Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05503-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05503-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05503-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
15 de diciembre de 2022
Demandante: María Judith Garzón García
Demandado: COMPENSAR EPS.
Rad: 11001-03-15-000-2022-05503-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05503-00
Demandante: MARÍA JUDITH GARZÓN GARCÍA
Demandado: COMPENSAR EPS
Temas: Tutela de fondo – Derecho a la salud – niega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda formulada por la
señora María Judith Garzón García contra la COMPENSAR E.P.S., en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Con escrito enviado el 14 de octubre del 2022 al buzón web de Tutelas y
Habeas Corpus en línea, y remitido en la misma fecha al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, la señora María Judith Garzón García,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra Compensar E.P.S.,
con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales a la salud y a “la
prevención de mayor desgaste del cuerpo y daños”.
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2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales,
por cuanto la accionada no ha hecho entrega de los medicamentos y suplementos
vitamínicos que requiere dada su avanzada edad.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:
“(…) se le obligue a esta eps a dar (…) vitaminas, colágeno, minerales
vitacerebrina, ensure advance, (…) pañales según la magnitud de
incontenencia que ella tiene (…) protector solar y crema especializada para la
piel (…)”. (Sic en toda la cita).
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La señora María Judith Garzón García se encuentra afiliada a Compensar
E.P.S. desde el 20 de marzo de 2013, es vendedora ambulante y tiene 75 años de
edad.
5. Manifestó en su escrito de tutela y vía telefónica 1 que pese a que ha requerido
al médico de Compensar E.P.S. la continuación del tratamiento que venía
recibiendo cuando se encontraba afiliada al régimen subsidiado, este se ha negado.
6. Adujo que requiere suplementos vitamínicos que impidan que su cuerpo se
siga deteriorando, debido a su avanzada edad y a la labor que desempeña, pero
que la EPS se niega a ordenárselos o a indagar sobre las dolencias que padece por
lo que no existe un tratamiento continuo que le permita el restablecimiento de su
salud.
1 El Despacho ponente de la presente decisión se comunicó telefónicamente con la señora Garzón
García con el fin de indagar sobre su estado de salud y las actuaciones de la E.P.S. accionada que
se resumen en este acápite.
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1.4. Fundamentos de la vulneración
7. La accionante adujo que Compensar E.P.S. se niega entregar los
suplementos vitamínicos que requiere para tener una calidad de vida aceptable.
Refiere que mientras se encontraba en el régimen subsidiado de salud le eran
entregados mensualmente suplementos vitamínicos como Ensure, colágeno,
pañales debido a que tiene incontinencia, también cremas para los hongos y
protector solar, sin embargo, pese a reclamar un tratamiento para sus dolencias la
prestadora se ha negado.
8. Afirmó que Compensar E.P.S. se comunicó con ella y le asignó una cita con
una médico general para el 30 de noviembre de 2022, que en su sentir fue
displicente y le ordenó únicamente vitamina C y medicamentos que alcanzan
únicamente para un mes.
9. Consideró que merece una mayor protección al ser una adulta mayor que
depende de sus ingresos como vendedora ambulante y que realiza un esfuerzo
“sobrehumano” para poder cotizar a salud y pensión, por lo que considera que debe
recibir un tratamiento que cubra todas sus necesidades.
1.5. Trámite de la acción de tutela
10. Mediante auto del 15 de noviembre de 2021, la magistrada ponente admitió
la demanda de tutela y dispuso su notificación a la accionante, y a la COMPENSAR
E.P.S., como entidad accionada.
11. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés jurídico
de la Superintendencia Nacional de Salud y a la Defensoría del Pueblo, esta última
para que brinde un acompañamiento a la actora, en atención a su edad y ocupación.
12. Finalmente, ofició a la COMPENSAR E.P.S., para que allegara un informe
detallado en el que indicara las actuaciones que se han surtido desde que la señora
Garzón García reclamó los medicamentos requeridos; ii) refiriera si la actora está
incluida a algún programa de adulto mayor, iii) aportara las autorizaciones y relación
de entregas de insumos médicos que se hayan realizado; iv) si a la fecha se
encuentra pendiente de autorización o entrega algún medicamento o elemento de
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cuidado y; v) el motivo de la demora en prestar el servicio de salud a la accionante,
con sus respectivos soportes.
1.5.1. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1.1. COMPENSAR E.P.S.
