso que
hacen inaplicable el precedente al caso concreto», o que «existan elementos de juicio
no considerados en su oportunidad por el superior, que permitan desarrollar de manera
más coherente o armónica la institución jurídica».16
2.5.1.2. Defecto sustantivo
En diferentes decisiones,17 la Corte ha recogido los supuestos que pueden configurar
este defecto, así: i) cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En
este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada,
o que ha sido declarada inconstitucional; ii) la aplicación de una norma requiere
interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan
necesarias para la decisión adoptada; iii) por aplicación de normas constitucionales
pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional
pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo
que debe ser igualmente inaplicada; iv) porque la providencia incurre en incongruencia
entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la
resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia;
v) al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga
omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi
de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico; vi) por
aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual, si bien el
15 Sentencia T-351 de 2011. Reiterada en la sentencia SU-091 de 2016.
16Ver sentencias T-566 de 1998, T-439 de 2000 y T-569 de 2001.
17 Sentencias SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017.
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contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario
a la constitución.18
En igual sentido, se ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto
sustantivo por «interpretación irrazonable», en al menos dos hipótesis: i) cuando le
otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente);
o ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en
principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero
que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados.19
2.5.2. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 17001-33-33-001-2018-00422-02, la Sala
de decisión establece lo siguiente:
i) El 13 de agosto de 2018, el señor Uriel de Jesús Marín Álvarez, por intermedio de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la Caja de Sueldos de la Policía Nacional (CASUR), con las siguientes pretensiones:
1. Que se declare la nulidad de los actos que se relacionan a continuación, con los cuales
CASUR negó el reajuste de la asignación de retiro por concepto de la variación del
porcentaje de la partida computable denominada prima de actividad:
a) Oficio nº GRUAS-SUPRE 8108 del 12 de julio de 2006.
b) Oficio nº 12591/GAG-SDP del 19 de septiembre de 2008.
c) Oficio nº 3393/GAG-SDP del 17 de febrero de 2009.
d) Oficio nº 6590/GAG-SDP del 17 de marzo de 2009.
e) Oficio nº 3733/GAG-SDP del 12 de noviembre de 2013.
f) Oficio nº E00003-201717490 del 14 de agosto de 2017.
2. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a CASUR reliquidar la asignación de retiro del demandante, teniendo en cuenta el
100% del valor de la prima de actividad que devengó en el momento de retiro del servicio,
de conformidad con la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004.
3. Que se condene a CASUR a pagar lo dejado de percibir por concepto del no cómputo
del porcentaje adicional de la prima de actividad en la asignación de retiro, desde el 28
de julio de 2003 hasta el 6 de mayo de 2004 (durante la vigencia del Decreto 2070 de
18 Ibídem.
19 Ibídem.
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2003) y desde el 1º de enero de 2005 en adelante (a partir de la expedición del Decreto
4433 de 2004).
4. Que se condene a la entidad accionada a pagar retroactivamente los valores
adicionales resultantes, debidamente indexados y con intereses moratorios o, en su
defecto, intereses legales.
5. Que las obligaciones dinerarias determinadas en la providencia que ponga fin al
proceso sean liquidadas y pagadas de conformidad con lo dispuesto por los artículos
192 y 195 del CPACA.
6. Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
ii) A través de sentencia del 14 de noviembre de 2019, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Manizales negó las súplicas de la demanda.
iii) Mediante sentencia del 6 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala Quinta de Decisión, confirmó la sentencia de primera instancia.
2.5.3. Análisis de la Sala. Caso concreto
Cuestiona el accionante, en su calidad de agente retirado de la Policía Nacional, el
hecho de ser liquidada su asignación de retiro, aplicando en la partida computable
prima de actividad, la escala gradual porcentual prevista en el artículo 101 del Decreto
1213 de 1990, que reduce el porcentaje del factor salarial prima de actividad en un
30%, esto es, del 55% al 25% del sueldo básico.
Insiste que, en su caso, se debe aplicar el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, que
no contempló una escala porcentual para la prima de actividad, sino que sólo varió el
porcentaje a aplicar sobre el salario base de liquidación de las asignaciones de retiro,
y que, por tanto, permite liquidar su asignación de retiro tomando en cuenta el 100%
del valor de la prima de actividad devengada al momento de su retiro.
