Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05424-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05424-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05424-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05424-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
19 de enero de 2023
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05424-00
Demandante: INGRIS INÉS POSADA PATERNINA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – subsidio de vivienda familiar.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela presentada por la señora Ingris Inés
Posada Paternina por la omisión de la Presidencia de la República, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda de asignarle el subsidio
de vivienda del programa Mi Casa Ya.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado por correo electrónico el 11 de octubre de 2022, la señora
Ingris Inés Posada Paternina, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela
contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales “a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la dignidad
humana”.
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión a la negativa de las entidades accionadas en asignarle el subsidio de Mi
Casa Ya, para que haga parte del valor del inmueble de interés social que tienen
prometido en compra con la Constructora Perfek, junto con el préstamo otorgado por
el Banco Credifamilia.
3. Solicitó el amparo de los derechos fundamentales mencionados y, en
consecuencia, requirió:
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
“(…) 1.- Solicito por favor de manera urgente que se me priorice como dice la
norma nacional e internacional que protege a las mujeres cabeza de hogar, para
que se me ASIGNÉ y se realice la transferencia del pago del subsidio de Mi casa
Ya y Semillero de propietarios, para que haga parte del pago del precio del
inmueble de interés social (tal como lo expresa la promesa de compraventa) que
tengo prometido en compra con la Constructora PERFEK junto con el préstamo
otorgado por el Banco CREDIFAMILIA.
2.- Así mismo se me asigne además la cobertura a la tasa en unos puntos
porcentuales mayores a los contemplados en la ley, dado que al incrementar las
tasas de interés bancario el valor de las cuotas mensuales en el Banco
Credifamilia han quedado muy altas.”
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La señora Posada Paternina se comprometió a adquirir una vivienda de interés
social en el proyecto Conjunto Cerrado Paisajes de María, que construyó la
Constructora Perfek en el Municipio de Itagüí. El valor del anterior predio ascendió a
$137.000.000.
5. La actora empezó a pagar la cuota inicial desde el 5 de agosto de 2020 y finalizó
el 10 de junio de 2022, cancelando un total de $14.000.000, el cual se encuentra
consignado actualmente en el Banco Davivienda.
6. Igualmente, con el fin de solventar el pago de su apartamento, el Banco
Credifamilia le otorgó un crédito hipotecario por un valor de $67.000.000.
7. Dado que cumplía con los requisitos para ser beneficiaria del subsidio de Mi Casa
Ya, por el monto de $20.000.000, el Banco Credifamilia realizó la primera marcación,
en el cual quedó en estado de “habilitado”.
8. La actora procedió a la firma de la promesa de compraventa con la Constructora
Perfek, en la cual se expresó la firma de la escritura para el 29 de abril de 2022.
9. Posteriormente, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio informó públicamente
que esa cartera carecía de recursos para continuar otorgando el referido subsidio de
vivienda para el 2022.
1.3. Fundamentos de la vulneración
10. La parte actora aseguró que la Presidencia de la República, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda vulneraron sus
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
derechos fundamentales a la igualdad, a la vida, a la integridad personal y a la
dignidad humana, por las razones que se exponen a continuación:
11. Sostuvo que requiere una “vivienda digna propia” para salvaguardar las garantías
superiores que invocó, comoquiera que por su situación económica se encontraba en
un estado de debilidad manifiesta ya que es “mujer cabeza de hogar, sin vivienda y
padeciendo por una situación económica inestable”.
12. Indicó que se desconocieron los principios de buena fe y confianza legítima,
debido a que fue registrado como “habilitado” para recibir el subsidio familiar y
después se informó que no habían fondos para continuar este año con el programa
Mi Casa Ya.
13. Señaló que, con ocasión del referido registro, firmó la promesa de compraventa y
si no se le otorga el subsidio de vivienda corre el riesgo de que la Constructora
Perfek le cobre las arras que se fijaron en el contrato, “donde se pierde la cuota inicial,
es decir todos los pagos dinerarios producto de mi mínimo vital, el cual le da la calidad de
vida a mi núcleo familiar).
