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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05479-01

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05479-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nueva EPS, por lo expuesto. SEGUNDO: CONFIRMAR la providencia del 18 de noviembre 2022 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, por las razones expuestas en este proveído. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la de la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05479-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

2 de febrero de 2023

Demandantes: Ludwin Ricardo Blanco Rincón
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05479-01
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05479-01
Demandante: LUDWIN RICARDO BLANCO RINCÓN
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y OTROS

Tema: Acción de tutela contra acto administrativo – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Ludwin Ricardo
Blanco Rincón contra la sentencia del 18 de noviembre de 2022 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, que declaró la improcedencia
de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado el 13 de octubre de 2022, el señor Ludwin Ricardo Blanco
Rincón, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Nación –
Rama Judicial -Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y Consejo Seccional de la Judicatura de Cúcuta – Norte de
Santander, la Coordinación del área de Talento Humano del Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander y las empresas Coomeva EPS S.A en liquidación y
la Nueva EPS S.A., con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales
al “debido proceso, a la defensa y al mínimo vital y móvil.”

2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales debido a los
actos administrativos que le ordenaron reintegrar en favor de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta la suma de
$1.108.101 y dispusieron que, en caso de no allegar la constancia de pago dentro del
término otorgado, sería trasladado a la dependencia de cobro coactivo de la

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Demandantes: Ludwin Ricardo Blanco Rincón
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05479-01
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta para que le iniciaran dicho
proceso, con los respectivos intereses moratorios.

4. La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, como
consecuencia, pidió:

“PRIMERA: ORDENAR a la COOMEVA EPS que proceda a pagar al Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander - Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta – Área Talento Humano – Área de Cobro
Coactivo la incapacidad médica a mi concedida del 15 de noviembre al 4 de
diciembre del 2019.

SEGUNDA: ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta – Área
Talento Humano – Área de Cobro Coactivo que se abstenga de seguir realizando
en mi contra el cobro para el reembolso del dinero producto de la incapacidad
médica no pagada por parte de la EPS, pues está demostrado que las líneas
jurisprudencialmente reiteradas de la Corte Constitucional ordenan no trasladar
dicha carga al empleado”.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Ludwin Ricardo Blanco Rincón, quien labora en el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, estuvo incapacitado
desde el 15 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2019, por razones de salud.

Por lo anterior, radicó la incapacidad médica otorgada ante la Coordinación del área
de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cúcuta,
la cual fue devuelta con el fin de que se solicitara la respectiva transcripción ante la
EPS, por estar suscrita por un médico particular, sin embargo el tutelante se abstuvo
de realizar dicho trámite.

El 20 de octubre de 2021, al ingresar a un correo electrónico en desuso, la parte
actora se percató de que se estaba adelantando un proceso de cobro coactivo en su
contra, con el fin de que reembolsara el dinero correspondiente al pago de la
incapacidad otorgada y que fue realizado por su empleador, a saber Nación – Rama
Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta.

Debido a la indebida notificación, el señor Ludwin Ricardo Blanco Rincón solicitó que
se declarara la nulidad de todo lo actuado en dicho cobro.

Mediante Resolución No. DESAJCUR22-48 del 28 de enero de 2022, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta resolvió lo siguiente:

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Demandantes: Ludwin Ricardo Blanco Rincón
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Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otros

“ARTÍCULO 1°. DECLARAR LA NULIDAD en parte, según lo indicado en el
artículo 133 del CGP, de lo manifestado en los artículos 3° y 4° de la Resolución
DESAJCUR21-1613 de fecha 05 de mayo 2021; siendo declarada la terminación
del proceso por orden judicial por parte del Abogado Ejecutor de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial o Dirección Seccional de Administración
Judicial, por mayor valor pagado, mediante Resolución No. DESAJCUGCC21-
1390 del 24 de septiembre de 2021.

