Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05504-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05504-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05504-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
7 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2022-05504-011
Actor : William Salguedo Quezedo
Demandados : Magistrados de la subsección B de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez Veintiséis
(26) Administrativo de Bogotá
Tema : Tutela contra providencia judicial; derecho constitucional
fundamental al debido proceso
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el demandante contra
la sentencia de 14 de diciembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado
(sección cuarta), que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor William Salguedo Quezedo, quien
actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de su derecho constitucional fundamental al debido proceso,
presuntamente quebrantado por los señores magistrados de la subsección B de
la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juez
Veintiséis (26) Administrativo de Bogotá.
Como consecuencia de lo anterior, pide se dejen sin efectos los fallos de (i) 25
de septiembre de 2019, mediante el cual el Juzgado Veintiséis (26)
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Armada Nacional (expediente 11001-33-35-026-2017-
00136-00); y (ii) 31 de marzo de 2022, con el que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda) lo confirmó; en su
lugar, se ordene a las autoridades accionadas que emitan una nueva
providencia en la que accedan a las súplicas formuladas en el aludido asunto
contencioso-administrativo.
1.2 Hechos. Relata el accionante que el 12 de agosto de 2001 ingresó a la
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Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05504-01
Actor: William Salguedo Quezedo
Armada Nacional y el 28 de noviembre de 2010 sufrió un accidente, durante
una operación militar, que le produjo una lesión en su columna vertebral, la
cual le causó una pérdida de su capacidad laboral del 12.5%, de acuerdo con el
acta de 13 de enero de 2012, expedida por la junta médico-laboral militar.
Que, pese al referido dictamen, continuó con sus actividades militares
cotidianas, lo que agravó sus afecciones, al punto que «en marzo de 2013» el
tribunal médico-laboral de revisión militar y de policía aumentó su merma
física al 28%, por lo que lo declaró no apto para el servicio, sin embargo, no
fue desvinculado y se sometió a tratamientos físicos y psiquiátricos para aliviar
sus padecimientos.
Dice que, por medio de Resolución 1106 de 8 de noviembre de 2016, el
director de la institución a la que pertenecía lo retiró por llamamiento a
calificar servicios, motivo por el cual promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Armada Nacional (expediente 11001-33-35-026-2017-00136-00),
con el propósito de obtener la anulación del acto administrativo, su reintegro y
el pago de los emolumentos que dejó de recibir, por cuanto su
desincorporación quebrantaba el marco jurídico.
Que el asunto contencioso-administrativo fue asignado por reparto al Juzgado
Veintiséis (26) Administrativo de Bogotá, que el 25 de septiembre de 2019
negó las precitadas pretensiones, al considerar que la decisión administrativa
controvertida no incurría en causal de nulidad alguna, por el contrario, se
evidenciaba que colmaba la exigencia para que fuera procedente el
llamamiento a calificar servicios, consistente en que tuviere más de quince
(15) años de vinculación a las fuerzas militares.
Sostiene que apeló la anterior determinación judicial, con el argumento de que
su retiro no tuvo como finalidad mejorar el servicio y tampoco advirtió la
estabilidad laboral reforzada de la que era titular, la cual impedía
desvincularlo, alzada desatada el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda), en el
sentido de confirmar el fallo de primera instancia, habida cuenta de que no se
desvirtuó la legalidad de la Resolución enjuiciada, por ende, se presumía que
atiende el sistema normativo, máxime cuando satisfizo el requisito para la
procedencia del llamamiento a calificar servicios de que trata el artículo 1º del
Decreto 991 de 2015.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05504-01
Actor: William Salguedo Quezedo
Que en las providencias cuestionadas no se estudiaron en debida forma las
pruebas que reposan en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-33-35-026-2017-00136-00, las cuales demuestran que padecía
quebrantos de salud que impedían retirarlo de la Armada Nacional por
llamamiento a calificar servicios, cuanto más si su «carrera [se orientó] al
favorecimiento del Ministerio de Defensa» Nacional.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 El señor Juez Veintiséis (26) Administrativo de Bogotá señala que la
sentencia de primera instancia objeto de censura constitucional fue emitida en
atención a las normas que regulan el retiro de los miembros de las fuerzas
militares por llamamiento a calificar servicios y se analizaron de manera integral
las pruebas que obran en el expediente 11001-33-35-026-2017-00136-00, por
tanto, no es dable atribuirle vulneración de garantías superiores.
