Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05410-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial: improcedente por
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05410-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05410-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
17 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05410-01
Demandante: URIEL DE JESÚS MARÍN ÁLVAREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedente por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional – actor pretende convertir la
acción de tutela como instancia adicional / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE –
falta de carga argumentativa.
La Sala decide la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia
proferida el 10 de noviembre de 2022 por la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo, respecto de
los defectos de decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, y
negó el amparo frente al desconocimiento del precedente constitucional y el
defecto sustantivo.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 10 de octubre de 20221, el señor Uriel de Jesús Marín Álvarez ejerció acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la dignidad
humana, a la seguridad social y a la igualdad2. Formuló las siguientes
pretensiones:
1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, mínimo
vital, vida en condiciones dignas, seguridad social, mantenimiento del poder
1 Se advierte que, el 13 de enero de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 De igual forma, invocó como vulnerados los que denominó: derecho al mantenimiento del poder
adquisitivo de su pensión e in dubio pro operario.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05410-01
Demandante: Uriel de Jesús Marín Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
adquisitivo de mi pensión, in dubio pro operario, igualdad, y cualquier otro
derecho que considere la Corporación violado.
2. Que se dejen (sic) sin valor ni efecto .el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Caldas – Sala Quinta de Decisión el 6 de mayo de 2022 en
el proceso con rad. 170013333 001 2018 00422 02.
3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el debido
proceso, el poder adquisitivo de mi asignación de retiro y el mantenimiento de
las condiciones de vida logradas con mi trabajo vida digna ligados con la
seguridad social, y la aplicación del entendimiento mas favorable de las
normas laborales.
4. Se me tome cualquier otra medida que la judicatura estime pertinente para
proteger y restablecer mis derechos fundamentales.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:
Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Uriel de Jesús Marín
Álvarez demandó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR-,
con el fin de que se declarara la nulidad de los oficios GRUAS-SUPRE 8108 del
12 de julio de 2006, 12591/GAG-SDP del 19 de septiembre de 2008, 3393/GAG-
SDP del 17 de febrero de 2009, 6590/GAG-SDP del 17 de marzo de 2009,
3733/GAG-SDP del 12 de noviembre de 2013 y E00003-201717490 del 14 de
agosto de 2017, por medio de los cuales se negó el reajuste de la asignación de
retiro del accionante por concepto de la variación del porcentaje de la partida
computable denominada prima de actividad.
Mediante providencia del 14 de noviembre de 2019, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Manizales negó las pretensiones de la demanda,
decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia del 6 de
mayo de 2022.
1.3. Argumentos de la tutela
A juicio del señor Marín Álvarez, en la providencia del 6 de mayo de 2022, el
Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento
del precedente, violación directa de la Constitución y falta de motivación.
Concretamente, señaló que el tribunal no estudió de forma armónica las normas
que rigen sobre la asignación de retiro, esto es, las Leyes 2 y 4 de 1992; y 923 de
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2004, en virtud de las cuales se debe nivelar la remuneración del personal activo y
retirado de la Fuerza Pública, con el Decreto 4433 de 2004, que contempla el
reajuste de la partida computable prima de actividad, por lo que se causa una
pérdida de poder adquisitivo a las personas que consolidaron sus derechos
pensionales con anterioridad a la expedición de la referida norma.
Para el accionante, se debía aplicar en lo favorable el mencionado decreto y así
ajustar la prima técnica como factor salarial, pues constituye un derecho adquirido
que debe incluirse para la liquidación de su asignación de retiro.
Señaló que, contrario a lo expuesto por el Tribunal accionado, él no solicitó la
aplicación retroactiva de la Ley 923 de 2004 ni del Decreto 4433 de 2004, sino que
se reajustara su asignación de retiro a partir de la entrada en vigencia de la norma
en mención, esto es, desde el 31 de diciembre de 2004, en aplicación del principio
de in dubio pro operario, por lo que se deben acoger los efectos de la norma que
sea más favorable al trabajador.
En el mismo sentido, indicó que «si se sigue considerando que frente a
prestaciones periódicas consolidadas bajo el imperio de regímenes anteriores, la
norma que estaba vigente al momento de la causación del derecho continúa
surtiendo efectos sobre él o regulándolo hasta la actualidad, se debe tener en
cuenta que los efectos de esas disposiciones no son compatibles con la actual
Constitución y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado
Colombiano, en especial los relacionados con los derechos de los trabajadores y
la seguridad social, y por tanto debe darse efectividad al Art. 4 de la Constitución e
inaplicar esos efectos por excepción de inconstitucionalidad».
Bajo este contexto, aduce el accionante que la providencia atacada «desconoce la
literalidad del art. 23 del Decreto 4433 de 2004, de los arts. 24 y 25 del mismo
Decreto, del art. 3 numeral 3.1 de la Ley 923 de 2004, y arts. 1, y 2 numerales 2.1
y 2.4 de esa misma Ley, y la jurisprudencia del Consejo de Estado, sentencia del
12 de abril de 2012 rad. 11001032500020060001600, sentencia del 28 de febrero
de 2013 rad. 11001032500020070006100, y sentencia del 23 de octubre de 2014
rad. 11001032500020070007701», pues el decreto en mención no condiciona sus
efectos exclusivamente al personal que ingrese al escalafón o se retire a partir de
la fecha de la entrada en vigor de esa norma.
