Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05465-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05465-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05465-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
9 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05465 01
Actora: Ana Prada
Demandados: Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 24 de noviembre de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual negó la solicitud de amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio, i) el Tribunal,
al proferir el auto de 19 de julio de 2022, y ii) el Juzgado, al proferir el auto de 22 de
octubre de 2020, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de
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Actora: Ana Prada
radicación 11001 33 35 019 2015 000840 01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, presentó demanda contra el Departamento de Cundinamarca,
Secretaría de Hacienda, Unidad Administrativa Especial de Pensiones, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se
declarara la nulidad de la resolución “[...] No. 239 del 26 de marzo de 2009 […] que
negó la solicitud de reconocimiento de la indexación del reajuste efectuado en la
pensión de sobreviviente [...] y a título de restablecimiento del derecho, “[...] se
condene al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE
HACIENDA – DIRECCIÓN DE PENSIONES PÚBLICAS, a que proceda a realizar
la indexación o actualización […] por concepto del reajuste de la mesada pensional
contemplado en la Ley 6a de 1992 y su Decreto Reglamentario 2108 de 1992[...]”.
4. Indicó que, el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
5. Adujo que, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al resolver el recurso de apelación, mediante sentencia de 17 de
septiembre de 2013, confirmó la decisión proferida el 25 de mayo de 2012, por la
autoridad judicial mencionada supra.
6. Manifestó que, presentó demanda ejecutiva contra el Departamento de
Cundinamarca, Secretaría de Hacienda, Unidad Administrativa Especial de
Pensiones, con el fin de que se librara mandamiento de pago “[…], por concepto de
actualización de las diferencias resultantes del reajuste de la mesada pensional
contemplada en la Ley 6a de 1992 y su Decreto Reglamentario 2108 del mismo año
y por los intereses moratorios desde el 10 de octubre de 2013 y hasta la fecha en
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Actora: Ana Prada
que se verifique el pago, obligación derivada de la sentencia proferida [...] el 25 de
mayo de 2012 [...]” .
7. Señaló que, el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
mediante auto del 30 de noviembre de 2018, libró mandamiento de pago a su favor,
por la suma de “[...] $2.193.801 [...]”.
8. Indicó que, mediante auto de 22 de octubre de 2020, el Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de reposición
decidió reponer el auto de 30 de noviembre de 2018, para en su lugar, no librar
mandamiento de pago.
9. Adujo que, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 22
de octubre de 2020, profirió auto el 19 de julio de 2022, disponiendo en su parte
resolutiva lo siguiente:
“[...] PRIMERO: CONFÍRMASE el auto proferido el de (sic) 22 de octubre de 2020 por
el Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., que no libró mandamiento
de pago, por las razones expuestas en la parte motiva.[...]”.
10. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró lo siguiente:
“[…] 1. La Sala advierte que en la citada providencia no se reconoció el reajuste de la
mesada pensional con base en la Ley 6 de 1992, comoquiera que ese reajuste ya lo
había realizado la Entidad a través de la Resolución No. 001923 del 25 de junio de
2004.
En efecto, en el expediente obra la referida, por medio de la cual la Entidad: reajustó
la mesada pensional de conformidad con lo previsto en la Ley 9 de 1992, ordenó el
pago de $5.259.105 por concepto de las diferencias causadas hasta el 31 de
diciembre de 2003 y dispuso que a partir del 1o de enero de 2004 se pagaría la
mesada con el mencionado reajuste […]”.
[…]
“[…] La Sala advierte que, la sentencia que se aporta como título ejecutivo, ordenó la
indexación del monto reconocido por la Entidad por el reajuste previsto en la Ley 6 de
1992 en la Resolución No. 001923 del 25 de junio de 2004.
Por lo anterior, la Sala considera que el valor de la indexación reconocida corresponde
a un monto que debía de pagarse en una única oportunidad, esto es, como un solo
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Actora: Ana Prada
capital consolidado, el cual, no tiene incidencia en el valor de las mesadas
pensionales futuras.
