Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-05462-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-05462-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-05462-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
9 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-05462-001
Actora : Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Demandados : Magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derecho constitucional
fundamental al debido proceso
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la Nación – Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la presunta vulneración de su
derecho constitucional fundamental al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. La Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, por conducto de apoderada, presenta acción de tutela
con el fin de obtener la protección de la garantía superior a la que se hizo
referencia, presuntamente quebrantada por los señores magistrados de la
sección quinta del Consejo de Estado.
Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 31 de
marzo de 2022, mediante el cual el Consejo de Estado (sección quinta) revocó
parcialmente el de 24 de enero del año en curso, con el que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección primera)
declaró improcedente la acción de cumplimiento incoada por el señor Carlos
Alberto Mantilla Gutiérrez (expediente 25000-23-41-000-2021-00815-00), en
cuanto (i) a la pretensión relacionada con el artículo 15 de la Resolución 138
de 31 de enero de 20142 y (ii) a las solicitudes allí formuladas por la empresa
Constructora Palo Alto Compañía en Comandita Simple, y negó las súplicas
atañederas a los artículos 8º y 14 de ese acto administrativo, para ordenarle
que atienda el referido artículo 8º dentro de los siete (7) meses siguientes a la
ejecutoria de la determinación judicial, esto es, que «apruebe el Plan de
Manejo de la Reserva Forestal Protectora y Productora de la Cuenca Alta
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
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Emitida por la tutelante.
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Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
del Río Bogotá».
1.2 Hechos. Relata la accionante que el señor Carlos Alberto Mantilla
Gutiérrez promovió acción de cumplimiento en su contra y de las
Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y del Guavio
(Corpoguavio) [expediente 25000-23-41-000-2021-00815-00], con el
propósito de que se les ordenara atender los artículos 8º, 14 y 15 de la
Resolución 138 de 31 de enero de 2014, con la cual dispuso la creación de un
«Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora y Productora de la
Cuenca Alta del Río Bogotá», cuya aprobación está condicionada al
agotamiento de la consulta previa «con las comunidades indígenas», que está
en trámite.
Que el asunto constitucional fue conocido, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección
primera), al que le informó las actuaciones surtidas con la finalidad de
obedecer la mencionada Resolución, como suscribir el contrato
interadministrativo «91 de 2001» con el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, cuyo objeto es «organizar y sistematizar la información básica y
temática de las reservas forestales creadas por la Resolución 76 de 1977», lo
que resulta indispensable para realizar las respectivas inscripciones en las
oficinas de registro de instrumentos públicos de los municipios que integran
dicha reserva y así avanzar en el acatamiento del acto administrativo que se
exigía atender.
Dice que también indicó en el asunto constitucional que las tasas de
compensación previstas en el artículo 15 de la Resolución 138 de 31 de enero
de 2014 tienen como finalidad mantener la reserva forestal, las cuales se
clasifican en «i) la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre,
reglamentada por el Decreto 1272 de 2016 y ii) tasa compensatoria por
aprovechamiento forestal maderable en bosque natural, actualizada por
medio del Decreto 1390 de 2018».
Que el 24 de enero de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección B de la sección primera) «declaró improcedente la acción de
cumplimiento y negó las pretensiones»3, decisión que apeló el allí
demandante y que el 31 de marzo siguiente revocó parcialmente el Consejo
3
Omite señalar los argumentos en los que se fundó la determinación judicial y sobre qué aspectos versó la
improcedencia y frente a cuáles la negación de las súplicas.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de Estado (sección quinta), en el sentido de ordenarle que atienda el artículo
8º de la Resolución 138 de 31 de enero de 2014, esto es, que apruebe «el Plan
de Manejo de la Reserva Forestal Protectora y Productora de la Cuenca Alta
del Río Bogotá» dentro de los siete (7) meses siguientes a la ejecutoria de la
providencia, la cual pidió oportunamente adicionar y aclarar, lo que fue
desestimado el 21 de abril del año en curso por las autoridades accionadas.
Sostiene que la sentencia cuestionada incurre en defecto procedimental
absoluto, comoquiera que, al ordenar la implementación del precitado plan en
siete (7) meses, desconoció el procedimiento de consulta previa ante los
pueblos indígenas ubicados en la Reserva Forestal Protectora de la Cuenta
Alta del Río Bogotá, cuyo agotamiento no está condicionado a plazo alguno,
y que, en todo caso, ya inició, luego de que el 12 de julio de 2019 pidiera del
Ministerio del Interior informarle si era necesario surtir o no ese trámite, lo
que fue atendido, mediante Resolución ST-180 de 2020, en el sentido de
señalar que debía realizarse, en virtud del artículo 8º de la Resolución 138 de
31 de enero de 2014.
Que la jurisprudencia constitucional4 ha anotado que la consulta previa está
supeditada a la ejecución de diferentes etapas, a saber, (i) coordinación y
preparación, en la que se inician los acercamientos con las comunidades
indígenas; (ii) preconsulta, en la cual se pacta con estas la manera como se
desarrollará el respectivo procedimiento; y (iii) consulta, en la que se
«materializan los acuerdos», por consiguiente, su concreción no depende solo
de un organismo, situación que impide fijar un término perentorio para que se
surtan, como equivocadamente lo hicieron las autoridades accionadas.