13. Mediante escrito remitido el 21 de noviembre de 2022, la apoderada judicial
de la entidad informó en relación con la entrega de los elementos requeridos por la
señora María Judith Garzón García, que algunas se encuentran excluidas del plan
obligatorio del Sistema General de Salud y que aquellas que pueden ser
entregadas, como los pañales o suplementos vitamínicos no cuentan con orden
médica, razón por la cual no se evidencia un actuar de Compensar E.P.S. que
perjudique los derechos fundamentales de la actora.
14. Refirió algunas consideraciones sobre el servicio de enfermería para la
accionante y las circunstancias en la que procede su autorización. Afirmó que la
entidad ha garantizado todos los servicios requeridos por la usuaria, en atención a
las coberturas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por lo que debe
declararse la improcedencia de la acción de tutela.
1.5.1.2. María Judith Garzón García
15. A través de escrito del 30 de noviembre de 2022, proveniente del mismo
correo electrónico del que se radicó la tutela, la señora Garzón García insistió en
que debe ser garantizado su derecho a la salud, y refirió:
“(…) por qué las rquiere el paquete mensual una botellita diaria la eps la doctora
que la vio niega el derecho que enel sisnen le formularon las vitaminas por el
trabajo fuerte de María judith se requiere se solicita laexcusa de la doctora fue que
se subía de peso por no darle las vitaminas entonces urgente ordenarla
magistrada las vitaminas el Ensure se duplica ordenar el Ensure a María judith
una botella diariaeps.compensar es mezquina a María Judith la debe de estar
viendo no un médico general sinonunsofrologo indicado para abuelos está doctora
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es de lo más chanda que hay solicito se ordenee laentrega de la caja mensual de
Ensure para María Judith garzón la excusa de la eps de la doctora quela vio es
que se sube de peso pues que se lo ordenen y si se sube de peso se lo quitan
pero a ella selo recetaron ybla eps compensar no se lo quiere dar por mezquindad
es el lnderecho de.juditj lorequiere y eso se verá porque cuando una persona le
faltan las vitaminas ella siente debilidad” (sic a toda la transcripción)
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
16. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por la señora María Judith Garzón García, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
17. Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:
• ¿Compensar E.P.S. vulneró el derecho fundamental a la salud de la señora
María Judith Garzón García al no entregarle los medicamentos que la señora
María Judith Garzón García considera necesarios para prevenir los
desgastes propios de la edad y los dolores que le aquejan?
18. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) panorama general de la acción de tutela; (ii) sujetos de especial protección
constitucional; y (iii) el caso concreto.
2.3. Razones jurídicas de la decisión
2.3.1. Panorama general de la acción de tutela
19. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
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omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
20. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado.
21. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental.
2.3.2. Sujetos de especial protección constitucional
22. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección 2, la Corte
Constitucional lo ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones
particulares, a saber, físicas, psicológicas o sociales, merecen un amparo reforzado
en aras de lograr una igualdad real y efectiva.
23. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección
se encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos
físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas
desplazadas por la violencia, aquellas que se encuentran en extrema pobreza y
“todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una
posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual
considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en
la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad
manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos
judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de
discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados 3”.
24. Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los
artículos 13 y 44, impone la obligación de promover condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva, creando garantías para los grupos marginados.
2 En Sentencia del 5.12.2019. M.P. Rocío Araujo Oñate (Exp. Nº 2019-04487-00) esta Sección del
Consejo de Estado, resaltó la especial protección constitucional de que gozan algunos sujetos,
dentro de los que se encuentran las mujeres y los niños.
3 Corte Constitucional, Sentencia T-495 del 16.06.2010 M.P., Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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25. En relación con el derecho al diagnóstico, la Corte Constitucional, en
reiterada jurisprudencia ha dicho que todo paciente tiene la posibilidad de exigir a
las entidades prestadoras de salud que se le realicen y adelanten los
procedimientos que resulten necesarios, a efectos de que el médico tratante pueda
determinar la naturaleza u origen de su dolencia y así tener plena certeza sobre la
patología, para poder definir la prescripción más adecuada que permita lograr la
recuperación de la salud, o al menos asegurar la estabilidad del afectado.