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Alegó que a funcionarios que entraron a servicio activo una vez iniciada la vigencia
del Decreto 4433 de 2004, se les incluyó la partida computable prima de actividad
en su pensión o asignación de retiro en idéntico porcentaje al devengado antes de
salir del servicio y se les hizo la exigencia de un mayor tiempo de servicio mínimo
para poder disfrutar del derecho. Sin embargo, comparados con el caso particular
del actor, para el cual rige el Decreto 1213 de 1990, cumplieron la misma
naturaleza de funciones, tuvieron las mismas responsabilidades y el mismo riesgo
inherente a la actividad, por lo que el análisis debió centrarse en las similitudes, lo
que se evidencia un trato desigual, sin que se justifique por qué resultaban más
relevantes las diferencias entre 2 sujetos con un derecho idéntico. Así lo concluyó:
Como se ve, en ambos regímenes a los 20 años de servicio a los retirados les
corresponde una asignación de retiro del 70%, sin que en realidad se haga
más gravosa la situación de los funcionarios que se retiran con posterioridad
al 31 de diciembre de 2004. Solo se exigen unos años más de vida
productiva, lo que se justifica en el aumento de la esperanza de vida, pero,
por el contrario, no existe justificación constitucionalmente para desconocer el
salario real del trabajador al momento de liquidar la prestación periódica.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 14 de octubre de 2022, el despacho sustanciador de la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala Quinta Mixta, y, como tercero con interés, a la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional – CASUR.
2.2. El Tribunal Administrativo de Caldas, por conducto del magistrado ponente de
la decisión atacada, solicitó que se declarara improcedente la tutela, porque los
argumentos allí expuestos fueron objeto de debate tanto en primera como en
segunda instancia en el proceso ordinario, escenario en el que se garantizaron
todos los derechos del accionante, por lo que se evidencia que este pretende usar
la tutela como una tercera instancia.
2.3. CASUR guardó silencio.
3. Fallo Impugnado
La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, mediante providencia
del 10 de noviembre de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo,
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respecto de los defectos de decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución, por considerar que no cumple con el requisito de la subsidiariedad,
pues si el señor Marín Álvarez considera que el despacho accionado no realizó un
estudio del principio de in dubio pro operario, tiene a su disposición el recurso
extraordinario de revisión, previsto en el artículo 250 del CPACA, bajo la causal 5ª,
esto es, «por existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación».
Asimismo, señaló que el accionante pretende discutir la legalidad del artículo 101
de la Ley 1213 de 1990, asunto que no le compete al juez de tutela.
Respecto de la inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad, expuso que
no fue un asunto planteado en el proceso ordinario, a efectos de que realizara un
trabajo argumentativo en torno al tema, por lo que el actor no puede pretender que
ahora el juez de tutela haga ese estudio.
En cuanto a la diferencia de trato en materia de liquidación de la prima de
actividad en la asignación de retiro, prevista en los artículos 101 del Decreto 1213
de 1990 y el 23 del Decreto 4433 de 2004, adujo que el accionante podía
demandar la constitucionalidad del aparte normativo, lo que implicaba que frente a
este cargo tampoco se cumplía el requisito de la subsidiariedad.
De otra parte, negó el amparo frente al desconocimiento del precedente
constitucional y el defecto sustantivo, para lo cual realizó un estudio de las
materias endilgadas, esto es, el reajuste de prestaciones periódicas, la
retroactividad de la ley y el principio de inescindibilidad normativa, y concluyó que
no se había desconocido el precedente de la Corte Constitucional alegado por el
accionante, pues las sentencias C-862 de 2006 y SU-1073 de 2012 no trataron
sobre las partidas del ingreso base de liquidación, sino de la actualización del
valor monetario de la pensión.
Frente a las providencias dictadas por el Consejo de Estado el 12 de abril de
2012, expediente 11001-03-25-000-2006-000-1600; el 28 de febrero de 2013,
expediente 1001-03-25-000-2007-000-6100; y el 23 de octubre de 2014
expediente 11001-03-25-000-2007-000-7701, también invocadas como
desconocidas, señaló que estas no analizaron la aplicación general del artículo 23
del Decreto 4433, por lo que tampoco se evidencia el desconocimiento del
precedente alegado.
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Finalmente, expuso que tampoco se advertía la aplicación indebida de las normas,
pues el Tribunal fue enfático en señalar que al haber sido consolidado el derecho
prestacional en vigencia del Decreto 1213 de 1990, es a este decreto al que se
debe acudir para la liquidación de la asignación de retiro, resultando improcedente
la aplicación retroactiva del Decreto 4443 de 2004, al no existir dentro del
ordenamiento jurídico una disposición que permita inferir que este último gobierna
situaciones consolidadas y completamente definidas con anterioridad a su entrada
en vigor.
4. Impugnación
El señor Uriel de Jesús Marín Álvarez impugnó la anterior decisión, para lo cual
reiteró los argumentos expuestos en la tutela frente a la pérdida de poder
adquisitivo de la pensión que, a su juicio, debía ser corregida para materializar los
derechos fundamentales que la Constitución Política le confiere, en especial el
derecho a la igualdad, pues, a su parecer, existe un trato diferenciado a las
personas que consolidaron su situación pensional con anterioridad a la expedición
del Decreto 4443 de 2004.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir
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del año 20123, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la
Corte Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún
derecho fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las
razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la
protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se
hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a
terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte,
acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
3 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
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tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional4».
