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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05480-00

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05480-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase no configurada la temeridad ni la cosa juzgada con la presentación de la acción de tutela de la referencia, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 37 Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-794 de 2011. 38 «Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Expediente radicación: 11001-03-25-000- 2005-00068-00(IJ), cita extractada de sentencia del 2 de abril de 2018, Sala Dieciocho (18) Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación 11001-03-15-000-2018-04626-00.» 30 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: William José Lara Mizar Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Rad: 11001-03-15-000-2022-05480-00 SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor William José Lara Mizar, por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad frente al defecto denominado decisión sin motivación, ni el de relevancia constitucional respecto de los yerros sustantivo, así como el fáctico y, a su vez, deniégase el amparo solicitado frente al desconocimiento del precedente, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05480-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

10 de noviembre de 2022

Demandante: William José Lara Mizar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-05480-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05480-00
Demandante: WILLIAM JOSÉ LARA MIZAR
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defectos: sustantivo, falta
de motivación, desconocimiento del precedente y fáctico.
Temeridad y cosa juzgada. Declara la improcedencia por no
cumplir con los presupuestos de subsidiariedad, así como, la
relevancia constitucional y, a su vez, deniega el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito radicado el 13 de octubre de 2022 en el Sistema de Recepción
de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, el señor William José
Lara Mizar, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la
Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de que le sean protegidos
sus derechos fundamentales a ser elegido, a acceder y desempeñar funciones
y cargos públicos, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político y a la igualdad.

Sostuvo que tales garantías le han sido vulneradas por la autoridad accionada,
al proferir la providencia del 16 de septiembre de 2021, que revocó la sentencia
dictada el 2 de septiembre de 2020, por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, y, en su lugar, decretó la pérdida de su investidura como diputado a
la Asamblea Departamental del Magdalena.

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Demandante: William José Lara Mizar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-05480-00

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

«PRIMERA: Amparar los derechos políticos, en particular el derecho a ser
elegido y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, a participar en
el ejercicio del poder político; y, el derecho a la igualdad de mi representado,
consagrados en los artículos 13, y 40, de la Constitución, vulnerados con la
irregular declaración de Pérdida de Investidura que la Sección Primera del
Consejo de Estado le decretó.

SEGUNDA: Como medida definitiva, dejar sin efecto la sentencia proferida en
segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, el 16 de
septiembre de 2021, radicado 47-001-23-33-000-2020-00544-01, por medio de la
cual se decidió revocar la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2020, por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, y, en su lugar, decretar la pérdida de
investidura de diputado de la Asamblea Departamental del Magdalena, del señor
WILLIAM JOSÉ LARA MIZAR, elegido para el período constitucional 2020-2023.

TERCERO: Una vez suspendidos los efectos en los términos del artículo
anterior, ordenar a la Sección Primera que, dentro del término de 30 días
siguientes a la notificación de la decisión, profiera una nueva sentencia que
ampare los derechos fundamentales del actor, y deniegue la solicitud de Pérdida
de Investidura de WILLIAM JOSÉ LARA MIZAR.»

La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Sostuvo que fue elegido diputado de la Asamblea Departamental del
Magdalena, para el periodo 2020-2023.

Mencionó que el señor Milton Miguel Cantillo Cadavid presentó demanda de
pérdida de investidura en su contra, por incurrir en la causal prevista en el
numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000, esto es, por
violación del régimen de conflicto de intereses.

Precisó que, en dicha demanda el señor Cantillo Cadavid alegó que él omitió
declararse impedido para votar en la elección de contralor departamental, pese
a saber que en dicha Contraloría cursaban varios procesos de responsabilidad
fiscal en su contra.

Señaló que el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 2
de septiembre de 2020 denegó la pérdida de investidura, al no encontrar
demostrado el interés directo del actor en la elección del contralor
departamental, al considerar que no existió tal interés; decisión que fue apelada
por el señor Cantillo Cadavid.

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Agregó que, a través de providencia del 16 de septiembre de 2021, la Sección
Primera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia para, en
su lugar, decretar la pérdida de su investidura como diputado, al considerar que
sí existió interés directo, pues él votó para la elección del contralor
departamental encargado el 1° de enero de 2020, pese a que conocía que, en
dicha entidad, se adelantaban 6 procesos de responsabilidad fiscal en su
contra.

Destacó que promovió una acción de tutela en contra de la mencionada
sentencia, de la cual conoció la Sección Cuarta del Consejo de Estado bajo el
radicado 11001-03-15-000-2021-11551-00, Corporación que mediante fallo del
10 de febrero de 2022 la declaró improcedente por no cumplir con el requisito
de la subsidiariedad, en tanto que, para ese momento, la decisión acusada no
estaba ejecutoriada.

Afirmó que por auto de 18 de julio de 2022 se rechazó por extemporánea su
solicitud de adición de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2021 en el
proceso de pérdida de investidura, y se advirtió que contra esa decisión no
procede ningún recurso.

3. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que la tutela cumple los requisitos generales de
procedibilidad y, destacó que no incurrió en temeridad y tampoco se configuró
la cosa juzgada, respecto de la acción de tutela 11001-03-15-000-2021-11551-
00, pues no ha actuado de mala fe, ni se decidió de fondo, puesto que, en esa
oportunidad la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia
por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, ya que la sentencia que
declaró la pérdida de la investidura aún no estaba en firme.

Aclaró que, para la fecha de presentación de esta acción de tutela dicha
providencia ya se encuentra ejecutoriada y con ello, «… se produce un hecho
nuevo que impide que la presente acción de tutela sea temeraria, pues dicha
circunstancia justifica su interposición y poner de presente el trámite anterior
evidencia la ausencia de mala fe.»

Asimismo, el accionante expuso que con la providencia demandada se incurrió
en los siguientes yerros específicos:

3.1. Defecto sustantivo

Sostuvo que la autoridad judicial demandada omitió aplicar la Ley 2003 de
20191, que fijó el concepto de conflicto de intereses en las actuaciones de

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Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones.

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congresistas.

Agregó que en la sentencia que se cuestiona, de una parte, se descartó la
aplicación de esta normatividad porque tal regulación aplica exclusivamente
para el conflicto de interés de los congresistas. Citó el pie de página 28 de la
sentencia en cuestión.

Expuso que tanto para los Congresistas en el artículo 183-1 de la Constitución,
como para los diputados en el artículo 48-1 de la Ley 617 de 2000, se consagró
que perderán su investidura por violación al régimen de conflicto de intereses,
sin que se haya definido el concepto de conflicto de interés.

Añadió que, en la Sección Primera del Consejo de Estado hoy existen
regímenes diferenciados de conflicto de interés para congresistas y diputados;
sin embargo, aplica a estos últimos conceptos jurisprudenciales originados en
sentencias que definieron pérdida de investidura de congresistas, lo cual, le
resulta contradictorio.