ARTÍCULO 2°. Reconstruir el acto procesal que general el vicio, según lo
señalado en el artículo 138 del CGP, manteniéndose valido a la fecha el proceso
exhaustivo y administrativamente desgastante, con resultado infructuoso por
cuanto, a la fecha el señor LUDWIN RICARDO BLANCO RINCÓN (…) no ha
efectuado pago alguno y mantiene una cartera en mora que asciende a la suma
de UN MILLON CIENTO OCHO MUL CIENTO UN PESOS MCTE ($1.108.101).

ARTÍCULO 3°. REQUERIR al señor LUDWIN RICARDO BLANCO RINCÓN (…)
para que reintegre el valor que asciende a la suma de UN MILLON CIENTO
OCHO MUL CIENTO UN PESOS MCTE ($1.108.101), con base en lo dispuesto
en la Circular Externa No. 02 de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la vigencia del
presente acto, mediante consignación a través de transacción electrónica por
PSE a la cuenta corriente (…)” (Sic para toda la cita).

Contra la decisión anterior, el accionante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, apelación, los que se resolvieron de manera desfavorable mediante
las Resoluciones N.° DESAJCUR22-1256 del 25 de febrero de 2022 y RH-5464
del 29 de septiembre de 20221, respectivamente, esta última que en su parte
resolutiva dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución DESAJCUR22-48 del 28 de
enero de 2022, expedida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cúcuta, que en su artículo tercero dispone que el señor Ludwin Ricardo Blanco
Rincón, identificado con cédula de ciudadanía n° 1090425587, reintegre a favor
de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cúcuta, la suma de un millón ciento ocho mil ciento un pesos m/l ($1.108.101);
por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Ludwin Ricardo Blanco Rincón efectuar
el pago de la obligación contenida en el anterior artículo, dentro de los diez (10)
hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de este acto administrativo. Se
advierte que de no allegar la constancia de pago dentro del término otorgado
será trasladado a la dependencia de cobro coactivo de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, para que inicie el proceso de cobro por el
procedimiento coactivo, y se liquidarán los respectivos intereses moratorios.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese la presente resolución al impugnante, en los
términos establecidos en la Ley 1437 de 2011, se le indica que contra ella no
procede recurso alguno y así queda agotado el trámite administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. Comisiónese a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta, para que efectúe la notificación y para tal efecto envíese el

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Proferida por el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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expediente con los antecedentes administrativos del peticionario, en archivo PDF,
y una vez surtido dicho trámite disponga la devolución de la constancia de la
notificación a esta Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1.3. Fundamentos de la vulneración

11. La parte actora manifestó estar inconforme con los actos administrativos que le
ordenaron reintegrar a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, la suma de un millón ciento ocho mil ciento un
pesos ($1.108.101), por las siguientes razones:

Adujo que no era su culpa que la EPS Coomeva en Liquidación no haya pagado la
incapacidad por estar prescrita por médico particular, sin embargo, “esto no es acorde
con la realidad de lo acontecido ya que si se me hubiese efectuado el requerimiento descrito
en el párrafo antecesor hubiese tenido la oportunidad de manifestarles que realmente esta
situación es culpa exclusiva de la Empresa Promotora de Salud COOMEVA, por cuanto no
accedió al reembolso de la incapacidad médica que ya se me pagó por parte del empleador,
sin cumplir las reglas dispuestas y reiteradas por la jurisprudencia para que pudiera efectuar
esta negativa, puesto que ante la existencia de un concepto de un médico particular soló la
rechazó por cuanto este no se encontraba adscrito a su red de prestadores, sin haberlo
desvirtuado con una base científica…”

Citó apartes de la sentencia T- 235 de 2018 y dijo que si se hubiera tenido en cuenta
“no me estuviese endilgando una obligación ajena, ya que finalmente quien debe reembolsar
el dinero que se me sufrago por concepto del pago de incapacidad es la EPS COOMEVA
que me vulneró mis derechos fundamentales y se negó al reconocimiento prestacional sin
cumplir los requisitos para ello”.

Sostuvo que debió aplicarse el artículo 121 del Decreto 019 de 2012 que prevé que
el trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad laboral “deberá
ser adelantado, de manera directa, por el empleador ante las entidades promotoras de salud
EPS” y que “en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de
dicho reconocimiento”.