1.3.2 Los señores magistrados de la subsección B de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Ministerio de Defensa
Nacional2 guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (sección cuarta), mediante
sentencia de 14 de diciembre de 2022, declaró improcedente la tutela de la
referencia, al considerar que carece de relevancia constitucional, por cuanto en
el escrito inicial se planteó una serie de aseveraciones que no fueron
enmarcadas en causal específica de procedibilidad alguna y que corresponden
a los mismos argumentos expuestos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-026-2017-00136-00, lo que denota
que emplea este mecanismo constitucional como una tercera instancia.
1.5 Impugnación. Inconforme con la anterior decisión, el actor la impugna, con
fundamento en las mismas aserciones consignadas en la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 323 del Decreto ley 2591 de 19914
y 255 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196 expedido por la sala plena del
2
Vinculado en primera instancia, mediante auto de 15 de noviembre de 2022, al presente asunto
constitucional, en condición de tercero interesado.
3
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5
«[…]
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05504-01
Actor: William Salguedo Quezedo
Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión preliminar. El actor pide dejar sin efectos los fallos de (i) 25 de
septiembre de 2019, mediante el cual el Juzgado Veintiséis (26)
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Armada Nacional (expediente 11001-33-35-026-2017-
00136-00); y (ii) 31 de marzo de 2022, con el que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda) lo confirmó.
Sin embargo, la Sala centrará su estudio jurídico en la providencia de 31 de
marzo de 2022, por ser la que, al desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la de 25 de septiembre de 2019, decidió de manera definitiva el referido
asunto contencioso-administrativo.
2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 31 de marzo de 2022, por
cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de
la sección segunda) confirmó la de 25 de septiembre de 2019, con la que el
Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
tutelante contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas
por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.
[…]».
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«Reglamento interno del Consejo de Estado».
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Actor: William Salguedo Quezedo
Nacional (expediente 11001-33-35-026-2017-00136-00); y, en caso
afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso invocada
en la solicitud de amparo.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05504-01
Actor: William Salguedo Quezedo
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05504-01
Actor: William Salguedo Quezedo
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales7, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20128, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos9.
7
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
8
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05504-01
Actor: William Salguedo Quezedo
2.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i)
el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso del actor10;
(ii) contra el fallo acusado no procede recurso alguno, por cuanto fue emitido
en segunda instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía superior;
(iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación
judicial atacada11 quedó ejecutoriada el 22 de abril de 2022 y la solicitud de
amparo se instauró el 14 de octubre siguiente, es decir, dentro de un término
prudencial (5 meses y 22 días); y (v) la providencia acusada no desató una
acción de tutela.
Ahora bien, aunque el actor no invoca causal específica de procedibilidad
alguna, argumenta que en la sentencia cuestionada no se valoraron de manera
correcta las pruebas que reposan en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 11001-33-35-026-2017-00136-00, aseveración referente al defecto
fáctico, motivo por el cual la Sala, en virtud del principio de oficiosidad12,
analizará este asunto constitucional a la luz de aquel.
2.6.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
a) El 10 de abril de 2001 el tutelante ingresó a prestar el servicio militar
obligatorio en la Armada Nacional y el 11 de febrero de 2003 fue vinculado
como alumno de la escuela de suboficiales de la institución, en la que se
graduó el 19 de diciembre siguiente.
10
En ese sentido, no se compadece de la situación del demandante la determinación adoptada en el fallo de
primera instancia, emitido dentro del asunto de la referencia, por cuanto los argumentos invocados en el
escrito inicial conciernen a la posible configuración de la causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial denominada defecto fáctico, como se aclarará más adelante, que de
demostrarse afectaría garantías superiores del accionante, lo que impone efectuar un análisis del fondo del
presente asunto.
