Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05445-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05445-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05445-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 15 de diciembre de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05445-00
Demandante: Zolia Sánchez de González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cesar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto procedimental/
Defecto sustantivo/ Desconocimiento del precedente/ Violación directa de la
Constitución/ Niega.
Síntesis del caso: El demandante enjuició las sentencias de primera y segunda instancia con
las que se declaró improcedente una accion de cumplimiento.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
acción de tutela presentada por Zolia Sánchez de González contra el
Juzgado 2 Administrativo de Valledupar y Tribunal Administrativo de Cesar.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 11 de octubre de 2022, Zolia Sánchez de González presentó acción
de tutela contra el Juzgado 2 Administrativo de Valledupar y el Tribunal
Administrativo de Cesar, por la presunta vulneración de sus derechos al
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, defensa,
contradicción, “mínimo vital de energía” y el principio de legalidad, con
ocasión de las Sentencias de 13 de septiembre y 7 de octubre de 2022, por
las cuales se declaró improcedente una acción de cumplimiento en el
proceso No. 20001-33-33-002-2022-00395-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó que
se dejaran sin efectos las aludidas providencias y, en consecuencia, se
declarara la procedencia de la acción de cumplimiento y se ordenara la
ruptura de solidaridad sobre el pago de servicios públicos.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05445-00
Demandante: Zolia Sánchez de González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cesar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia
Decisión: Niega
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4. 1) El 7 de mayo de 2021, Zolia Sánchez de González inició un trámite
administrativo ante Afinia Grupo EPM con el propósito de que se decretara
la ruptura de la solidaridad respecto a un cobro de servicio de energía que
adeudaba uno de sus arrendatarios, el cual fue resuelto, mediante una
comunicación2, de manera adversa a sus intereses.
5. 2) Consecuencia de lo anterior, interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, apelación, en contra de la comunicación, los cuales fueron
rechazados argumentando que no eran procedentes porque la deuda aún
estaba vigente3. Por lo cual, formuló recurso de queja ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios quien profirió una
resolución4, ratificando la posición de la empresa prestadora del servicio de
energía.
6. 3) El 21 de junio de 2022, la señora Sánchez de González radicó una
acción de cumplimiento en contra de Afinia Grupo EPM, con la que
pretendió que se diera cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 130 y 155
de la Ley 142 de 1994 y se revocaran la comunicación y la resolución
proferidas por Afinia Grupo EPM y la Superintendencia de Servicios Públicos.
7. 4) El 13 de septiembre de 2022, el Juzgado 2 Administrativo de
Valledupar, mediante sentencia, declaró improcedente la acción de
cumplimiento, tras considerar que no se cumplió con el requisito de
procedibilidad de constituir en renuencia a la accionada y por no sustentar
que estaba frente a un perjuicio irremediable que la excusara de no cumplir
con el mencionado requisito. Igualmente, puso de presente que la acción
de cumplimiento tenía un carácter subsidiario, por lo que, para la pretensión
de revocar las resoluciones, lo procedente era el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
8. 5) El 27 de septiembre de 2022, la señora Sánchez de González,
inconforme con la decisión, impugnó la sentencia de primera instancia. En
ese orden, solicitó que se revocara dicha providencia y, en su lugar, se
accediera a las pretensiones de la acción de cumplimiento.
9. 6) Mediante Sentencia de 7 de octubre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Cesar confirmó la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la mencionada acción, en la medida que los reparos
de la accionante fueron inconformidades frente a los actos administrativos,
las cuales deben ser debatidas a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Por ello, al contar con otro mecanismo de
defensa judicial, se incumplió el requisito de subsidiariedad.
2 Comunicado No. 202170135925 de 24 de mayo de 2021.
3 Comunicado No. 202170157886 de 16 de julio de 2021.
4 Resolución No. SSPD – 20228600417725 de 3 de mayo de 2022.
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Demandante: Zolia Sánchez de González
Demandado: Tribunal Administrativo de Cesar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia
Decisión: Niega
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10. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio de la parte
actora, las autoridades accionadas incurrieron en los defectos: (1)
procedimental absoluto, sustantivo y violación directa de la Constitución,
por la indebida aplicación e interpretación de la ley, al exigirle el
agotamiento de los requisitos de procedibilidad para poder acudir a la
acción de cumplimiento y, (2) desconocimiento del precedente contenido
en Sentencias de la Corte Constitucional5 y del Consejo de Estado6 en lo
referente a la aplicación de la ley de acción de cumplimiento.