Consideró que el régimen de conflicto de interés es uno solo para congresistas,
diputados y concejales y que por tanto, resulta vulnerador del derecho a la
igualdad no aplicar la definición de conflicto de intereses a los diputados. Al
respecto, mencionó:

«De manera que, si el Reglamento de la Asamblea, en disposición citada por la
Sección Primera, señala, en su artículo 262, que se configura el conflicto de
interés como la participación de los diputados en casos en los que le asista
interés directo en la decisión o porque le afecte de alguna manera; si la
jurisprudencia ha precisado que el interés debe ser particular, actual y directo; si
estos conceptos no se definen en el reglamento; si la Ley 2003 de 2019, que
modificó el reglamento del Congreso, los define; y, si los vacíos del reglamento
de la Asamblea deben llenarse con el reglamento del Congreso, forzoso es
concluir que la configuración del conflicto de interés de los diputados debe
atenerse a los criterios establecidos en esa ley.»

Adujo que la Ley 2003 de 2019 debe interpretarse en el sentido que el concepto
de conflicto de interés no abarca la elección de servidores públicos y que, de la
lectura de su artículo 1° se desprende que las características del beneficio
deben ser concurrentes, es decir, simultáneamente particular actual y directo, lo
que no ocurrió en su caso.

Consideró que la Sección Primera tampoco encuadró su conducta en los
supuestos que describe dicha norma2, sino que se limitó a descartar los

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Cinco son los eventos en que esto ocurre, por disposición expresa de la norma:
• Cuando se otorga un privilegio
• Cuando se genera ganancias

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argumentos de la defensa para desvirtuarlos sin nunca cotejar los hechos
contra estos conceptos. Es decir, descartados los argumentos de la defensa,
presumió la existencia del interés particular, actual y directo.

Resaltó que, el último de los eventos para la configuración del beneficio
particular se refiere a la modificación de normas de los procesos fiscales, lo que
no ocurre por el hecho de encargar a un contralor. Es decir, la participación en
la selección del jefe de quien investiga no está encuadrado en ninguno de estos
supuestos, sino que, además, está expresamente excluido del conflicto.

Denotó que la sentencia demandada omitió analizar si se trataba de un interés
actual de él como diputado, pues en la providencia sencillamente se concluye
que sí lo es, al referir la existencia de «un interés directo, particular y concreto
del demandado», pero nunca mencionó que debía ser actual y, nunca explicó
nada sobre porqué el interés era actual, que es lo que se exige en el artículo 1°
de la Ley 2003 de 2019.

Expuso que del hecho de haber votado el encargo del contralor departamental
no se deriva un beneficio actual, comoquiera que ese solo hecho no tiene
fuerza para producir ninguna consecuencia sobre los procesos fiscales que se
adelantaban en su contra, pues la interferencia potencial que subyace en la
decisión cuestionada requeriría de acciones posteriores, como tales, futuras e
inciertas. Al respecto, agregó:

«Esto, como consecuencia de que los procesos de responsabilidad que se
adelantan en su contra no están bajo la órbita de competencia del Contralor
Departamental en cuya designación participó, sino del Contralor Auxiliar. El
Contralor Departamental solo conocería del proceso de LARA MIZAR en el caso
que se llegase a dar una segunda instancia, lo que de suyo evidencia que se
trata de un hecho futuro e incierto, que se contrapone a la condición de actual
del conflicto de interés. Por esta razón, LARA MIZAR no participó, como se
sugirió, en la elección de su juez disciplinario, sino en la de quien
EVENTUALMENTE podría llegar a serlo.»

3.2. Decisión sin motivación

Indicó que se remitía a los argumentos expuestos en el defecto sustantivo
relativos a que la providencia cuestionada nunca sustentó porqué el beneficio
del diputado era actual, siendo esta determinación un presupuesto
indispensable para la procedencia de la pérdida de investidura.

• Cuando se crean indemnizaciones económicas
• Cuando se eliminan obligaciones
• Cuando se modifican normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias,
fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado el diputado.

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Acotó que, si bien la decisión de la Sección Primera está repleta de
explicaciones, ninguna de ella tiene congruencia, en particular, con esta
exigencia de la configuración de la causal.

3.3. Desconocimiento del precedente

Señaló que la autoridad judicial acusada no atendió al precedente fijado en las
sentencias del 23 de marzo de 2010 (radicado 11001-03-15-000-2009-00198-
00) y del 20 de octubre de 2015 (radicado 11001-03-15-000-2014-03169-00),
proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado.

Precisó que en la sentencia del 23 de marzo de 2010 se analizó el caso de un
congresista que participó en la elección del procurador General de la Nación y
que no manifestó impedimento, pese a tener investigaciones disciplinarias
vigentes. En dicha decisión se consideró que no se generaba conflicto de
intereses porque no se altera el desarrollo de la investigación, dada la
autonomía del elegido, quien no se convierte en dependiente de su elector ni
este en su directiva.

Adujo que la sentencia del 20 de octubre de 2015 estudió el asunto de un
congresista que participó en la elección de contralor General de la República y
se desestimó el conflicto de intereses, pues se evidenció que el conocimiento
de los procesos de responsabilidad fiscal seguidos contra el congresista era
meramente eventual, en cuanto se surtiera la segunda instancia.

3.4. Defecto fáctico

Mencionó que en el proceso de pérdida de investidura no se evidenció la ilicitud
de la conducta cometida y que, la Sección Primera demandada tampoco
precisó cuál fue el concepto de dolo en el que encajó aquella.

Agregó que «…ni tener procesos fiscales, ni conocer la existencia de ellos
supone ilicitud alguna. Lo que el elemento cognitivo de dolo exige es que se
conozca la ilicitud de una conducta, por lo que era necesario derivar de la
existencia de los procesos la prohibición legal que tendría el diputado para
participar en la selección del contralor. [ ] Es decir, el diputado debía conocer
que su participación en la elección del contralor era ilegal, pero no lo podía
saber, sencillamente porque SÍ era legal, pues se ajusta a los precedentes
verticales sobre la materia y a los parámetros de la Ley 2003 de 2019.»

Refirió que, si en gracia de discusión se aceptara la ilicitud, la compleja
elucubración necesaria para apartarse de los precedentes y de los claros
mandatos de la Ley 2003 de 2019 exige conocimientos especializados que no
le asisten a él como diputado. Al respecto, agregó:

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«Se reprocha no haber solicitado un concepto a un profesional, pero no se tiene
en cuenta que se trató de una actuación imprevista y necesaria, que no hacía
parte del orden del día de la sesión, que se sustentó como urgente e
indispensable para evitar que la Contraloría Departamental quedara acéfala; y,
que entre la proposición y la votación transcurrieron escasos minutos. El dolo
regularmente requiere de un tiempo razonablemente mayor tanto para decidir,
con la conciencia de la ilicitud, la acción punible, como para preparar su
ejecución, lo que por sustracción de materia no ocurrió en el presente caso.»

Insistió en que elemento volitivo del dolo no fue analizado en ninguna parte de
la providencia que se cuestiona, ni siquiera para señalar que simplemente lo
deriva del cognitivo.

Adujo que, el deber de declararse impedido se desprende de la existencia
objetiva de la causal de pérdida de investidura, de manera tal que, si no existe
causal tampoco el deber de declararse impedido.