26. En ese sentido, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional en la
sentencia T-508 de 2019 explicó que:
“(…) es claro que la posibilidad de una persona de obtener cualquier tipo de
terapia médica resulta inane si no se logra identificar, con certeza y objetividad,
cuál es el tratamiento que puede atender sus enfermedades. Por ello, el acceso
a un diagnóstico efectivo constituye un componente del derecho fundamental a
la salud, que, a su vez, obliga a las autoridades encargadas de prestar este
servicio a establecer una serie de mecanismos encaminados a proporcionar una
valoración técnica, científica y oportuna 4. Del mismo modo, esa garantía
comporta tres facetas, a saber:
“(i) la prescripción y práctica de las pruebas, exámenes y estudios médicos
ordenados a raíz de los síntomas presentados por el paciente, (ii) la calificación
igualmente oportuna y completa de ellos por parte de la autoridad médica
correspondiente a la especialidad que requiera el caso, y (iii) la prescripción,
por el personal médico tratante, del procedimiento, medicamento o implemento
que se considere pertinente y adecuado, a la luz de las condiciones biológicas
o médicas del paciente, el desarrollo de la ciencia médica y los recursos
disponibles 5.
Adicionalmente, la práctica oportuna de ese dictamen no está condicionada por
la existencia de una enfermedad especialmente grave o de un hecho de
4 Sentencias T-171 de 2018; T-710, T-558, T-552, T-445, T-376 y T-365 de 2017; T-248 y T-100 de
2016; T-719 de 2015; T-787 y T-395 de 2014; T-927 y T-020 de 2013; T-964 y T-064 de 2012 y T-
359 de 2010. Sobre el particular, en la sentencia T-760 de 2008, la Corte también afirmó lo
siguiente: “[e]n la medida que la Constitución garantiza a toda persona el acceso a los servicios de
salud que requiera, toda persona también tiene derecho a acceder a los exámenes y pruebas
diagnósticas necesarias para establecer, precisamente, si la persona sufre de alguna afección a su
salud que le conlleve requerir un determinado servicio de salud. Esta es, por tanto, una de las
barreras más graves que pueden interponer las entidades del Sistema al acceso a los servicios que
se requieren, puesto que es el primer paso para enfrentar una afección a la salud. Así pues, no
garantizar el acceso al examen diagnóstico, es un irrespeto el derecho a la salud”.
5 Sentencias T-452 de 2010, T-717 de 2009 y T-083 de 2008.
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urgencia médica. Por el contrario, la Corte ha expresado que la expedición de
una opinión profesional en un tiempo adecuado es común a todas las patologías
y que el derecho al diagnóstico debe materializase de forma completa y de
calidad 6.
27. En ese orden de ideas, al tratarse de un asunto de salud de una mujer
perteneciente a un como grupo vulnerable que merece una especial protección
constitucional (Ley Estatutaria 1751 de 2015, art. 11 7), este juez constitucional
encuentra la necesidad de otorgar un tratamiento diferencial bajo los estándares de
equidad de género, teniendo en cuenta que posiblemente se esté ante un riesgo
cierto del bienestar de la accionante.
2.4. Caso concreto
28. La parte actora alegó que se le vulneraron sus derechos fundamentales a la
salud y de prevención a la afectación de las condiciones de vida de una persona de
avanzada edad, porque en su sentir, requiere medicamentos, suplementos
vitamínicos y cremas especializadas para tratar las afectaciones propias de su edad
y en atención a la actividad que desempeña como vendedora ambulante.
29. Indicó que ha requerido a los diferentes médicos generales que la han tratado
en la E.P.S. para que le proporcionen un tratamiento continuo y definitivo que le
permita preservar su salud, en ese mismo sentido indicó que mientras pertenecía al
régimen subsidiado se le garantizaban sus vitaminas por ser una adulta mayor.
30. La Sala resalta que si bien, la señora María Judith Garzón García se
encuentra en un grupo poblacional de especial protección debido a su género y
6 Sentencia T-452 de 2010.
7 “ARTÍCULO 11. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN. La atención de niños, niñas y
adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto
armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en
condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. Su atención en
salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Las instituciones
que hagan parte del sector salud deberán definir procesos de atención intersectoriales e
interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención.
En el caso de las mujeres en estado de embarazo, se adoptarán medidas para garantizar el acceso
a los servicios de salud que requieren durante el embarazo y con posterioridad al mismo y para
garantizar que puedan ejercer sus derechos fundamentales en el marco del acceso a servicios de
salud (…)”.
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edad, en la actualidad 76 años, lo cierto es que del material probatorio aportado por
la E.P.S. y por ella misma, no se advierte una vulneración de su derecho a la salud
en condiciones de igualdad frente al resto de la población adulta mayor del país.