14. En ese orden de ideas, precisó:
“12.- Es de esta forma como veo vulnerado mi derecho para acceder a una
vivienda digna, dada la directriz súbita expresada públicamente por la Ministra
Catalina Velasco Campuzano, en el sentido de informar que los que estamos
HABILITADOS no tendremos para ésta vigencia 2022 acceso al subsidio por
cuanto no hay dinero para ello, vulnerando el principio de progresividad y de
confianza legítima, pues confiad@ en la primera marcación donde quedé
HABILITADO (CUMPLIENDO TODAS LAS CONDICIONES PARA EL
SUBSIDIO) y con ello teniendo toda la confianza, veracidad, seriedad que da ello,
firmé una promesa de compraventa en la cual quedó expresa la forma de pago
con subsidio de MI CASA YA (Lo cual ocasiona una protección legal y
constitucional del Estado, confiando de esta forma en que las circunstancias no
iban a variar).”
15. Hizo referencia al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, a la Constitución Política de 1991, a los artículos 7 y 14 de la Ley 1437 de
2011 y a las sentencias de la Corte Constitucional T-958 de 2001, T-132 de 2015, T-
716 de 2017, T-617 de 1995, T-172 de 1997, T-406 de 1992, T-462 de 1992, T -172
de 1997, SU-225 de 1998, C-191 de 2021 y T-377 de 2000.
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Actuaciones procesales previas
16. El despacho ponente, mediante auto del 31 de octubre de 2022, ordenó remitir el
expediente del vocativo de la referencia al despacho del magistrado Jaime Enrique
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
Rodríguez Navas, con el fin de que se estudiara su posible acumulación con el
proceso N° 11001-03-15-000-2022-05400-00, en donde figura como accionante el
señor Fernando Córdoba Bermeo.
17. Lo anterior, teniendo en cuenta el informe de la Secretaría General en el que se
indicó que en la Corporación hay más de 24 procesos que “contienen similares
supuestos fácticos y jurídicos” y, además, porque se determinó que las demandas
presentadas por los señores Ingris Inés Posada Paternina y Fernando Córdoba
Bermeo guardaban identidad de causa, objeto y sujeto pasivo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 2.2.3.1.3.1. y 2.2.3.1.3.3. del Decreto 1834 de 2015.
18. El despacho del Magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, a través de
proveído del 9 de noviembre de 2022, negó la acumulación de los procesos al
considerar, entre otras cosas, lo siguiente:
“si bien ambas tutelas están dirigidas en contra de la Presidencia de la República,
el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Sostenible, y el Fondo Nacional de Vivienda
– FONVIVIENDA, no guardan identidad de partes en la medida en que, en cada
caso, están involucradas empresas constructoras y entidades financieras
diferentes, que deben ser vinculadas al trámite constitucional, puesto que les
asiste interés en la actuación, por su participación en los contratos de promesa
de compraventa y de crédito hipotecario que suscribieron con los accionantes
para la adquisición del proyecto de VIS, que cada uno escogió en las ciudades en
las que se encuentran radicados —Neiva e Itagüí—…”
1.4.2. Auto admisorio
19. Mediante auto del 25 de noviembre de 2022, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó su notificación a la Presidencia de la República, al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Fondo Nacional de Vivienda.
Igualmente, vinculó como terceros con interés a la Constructora Perfek, al Banco
Davivienda, al Banco Credifamilia, a la Cooperativa Financiera Cotrafa, al
Departamento Nacional de Planeación, a Inversiones Paisajes de María S.A.S., a la
Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal de Itagüí y a la Alcaldía de Itagüí.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.5.1. Alcaldía de Itagüí
20. Pidió negar las pretensiones de la demanda toda vez que no ha violado ningún
derecho constitucional. Puso de presente que el subsidio de Mi Casa Ya no es un
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
programa del Municipio de Itagüí, “razón por la cual no podemos acceder a lo solicitado
por la accionante, pues es el Gobierno nacional el facultado para atender los requerimientos
de la parte actora en caso de decidirse de manera favorable las pretensiones de la misma.”
