Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05437-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05437-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05437-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
16 de diciembre de 2022
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05437-00
Accionante: Iván de Jesús Prada Camaño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05473-01
Accionante: IVÁN DE JESÚS PRADA CAMAÑO
Demandados: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE SINCELEJO Y OTRO
Tema: No es procedente la acción de tutela que se interpone con el
fin de proteger el derecho fundamental de petición, cuando
para el momento de presentar el amparo constitucional está
pendiente de resolver el recurso de insistencia, en razón a
que no se satisface el requisito de subsidiaridad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA – ACCIÓN DE TUTELA
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora en
contra de la sentencia de 27 de octubre de 2022, proferida por la Subsección
“A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Iván de Jesús Prada Camaño solicitó el amparo de su derecho
fundamental de petición el cual, a su juicio, fue vulnerado por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, por cuanto dicha
autoridad, a la fecha de presentación de la tutela, no había dado respuesta
de fondo a la petición presentada vía electrónica el día 5 de agosto de 2022,
por medio de la cual solicitó copia de la hoja de vida del señor JAIR LEONID
CASTILLA GONZÁLEZ, que obra dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 70001-33-33-003-2009-
00006-00.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El 26 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Primera de Decisión Oral, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo.
2.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo allegó
informe en el que indica que, mediante correo electrónico de fecha 29 de
abril de 2021, el juzgado le envió al peticionario el expediente en el que
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Accionante: Iván de Jesús Prada Camaño
obra la hoja de vida que solicita en su petición del 5 de agosto de 2022 y
que por tanto desde esa fecha tenía acceso a dicho documento. Agrega que
en esta nueva oportunidad se negó la expedición de copias, en razón a la
aplicación de la reciente posición jurisprudencial del Tribunal Administrativo
de Sucre sobre el tema de expedición de copia de hojas de vida. Por último,
indica que el accionante presentó recurso de insistencia contra la negativa
de expedición de copias y que el día 29 de agosto de 2022 se remitió la
documentación al Tribunal Administrativo de Sucre para que se surta el
trámite respectivo.
2.3. Mediante sentencia de 7 de septiembre de 2022 el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión Oral, negó el amparo
solicitado.
2.4. Contra la anterior decisión la parte actora presentó impugnación,
recurso que fue concedido por auto de 15 de septiembre de esta anualidad.
2.5. El 7 de octubre de 2022 la Subsección “A” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dejó sin efectos todo lo actuado desde el auto admisorio
de la tutela, salvo las pruebas e informes rendidos en el curso de la
actuación, en razón a que al Tribunal Administrativo de Sucre le asiste
interés dentro de la presente actuación por cuanto ante dicha corporación
se tramita el recurso de insistencia. En esta misma providencia avocó
conocimiento, admitió la acción de tutela formulada por el señor Iván de
Jesús Prada Camaño en contra del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo y vinculó al Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Tercera de Decisión.
2.6. El Tribunal Administrativo de Sucre presentó informe en el que solicita
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en
que las pretensiones de la acción de amparo no están llamadas a ser
satisfechas por dicha autoridad, ya que la petición que dio origen a la tutela
está dirigida al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo. Agrega que la solicitud de amparo no se presentó en contra de
dicha autoridad, así como tampoco en contra de providencia alguna
proferida por esa corporación judicial.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia de 27 de octubre de 2022, la Subsección “A” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción
de tutela, al estimar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad.
Señala que, para la fecha en que se instauró la petición de amparo, no se
había resuelto el recurso de insistencia, el cual se encontraba en trámite;
de ahí que la acción de tutela se torne improcedente, comoquiera que el
peticionario no puede acudir paralelamente a este medio de protección de
derechos fundamentales, para que se resuelvan las discusiones que deben
efectuarse al interior del recurso de insistencia, pues de hacerlo el juez
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constitucional invadiría las competencias que le fueron atribuidas a otra
autoridad judicial.
Afirma que, si bien a la fecha de la expedición de la providencia el Tribunal
Administrativo de Sucre ya resolvió ese recurso, no es posible emitir un
pronunciamiento de fondo, pues el accionante no planteó ningún reparo en
concreto frente a esa decisión ni alegó la configuración de alguna causal
específica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Aduce que tampoco es posible analizar directamente la respuesta brindada
por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, sin
examinar el proveído que resolvió el recurso de insistencia y que puso fin a
la discusión sobre la entrega de la documentación solicitada por el
accionante, pues ello desconocería el principio del juez natural.
Resalta que el actor no expuso ningún argumento para acreditar la probable
ocurrencia de un perjuicio irremediable y tampoco se evidencia una
circunstancia de vulnerabilidad que exija la intervención del juez
constitucional.
