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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05412-01

Revoca el fallo impugnado: se declara improcedente por

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05412-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de 9 de noviembre de 2022, proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR improcedente el mecanismo de amparo de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05412-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

23 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05412-01
Accionante: JAIRO SALAZAR RIVAS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE
REVOCA EL FALLO IMPUGNADO – Se declara improcedente por
inboservancia del requisito general de procedibilidad atinente a la
subsidiariedad – el actor cuenta con otro medio de defensa judicial
como lo es el recurso extraordinario de revisión

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante, a través de
apoderado judicial, en contra del fallo de tutela de 9 de noviembre de 2022,
proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Jairo Salazar Rivas, por conducto de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó: (i) a las sentencias 9 de
marzo de 2020 y de 16 de septiembre de 2022, proferidas, respectivamente, por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó y por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en el interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 27001-33-33-001-2017-00034-
00/01; y (ii) al Sistema Nacional de Aprendizaje -SENA-.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos y razones que
motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relatóque trabajó para el Sistema Nacional de Aprendizaje, en adelante
SENA, desde el 20 de mayo de 2003 hasta el 13 de octubre de 2016, a través de
contratos de prestación de servicios suscritos para cumplir sus labores como «[…]
instructor [de] formación profesional integral en el área de mantenimiento de
equipos de cómputo […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05412-01
Accionante: Jairo Salazar Rivas

2.2. Comentó que, con fecha 15 de julio de 2016, le solicitó al SENA declarar la
existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones a que hubiere lugar,
petición que le fue negada.

2.3. Refirió que, por lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del SENA, con el propósito de
obtener la anulación del acto administrativo demandado y, a título de
restablecimiento del derecho, pidió que se declarara la existencia de la relación
laboral y el pago de prestaciones sociales.

2.4. Mencionó que el conocimiento del referido proceso le correspondió al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, despacho judicial que, mediante
sentencia de 9 de marzo de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, al estimar que se configuraron «[…] los supuestos del artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, y por tanto, se debe aplicar el principio de la
primacía de la realidad sobre las formas […]».

2.5. Indicó que, inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de apelación,
a lo que agregó que la entidad demandada dentro del proceso contencioso no
interpuso recurso de alzada; sin embargo, el Tribunal Administrativo del Chocó,
por error, admitió dicho recurso como si hubiere sido presentado por dicha
entidad.

2.6. Señaló que el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia de 16 de
septiembre de 2022, revocó la decisión apelada, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda, luego de considerar que no se demostró «[…] la
subordinación, elemento esencial para declarar la existencia de una relación
laboral [...]».

2.7. Manifestóque la anterior decisión incurrió en vulneración de sus derechos
fundamentales porque el Tribunal accionado no valoró «[…] la solicitud de permiso
del 27 de abril de 2012, por motivos de exámenes médicos a la ciudad de
Medellín, con el sello de recibido del SENA […]», y excedió su competencia, al
estudiar de manera integral el caso objeto de su estudio en segunda instancia,
pese a que era apelante único, por lo que, a su juicio, quebrantó el principio de
non reformatio in pejus.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso
contenido en el artículo 29, y el derecho constitucional, que contiene su
artículo 31. Violentados por el Juzgado 001 Administrativo Oral del circuito de
Quibdó, el Tribunal Administrativo del chocó y junto con la intervención directa
del servicio Nacional de aprendizaje. SENA.

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Accionante: Jairo Salazar Rivas

SEGUNDA: Ordenar, en los términos previstos por los Magistrados del
Consejo de Estado, se emita una nueva sentencia. Que anule la anterior y
produzca un nuevo fallo que otorgue las pretensiones del apelante único.
Respetando la constitución, nueva jurisprudencia y el estado social de
derecho.