Planteó que “el pago que se me realizó debe dejar de ser tomado como el pago de la
incapacidad, sino que se me sustituyó mi salario y el mismo no puede ser objeto de
recobro…”, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-523 de 2020.
Mencionó que el cobro coactivo se debe iniciar contra Coomeva EPS por ser
responsable del pago del auxilio por incapacidad.

Concluyó lo siguiente: “Fuera de todo este lio jurídico jurisprudencial, mi empleador, Rama
Judicial, no solo es responsable de los quebrantos en mi salud, sino que, no bastándole con
ello, me exige que le pague el tiempo que tuve que descansar para recuperarme de las
dolencias que su propia falta de organización y recursos generaron en mí; si esto no es una
problemática iusfundamental, personal, intima, entonces, que lo es?”

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1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

17. Mediante auto del 20 de octubre de 2022 la magistrada ponente del Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección A, decidió entre otras cosas, negar la
medida de suspensión provisional solicitada toda vez que no se advertía la
configuración de un perjuicio irremediable, admitir la demanda y notificar a la parte
actora, así como al Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Consejo Seccional de la Judicatura
de Cúcuta – Norte de Santander, la Coordinación del área de Talento Humano del
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y las empresas Coomeva
EPS S.A en liquidación y la Nueva EPS S.A.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Indicó que se configuró una carencia de objeto por hecho superado, dado que, según
lo informó la División de Cobro Coactivo, mediante Resolución N.°
DESAJCUGCC22-380 de 4 de febrero de 2022, se declaró terminado el proceso y “a
la fecha no cursa ningún proceso administrativo de cobro coactivo contra el señor Ludwin
Ricardo Blanco Rincón”.

De otra parte, afirmó que la acción de tutela de la referencia es improcedente porque:
i) el tutelante pretende el amparo de un derecho fundamental que le fue plenamente
garantizado en el trámite de cobro coactivo; ii) no se ataca el procedimiento
adelantado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; iii) existen otros
mecanismos para garantizar los derechos que considera vulnerados y iv) no ha
presentado una petición que amerite un pronunciamiento.

1.5.2. La Nueva EPS

Solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por carecer de legitimación en la
causa por activa ya que para el momento de la incapacidad -15 de noviembre a 4 de
diciembre de 2019- se encontraba afiliado a la EPS Coomeva en liquidación, por lo
que “es deber de dicha entidad, reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones
económicas causadas antes de la efectividad de la asignación…” En ese sentido, expresó
que no es la encargada de satisfacer las peticiones del accionante, dado que “la
responsabilidad del pago sigue en cabeza de Coomeva EPS en la cual se identifica
cotización compensada para dichos periodos y no a la Nueva EPS ”.

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Afirmó que, igualmente la acción de tutela de la referencia es improcedente porque
las pretensiones son netamente económicas y no están encaminadas a la protección
del derecho a la salud, “el cual se está garantizando plenamente por la Nueva EPS”.

Por ultimó requirió declarar la improcedencia a de la acción había cuenta que el actor
tiene otro medio de defesa, a saber la justifica ordinaria para ventilar este tipo de
requerimientos “no existiendo así vulneración a los derechos fundamentales y máxime que
la acción de tutela no prevé pagos de dinero por conceptos médicos, transportes, licencias e
incapacidades y riñe con la subsidiariedad-principio de eficacia por tratarse de recurso
económicos y reembolsos, que a todas luces debe dirimir la jurisdicción laboral”.

Los demás sujetos pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron informe
alguno.

1.6. Fallo impugnado2

24. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A mediante sentencia del
18 de noviembre de 2022 declaró la improcedencia de la acción al no acreditar el
requisito de la subsidiariedad toda vez que, contra las resoluciones que le ordenaron
reintegrar a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, la suma $1.108.101 y dispusieron que, en caso de
no allegar la constancia de pago se le iniciaría un proceso de cobro coactivo, cuenta
con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que, incluso,
tiene la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares, lo que incluye la
suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos contrarios a sus
intereses.