Finalmente, manifiesta que no accede a la solicitud formulada por el
Tribunal Administrativo de Sucre, consistente en declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que a dicha autoridad le asiste
interés en la presente acción por ser quien resolvió el recurso de insistencia
interpuesto contra la respuesta brindada por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.
IV. IMPUGNACIÓN
Inconforme con la decisión adoptada, la parte actora impugnó el fallo de
primera instancia al señalar que la tutela es procedente, pues, en su criterio,
el juez tutelado vulnera la normatividad y la jurisprudencia al negarse a
responder de fondo. Indica que el asunto se resume en determinar si es
posible o no acceder a una hoja de vida que incluye estudios académicos de
un funcionario público, y que dicha información no está amparada bajo el
fuero de reserva.
Asegura que agotar el recurso de insistencia corresponde a un tema de lealtad
procesal y que debe prevalecer el derecho fundamental a que se le entregue
la información que no está sometida a reserva.
Destaca que “Todos los jueces hasta el momento se han ido por las ramas
y ninguno explica de fondo ¿Por qué la hoja de vida pedida es una cosa
sometida a reserva?
Con el escrito de impugnación allega copia de la providencia del 8 de mayo
de 2019, radicado No. 81001-2339-000-2019-00037-00, la cual asegura
indica que “las hojas de vida de los funcionarios públicos son escrutables
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por el común de las personas mediante el sano ejercicio del derecho de
petición para conocer sus calidades académicas”.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el
artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017, y en virtud del
artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala
Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del
presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. El 5 de agosto de 2022, el señor Iván de Jesús Prada Camaño elevó
derecho de petición ante el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo
(Sucre), en el cual solicitó:
“1. […] se sirva expedirme copia pdf, vía electrónica de las siguientes piezas
procesales: una hoja de vida que consta de dos folios suscrita por el señor
JAIR LEONID CASTILLA GONZÁLEZ, identificado con la CC No. […]. Dicha hoja
de vida se encuentra dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con rad No. 700013333003- 2009-0000600.
2. Solicito señor juez, no hacer pronunciamiento jurídico, ni argumentativo
alguno, solo le pido comedidamente expedirme copia en pdf, digital, de los
dos folios a los que hago referencia (folios 186-187), la cual contiene datos:
como que el señor JAIR CASTILLA egreso de un colegio de bachiller en la
ciudad de Cartagena llamado CORPEDUCA, y contiene datos de que hizo curso
de informática básica y contabilidad en una institución llamada INCECOM.
[…]”
5.2.2. El 25 de agosto de 2022, el Juez Tercero Administrativo Oral de
Sincelejo dio respuesta a la anterior petición indicando de un lado que,
mediante correo electrónico de 29 de abril de 2021, se envió copia del
expediente digitalizado 7001-33-33-003-2009-00006-00, en el que obra la
hoja de vida que solicita en la petición; y de otro que, desde el 18 de junio
de 2021, el juzgado debe acatar la posición del Tribunal Administrativo de
Sucre sobre el tema de expedición de copia de hojas de vida en relación
con que dichos documentos tienen el carácter de reservados.
5.2.3. El 26 de agosto de 2022 el peticionario interpuso recurso de
insistencia ante el Juez Tercero Administrativo Oral de Sincelejo, quien, el
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día 29 del mismo mes y año, lo ordenó remitir al Tribunal Administrativo de
Sucre de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del CPACA.
5.2.4. El 26 de agosto de 2022 el accionante radicó la presente acción de
tutela ante el Tribunal Administrativo de Sucre.
5.2.5. El 13 de septiembre de 2022 el Tribunal Administrativo de Sucre
decidió no conceder el recurso de insistencia interpuesto por el señor Iván
de Jesús Prada Camaño en contra del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Sincelejo1.
5.3. Análisis de la sala
En el caso bajo examen, la parte actora invocó la protección de su derecho
fundamental de petición, el cual considera vulnerado por el Juzgado Tercero
Administrativo de Sincelejo (Sucre), por la falta de respuesta de fondo a la
solicitud que presentó el día 5 de agosto de 2022 con el fin de que se le
expidiera copia de la hoja de vida del señor JAIR LEONID CASTILLA
GONZÁLEZ, que obra dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 70001-33-33-003-2009-00006-00.
Ahora bien, la Sección Segunda, Subsección “A”, de esta Corporación, en la
sentencia impugnada, rechazó por improcedente la solicitud de amparo, al
estimar que el accionante no puede acudir paralelamente a la acción de
tutela para que se resuelvan las discusiones que deben definirse al interior
del recurso de insistencia, teniendo en cuenta que para la fecha en que se
presentó la tutela, no se había resuelto el citado recurso.