2. Problema jurídico
En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar
a confirmar, revocar o modificar el fallo del 10 de noviembre de 2022, proferido por
la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Para el efecto, lo
primero que la Sala deberá determinar es si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, en especial el de
relevancia constitucional.
Si se cumplen, se establecerá si el Tribunal Administrativo de Caldas, al proferir la
sentencia del 6 de mayo de 2022, incurrió en los defectos alegados por la parte
actora.
3. Análisis de la Sala
3.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 20145, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
4 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
5 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
3.2. Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto.
Sería del caso analizar si se configuraron los defectos alegados por la parte
actora, cuyo fundamento se concreta en la inaplicación a su caso particular del
Decreto 4433 de 2004, respecto al reajuste de la partida computable prima de
actividad, sin embargo, contrario a lo mencionado por el a quo, la Sala advierte
que la solicitud de amparo carece totalmente de relevancia constitucional, pues se
pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso
ordinario.
Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y los argumentos propuestos en la solicitud
de tutela, se evidencia que los defectos en que supuestamente incurrió la parte
demandada fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue
decidido dentro del medio de control ordinario.
En el siguiente cuadro se cotejarán los argumentos expuestos en sede de
nulidad y restablecimiento del derecho y las razones que se esgrimieron en
la solicitud de amparo, a fin de ilustrar de mejor manera cómo la parte
demandante está utilizando la tutela como instancia adicional:
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05410-01
Demandante: Uriel de Jesús Marín Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Argumentos de apelación presentados Argumentos de la demanda de tutela
en el proceso ordinario ante el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de
Manizales
El concepto de violación no se fundamenta El concepto de violación de la demanda no
en la regulación de un régimen posterior se fundamentó en que los efectos de la Ley
para las prestaciones de la fuerza pública 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004
con mayores beneficios al que estaba comprenden el momento en que el adquirí
vigente al momento del demandante el derecho a mi prestación periódica, sino
consolidar su derecho a la asignación de que se duele de que a pesar de que ese
retiro. Sino que se duele de que a pesar de nuevo régimen consagra un reajuste de
que ese nuevo régimen consagra un esos derechos, no se me hubiera
reajuste de las prestaciones periódicas, no reajustado en consecuencia mi asignación
se le hubiera reajustado en consecuencia de retiro, debiendo hacerse una aplicación
al actor su asignación de retiro, para lo cual sistemática del régimen normativo vigente;
debe hacerse una aplicación sistemática y que las accionadas examinaran las
del régimen normativo, y no dar efectos al disposiciones del Decreto 4433 de 2004 de
Decreto 4433 de 2004 de manera aislada y manera aislada y desconectada de la Ley
desconectada de la Ley 923 de 2004, y a 923 de 2004, y a otras normas como la Ley
otras normas como el Art. 13 de la Ley 2 de 4 de 1992, la Constitución de 1991 y el
1992. bloque de constitucionalidad.
Ley 923 de 2004 establece que el Régimen Ley 923 de 2004 establece que el Régimen
que fije el Gobierno debe comprender el que fije el Gobierno debe comprender el
reajuste de la asignación de retiro, las reajuste de la asignación de retiro, las
pensiones y sus sustituciones de los pensiones y sus sustituciones, ello con
miembros de la Fuerza Pública, ello con sujeción a las normas, criterios y objetivos
sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en dicha Ley […].
contenidos en dicha Ley […].
Teniendo en cuenta que el Gobierno Teniendo en cuenta que el Gobierno
atiende el mandato del Art. 1º de la Ley 923 atiende el mandato del Art. 1º de la Ley 923
de 2004 de fijar el régimen de la asignación de 2004 de fijar el régimen de la asignación
de retiro, la pensión de invalidez y sus de retiro, la pensión de invalidez y sus
sustituciones, la pensión de sobrevivientes, sustituciones, la pensión de sobrevivientes,
y los reajustes de estas, correspondientes y los reajustes de estas, correspondientes a
a los miembros de la Fuerza Pública, los miembros de la Fuerza Pública,
expidiendo el Decreto 4433 de 2004, el expidiendo el Decreto 4433 de 2004, el
mismo se debe aplicar al personal retirado mismo se debe aplicar al personal retirado y
y que gozaba de asignación de retiro con que gozaba de asignación de retiro con
anterioridad a la expedición del anterioridad a la expedición del mencionado
mencionado Decreto, en lo referente al Decreto, en lo referente al reajuste de la
reajuste de la asignación de retiro y asignación de retiro y pensiones
pensiones correspondientes a los correspondientes a los miembros de la
miembros de la Fuerza Pública o quienes Fuerza Pública o quienes las sustituyan. Es
las sustituyan, ya que como se dijo, solo es decir que, siendo del alcance de la Ley 923
posible reajustar una prestación periódica de 2004 el reajuste de las prestaciones
ya reconocida. Entonces, siendo del periódicas, es del alcance del Decreto 4433
alcance de la Ley 923 de 2004 el reajuste de 2004 materializarlo.
de las prestaciones periódicas, también es
alcance del Decreto 4433 de 2004 lo
mismo, y percibiendo la demandante una Percibiendo una asignación de retiro a la
asignación de retiro a la entrada en entrada en vigencia de las mencionadas
vigencia de las mencionadas normas, su normas, mi prestación periódica es objeto
prestación periódica es objeto de reajuste de reajuste por el alcance de las mismas
por el alcance de las mismas […]. […].