11
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 8 de abril de
2022, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 19 de los mismos mes y
año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
12
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del
juez de tutela, esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su
función de garante de los derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de
otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción
así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras
jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca
de la demanda».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05504-01
Actor: William Salguedo Quezedo
b) El 28 de noviembre de 2010 el comandante del batallón fluvial 50 de la
Armada Nacional informó que el tutelante se encontraba ese día en una
«operación de registro», en el área rural de Puerto Inírida (Guainía), y «sufrió
una caída de un cerro aledaño al sector» que le produjo lesiones en su
columna vertebral, por lo que fue trasladado a Bogotá para someterlo a
exámenes especializados.
c) El 13 de enero de 2012 la junta médico-laboral militar, con acta 4858, le
dictaminó al demandante una pérdida de la capacidad laboral del 12,5%, la
cual fue aumentada al 28% el 17 de julio de 2013 por el tribunal médico-
laboral de revisión militar y de policía, que lo declaró no apto para la actividad
militar y no recomendó su reubicación, sin embargo, continuó vinculado a la
Armada Nacional.
d) Mediante Resolución 1106 de 8 de noviembre de 2016, el comandante de la
mencionada institución dispuso la desvinculación del tutelante por
llamamiento a calificar servicio, quien para ese entonces era cabo primero, en
razón a que contaba con más de quince (15) años de labores castrenses, por
ende, le asistía el derecho de acceder a la asignación de retiro.
e) El 4 de mayo de 2017 el tutelante instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Armada Nacional (expediente 11001-33-35-026-2017-00136-00),
con el propósito de obtener la anulación del acto administrativo aludido en la
letra precedente y, en consecuencia, su reintegro y pago de los emolumentos
que dejó de recibir, al estimar que aquel contrariaba el ordenamiento jurídico,
por cuanto no tuvo en cuenta que sufría afecciones de salud que impedían su
desincorporación.
f) El asunto contencioso-administrativo fue asignado por reparto al Juzgado
Veintiséis (26) Administrativo de Bogotá, que (i) el 18 de agosto de 2017 lo
admitió, (ii) el 26 de septiembre de 2018 celebró audiencia inicial13, en la que
decretó como pruebas los documentos que dan cuenta de los hechos expuestos
en precedencia y la certificación de 6 de marzo de 2017, en la que el señor
director de personal de Armada Nacional señaló que el actor permaneció en las
filas durante quince (15) años, dos (2) meses y veintisiete (27) días; y (iii) el
25 de septiembre de 2019 negó las súplicas ordinarias, al considerar que no se
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De que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05504-01
Actor: William Salguedo Quezedo
demostró que la Resolución enjuiciada incurriera en alguna causal de nulidad,
por el contrario, se evidenciaba que se emitió en atención a la facultad de
retirar a los suboficiales de las fuerzas militares por llamamiento a calificar
servicios.
g) Contra la anterior providencia el demandante interpuso recurso de
apelación, al estimar que su desvinculación de la Armada Nacional fue ilegal,
porque, además de que es titular de una estabilidad laboral reforzada que
impedía su remoción, no tuvo como finalidad el mejoramiento del servicio,
puesto que contaba con todas las condiciones para desempeñar las actividades
castrenses de manera adecuada.
h) La precitada alzada fue desatada el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección segunda), en el
sentido de confirmar el fallo de primera instancia, habida cuenta de que el
único presupuesto que debe colmarse para que proceda la separación por
llamamiento a calificar servicios de un suboficial de las fuerzas militares, es
que cumpla el requisito para acceder a la asignación de retiro, exigencia que se
satisface frente al accionante, por cuanto tiene más de los quince (15) años de
actividad de que trata el artículo 1º del Decreto 991 de 2015.
Que la desvinculación del actor no se produjo como consecuencia de un
castigo o retaliación, sino en razón a «una manera natural de salir de las
fuerzas armadas que permite la renovación de personal, garantizándole su
subsistencia a los sujetos que se le aplica», por tanto, no es dable estudiar la
situación médica de aquel, puesto que no se evidencia que haya tenido relación
con su retiro.
2.6.2 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»14.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Actor: William Salguedo Quezedo
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra15.
En el sub lite el actor sostiene que el fallo censurado incurre en defecto fáctico,
en razón a que no advirtió que los elementos de convicción que obran en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-026-2017-
00136-00 acreditan que su desvinculación de la Armada Nacional fue ilegal,
porque no era dable removerlo por sus afecciones físicas, las cuales le
otorgaban una estabilidad laboral reforzada, y no tuvo como finalidad el
mejoramiento del servicio.