En ese contexto, se advierte, entonces, que el accionante somete a juicio lo resuelto
en sede ordinaria al considerar que el análisis efectuado incurrió en los defectos
sustantivo y desconocimiento de precedente constitucional, que procedió a sustentar
bajo un sinnúmero de argumentos que la Sala procederá a dilucidar de acuerdo con
las materias endilgadas, esto es, el reajuste de prestaciones periódicas, retroactividad
de la ley, y principio de inescindibilidad normativa.
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Así las cosas, se controvierte en primer lugar, el hecho de que no se hubiera
reajustado su asignación de retiro, pese a que la Ley 923 de 2004 contempla este
derecho, que según explica, implica que se liquide su asignación de retiro tomando los
factores salariales reales devengados en el servicio y no en valores inferiores que le
restan capacidad adquisitiva.
Frente a dichas consideraciones, el accionante alega que la Corte Constitucional ha
decantado desde antaño la posibilidad de que una norma reajuste situaciones ya
consolidadas y que, particularmente, en las sentencias C-862 de 2006 y SU-1073 de
2012, advirtió que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un fin
obligado y se logra tomando un salario base de liquidación acorde con el valor real
devengado en su momento.
De igual forma, cuestiona el hecho de que no se hayan examinado de forma
sistemática, las disposiciones de la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, con i)
la Ley 4 de 1992, artículos 13 y 14, que imponen la obligación al Estado de nivelar la
remuneración del personal retirado con la del personal que se encuentra activo, así
como el deber de respetar derechos adquiridos y la prohibición de desmejorar
prestaciones sociales; ii) la Constitución de 1991, artículos 53, 93 y 94 que contemplan
el bloque de constitucionalidad en material laboral; y iii) la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en los que se señalaron los principios de
progresividad, favorabilidad e in dubio pro operario, seguridad social en conexidad con
el mínimo vital e igual trabajo igual remuneración.
Pues bien, en este punto el accionante pretende hacer ver la existencia de una pérdida
de poder adquisitivo de la asignación de retiro, al no ser liquidada la prima de actividad
sobre el monto o porcentaje total en que era liquidada estando en servicio activo, esto
es, del 55% sobre el sueldo básico, y que en la asignación de retiro pasó a un 25%,
perdiendo así un total del 30%.
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Sin embargo, es claro que, para efectos de sustentar su alegato, el accionante utiliza
de manera indistinta los términos reajuste y liquidación, cuando lo cierto es que no
pueden equiparse pues cada uno de ellos tiene efectos diferentes.
Es diáfano que en las sentencias C-862 de 2006 y SU-1073 de 2012, la Corte
Constitucional abordó el estudio del derecho constitucional de los pensionados a
mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional, pero, de las conclusiones a las
que se arribó no se advierte la afirmación referida por el accionante, esto es, «que el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se logra tomando un salario
base de liquidación acorde con el valor real devengado en su momento».
En los referidos pronunciamientos, la Corte dejó sentado que el derecho de mantener
el poder adquisitivo de la mesada pensional se materializa en el reajuste o
actualización periódica, tanto de las mesadas pensionales ya reconocidas, como del
ingreso base para la liquidación de la primera mesada pensional o indexación de la
primera mesada pensional.
Ahora bien, lo que se evidencia es que en tratándose del derecho a la indexación de
la primera mesada pensional, que opera cuando ha mediado un tiempo sustancial
entre el momento en que el trabajador se retiró del servicio y el reconocimiento de la
pensión, la Corte Constitucional trajo la siguiente definición de indexación:
La indexación ha sido definida como un «sistema que consiste en la adecuación
automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el
fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos
parámetros que solos o combinados entre si, suelen ser: el aumento del costo de la vida,
el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios
de productos alimenticios de primera necesidad, etc».
Quiere decir lo dicho, que el reajuste pensional al que hizo referencia la Corte obedece
a la actualización monetaria de las mesadas pensionales ya reconocidas, y del ingreso
base para la liquidación de la primera mesada pensional, y no de las partidas que
comprenden ese ingreso base de liquidación, según la lógica o entendimiento dado
por el tutelante.
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En este contexto, se concluye, entonces, que la interpretación dada por el accionante
en torno al derecho al reajuste pensional no es el que la Corte Constitucional ha
referido en las sentencias mencionadas, pues lo allí analizado no trató sobre las
partidas del ingreso base de liquidación, sino de la actualización del valor monetario
de la pensión, que como se encargó de explicar el accionante, es un derecho que se
encuentra previsto en la Ley 4 de 1992 y que se reiteró en la Ley 923 de 2004, de aquí
que en el asunto no se advierta la existencia de un desconocimiento de precedente
constitucional.