La parte actora impugnó la anterior decisión pues afirma que la respuesta
que le brindó el juez tutelado no es de fondo, al no haberse proporcionado
la información solicitada, además de considerar que la misma no está sujeta
a reserva. Resalta que la discusión del asunto se centra en determinar si
dicha información, esto es, la hoja de vida de un funcionario público, está o
no amparada por la reserva legal, pues, en su criterio, no goza de dicha
condición. Afirma que “el tribunal de primer nivel manifiesta que yo agote
el recurso de insistencia, y aun viendo tal lealtad procesal acorde al debido
proceso me niega la tutela; siendo que el derecho fundamental a que se me
entregue la información debe prevalecer, […]”
Pues bien, de la revisión del expediente se advierte que el Juzgado Tercero
Administrativo de Sincelejo contestó la petición formulada por el accionante
mediante comunicación del 25 de agosto de 2022, indicando que el 29 de
abril de 2021, se le envió copia del expediente digitalizado en el que obra
la hoja de vida que solicitó en la petición; y que, por una nueva posición del
Tribunal Administrativo de Sucre sobre el tema de expedición de copias de
hojas de vida, no se enviaría nuevamente dicha información.
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Recurso tramitado bajo radicado No. 70001233300020220011500.
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Ahora, el accionante radica la presente acción de tutela el 26 de agosto de
2022, esto es, el mismo día en el que interpuso recurso de insistencia ante
el Juez Tercero Administrativo Oral de Sincelejo, quien lo remitió al Tribunal
Administrativo de Sucre para su conocimiento y decisión.
Conforme el anterior recuento, se advierte que la autoridad accionada sí dio
respuesta a la petición elevada por el accionante en el escrito de 5 de agosto
de 2022, pues en ella se indicó que previamente se había suministrado
dicha información y que, por una nueva posición jurisprudencial, no era
procedente entregar nuevamente dicha información.
Ahora bien, si el accionante consideraba que la anterior respuesta no era
satisfactoria a sus intereses y, por tanto, insistía en su solicitud, lo
procedente, era interponer los medios legales previstos en el ordenamiento
jurídico para obtener la información requerida, en el presente caso, acudir
al recurso de insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley 1437 de 20112,
con el fin de que fuera la autoridad judicial la que decidiera si era o no
procedente suministrar dicha información 3.
Sin embargo, es preciso señalar que no era suficiente interponer el recurso
de insistencia, como en efecto lo hizo el peticionario, sino que,
adicionalmente, era necesario que dicho trámite se hubiese agotado en su
totalidad, esto es, que se haya decidido por la autoridad judicial
competente, pues, como lo afirmó el a quo, no se puede pretender activar
el mecanismo de acción de tutela para que el juez constitucional intervenga
desconociendo la competencia del juez natural. A lo que debe agregarse
que, confirmada en la insistencia la decisión del juez, era de cargo del actor
explicar las razones por las cuales la decisión del tribunal desconoce sus
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“INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. Si la persona interesada
insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la
reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se
encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del
Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y
municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la
petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o
al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término
se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos
sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta
la fecha en la cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento
disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el
objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda
silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo
tribunal o juzgado administrativo.
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la
diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.”
3
Sobre la subsidiariedad de la acción de tutela por la procedencia del recurso de insistencia
se puede consultar las siguientes sentencias de la Sección Primera de esta Corporación; i)
Sentencia de tutela de 5 de marzo de 2021, Radicado: 11001-03-15-000-2020-05081-00
Acumulado (AC), C.P: Hernando Sánchez Sánchez; y ii) Sentencia de 4 de agosto de 2016,
Radicado: 05001-23-33-000-2016-01220-01(AC); C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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derechos fundamentales, pues este pronunciamiento se estima ajustado al
ordenamiento jurídico.
En este punto, se debe recordar que, conforme el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 6º del Decreto 2591 de 19914, la acción
de tutela es un recurso subsidiario y residual para la protección de los
derechos fundamentales, lo que implica que sólo será procedente cuando
se agoten todos los mecanismos de defensa judicial principales de los que
se disponga ante la conducta activa u omisiva de las autoridades, o no
exista en el ordenamiento jurídico un medio idóneo y eficaz para el amparo
judicial de esa categoría de derechos.
No obstante lo anterior, se han establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela, a saber: i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de
los derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar un perjuicio
irremediable. En este último evento, se debe demostrar que el perjuicio es
inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter
urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional
es impostergable5.
Así las cosas, en la medida en que en el caso bajo examen no se invocó ni
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, que permita de manera
excepcional proceder al análisis de la acción formulada respecto del
derecho de petición del 5 de agosto de 2022, se confirmará la sentencia
impugnada.
En consecuencia, las consideraciones anteriores son suficientes para
confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente el amparo
constitucional por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de octubre de 2022,
por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política
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Sentencia T-150 de 2016
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Accionante: Iván de Jesús Prada Camaño
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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