TERCERA: Las medidas, que se consideren necesarias en defensa de los
derechos fundamentales y constitucionales del accionante. Con alcance del
interés individual, pero también en defensa de la justicia del establecimiento
jurídico legal en nuestro país y en general del estado social de derecho […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través del
consejero sustanciador del proceso y mediante auto de 14 de octubre de 2022,
admitió la presente acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte que se
allegó el siguiente informe:

5.1. ElSENA, por conducto del director de la entidad, rindió informe en el que
solicitó negar el amparo deprecado por el actor, en tanto que la decisión judicial
enjuiciada se encuentra debidamente motivada y respaldada en la normativa
aplicable al caso.

VI. FALLO IMPUGNADO

6. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
fallo de tutela de 9 de noviembre de 2022, resolvió negar el amparo deprecado
por el actor, luego de considerar que no se habían configurado las causales de
procedibilidad invocadas.

7. En desarrollo de lo anterior, el juez de primera instancia indicó que el defecto
fáctico invocado por el actor era inexistente, por las siguientes razones:

[…] Para la Sala la sentencia acusada no incurre en tal irregularidad, toda vez
que los magistrados accionados valoraron las pruebas recaudadas, tales
como los contratos de prestación de servicios19 que el actor suscribió con el
Sena entre los años 2003 y 2016, además de la reclamación administrativa y
su respuesta.

De igual modo se advierte que también se estudiaron las declaraciones de los
testigos Carlos Alberto Mena Rojas y Víctor Eulises Perea Rosero20, distinto
es que al momento de analizarlas en armonía con los demás elementos
probatorios arrimados consideraron que no tenían la entidad suficiente ni
ofrecían la certeza necesaria para dar por satisfecho el elemento de
subordinación, máxime cuando de aquellos solo se evidenció el cumplimiento
de las instrucciones entregadas por el supervisor del contrato y de un horario
para impartir los programas de formación, lo que no desnaturaliza el objeto

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05412-01
Accionante: Jairo Salazar Rivas

contractual, porque confirmaron el cumplimiento de las condiciones en las que
la entidad requería su desarrollo, lo que tampoco comporta una deducción
arbitraria o caprichosa de los medios probatorios adosados al asunto
contencioso-administrativo […].

8. Respecto de la vulneración de los derechos fundamentales del actor, con
ocasión de la supuesta violación del principio de non reformatio in pejus, el
juzgador de primera instancia advirtió que: «[…] los señores magistrados del
Tribunal Administrativo del Chocó estaban en la facultad de estudiar los motivos
de inconformidad planteados en el recurso de apelación formulado por el Sena,
en el cual sostuvo que en el sub lite no se configuraban los elementos de la
relación laboral deprecada por el accionante, lo que implicaba dilucidar
nuevamente si aquello acaeció o no, lo cual hicieron, distinto es que, contrario a lo
concluido por el juez de primera instancia, hayan estimado que la subordinación
necesaria para acceder a las pretensiones ordinarias no se acreditó […]».

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. El apoderado judicial del actor impugnó el fallo de primera instancia, luego de
reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela.

10. Igualmente, el impugnante expuso, entre otros, los siguientes argumentos:

[…] 1. Contra la sentencia de los Magistrados del Consejo de estado y
participación de los accionados.

En nuestro establecimiento legal, sin lugar a los quebrantamientos
escondidos, es bastante claro, que, agotada cada etapa del proceso, el juez
debe realizar un control de legalidad para corregirse o sanear los vicios que
configuren nulidades u otras irregularidades del proceso. Artículo 132. CGP.

De la normativa, se concluye que el régimen de nulidades que consagra el
ordenamiento legal da al juez herramientas para corregir yerros dentro de su
propio proceso y conseguir por su poder de ratificación, se materialice de
manera impoluta el acceso a la justicia sin errar ante los ciudadanos.

2. Debe revisarse, en segunda instancia, que quienes fallan, quieren imponer,
desde su perspectiva ética y moral, que los autos y decisiones ilegales son
posibles transformar en legales por cualquier medio que disfrazan de error
como disculpa y permiten que además de irregulares, se ejecutoríen.

Y. Guardan silencio cómplice con el concierto de la conducta de los
funcionarios implicados en los gravísimos hechos, dirigidos a crear la excusa
jurídica para declarar la revocatoria de la sentencia.