Afirma que el fallo atacado comporta defecto sustantivo y violación directa de
la Constitución Política, toda vez que no tuvo en cuenta «las normas» que
regulan la consulta previa, como el «convenio 169», pues establecer un plazo
de siete (7) meses para tal propósito «constituye desconocimiento de [sus]
fundamentos reales», máxime cuando las restricciones derivadas de la actual
pandemia impiden adelantar las diligencias en forma expedita.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 19 de octubre de 2022, admitió la presente acción, ordenó
4
No refiere pronunciamiento alguno.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
notificar a los señores magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado
y dispuso vincular a los señores directores generales de las Corporaciones
Autónomas Regionales de Cundinamarca y del Guavio (Corpoguavio),
representante legal de la empresa Constructora Palo Alto Compañía en
Comandita Simple y Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, en los términos del
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El señor director general de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, por conducto del señor director jurídico operativo del
organismo, indica que al ente se le respetaron sus prerrogativas superiores en
el trámite de la acción de cumplimiento 25000-23-41-000-2021-00815-00 y
en la providencia acusada se analizaron en debida forma las pruebas que allí
reposan. Además, señala que no le asiste legitimación en la causa por pasiva,
porque los encargados de pronunciarse sobre las pretensiones formuladas por
la tutelante son los señores magistrados de la sección quinta del Consejo de
Estado.
2.1.2 El señor representante legal de la Corporación Autónoma Regional del
Guavio (Corpoguavio), a través de apoderada, asevera que los reproches de la
accionante conciernen a la presunta desatención por parte de las autoridades
accionadas del procedimiento al que está sujeta la consulta previa, en el cual
no tiene incidencia alguna, de manera que debe ser desvinculado de este
asunto constitucional, máxime cuando en la sentencia censurada no se dispuso
una orden que deba cumplir y ya remitió al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (i) el informe técnico que le concernía respecto del
«Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora y Productora de la
Cuenca Alta del Río Bogotá» y (ii) el documento «Límite de Cambio
Aceptable», con lo que atendió lo que le correspondía en el marco del artículo
8º de la Resolución 138 de 31 de enero de 2014.
2.1.3 Los señores magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado, por
intermedio del ponente de la providencia acusada, piden negar el amparo
deprecado, en razón a que los argumentos de la tutelante están orientados a
controvertirla por el solo hecho de resultarle desfavorable, pero no a acreditar
las causales específicas de procedibilidad invocadas, que, sea dicho de paso,
no se configuran, pues la acción de cumplimiento 25000-23-41-000-2021-
00815-00 se adelantó de acuerdo con las normas procesales y fue decidida en
atención a las disposiciones sustanciales aplicables.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Que la determinación judicial reprochada se funda en la inobservancia de los
deberes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el de
aprobar el plan de manejo contemplado en el artículo 8º de la Resolución 138
de 31 de enero de 2014, norma que si bien no prevé un término para que ello
ocurra, no es dable asumir que el acatamiento de esa tarea pueda extenderse
en el tiempo indefinidamente. Asimismo, los siete (7) meses fijados en la
sentencia cuestionada resultan razonable para que la actora surta los trámites
pertinentes con el fin de agotar la consulta previa ante las comunidades
indígenas, de manera que no quebranta precepto superior alguno.
2.1.4 El señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez asevera que la tutela de la
referencia deviene «en improcedente», porque el marco jurídico no les
prohíbe a los señores magistrados demandados establecer el plazo para que la
demandante ejecute la respectiva consulta previa, por lo que los siete (7)
meses señalados en el fallo atacado no contrarían el sistema normativo.
Que ha trascurrido un lapso considerable desde cuando se «impusieron las
dos reservas forestales nacionales “Bosque oriental de Bogotá” y “Cuenca
alta del r[í]o Bogotá”» (1977), y no se les han otorgado indemnizaciones a
los propietarios de los predios allí ubicados, a pesar de que en estos se
adelantan actividades mineras y de la construcción, problemática que la
accionante pretende que continúe indefinidamente, con la excusa de que la
consulta previa no está sujeta a término alguno.
2.1.5 El señor director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, por conducto de apoderado, pide, en atención al artículo 610 del
Código General del Proceso (CGP), ser vinculado como coadyuvante de la
tutelante y acceder al amparo deprecado, comoquiera que el plazo consignado
en la providencia cuestionada resulta insuficiente para materializar la consulta
previa con las correspondientes comunidades indígenas, que tienen
diferencias étnicas entre sí, y carece de asidero legal. Además, los
pronunciamientos en los que se fundaron las autoridades accionadas para fijar
los siete (7) meses, decidieron asuntos disímiles al debatido en la acción de
cumplimiento 25000-23-41-000-2021-00815-00.