Aunado a lo anterior, es importante resaltar que la Entidad, mediante la mencionada
Resolución, dispuso el reajuste sucesivo de las mesadas posteriores, lo cual significa
que luego de la expedición del acto, la pensionada recibió valores de sus mesadas
con el reajuste respectivo, sin que pueda predicar que las mesadas posteriores al 1 o
de enero de 2004 debían ser actualizadas, pues respecto de estas no se produjo
pérdida del poder adquisitivo.
3) Por último, la Sala advierte que en la sentencia objeto de ejecución se decretó
expresamente la prescripción “ a partir del 24 de octubre de 2005”, por lo cual, no era
posible reconocer la indexación causada con anterioridad a dicha fecha.
En ese contexto, la Sala observa que, en principio, la Entidad, en cumplimiento de la
orden judicial, debía indexar el valor reconocido por concepto de reajuste desde el 1o
de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha en la cual se efectuó el
pago que se reconoció en la Resolución 001923 del 25 de junio de 2004; sin embargo,
atendiendo a que se decretó la prescripción de la indexación causada con anterioridad
a octubre de 2005, por sustracción de materia se concluye que no había lugar a
realizar pago alguno… […]”.
[…]
“[…] La Sala considera que la condena judicial resultó ser inane, pues al haberse
decretado la prescripción a partir de la fecha referida, se afectó todo el período objeto
de pago de indexación (1o de enero de 1993 a 31 de diciembre de 2003), es decir,
que la prescripción que decretó el Juez resultó ser extintiva del derecho y no parcial,
pues como se indicó, el derecho reconocido no incidía en las mesadas pensionales
futuras porque se trataba de un pago único por concepto de indexación.
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia como quiera que no
es procedente proferir mandamiento de pago, pues la sentencia cuyo cumplimiento
se reclama, no contiene una obligación expresa susceptible de ser ejecutada a través
de este medio de control judicial […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
11. La actora solicitó en su escrito de tutela.
“[…] i) Se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica.
ii) En consecuencia, se deje sin efectos el auto del 19 de julio de 2022, proferido por
la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que confirmó la providencia del 22 de octubre de 2020, dictada por el Juzgado
Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dentro del proceso ejecutivo
con radicación 11001 33 35 019 2015 000840 01, mediante la cual no libró
mandamiento de pago […]”.
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Actora: Ana Prada
Actuación
12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 20 de octubre de 2022; i) admitió
la acción de tutela, ii) ordenó notificar a la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito de Bogotá; y iii) vinculó al Departamento de Cundinamarca, Secretaría
de Hacienda, Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de
Cundinamarca, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término
de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo
13. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda y al
respecto consideró lo siguiente:
“[…] comoquiera que en la decisión proferida por esta Corporación el 19 de julio de
2022, contrario a lo que plantea la demandante, la sentencia base de ejecución no
ordenó el pago de la indexación de la primera mesada, pues ésta había sido
reconocida por la Administración […]”.
“[…] En consecuencia, en la condena se ordenó el pago de la indexación respecto al
retroactivo reconocido previamente por la Administración […]”.
[…]
“[…] Sobre el presunto defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial
vertical y horizontal, así como vulneración a los derechos al debido proceso, a la
igualdad, acceso a la administración de justicia; y a la seguridad jurídica alegadas por
la parte actora, es del caso indicar que la Sala observó el contenido de la sentencia
base de ejecución y encontró que de la misma no se desprendía la obligación de
cancelar suma alguna a favor de la accionante, sin que dicha decisión haya sido
infundada, sino que por el contrario, se trató de un análisis detallado del contenido del
título ejecutivo y las incidencias económicas que tuvo la declaratoria de prescripción
allí contenidas, que no fueron discutidas en el proceso ordinario.