Indicó que la declaración de impedimento no es un elemento que configura
objetivamente la causal; y, por tanto, no puede considerarse como constitutiva
de la misma. Por tanto, al no estar configurados los elementos objetivos de la
causal de pérdida de investidura, no existía el deber de presentar impedimento
alguno.

Añadió que la providencia que se cuestiona dio por probado que él conocía la
ilicitud de su participación en la designación del contralor encargado por el solo
hecho de conocer la existencia de los procesos de responsabilidad fiscal que se
le adelantaban; sin embargo, lo uno no conduce a lo otro.

4. Trámite de la solicitud de tutela

Con auto del 21 de octubre de 2022, se admitió la demanda de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran la
Sección Primera del Consejo de Estado.

Como terceros se dispuso la vinculación de los magistrados del Tribunal
Administrativo del Magdalena y del señor Milton Cantillo Cadavid, demandante
en el proceso de investidura.

A su vez, se requirió el expediente en préstamo y se reconoció personería al
apoderado de la parte actora.

5. Contestación

Surtidas las notificaciones de rigor, se advierten las siguientes intervenciones:

5.1. Consejo de Estado, Sección Primera
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El magistrado ponente de la decisión acusada solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por configurarse una actuación temeraria
y, en consecuencia, pidió que se impongan las sanciones que sean
procedentes, en tanto que la parte actora promovió la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2021-11551-00, con situación fáctica, jurídica y
partes coincidentes.

Hizo un cuadro comparativo de ambas demandas de amparo y anotó que el
fallo de primera instancia proferido en dicha acción de tutela no fue impugnado.
Por lo que, considera que se configura la temeridad en el caso concreto, ya que
existe identidad de pretensiones, de hechos y ausencia de justificación en la
presentación de la nueva tutela.

Mencionó que la actuación del accionante no se fundamenta en:

i) La falta de conocimiento, puesto que actúa por intermedio del mismo
apoderado,

ii) tampoco puede predicarse «el asesoramiento errado por parte de los
abogados» en la medida que el señor William José Lara Mizar otorgó poder al
profesional del derecho Joaquín Camilo Quemba Bolívar «para que promueva
acción de tutela en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, por la
vulneración de mis derechos fundamentales (…) que fueron quebrantados con
la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021», y

iii) no alegó que su actuar sea producto de un estado de indefensión o se hayan
presentado circunstancias fácticas o jurídicas nuevas.

Concluyó que, existe coincidencia entre ambas solicitudes de amparo, conducta
que constituye un ejercicio temerario de la acción de tutela, sin que dicha
actuación esté justificada.

5.2. Milton Miguel Cantillo Cadavid

El referido vinculado solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela y que se apliquen las consecuencias de la temeridad al accionante.

Indicó que el accionante ha usado de manera imprudente y abusiva todos los
mecanismos de defensa judicial para tratar de dilatar y hacer incurrir en error al
administrador de justicia, y el único que le queda es abusar de los mecanismos
constitucionales.

Mencionó que los hechos fueron resueltos y estudiados por este ente
Colegiado, de tal forma que reiteró su solicitud en que se declare improcedente
la acción de tutela y se apliquen todas las consecuencias de la temeridad al

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accionante y a su apoderado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente evento se configura la
temeridad y la cosa juzgada, y de encontrase superados tales aspectos, se
analizará si se cumplen los presupuestos generales de procedencia de la
acción de tutela y, de ser así, si con la decisión demandada se incurrió en los
defectos específicos alegados por la parte accionante, con ocasión de la
sentencia que revocó la decisión de primera instancia que había denegado las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, acceder a la pérdida de
investidura formulada en contra del actor.

Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos: i) de la temeridad y
cosa juzgada, ii) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, iii) el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados se estudiará iv) el fondo
del asunto.

3. De la temeridad y cosa juzgada

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece como causal expresa de
rechazo, el ejercicio temerario de la acción de tutela, bajo los siguientes
términos:

«ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente
todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión
de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya
lugar.»

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De conformidad con la precitada disposición, incurre en temeridad quien sin
justificación alguna promueva más de una vez la misma solicitud de amparo,
actuación que se sanciona con el rechazo o decisión desfavorable de todas las
acciones presentadas.

Al respecto, esta Corporación ha estimado que el hecho de presentarse dos
tutelas con hechos similares, no conduce inmediatamente a tener como
estructurada la referida figura, puesto que «… debe demostrarse que existen
iguales sujetos procesales, hechos, pretensiones, que no hay justificación
alguna para la interposición de una nueva acción, sumado a que debe
encontrarse inequívocamente probado dentro del proceso de amparo tutelar, la
mala fe o dolo del accionante»3.

Por tanto, la temeridad se configura, cuando concurren los siguientes
elementos: i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela, ii) identidad
de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la
misma persona o su representante, iii) identidad del sujeto demandado y, iv)
falta de justificación para interponer la nueva acción4.

No obstante, resulta necesario precisar que el análisis de los presupuestos que
configuran la temeridad, debe realizarse teniendo en cuenta las condiciones
actuales que rodean el caso, sin limitarse a un estudio meramente formal,
cuando el fundamento de la acción se base en:

«(i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia5 o indefensión,
propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable
o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe6; (ii) en el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho7; (iii) en la consideración
de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la
acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación
que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que
implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante8…»9

En lo particular, se observa que el accionante promovió el 13 de diciembre de
2021 una acción de tutela con identidad fáctica y de partes. En esta, consideró
que con la sentencia del 16 de septiembre de 2021, que decretó pérdida de

3
Corte Constitucional, sentencia T-276 de abril 19 de 2010, magistrado ponente Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
4
Sentencia T-883 de agosto 9 de 2001, Corte Constitucional, ponencia de Eduardo
Montealegre Lynett.
5
«Sentencia T-184 de 2005.»
6
«Sentencias T-1215/03, T-721/03, T-184/05. También las sentencias T-308 de 1995, T-145 de
1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997.»
7
«Sentencia T-721/03.»
8
«Sentencias T-149/95, T-566/01, T-458 de 2003, T-919/03 y T-707/03.»
9
T-1104 de noviembre 6 de 2008, magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.

10

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Demandante: William José Lara Mizar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-05480-00

investidura de diputado de la Asamblea Departamental del Magdalena, se
vulneraron sus derechos fundamentales.

En efecto, se encuentra que dicha acción se identificó con el radicado 11001-
03-15-000-2021-11551-00. Su conocimiento, en primera instancia, correspondió
a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que a través de fallo del 10 de
febrero de 2022 declaró su improcedencia por no cumplir con el presupuesto de
la subsidiariedad puesto que, para tal fecha, la sentencia objeto de demandada
no se encontraba ejecutoriada.