La prueba de que la sentencia del trabajador estaba destinada a serle
revocada, se delata cuando el argumento, de que no se demuestra, que la
prestación del servicio se realizara con ausencia de autonomía, y que dentro
del expediente no reposaban memorandos, comunicaciones, circulares u otros
escritos mediante los cuales se exijan o den órdenes que permitieran inferir la
falta de goce de autonomía. La muestra es el hecho que deja al descubierto,
que es una trama de personas que, con amplios conocimientos del derecho,
tienen un error que indicia la falta de lectura completa y sus premeditadas

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05412-01
Accionante: Jairo Salazar Rivas

intenciones contra la sentencia de primera instancia. Pues olvidan, lo que una
memoria de la prueba documental les recuerda, incluido a los Magistrados del
Consejo de estado.

Véase la solicitud de permiso del 27 de abril de 2012, por motivos de
exámenes médicos a la ciudad de Medellín, con sello del recibido del SENA.
Entonces, sí existen, “otros escritos”. Que demuestra la falsedad de mentiras,
manifiestamente voluntariosas, destinadas a producirle el resultado final, que
es la revocatoria de esta sentencia. La mala fe tiene “olvidos”, las pruebas
documentales, NO.

3. Como va a ser legal admitir un recurso extemporáneo de apelación por
fuera de los términos y con autoría de una magistrada, que lo convierte en
admisible, con base a una falsedad consignada en el documento que sirve de
prueba, que es un acta, que consigna una falsedad, en el documento. Con las
pruebas en su poder. La Magistrada sabe qué hacía, y por sus conocimientos
jurídicos sabe que es considerado ilegal, proferir resoluciones manifiestamente
contrarias a la ley. Art. 413. C.P.

Luego esas actuaciones ilegales son consentidas por quienes deberían ser
garantes de la legalidad dentro del estado de derecho, y no acudir a
justificarles conductas, que se concretan en desconocer lo reconocido, con
autos jurídicos ilegales y con comportamientos en busca de un resultado ilegal
[…].

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de
mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de
20213.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:

b) Si las sentencias de 9 de marzo de 2020 y de 16 de septiembre de 2022,
proferidas, respectivamente, por el Juzgado Primero Administrativo del
1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05412-01
Accionante: Jairo Salazar Rivas

Circuito de Quibdó y por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 27001-33-33-001-2017-00034-00/01, vulneraron los
derechos fundamentales del actor, al haber incurrido en un supuesto
defecto fáctico y desconocimiento del principio de non reformatio in pejus.

13. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

15. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución7.

5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05412-01
Accionante: Jairo Salazar Rivas

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en
dichos parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

20. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

21. El ciudadano Jairo Salazar Rivas, por conducto de apoderado judicial, solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó: (i) a las sentencias 9 de
marzo de 2020 y de 16 de septiembre de 2022, proferidas, respectivamente, por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó y por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en el interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 27001-33-33-001-2017-00034-
00/01; y (ii) al Sistema Nacional de Aprendizaje -SENA-.

VIII.4.1. Del requisito general de la procedibilidad atinente a la subsidiariedad
en el caso sub examine

22. Sobre el particular, cabe recordar que dado el carácter subsidiario, excepcional y
residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la
regla general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no
puede reemplazar a los medios ordinarios de defensa judicial. Este carácter
excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05412-01
Accionante: Jairo Salazar Rivas

19919, que expresamente prescribe: «[…] La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]».

23. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo, el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza10); lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

24. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]11.

25. En igual sentido se pronunció esta Sala de Decisión cuando en sentencia de 25
de abril de 2019 expuso lo siguiente: «[…] la tutela no puede ser utilizada como
acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos
medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]»12.

26. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Ello se traduce en que, no es necesario, bajo
este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con
la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
9
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
10
Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencia T-890-11 y T-580-06.
12
Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación 11001-03-15-000-2018-04033-01(AC), Sentencia de 25 de abril de
2019. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05412-01
Accionante: Jairo Salazar Rivas

27. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

28. La jurisprudencia ha expuesto el alcance interpretativo del concepto de perjuicio
irremediable en los términos siguientes:

[…] En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo
lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un
bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva:
como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las
medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable […].13

29. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, en el caso de autos, la
parte accionante consideró que el Tribunal accionado, al proferir la sentencia de
16 de septiembre de 2022, vulneró sus derechos fundamentales invocados, por
cuanto omitió valorar «[…] la solicitud de permiso del 27 de abril de 2012, por
motivos de exámenes médicos a la ciudad de Medellín, con el sello de recibido del
SENA […]», y excedió su competencia, al estudiar de manera integral el caso
objeto de su estudio en segunda instancia, pese a que era apelante único, por lo
que, a su juicio, quebrantó el principio de non reformatio in pejus.

30. Al respecto, el actor señaló lo siguiente:

[…] En un estado de derecho un auto ilegal no puede ser vinculante y puede el
juez de oficio revocarlo, que era lo que el apoderado esperaba, pero llegan
incluso a ser aceptados en la sentencia, donde se válida violar los derechos
constitucionales, de los artículos 29 y 31 de la Constitución Nacional. Las
decisiones de los jueces o Magistrados, que quebranten las normas legales y
violen derechos fundamentales, no pueden tener fuerza de sentencia, pues
estaríamos aceptando, la implantación del establecimiento, donde prima el
poder de la fuerza de la ilegalidad y no del estado de derecho. La constitución
Nacional de 1991, en el artículo 31, consagró la posibilidad, de que
controviertan las personas las decisiones judiciales ante una segunda
autoridad, para lo cual, también prescribió la prohibición de que el juez, al
resolver la apelación, agrave la pena ya impuesta por el operador de la
primera instancia, cuando se es apelante único, es decir, se estipuló la
garantía constitucional de la non REFORMATIO IN PEJUS. Es precisa. Que
incluyendo el dolo. No aplica reformar, a lo peor. La garantía constitucional de
la non REFORMATIO IN PEJUS, la cual es aplicable no solo a procesos
punibles, sino a otras ramas del derecho, incluyendo la contenciosa
administrativa, es un derecho fundamental que consagra una de las reglas
básicas de los recursos, y es la de establecer un límite a la competencia del

13
Sentencia T-1316 de 2001.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05412-01
Accionante: Jairo Salazar Rivas

fallador de segunda instancia consistente en que su providencia debe ceñirse
respecto de los aspectos desfavorables de quien apeló, es decir, no puede
hacerse más perjudicial las consecuencias de quien ejerció el recurso. Es
prohibido agravar la situación del apelante único.

Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el
mismo se interponga el recurso de apelación, el Juez o Magistrado deberá
citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver
sobre la concesión del recurso. El artículo 192 del CPACA, contempla, que la
asistencia a la audiencia es obligatoria. Si el apelante no asiste a la audiencia,
se declarará desierto el recurso. Que es lo ocurrido en la audiencia de agosto
3 de 2021 a las 3: P.M. Se atribuye a la falta de conocimiento e interés en el
proceso, no por falta de notificación. Presenta error, el auto que concede el
recurso de apelación, que, en su elaboración, dice. “Demandada”. Cuando su
motivación refiere correctamente al demandante, que en realidad es el
apelante único. Véase la nota en la consulta de procesos, se hace saber, que
se envía al superior, pero extemporáneamente, pues ya se dio la audiencia de
conciliación, donde no asistió la parte demandada. Esta es la verdad […]».

31. A partir de lo expuesto, es claro que la discusión en cuestión está encaminada a
demostrar que en la sentencia que motivó la interposición de esta acción
constitucional se desconoció el principio de non reformatio in pejus, desmejorando
la situación del apelante único, razón por la cual esta Sala considera que el
presente conflicto devela una inconformidad que es posible que sea planteada a
través del recurso extraordinario de revisión.