1.5.2. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
21. Solicitó denegar los derechos fundamentales deprecados y su desvinculación del
presente trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva
respecto de dicha cartera, pues no es competente para conocer de las pretensiones
formuladas por la accionante, esto teniendo en cuenta que no es el sujeto legitimado
a otorgar el subsidio de vivienda que demanda la accionante, ni tampoco el llamado
a ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre la materia,
correspondiéndole dicha función al Fondo Nacional de Vivienda.
1.5.3. Fonvivienda
22. Requirió negar las pretensiones de la demanda toda vez que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno, “pues ha actuado de conformidad con la Constitución y la
Ley vigente, y lo hace garantizando los derechos fundamentales a la igualdad y debido
proceso.” Adujo que el hogar de la señora Posada Paternina se postuló en la
convocatoria Mi Casa Ya con el fin de acceder a la adquisición de vivienda nueva o
usada, siendo su estado actual “habilitado”.
23. Puso de presente que el estado “habilitado” en el marco del programa Mi Casa Ya
era el resultado de una primera verificación de requisitos que hace el establecimiento
de crédito, Caja de Compensación Familiar o entidad de economía solidaria,
indicando que el hogar cumplió con los requisitos del programa y puede continuar
con su proceso para ser acreedor del subsidio, “Sin embargo, la entidad de crédito o
economía solidaria es la que solicita la asignación del subsidio a Fonvivienda, por lo cual el
hogar aún no es beneficiario del programa.”
24. Indicó que el artículo 2.1.1.4.1.3.3. del Decreto 1077 de 2015 señala que, aunque
el hogar cumpla con los requisitos, no se genera automáticamente la obligatoriedad
para Fonvivienda de la asignación del subsidio.
25. Recordó que su función en el programa Mi Casa Ya, se limitaba a cofinanciar la
vivienda que el hogar decida adquirir, para ello el hogar suscribe un contrato de
promesa de compraventa el cual es propio de una negociación entre terceros, en el
que las partes se obligan a pactar las cláusulas que consideren pertinentes incluso o
recursos propios, “por lo que Fonvivienda no se encuentre facultada legalmente para
intervenir o gestionar solicitudes con la ejecución de proyectos en los cuales se apliquen
subsidios de vivienda del programa Mi Casa Ya, pues es decisión de la accionante y de la
constructora pactar las diferentes formas de pago de acuerdo al contrato de promesa de
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
compraventa, el cual se encuentra pactado en el anexo 12 de la acción de tutela de la
referencia.”
26. Informó que en el 2022 se tenía una meta de asignación de 65.000 cupos de Mi
Casa Ya, la cual se logró de manera anticipada. Lo anterior demostraba que no se
cuenta con disponibilidad presupuestal adicional para nuevas asignaciones durante
este año. De esta forma, recalcó que los hogares que se encuentran en estado
“habilitado” deben esperar al 2023 para continuar con su proceso.
27. Concluyó que el articulo 2.1.1.4.1.2.2. Decreto 1077 de 2015 establece que la
continuidad del programa estará condicionada a la disponibilidad fiscal.
1.5.4. Presidencia de la República
28. Solicitó su desvinculación del presente tramite constitucional por cuanto no está
legitimado en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que no tiene a su cargo
ninguno de los programas sociales del Gobierno Nacional, como lo es Mi Casa Ya,
programa del que está a cargo el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
1.5.5. Cooperativa Financiera Cotrafa e Inversiones Paisajes de María S.A.S
29. Solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional habida cuenta
que carecen de legitimación en la causa por pasiva ya que las pretensiones de la
tutela van dirigidas contra otras entidades.
30. Los demás sujetos, pese a haber sido debidamente notificados no rindieron
informe alguno.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
31. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por la señora
Posada Paternina contra la Presidencia de la República y otros, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y
333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
2.2. Cuestión previa
32. La Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la
Cooperativa Financiera Cotrafa e Inversiones Paisajes de María S.A.S. en sus
intervenciones, manifestaron que carecían de legitimación en la causa por pasiva y
solicitaron ser desvinculados del trámite constitucional del vocativo de la referencia.