Así las cosas, para la Sala no se encuentra configurada la temeridad en el
presente asunto, en tanto que, a pesar de que formalmente se trata de dos
acciones constitucionales promovidas por el mismo accionante ante dos jueces
constitucionales, con identidad fáctica y de partes, lo cierto es que su actuar se
encuentra justificado debido a que la sentencia acusada no se encontraba
ejecutoriada para el momento en que ejerció el primer mecanismo, debido a los
eventos procesales posteriores que se surtieron en el expediente de pérdida de
investidura en cuestión.

En efecto, se advierte que, tal y como lo indicó el accionante, corresponde a un
hecho nuevo que justifica la presentación de la nueva acción de amparo la
situación de que para la fecha en que se dictó el fallo en la acción de tutela
11001-03-15-000-2021-11551-00 no se encontraba ejecutoriada la providencia
que se pretendió cuestionar con escrito de demanda presentado el 13 de
diciembre de 202110 y por tal motivo, mediante fallo del 10 de febrero de 2022
se declaró su improcedencia por no cumplir con el presupuesto de la
subsidiariedad.

Adicionalmente, se observa que si bien dicha decisión de amparo no fue
impugnada, lo cierto es que, respecto de lo pretendido por el actor, recurrirla
sería inane, puesto que, evidentemente la sentencia no estaba ejecutoriada y
cursaban varios trámites, entre ellos las solicitudes de adición y aclaración de
sentencia presentada por el actor.

Al respecto, en el expediente de pérdida de investidura 47001-23-33-000-2020-
00544-01, se observan, entre otros, los siguientes trámites posteriores a la
sentencia de pérdida de investidura del actor:

1) El 1° de octubre de 2021 el demandante solicitó la aclaración de la sentencia
del 16 de septiembre de 2021.

10
Conforme a los datos referidos en el fallo de tutela dictado en primera instancia en la acción
11001-03-15-000-2021-11551-00, el cual no fue impugnado.

11

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2) La solicitud de aclaración fue negada por auto del 17 de febrero de 2022,
decisión que fue notificada vía correo electrónico el 21 de febrero de 2022.

3) El actor envió solicitud de adición al correo electrónico de la Secretaría de la
Sección Primera de esta Corporación el 22 de febrero de 2022.

4) Mediante providencia del 28 de julio de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado rechazó por extemporánea la solicitud de adición de la sentencia
proferida el 16 de septiembre de 2021. En esta decisión se indicó que contra
ella no procedía recurso alguno. Se notificó por estado del 8 de agosto de 2022
y se comunicó mediante oficio del 12 de agosto de 2022.

En consecuencia, se declarará no configurada la temeridad con la presentación
de la acción de tutela de la referencia, en consideración a los eventos nuevos
que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción 11001-03-15-
000-2021-11551-00.

Ahora bien, en lo atinente a la cosa juzgada, la Corte Constitucional11 ha
considerado que las acciones de tutela también están sometidas a los
parámetros de la cosa juzgada, puesto que ello garantiza que las controversias
que ya han sido decididas de manera definitiva por las autoridades judiciales
competentes para ello no sean reabiertas y, por lo tanto, evitar que se afecte el
principio de seguridad jurídica12.

De manera que, para que opere la cosa juzgada debe existir identidad de
objeto, de causa petendi y de partes. En tal sentido, es necesario que «(i) que
se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia;
(ii) que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; (iii) que el
nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas
pretensiones; (iv) que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que
originó el anterior, es decir, por los mismos hechos.»13

El Alto Tribunal Constitucional también consideró que algunas variaciones en
las partes, los hechos o las pretensiones entre el proceso que hizo tránsito a
cosa juzgada y la nueva demanda, no necesariamente conducen a concluir que
no existe tal figura, sino que se trata de un examen más profundo, que no basta
con la coincidencia formal sino con una verificación de la coexistencia material
entre los dos procesos, a pesar de las pequeñas diferencias14.

Para la Sala tampoco se configura la cosa juzgada, puesto que, lo pretendido
por el demandante no fue decidido de manera definitiva por la Sección Cuarta
11
Sentencia T – 219 de 2018.
12
«Ver Sentencia T-661/13, reiterada en las Sentencias T-001/16 y T-427/17.»
13
«Corte Constitucional. Sentencias T-019/16 y T-427/17.»
14
Sentencia T – 219 de 2018.

12

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de esta Corporación, pues en el fallo del 10 de febrero de 2022 no se decidió el
asunto de fondo, sino que, que se resolvió bajo una causal general de
improcedencia de la acción de tutela, esto es, por el incumplimiento del
requisito de la subsidiariedad, ya que «… en el proceso en el que fue dictada la
sentencia cuestionada aún se encuentra en trámite y ni siquiera puede
predicarse que dicha providencia esté ejecutoriada…».

De manera que, tal figura tampoco se encuentra configurada y, por tanto, así se
declarará y, se procederá con el siguiente estudio.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 15, mediante el
cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales16, conforme al
cual:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de
considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es
menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso
a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique
tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»17.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…».

15
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
16
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
17
Ibidem.

13

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Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia18 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de
tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no
se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de
los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

5. Examen de requisitos generales

5.1. Tutela contra sentencia de la misma naturaleza

Se advierte que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia de segunda instancia censurada, sobre la cual

18
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la
Corte Constitucional.

14

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recaerá el análisis correspondiente, se profirió en el trámite de un proceso de
pérdida de investidura.

5.2. Inmediatez

Asimismo, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez,
puesto que, la sentencia demandada fue objeto de una solicitud de adición que
se resolvió el 28 de julio de 2022, la cual se notificó por estado del 8 de agosto
de 2022 y se comunicó mediante oficio del 12 de agosto de 2022 19, mientras
que la demanda de tutela se presentó el 13 de octubre de la misma anualidad;
se advierte un ejercicio oportuno de ésta.

5.3. Subsidiariedad

La Sala no encuentra cumplido el presupuesto en mención respecto del yerro
denominado decisión sin motivación, por los siguientes motivos:

La parte actora cuestionó la sentencia del 16 de septiembre de 2021, que
revocó la decisión dictada el 2 de septiembre de 2020, por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, y, en su lugar, decretó la pérdida de su
investidura como diputado a la Asamblea Departamental del Magdalena.

En lo particular, se observa que la parte actora consideró que con dicho fallo la
autoridad judicial acusada incurrió en un defecto sustantivo, falta de motivación,
desconocimiento del precedente y fáctico.

La parte accionante hizo consistir el defecto denominado decisión sin
motivación básicamente en la omisión de la aplicación de la Ley 2003 de 2019,
que fijó el concepto de conflicto de intereses en las actuaciones de
congresistas, régimen que a su juicio, debe aplicar también a los diputados.

Al respecto, para la Sala no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad
puesto que, cuando se alega una ausencia de motivación, que a la par, conlleva
una vulneración del principio de congruencia, pues tal asunto es susceptible del
recurso extraordinario de revisión, bajo la causal establecida en el numeral 5°
de la Ley 1437 de 2011, norma que señala: «5. Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.»

19
«ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

…» (subrayado y negrilla fuera del texto original)

15

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Adicionalmente, debe precisarse que el recurso extraordinario especial de
revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas que decreten la pérdida de
investidura de un congresista. Su finalidad es invalidar los efectos jurídicos de la
providencia y que se deniegue la solicitud de pérdida de investidura.