Con el fin de determinar si el anterior reproche tiene o no asidero jurídico,
resulta oportuno indicar que, en relación con el retiro del personal de oficiales
y suboficiales de las fuerzas militares, el artículo 99 del Decreto 1790 de
200016 dispone:
Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que los oficiales y
suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad
competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El
retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia,
Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los
demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial,
facultad que podrá delegarse en el Comandante General o Comandantes de
Fuerza.
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto
cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al
servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código
Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
Asimismo, el referido Decreto 1790, en el numeral 3 de su artículo 100
(modificado por el artículo 5º de la Ley 1792 de 2016 17), prevé como una de
las causales de retiro de las fuerzas militares, la de llamamiento a calificar
servicios, la cual procede «[…] cuando [el oficial o suboficial] hayan
15
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
16
«Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares».
17
«Por medio de la cual se modifican algunos artículos de los Decretos-ley 1790 y 1791 de 2000, modificados
por la Ley 1405 de 2010 y se dictan otras disposiciones».
11
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Actor: William Salguedo Quezedo
cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro» (artículo
103 del mencionado Decreto).
Dicha causal de desvinculación es un instrumento mediante el cual se
remueven los miembros de las instituciones militares y de policía, en la
medida en que cumplan las condiciones para acceder a la asignación de retiro,
cuyo propósito es su adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad y
facilitar la promoción de sus integrantes, tal como lo sostuvo esta Corporación
en sentencia de 17 de noviembre de 201118.
De igual modo, el Consejo de Estado ha dicho que el retiro por llamamiento a
calificar servicios no comporta una sanción o trato degradante, pues es un
instrumento que facilita que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares
y de la Policía Nacional disfruten de la asignación de retiro, sin necesidad de
continuar en el ejercicio de actividades castrenses, razón por la cual no debe
motivarse, máxime cuando se presume utilizado para mejorar el servicio «[…]
y quien afirme que en su expedición concurrieron razones diferentes, tiene a
su cargo la obligación de aducir e incorporar la prueba que así lo
demuestre»19. Sobre el particular, en la providencia de 7 de abril de 201620,
esta Corporación consideró:
Cabe destacar que de manera aislada la Sección acogió la posición inicial
establecida por la Corte Constitucional, esto es, que si bien los actos de
retiro de los miembros de la Fuerza Pública no deben contener en su cuerpo
necesariamente las razones que llevan a tomar este tipo de decisiones, los
mismos sí deben estar sustentados en razones objetivas y hechos ciertos
que justifiquen el retiro21, sin embargo, no se puede alegar que dicho
planteamiento constituye precedente, en tanto no corresponde a una
posición uniforme y reiterada de la Sección Segunda sobre la materia y, por
ende, no puede ser considerado un precedente vertical aplicable al caso por
los Tribunales y Juzgados Administrativos.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, esta Corporación ha fijado
el criterio según el cual no es necesario expresar las razones por las
18
Sección segunda, subsección B, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente 68001-23-31-000-2004-00753-
01.
19
Sección segunda, sentencia de 8 de abril de 2010, C. P. Alfonso Vargas Rincón, expediente 25000-23-25-
000-1999-06200-01.
20
Sección segunda, subsección B, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-15-000-2016-00387-
00.
21
Consejo de Estado, sección segunda, subsección “B”, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 10 de
septiembre de 2015, expediente: 050012331000199800554 01 (0917-2012), Actor: Wilmer Uriel García
Mendoza.
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Actor: William Salguedo Quezedo
que se desvincula a un oficial de la Policía Nacional bajo esa causal, en
tanto la motivación está prevista en la ley.
[…] (se destaca).
Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU-91 de 25 de febrero de
201622, precisó su jurisprudencia acerca de la motivación de los actos
administrativos a través de los cuales la Administración dispone el retiro de
servidores de la fuerza pública por llamamiento a calificar servicios, así:
En ese sentido, la precisión de esta sentencia va encaminada a
establecer que, si bien no es exigible a la Fuerza Pública una
motivación expresa del acto, pues ella está claramente contenida en
la Ley, lo cierto es que tampoco es aceptable que el llamamiento a
calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder.