El demandante es titular de todos los Yo soy titular de todos los derechos que
derechos que concede la Constitución de concede la Constitución de 1991 y los
1991 y las normas aplicables por bloque de consagrados en el bloque de
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Demandante: Uriel de Jesús Marín Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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constitucionalidad, sin que pueda ser constitucionalidad, sin que pueda ser
admisible la inaplicación de las mismas, por admisible la inaplicación de dichas
haber causado derechos en vigencia de disposiciones, por haber causado el
normas constitucionales anteriores, pues derecho con base en normas proferidas con
en vigencia de las nuevas aun goza de anterioridad a la vigencia de la actual
tales derechos, derechos que son cíclicos y Constitución, pues en vigor de la Carta de
se van causando sucesivamente en el 1991 me fue reconocida y gozo de la
tiempo, y que además están íntimamente prestación social periódica por retiro,
relacionados, con la vida digna y el prestación que es un derecho cíclico que se
mantenimiento de las condiciones de va causando sucesivamente en el tiempo,
existencia proporcionalmente al trabajo y es decir, que se viene produciendo y
esfuerzo realizados durante la edad haciendo exigible bajo el imperio de la
productiva, y por tanto los mismos deben actual Constitución, y que además está
ser actualizados bajo los estándares íntimamente relacionado, con la vida digna
parámetros de los avances normativos de o mínimo vital, que se traduce para el caso
carácter constitucional, convencional, en el mantenimiento de las condiciones de
supraconstitucional y teniendo en cuenta su existencia proporcionalmente al trabajo y
calidad de fundamentales. esfuerzo realizados durante la edad
productiva (Ley 923 de 2004 Art. 2 Numeral
2.4), y por tanto los mismos deben ser
actualizados bajo los estándares
normativos de carácter constitucional,
convencional, supraconstitucional, y
teniendo en cuenta su calidad de
fundamentales […].
Entre otros, el art. 2º de la Ley 923 de 2004 El art. 2º de la Ley 923 de 2004 ordena
ordena tener en cuenta para la creación del tener en cuenta para la creación del
régimen de asignación de retiro y régimen de asignación de retiro y
pensiones, entre otros, los criterios y pensiones, entre otros, los criterios y
objetivos de respeto a los derechos objetivos de respeto a los derechos
adquiridos y el mantenimiento del poder adquiridos y el mantenimiento del poder
adquisitivo de las asignaciones de retiro y adquisitivo de las asignaciones de retiro y
pensiones, en los numerales 2.1 y 2.4 […]. pensiones, en los numerales 2.1 y 2.4 […].
En el presente caso no se solicita la La accionada considera que el régimen
aplicación retroactiva de la Ley, se solicita traído por la Ley 923 de 2004 no contempla
la aplicación de la norma a partir de su una aplicación retroactiva, por lo que de
vigencia en su interpretación más favorable acceder a las pretensiones quebrantaría el
como se puede notar de lo que se ha principio de irretroactividad de la Ley.
venido diciendo, es decir el reajuste de las
prestaciones que es objeto de la Ley, pero Es claro que la Ley 923 de 2004 no
a partir de la entrada en vigencia de la Ley contempla de forma explícita la palabra
[…]. retroactividad frente al reajuste de la partida
computable prima de actividad, pero es que
No se solicita la aplicación retroactiva de la las pretensiones de la demanda no se
Ley, se solicita la aplicación de la norma a encaminaron a pedir eso.
partir de su vigencia, y acogiendo la
interpretación más favorable que admite. El régimen contemplado en el sistema
normativo entró en vigencia el 31 de
No se solicita aplicar solo los factores diciembre de 2004, y como ya se dijo,
favorables de uno y otro régimen al dentro de su alcance contempla el reajuste
Demandante violando el principio de de las prestaciones periódicas por retiro de
inescindibilidad, se solicita aplicar la fuerza pública, entonces, lo que se pide
íntegramente el régimen de la Ley 923 de es que se reajuste mi asignación de retiro a
2004 y el Decreto 4433 de 2004 en cuanto partir de la vigencia, el 31 de diciembre de
al reajuste de su prestación periódica que 2004, y solo desde esa fecha hacia
expresamente se consagra en esos adelante, con sujeción a los criterios de
estatutos, pero respetándosele los respeto a los derechos adquiridos y el
derechos, garantías, prerrogativas, mantenimiento del poder adquisitivo, y no
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servicios y beneficios adquiridos conforme que ese reajuste se aplique surtiendo
a disposiciones anteriores, como la norma efectos desde el año 2001. Por tanto, no se
lo prevé, entonces no se viola el mentado solicita una aplicación retroactiva de la
principio de inescindibilidad, ya que son las norma, sino que se apliquen los efectos que
mentadas normas las que remiten a sobre el reajuste contempla el sistema
regímenes anteriores en cuanto a derechos normativo a partir de la vigencia del mismo.
adquiridos, tampoco se viola el principio de
irretroactividad de la Ley ya que es la
norma la que contempla dentro de su El reajuste de los componentes de
alcance de forma expresa el reajuste de las pensiones y asignaciones de retiro ya
prestaciones periódicas, y por ende esa reconocidas no ha sido algo novedoso,
modificación o reajuste debe hacerse a excepcionalísimo o ajeno al ejercicio de la
partir de su vigencia y con efectos a partir actividad reguladora del ejecutivo y del
de la misma, y no con retroactividad a la legislativo, ya que con el Decreto 1213 de
fecha de causación del derecho o efectos 1990 se realizó lo propio frente a la misma
en cuanto al reajuste con anterioridad a su prima de actividad, sin que hablara de
vigencia. El reajuste de las prestaciones forma expresa de retroactividad, y desde la
periódicas ya reconocidas en cuanto a sus expedición de la Ley 4 de 1992 se ordenó
partidas computables no ha sido algo ajeno una nivelación o reajuste de lo devengado
a! ejercicio de la actividad reguladora del por los retirados en relación con lo
ejecutivo y el legislativo, ya que con el devengado por los activos.