33. Al respecto, la Sala advierte que negará las referidas peticiones, comoquiera que
la tutela se dirige expresamente contra la Presidencia de la República y el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, pues la señora Posada Paternina considera que
estas autoridades incurrieron en una “grave omisión” por no garantizar los recursos
para que pueda recibir el subsidio del programa Mi Casa Ya, por lo que sus
vinculaciónes se realizaron en aras de que pudieran ejercer su derecho de defensa y
contradicción.
34. Igualmente, la Cooperativa Financiera Cotrafa e Inversiones Paisajes fueron
vinculados en calidad de terceros con interés por haber intervenido en el proceso de
adquisición del inmueble del accionante.
2.3. Problema jurídico
35. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la accionante, los
argumentos del libelo introductorio, las intervenciones presentadas y el material
probatorio recaudado, el problema jurídico que subyace al caso concreto es el
siguiente:
¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales “a la
vida, a la integridad física, a la igualdad, a la dignidad humana” de la señora Ingris
Inés Posada Paternina al no asignarle el subsidio de vivienda Mi Casa Ya,
pese a encontrarse en estado “habilitado”?
2.4. Razones jurídicas de la decisión
36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i)
las generalidades de la acción de tutela; (ii) programa de promoción de acceso a la
vivienda de interés social Mi Casa Ya; y (iii) caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
37. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
que indica el Decreto 2591 de 1991.
38. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable1.
2.6. Programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social Mi Casa
Ya
39. El programa Mi Casa Ya fue creado mediante el Decreto 0428 de 2015 e
implementado por el Decreto 428 de 2015 por el Gobierno Nacional con la finalidad
de implementar un programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social,
dirigido a familias con ingresos hasta por el equivalente de cuatro (4) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a las que se les subsidiará parte del valor total
de su vivienda y la tasa de interés del crédito que contraten con el banco de su
elección.
40. Para dichos efectos, los hogares deben cumplir las siguientes condiciones:
a. Tener ingresos totales mensuales superiores al equivalente a dos (2) salarios
mínimos mensuales legales vigentes y hasta por el equivalente a cuatro (4) salarios
mínimos mensuales legales vigentes;
b. No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional;
c. No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una
Caja de Compensación Familiar;
d. No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por el
Gobierno nacional, que haya sido efectivamente aplicado, salvo quienes hayan
perdido la vivienda por imposibilidad de pago, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Ley 546 de 1999 o cuando la vivienda en la cual se haya aplicado el
subsidio haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable como
consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, o
atentados terroristas, o que haya sido abandonada o despojada en el marco del
conflicto armado interno;
e. No haber sido beneficiarios, a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés,
1
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
establecidas en los Decretos números 1143 de 2009, 1190 de 2012, 0701 de 2013 o
161 de 2014, y las normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan;
f. Contar con un crédito aprobado para la adquisición de la solución de vivienda. Este
requisito se acreditará con una carta de aprobación de crédito que deberá consistir
en una evaluación crediticia favorable emitida por un establecimiento de crédito o el
Fondo Nacional del Ahorro.
41. Asimismo, el interesado puede elegir la vivienda que mejor le convenga en el
proyecto que más le llame la atención. Una vez decida qué vivienda comprar debe
acercarse a la entidad financiera de su elección o al Fondo Nacional del Ahorro y
tramitar el crédito hipotecario cobijado con la medida. Los subsidios se asignan de
manera individual, por lo que no se efectúan convocatorias para presentación de
proyectos y, en tal sentido, la asignación del subsidio familiar de vivienda depende
del cumplimiento de los requisitos por parte de los hogares.
2.7. Caso concreto
42. Por políticas de transparencia, esta Sala reiterará y acogerá algunas de las
consideraciones expuestas en fallos proferidos por las Secciones Segunda y Quinta
del Consejo de Estado2, que han versado sobre el mismo tema que acá se discute.
Esto es, la vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna debido a la
omisión en la asignación del subsidio de vivienda Mi Casa Ya, pese a encontrarse en
estado habilitado.
43. Según se dejó visto, la señora Ingris Inés en su condición de madre cabeza de
familia, considera vulnerado su derecho fundamental a la vivienda digna al no serle
adjudicado el subsidio de vivienda Mi Casa Ya, pese a que su hogar se encuentra en
estado habilitado y ya suscribió promesa de compraventa con la constructora a cargo
del proyecto de vivienda al cual aplicó.
