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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05516-00

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05516-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declara Improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Guillermo Gómez Jiménez y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05516-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

10 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05516-00
Demandante: Guillermo Gómez Jiménez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05516-00
Demandante: GUILLERMO GÓMEZ JIMÉNEZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de cumplimiento del
requisito general de inmediatez.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, por los señores Guillermo Gómez
Jiménez y otros, por intemedio de apoderado Judicial, contra el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección C, de conformidad con lo establecido en el Decreto
333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Los señores Guillermo Gómez Jiménez y otros, por conducto de apoderado judicial,
interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad procesal y los principios constitucionales de seguridad jurídica y
confianza legítima. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

“1. Sírvase AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad, y principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza
legítima de GUILLERMO GÓMEZ JIMÉNEZ, MONICA PEREZ SARABIA,
GUILLERMO JOSÉ GOMEZ PÉREZ, JOSÉ DANIEL GÓMEZ PÉREZ, LUZ
MARINA JIMENEZ ORTEGA, JULIO CESAR GOMEZ JIMENEZ,
EVERLIN GOMEZ HERNANDEZ y YANETH GÓMEZ HERNÁNDEZ.

2. Sírvase DECLARAR sin efectos jurídicos la providencia de 19 de
noviembre de 2021, notificada el 23 de febrero de 2022, dentro del proceso
de ACCION DE REPARACION DIRECTA, radicada bajo el numero
13001333100420110013101 (51442), emitido por la SUNSECCIÓN C DE
LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO”
3. Como consecuencia de lo anterior, sírvase ORDENAR a la
SUBSECCION C DE LA SECCION TERCERA DEL CONSEJO DE
ESTADO, emitir sentencia -de forma inmediata- aplicando los criterios
1
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05516-00
Demandante: Guillermo Gómez Jiménez y otros

jurisprudenciales vigentes para la fecha de los hechos que fundan la
controversia, atendiendo el deber general del Estado de respeto a las
garantías judiciales.”

2. Hechos

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

El 3 de abril de 1997, el Tribunal Superior Militar impuso medida de aseguramiento
de detención preventiva en contra del señor Guillermo Gómez Jiménez, por su
condición de agente de la Policía Nacional, en el trámite de la investigación penal
adelantada por el delito de homicidio preterintencional del ciudadano italiano
Giacomo Turra.

El 22 de octubre de 1997, el comandante del Departamento de Policía de Bolívar
convocó a Consejo Verbal del Guerra al patrullero de la Policía Nacional, Guillermo
Gómez Jiménez. El 30 de septiembre de 1998, el presidente del Consejo de Guerra
profirió sentencia absolutoria, al no encontrar prueba suficiente para condenar al
patrullero.

La anterior decisión fue objeto de apelación por la apoderada de la parte civil y el 5
de marzo de 1999, el Tribunal Militar confirmó la sentencia absolutoria y ordenó que
la libertad definitiva e incondicional y la Corte Suprema de Justicia, en sentencia
del 27 de septiembre de 2002, decidió no casar la sentencia.

El 24 de septiembre de 2004, el grupo familiar del señor Guillermo Gómez Jiménez 1
por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de reparación directa,
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y Rama
Judicial, con la pretensión de que se declaren patrimonialmente responsables por
los perjuicios de orden material, moral y daños a la vida de relación sufridos como
consecuencia de la privación de la libertad del señor Guillermo Gómez Jiménez.

La demanda correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Descongestión 003, que, en sentencia del 7 de febrero de 2013,
analizó la responsabilidad del Estado bajo el régimen objetivo y consideró que, al
haber terminado el proceso penal con sentencia absolutoria por la imposibilidad de
desvirtuar la presunción de inocencia de los procesados, la medida de detención
preventiva del señor Gómez Jiménez, resultó ser injusta y accedió parcialmente a
las pretensiones.