Para evitar estas prácticas, quien considere haber sido víctima de un
uso fraudulento de la figura de llamamiento a calificar servicios,
podrá presentar los recursos pertinentes ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, y tendrá a su carga la demostración
probatoria del uso de la herramienta para propósitos
discriminatorios o fraudulentos. De esta manera, no le corresponderá a
la Fuerza Pública la carga probatoria sobre la motivación del acto de
llamamiento a calificar servicios, que se presume responde a la exigencia
legal, pero en todo caso, deberá responder a los alegatos que sobre uso
fraudulento se presenten (se destaca).
Este criterio fue reiterado en la sentencia SU-217 de 201623, en la cual se dijo
que «[…] el llamamiento a calificar servicios no requiere de una motivación
expresa porque contienen una motivación derivada de la ley constituida por
los dos requisitos materiales de tiempo servido y de la existencia de una
recomendación previa de la Junta de Asesores del Ministerio de Defensa
Nacional para la Policía Nacional […]».
En este orden de ideas, actualmente, coincide el criterio jurisprudencial de la
Corte Constitucional con el de esta Corporación24, en el sentido de que los
22
Magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
23
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
24
Sección segunda, sentencias de (i) 12 de octubre de 2017, C. P. Gabriel Valbuena Hernández (subsección
A), expediente 25000-23-25-000-2010-01134-01, (ii) 31 de mayo de 2018, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter
(subsección B), expediente 25000-23-25-000-2002-04531-02, (iii) 9 de julio de 2020, M. P. Rafael Francisco
Suárez Vargas (subsección A), expediente 25000-23-42-000-2013-01241-01, (iv) 8 de julio y 25 de noviembre
de 2021, C. P. William Hernández Gómez (subsección A), expedientes 25000-23-42-000-2015-00155-01 y
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actos administrativos de retiro por llamamiento a calificar servicios se
presumen expedidos en aras del mejoramiento del servicio oficial, por lo que
no es necesaria su motivación expresa, toda vez que dicho llamamiento
comporta una herramienta indispensable para la renovación de los cuadros de
mando de la fuerza pública, sin que esto implique una potestad arbitraria que
esconda otras razones de fondo diferentes a los requisitos legales para su
configuración, pues en caso de que ello ocurra el afectado tendrá la posibilidad
de demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, eso sí con la carga probatoria tendiente a desvirtuar la aludida
presunción de legalidad.
Cabe advertir que el artículo 1º del Decreto 991 de 2015 prevé que los
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares que ingresaron antes del 31 de
diciembre del 2004 (como el aquí tutelante) «[…] tendrán derecho cuando
sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por
llamamiento a calificar servicios […]».
Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el sub lite la Sala evidencia
que los señores magistrados demandados confirmaron la sentencia que negó,
en primera instancia, las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-026-2017-00136-00, al considerar
que la Resolución allí enjuiciada no contrariaba el ordenamiento jurídico,
porque se colmó la exigencia para que el actor fuere removido por
llamamiento a calificar servicios, esto es, tener derecho a recibir la asignación
de retiro por contar con más de quince (15) años en las filas, conclusión que
para aquel comporta defecto fáctico, dado que las pruebas dan cuenta de que
padecía de afecciones de salud, en consecuencia, no era dable desvincularlo de
la Armada Nacional por tener estabilidad laboral reforzada, máxime cuando su
«carrera [se orientó] al favorecimiento del Ministerio de Defensa» Nacional.
En atención al estudio jurídico realizado en precedencia, la Sala observa que el
fallo objeto de censura constitucional no comporta una inferencia arbitraria o
caprichosa de los elementos de convicción que reposan en el aludido asunto
contencioso-administrativo, por cuanto estos, en particular, la certificación
emitida por el director de personal de la Armada Nacional, demuestra que el
actor permaneció en la mencionada institución castrense por más de quince
19001-23-33-000-2016-00338-01, en su orden, y (v) 11 de noviembre de 2021, C. P. Carmelo Perdomo
Cuéter (subsección B), expediente 25000-23-42-000-2016-02813-01.
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(15) años, con lo que se satisfizo la exigencia prevista en el artículo 1º del
Decreto 991 de 2015 para que procediera su retiro por llamamiento a calificar
servicios.