Decreto 1213 de 1990 se realizó lo propio
frente a la misma prima de actividad, sin
que hablara de forma expresa de
retroactividad.
El legislativo goza de la llamada libertad de El poder legislativo del Estado goza de la
configuración legislativa, y no está obligado llamada libertad de configuración legislativa,
a formulas sacras o el uso de palabras y no está obligado a formulas sacras o al
determinadas, por tanto, al establecer uso de palabras determinadas para que
como alcance el reajuste de las tengan efecto sus disposiciones, por tanto,
prestaciones periódicas, lo que es al establecer dentro del alcance de la Ley
confirmado estudiando sistemática de las 923 de 2004 el reajuste de las prestaciones
normas referenciadas, debe aplicarse periódicas, debe aplicarse el régimen
necesariamente a prestaciones ya necesariamente a prestaciones ya
reconocidas […]. reconocidas y con sujeción a los criterios y
objetivos señalados en la misma Ley, entre
los que se encuentran el respeto de los
derechos adquiridos y el mantenimiento del
poder adquisitivo de las prestaciones
periódicas concedidas legalmente.
No se solicita aplicar solo los factores La accionada considera que el régimen
favorables de uno y otro régimen al traído por la Ley 923 de 2004 no contempla
demandante violando el principio de una aplicación retroactiva, por lo que de
inescindibilidad, se solicita aplicar acceder a las pretensiones quebrantaría el
integralmente el régimen de la Ley 923 de principio de irretroactividad de la Ley.
2004 y el Decreto 4433 de 2004 en cuanto
al reajuste de su prestación periódica que Es claro que la Ley 923 de 2004 no
expresamente se consagra en esos contempla de forma explícita la palabra
estatutos, pero respetándosele los retroactividad frente al reajuste de la partida
derechos, garantías, prerrogativas, computable prima de actividad, pero es que
servicios y beneficios adquiridos conforme las pretensiones de la demanda no se
a disposiciones anteriores, como la norma encaminaron a pedir eso.
lo prevé, entonces no se viola el mentado
principio de inescindibilidad, ya que son las El régimen contemplado en el sistema
mentadas normas las que remiten a normativo entró en vigencia el 31 de
regímenes anteriores en cuanto a derechos diciembre de 2004, y como ya se dijo,
adquiridos, tampoco se viola el principio de dentro de su alcance contempla el reajuste
irretroactividad de la Ley ya que es la de las prestaciones periódicas por retiro de
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norma la que contempla dentro de su la fuerza pública, entonces, lo que se pide
alcance de forma expresa el reajuste de las es que se reajuste mi asignación de retiro a
prestaciones periódicas, y por ende esa partir de la vigencia, el 31 de diciembre de
modificación o reajuste debe hacerse a 2004, y solo desde esa fecha hacia
partir de su vigencia y con efectos a partir adelante, con sujeción a los criterios de
de la misma, y no con retroactividad a la respeto a los derechos adquiridos y el
fecha de causación del derecho o efectos mantenimiento del poder adquisitivo, y no
en cuanto al reajuste con anterioridad a su que ese reajuste se aplique surtiendo
vigencia. El reajuste de las prestaciones efectos desde el año 2001. Por tanto, no se
periódicas ya reconocidas en cuanto a sus solicita una aplicación retroactiva de la
partidas computables no ha sido algo ajeno norma, sino que se apliquen los efectos que
al ejercicio de la actividad reguladora del sobre el reajuste contempla el sistema
ejecutivo y el legislativo, ya que con el normativo a partir de la vigencia del mismo.
Decreto 1213 de 1990 se realizó lo propio
frente a la misma prima de actividad, sin El reajuste de los componentes de
que hablara de forma expresa de pensiones y asignaciones de retiro ya
retroactividad. El legislativo goza de la reconocidas no ha sido algo novedoso,
llamada libertad de configuración excepcionalísimo o ajeno al ejercicio de la
legislativa, y no está obligado a formulas actividad reguladora del ejecutivo y del
sacras o el uso de palabras determinadas, legislativo, ya que con el Decreto 1213 de
por tanto, al establecer como alcance el 1990 se realizó lo propio frente a la misma
reajuste de las prestaciones periódicas, lo prima de actividad, sin que hablara de
que es confirmado estudiando sistemática forma expresa de retroactividad, y desde la
de las normas referenciadas, debe expedición de la Ley 4 de 1992 se ordenó
aplicarse necesariamente a prestaciones una nivelación o reajuste de lo devengado
ya reconocidas […]. por los retirados en relación con lo
devengado por los activos.
Sostiene el Ad quem, que no es posible
aplicar el principio de favorabilidad porque
con ello se violaría el principio de
inescindibilidad de la Ley.