En segundo lugar, se cuestiona el hecho de que el Tribunal haya considerado que en
el asunto se solicitó la aplicación retroactiva de la Ley 923 de 2004, cuando lo que
realmente se pretendió es que se apliquen los efectos que sobre el reajuste contempla
el sistema normativo a partir de su vigencia, esto es, que se reajustara su asignación
de retiro a partir del 31 de diciembre de 2004, y no desde el año 2001, cuando le fue
reconocida su asignación de retiro.
En este punto, el accionante insiste en que el reajuste pensional en términos de lo
establecido en la Ley 923 de 2004, también comprende las partidas computables para
la liquidación de la prestación, y que, en ese contexto, se debe dar aplicación a lo
previsto en el Decreto 4433 de 2004, artículo 23.
Pues bien, se tiene que, al analizar el asunto, el Tribunal abordó como problema
jurídico a dilucidar, si el demandante tenía derecho al reajuste de su asignación de
retiro, incrementando la prima de actividad en un 100% del porcentaje devengado en
servicio activo, de conformidad con el Decreto 4433 de 2004, con efectos desde el 28
de julio de 2003 hasta el 6 de mayo de 2004 (durante la vigencia del Decreto 2070 de
2003) y desde el 1º de enero de 2005 en adelante (a partir de la expedición del Decreto
4433 de 2004).
En ese contexto, refirió que el demandante se retiró del servicio el 22 de agosto de
2001, por lo que para el reconocimiento y liquidación de la asignación mensual de
retiro debía aplicarse el Decreto 1213 de 1990, normativa que se encontraba vigente
para el momento del retiro, al efecto, trajo a colación los artículos 100 y 104.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05410-00
Demandante: Uriel de Jesús Marín Álvarez
Dejado sentado lo anterior, refirió que dado que el régimen aplicable al señor Uriel de
Jesús Marín Álvarez era el contenido en el Decreto 1213 de 1990, la asignación
mensual de retiro para dicho exagente de la Policía Nacional, que contaba con más de
22 años de servicio, correspondía al 78% (50% por los primeros 15 años + 28% por
los siguientes 7 años) del monto de los factores computables señalados en el artículo
100 ibidem; y que, al revisar el acto administrativo de reconocimiento prestacional, se
evidenciaba que la prestación le fue reconocida de manera correcta, puesto que la
tasa de reemplazo para liquidar la prestación fue del 78% sobre el monto de las
partidas computables que el demandante devengaba, esto es, sobre el sueldo básico,
la prima de actividad, la prima de antigüedad, el subsidio familiar y la doceava parte
de la prima de navidad.
En este entendido, especificó, en relación con el reconocimiento de la prima de
actividad para los oficiales y suboficiales en servicio, así como del cómputo al momento
de liquidar la asignación de retiro, que debía atenderse lo dispuesto en los artículos
30, 100 y 101 del Decreto 1213 de 1990, y que, en tal sentido, dado que el accionante
tenía 22 años, 2 meses y 10 días de servicio, la prima de actividad debía ser incluida
en su asignación de retiro en un porcentaje del 20%, tal como lo hizo en su momento
CASUR en el acto de reconocimiento pensional. Advirtió que pese a que para efectos
de la asignación de retiro la prima de actividad se computa en menor porcentaje al
devengado en actividad, debía tenerse en cuenta que fue la misma norma la que reguló
el tema y que tal circunstancia no atentaba contra el principio de favorabilidad.
Y, en lo que tiene que ver con la aplicación del Decreto 4433 de 2004, refirió que ello
no era procedente porque i) se trataba de una norma dictada con posterioridad a la
que se encontraba vigente para el momento del retiro del servicio del actor -que rige
sólo a partir de la fecha de publicación-, esto es, hacia el futuro, por lo que mal podía
pretenderse su aplicación retroactiva, bajo el pretexto de guardar una igualdad que no
existe, puesto que existe diferencia normativa entre los retirados con posterioridad a
la entrada en vigencia del Decreto y aquellos que, como el demandante, ya habían
consolidado su derecho a la prestación; y ii) porque el Decreto fijó el régimen pensional
y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública modificando la fórmula
de cómputo de la asignación de retiro, las partidas computables y el porcentaje de
reconocimiento, pero no introdujo una variación en la remuneración del personal
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Demandante: Uriel de Jesús Marín Álvarez
activo, particularmente un aumento en la prima de actividad, que pudiera ser
extrapolada al personal retirado y pensionado, en desarrollo del principio de oscilación
consagrado en el artículo 110 del Decreto 1213 de 1990.
