Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05465-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05465-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05465-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
24 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05465 00
Demandante: Ana Prada
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La señora Ana Prada, por medio de apoderado, promueve acción de tutela contra la
providencia del 19 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que confirmó el auto del 22 de
octubre de 2020, dictado por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de
Bogotá.
1.2. Pretensiones
La accionante formula las siguientes súplicas:
i) Se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Ana Prada
acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica.
ii) En consecuencia, se deje sin efectos el auto del 19 de julio de 2022, proferido por
la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que confirmó la providencia del 22 de octubre de 2020, dictada por el Juzgado
Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dentro del proceso ejecutivo
con radicación 11001 33 35 019 2015 000840 01, mediante la cual no libró
mandamiento de pago.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la accionante a través de su apoderado señala los
siguientes:
i) El Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá mediante
sentencia del 25 de mayo de 2012, que dictó dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 31 019 2011 00409 00, declaró
nula la Resolución 239 del 26 de marzo de 2009, expedida por la directora de
pensiones de la Secretaría de Hacienda del departamento de Cundinamarca, por
medio de la cual negó el reconocimiento de la indexación del reajuste de la pensión de
sobrevivientes de la que es beneficiaria como cónyuge supérstite del señor Silvestre
Figueroa Nieto. Así mismo, condenó a la entidad a indexar las sumas reconocidas en
la Resolución 1923 del 25 de junio de 2004, por concepto del reajuste de la mesada
pensional contemplado en la Ley 6.ª de 1992 y su Decreto Reglamentario 2198 de
1992, pero con efectos fiscales a partir del 24 de octubre de 2005, por prescripción
trienal.
ii) Esa decisión fue objeto de apelación por la parte demandada, desatada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, Sección Segunda,
Subsección F, que en fallo del 17 de septiembre de 2013, confirmó la sentencia que
había accedido parcialmente a las súplicas de la demanda.
iii) Con fundamento en esas decisiones impetró demanda ejecutiva que le
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Demandante: Ana Prada
correspondió al Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá con
la radicación 11001 33 35 019 2015 00840 00, que en auto del 22 de octubre de 2020
repuso el proveído del 30 de noviembre de 2018, por medio del cual se libró
mandamiento de pago parcial en contra del departamento de Cundinamarca,
Secretaría de Hacienda, Unidad Administrativa Especial de Pensiones, Dirección de
Pensiones Públicas y, en su lugar, se abstuvo de dictar mandamiento de pago.
Inconforme con ese proveído formuló recurso de apelación.
iv) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por
medio de auto del 19 de julio de 2022 confirmó la providencia del 22 de octubre de
2020, con lo cual desconoció los preceptos constitucionales establecidos en los
artículos 13, 29, 48 y 53, así como el precedente judicial vinculante y obligatorio de la
Corte Constitucional fijado en las sentencias C-862 de 2006, C-891 A de 2006, C-611
de 1996, C-1433 de 2000, SU-12 de 2003, SU-1073 de 2012, T-663 de 2003, T-1169
de 2003, T-098 de 2005, T-045 de 2007, T-447 de 2009, T-457 de 2009, T-628 de
2009, T-906 de 2009 y T-051 de 2013, respecto al derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, que debe ser reconocido a todos los jubilados y
pensionados aún con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y sin distinción
de regímenes.