No se viola el principio de inescindibilidad
de la norma al reajustar mi asignación de
retiro teniendo en cuenta el real porcentaje
sobre el sueldo básico devengado como
prima de actividad, pues, si bien el régimen
implantado por la Ley 923 de 2004, en
principio, trae unas exigencias mayores en
tiempo de servicio para acceder al derecho
a percibir una asignación de retiro o
pensión, y ello implicaría que al reajustar la
asignación de retiro bajo los parámetros de
éste régimen se hiciera la exigencia de
esos mayores tiempos debido a la
prohibición de tomar parte de un régimen y
parte de otro creando uno nuevo; la propia
Ley 923 de 2004, y desde antes la Ley 4 de
1992, en el Art. 2 numeral 2.1, y el Art. 2
literal a), respectivamente, consagran el
respeto por derechos adquiridos y la
prohibición de desmejorar las prestaciones
sociales, entonces es el propio régimen
legal, visto de forma sistemática, el que da
lugar a que se reajusten las prestaciones
periódicas sin que ello implique la renuncia
a los derechos, garantías, prerrogativas,
servicios y beneficios adquiridos conforme a
disposiciones anteriores o que se
desmejore la prestación social periódica por
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retiro.
El principio de favorabilidad debe El principio de favorabilidad restringe la
entenderse en sus dos dimensiones i) discrecionalidad del Juez y se manifiesta de
cuando existen dos disposiciones o fuentes dos maneras o comprende dos esferas, i)
normativas que regulan un mismo asunto en el evento de existir varias fuentes
(ambas deben encontrarse vigentes) se formales de derecho o múltiples normas de
debe optar por la más favorable al una misma fuente formal vigentes que
trabajador, y ii) cuando una sola norma que regulen una misma situación, se deben
admite más de una interpretación se debe acoger los efectos de la norma que sea
optar por la más favorable al trabajador más favorable al trabajador, y ii) en el
[…]. evento de que una norma o sistema
normativo admita varias interpretaciones o
se le deduzcan diferentes efectos, se debe
adoptar la interpretación o el efecto que sea
más beneficioso para el trabajador […].
La manifestación del principio de La aplicación del principio de favorabilidad
favorabilidad que se solicita se acoja en el que se solicita se materialice en el presente
presente caso es la que se define como in caso es la conocida como in dubio pro
dubio pro operario que presupone que una operario, es decir, que se opte por el
norma al tener varias interpretaciones entendimiento normativo, la interpretación o
posibles, se debe acoger la que favorable los efectos que resultaren más favorables al
sea al trabajador. trabajador.
Con claridad sobre la coincidencia entre los argumentos que expuso la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario y los
de la solicitud de amparo, conviene señalar que estos fueron estudiados y
resueltos por el Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 6 de mayo de
2022, así:
Con el fin de determinar si procede el reajuste solicitado por el
demandante, pasa esta Sala a establecer de manera preliminar cuál es el
régimen aplicable para el reconocimiento y liquidación de la asignación de
retiro del señor Uriel de Jesús Marín Álvarez.
El Consejo de Estado ha señalado que el momento en que se produce el
retiro del servicio, surge el derecho al reconocimiento de la asignación de
retiro.
Conforme a la Hoja de Servicios del señor Uriel de Jesús Marín Álvarez, se
encuentra acreditado que éste se retiró del servicio el 22 de agosto de
2001, fecha a partir de la cual se contabilizaron los tres meses de alta para
efectos prestacionales, y que además permite establecer la norma que rige
el reconocimiento de la asignación de retiro.
Para el 22 de agosto de 2001, se encontraba vigente el Decreto 1213 de
1990, que reformó el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía
Nacional.
Se concluye entonces que para el reconocimiento y liquidación de la
asignación mensual de retiro de la parte demandante, debía aplicarse el
Decreto 1213 de 1990, pues para la fecha de retiro del actor (22 de agosto
de 2001), aquella norma se encontraba vigente […].
Descendiendo al caso que convoca la atención de esta Sala, se observa
que, dado que el régimen aplicable al señor Uriel de Jesús Marín Álvarez
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era el contenido en el Decreto 1213 de 1990, la asignación mensual de
retiro para dicho ex agente de la Policía Nacional que contaba con más de
22 años de servicio, correspondía al 78% (50% por los primeros 15 años +
28% por los siguientes 7 años) del monto de los factores computables
señalados en el artículo 100 ibídem.
Revisada la resolución de reconocimiento de la asignación de retiro del
señor Uriel de Jesús Marín Álvarez (fls. 27 vuelto y 28, C.1), observa esta
Sala que la prestación fue reconocida y liquidada atendiendo lo dispuesto
por el Decreto 1213 de 1990, como quiera que la tasa de reemplazo para
liquidar la prestación fue del 78% sobre el monto de las partidas
computables que el demandante devengaba, esto es, sobre el sueldo
básico, la prima de actividad, la prima de antigüedad, el subsidio familiar y
la doceava parte de la prima de navidad.
En relación con el reconocimiento de la prima de actividad para los oficiales
y suboficiales en servicio, así como su cómputo al momento de liquidar la
asignación de retiro, el citado Decreto 1213 de 1990 estableció lo que se
indica a continuación:
ARTICULO 30. Prima de actividad. Los Agentes de la Policía
Nacional en servicio activo, tendrán derecho a una prima mensual de
actividad, que será equivalente al treinta por ciento (30%) del sueldo
básico y se aumentará en un cinco por ciento (5%) por cada cinco (5)
años de servicio cumplido.