Ahora bien, el accionante señala que no era dable apartarlo de las actividades
castrenses por las afecciones de salud que padece, las cuales le otorgaban
estabilidad laboral reforzada, no obstante, ese argumento carece de asidero
jurídico, porque no se demostró que su remoción se haya producido con
ocasión de estas, por el contrario, es dable colegir que no tuvieron incidencia
en la Resolución 1106 de 8 de noviembre de 2016, pues el accidente en que las
adquirió aconteció el 28 de noviembre de 2010 y solo hasta aquella fecha se
dispuso su retiro, es decir, casi más de seis (6) años después.
Además, en el aludido acto administrativo se estableció que la desvinculación
se producía por llamamiento a calificar servicios, esto es, por contar con los
quince (15) años de labores de que trata el artículo 1º del Decreto 991 de 2015,
inferencia que cuenta con respaldo probatorio, puesto que, se reitera, la
certificación del señor director de la Armada Nacional comprueba que estuvo
vinculado a las filas por más de ese lapso.
Asimismo, resulta oportuno indicar que la separación del actor de la actividad
militar, contrario a lo que él sugiere, no afecta su garantía superior a la salud,
en razón a que, por recibir asignación de retiro, tiene la condición de afiliado
al sistema de salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, de acuerdo
con el artículo 2325 del Decreto 1795 de 200026, en consecuencia, puede
acceder a los servicios médicos que requiera para tratar sus dolencias.
Se precisa que el hecho de que las autoridades accionadas no hayan valorado
los medios de prueba que reposan en el expediente 11001-33-35-026-2017-
00136-00 como lo pretendía el demandante, no configura la causal específica
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de sus competencias
jurisdiccionales tienen la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y
25
«Existen dos (2) clases de afiliados al SSMP:
a) Los afiliados sometidos al régimen de cotización:
1. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo.
2. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en goce de asignación de retiro o pensión
[…]».
26
«Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional».
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conducencia de los elementos probatorios que allí obran, así como la de
brindarles diferentes grados de certeza, siempre que lo hagan de manera
integral y bajo los criterios de la sana crítica, como aconteció en el asunto
materia de controversia.
Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural), acerca del retiro
del tutelante de la Armada Nacional por llamamiento a calificar servicios,
están precedidas de una valoración integral y razonable de las pruebas
recaudadas, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean
evidentemente contrarias a las garantías superiores, supuesto que no se da en el
sub lite. En lo que atañe a este aspecto, la Corte Constitucional27 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de
las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto” […].
Por último, esta Sala estima que también carece de asidero jurídico el
argumento del accionante, según el cual no se tuvo en cuenta que su
desvinculación no mejoró el servicio, pues su actividad estuvo orientada «al
favorecimiento del Ministerio de Defensa», no obstante, esa aserción no es de
recibo, puesto que «[…] el buen desempeño del cargo no se traduce en una
estabilidad laboral absoluta que limite las competencias legales de la Fuerza
Pública para ejercer la facultad discrecional de retiro por llamamiento a
calificar servicios. En criterio de la Corte, la excelencia y la buena conducta
27
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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son inherentes al servicio público, por ende, tales cualidades no derivan en
fuero de estabilidad alguno»28.
En virtud de lo expuesto, la Sala evidencia que la providencia cuestionada no
comporta defecto fáctico, comoquiera que la aseveración de que no se acreditó
que la Resolución 1106 de 8 de noviembre de 2016 contrariaba el
ordenamiento jurídico, no involucra una deducción arbitraria o caprichosa de
los elementos de convicción que reposan en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-026-2017-00136-00, puesto que
estos acreditan, en particular, la certificación emitida por el director de
personal de la Armada Nacional, que el actor contaba con más de quince (15)
años de labores castrenses, por consiguiente, se colmó la exigencia para que
procediera el retiro por llamamiento a calificar servicios prevista en el artículo
1º del Decreto 991 de 2015.
A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que el fallo atacado no
involucra defecto fáctico, se hace necesario revocar el fallo impugnado, que
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, para en su lugar,
negar el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Revócase la sentencia de 14 de diciembre de 2022, proferida por el Consejo
de Estado (sección cuarta), que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia; en su lugar, niégase el amparo del derecho constitucional
fundamental al debido proceso invocado por el señor William Salguedo
Quezedo, conforme a lo indicado en la motivación.
2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-237 de 2019, M. P. Carlos Bernal Pulido.
17
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05504-01
Actor: William Salguedo Quezedo
3º. Comuníquese el presente fallo a la sección cuarta de esta Corporación y
remítasele copia.
4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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