Contra la anterior decisión, la apoderada de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la
sentencia de primera instancia, con fundamento en que el solo hecho de que el
actor se le hubiese dictado medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva y, posteriormente, hubiese sido llamado a Consejo Verbal de Guerra del
cual resultó absuelto, no tornaba en ilegal o injusta su detención, agregó que, las
decisiones que se tuvieron en cuenta para la detención del señor Guillermo Gómez,
se efectuaron dentro del marco de la ley y por ello no se configuró falla en el servicio

1 Grupo familiar conformado por Monica Perez Saravia, Guillermo Jose, José Daniel Gomez Perez, Guillermo

Gomez Fernandez, Luz Marina Jimenez Ortega, Julio Cesar Gómez Jiménez, Everlin Gómez Hernández y
Yanet Gómez Hernandez
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Demandante: Guillermo Gómez Jiménez y otros

de la administración de justicia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 19 de
noviembre de 2021, revocó la decisión de primera instancia, toda vez que, la
medida restrictiva impuesta a Guillermo Gómez Jiménez se ajustó a derecho, en
tanto, estuvo soportada en una argumentación razonada, un cuadro sólido de
indicios y elementos de prueba que cumplían con el nivel de certeza exigido en la
etapa procesal. Por tanto, negó las pretensiones de la demanda. La decisión de
segunda instancia fue notificada el 23 de febrero de 2022 2.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
incurrió en violación directa a la Constitución política por el desconocimiento de los
artículos 1, 2, 13, y 29 al momento de proferir la sentencia de segunda instancia,
por las razones que se pasan a resumir.

Consideró que la autoridad judicial demandada omitió aplicar los criterios
jurisprudenciales vigentes para la fecha en que ocurrieron los hechos controversia
del asunto, toda vez que, aplicó un precedente jurisprudencial reciente y por tanto
vulneró el respeto a las garantías judiciales, debido proceso, libertad e igualdad.

Manifestó que, la providencia reprochada va en contra del Estado Social de
Derecho, toda vez que, el señor Guillermo Gómez Jiménez fue privado
injustamente de la libertad, al igual que cuatro agentes de la Policía Nacional,
quienes iniciaron demanda de reparación directa con los mismos fundamentos
facticos y jurídicos, y a estos le fue aplicado el precedente jurisprudencial vigente,
esto es, el régimen de responsabilidad objetiva del estado.

Agregó que, la autoridad demandada usó como fundamento el testimonio del señor
Eduardo René Martínez Meyer, quien relató que “ presenció la llegada de la patrulla
donde llevaban a TURRA, y este convulsionó y salivó por lo que un agente lo insulto por
ensuciarle el uniforme, y lo soltó, golpeándose la barbilla con uno de los escalones, rodando
por las gradas y restregándose” . Sin embargo, manifestó que, dicho argumento no
era admisible, toda vez que, se logró demostrar que para la fecha que ocurrieron
los hechos, es decir, para el 3 de septiembre de 1995, no existían escaleras en la
entrada de la estación de policía.

Finalmente, argumentó que, para la fecha de presentación de la demanda, el
precedente judicial que se debía aplicar era el régimen objetivo de responsabilidad
patrimonial del estado por privación injusta de la libertad de un ciudadano, cuando
el proceso penal termina con sentencia absolutoria, preclusión de la investigación
u opera la aplicación del indubio pro reo.

Consideró que si bien la acción de tutela fue notificada por medio de correo
electrónico el 23 de febrero de 2022, los demandantes no cuentan con manejo de
medios electrónicos idóneos y al no encontrarse en la misma ciudad, tomaron un
tiempo prudencial para recaudar los poderes y efectuar la intervención por medio
de la acción de tutela.

2 SAMAI, Indice de registro electronico nro. 67

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Demandante: Guillermo Gómez Jiménez y otros

4. Trámite Previo

En auto del 19 de octubre de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal Administrativo de Bolívar,
a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-, la
Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional – y al señor Guillermo Gómez
Fernández, como terceros interesados, publicar en la página web del Consejo de
Estado la providencia, así como la notificación a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C indicó que el 19 de
noviembre de 2021 profirió sentencia dentro del proceso con radicado número
13001-33-31-004-2011-00131-01, en la que, revocó la sentencia de primera
instancia al considerar que la medida restrictiva impuesta al señor Gómez Jiménez
se ajustó al derecho penal vigente al momento de los hechos y por tanto negó las
pretensiones de la demanda.