(…)
Artículo 100. Bases de liquidación. A partir de la vigencia del presente
Decreto a los Agentes de la Policía Nacional que se retiren o sean
retirados del servicio activo se les liquidarán las prestaciones sociales
unitarias y periódicas, sobre las siguientes partidas, así:
a. Sueldo básico. b. Prima de actividad en los porcentajes previstos
en este Estatuto. c. Prima de antigüedad. d. Una duodécima (1/12)
parte de la prima de navidad. e. Subsidio familiar. En el caso de las
asignaciones de retiro y pensiones, se liquidará conforme al artículo
46 de este Estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el
cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo básico. (…).
ARTICULO 101. Cómputo prima de actividad. A los Agentes que se
retiren o sean retirados del servicio activo a partir de la vigencia del
presente Decreto, para efectos de asignación de retiro, pensión y
demás prestaciones sociales, la prima de actividad se les computará
de la siguiente forma:
• Para Agentes con menos de veinte (20) años de servicio, el quince
por ciento (15%) del sueldo básico.
• Para agentes entre veinte (20) y veinticinco (25) años de servicio, el
veinte por ciento (20%) del sueldo básico.
• Para Agentes con más de veinticinco (25) años de servicio, el
veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico.
Dado que, como se indicó anteriormente, el accionante tenía 22 años, 2
meses y 10 días de servicio, la prima de actividad debía ser incluida en su
asignación de retiro en un porcentaje del 20%, tal como lo hizo en su
momento CASUR en el acto de reconocimiento pensional.
Pese a que para efectos de la asignación de retiro la prima de actividad se
computa en menor porcentaje al devengado en actividad, debe tenerse en
cuenta que fue la misma norma que reguló el tema la que así lo estableció
expresamente y tal circunstancia no atenta contra el principio de
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favorabilidad, el cual debe emplearse sólo cuando se presenta duda sobre
la norma a la que debe acudirse para resolver un asunto concreto, es decir,
cuando dos o más textos legislativos, que se encuentran vigentes al
momento de causarse el derecho que se reclama, gobiernan la solución del
mismo, lo que, como se dijo, no se evidencia en el sub lite.
En relación con la aplicación del Decreto 4433 de 2004 al caso concreto, la
Sala considera que ello no es procedente, como quiera que:
a) Se trata de una norma dictada con posterioridad a la que se
encontraba vigente para el momento del retiro del servicio del actor, que
rige sólo a partir de la fecha de publicación (artículo 45), esto es, hacia el
futuro, por lo que mal puede pretenderse su aplicación retroactiva bajo el
pretexto de guardar una igualdad que no existe, ya que hay una diferencia
de normas entre los retirados con posterioridad a la entrada en vigencia del
citado decreto, y aquellos que, como el demandante, ya habían
consolidado su derecho a la prestación.
b) El Decreto 4433 de 2004 fijó el régimen pensional y de asignación
de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, modificando la fórmula de
cómputo de la asignación de retiro, las partidas computables y el porcentaje
de reconocimiento, pero no introdujo una variación en la remuneración del
personal activo, particularmente un aumento en la prima de actividad, que
pudiera ser extrapolada al personal retirado y pensionado, en desarrollo del
principio de oscilación consagrado en el artículo 110 del Decreto 1213 de
1990.
Es importante igualmente destacar que conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, el régimen aplicable en la asignación de retiro a los
miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Militares con respecto a la prima
de actividad, es el que se encontraba vigente a la fecha del retiro del
servicio y está atado también al tiempo laborado […].
De conformidad con lo expuesto en esta providencia, estima esta
Corporación que no hay lugar a reconocer un reajuste de la asignación de
retiro en los términos solicitados en la demanda y, por ello, se confirmará la
decisión de primera instancia.
De lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene en improcedente,
justamente porque busca revivir la discusión del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual fue analizada y decidida razonablemente por
Tribunal Administrativo de Caldas, el cual, en la providencia atacada, estableció que
el Decreto 4433 de 2004 no le era aplicable al accionante, por haber comenzado a
regir cuando este ya ostentaba la calidad de retirado.
En efecto, el Tribunal accionado consideró que, para la fecha de consolidación del
derecho del accionante, el decreto vigente era el 1213 de 19906, cuyo artículo 100
contiene las bases de la liquidación de las prestaciones sociales unitarias y
periódicas de los agentes de la Fuerza Pública, incluyendo la prima de actividad a
6 «Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional».
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la que se refiere el artículo 307 del mismo ordenamiento, en los porcentajes que se
definieron en el 101 de la misma norma, precepto que es del siguiente tenor:
Artículo 101. Computo prima de actividad. A los Agentes que se retiren o sean
retirados del servicio activo a partir de la vigencia del presente Decreto, para
efectos de asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales, la
prima de actividad se les computará de la siguiente forma:
• Para Agentes con menos de veinte (20) años de servicio, el quince por ciento
(15%) del sueldo básico.
• Para agentes entre veinte (20) y veinticinco (25) años de servicio, el veinte
por ciento (20%) del sueldo básico.
• Para Agentes con más de veinticinco (25) años de servicio, el veinticinco por
ciento (25%) del sueldo básico. […].