Particularmente, la Sala Plena del Consejo de Estado mediante providencia del
2 de mayo de 2018, dictada dentro del radicado 11001-03-15-000-2015-00110-
00(REVPI), consideró que «[d]ado su carácter excepcional frente al principio de
cosa juzgada, la procedencia del recurso se encuentra condicionada por los
siguientes requisitos: i) De tiempo. Ha de presentarse dentro de los 5 años
siguientes a la ejecutoria de la sentencia; ii) De forma. El escrito debe cumplir
con los parámetros contemplados en el artículo 252 del CPACA; y iii) De fondo.
Al recurrente le corresponde demostrar la configuración de alguna de las
causales taxativamente señaladas en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994 y
artículo 250 de CPACA.»

Ahora bien, en relación con el desconocimiento del principio de congruencia
como causal de nulidad de la sentencia, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, con ponencia del
magistrado Alberto Yepes Barreiro, con providencia del 2 de febrero de 2016,
dentro del expediente 11001-03-15-000-2015-02342-00, indicó:

«En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA
-antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia,
se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre
en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de
cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos
frente a los cuales no se podía pronunciar.

Sobre este punto, basta señalar que la Corte Constitucional en relación con este
principio y la violación del derecho al debido proceso ha considerado que:

‘…El principio de congruencia es uno de los elementos constitutivos del derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, ‘en la medida que impide determinadas decisiones porque su
justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió,
debatió, o probó’. En este orden, se erige con tal importancia el principio de
congruencia que su desconocimiento es constitutivo de las antes denominadas
vías de hecho, hoy causales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales’.

Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la
decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está
16

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determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.

Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado
y en la doctrina de la Corte Constitucional, ratifican la tesis según la cual la
congruencia de los fallos es un elemento de validez de los mismos, cuya
inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA.

Sin embargo, para la Sala es importante indicar que para que la incongruencia
externa o interna pueda generar la invalidez de la decisión debe ser fundamental
o radical, es decir, ha de ser de tal magnitud que no exista remedio distinto a su
nulidad.

20
…»

Asimismo, se contempla en lo atinente al cargo de decisión sin motivación, se
advierte que tal asunto es susceptible del recurso extraordinario de revisión,
bajo la citada causal, pues al respecto, esta Corporación ha considerado que
aquella ocurre al «[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia
sin motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la
demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria
contra un tercero que no fue vinculado al proceso.»21

Así, el fundamento que el mencionado yerro puede ser cuestionado a través del
aludido recurso extraordinario, ya que la acción de tutela no puede sustituir el
mecanismo de defensa con el que cuenta la parte demandante para la defensa
de su derecho fundamental al debido proceso, dada la naturaleza excepcional y
subsidiaria de este medio constitucional.

De manera que, el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de
la cosa juzgada e infirmarlas cuando se logre demostrar de manera inequívoca
que tal decisión es injusta por incurrir en alguna de las causales que
taxativamente consagra la ley.

20
En dicha decisión también se indica que la congruencia externa de la sentencia implica que el
fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, la congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo
dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.
21
Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-
2017-02091-00 (REV), actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la
República, magistrada ponente Rocío Araújo Oñate, en la que se cita, a su vez, la decisión de la
Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008
00320 00, Actor: José Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General
de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

17

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Al respecto, la Sala Plena consideró «…la naturaleza del recurso extraordinario de
revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo
son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de
restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un
orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política»22.

También en esa oportunidad se señaló: «…el recurso extraordinario de revisión
conlleva una limitación a la seguridad jurídica que representan las sentencias
ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de impugnación, que permite
cuestionar una sentencia que está amparada por el principio de cosa juzgada
material».

A su vez, la Corte Constitucional sostuvo que el recurso extraordinario de revisión
permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de
restablecer la justicia material del caso concreto23.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad respecto del defecto decisión
sin motivación, pues la parte accionante cuenta con el recurso extraordinario de
revisión para plantear su inconformidad respecto de la sentencia que revocó la
decisión de primera instancia, para en su lugar, decretar la pérdida de su
investidura como diputado a la Asamblea Departamental del Magdalena.

5.4. Relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 202224, mediante la cual se declaró
la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la
trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter
nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

Para tal efecto, se trae a colación la sentencia SU 215 de 2022 de la Corte
Constitucional, con la que se unificó los criterios respecto del precitado
presupuesto.

22
Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, reiterada en sentencia del 18 de
octubre de 2005, expediente REV-00226.
23
Sentencia C - 418 de 1994.
24
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
Demandante: DARÍO JOSÉ MONTERO GUERRERO. Demandados: CONSEJO DE
ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO – SALA ORAL “A”.

18

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A través del aludido pronunciamiento, la Corte Constitucional revisó las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta
y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por
Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de
cierre25.

En esa oportunidad, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección
Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de
tutela contra una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad.

Mientras que, la Sección Primera encontró satisfechos los requisitos generales
que ha señalado la Corte Constitucional26, salvo el de la subsidiariedad frente a
uno de los cargos y, sobre la relevancia constitucional determinó que «se
invocaron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados».

No obstante, la Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados
requisitos en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de
relevancia constitucional.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó
en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre…».

El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
25
En dicho proceso, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia
por no encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó
otros cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera confirmó
integralmente la decisión del a quo. Con la acción constitucional reprochó las sentencias
dictadas dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido
contra las liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como
ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por RTI S.A.S. y se
le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto sobre las ventas que
presentó por el año gravable 2010.
26
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

19

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instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:

«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal27» (Énfasis de la Sala).

El Alto Tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito
de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no
cumplía con este postulado, puesto que:

i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En lo particular, se observa que el yerro material o sustantivo lo sustentó el
accionante en el presunto desconocimiento de la Ley 2003 de 2019, que fijó el
concepto de conflicto de intereses en las actuaciones de congresistas; el
defecto fáctico en que no se evidenció la ilicitud de la conducta por él cometida
conforme a la mencionada disposición normativa; mientras que, el defecto por
desconocimiento del precedente lo sustentó el actor en dos sentencias relativas
al conflicto de intereses de congresistas.