Para el caso en estudio, la Subsección sostuvo que, una vez consultado el sistema
de gestión de información SAMAI, se logró evidenciar que la sentencia reprochada
fue notificada el 23 de febrero de 2022 y, por tanto, se echa de menos, el
cumplimiento del requisito de inmediatez.

Adujó que, la Corte Constitucional, bajo la noción de “plazo razonable” consideró
que se debe hacer un análisis estricto con el fin de no afectar la seguridad jurídica,
así las cosas, estimó que seis meses son suficientes para acudir por vía de tutela
a controvertir una decisión judicial.

Agregó que, en el caso concreto, pese a que el accionante discute que le tomó un
tiempo considerable reunir los poderes y las sentencias con las cuales da el
sustento jurisprudencial de la tutela, la anterior afirmación, no es una eventualidad
para considerar una circunstancia especial. Además, la parte actora eleva acción
de tutela por intermedio de apoderado, quien tiene los conocimientos y el
fundamento necesario para acudir a la acción constitucional.

Ahora bien, respecto a la violación directa de la Constitución que alega la parte
actora por no confirmar el criterio jurisprudencial de reparación directa, que se tuvo
en cuenta en la sentencia de primera instancia del proceso, manifestó que, en la
sentencia reprochada se dio aplicación a los nuevos criterios jurisprudenciales de
la Sección, de conformidad con lo la sentencia SU 072 de 2018 proferida por la
Corte Constitucional y, por tanto, no se afectó el debido proceso o el derecho a la
igualdad de los demandantes, puesto que, el análisis se efectuó con respeto de las
garantías procesales.

Finalmente, manifestó que la acción de tutela no puede ser utilizada como una
tercera instancia en la que se realice nuevamente el análisis de los medios
probatorios, toda vez que, es indispensable que se logre evidenciar afectación o
vulneración de las garantías constitucionales y por tanto la Sección considera que
la presente acción de tutela no cumple con los requisitos de procedencia.

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Demandante: Guillermo Gómez Jiménez y otros

El Ministerio de Defensa Nacional manifestó que la presente acción de tutela se
debe declarar improcedente, toda vez que, no se avizora el cumplimiento del
requisito de inmediatez, por cuanto la acción constitucional fue radicada el 14 de
octubre de 2022 y la sentencia reprochada fue notificada el 23 de febrero de 2022,
luego de transcurrir más de siete meses para solicitar la protección de los derechos
fundamentales deprecados.

Ahora bien, respecto al defecto fáctico que alega la parte actora, argumentó que,
para la fecha de los hechos, existió plena convicción basada en indicios que
demostraban la participación del señor Guillermo Gómez Jiménez en el deceso del
ciudadano Giacomo Turra y, por lo tanto, la acción de tutela resulta infundada contra
la Policía Nacional, toda vez que, no se acreditó que la institución tuviese
responsabilidad frente al los hechos objeto de la demanda.

Agregó que, la presente acción de tutela es improcedente al no existir un perjuicio
irremediable ocasionado a los actores, pues el señor Guillermo Gómez Jiménez se
encuentra percibiendo ingresos por concepto de pensión de invalidez.

En consecuencia, de lo anterior, solicitó no conceder las pretensiones ante la
improcedencia de la acción de tutela.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
3
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para

3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
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Demandante: Guillermo Gómez Jiménez y otros

lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
4 5
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción, la parte actora pretende que se deje sin
efecto la sentencia del 19 de noviembre de 2021, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, que revocó la sentencia de primera
instancia, al considerar que la medida restrictiva impuesta al señor Guillermo
Gómez Jiménez se ajustó al derecho penal adjetivo vigente al momento de los
hechos.

De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Sala analizar si la acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedibilidad para posteriormente, y si así
lo amerita, realizar un estudio de fondo.

Caso concreto

En el caso bajo estudio, el accionante mediante la presente acción constitucional
pretende cuestionar la providencia del 19 de noviembre de 2021, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del proceso de
reparación directa radicado con número 13001333100420110013101, mediante la
cual se revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que la medida restrictiva impuesta al señor Gómez
Jiménez se ajustó al derecho penal adjetivo.