1.4. Fundamentos jurídicos
El accionante aduce que con el proveído objeto de censura se vulneran sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y a la seguridad jurídica; así mismo, se incurre «en defecto sustantivo, defecto
fáctico […] desconocimiento del precedente judicial vertical y horizontal […] y violación
directa de la Constitución Política». Debido a la confusa exposición de las razones que
esgrime como sustento de sus alegaciones, se transcriben así:
[…] el desconocimiento, el no acatamiento, la no aplicación de los preceptos
constitucionales: Art. 13, 29, 48 y 53, como el precedente jurisprudencial vinculante
y obligatorio de la Corte Constitucional sentencia: (sic) C-862 de 2006, C-891 A de
2006, C-611 de 1996, C-1433 de 2000, SU-12 de 2003, SU-1073 de 201(sic), T-
663 de 2003, T-1169 de 2003, T-098 de 2005, T-469 de 2005, T-045 de 207, T-
447 de 2009, T-457 de 2009, T-628 de 2009, T-906 de 2009 y T-051 de 2013
indica: «…En el reciente pronunciamiento SU-1073 de 2012 ya citado, la Sala
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Demandante: Ana Prada
Plena de esta corporación unificó los anteriores postulados, señalando de manera
clara que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional se reconoce
a todos los jubilados y pensionados aún anterior a la vigencia de la Ley 100 de
1993 y sin distinción de regímenes, precisando su carácter universal y advirtiendo
que su negación constituye una directa violación a la Constitución de 1991, debido
a que su reconocimiento configura un desarrollo del Estado social de derecho y
una garantía acorde con los artículos 13 y 46, que prescriben la especial protección
constitucional a las personas de avanzada edad y el derecho al mínimo vital…» y
COMO VÍCTIMAS O AFECTADAS, derechos trasgredidos a la señora Ana Prada, por
acción, omisión o extralimitación por desconocer, no acatar, no aplicar los
preceptos constitucionales y el precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio
de la Corte Constitucional».
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 20 de octubre de 2022, que se ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F y al Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación al Departamento
de Cundinamarca (Secretaría de Hacienda, Unidad Administrativa Especial de
Pensiones del Departamento de Cundinamarca, Dirección de Pensiones Públicas) y a
todas las personas que intervinieron dentro del proceso ejecutivo con radicación 11001
33 35 019 2015 00840 00 [01], como terceros interesados en las resultas de este
proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa,
rindieran el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F. La magistrada Patricia Salamanca Gallo se opone a la prosperidad de
las pretensiones y rinde informe en los siguientes términos:
i) En la sentencia base de ejecución no se ordenó el pago de la indexación de la
primera mesada como lo aduce la señora Ana Prada, toda vez que esta había sido
reconocida por la administración en la Resolución 1923 del 25 de junio de 2004,
mediante la cual se reajustó a partir del 1.º enero de 1993, la pensión de sobreviviente
que devenga, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 6.ª de 1992 y el Decreto
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2108 de 1992; en consecuencia, en la condena se dispuso la actualización sobre el
retroactivo otorgado en el aludido acto.
ii) En relación con el presunto defecto fáctico y desconocimiento del precedente
judicial vertical y horizontal, así como la violación a los derechos al debido proceso, a
la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica alegados
por la parte actora, se debe indicar que del contenido del título ejecutivo no se
desprendía la obligación de pagar suma alguna a favor de la accionante; por tanto, la
decisión del 19 de julio de 2022, no es infundada, sino que por el contrario, en ella se
efectuó un análisis detallado del título y las incidencias económicas que acarreó la
declaración de prescripción, aspectos que no fueron discutidos en el proceso ordinario.
iii) Así las cosas, el auto que niega el mandamiento ejecutivo se ajusta a los
parámetros invocados en el título ejecutivo, sin que los argumentos que esgrime la
accionante con referencia al desconocimiento de precedentes constitucionales puedan
prosperar, comoquiera que la sentencia no ordenó el reconocimiento de la indexación
de la pensión, debido a que esta ya había sido otorgada por la administración.
iv) La accionante pretende que por vía de tutela se le reconozcan derechos que
percibe actualmente, es decir, reclama garantías que ya fueron objeto de
pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicción y, para ello, ataca el auto que no
libró mandamiento de pago, lo cual no tiene vocación de prosperidad, ya que en la
decisión contra la que se dirige la tutela no se configura el defecto fáctico ni violación
a los precedentes emitidos por la Corte Constitucional.
1.6.2. Tanto el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
como los terceros interesados guardaron silencio, pese a que fueron debidamente
notificados.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
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Demandante: Ana Prada
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25
del Acuerdo 80 de 2019,1 con base en el cual «las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora
Ana Prada contra la providencia del 19 de julio de 2022, que profirió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, dentro del proceso
ejecutivo con radicación 11001 33 35 019 2015 00840 01.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 20053, donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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Demandante: Ana Prada
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.3.2 De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional6 el concepto de providencia judicial
comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades
judiciales.
