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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05433-00

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05433-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05433-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

18 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05433-00
Accionante: DANGET DAMIÁN PACHÓN PEÑALOZA y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE
DECLARA IMPROCEDENTE. No cumple el requisito de relevancia
constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por
los señores Danget Damián Pachón Peñaloza, Lisset Paola Pachón Peñaloza
y Karen Yizeth Pachón Peñaloza.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los ciudadanos Danget Damián Pachón Peñaloza, Lisset Paola Pachón
Peñaloza y Karen Yizeth Pachón Peñaloza, a través de apoderado judicial,
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a las
sentencias de 21 de marzo de 2013 y de 8 de junio de 2022, proferidas,
respectivamente, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, dentro del medio de
control de reparación directa número 76001-23-31-000-2006-02175-00/01.

II. HECHOS

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan
la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestaron que el señor Danget Pachón se desempeñaba como comerciante
de zapatos y que, para el año 2004, residía en el distrito de Cali.

2.2. Señalaron que el 2 de junio de 2004, la Fiscal 142 Seccional de Palmira, María
Elizabeth Guerrero Gutiérrez, junto con dos miembros del Cuerpo Técnico de
Investigación – CTI y dos miembros de la Policía Nacional, realizaron un
allanamiento a su vivienda y le hurtaron «[…] una suma considerable de dólares
[…]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05433-00
Demandante: Danget Damián Pachón Peñaloza y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A

2.3. Indicaron
que, con ocasión a lo anterior, la justicia ordinaria condenó a la
señora María Elizabeth Guerrero Gutiérrez por su participación en los delitos de
concusión, falsedad ideológica en documento público y destrucción, supresión u
ocultamiento de documento público.

2.4. Aseveraron que, adicionalmente, las demás personas relacionadas en el caso
admitieron su responsabilidad penal.

2.5. Manifestaron que, con ocasión a lo anterior, promovieron demanda de acción
de reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación y de
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con miras a que se
les indemnizara con la suma de $1.127’886.900, monto que cubría «[…] a) los
daños y perjuicios materiales, patrimoniales, incluyendo el lucro cesante, los
interese compensatorios de lo que sumen, desde la fecha de causación del daño y
hasta la fecha de la indemnización en la cuantía que resulte demostrada. b) Los
perjuicios morales a razón de mil (1.000) gramos oro fino a cada uno de los
demandantes […]».

2.6. Adujeronque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia de 21 de marzo de 2013, negó las pretensiones de la demanda.

2.7. Señalaron que, en contra de la decisión judicial anterior, se interpuso recurso
de apelación.

2.8. Relataron que, mediante sentencia de 8 de junio de 2022, la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera
instancia, ya que consideró que el daño irrogado a los demandantes «[…] derivó
de una conducta personal de los agentes estatales asociada a la comisión de
conductas delictivas las cuales, son completamente ajenas al servicio público
encomendado a la Fiscal 68 y a los agentes del C.T.I […]».

2.9. Afirmaron que en la anterior decisión se incurrió en un defecto sustantivo, por
cuanto se omitió aplicar el artículo 90 de la Constitución Política y 136 del C.C.A.,
ya «[…] que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños causados
por sus agentes, y para este caso, en actuaciones relacionadas en el servicio, o
como nexo con el mismo […]».

2.10. Aseguraron que se configuró un defecto fáctico, en tanto se «[…] omitió la
valoración probatoria contenida en las declaraciones de las víctimas, en los
informes del DAS, en la aceptación de los cargos ante la justicia penal por parte
de los victimarios, por el fallo penal que condenó por CONCUSIÓN y FRAUDE EN
DOCUMENTO PÚBLICO […]».