Al respecto, la Sala anticipa que, sería del caso, estudiar los argumentos
propuestos por la parte actora, de no ser porque en el presente caso no se cumple
con el requisito general de inmediatez, lo cual hace improcedente el estudio de
fondo de los cargos invocados en la acción de tutela y por tanto, la acción de tutela
no está llamada a prosperar, como se pasa a explicar 6.

Lo anterior, porque la sentencia reprochada fue notificada por edicto electrónico el
23 de febrero de 2022 (cuyo término de fijación inició el 24 de febrero de 2022 y
terminó el 28 de febrero de 2022) a la apoderada de la parte demandante de

oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
6 Así lo ha precisado esta Sección, al respecto, ver sentencia del 17 de septiembre de 2020, expediente número

11001-03-15-000-2020-00314-01, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, M.P. Milton Chaves García.
6
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conformidad con las actuaciones registradas en el aplicativo SAMAI del proceso de
reparación directa. Así, a la fecha de presentación de esta acción, 14 de octubre de
2022, han transcurrido 7 meses y 15 días.

Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir
de la fecha de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la
naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela
judicial efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad.

En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda7, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.

Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada
podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a
adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.
Circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron.

Circunstancias que no se acreditan en el caso concreto, pues, pese a que el
apoderado de la parte demandante, reconoció que la notificación de la sentencia
reprochada se efectuó el 23 de febrero de 2022, argumentó que la mora en ejercer
la acción de tutela tuvo como justificación el hecho que los demandantes no
cuentan con medios electrónicos idóneos para el otorgamiento de los poderes para
impetrar la presente acción. Sin embargo, dicho argumento no puede ser tenido en
cuenta como justificación válida, en la medida en que, justamente, transcurrieron
más de seis meses para que el apoderado realizara las gestiones necesarias a fin
de ejercer el mecanismo constitucional.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que, la anterior afirmación no es una
eventualidad que se pueda considerar como una circunstancia especial y por ende,
la acción de tutela no puede ser empleada para subsanar la omisión en que incurrió
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007

7
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la parte actora para la protección de sus derechos.

Como lo ha señalado esta Sección, el requisito de la inmediatez es una regla
jurisprudencial unánime y pacífica que se ha mantenido en el tiempo, precisamente
para no inducir a error a los ciudadanos y que garantiza los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima de las decisiones judiciales, pues, recuérdese que la
acción de tutela contra providencias judiciales es la excepción a la regla y, en esa
medida, los requisitos de procedibilidad deben ser atendidos en estricto orden.

En esa medida, la parte actora debió interponer la acción de tutela a más tardar el
23 de agosto de 2022, como ello no ocurrió, no cumplió con el requisito de la
inmediatez para ejercer el mecanismo constitucional contra providencias judiciales.

Por lo anterior, la acción de tutela de la referencia no procede por falta de
cumplimiento del requisito de inmediatez y, en esa medida no había lugar a hacer
estudio en relación con el fondo del asunto.

Con todo, la Sala anota que, como se explicó en el acápite anterior, la acción de
tutela contra providencias judiciales es una excepción al principio de inmutabilidad
y cosa juzgada de las decisiones judiciales en firme y, es por esa razón, que su
ejercicio exige el cumplimiento de requisitos generales y específicos que hagan
procedente al juez constitucional emitir pronunciamiento sobre decisiones ya
ejecutoriadas. En el presente caso, la falta de cumplimiento del requisito de
inmediatez conlleva a la improcedencia del mecanismo, por lo que no es posible
emitir pronunciamientos frente a los cargos invocados.

En suma, la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito general
de procedencia de inmediatez y, en esa medida, se impone, declarar improcedente
el amparo solicitado por el señor Guillermo Gómez Jiménez y otros contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

I. FALLA
1. Declara Improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Guillermo
Gómez Jiménez y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

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Demandante: Guillermo Gómez Jiménez y otros

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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