En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte Constitucional
ha señalado que estos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los
recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto, a excepción de que
en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Ver sentencias T 125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras.
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Demandante: Ana Prada
medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no será procedente
cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte
afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii)
a pesar de que existen otros medios, no resultan idóneos para proteger los derechos
afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para
evitar un perjuicio irremediable.7
En todo caso, para que proceda, deberán reunirse los «requisitos generales de
procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de
procedibilidad» del amparo de tutela fijados por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. La señora Ana Prada, por medio de apoderado, interpuso demanda para que
previos los trámites del proceso ejecutivo singular de menor cuantía se librara
mandamiento de pago en contra del Departamento de Cundinamarca, Secretaría de
Hacienda, Unidad Administrativa Especial de Pensiones, por la suma de $23.627.513,
los intereses moratorios desde que la obligación se hizo exigible y hasta cuando se
hiciera efectiva.8
2.4.2. El 30 de noviembre de 2018, el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, resolvió lo siguiente:9
PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, a favor de la ejecutante ANA PRADA […]
contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, por las siguientes sumas:
1.1. Por la suma de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN
MIL (sic) PESOS ($2.193.801M/CTE), por la actualización de las diferencias
resultantes de liquidar correctamente lo ordenado en la orden judicial proferida por
este [d]espacho el 25 de mayo de 2012 y confirmada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca el 17 de septiembre de 2013 y lo reconocido en el acto que dio
7 Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Índices 11 y 12, del expediente electrónico.
9 Índices 11 y 12, del expediente electrónico.
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Demandante: Ana Prada
cumplimiento a la sentencia judicial (Resolución No. 1407 del 8 de noviembre
de 2016), a partir del 10 de octubre de 2013 y hasta el día en que se nivele la
pensión en la forma ordenada en la sentencia judicial.
1.2. Por los intereses moratorios de que trata el artículo 177 del C.C.A., los cuales
se causaron del 10 de octubre de 2013 y hasta la fecha (sic) que se verifique el
pago, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
[…]
TERCERO: En atención a lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 171 de la Ley
1437 de 2011, fíjese la suma de $30.000 M/CTE. para gastos ordinarios del proceso,
valor que deberá consignarse a órdenes del Juzgado Diecinueve (19)
Administrativo (sic) Circuito Judicial de Bogotá, D.C., […]
2.4.3 El 22 de octubre de 2020, el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, al decidir el recurso de reposición formulado por la parte actora
contra el mandamiento ejecutivo, dispuso lo siguiente:10
1. REPONER el auto del 30 de noviembre de 2018, por medio de[l] cual se libró el
mandamiento de pago parcial a favor de ANA PRADA, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.
En consecuencia, se dispone:
NO LIBRAR mandamiento de pago solicitado por ANA PRADA, en contra de la (sic)
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE HACIENDA – UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES – DIRECCIÓN DE PENSIONES PÚBLICAS, por
lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
[…]
2.4.4 El 19 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte
ejecutante contra la decisión anterior, resolvió lo siguiente:11
PRIMERO: CONFÍRMASE el auto proferido el de (sic) 22 de octubre de 2020 por el
Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., que no libró mandamiento
de pago, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: En firme este auto, por Secretaría envíese el proceso al a quo, previas
las anotaciones de rigor.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
10 Índices 11 y 12 del expediente electrónico.
11 Índices 11 y 12, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05465 00
Demandante: Ana Prada
2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia
2.5.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez
que el debate planteado por la accionante gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad jurídica.
2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en
cuanto se censura la providencia que puso fin a la discusión que se propuso dentro
del proceso ejecutivo con radicación 11001 33 35 019 2015 00840 01.
2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto la decisión objeto
de reproche constitucional data del 19 de julio de 2022, se notificó electrónicamente a
las partes el 28 de julio de 202212 y la presente acción de tutela se radicó en la
Secretaría General de esta corporación el 13 de octubre de 2022,13 es decir, dentro
del término de los seis meses que señaló esta corporación como prudencial para el
ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los
hechos y argumentos frente a los que se alega vulneración».
2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso ejecutivo.
Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir el proveído del 19 de julio de 2022,
12 Índice 12, del expediente electrónico.