Así las cosas, el auto negó el mandamiento ejecutivo conforme a los parámetros
indicados en el título base de ejecución, sin que los argumentos que hacen referencia
al desconocimiento de precedentes constitucionales puedan prosperar como quiera
que la sentencia no ordenó el reconocimiento de la indexación de la pensión, debido
a que ésta ya había sido otorgada por la Administración.
En suma, la parte accionante pretende que por vía de tutela se le reconozcan
derechos que según la sentencia ordinaria percibe actualmente, esto es, reclama
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Actora: Ana Prada
aspectos que ya fueron objeto de pronunciamiento de fondo por parte de la
jurisdicción; y para ello, ataca el auto que resolvió que no había lugar a librar
mandamiento de pago. En consecuencia, los argumentos en los cuales se funda el
escrito introductorio no se encuentran llamados a prosperar, como quiera que el auto
objeto de tutela no incurre en defecto fáctico, ni vulneración a precedentes emitidos
por la H. Corte Constitucional, razón por la cual solicito que las pretensiones de la
tutela de la referencia sean negadas […]”.
14. El Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá y el Departamento
de Cundinamarca, Secretaría de Hacienda, Unidad Administrativa Especial de
Pensiones del Departamento de Cundinamarca guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
15.La Subsección A de la Sección Segunda del del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 24 de noviembre de 2022, resolvió lo siguiente:
“[…] Primero. Denegar el amparo que solicita la señora Ana Prada conforme a la
parte considerativa que antecede […]”.
16. Consideró que:
“[…] el Tribunal estimó que resultaba improcedente librar orden de pago, como lo
decidió el a quo, porque no es una obligación actualmente exigible ya que el reajuste
ordenado en la Ley 6.ª de 1992, constituyó un pago único que se causó hasta
diciembre de 2003 y al decretarse la prescripción a partir del 24 de octubre de 2005
«se afectó todo el período objeto de pago de la indexación (1º de enero de 1993 a 31
de diciembre de 2003), es decir, que la prescripción que decretó el Juez resultó ser
extintiva del derecho y no parcial»; por tanto, las decisiones cuyo cumplimiento
reclama la accionante no contienen una obligación expresa susceptible de ser
ejecutada a través del medio de control judicial que impetró.
En tal sentido, se concluye por esta Sala que en la decisión objeto de la litis se
sustentaron debidamente las razones por las cuales no era posible dictar
mandamiento ejecutivo por las diferencias de la indexación con efectos fiscales a
partir del 24 de octubre de 2005 y hasta la ejecutoria de los fallos del 25 de mayo de
2012 y del 17 de septiembre de 2013, esto es, el 9 de octubre de 2013, porque carecía
de los requisitos inherentes al título ejecutivo, esto es, contener una obligación clara,
expresa y exigible.
Así las cosas, la providencia controvertida está suficientemente argumentada, en lo
que se refiere a los motivos por los que no se podía adelantar la ejecución, ya que el
proceso ejecutivo no es el escenario para discutir lo que se decidió en el juicio
declarativo de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a las sentencias
cuyo cobro persigue, que según lo señaló la autoridad demandada, no fueron
debatidas por la accionante ante el juez de instancia; por consiguiente, lo resuelto en
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modo alguno constituye transgresión de sus garantías fundamentales, sino que
corresponde al ejercicio de la autonomía e independencia de las que está investido el
juez de la causa y que en forma precisa lo habilitan para aplicar la ley sustancial y
fijarle su verdadero sentido y alcance frente al caso concreto.
Y es que el fallador constitucional no puede tomar posición en juicios de
interpretación, pues ello compete estrictamente al juez natural. El oficio del juez de
tutela cuando se trata de providencias judiciales es revisar que la decisión no sea
manifiestamente arbitraria y desproporcionada. En el asunto sometido a examen se
tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, expresó de manera clara y detallada las razones por las cuales consideró que se
debía confirmar la decisión a través de la cual el Juzgado Diecinueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá no libró mandamiento de pago como lo solicitó la
señora Ana Prada.