Así las cosas, se tiene que el Tribunal fue enfático en señalar que al haber sido
consolidado el derecho prestacional en vigencia del Decreto 1213 de 1990, es a este
decreto al que se debe acudir para la liquidación de la asignación de retiro, resultando
improcedente la aplicación retroactiva del Decreto 4443 de 2004, al no existir dentro
del ordenamiento jurídico normativa que permitiera inferir que el Decreto gobierna
situaciones consolidadas y completamente definidas con anterioridad a su entrada en
vigencia.
En este entendido, es claro que el Tribunal no hizo una aplicación indebida de la
norma, sino que resolvió el asunto bajo el respeto de los postulados y/o principios de
consolidación del derecho pensional y aplicación de la ley en el tiempo, 20 a partir de
los cuales se debe regir el operador jurídico.
Así las cosas, se tiene que el accionante no puede pretender que so pretexto de la
protección del respeto a los derechos adquiridos y el poder adquisitivo de la pensión,
se pasen por encima instituciones jurídicas como las referidas, pues ello atentaría
contra el debido proceso y seguridad jurídica de los administrados y, además,
contrariaría el querer el legislador, quien es el encargado de fijar el momento a partir
del cual debe entrar a regir la ley. De manera que en el asunto no se advierte la
configuración de un defecto sustantivo.
En tercer lugar, se alega que, contrario a lo sostenido por el juez ordinario, en su caso
no se viola el principio de inescindibilidad de la ley al reajustarse su asignación de
retiro, teniendo en cuenta el real porcentaje sobre el sueldo básico devengado como
prima de actividad.
Lo anterior, según explica, por cuanto el Decreto 4433 de 2004, en el artículo 23, regula
la conformación de las asignaciones de retiro y pensiones de forma general, mientras
20
Ley 153 de 1887.
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Demandante: Uriel de Jesús Marín Álvarez
que en los artículos 24 y 25, que contemplan la exigencia de un mayor tiempo de
servicio, condicionan sus efectos a situaciones configuradas con posterioridad a la
entrada en vigencia de la norma.
Advierte que ello se puede extraer de las sentencias del Consejo de Estado del 12 de
abril de 2012, expediente 11001-03-25-000-2006-000-1600; del 28 de febrero de 2013
expediente 1001-03-25-000-2007-000-6100; y del 23 de octubre de 2014 expediente
11001-03-25-000-2007-000-7701.
Pues bien, se advierte que la interpretación propuesta por el accionante no se sustenta
con la jurisprudencia traída como referente, pues en esta el Consejo de Estado analizó
la legalidad del artículo 24 y los parágrafos del artículo 25 del Decreto 4433 de 2005,
por exigirse un mayor tiempo de servicio al consagrado en regímenes anteriores, para
acceder a la asignación de retiro, y en ningún aparte se analiza la aplicación general
del artículo 23 del Decreto 4433, según el entendimiento del accionante.
No es cierto que de los referidos pronunciamientos se pueda extraer una aplicación
general del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, y que se restrinja el alcance de los
artículos 24 y 25, a quien concrete el derecho a la prestación periódica, una vez
entrada en vigencia la disposición. El accionante hace una interpretación errónea de
las sentencias traídas como referente.
El hecho de no indicarse en el artículo de manera expresa que este aplica a partir de
su vigencia, no quiere decir que ello no sea así, pues es claro que en el aparte final de
las normas siempre se establece una vigencia tácita o expresa, y para el caso
particular del Decreto 4433 de 2003 se estableció que «el decreto rige a partir de la
fecha de su publicación», que ocurrió el 31 de diciembre de 2004, por lo que es claro
que frente a este alegato tampoco se advierte un defecto sustantivo.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala rechazará la acción de tutela presentada por el
señor Uriel de Jesús Marín Álvarez en contra del Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala Quinta de Decisión, respecto de los defectos decisión sin motivación y violación
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Demandante: Uriel de Jesús Marín Álvarez
directa de la Constitución, y denegará el amparo solicitado frente a los defectos
desconocimiento de precedente constitucional y defecto sustantivo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Rechazar la acción de tutela presentada por el señor Uriel de Jesús Marín
Álvarez contra el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión, respecto
de los defectos decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. Denegar el amparo solicitado frente a los defectos desconocimiento de
precedente constitucional y defecto sustantivo, dado lo expuesto en la parte
considerativa que antecede.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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