13 Índice 12, del expediente electrónico.
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Demandante: Ana Prada
que emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F.
2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
2.5.2.1. El defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de
precedente judicial
La Corte ha sostenido que se configura un defecto sustantivo, en la modalidad de
desconocimiento de precedente judicial, cuando se desconoce aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que, en
su ratio decidendi, se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.
En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para
identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: i) la ratio
decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente; ii) se trata de un problema jurídico
semejante o a una cuestión constitucional similar y iii) los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia son análogos o plantean un punto de derecho
equivalente al que se debe resolver posteriormente.14
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes
que tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia, a saber, el precedente
horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias dictadas por autoridades de igual
jerarquía o el propio operador judicial y el precedente vertical, que se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o en el marco constitucional.15
Para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
14 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
15 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05465 00
Demandante: Ana Prada
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción,16 y en los casos
en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.17
Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes, y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo
permite excepción cuando el caso presenta situaciones no analizadas con anterioridad
en otros fallos judiciales.
En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan
las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».18
De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin
debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios del debido proceso, de la
igualdad y de la buena fe.19
2.5.2.2 El defecto alegado
La señora Ana Prada alega la vulneración de sus garantías fundamentales al debido
16 Corte Constitucional. Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
17 Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
18 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
19 Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
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proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica
con la providencia proferida el 19 de julio de 2022, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, toda vez que, supuestamente,
desconoció esos preceptos constitucionales, así como el precedente judicial vinculante
y obligatorio de la Corte Constitucional fijado en las sentencias C-862 de 2006, C-891
A de 2006, C-611 de 1996, C-1433 de 2000, SU-12 de 2003, SU-1073 de 2012, T-663
de 2003, T-1169 de 2003, T-098 de 2005, T-045 de 2007, T-447 de 2009, T-457 de
2009, T628 de 2009, T-906 de 2009 y T-051 de 2013, respecto al derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, que debe ser reconocido a todos los
jubilados y pensionados aún con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y sin
distinción de regímenes.
Pues bien, el Tribunal al examinar el contenido de la parte motiva y resolutiva del título
ejecutivo que presentó la accionante, esto es, las sentencias del 25 de mayo de 2012,
emitida por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá y del 17 de
septiembre de 2013 dictada por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, estableció lo siguiente:
1) La Sala advierte que en la citada providencia no se reconoció el reajuste de la
mesada pensional con base en la [L]ey 6 de 1992, comoquiera que ese reajuste
ya lo había realizado la Entidad a través de la Resolución No. 001923 del 25 de
junio de 2004.
En efecto, en el expediente obra la referida, (sic) por medio de la cual la Entidad
reajustó la mesada pensional de conformidad con lo previsto en la Ley 6 de 1992,
ordenó el pago de $5.259.105 por concepto de las diferencias causadas hasta el
31 de diciembre de 2003 y dispuso que a partir del 1º de enero de 2004 se pagaría
la mesada con el mencionado reajuste […]
2) La Sala advierte que, la sentencia que se aporta como título ejecutivo, ordenó la
indexación del monto reconocido por la Entidad por el reajuste previsto en la Ley
6 de 1992 en la Resolución No. 001923 del 25 de junio de 2004.
Por lo anterior, la Sala considera que el valor de la indexación reconocida
corresponde a un monto que debía de (sic) pagarse en una única oportunidad, esto
es, como un solo capital consolidado, el cual, no tiene incidencia en el valor de las
mesadas pensionales futuras.
Aunado a lo anterior, es importante resaltar que la Entidad, mediante la
mencionada Resolución, dispuso el reajuste sucesivo de las mesadas posteriores,
lo cual significa que luego de la expedición del acto, la pensionada recibió los
valores de sus mesadas con el reajuste respectivo, sin que pueda predicar que las
mesadas posteriores al 1º de enero de 2004 debían ser actualizadas, pues
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respecto de estas no se produjo pérdida del poder adquisitivo.
3) Por último, la Sala advierte que en la sentencia objeto de ejecución se decretó
expresamente la prescripción «a partir del 24 de octubre de 2005», por lo cual, no
era posible reconocer la indexación causada con anterioridad a dicha fecha.