2.11. Indicaron que se incurrió en desconocimiento del precedente porque se omitió
la aplicación de las reglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de 16 de julio

3

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Demandante: Danget Damián Pachón Peñaloza y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A

de 2008 y de 27 de abril de 2016, proferidas por la Sección Tercera de esta
Corporación, a través de la cual se determinó el alcance de la responsabilidad del
Estado «[…] por la omisión de la Policía Nacional respecto del control y vigilancia
sobre los hombres a su cargo […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Con el debido respeto solicito a los honorables Consejeros se declare la
existencia de la violación de los derechos fundamentales (artículo 1°, 13, 29,
123 228 y 209 de la constitución política) y, en segundo lugar, con base en la
anterior declaración, que la misma jurisdicción proceda a amparar el derecho
vulnerado, mediante el procedimiento de órdenes, que en el caso concreto,
las vías de hecho judiciales consisten en ordenar dejar sin efecto la
providencia judicial del Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección “A”,
que vulneraron los derechos aquí demandados en tutela y que en
consecuencia se ordene amparar y modificar la sentencia de segunda
instancia, SE REVOQUE o deja son efectos la sentencia de segunda
instancia y se ordene hacer nuevo fallo favorable estudiando principalmente la
SITUACION FACTICA sobre la participación de los agentes del estado en el
servicio público, el DEBIDO PROCESO acogiendo los argumentos expuestos
en el salvamento de voto de la señora Consejera ADRIANA MARIN.
Que se estudie la situación fáctica, de cómo los agentes del estado, haciendo
uso de su investidura, en actos del servicio, se presentaron ante las víctimas
con visos de legalidad, pero con el único fin, de doblegar la confianza y
causar un daño […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El consejero a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 18 de
octubre de 2022, admitió la presente acción de tutela. En la misma providencia
vinculó, como tercero con interés directo en el resultado del proceso, a la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional, a la Nación – Fiscalía General de la Nación,
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a las señoras Érika Patricia
Peñaloza Morales y María Elizabeth Guerrero Gutiérrez.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,
se produjo la siguiente intervención:

5.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del
consejero ponente, señaló que la presente acción de amparo era improcedente
porque «[…] i) el asunto carece de relevancia constitucional; (ii) la sentencia está
fundada en los lineamientos jurisprudenciales aplicables al caso y, (iii) se profirió
en estricto apego a las garantías sustanciales y procesales que informan el debido
proceso […]».

4

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Demandante: Danget Damián Pachón Peñaloza y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A

5.2. En ese sentido, explicó que la presente acción de amparo buscaba habilitar una
tercera instancia del proceso ordinario, lo cual desnaturalizaba la finalidad de la
acción de tutela.

5.3. Adicionalmente, indicó que la providencia cuestionada en esta oportunidad, con
miras a resolver el caso, aplicó el «[…] test de conexidad, que garantiza de
manera objetiva la existencia o no de circunstancias modales que permiten
determinar si el daño deviene imputable o no a la administración pública por lo que
para la demostración del nexo con el servicio es imperativo que se acredite el
ánimo, la intención o la finalidad que tuvo el agente estatal al momento de la
producción del daño, con el objetivo de establecer si los motivos fueron personales
o, si por el contrario, se relacionaron con la prestación del servicio público […]».

5.4. Igualmente, indicó que en la sentencia de 8 de junio de 2022 se observó lo
siguiente: «[…] que: i) la inspección judicial realizada el 18 de junio de 2004 al
despacho de la Fiscalía Seccional 142 de Palmira reveló que el allanamiento
realizado al inmueble de los demandantes no tenía soporte o fundamento legal
alguno, en la medida en que dicha actuación fue producto de una simulación, en la
que se crearon documentos que no reflejaban un nexo sustancial ni procesal con
la investigación adelantada por el ilícito de tráfico de inmigrantes; ii) la declaración
rendida por la Jefe de la Unidad de Policía judicial del C.T.I. Palmira, Ana Felisa
Martínez Marín develó la premeditación del acto delictivo, por cuanto la ex
funcionaria judicial le solicitó el apoyo de los señores Raúl Rojas y Jorge Hurtado,
para realizar el procedimiento cuestionado; y, iii) la providencia del 9 de noviembre
de 2004 evidenció que, pese a tener su competencia territorial en la ciudad de
Palmira y no contar con una asignación previa del Director Nacional o el Fiscal
General de la Nación, la ex fiscal y los funcionarios del C.T.I., se trasladaron a
practicar el operativo a la ciudad de Cali […]».