2.1.6 El señor representante legal de la empresa Constructora Palo Alto
Compañía en Comandita Simple guardó silencio en la oportunidad prevista
para el efecto.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
la accionante, que aduce quebranto de su derecho constitucional fundamental
al debido proceso.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestión preliminar. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado pide ser tenida como coadyuvante de la tutelante, en atención al
artículo 6105 del CGP.
Para determinar si dicha solicitud tiene asidero jurídico, se advierte que la
coadyuvancia es una figura procesal por medio de la cual alguien acude a una
controversia judicial, con el objeto de apoyar la prosperidad de las
aspiraciones del demandante u oponerse a ellas (es decir, acompañar al
demandado), y así salvaguardar sus propios intereses, de acuerdo con el inciso
2º6 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 717 del Código
General del Proceso (CGP), aplicable a las acciones de tutela en virtud de los
5
«En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, podrá actuar en cualquier estado del proceso, en los siguientes eventos:
1. Como interviniente, en los asuntos donde sea parte una entidad pública o donde se considere necesario
defender los intereses patrimoniales del Estado […]».
6
«Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud».
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«Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos
jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso
como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia[...]».
6
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Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
artículos 48 del Decreto 306 de 19929 y 2.2.3.1.1.310 del Decreto 1069 de
201511 y de lo precisado por la Corte Constitucional12.
En ese orden de ideas, se evidencia que la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, por intermedio de su director general, afirma que acude a
este trámite constitucional como coadyuvante de la accionante, en virtud del
artículo 610 del CGP, dado que la discusión aquí planteada comporta
intereses patrimoniales del Estado, motivo por el cual se aceptará como tal,
toda vez que la controversia, relacionada con la implementación del plan
señalado en el artículo 8º de la Resolución 138 de 31 de enero de 2014,
repercute en las actividades económicas que se adelantarán o adelantan en la
reserva que alinderó, con las consecuencias que ello involucra para las
finanzas públicas.
3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 31 de marzo de 2022, por
cuyo conducto el Consejo de Estado (sección quinta) revocó parcialmente la
de 24 de enero del año en curso, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (subsección B de la sección primera) declaró improcedente
la acción de cumplimiento incoada por el señor Carlos Alberto Mantilla
Gutiérrez contra la tutelante y las Corporaciones Autónomas Regionales de
Cundinamarca y del Guavio (Corpoguavio) (expediente 25000-23-41-000-
2021-00815-00) 13, frente a la pretensión relacionada con el artículo 15 de la
Resolución 138 de 31 de enero de 2014 y a las solicitudes allí formuladas por
la empresa Constructora Palo Alto Compañía en Comandita Simple, y negó
las súplicas en lo concerniente a los artículos 8º y 14 de ese acto
administrativo, para en su lugar, ordenar a la aquí accionante que, dentro de
los siete (7) meses siguientes a la ejecutoria de la decisión, «apruebe el Plan
de Manejo de la Reserva Forestal Protectora y Productora de la Cuenca Alta
del Río Bogotá» de que trata el artículo 8º de la mencionada Resolución; y, en
8
«Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto
2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en
que no sean contrarios a dicho decreto».
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«Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991».
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«Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto
2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que
no sean contrarios a dicho Decreto».
11
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».
12
Sentencia T-70 de 2018, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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A la cual se vinculó como tercera interesada la empresa Constructora Palo Alto Compañía en Comandita
Simple.
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caso afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso
invocada en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
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destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
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actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales14, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201215, en el sentido de
disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias,
cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia
de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos16.
14
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
15
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
16
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
3.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la actora;
(ii) contra el fallo acusado no procede recurso alguno, por cuanto fue emitido
en segunda instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía superior;
(iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación
judicial atacada quedó ejecutoriada el 28 de abril de 202217 y la solicitud de
amparo se instauró el 13 de octubre siguiente, es decir, dentro de un término
prudencial (5 meses y 15 días); y (v) la providencia cuestionada no desató una
acción de tutela.
En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a las causales específicas denominadas defectos
procedimental absoluto y sustantivo y violación directa de la Constitución
Política.
3.6.1 Defecto procedimental. Este criterio específico de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, se fundamenta en los artículos 29
y 228 de la Constitución Política, referentes a los derechos al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial en
las actuaciones judiciales, que puede presentarse en dos modalidades: (i)
absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que
ocurre cuando «[…] hay una renuncia consciente de la verdad jurídica
objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales»18, es decir, se privilegian aspectos formales sobre el
derecho sustancial, lo que afecta la garantía de acceso a la administración de
justicia19.
En el sub lite la Sala evidencia, en atención al escrito inicial y a las pruebas
adosadas al presente trámite constitucional, que, mediante Resolución 138 de
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
17
Habida cuenta de que la providencia que negó las solicitudes de aclaración y adición del fallo acusado, fue
notificada el 25 de abril de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
19
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
31 de enero de 2014, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
«realinde[ró] la Reserva Forestal Protectora y Productora Cuenca Alta del
Río Bogotá»20 y dictó algunas disposiciones atañederas a esta, como el
artículo 8º, que prevé que las Corporaciones Autónomas Regionales de
Cundinamarca y del Guavio (Corpoguavio), como administradoras de la
reserva, debían presentarle para su evaluación y aprobación «el plan de
manejo […] que deb[e] contener los componentes de diagnóstico […],
ordenamiento […] y estratégico», además de (i) la definición del «porcentaje
de cobertura natural que debe mantenerse en los predios que se encuentre[n]
en [su] interior», (ii) un «programa de monitoreo [que] permita determinar el
estado de las coberturas de la tierra» y (iii) el «régimen de [sus] usos».