En ese contexto, la Sala observa que, en principio, la Entidad, en cumplimiento de
la orden judicial, debía indexar el valor reconocido por concepto de reajuste desde
el 1º de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha en la cual se
efectuó el pago que se reconoció en la Resolución 01923 del 25 de junio de 2004;
sin embargo, atendiendo a que se decretó la prescripción de la indexación causada
con anterioridad a octubre de 2005, por sustracción de materia se concluye que no
había lugar a realizar pago alguno.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal estimó que resultaba improcedente librar
orden de pago, como lo decidió el a quo, porque no es una obligación actualmente
exigible ya que el reajuste ordenado en la Ley 6.ª de 1992, constituyó un pago único
que se causó hasta diciembre de 2003 y al decretarse la prescripción a partir del 24
de octubre de 2005 «se afectó todo el período objeto de pago de la indexación (1º de
enero de 1993 a 31 de diciembre de 2003), es decir, que la prescripción que decretó
el Juez resultó ser extintiva del derecho y no parcial»; por tanto, las decisiones cuyo
cumplimiento reclama la accionante no contienen una obligación expresa susceptible
de ser ejecutada a través del medio de control judicial que impetró.
En tal sentido, se concluye por esta Sala que en la decisión objeto de la litis se
sustentaron debidamente las razones por las cuales no era posible dictar mandamiento
ejecutivo por las diferencias de la indexación con efectos fiscales a partir del 24 de
octubre de 2005 y hasta la ejecutoria de los fallos del 25 de mayo de 2012 y del 17 de
septiembre de 2013, esto es, el 9 de octubre de 2013, porque carecía de los requisitos
inherentes al título ejecutivo, esto es, contener una obligación clara, expresa y
exigible.
Así las cosas, la providencia controvertida está suficientemente argumentada, en lo
que se refiere a los motivos por los que no se podía adelantar la ejecución, ya que el
proceso ejecutivo no es el escenario para discutir lo que se decidió en el juicio
declarativo de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a las sentencias
cuyo cobro persigue, que según lo señaló la autoridad demandada, no fueron
debatidas por la accionante ante el juez de instancia; por consiguiente, lo resuelto en
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modo alguno constituye transgresión de sus garantías fundamentales, sino que
corresponde al ejercicio de la autonomía e independencia de las que está investido el
juez de la causa y que en forma precisa lo habilitan para aplicar la ley sustancial y
fijarle su verdadero sentido y alcance frente al caso concreto.
Y es que el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de interpretación,
pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de tutela cuando se
trata de providencias judiciales es revisar que la decisión no sea manifiestamente
arbitraria y desproporcionada. En el asunto sometido a examen se tiene que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, expresó de manera
clara y detallada las razones por las cuales consideró que se debía confirmar la
decisión a través de la cual el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá no libró mandamiento de pago como lo solicitó la señora Ana Prada.
Así mismo, el accionante aduce el desconocimiento del precedente judicial fijado por
la Corte Constitucional, pues el juzgador de instancia no tuvo en cuenta las
providencias de esa corporación en las que establece que la primera mesada
pensional debe ser indexada.
Considera la Sala que contrario a lo que arguye el accionante, esos criterios
jurisprudenciales no resultan aplicables a su caso, porque como lo señaló el Tribunal,
en las sentencias del 25 de mayo de 2012 y del 17 de septiembre de 2013, que se
presentaron como título ejecutivo, no se ordenó el reconocimiento de la indexación de
la pensión que devenga la señora Prada, debido a que esta ya había sido otorgada
por la administración mediante la Resolución 1923 del 25 de junio de 2004.
3. Conclusión
La Sala concluye, entonces, que en la providencia del 19 de julio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante la cual confirmó el proveído que dictó el 22 de octubre de 2020 el Juzgado
Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, no se violaron los derechos
al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la
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Demandante: Ana Prada
seguridad jurídica ni se incurrió en desconocimiento del precedente judicial como lo
aduce la accionante.
En tal sentido, la Sala procederá a denegar el amparo que solicita la señora Ana Prada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Denegar el amparo que solicita la señora Ana Prada conforme a la parte
considerativa que antecede.
Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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