32. En este contexto, es pertinente señalar que, tal como lo ha considerado con
anterioridad esta Sección14, los argumentos asociados con el desconocimiento del
principio de non reformatio in pejus dan lugar a que se promueva el recurso
extraordinario de revisión, bajo la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, en
consideración a que así lo precisó esta Corporación15 al pronunciarse respecto del
alcance de la referida causal:

[…] IV. La nulidad originada en la sentencia como causal de revisión

La nulidad originada en la sentencia, como causal de revisión, está instituida
para atacar las irregularidades procesales generadas en ella, ya que se
trata de un acto jurídico sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de
ser desoídas y “ante la improcedencia de recursos ordinarios contra ella
subsistirían groseramente”16.
Para la configuración de esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha señalado algunos requisitos. El primero es que el vicio se presente en la
sentencia y no durante el trámite del proceso, pues en tal caso debe
alegarse por el interesado durante las oportunidades previstas en el artículo
140 del C.P.C., “sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al
juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de

14
Frente al cargo de decisión sin motivación, ha señalado esta Sala que procede el recurso de extraordinario de revisión,
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de abril del 2020, número
único de radicación: 11001 03 15 000 2020 00579 00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 9 de julio de 2020, número único de radicación: 11001-03-15-
000-2020-02431-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, Sentencia del 5 de abril
del 2016, número único de radicación: 11001 03 15 000 2008 00320 00. C.P. Danilo Rojas Betancourt.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de abril de 1999, expediente 6390, C.P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora, reiterada en las sentencias de 17 de abril de 2013, expediente 1164-08, C.P. Gustavo Gómez Aranguren y de 20
de octubre de 2009, rad. 2003-00133-00(REV), C.P. Enrique Gil Botero.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05412-01
Accionante: Jairo Salazar Rivas

dictar sentencia”17.

La regla precedente no excluye, claro está, “la posibilidad de alegar como
nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento
anterior a la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser
advertida por el recurrente durante el curso del proceso”18.

En este último caso, sin embargo, como también lo ha advertido la Sala Plena
de esta Corporación, “el afectado tiene la carga de probar que no tuvo la
oportunidad de proponer la nulidad. De lo contrario, la causal de revisión se
convertiría en un mecanismo para que las partes subsanen las omisiones en
el proceso ordinario y aleguen nulidades que pudieron proponer en la
oportunidad prevista en el artículo 142 C.P.C.”19.

[...]

Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como
cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir
sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso […]”
(Resalta la Sala)

33. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que en el caso sub examine existe
otro mecanismo de defensa judicial para garantizar la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y
controvertir lo decidido en la sentencia objeto de tutela, como lo es, el recurso
extraordinario de revisión.

34. Por los anteriores razonamientos, para la Sala resulta forzoso concluir que, en
el sub lite, ante la existencia de un mecanismo judicial de defensa de los intereses
de la parte accionante, el juez de tutela no puede pronunciarse sobre el fondo de
la pretensión de amparo y efectuar un análisis de los argumentos presentados en
el escrito de tutela, en la medida en que ello implicaría reemplazar al juez de la
causa y, además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de
un perjuicio irremediable para que su solicitud de amparo procediera como
mecanismo transitorio20.

35. Por tanto, se revocará el fallo impugnado que negó el mecanismo de amparo,
para en su lugar, disponer su improcedencia, por la inobservancia del requisito
general de procedibilidad atinente a la subsidiariedad.

17
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de marzo 2 de 2010, rad. 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres Cuervo,
reiterada en las sentencias 15 de mayo de 2014, rad. 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando Bastidas y de 7 de abril
de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez.
18
Ibíd.
19
Consejo de Estado. Sala Plena, sentencia de agosto 6 de 2013, rad. 2009-00687-00, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, reiterada en la sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00 (REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez.
20
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de
acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto
no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes
requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial
transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de
ser grave, esto es, que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).

12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05412-01
Accionante: Jairo Salazar Rivas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de 9 de noviembre de 2022, proferido por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar,
DECLARAR improcedente el mecanismo de amparo de la referencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de la providencia

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P (18)

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