44. Fonvivienda en el escrito allegado a la contestación de la tutela adujo lo
siguiente:
“El estado “HABILITADO” en el marco del programa Mi Casa Ya es el resultado
de una primera verificación de requisitos que hace el establecimiento de crédito,
Caja de Compensación Familiar o entidad de economía solidaria, indicando que
el hogar cumplió con los requisitos del programa y puede continuar con su
2
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, sentencia del 17.11.2022, Rad. 11001-03-
15-000-2022-05428-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, sentencia del 03.11.2022, Rad. 11001-03-15-
000-2022-05421-00, M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia del 15.12.2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-05442-
00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
proceso para ser acreedor del subsidio. Sin embargo, la entidad de crédito o
economía solidaria aún no ha solicitado la asignación del subsidio a Fonvivienda,
por lo cual el hogar aún no es beneficiario del programa.
Así mismo, el Decreto 1077 de 2015 señala que, aunque el hogar cumpla con los
requisitos, no se genera automáticamente la obligatoriedad para Fonvivienda de
la asignación del subsidio.
“ARTÍCULO 2.1.1.4.1.3.3. Verificación de información. FONVIVIENDA
determinará el sistema mediante el cual se realizará la verificación de
las bases de datos a que haya lugar, para establecer si un hogar
cumple con las condiciones señaladas en los literales a, b, c, d, y e
del artículo 2.1.1.4.1.3.1 del presente decreto. (…)
Parágrafo. El cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario
del Programa, de conformidad con este artículo, no genera para
FONVIVIENDA la obligación de asignar el subsidio a que se refiere el
mismo, lo cual solo se hará de conformidad con lo establecido en la
subsección 5 de esta sección.” (Subrayado fuera de texto).
Aunado a lo anterior, el Decreto 1077 de 2015 exime a Fonvivienda de
responsabilidad alguna frente a los negocios jurídicos celebrados entre el hogar y
el vendedor.
“ARTÍCULO 2.1.1.4.1.3.4. Responsabilidad para FONVIVIENDA.
FONVIVIENDA no será responsable de verificar el cierre financiero
del hogar para la adquisición de la vivienda, ni el cumplimiento de los
requisitos por parte del hogar para la suscripción de un contrato de
leasing habitacional, ni las condiciones necesarias para la obtención
de cartas de aprobación de crédito o de aprobación de operaciones
de leasing habitacional. Tampoco será parte de los negocios jurídicos
que realice el hogar beneficiario del Programa con el vendedor de la
vivienda ni con la entidad que otorgue el crédito o leasing habitacional
necesario para la adquisición de la misma” (Subrayado fuera de
texto).
Una vez realizadas estas precisiones, nos permitimos reiterar que en 2022 se
tenía una meta de asignación de 65.000 cupos de Mi Casa Ya, la cual se logró de
manera anticipada. Lo anterior indica que no se cuenta con disponibilidad
presupuestal adicional para nuevas asignaciones durante este año. De esta
forma, los hogares que se encuentran en estado “HABILITADO” deben esperar al
2023 para continuar con su proceso.”
45. Así, para lo que corresponde en el sub judice se tiene que, en efecto, la señora
Posada Paternina se postuló para ser beneficiaria del subsidio de vivienda Mi Casa
Ya y que, actualmente, se encuentra en estado “habilitado”, lo que, en términos de lo
señalado por Fonvivienda corresponde “ a la primera verificación de requisitos que hace
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
el establecimiento de crédito, Caja de Compensación Familiar o entidad de economía
solidaria, indicando que el hogar cumplió con los requisitos del programa y puede continuar
con su proceso para ser acreedor del subsidio”. Para el caso, hace referencia a la
primera verificación de requisitos realizada por el Banco Credifamilia para acceder al
subsidio.
46. No obstante, se evidencia que dicha entidad también fue clara en sostener que
dado que en el año 2022 se tenía la meta de asignación de 65.000 cupos, y que,
comoquiera que esta se logró de manera anticipada, en dicha vigencia no se contaba
con disponibilidad presupuestal adicional para nuevas asignaciones de subsidios Mi
Casa Ya, de manera que los hogares que se encontraran en estado habilitado
debían esperar hasta el año 2023 para continuar con su proceso.