El 19 de septiembre de 2019 el señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez pidió
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca acatar el precitado
acto administrativo, lo que, a su juicio, derivaba en la «desocupación
inmediata» de algunas empresas mineras y de la construcción que ejercían su
actividad en la aludida reserva, como la Constructora Palo Alto Compañía en
Comandita Simple. No obstante, el mencionado organismo, con oficio
20212059682 de 3 de agosto de 2021, le informó que era el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible el encargado de atender el requerimiento,
dado que ya le había presentado el respectivo plan de manejo, por lo que se la
remitió21.
El 16 de septiembre de 2021 el señor Mantilla Gutiérrez incoó acción de
cumplimiento contra la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y
del Guavio (Corpoguavio) [expediente 25000-23-41-000-2021-00815-00],
con el propósito de que se les ordenara observar los artículos 8º, 1422 y 1523 de
la Resolución 138 de 31 de enero de 2014, toda vez que esa omisión impedía
que los propietarios de los predios ubicados en dicha reserva, tuvieran
claridad sobre las facultades que podían ejercer sobre ellos.
20
Que comprende zonas de Bogotá, Soacha, Sibaté, Bojacá, Mosquera, Madrid, Zipacón, Facatativá,
Subachoque, Zipaquirá, Tabio, Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Nemocón, Suesca,
Cucunubá, Chocontá, Villa Pinzón, Sesquilé, Guatavita, Guasca y La Calera (Cundinamarca).
21
No se establece la fecha en que se envió la solicitud y en el expediente no obra la respuesta del Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ni se identifica en la providencia censurada.
22
Que prevé que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe solicitar del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi la información catastral de los predios que componen la reserva, para posteriormente
disponer la «anotación predial a las oficinas de registros de instrumentos públicos respectivas».
23
El cual señala la reglamentación de las «tasas compensatorias» previstas en el artículo 42 de la Ley 99 de
1993, causadas por el uso del agua y del suelo.
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Del asunto constitucional conoció el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección B de la sección primera), que el 20 de octubre de
2021 lo admitió y el 26 de los mismos mes y año vinculó como tercera
interesada a la empresa Constructora Palo Alto Compañía en Comandita
Simple, dado que el 25 anterior deprecó ser considerada como tal, por tener la
condición de dueña de uno de los inmuebles ubicados en la correspondiente
reserva, en el que adelanta actividades de explotación de minerales, compañía
que, valga decir, (i) pidió se dispusiera el cumplimiento de la sentencia de 28
de marzo de 2014, emitida por el Consejo de Estado24, en la que se le ordenó
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimitar las zonas en las
que era dable realizar minería; y (ii) controvirtió la Resolución 138 de 31 de
enero de 2014, emitida por la mencionada cartera.
A las diligencias se allegó el convenio interadministrativo 1288 de 17 de
diciembre de 2014, suscrito entre las Corporaciones Autónomas Regionales
de Cundinamarca y del Guavio (Corpoguavio) y «ONF Andina Sucursal
Colombiana de Onf International» y «Conservatión Internacional
Foundation», cuyo objeto consistió en efectuar los estudios técnicos del
«Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora y Productora de la
Cuenca Alta del Río Bogotá[,] que está en proceso de adopción a través de
acto administrativo por parte del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE», cartera que afirma adelantar las respectivas
consultas previas con las comunidades indígenas, porque así lo estableció el
Ministerio del Interior, a través de Resolución 180 de 15 de abril de 2020.
Adicionalmente, las precitadas Corporaciones Autónomas Regionales
adosaron informe enviado el 6 de junio de 2018 al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, al que adjuntaron el «plan de manejo de la Reserva
Forestal Protectora-Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, con las
correcciones y los ajustes solicitados por la Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos».
El 24 de enero de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(subsección B de la sección primera) declaró improcedente la acción de
cumplimiento frente (i) a la pretensión relacionada con el artículo 15 de la
Resolución 138 de 31 de enero de 2014, toda vez que no es el instrumento
adecuado para obtener el pago de las tasas compensatorias allí previstas; y (ii)
24
Sección primera, expediente 25000-23-27-000-2001-00479-02.
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
a las peticiones de la Constructora Palo Alto Compañía en Comandita Simple,
puesto que no es el mecanismo instituido con la finalidad de obtener el
cumplimiento de una sentencia ni refutar la legalidad del referido acto
administrativo.
Asimismo, en la mencionada providencia se negaron las súplicas atañederas a
los artículos 8º y 14 de la mencionada Resolución, habida cuenta de que el
Ministerio allí demandado acreditó que ha adelantado actividades orientadas a
acatarlos, como las surtidas ante las respectivas oficinas de instrumentos
públicos y con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el que pactó
«organizar y sistematizar la información básica de las reservas forestales»,
lo cual es dispendioso en razón a la falta de un «sistema unificado de
matrícula inmobiliaria».