1.7. Impugnación

26. Mediante escrito remitido el 30 de noviembre de 2022 la parte actora inconforme
con la anterior decisión la impugnó, y expuso lo siguiente: “me permito IMPUGNAR la
sentencia del 18 de noviembre de 2022, a través de la cual se negaron las pretensiones que
presenté; reiterando de antemano los fundamentos fácticos y jurídicos que señalé en el
escrito accionario, los cuales no fueron analizados a cabalidad por la primera instancia, sin
perjuicio de allegar posteriormente escrito con nuevos argumentos sobre la decisión judicial
impugnada”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del
18 de noviembre de 2022 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A de conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015,

2
Notificado el 28 de noviembre de 2022

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modificado por el artículo 1°del Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019,
artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

24. Previo a resolver el fondo del asunto, observa la Sala que si bien el actor
interpuso la presente demanda contra la Nueva EPS, entidad de salud a la cual se
encuentra afiliado desde el 1° de febrero de 2022, lo cierto es que no hay reproches
concretos en contra de esta.

25. Es del caso precisar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela debe dirigirse contra la autoridad pública
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Igualmente, la Corte
Constitucional ha manifestado que la legitimación en la causa por pasiva se entiende
satisfecha con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables
de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, y destacó
que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el
derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de
responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la
controversia constitucional.

26. Por lo tanto, debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nueva EPS, porque no fue la autoridad que generó la presunta vulneración alegada
por el señor Blanco Rincón.

2.3. Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la
impugnación, se revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia del 18
de noviembre de 2022 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, para lo cual se deberán resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿Se superan en el caso concreto el requisito adjetivo de la acción de tutela referido a
la subsidiariedad?

De superarse dicho requisito, ¿se vulneraron o no los derechos fundamentales al
“debido proceso, a la defensa y al mínimo vital y móvil” como consecuencia de las
resoluciones que le ordenaron a reintegrar a favor de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la suma $1.108.101 y
dispusieron que en caso de no allegar la constancia de pago se le iniciaría un
proceso de cobro coactivo?

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22. Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama
general de la acción de tutela; (ii) la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela; (iii)
análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

23. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

24. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable3.

2.5. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.

25. Al respecto, la Sala reitera el criterio expresado en ocasiones anteriores 4, el cual
se expone a continuación.

26. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991.

27. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.

28. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas

3
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
4
Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, del 10-09.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Rad. 13001-23-33-000-2015-00440-01 y del 21.07.2016, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-
000-2016-00293-01

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a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia5.

29. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

30. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del artículo
2° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales de las
personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para
cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de
los ámbitos funcionales del mismo.

2.6. Caso concreto

41. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión a
las resoluciones proferidas por las entidades demandadas en las cuales se le ordenó
a reintegrar a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, la suma $1.108.101 y dispusieron que, en caso de
no allegar la constancia de pago se le iniciaría un proceso de cobro coactivo

43. Sobre el contenido de la comunicación y la decisión de reintegrar las sumas
pagadas a la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta por concepto del reconocimiento de incapacidades médicas del
accionante, la Sala advierte que se trata de un verdadero acto administrativo, porque
contiene la voluntad de la administración encaminada a producir efectos en el mundo
jurídico, de contenido particular y concreto y, en ese orden, es pasible de control en
sede de nulidad y restablecimiento del derecho.

44. En tal sentido, tal y como lo decidió el a quo, se destaca que contra la decisión
adoptada por la entidad accionada, el actor debe ejercer los medios de control
previstos en la Ley 1437 de 20116, a saber nulidad y restablecimiento del derecho,

5
En sentencia T-313 del 01.04.2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria
a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
6
“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar

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con el fin de desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado, actuación judicial
en el marco del cual a efectos de evitar la consumación o agravación del daño,
puede pedir que se decreten medidas cautelares, las cuales se encuentran reguladas
en los artículos 229 a 2417 ejusdem.
45. En consecuencia, para la Sala es claro que, en el presente caso, el actor tiene a
su alcance otro mecanismo de defensa judicial, sin embargo, no ha iniciado la acción
correspondiente.

que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
7
Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado
Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de
acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección
de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas
de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria
con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una
o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte
demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el
objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la
adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del
plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo
a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal
violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores
invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