Así mismo, el accionante aduce el desconocimiento del precedente judicial fijado por
la Corte Constitucional, pues el juzgador de instancia no tuvo en cuenta las
providencias de esa corporación en las que establece que la primera mesada
pensional debe ser indexada.
Considera la Sala que contrario a lo que arguye el accionante, esos criterios
jurisprudenciales no resultan aplicables a su caso, porque como lo señaló el Tribunal,
en las sentencias del 25 de mayo de 2012 y del 17 de septiembre de 2013, que se
presentaron como título ejecutivo, no se ordenó el reconocimiento de la indexación
de la pensión que devenga la señora Prada, debido a que esta ya había sido otorgada
por la administración mediante la Resolución 1923 del 25 de junio de 2004.
Conclusión
La Sala concluye, entonces, que en la providencia del 19 de julio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante la cual confirmó el proveído que dictó el 22 de octubre de 2020 el Juzgado
Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, no se violaron los derechos
al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la
seguridad jurídica ni se incurrió en desconocimiento del precedente judicial como lo
aduce la accionante.
En tal sentido, la Sala procederá a denegar el amparo que solicita la señora Ana
Prada […]”.
La impugnación:
17. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente:
“[…] La Entidad demandada UAEPC, debió reconocer y pagar de oficio la
actualización de las sumas reconocidas mediante Resolución 001923 de fecha 25 de
junio de 2004 (reajuste pensional Ley 6 de 1992 y su Decreto Reglamentario 2108 de
1992, que rigió desde enero de 1993 hasta el 20 de noviembre de 1995) sin actualizar
las sumas reconocidas, es decir la demandante no recibió la diferencia de mesada y
como el reconocimiento y pago se hizo 11 años después las sumas deben ser
actualizadas desde enero de 1993 hasta el pago es por ello que se debe actualizar
las sumas que dejo de percibir la señora ANA PRADA, según el Consejo de Estado:
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“no existe normatividad alguna que establezca la actualización de las sumas que en
vía gubernativa paga la administración a sus administrados en forma morosa. Y si
bien, la administración no está facultada para sufragar sumas adicionales a las que
por ley le corresponde, no pueden desconocerse mandatos preconizados en la
Constitución de 1991, contenidos en el artículo 53, al tenor del cual dentro de los
principios mínimos fundamentales del derecho al trabajo se encuentran la
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.
Ello es entonces una expresión de equidad que impone que el pago del salario debe
ser oportuno, dada la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo, que
hace imperioso el pago del salario en forma concomitante con el desarrollo de la
relación laboral, dentro de los periodos concebidos para tal fin.”. La Constitución
consagra el principio de la equidad como criterio auxiliar en la actividad judicial, debe
tenerse en cuenta que la justicia es un valor supremo en esta delicada función y que
existen en el ordenamiento jurídico, disposiciones de orden legal que autorizan la
indexación o revaloración de las condenas impuestas (artículo 178 del C.C.A.). Se ha
indicado que el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones (indexación
pensional) no es un derecho fundamental autónomo, pero si adquiere esta
connotación por conexidad con otros derechos como el derecho al debido proceso, a
la igualdad o al mínimo vital (Sentencias T-1119 de 2003, T-663 de 2003 y T-805 de
2004), esto ocurre cuando la mesada pensional ha sufrido una depreciación
considerable y esa pérdida del poder adquisitivo amenaza las condiciones de vida del
pensionado. La indexación de la mesada pensional no se encuentra de manera
explícita en la Constitución, es un derecho que se deriva de otros derechos
constitucionales: según los preceptos constitucionales: El artículo 48 de la
Constitución Política […]”.