Contra la precitada sentencia, el allí demandante interpuso recurso de
apelación, con el argumento de que la Resolución 138 de 31 de enero de 2014
no se ha cumplido, a pesar de trascurrir cerca de ocho (8) años, alzada
desatada el 31 de marzo de 2022 por el Consejo de Estado (sección quinta),
en el sentido de revocarla parcialmente para ordenarle a la tutelante que
atienda el artículo 8º del aludido acto administrativo dentro de los siete (7)
meses siguientes a la ejecutoria de la decisión, esto es, que apruebe en este
lapso el «Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora y Productora de
la Cuenca Alta del Río Bogotá».
Asimismo, confirmó el fallo apelado en lo relacionado con los artículos 14 y
15 de la mencionada Resolución, dado que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible ya presentó la petición de registro ante las
correspondientes oficinas de instrumentos públicos (como se determinó en el
fallo de 3 de mayo de 2018, con el que la Corporación decidió la acción de
cumplimiento 25000-23-41-000-2018-00173-00) y no es procedente a través
de este mecanismo obtener el pago de las tasas compensatorias, ni pedir el
cumplimiento de la sentencia invocada por la empresa Constructora Palo Alto
Compañía en Comandita Simple y tampoco refutar la legalidad del acto
administrativo que se pide acatar.
Que el 6 de junio de 2018 las Corporaciones Autónomas Regionales de
Cundinamarca y del Guavio (Corpoguavio) presentaron ante el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible el respectivo plan de manejo, con lo que
observaron las tareas que les correspondían, pero no ha sido aprobado por este
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
último organismo, trámite sobre el cual si bien la Resolución 138 de 31 de
enero de 2014 no establece que deba agotarse dentro de plazo alguno, no es
dable asumir que puede quedar en suspenso indefinidamente, situación que
impone fijarlo en siete (7) meses, que resulta razonable, si se tiene en cuenta
que el Consejo de Estado (sección quinta25) le ha otorgado seis (6) meses al
Gobierno nacional para que ejerza su facultad reglamentaria. En aquel lapso
se debe agotar la consulta previa ante las comunidades indígenas.
En la solicitud de amparo la tutelante asevera que la providencia censurada
incurre en defecto procedimental absoluto, dado que al ordenar dar
cumplimiento al artículo 8º de la Resolución 138 de 31 de enero de 2014
dentro de los siete (7) meses siguientes a su ejecutoria, sin advertir que debe
surtirse antes la consulta previa y que ese lapso no está consagrado en el
sistema normativo, desconoció el procedimiento al que está sujeto ese tipo de
trámites.
Con la finalidad de determinar si la anterior afirmación tiene o no asidero
jurídico, resulta oportuno indicar que la jurisprudencia constitucional26 ha
señalado que las comunidades indígenas tienen la condición de sujetos de
especial protección por parte del Estado, dado que a lo largo de la historia se
han visto expuestas a constantes amenazas por parte del resto de la sociedad,
que ha tratado de imponerles su cultura en desmedro de sus costumbres y
creencias.
La identidad de los grupos étnicos tiene fundamento en el mandato de
pluralismo previsto en el artículo 1º27 de la Constitución Política, que asegura
«[…] el carácter multiétnico de la nación y prev[é] la existencia de sistemas
jurídicos y políticos alternativos al del grupo mayoritario, con el fin de
preservar el patrimonio cultural y los modos de vida de los distintos
colectivos humanos que componen la nación […]»28. Además, la adopción del
Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en
25
Sentencias de (i) de 17 de julio de 2015, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente 25000-23-41-
000-2015-00041-01; (ii) 3 de diciembre de 2015, C. P. Rocío Araújo Oñate, expediente 63001-23-33-000-
2015-00227-01; y (iii) 20 de noviembre de 2019, C. P. Luis Alberto Álvarez Parra, expediente 25000-23-41-
000-2015-00789-01.
26
Corte Constitucional, sentencia T-698 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27
«Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del
interés general».
28
Corte Constitucional, sentencia T-235 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
el sistema jurídico colombiano (Ley 21 de 199129), contribuyó a que aquellos
gocen de un trato diferenciado, lo que garantiza, en gran medida, la
conservación de sus costumbres ancestrales.
En virtud de lo anterior, esto es, al referido trato preferencial de las
comunidades indígenas, se creó un mecanismo denominado consulta previa,
que tiene la condición de derecho constitucional fundamental, y consiste en que
las autoridades socialicen con ellas las decisiones administrativas y legislativas
que puedan afectarlas, con la finalidad de preservar su identidad.
Por otra parte, el artículo 80 de la Constitución Política prevé que «[e]l
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución», mandato constitucional en virtud del cual el Congreso de la
República expidió la Ley 99 de 1993, que en su artículo 5º estipula que el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe, entre otras tareas,
«[r]eservar [y] alinderar las áreas que integran el Sistema de Parques
Nacionales Naturales y las reservas forestales nacionales, y reglamentar su
uso y funcionamiento».