47. En esos términos, se encuentra que además del cumplimiento de requisitos por
parte de los postulantes, el acceso al subsidio en mención está sujeto a condiciones
presupuestales para su asignación, frente a lo que el juez de tutela no tiene cabida,
pues resulta ajena a la finalidad de protección inmediata de los derechos
constitucionales alegados, por lo que, es diáfano, que en el asunto no existe la
vulneración endilgada.
48. Frente al punto, la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante fallo del 15
de diciembre de 20223 explicó lo siguiente:
“(…) se advierte que el juez de tutela no es el competente para otorgar
subsidios de vivienda y emitir órdenes que afecten el presupuesto del
Estado.
Además, la administración es quien tiene los recursos técnicos para establecer
con certeza cuál es el ciudadano que en realidad puede ser beneficiario del
subsidio familiar y, si es del caso, entregar la suma de dinero que corresponda
teniendo en cuenta el presupuesto destinado para tal fin.
Igualmente, en caso de que se niegue el reconocimiento del subsidio el
ciudadano puede demandar esa decisión ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para que el juez natural de la causa determine si la administración
actuó de manera ilegal.” (Negritas propias).
49. Así, el hecho de que una persona o un núcleo familiar se encuentre en condición
de habilitado, no implica per se que las políticas públicas creadas por el Gobierno
nacional —para precaver la protección del derecho a la vivienda digna— sean de
acceso directo por parte de los postulantes, toda vez que dichas políticas están
3
Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia del 15.12.2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-05442-
00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
sujetas a condiciones y procedimientos de verificación y, por demás, al presupuesto
que se destine para llevarlos a cabo.
50. De aquí que al no verificarse en el caso la vulneración endilgada, no es
procedente acceder a la protección de este derecho fundamental a la vivienda digna,
lo que deviene en la denegatoria de las pretensiones de tutela.
51. En relación con la segunda pretensión, la Sala precisa que el incremento de las
tasas de interés es una situación que afecta a todas las personas y que es producto
de las decisiones del Banco de la República de intervenir en la economía nacional y
cumplir con la función constitucional que se le encomendó.
52. Ahora bien, el grado de intervención del emisor en la tasa de interés bancaria es
el punto de referencia que observan los agentes del sistema financiero colombiano
para fijar el monto de los intereses que cobrarán por prestar dinero y que se traduce
en sus ganancias.
53. Esto quiere decir que cada banco cobra lo que estime necesario para que su
actividad comercial le genere réditos y al existir varios competidores en el mercado
hay diferentes tasas de interés.
54. Luego, cada ciudadano es libre de elegir el banco con el que desea adquirir
servicios financieros y tiene la posibilidad de determinar cuál entidad bancaria le
conviene más para que le preste dinero.
55. Por las razones expuestas, no puede considerarse que una tasa de interés
presuntamente “alta” afecte alguna de las garantías constitucionales que invocó la
señora Posada Paternina.
56. En este punto, conviene reiterar que el incremento de las tasas de interés es una
situación que afecta a todas las personas y que incluso jurídicamente debe ser
soportada por ellas, pues son decisiones que adopta el Banco de la República con el
fin de evitar circunstancias económicas graves.
57. En consecuencia, esta pretensión también habrá que negarse.
2.8. Conclusión
Así las cosas, esta Sala considera que no se quebrantaron las garantías
constitucionales de la señora Posada Paternina al no serle asignado el subsidio de
vivienda del programa Mi Casa Ya al cual aplicó, toda vez que su entrega se
encuentra sujeto a un procedimiento de verificación y a condiciones presupuestales,
por lo que se negarán las pretensiones de la acción de tutela.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, la Presidencia de la República, la Cooperativa
Financiera Cotrafa e Inversiones Paisajes, por lo expuesto.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda de la tutela presentada por la
señora Ingris Inés Posada Paternina, de conformidad con la parte considerativa de
esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
(Firmado electrónicamente)
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ingris Inés Posada Paternina
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05424-00
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.