5.5. LaPolicía Nacional, mediante escrito allegado por la asesora del sector
defensa N° 16, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción de
tutela por considerar que no se evidenciaba una vulneración a los derechos
fundamentales de los accionantes.

5.6. Señaló que la actuación de los agentes que llevaron a cabo el allanamiento el 2
de junio de 2004 «[…] netamente personal desligada del ejercicio de sus funciones
oficiales y para los cuales fueron objeto de medida de aseguramiento por los
delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público tal como se
expone puntualmente en su providencia el ad-quem […]».

5.7. Por último, manifestó que no se encontraba acreditada la configuración de un
perjuicio irremediable, por lo que esta acción constitucional era improcedente
como mecanismo transitorio.

5.8. La Fiscalía General de la Nación, a través de la dirección de asuntos jurídicos,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción constitucional luego
de considerar que: «[…] (i) el apoderado de los accionantes no da cuenta de por

5

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qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia
objeto de esta acción, no hizo uso de este, (ii) no sustentó las causales
específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente, y (iii)
pretende retrotraer actuaciones procesales […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la acción de tutela
presentada por la parte actora, en virtud de lo previsto en el Decreto Ley 2591 de
19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de
6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 80 de 2019, respecto de la
distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si las sentencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia de la parte accionante, con ocasión de haberse presuntamente
incurrido en defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.

8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. En sentencia de 31 de julio de 20123, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05433-00
Demandante: Danget Damián Pachón Peñaloza y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial4, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución5.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión6” que se encaje en
dichos parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,

4
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
5
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
6
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

7

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seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. Los ciudadanos Danget Damián Pachón Peñaloza, Lisset Paola Pachón
Peñaloza y Karen Yizeth Pachón Peñaloza, a través de apoderado judicial,
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a las
sentencias de 21 de marzo de 2013 y de 8 de junio de 2022, proferidas,
respectivamente, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, dentro del medio de
control de reparación directa número 76001-23-31-000-2006-02175-00/01.

VI.4.1. De la relevancia constitucional

17. Cabe recordar que la relevancia constitucional se entiende satisfecha cuando se
acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental7 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces8.

18. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5
agosto de 2014, sostuvo que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
(…)
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la
acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será
rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno
a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera
legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas

7
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
8
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05433-00
Demandante: Danget Damián Pachón Peñaloza y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A

cuestiones carecerían de relevancia constitucional […]9. (Subrayado fuera del
texto)

19. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales10.

20. Frente a los presupuestos que deben concurrir para tener por cumplido el
requisito general de procedibilidad de tutela contra providencia judicial atinente a la
relevancia constitucional, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-439
del 13 de julio de 2017, precisó lo siguiente:

[…] la Corporación ha precisado que, tratándose de acciones de tutela promovidas
contra actos administrativos, debe tenerse en cuenta que la relevancia
constitucional concurre siempre y cuando la controversia no sea meramente
legal y/o de carácter económico, ya que al juez de tutela no le corresponde
zanjar tales aspectos11.
(…)
60. Al igual que los anteriores presupuestos, la Sala observa que el asunto
examinado también carece de relevancia constitucional, pues, en esencia, la
discusión gira en torno a aspectos legales y económicos, los cuales no son
de competencia del juez de tutela sino del juez ordinario […]12. (Negrillas de la
Sala)

21. En otra oportunidad, mediante sentencia T – 447 de 10 de diciembre de 2021, la
Corte Constitucional reiteró los presupuestos que se deben cumplir para que un
asunto realmente tenga relevancia constitucional, en los siguientes términos:

[…] La jurisprudencia constitucional ha detallado con suficiencia los tres
criterios de análisis antes referidos para establecer si una tutela contra
providencias judiciales tiene relevancia constitucional. En primer lugar, la
controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal
y/o económico, ya que estas discusiones deben ser resueltas a través de los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite. En segundo lugar, el objeto
de la acción tutela debe revestir
una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional. Por tal razón,
los asuntos en los que se invoca la protección de derechos
fundamentales pero cuya solución se limita a la interpretación y

9
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-00).
11
Ver sentencia SU-498 de 2016.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-439 del 13 de julio de 2017, exp. No. T-4.770.440, M.P. Dr.
Alberto Rojas Ríos.

9

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aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia
constitucional. En tercer lugar, la tutela no es una tercera instancia o
recurso adicional para reabrir debates propios del ámbito legal. Esta
exigencia conlleva valorar si la decisión cuestionada se fundamentó en
una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, pues solo así se garantiza “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales como de los de las demás jurisdicciones” […]13.
(negrillas fuera del texto)

22. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202214
precisó los deberes del juez constitucional al momento de estudiar la denominada
relevancia constitucional y, en tal sentido, señaló:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de

13
Corte Constitucional, sentencia T-447 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05433-00
Demandante: Danget Damián Pachón Peñaloza y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A

reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]».
[negrillas de la Sala]

23. De acuerdo con las anteriores citas jurisprudenciales, para la Corte Constitucional
no basta con que el actor invoque el texto constitucional o la simple enunciación de
la supuesta vulneración de uno o varios derechos fundamentales por parte de la
autoridad accionada, en tanto dicho atentado debe ser explicado y
fundamentado desde la óptica de la protección que la Constitución Política
ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

24.De esta manera, en criterio de la Corte Constitucional, se concilia la necesidad
de proteger los derechos fundamentales con el deber de protección de los
principios constitucionales relacionados con la seguridad jurídica, la cosa
juzgada y la autonomía judicial, los cuales podrían comprometerse en el
evento en que se generalice la práctica de utilizar la acción de tutela como
una tercera instancia judicial15.

25. Descendiendo al caso de la referencia, la Sala advierte que la actora aduce que
en el fallo judicial objeto de la presente acción constitucional se incurrió en los
siguientes defectos:

25.1. En un defecto sustantivo porque la autoridad judicial omitió aplicar el artículo
90 de la Constitución Política y 136 del C.C.A., ya «[…] que el Estado debe
responder patrimonialmente por los daños causados por sus agentes, y para este
caso, en actuaciones relacionadas en el servicio, o como nexo con el mismo […]».

25.2. En un defecto fáctico porque la autoridad judicial accionada «[…] omitió la
valoración probatoria contenida en las declaraciones de las víctimas, en los
informes del DAS, en la aceptación de los cargos ante la justicia penal por parte
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación No. 11001-03-15-000-2019-01575-01(AC).

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05433-00
Demandante: Danget Damián Pachón Peñaloza y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A

de los victimarios, por el fallo penal que condenó por CONCUSIÓN y FRAUDE EN
DOCUMENTO PÚBLICO […]». Estas pruebas, a juicio de la parte actora,
permitían concluir que la personas que realizaron el allanamiento el 24 de junio de
2004, lo hicieron validos de su condición de agentes del Estado. Por esta razón no
era posible eximir de responsabilidad al Estado, bajo el argumento de que los
sujetos causantes del daño actuaron de manera personal.

25.3. En un desconocimiento del precedente porque se omitió la aplicación de las
reglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de 16 de julio de 2008 y de 27 de
abril de 2016, proferidas por la Sección Tercera de esta Corporación, a través de
la cual se determinó el alcance de la responsabilidad del Estado «[…] por la
omisión de la Policía Nacional respecto del control y vigilancia sobre los hombres
a su cargo […]».