En atención a las anteriores disposiciones, la referida cartera expidió la
Resolución 138 de 31 de enero de 2014, con la que se «realindera la Reserva
Forestal Protectora y Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá», cuyo
artículo 8º consagra que las Corporaciones Autónomas Regionales de
Cundinamarca y del Guavio (Corpoguavio) deben presentarle, dentro de los
dos (2) años siguientes a la publicación del acto administrativo, un «plan de
manejo de la reserva forestal», que deberá contener, entre otros aspectos, «el
porcentaje de cobertura natural que debe mantenerse en los predios», «un
programa de monitoreo que permiten determinar el estado de las coberturas
de la tierra» y «la zonificación y el régimen de usos de esa reserva».
Ahora bien, en el precitado acto administrativo no se hizo referencia al tiempo
con el que cuenta el aludido Ministerio para aprobar el respectivo plan, sin
embargo, ello no impide su exigencia en el marco de una acción de
cumplimiento, toda vez que esta Corporación ha advertido que el hecho de
que en las normas que se piden atender en un trámite de dicha naturaleza no
se establezca el plazo dentro del cual ello deba acontecer, no constituye un
29
«Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989».
16
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
obstáculo para deprecar su acatamiento, dado que, de ser así, resultarían
ineficaces. Sobre el particular el Consejo de Estado30 precisó:
[…] la ausencia de un término para ejercer la potestad reglamentaria
no significa que aquel mandato no sea exigible, razón por la cual la
acción de cumplimiento sí es procedente para solicitar la
materialización de esa clase de disposiciones.
En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo
para ejercer la potestad reglamentaria, deriva en que el mandato
contemplado en la ley se torna inane, inexistente o carente de
exigencia, cuando lo cierto es que aquel es plenamente exigible.
En un pronunciamiento más reciente, esta Corporación indicó que «[…] la
acción de cumplimiento, se erige como el mecanismo idóneo para exigir al
Gobierno Nacional el ejercicio de la potestad reglamentaria, aun cuando en
la ley no se haya estipulado un lapso expreso para satisfacerla»31.
En los mencionados eventos, el Consejo de Estado ha sostenido que el
término razonable para que la Administración atienda su potestad
reglamentaria es de seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la
providencia que decide la correspondiente acción de cumplimiento.
Cabe advertir que si bien en los asuntos en los que se emitieron los referidos
pronunciamientos se debatió la omisión del Gobierno nacional de reglamentar
una ley, la regla jurisprudencial allí prevista también aplica cuando la norma
que se reclama obedecer sea un acto administrativo que no contempla un
término para que la Administración lo acate, pues, al igual que la disposición
legal, la decisión administrativa resultaría ineficaz de no poder exigirse su
cumplimiento por el hecho de no consagrar plazo alguno.
Realizadas las anteriores precisiones jurídicas, en el sub lite la Sala observa
que el artículo 8º de la Resolución 138 de 31 de enero de 2014, emitida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estipula que a las
Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y del Guavio
(Corpoguavio) les asiste el deber presentar, dentro de los dos (2) años
siguientes a la publicación del acto administrativo, el «plan de manejo de la
30
Sección quinta, sentencia de en sentencia de 9 de junio de 2011, C. P. Susana Buitrago Valencia,
expediente 25000-23-24-000-2010-00629-00.
31
Sección quinta, sentencia de 26 de agosto de 2021, C. P. Rocío Araújo Oñate, expediente 25000-23-41-
000-2021-00147-00.
17
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
reserva forestal», mandato que cumplieron el 6 de junio de 2018, día en que
enviaron a la mencionada cartera el «plan de manejo de la Reserva Forestal
Protectora-Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, con las correcciones y
los ajustes solicitados por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y
Ecosistemas Estratégicos».
La norma también prevé que al aludido Ministerio le compete aprobar el
precitado plan, sin embargo, no fija un período para tal fin, y como aquel no
lo ha hecho, el señor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez incoó la acción de
cumplimiento 25000-23-41-000-2021-00815-00, decidida, en segunda
instancia, a través de la providencia censurada, que le ordenó a aquel efectuar
la referida actuación dentro de los siete (7) meses siguientes a la ejecutoria de
la decisión judicial, lapso en el que también debe agotar la consulta previa,
aspecto que la tutelante considera un defecto procedimental absoluto.
En atención al análisis jurídico consignado en precedencia, no se evidencia
que la sentencia censurada comporte la mencionada causal específica, habida
cuenta de que como el artículo 8º de la Resolución 138 de 31 de enero de
2014 no señala un plazo para que la accionante apruebe el correspondiente
plan presentado por las Corporaciones Autónomas Regionales de
Cundinamarca y del Guavio (Corpoguavio), era dable que las autoridades
accionadas lo determinaran, en atención a la regla jurisprudencial consistente
en que la omisión de señalar en una disposición el término dentro del cual la
Administración debe atenderla, no impide que se ordene su acatamiento en el
marco de una acción de cumplimiento.