31. Lo anterior por cuanto, la entidad accionada ha asignado las citas médicas
requeridas y ha entregado los insumos que el médico tratante considera, en
atención a las condiciones físicas de la actora y basado en los conocimientos
propios de la materia, sin que la inconformidad con el tratamiento proporcionado
sea suficiente para establecer la vulneración del derecho a la salud.
32. Sobre el particular debe indicársele a la accionante que efectivamente ella
tiene derecho a un tratamiento y a que su médico tratante la oriente sobre las
actividades de prevención y promoción propias de su edad, sin embargo, también
es de resaltar que será el especialista en salud quien, en atención a las
circunstancias particulares de cada persona ordenará el tratamiento, manejo y
recomendaciones adecuados a sus afectaciones.
33. Esta Sala insiste en que el médico es la persona especializada en la medicina
humana, capaz de brindar soluciones y respuestas a problemas de salud, a través
de medicamentos, tratamientos que mejoran la calidad de vida del paciente, y que
le permite ir más allá de las apreciaciones propias que cada persona tiene sobre su
salud, por lo que es el encargado de tomar las decisiones y medidas necesarias
para obtener el restablecimiento o mantenimiento de la salud de la persona que lo
consulta.
34. En esa medida, la persona idónea para determinar que procedimiento y/o
tratamiento debe seguir la paciente, es su médico tratante; “En el Sistema de Salud,
la persona competente para decidir cuándo alguien requiere un servicio de salud es el
médico tratante, por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser
quien conoce al paciente. La jurisprudencia constitucional ha considerado que el criterio
relevante es el del médico que se encuentra adscrito a la entidad encargada de garantizar
la prestación del servicio; por lo que, en principio, el amparo suele ser negado cuando se
invoca la tutela sin contar con tal concepto. No obstante, el concepto de un médico que
trata a una persona, puede llegar a obligar a una entidad de salud a la cual no se encuentre
adscrito, si la entidad tiene noticia de dicha opinión médica, y no la descartó, modificó o
confirmó, con base en las consideraciones que realice sobre el caso un médico especialista
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adscrito a la EPS, o en la valoración del Comité Técnico Científico, según lo decida la
entidad 8” (Subrayado fuera de texto)
35. En cuanto a la prestación del servicio de salud a la señora Garzón García, se
advierte que la misma se ha garantizado por parte de Compensar E.P.S. y que la
médico tratante también le indicó la existencia de los programas de adulta mayor a
los que puede pertenecer, como se advierte a continuación:
36. De igual manera, en la última consulta médica a la que asistió la actora le
fueron formulados y entregados los siguientes medicamentos9:
8 Corte Constitucional. Sentencia T-410 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa
9 Clotrimazol, Vitamina C, Vitamina B1 y Tizanidina.
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37. Al respecto, el reparo de la actora es que no se le ordenaron los suplementos
vitamínicos que ella considera debe utilizar, así como tampoco le entregaron una
fórmula que cubra un mayor tiempo sus dolencias, por lo que, en su sentir, no se le
está otorgando un tratamiento completo y eficaz. Frente al particular, debe insistirse
en que es el médico quien determina la necesidad de un producto en específico
atendiendo a los requerimientos de cada paciente, de tal forma que si no existe una
orden médica la E.P.S. no tiene el soporte para que se los suministren, por lo que
no se advierte la vulneración de los derechos invocados.
38. Ahora bien, si la señora María Judith Garzón García no está de acuerdo con
el diagnóstico y/o el tratamiento que le fue brindado por la médico que la atendió,
puede solicitar una segunda opinión o concepto sobre los padecimientos que le
aquejan para que de esa manera pueda tener una alternativa o confirmación de lo
que debe hacer para preservar su salud. Del mismo modo, puede acudir a los
programas de promoción y prevención que le mencionó la profesional de la salud
que la atendió para que allí le expliquen de manera más detallada las
recomendaciones que debe seguir.
39. Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que la E.P.S. accionada
no ha incurrido en vulneración del derecho a la salud, no obstante, es de recordar
que, al tratarse de un sujeto de especial protección constitucional, debe garantizarse
en todo momento sus derechos a ser atendida con prioridad, al diagnóstico y
tratamiento integral que permita restablecer en la medida de las posibilidades sus
condiciones óptimas de salud, cuestiones que no pueden ser desconocidas por la
accionada.
2.5. Conclusión
40. La Sala negará la solicitud de amparo constitucional reclamado por la señora
María Judith Garzón García, en la medida que Compensar E.P.S. ha garantizado
los servicios requeridos por la accionante.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley
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FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por la señora María Judith
Garzón García contra Compensar E.P.S., de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAUJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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