Igualmente, en ejercicio de su autonomía funcional, la corporación accionada
consideró que el Decreto 4433 de 2004 no podía aplicarse a la situación fáctica
expuesta por el demandante, por cuanto esta no fijó excepcionalmente la
retroactividad para su reconocimiento, por lo que correspondía realizar la
liquidación con los porcentajes previstos en el citado artículo 101 del Decreto 1213
de 1990, que, como se expuso, era la normativa vigente para la fecha de
reconocimiento de la prestación y con fundamento en la cual se consolidó el
derecho del actor, sin que dicha circunstancia vulnerara de forma alguna el
principio de favorabilidad.
A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional, pues, tal como lo concluyó el
Tribunal Administrativo de Caldas, el Decreto 4433 de 2004 no previó la
reliquidación o reajuste de las asignaciones de retiro ya reconocidas con
anterioridad a su entrada en vigencia y, aunque es cierto que en el artículo 23 se
incluyó como partida computable la prima de actividad, ello se hizo con el objeto
de liquidar las prestaciones periódicas causadas hacia el futuro.
La tutela es un valioso mecanismo de protección de derechos fundamentales, mas
no es una instancia adicional de los procesos judiciales resueltos por el juez de la
causa. Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto
jurídico, son cuestiones propias del proceso primigenio, que es el escenario ideal
para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia
7 «ARTÍCULO 30. PRIMA DE ACTIVIDAD. Los Agentes de la Policía Nacional en servicio activo,
tendrán derecho a una prima mensual de actividad, que será equivalente al treinta por ciento (30%)
del sueldo básico y se aumentará en un cinco por ciento (5%) por cada cinco (5) años de servicio
cumplido».
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adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino
que termina por desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural.
Aunado a lo anterior, resalta la Sala que la decisión atacada se encuentra
conforme a lo establecido por la Sección Segunda de esta Corporación
—especializada en asuntos laborales—, que el artículo 45 del Decreto 4433 de
2004 estableció su vigencia a partir de la fecha de publicación, por lo que dispuso
que «sus disposiciones son aplicables al personal que adquiera el derecho a la
asignación de retiro bajo su vigencia, sin que sea extensivo, expresamente, al
retirado con anterioridad, motivo por el cual no es dable su aplicación en forma
retroactiva»8. En esta misma sentencia se señaló que no había lugar a reajustar
las pensiones que fueron reconocidas con normas especiales, en este caso, con
fundamento en el Decreto 1213 de 1990, siendo esta la hermenéutica que más se
ajusta y adecúa a las normas que rigen la asignación de retiro y que establecen la
forma de computar la prima de actividad.
Ahora, resalta la Sala que, si bien el señor Marín Álvarez manifestó que no solicitó
la aplicación retroactiva de la ley, sino que se reajustara su asignación de retiro a
partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, dicho argumento resulta
incongruente y contradictorio, pues, precisamente, «la retroactividad se configura
cuando una norma se aplica a las situaciones que se consolidaron con
anterioridad a su entrada en vigencia»9, como lo pretende el accionante, alegando
el desconocimiento del principio del in dubio pro operario, ínsito en el de
favorabilidad.
Finalmente, frente al presunto desconocimiento del precedente judicial invocado
por el actor, se precisa que el señor Marín Álvarez citó como desconocidas 3
providencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado y
manifestó que en estas se establecía que el Decreto 4433 de 2004 no
condicionaba sus efectos exclusivamente al personal que ingrese al escalafón o
se retire a partir de la fecha de la entrada en vigencia de esa norma. Sin embargo,
vale la pena destacar que las dichas decisiones judiciales de ninguna forma
desarrollan lo dicho por el accionante, pues se dictaron en el marco de demandas
de simple nulidad interpuestas contra ciertos artículos de los Decretos 4433 de
2004 y 1091 de 1995, sin que tengan similitud alguna con el presente asunto.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, Sentencia del 16 de enero de 2018, M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter, radicado. 11001-03-15-000-2017-03200-01
9 Corte Constitucional, sentencia C-177 de 2005.
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Por consiguiente, lo afirmado por la parte actora no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de la relevancia constitucional –carga
argumentativa mínima–, pues no explicó, con veracidad ni la suficiencia exigida
por la jurisprudencia constitucional, la configuración del desconocimiento del
precedente.
Conviene anotar que esta Corporación ha sostenido que en la demanda de tutela
no se puede escuetamente señalar las inconformidades frente a una providencia
judicial, sino que es necesario que tal señalamiento se sustente razonablemente
bajo el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia de
la tutela. Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha
fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y
desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales10.
En otras palabras, es necesario que los señalamientos que se hagan se sustenten
razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la Corte
Constitucional ha identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el juez
cuente con los parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial
vulnera o no derechos fundamentales.
En suma, la acción de tutela promovida por el señor Uriel de Jesús Marín Álvarez,
carece absolutamente del requisito de la relevancia constitucional, razón por la
cual la Sala modificará la decisión de primera instancia, para, en su lugar, declarar
improcedente el amparo, respecto de todos los cargos propuestos.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-
00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05410-01
Demandante: Uriel de Jesús Marín Álvarez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
F A L L A:
MODIFICAR la sentencia del 10 de noviembre de 2022, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Uriel de Jesús Marín Álvarez contra el Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala Quinta de Decisión, respecto de todos los cargos propuestos, por lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y
firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e
integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR
que aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidado
r.aspx.
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