[…]
“[…] El reajuste que implique la indexación no hace la deuda más onerosa, ya que
solo mantiene su valor económico real frente a la progresiva devaluación de la
moneda, la obligación no se modifica, se establece que la misma al momento del
reconocimiento efectivo del derecho, se traduce en el valor real de la moneda para la
época y no es justo que el trabajador reciba un valor devaluado que tenía el derecho
a recibirlo indexado, y trasladar el riesgo de la depreciación al trabajador o
pensionado. El ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente
devaluación de la moneda que disminuye, en forma continua, el poder adquisitivo del
ingreso, por lo que disponer la indexación, es un acto de equidad, cuya aplicación por
parte del de nuestro ordenamiento jurídico lo consagra el Artículo 23 de la
Constitución indica: Fuentes de la actividad judicial “…Los jueces, en sus
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad
judicial…[…]”.
[…]
“[…] En cuanto a la prescripción de las pensiones otorgadas después de la Carta de
1991, dijo la sentencia, no existe incertidumbre, puesto que la Ley 100 de 1993
consagró las normas que determinan esa situación […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior se revoque la sentencia de primera instancia y se ordene el
reconocimiento y pago de la indexación desde la primera mesada (Enero de 1993)
hasta la ejecutoria de la sentencia y el reconocimiento y pago de interese moratorios
desde la ejecutoria de la sentencia hasta el pago real y material de la acreencia.
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[…]
“[…] Por todo lo anterior solicito se revoque la sentencia acusada y en su lugar se le
ordene se libre mandamiento de pago atendiendo que la indexación no es objeto de
prescripción por mandato constitucional, las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del
Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas
para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
2019.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
20. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de relevancia constitucional.
21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
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providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
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acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
23. Esta Sección adoptó2 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
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los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
3 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”4 que encaje en dichos parámetros.
26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de la relevancia constitucional
4 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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28. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
20146, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dla actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión dla actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
6 Ut supra página 6.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
13
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Actora: Ana Prada
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [13]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
29. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado14:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
14 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
14
Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05465 01
Actora: Ana Prada
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”15
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales dla actora, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”16
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
30. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta afectación no
tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico, ii) cuando el actor en
su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se demuestra que el amparo
presentado no se utiliza como una instancia procesal adicional.
15Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16 Ibidem.
15
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Actora: Ana Prada
31. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202217
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto
a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto
de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede
llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones
de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16
Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05465 01
Actora: Ana Prada
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]».
(Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
32. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
18
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
18 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
17
Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05465 01
Actora: Ana Prada
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
33. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
34. Atendiendo a que la Corte Constitucional19 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
19 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
18
Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05465 01
Actora: Ana Prada
35.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
36.Atendiendo a que, la Corte Constitucional20 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
37. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio, i) el Tribunal,
al proferir el auto de 19 de julio de 2022, y ii) el Juzgado, al proferir el auto de 22 de
octubre de 2020, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 11001 33 35 019 2015 000840 01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
38. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
39. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
20 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
19
Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05465 01
Actora: Ana Prada
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por la
actora en su respectivo escrito de tutela e impugnación.
Acervo y análisis probatorios
40.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
40.1. Copia del expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 11001 33 35 019 2015 000840 01.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional
41.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora, en su escrito de tutela indicó lo siguiente:
“[…] La Dirección de Pensiones Pública de Cundinamarca de la Unidad Administrativa
Especial de Pensiones, profirió resolución 001923 de fecha 25 de junio de 2004,
reconoció y pago el reajuste pensional regulado en la Ley 6 de 1992 y su Decreto
Reglamentario 2108 de 1992, el porcentaje del 14%, desde enero de 1993, con la
correspondiente indexación, indexación que no fue reconocida y pagada por la Unidad
Administrativa Especial de Pensiones por dar cumplimiento al reconocimiento y pago
11 años después.