25.4. Tambiénseñaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
orgánico y en un defecto procedimental absoluto. Sin embargo, no explicó las
razones por las que se habría incurrido en dichas causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

26. Una vez expuestos los argumentos de la presente acción de amparo, la Sala
debe advertir que, en desarrollo del precedente contenido en la sentencia de
unificación SU - 215 de 2022, la sola enunciación de la vulneración de un derecho
fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de un defecto
es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional.

27. En ese orden de ideas, el máximo Tribunal Constitucional señaló que, además
de la obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados
y de precisar los motivos por los cuales se configuró el defecto denunciado, los
accionantes deben hacer una exposición a partir de la cual se evidencie que el
caso en cuestión: (i) tiene la «entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»;
(ii) que el alcance de la controversia «no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas», y (iii) que se «justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales».

28. En ese orden de ideas, y siguiendo el citado precedente, esta Sección
considera que la controversia planteada en esta ocasión carece de relevancia
constitucional porque en la discusión expuesta por los señores Danget Damián
Pachón Peñaloza, Lisset Paola Pachón Peñaloza y Karen Yizeth Pachón
Peñaloza no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho
fundamental. En este aspecto, la Sala debe precisar que, aunque la parte actora
aduce que fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, lo cierto es que no existe un desarrollo
argumentativo en el que se expliquen las razones por las que considera que
se afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial de sus derechos

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05433-00
Demandante: Danget Damián Pachón Peñaloza y otros
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fundamentales con ocasión de la expedición de la sentencia de 8 de junio de
2022.

29. También se resalta que los argumentos que fundamentan la presente acción de
amparo, más que girar en torno a la presunta vulneración del núcleo esencial de
los derechos fundamentales, son una reiteración de los argumentos que se
plantearon dentro del proceso contencioso objeto de tutela.

30. Así las cosas, y conforme a lo precisado en las sentencias de unificación SU –
128 de 2021 y SU – 215 de 2022, encuentra la Sala que lo que pretende la parte
accionante a través de esta acción constitucional es que esta Sección, en su
condición de juez constitucional, actúe como una tercera instancia del proceso de
acción de reparación directa y, en consecuencia, valore los argumentos por los
que considera que debe accederse a las pretensiones de la demanda.

31. Valga resaltar que la acción de «tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado». Significa lo
anterior, en palabras de la Corte Constitucional, que este «mecanismo de amparo
constitucional» no puede ser «utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial»; ya que en «el marco de
cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones de los
jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos». En esa medida,
«[s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara arbitrariedad judicial,
solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra providencias
judiciales».

32. Así las cosas, la Sala debe concluir que, si bien el actor identificó que la
sentencia 8 de junio de 2022 incurrió en un defecto fáctico, en un
desconocimiento del precedente jurisprudencial y en un defecto sustantivo,
lo cierto es que los argumentos que sustentan esta acción no se hicieron desde
una óptica constitucional, por lo que el debate que se plasma en el escrito de
amparo es de mera legalidad y, en ese sentido, la resolución de dicho debate fue
zanjado por la Sección Tercera de esta Corporación en el fallo enjuiciado.

33. Adicionalmente, no se puede ignorar que esta acción constitucional se
encuentra dirigida contra un fallo proferido por una de las Salas de Decisión
que integran esta alta Corte, lo que implica que, en aplicación del precedente
constitucional, su procedencia sea más restrictiva por cuanto «[…] solo tiene
cabida cuando la decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límite de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad […]»16,
circunstancias que en el sub examine no se advierten.

16
Corte Constitucional, sentencia SU 917 de 2010, reiterada en sentencias 050 y 573 de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05433-00
Demandante: Danget Damián Pachón Peñaloza y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A

34. En virtud de todo lo expuesto, la Sala concluye que la presente acción
constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por lo que
declarará improcedente el presente mecanismo de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. (p:15)

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