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46. En efecto, el señor Blanco Rincón ante la posible afectación de otros derechos o
la urgencia de su protección, puede solicitar el decreto de medidas cautelares en el
curso de la acción ordinaria, dichos medios se presentan en nuestra legislación como
eficaces e idóneos para lograr una verdadera tutela judicial, tornando innecesaria la
intervención del juez de tutela para la protección transitoria de los derechos
fundamentales, cuando se trata de asuntos que se deben debatir previamente ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

47. En ese orden de ideas, corresponde al juez de lo contencioso administrativo a la
hora de decidir las medidas cautelares que le sean solicitadas dentro del trámite de
un proceso ordinario, garantizar los principios que rigen a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo: los derechos de las personas -sean estos de carácter
fundamental o legal- y la preservación del orden jurídico, como lo estipula el artículo
103 de la Ley 1437 de 2011.

48. Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como tampoco
resulta procedente cuando se están reclamando derechos de carácter económico,
una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un
instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales.

49. Igualmente, la Corte Constitucional ha precisado que “conforme al carácter residual de
la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones
administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio
de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la
jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable […]”.8

50. Así, en jurisprudencia reiterada9 la Corte Constitucional ha señalado que la
acción de tutela procede excepcionalmente como mecanismo para la protección de
derechos fundamentales que puedan resultar vulnerados o amenazados por la
expedición de actos administrativos.

51. El Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, el amparo opera como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable,

8
Corte Constitucional, Sentencia T-030 del 26.01.2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
9
Ver, entre otras sentencias: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-851 del
12.11.14., M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Exp: T-4.370.918; Corte Constitucional, Sala Novena
de Revisión, Sentencia T-161 del 10.03.17., M.P. (E) José Antonio Cepeda Amarís. Exp: T-5769057;
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-442 del 13.07.17., M.P. Alberto Rojas
Ríos. Exp: T-6.028.205; Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-236 del
30.05.19., M.P. Diana Fajardo Rivera. Exp: T-7.132.435

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evento en el que el juez de tutela podrá suspender el acto censurado mientras se
surte el respectivo proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

52. Por tanto, dicha Corte ha señalado que el accionante debe acreditar la necesidad
de la medida para evitar la consumación de aquel daño, por lo que está en la
obligación de probar que: i) se está ante un perjuicio grave e inminente; ii) se
requieren medidas urgentes e impostergables para superar el daño.

53. No obstante lo anterior, si bien el señor Blanco Rincón adujo que sufrió de una
condición delicada de salud, lo cual le produjo estar incapacitado del 15 de
noviembre hasta el 4 de diciembre de 2019, ello no constituye una circunstancia
suficiente a efectos de otorgar el amparo deprecado, toda vez que, de los
documentos obrantes en el expediente de tutela y de lo relatado por el actor, no se
advierte la existencia de un peligro actual de tal magnitud que afecte con inminencia
y de manera grave su subsistencia, y que en tal sentido, se requiera una medida
impostergable por parte de este juez constitucional para neutralizar dicha afectación

54. Aunado a lo anterior, el señor Blanco Rincón no allegó prueba alguna sobre la
afectación de su mínimo vital o una situación de vulneración o indefensión que
constituya un perjuicio irremediable, lo cual cobra especial relevancia si se tiene en
cuenta que quedó demostrado que el actor tiene garantizado su derecho
fundamental a la salud, en estado activo, en la entidad Nueva EPS, como se muestra
en la siguiente imagen obtenida de la página web de la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES -:

2.7. Conclusión

55. Por lo expuesto, se declarará la improcedencia de la acción porque no se cumplió
con el requisito de subsidiariedad ya que la decisión de la Administración es pasible
de ser controvertida en sede judicial, por lo que no resulta viable realizar un análisis

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de los derechos del accionante en lo que involucra el acto administrativo que le
ordenó reintegrar a su empleador unas sumas de dinero.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nueva EPS, por lo expuesto.

SEGUNDO: CONFIRMAR la providencia del 18 de noviembre 2022 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, por las razones expuestas en
este proveído.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la de la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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