[…]
“[…] La desatención en la que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al
resolver el recurso de alzada al confirmar el auto de fecha 22 de octubre de 2020,
proferido por el Juzgado 19 Administrativo de Bogotá D.C., al negar el mandamiento
de pago al reconocimiento y pago de indexación de las sumas que fueron reconocidas
y pagadas 11 años después (reajuste pensional regulado en la Ley 6 de 1992 y su
Decreto Reglamentario 2108 de 1992), sin la correspondiente indexación […]”.
[…]
“[…] el derecho a la indexación de la primera mesada pensional se reconoce a todos
los jubilados y pensionados aún anterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y sin
20
Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05465 01
Actora: Ana Prada
distinción de régimenes, precisando su carácter universal y advirtiendo que su
negación constituye una directa violación a la Constitución de 1991, debido a que su
reconocimiento configura un desarrollo del Estado social de derecho y una garantía
acorde con los artículos 13 y 46, que prescriben la especial protección constitucional
a las personas de avanzada edad y el derecho al mínimo vital…” y COMO VICTIMAS
O AFECTADAS, derechos trasgredidos a la señora Ana Prada […]”.
42. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por las autoridades judiciales accionadas y la acción de tutela
contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el
debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades
judiciales accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.
43. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue
decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
44. Al respecto, la Corte Constitucional21 ha señalado:
“[…] en el caso planteado se tiene que el asunto que se discute tiene un
marcado carácter patrimonial, pues lo que está discusión es el pago de un
derecho de crédito que se deriva a la imposición de una sanción pecuniaria
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sociedad
comercial Ponce León S. A. Ingenieros Consultores-en liquidación, lo que
excluiría de plano la relevancia constitucional del asunto y, por lo tanto, la posibilidad
de acudir a la tutela para proteger los derechos que la entidad tutelante considera
afectados. […]”. (Resaltado por la Sala).
45. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de
esta Corporación, en reiterados pronunciamientos , y en especial, en la sentencia
22
proferida el 3 de mayo de 2019 señaló lo siguiente:
21 Corte Constitucional, sentencia T-136 de 27 de marzo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre
de 2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de
2018, exp. No. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018,
exp. No. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
21
Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05465 01
Actora: Ana Prada
“[…]
La Sala comparte dicho enfoque, en atención a que en el caso sub judice no se cumplió
con el requisito atinente a la relevancia constitucional de la controversia; motivo por
el cual, no es posible ni mucho menos procedente estudiarla de fondo.
Ello toda vez que lo pretendido por la parte actora es reabrir nuevamente el
debate y la discusión jurídica sobre cuestiones estrictamente legales y, de
índole económica, que por cierto ya fueron discutidas y falladas en el trámite
del proceso ejecutivo con radicado 47001-33-33-006-2015-00370-0123, por parte
de los jueces naturales de conocimiento de la acción ejecutiva correspondiente.
Sin embargo, no se puede olvidar que el instituto de la tutela contra providencias
judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una
tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí
que su procedencia sea excepcional24, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada, sin más25.
En ese orden de ideas, con base en las consideraciones expuestas, y ante la
inobservancia del requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia
constitucional de la controversia, ésta Sala de Decisión confirmará en su totalidad la
sentencia de tutela impugnada del 18 de marzo de 201926, mediante la cual la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar
improcedente la acción de amparo interpuesta por el señor Francisco Rafael Palacio
Valle […]”.
46.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
23 Accionante: Francisco Rafael Palacio Valle. Accionado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
(Magdalena).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre
de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre
de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P.
Dr. Guillermo Vargas Ayala).
26 Visible a folios 160 a 164 de la causa constitucional.
22
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Actora: Ana Prada
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
47. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
48.Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente económico, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica de la actora y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que
de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.
49. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia la
trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen en un debate
estrictamente legal y económico.
Conclusiones de la Sala
50. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará improcedente el amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05465 01
Actora: Ana Prada
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 24 de noviembre de 2022 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para en su
lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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