Así que, se procederá con el siguiente análisis para establecer si se cumple o
no con el mencionado presupuesto de la relevancia constitucional frente a los
precitados defectos específicos de procedibilidad de las acciones de tutela
contra providencias judiciales, en su orden:

5.4.1. Defecto sustantivo:

27
Sentencia SU 573 de 2019.

20

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-05480-00

En lo atinente a la referida norma que el actor consideró desatendida, se
observa que en la sentencia demandada, en el pie de página 28 se indicó lo
siguiente:

«Valga indicar que la Sala ha explicado que la Ley 2003 del 19 de
noviembre de 2019 ‘por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y
se dictan otras disposiciones’, que reguló el régimen de conflicto de
intereses de los congresistas no resulta aplicable para los miembros de las
corporaciones públicas del orden territorial, en tanto que las disposiciones
contenidas en el Reglamento Interno del Congreso están referidas
únicamente a los congresistas sin hacerla extensiva a todos los servidores
públicos de elección popular como los miembros de las asambleas
departamentales y de los concejos municipales, como sí ocurre con la Ley
1881 de 2018 que señaló expresamente que las disposiciones contenidas
en ella resultan aplicables a los procesos de pérdida de investidura de
diputados y concejales. Precisión contenida en la sentencia proferida por
esta Sección el 18 de marzo de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Expediente radicación nro. 85 001 23 33 000 2020 00016 02.»
(subrayado fuera del texto original)

Adicionalmente, se advierte que la autoridad judicial examinó el caso concreto,
bajo los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal, así:

«a) En cuanto a la calidad de diputado del demandado:

Está acreditado que el señor William José Lara Mizar fue elegido diputado
de la Asamblea Departamental del Magdalena para el período
constitucional 2020-2023, y tomó posesión del cargo el 1 de enero de 2020.

b) La concurrencia de un interés directo, particular o inmediato en cabeza
del mismo:

Como lo ha indicado esta Sala, si bien es cierto que elegir al contralor
departamental constituye un deber constitucional y legal de los diputados,
de conformidad con lo establecido en los artículos 272 de la Constitución
Política y 4 de la Ley 330 del 11 de diciembre de 1996, también lo es que,
al existir una situación frente a la cual el diputado tenga un interés
específico y directo, como lo es un proceso de responsabilidad fiscal
seguido en su contra, está obligado a declararse impedido; de manera que,
el hecho de no abstenerse de participar en la elección del funcionario, se
sitúa en el supuesto fáctico del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de
2000 .

Acorde con el material probatorio obrante en el plenario este elemento se
cumple, por cuanto está probado que, en la Contraloría Departamental del
Magdalena para el 1 de enero de 2020, fecha de la elección del contralor
departamental encargado, se adelantaban en contra del señor Lara Mizar
un total de seis (6) procesos de responsabilidad fiscal y conocía de su
existencia, ya que se había notificado de manera personal en cinco de ellos
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y en el sexto por aviso de los autos que dieron apertura a tales procesos, e
incluso constituyó apoderado para que ejerciera su defensa técnica.

…

Conforme con lo explicado, la Sala concluye que el elemento del interés
directo, particular y actual está cumplido, ya que, para la fecha en la que
se eligió al contralor departamental encargado, al diputado acusado le
asistía un interés particular, en la medida que en el ente de control se
estaban adelantando unos procesos de responsabilidad fiscal en su contra
y, aunque conocía de su existencia, no se declaró impedido para participar
en dicha elección.

c) Su no manifestación de impedimento ni haber sido separado del
conocimiento de la elección del contralor departamental encargado:

Acorde con el acta de sesión ordinaria nro. 001 del 1 de enero de 2020 de
la Asamblea Departamental del Magdalena, fue elegido como contralor
departamental encargado el señor Álvaro Andrés Ordoñez Pérez, sin que
esté acreditado que el diputado acusado haya manifestado impedimento
para votar o haber sido recusado.

…

d) Conformar el quorum o participado en el debate o votación del asunto:

Según se desprende del Acta nro. 001 de 2020, el señor Ordoñez Pérez
fue elegido como contralor departamental encargado del Magdalena y solo
expresó su voto negativo el diputado Alex Velásquez Alzamora; por ende,
el diputado Lara Mizar conformó el quórum decisorio para ello. En ese
sentido, se reitera que, así se hubiera votado bajo el régimen de bancadas,
pudo solicitar permiso para sustraerse de dicho proceso ante la existencia
de un conflicto de intereses.

e) Que su participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional
del diputado:

De acuerdo con el artículo 272 de la Constitución Política28 y 4 de la Ley
330 del 11 de diciembre de 199629, dentro de las funciones a cargo de las

28
El Artículo 272 de la Constitución Política. Modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 4
del 18 de septiembre de 2019 dispone en su inciso séptimo: “(…) Los Contralores
departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales,
Concejos Municipales y Distritales, de terna conformada por quienes obtengan los mayores
puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia,
publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro
años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde. (…)”.
29
“Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales”. “Artículo 4. Elección. Los

22

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asambleas departamentales se encuentra la elección de los contralores
departamentales, por lo que este elemento está cumplido.

Corolario de lo expuesto, está acreditado el elemento objetivo, por lo que
corresponde a la Sala determinar si también se reúne el elemento
subjetivo.

…»

A su vez, se observa que en la sentencia cuestionada se hizo referencia al
elemento subjetivo en la acción pública de pérdida de investidura, así:

a) Refirió que con la entrada en vigencia de la Ley 1881 del 15 de enero de
2018 y la modificación introducida por la Ley 2003 de 2019, el análisis de la
conducta debe hacerse bajo los parámetros de dolo o de culpa grave. Precisó
que es un juicio de responsabilidad subjetiva y que la «…acción se ejercerá
contra [los congresistas] que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieran incurrido en una de las causales de pérdida de investidura previstas
en la Constitución.»

b) Añadió que, el artículo 22 de la Ley 1881 de 2018 dispuso que las
disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, en lo que sea compatible, a
los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados.

c) Consideró que el diputado acusado incurrió en la causal de pérdida de
investidura de manera intencional puesto que en el plenario está acreditado que
conocía de los seis (6) procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en
su contra y, pese a ello, no manifestó impedimento para participar en la
votación que eligió al contralor departamental encargado. Además, participó
conscientemente en la elección de quien dirigiría, así fuera de manera
transitoria, el órgano de control fiscal que lo investigaba.

d) Señaló que lo que se reprochaba a través de la causal invocada es que el
diputado, teniendo el deber de declararse impedido, no lo hizo, puesto que la
finalidad que persigue la causal es evitar que con el voto se interfiera en la
objetividad e imparcialidad en el ejercicio de las funciones a cargo del elegido.
Además, pudo solicitar permiso a su bancada para sustraerse de la
participación en la elección, lo que no está acreditado haya ocurrido. Cabe
precisar que la notificación del auto de apertura de tales procesos resulta

Contralores Departamentales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, de ternas
integradas por dos candidatos presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y uno
por el correspondiente Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las ternas serán enviadas a
las Asambleas Departamentales dentro del primer mes inmediatamente anterior a la elección.
(…)”.