1.2. Posición de la parte demandada y terceros7
11. El Tribunal Administrativo de Cesar indicó que no se advirtió
arbitrariedad alguna al momento de proferir la decisión enjuiciada, ya que
se fundamentó en las normas jurídicas aplicables al caso y en ejercicio de la
autonomía judicial. Recalcó que la improcedencia de la acción de
cumplimiento se debió al incumplimiento del requisito de subsidiariedad, ya
que las inconformidades presentadas contra los actos administrativos se
debieron debatir por el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Por ende, solicitó que se deniegue el amparo.
12. El Juzgado 2 Administrativo de Valledupar rindió informe en el que
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no
superar el requisito de subsidiariedad y relevancia constitucional. Consideró
que contó con otros medios judiciales idóneos, con los cuales podía ejercer
sus derechos de contradicción y defensa, y, además, no cumplió con los
requisitos previos de procedibilidad de la accion de cumplimiento, por lo
que pretendió fue tener una instancia adicional.
13. Afina Grupo EPM señaló que, en el presente caso no se detallaron, de
manera específica, cuáles de los requisitos específicos supuestamente se
configuraron en los fallos atacados, motivo por el cual, no cumplieron las
exigencias jurisprudenciales de la acción de tutela contra providencia
judicial. Por ello, solicitó que se desestimen las pretensiones de la solicitud de
amparo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Identificación de la providencia objeto de
estudio 2.3. Identificación de defectos alegados. 2.4. Fijación de la controversia. 2.5.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.6. Verificación de
defectos y/o afectación de derechos fundamentales. 2.7. Conclusión.
5 Sentencias: C-193-1998, C-575-1998, C-010-2001, C-1194-2001 y SU-077-2018.
6 Consejo de Estado, Sección Quinta. No. 2022-00151-01 y No. 2022-00152-01.
7 Mediante Auto de 20 de octubre de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia,
(2) tener como demandados al Tribunal Administrativo de Cesar y el Juzgado 2 Administrativo de Valledupar y, (3)
vincular, en calidad de tercero, a Afina Grupo EPM.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cesar y otro
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Decisión: Niega
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2.1. Identificación de derechos
14. Pese a que la parte accionante señaló como violados distintos
derechos fundamentales en su solicitud de amparo, esta Sala centrará su
análisis en la vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una
presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una
actuación judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado
durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Aunado a ello, la
vulneración de los derechos constitucionales invocados surge como
consecuencia de la misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en
el evento de encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para
conceder el amparo.
2.2. Identificación de la providencia objeto de estudio
15. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cesar el 7 de octubre de 2022, puesto que, pese a que también se enjuició
la decisión proferida en primera instancia, por el Juzgado 2 Administrativo
de Valledupar, lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la
decisión del tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo, no puede pasarse
por alto que, ante una eventual decisión favorable a las súplicas de amparo,
será la autoridad que resolvió la controversia en segunda instancia, la
encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
2.3. Identificación de defecto alegados
16. Si bien la parte actora alego la configuración de los defectos
sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución, logró advertirse que la totalidad de sus reparos
se subsumen en el primero de esos defectos, pues aquellos están orientados
a cuestionar la decisión del juez de la acción de cumplimiento de declararla
improcedente por considerar que no aplicaron debidamente e
interpretaron las disposiciones legales al caso en concreto.
2.4. Fijación de la controversia
17. Corresponde determinar, luego de verificados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo de Cesar, como juez de segunda instancia, al proferir la
Sentencia de 7 de octubre de 2022, incurrió en un defecto sustantivo de
cara a la declaratoria de improcedencia de la acción de cumplimiento.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia
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2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial8
18. La Sala advierte que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe recurso idóneo y
eficaz que permitiera a la parte actora alegar los reparos planteados vía
tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado. Hubo
un plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia
enjuiciada (11/10/22)9 y la de interposición de la presente acción de tutela
(11/10/22)10. No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con un auto dictado en el marco de un proceso de acción de
cumplimiento. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible
los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.
19. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales del demandante, en el marco de un proceso de acción de
cumplimiento, respecto del cual se alegó una incorrecta aplicación e
interpretación de la ley que desarrolla dicho mecanismo judicial por parte
del juez natural de segunda instancia. Asimismo, no se advierte que los
argumentos planteados sean una reiteración de aquellos presentados en el
proceso ordinario, en la medida de que, en el mencionado proceso, se
pretendió que por medio de la figura, se diera cumplimento a unas
disposiciones legales, en lo referente a la procedencia de los recursos
ordinarios de ley, en contra de los actos administrativos que resuelven
tramites en materia de servicios públicos domiciliarios.
2.6. Verificación de defectos y/o afectación de derechos fundamentales
20. La Sala negará la solicitud de amparo por las razones que pasan a
explicarse:
21. La parte accionante consideró que se configuró un defecto sustantivo
debido a que la autoridad judicial accionada soportó su decisión de
declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento, en la
inadecuada aplicación e interpretación de las normas propias de este
mecanismo judicial.
22. Al respecto, debe indicarse que, contrario a lo señalado por la señora
Sánchez de González, la decisión del Juzgado 2 Administrativo de
Valledupar y el Tribunal Administrativo de Cesar sí tuvo un sustento jurídico
8 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-066 de 2019.
9 Para efectos de determinar la inmediatez se cuenta el término razonable desde la notificación de la última
providencia, esto es, la Sentencia de 7 de octubre de 2022.
10 Según la constancia de radicación de la tutela.
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válido, concretamente, la correcta aplicación e interpretación de la
normatividad correspondiente a la acción de cumplimiento, esto es, la Ley
393 de 1997, (se trascribe):
“Artículo 8. Procedibilidad. (…) Con el propósito de constituir la renuencia, la
procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya
reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10)
días siguientes a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente se podrá
prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genere el
inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, caso en el cual deberá ser
sustentado en la demandar.
(…)
Artículo 9. Improcedencia. (…) Tampoco procederá cuando el afectado tenga
o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de
la norma o Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga un
perjuicio grave e inminente para el accionante..”
23. En ese orden y en consideración al cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de cumplimiento, en primer lugar, la actora no
probó que efectivamente había constituido en renuencia a Afina Grupo
EPM frente al aparente incumplimiento, antes de haber instaurado la
respectiva acción, como uno de los requisitos mínimos exigidos para que
prospere, ya que como se puede observar en el acervo probatorio,
únicamente se allegó la copia de la resolución de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios que declaró improcedente el recurso de
queja interpuesto, el cual, no se considera como una prueba de la
renuencia ante el incumplimiento de la empresa prestadora del servicio, en
concordancia con la norma citada, y, en segundo lugar, no se evidenció
que se haya alegado un perjuicio irremediable por parte de la accionante
que la haya imposibilitado de cumplir con el requisito a cabalidad.
24. Asimismo, en lo que respecta al carácter subsidiario de la accion de
cumplimiento, se evidencia que no se cumplió con el requisito, en la medida
de que, contaba con otro instrumento judicial idóneo y eficaz para debatir
las inconformidades que, a juicio de la accionante, se derivaron de la
comunicación de Afinia Grupo EPM que rechazó el recurso de reposición, y
en subsidio, apelación y la resolución de la Superintendencia que declaró
improcedente el recurso de queja, esto es, a través, del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior, en aras de que se
garantice que las diferencias que surjan en el escenario jurídico se presenten
ante el juez natural y bajo el procedimiento establecido por el ordenamiento
jurídico colombiano, sin que se alteren las competencias de las
jurisdicciones.
25. Así las cosas, la Sala estima que las autoridades accionadas no
actuaron al margen de sus competencias, tampoco se sustrajeron de su
deber de aplicar las normas concretas al caso. Por el contrario, adoptaron
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia
Decisión: Niega
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una decisión conforme a derecho, aplicando e interpretando de manera
acertada las disposiciones jurídicas de la figura de la acción de
cumplimiento para declarar su improcedencia.
2.7. Conclusión
26. Al no evidenciarse la configuración del defecto alegado por la parte
actora y, con ello, la vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, la Sala negará la solicitud de amparo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Zolia Sánchez de
González, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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