Cabe advertir que la determinación judicial cuestionada, en lo que concierne a
la inconformidad de la demandante, se justifica en la necesidad de evitar que
la norma citada en el párrafo anterior resulte ineficaz, pues asumir que no era
viable disponer su cumplimiento porque no estipula un lapso, conllevaría
desconocer su obligatoriedad e instituir de manera tácita que solo son
exigibles las tareas de la Administración, cuando están sujetas a un tiempo
para ejecutarlas, con desconocimiento, entre otros preceptos, de los principios
que rigen la función pública, en especial, el de eficacia, previsto en el artículo
3º (numeral 1132) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
32
«En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su
finalidad […]».
18
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Por consiguiente, para la Sala no constituye una fuente de vulneración de
garantías superiores que las autoridades accionadas hayan dispuesto que el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deba aprobar el plan
presentado por las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y
del Guavio (Corpoguavio) dentro de los siete (7) meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia reprochada, pues, además de que ello asegura el
cumplimiento del artículo 8º de la Resolución 138 de 31 de enero de 2014 (lo
que es necesario, dado que se dictó hace más de ocho [8] años), salvaguarda
los mandatos constitucionales de protección del medio ambiente, tarea de la
que es titular de dicha cartera, conforme al artículo 5º de la Ley 99 de 1993.
Por otra parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado afirma que
los pronunciamientos aludidos por los accionados33 para justificar la fijación
del mencionado lapso, decidieron acciones de cumplimiento con contornos
fácticos diferentes a los debatidos en la 25000-23-41-000-2021-00815-00, por
lo que las consideraciones expuestas en aquellos no era dable acogerlas en la
providencia cuestionada, no obstante, la Sala estima que la regla
jurisprudencial empleada por los señores magistrados demandados, con el fin
de establecer el plazo de siete (7) meses, sí resultaba aplicable en el referido
asunto constitucional, toda vez que las normas cuya observancia se debatía en
todos los citados expedientes, no contemplaban el tiempo para ese propósito.
Así las cosas, como el artículo 8º de la Resolución 138 de 31 de enero de
2014 no señala dentro de qué término el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible debe aprobar el plan allí consignado, al igual que las disposiciones
que se exigían acatar en las acciones de cumplimiento 25000-23-41-000-
2015-00041-01, 63001-23-33-000-2015-00227-01 y 25000-23-41-000-2015-
00789-01, era viable que las autoridades accionadas observaran el criterio
jurisprudencial, según el cual la exigibilidad de la norma no está condicionada
a que fije tiempo alguno para su cumplimiento, pues en ese evento es
procedente que el juez lo establezca, en aras de garantizar la eficacia de
aquella.
Ahora bien, la demandante indica que el fallo cuestionado desconoce la
consulta previa, cuya ejecución no está supeditada a un determinado lapso, sin
33
Sentencias de (i) de 17 de julio de 2015, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente 25000-23-41-
000-2015-00041-01; (ii) 3 de diciembre de 2015, C. P. Rocío Araújo Oñate, expediente 63001-23-33-000-
2015-00227-01; y (iii) 20 de noviembre de 2019, C. P. Luis Alberto Álvarez Parra, expediente 25000-23-41-
000-2015-00789-01.
19
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
embargo, al analizar la providencia atacada se observa que, contrario a lo
sugerido por la actora, los señores magistrados demandados no afectaron ese
precepto superior, sino que sostuvieron que era necesario agotarlo dentro de
los siete (7) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, criterio que para
la Sala resulta acorde con el ordenamiento jurídico, puesto que, se reitera,
garantiza que se surta de manera ágil.
Cabe aclarar que el plazo que la actora considera trasgresor de su derecho
constitucional fundamental al debido proceso facilita que la consulta previa se
realice con rigor, habida cuenta de que el acatamiento del término fijado por
los señores magistrados demandados amerita actuaciones administrativas
eficientes, con lo que, sea dicho de paso, se logra la pronta observancia del
artículo 8º de la Resolución 138 de 31 de enero de 2014, que lleva ocho (8)
años sin poder hacerse efectivo.
Asimismo, debe señalarse que si bien en el aludido procedimiento ante las
comunidades indígenas intervienen autoridades34 de diferente índole y no solo
la tutelante, la fijación de los siete (7) meses por parte de los señores
magistrados demandados no involucra por sí sola afectación de derechos
constitucionales fundamentales, pues su finalidad es garantizar el
cumplimiento de la precitada disposición y asegurar que la consulta previa sea
expedita. Ahora, en el eventual caso de que no se cumpla dicho término, ello
no genera per se responsabilidad alguna, dado que la actora contará con la
instancia pertinente para explicar las razones de la desatención a la orden
judicial (trámite incidental de desacato de que trata el artículo 29 de la Ley
393 de 199735) y demostrar su diligencia.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que la sentencia censurada no adolece
de defecto procedimental absoluto, por cuanto al ordenar a la tutelante que
apruebe el plan de que trata el artículo 8º de la Resolución 138 de 31 de enero
de 2014 dentro de los siete (7) meses siguientes a la ejecutoria de la decisión,
no se apartó del procedimiento señalado por el ordenamiento jurídico para las
acciones de cumplimiento y las consultas previas, sino que acogió la postura
jurisprudencial que se ha empleado en casos similares, con el propósito de
asegurar la eficacia de las normas que no son atendidas por la Administración.