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relevante para efectos de determinar la existencia de un posible conflicto de
interés y en este evento el diputado ya estaba enterado de dichas diligencias.

e) Indicó que tampoco se observa que su conducta esté justificada en la buena
fe calificada. Refirió que además de que los elementos de la configuración de la
causal son claros, no obra prueba alguna que permita verificar que el acusado
haya sido diligente, lo que implica que su actuar no estuvo amparado en la
buena fe calificada proveniente de un error invencible.

f) Resaltó que no basta para exonerarse del cargo, argumentar la buena fe
simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de elección popular, está en
la obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de los deberes que el
cargo le impone, cuáles son las causales de inhabilidad, incompatibilidad y de
conflicto de intereses, más cuando se trata de verificar que no se incurra en
conductas que tienen como consecuencia la nulidad de la elección, o la pérdida
de investidura.

g) Insistió en que, la causal endilgada se configura por un conflicto de interés
particular y directo que impedía que el diputado acusado participara en la
elección del contralor encargado y, en este caso, dicho interés se comprueba
ante la existencia de los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantaban
en su contra.

h) Concluyó que, estaban reunidos la totalidad de los elementos para decretar
la desinvestidura del señor Lara Mizar, por estar demostrado que incurrió en
una conducta reprochable, ya que votó para la elección del contralor
departamental encargado en la fecha del 1° de enero de 2020, pese a que
conocía por estar notificado personalmente de su vinculación, que se seguían
seis (6) procesos de responsabilidad fiscal en su contra.

i) Puntualizó que la conducta del demandante no estuvo amparada en
jurisprudencia de esta Corporación, ni en un concepto calificado que le
permitiera acreditar la configuración de un error invencible, lo que conlleva a
determinar que el demandado incurrió dolosamente en la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses prevista en el
numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

Así las cosas, para analizar si en efecto dicho yerro material cumple con el
aludido presupuesto, debe precisarse que ante una solicitud de tutela en la que
se cuestiona la valoración interpretativa de una Alta Corte, es pertinente
establecer si los argumentos expuestos apuntan o no a convertir este
mecanismo constitucional en una tercera instancia y si trasciende de una «mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» 30.

30
Corte Constitucional. SU 215 de 2022.

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En lo particular, se observa que la línea argumentativa en sede constitucional
apuntó a convertir la acción de tutela en una tercera instancia, máxime cuando
sus fundamentos que ahora enmarca (omisión de aplicación la Ley 2003 de
2019, que fijó el concepto de conflicto de intereses en las actuaciones de
congresistas), ya fue un cargo resuelto de manera razonable por el juez natural
de la causa, lo que implica que la tutela se torna improcedente.

Aunado a lo anterior, esta Sala de Decisión no avizora una conducta arbitraria o
desproporcionada por parte de la autoridad judicial accionada toda vez que se
recuerda que la inconformidad que enmarca en el defecto sustantivo fue
abordado por la Sección Primera del Consejo de Estado, la cual explicó que la
Ley 2003 de 2019, que reguló el régimen de conflicto de intereses de los
congresistas, no resultaba aplicable para los miembros de las corporaciones
públicas del orden territorial, pues la misma únicamente lo era para los
congresistas, sin hacerla extensiva a todos los servidores públicos de elección
popular como los miembros de las asambleas departamentales y de los
concejos municipales.

Tal criterio fue sustentando con la normativa y la jurisprudencia aplicable al
caso concreto como se avizora en el análisis hecho anteriormente en esta
sentencia. Es así como, se reitera, el asunto relativo a la aplicación de la Ley
2003 de 2019 fue abordado por la autoridad judicial acusada.

Se concluye entonces que el simple alegato de una vulneración de los derechos
fundamentales «a ser elegido, a acceder y desempeñar funciones y cargos
públicos, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y
a la igualdad» como en el caso en cuestión, no conlleva a que el asunto puesto
en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un
ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la controversia
gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

Lo anterior, pues la competencia de este juez constitucional se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

De manera que, la Sala considera que no se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU 215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia Constitucional, ya que la controversia se enfocó en un
debate de orden de contenido legal, como lo es la discusión de si al actor en
calidad de diputado le es aplicable el mismo régimen de conflicto de intereses
en las actuaciones de congresistas.

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Al respecto, se destaca que la parte actora no expuso las razones por las
cuales considera que la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en una
vulneración de sus garantías superiores, ya que todo el sustento del aludido
vicio se centró en cuestionar el criterio de la alta corporación frente al régimen
de conflicto de intereses en las actuaciones de congresistas, el cual, a juicio del
demandante, debe aplicar también a los diputados.

En efecto, bajo la síntesis de la providencia demandada antes expuesta, la Sala
considera que los argumentos del escrito inicial de la acción de tutela, relativos
a la presunta configuración del defecto sustantivo, no satisface el requisito de
relevancia constitucional, pues como se puede observar en la sentencia
cuestionada, la discusión se circunscribe a aspectos legales, que fueron objeto
de análisis por parte de la autoridad judicial cuestionada.

Asimismo, se advierte que tales alegaciones, en todo caso, no están justificadas
en una acreditada o palmaria vulneración de garantías fundamentales, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las citadas sentencias de
unificación 573 de 2019, 215 y 103 de 2022.

En palabras del Alto Tribunal Constitucional «…al tratarse de un argumento que
busca un cambio en la forma en la que la autoridad judicial accionada interpretó
la ley, el asunto carece de relevancia constitucional»31

Por tanto, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino que es
necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga de
argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción de
los mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.

De modo que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que arribó
la autoridad judicial ordinaria no puede ser razón para que el juez constitucional
intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que, aceptar
lo contrario, sería invadir la facultad o potestad del competente natural.

Por lo que, resulta necesario indicar que en materia de tutelas contra
providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en
asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa. De modo que,
el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre
constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela, toda vez
que analizar puntos meramente legales atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional
en una tercera instancia.

31
Corte Constitucional. SU 2015 de 2022. Subrayado fuera del texto original.

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En consecuencia, frente al defecto sustantivo no se advierte el cumplimiento de
la relevancia constitucional; por lo que, se declarará la improcedencia respecto
de dicho cargo.

5.4.2. Defecto fáctico:

A su vez, frente al defecto fáctico se observa que carece de carga
argumentativa, lo cual se constituye en una falta de relevancia constitucional,
puesto que, el actor no identificó los elementos probatorios que sustentaran tal
yerro, ya que simplemente manifestó su inconformidad con lo decidido. Esto,
porque se limitó a señalar bajo el mencionado cargo, que en el proceso de
pérdida de investidura no se evidenció la ilicitud de la conducta cometida y que,
la Sección Primera demandada tampoco precisó cuál fue el concepto de dolo
en el que encajó su conducta.

Para la Sala, lo demandado por la parte accionante en esta solicitud de amparo
respecto del defecto fáctico carece de la carga argumentativa suficiente a través
de la cual el accionante justifique la relevancia del caso, lo cual implica un
ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de esta sede advertir
una prominente transgresión de sus prerrogativas superiores con ocasión de la
expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada.

En efecto, se aprecia que el actor no explicó cuáles serían aquellos elementos
probatorios o demostrativos que se omitieron valorar o a los que se les dio una
valoración equivocada, indebida o alejada de la sana crítica. Al respecto, el
demandante cuestionó fue la configuración de los elementos constitutivos de la
pérdida de investidura.

En tal sentido esta Sección considera que la parte accionante no cumplió con la
carga argumentativa mínima exigida para justificar la configuración del defecto
fáctico, pues no indicó cuáles fueron en concreto los elementos probatorios
indebidamente valorados o sobre los cuales recayó alguna omisión probatoria,
ni mucho menos la incidencia en la decisión que adoptó la autoridad judicial
demandada, en consideración a que el cuestionamiento se hizo en forma
genérica en relación con las inconformidades que le asisten respecto del fallo
cuestionado32.

32
En este sentido esta Sección en diferentes oportunidades esta Sección ha considerado que al
no identificar las pruebas que presuntamente fueron omitidas o se apreciaron de manera errada
por la autoridad cuestionada, impide realizar algún pronunciamiento bajo la luz de este yerro por
falta de carga argumentativa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta. Sentencias del 4 de noviembre de 2021. Rads. 11001-03-15-000-2021-06754-
01 y 11001-03-15-000-2021-06468-00.

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En consecuencia, también se declarará la improcedencia porque la acción de
tutela no cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional frente al
defecto fáctico.

5.4.3. Desconocimiento del precedente

Para este defecto, la Sala observa que se cumple con la exigencia de la
relevancia constitucional porque la parte accionante propuso una discusión que
involucra un debate ius fundamental, como se explica a continuación:

En efecto, lo pretendido por el actor tiene su origen en la presunta vulneración
al principio de igualdad porque en las sentencias invocadas como precedente,
relativas al régimen de los congresistas, se ha desestimado el conflicto de
intereses, así:

i) En la decisión del 23 de marzo de 201033, referida al caso de un congresista
que participó en la elección del procurador General de la Nación y que no
manifestó impedimento, pese a tener investigaciones disciplinarias vigentes, se
consideró que no se generaba conflicto de intereses porque no se altera el
desarrollo de la investigación, dada la autonomía del elegido, quien no se
convierte en dependiente de su elector ni este en su directiva y,
ii) en la providencia del 20 de octubre de 201534, que estudió el asunto de un
congresista que participó en la elección de contralor General de la República,
se evidenció que el conocimiento de los procesos de responsabilidad fiscal
seguidos contra de aquel era meramente eventual, en cuanto se surtiera la
segunda instancia.

De modo que, en cuanto a este yerro, no se percibe este mecanismo de
amparo como un medio dirigido a reabrir el debate jurídico, sino para determinar
si la línea jurisprudencial que siguió la autoridad judicial acusada desconoce
que el régimen de conflicto de interés es uno solo para congresistas, diputados
y concejales y, por tanto, resulta vulnerador del derecho a la igualdad no aplicar
la definición de conflicto de intereses a los diputados.

Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el principio de
igualdad exige el mismo trato para las personas que se encuentran cobijados
bajo una misma hipótesis, lo que hace imperativo que el Estado procure el
equilibrio, para lograr una justicia material concreta.

En tal sentido, se advierte una tensión entre garantías de rango constitucional
como lo es derecho a la igualdad y, por ello, resulta relevante
constitucionalmente.

33
Radicado 11001-03-15-000-2009-00198-00.
34
Radicado 11001-03-15-000-2014-03169-00.

28

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Por tanto, en razón a que frente al desconocimiento del precedente se cumplen
los presupuestos generales de procedencia, se procederá con su análisis de
fondo.

6. Caso concreto

Ahora bien, el accionante también alegó un desconocimiento del precedente
contenido en las sentencias del 23 de marzo de 2010 (radicado 11001-03-15-
000-2009-00198-00) y del 20 de octubre de 2015 (radicado 11001-03-15-000-
2014-03169-00), proferidas la Sala Plena del Consejo de Estado.

En la sentencia del 23 de marzo de 2010 se analizó el caso de un congresista
que participó en la elección del procurador General de la Nación y que no
manifestó impedimento, pese a tener investigaciones disciplinarias vigentes. En
dicha decisión se consideró que no se generaba conflicto de intereses porque
no se altera el desarrollo de la investigación, dada la autonomía del elegido,
quien no se convierte en dependiente de su elector ni este en su directiva.

Mientras que la sentencia del 20 de octubre de 2015 estudió el asunto de un
congresista que participó en la elección de contralor General de la República y
se desestimó el conflicto de intereses, pues se evidenció que el conocimiento
de los procesos de responsabilidad fiscal seguidos contra el congresista era
meramente eventual, en cuanto se surtiera la segunda instancia.

En lo atinente, se precisa que el precedente judicial ha sido definido por el Alto
Tribunal Constitucional como «aquel conjunto de sentencias previas al caso que
se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema
jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad
determinada, al momento de dictar sentencia».

Asimismo, se precisa la posición de la Sala sobre el concepto de precedente35.
Este se sintetiza en los siguientes términos:

«… es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente
al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por
guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y
respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla… que
obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido…»36

Por regla general, se entiende como precedente aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19
de febrero de 2015. Rad. No. 11001-03-15-2013-02690-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

29

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en materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio decidendi que fija
una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el
caso reciente37.

Así, se advierte que estos pronunciamientos resolvieron demandadas de
pérdida de investiduras contra congresistas, mas no frente a diputados, lo cual
descarta alguna similitud fáctica. En efecto, en dichos proveídos se analizó,
respectivamente, las promovidas en contra de del señor Habib Merheg Marún,
elegido Senador de la República para el período legislativo 2006 a 2010 y,
contra el señor Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, quien fue elegido como
Representante a la Cámara, por la circunscripción de Norte de Santander, por
el período constitucional 2014-2018.

Adicionalmente, se observa que la autoridad judicial demandada hizo referencia
a las sentencias del 28 de noviembre de 2017 y 2 de abril de 2018 de la Sala
Plena del Consejo de Estado38, para destacar que «…en cuanto a la ocurrencia
de un interés constitutivo de conflicto para quien participa en la elección de un
contralor pese a la existencia de un proceso de responsabilidad fiscal en su
contra, la Sala ha precisado que constituye un deber declararse impedido para
intervenir en la elección de la máxima autoridad del organismo de control,
puesto que su participación en dicha elección podría comprometer su
objetividad o independencia frente al asunto oficial o institucional a decidir.». Lo
cual, corresponde a la postura actual frente al asunto debatido.

Por tanto, se advierte que la autoridad judicial demandada bajo su autonomía e
independencia judicial resolvió el asunto bajo la regulación aplicable y el criterio
jurisprudencial vigente al momento en que profirió la decisión demandada. En
consecuencia, se negará la protección invocada respecto de este defecto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase no configurada la temeridad ni la cosa juzgada con la
presentación de la acción de tutela de la referencia, por los motivos expuestos
en la parte motiva de esta providencia.

37
Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-794 de 2011.
38
«Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de
noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Expediente radicación: 11001-03-25-000-
2005-00068-00(IJ), cita extractada de sentencia del 2 de abril de 2018, Sala Dieciocho (18)
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente
radicación 11001-03-15-000-2018-04626-00.»

30

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Demandante: William José Lara Mizar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-05480-00

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por
el señor William José Lara Mizar, por no cumplir con el presupuesto de la
subsidiariedad frente al defecto denominado decisión sin motivación, ni el de
relevancia constitucional respecto de los yerros sustantivo, así como el fáctico
y, a su vez, deniégase el amparo solicitado frente al desconocimiento del
precedente, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»

31

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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