3.6.2 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé
34
Conforme a la directiva presidencial 10 de 7 de noviembre de 2013.
35
«Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política».
20
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional36 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado
con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien
porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no
tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla.
Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en
el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al
caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la
efectividad de los derechos constitucionales»37.
En el sub lite la tutelante afirma que la providencia atacada incurre en defecto
sustantivo, porque inobservó las normas que regulan la consulta previa, como
el convenio 169 de la OIT, aprobado por Colombia a través de la Ley 21 de
1991, las cuales no fijan un lapso para agotar ese procedimiento, sin embargo,
para la Sala ese reproche carece de asidero jurídico, porque si bien es cierto
que la mencionada Ley no contempla un lapso dentro del que deba surtirse el
mencionado trámite, también lo es que resulta necesario interpretarla de
acuerdo con el resto del sistema normativo (en virtud de la interpretación
sistemática38), del cual hace parte la jurisprudencia del Consejo de Estado,
que constituye fuente formal de derecho (por tanto, es de obligatoria
observancia39) y ha admitido la posibilidad de señalar plazos para el
36
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
37
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
38
VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil Parte General y Personas. Décimo Quinta Edición. Editorial
Temis. 2004. Bogotá. P. 126 «[…] el sentido de las palabras y proposiciones de un determinado texto legal
debe relacionarse con la institución de que hacen parte y con el propio sistema jurídico».
39
Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 25 de septiembre de 2018, C. P. Ramiro Pazos Guerrero,
expediente 11001-03-15-000-2007-00136-00: «[…] la jurisprudencia se convirtió en una fuente formal del
derecho, que es reconocida como tal por el derecho mismo, y de la cual derivan su validez distintas reglas de
rango jurisprudencial. En ese orden, la jurisprudencia entra a complementar el concierto de fuentes del
derecho y, en consecuencia, se le reconoce fuerza vinculante que irradia sus efectos a todas las autoridades
que tienen la obligación de observarla».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
acatamiento de una disposición dentro de una acción de cumplimiento,
cuando no están consignados en ella, con la finalidad de propender por su
eficacia, premisa que aceptó la providencia acusada.
En atención a lo expuesto, el fallo cuestionado no comporta defecto sustantivo,
comoquiera que, además de que la Ley 21 de 1991 no le prohíbe a las
autoridades judiciales fijar un tiempo para que se adelante la consulta previa, el
hecho de que los señores magistrados demandados lo hayan instituido no
comporta desconocimiento del sistema normativo, máxime cuando se
evidencia que tuvo como finalidad garantizar la eficacia del artículo 8º de la
Resolución 138 de 31 de enero de 2014, con lo que también se obtiene que se
surta prontamente el procedimiento ante las comunidades indígenas.
3.6.3 Violación directa de la Constitución Política. La violación directa de la
Constitución se configura cuando el juez ordinario adopta una postura que la
desconoce, y en el evento de la tutela contra providencia judicial, cuando (i) en
esta se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de acuerdo con el
precedente constitucional, (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata y (iii) el juez en sus decisiones vulnera derechos fundamentales sin
aplicar el principio de interpretación conforme a la Carta Política.
En el asunto sub judice la actora sostiene que la sentencia reprochada
involucra violación directa de la Constitución Política, porque la fijación del
plazo para cumplir el artículo 8º de la Resolución 138 de 31 de enero de 2014,
desconoce que la consulta previa no está supeditada a término alguno.
Al respecto, para la Sala, como se ha explicado con antelación, las
autoridades accionadas no quebrantan ese precepto superior, porque no
suprimieron ese trámite, sino que dispusieron que se adelantara de manera
expedita, con lo que, valga decir, atendieron el artículo 6º (numeral 2) del
Convenio 169 de la OIT, que prevé que «[l]as consultas llevadas a cabo en
aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera
apropiada a las circunstancias», las cuales imponen la necesidad de señalar
un término para cumplir aquella Resolución, máxime cuando ello no ha
ocurrido, a pesar de proferirse hace más de ocho (8) años.
En ese orden de ideas, el fallo cuestionado, al indicar que el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible debe aprobar el plan de que trata el artículo
8º de la Resolución 138 de 31 de enero de 2014 dentro de los siete (7) meses
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05462-00
Actora: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
siguientes a su ejecutoria, no trasgrede el precepto superior de la consulta
previa, por tanto, no involucra violación directa de la Constitución Política.
A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala negará el amparo deprecado,
comoquiera que la decisión censurada no comporta defectos procedimental
absoluto y sustantivo ni violación directa de la Constitución Política.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Acéptase, en condición de coadyuvante de la demandante, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con la motivación.
2º Niégase el amparo del derecho constitucional fundamental al debido
proceso invocado por la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, por las razones expuestas en las consideraciones.
3º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
4º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAN HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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