Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05516-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05516-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05516-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
19 de enero de 2023
Demandantes: Guillermo Gómez Jiménez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05516-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05516-01
Demandantes: GUILLERMO GÓMEZ JIMÉNEZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C
Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia
– inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por los accionantes contra la
sentencia proferida en primera instancia por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 10 de noviembre de 2022. En
ese fallo se declaró improcedente la acción de tutela por no superarse el requisito
general de procedibilidad de inmediatez.
1. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. Con escrito radicado en la ventanilla virtual de esta Corporación, el 14 de
octubre de 2022, los señores Guillermo Gómez Jiménez, Mónica Pérez Sarabia,
Guillermo José Gómez Pérez, José Daniel Gómez Pérez, Luz Marina Jiménez
Ortega, Julio César Gómez Jiménez, Everlin Gómez Hernández y Yaneth Gómez
Hernández; actuando por intermedio de apoderado judicial, interpusieron acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Los
peticionarios consideraron que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, así como los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima.
2. Desde el punto de vista de los accionantes, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales se presentó en la providencia proferida el 19 de
noviembre de 2021. En la sentencia reprochada, la referida autoridad judicial
accionada revocó la decisión de primera instancia emitida el 7 de febrero de 2013
por el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Descongestión No. 3 y en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por
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Demandantes: Guillermo Gómez Jiménez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C
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los peticionarios en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional y la Rama Judicial1.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
1. Sírvase AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, y principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima de
GUILLERMO GÓMEZ JIMÉNEZ, MONICA PEREZ SARABIA, GUILLERMO JOSÉ
GOMEZ PÉREZ, JOSÉ DANIEL GÓMEZ PÉREZ, LUZ MARINA JIMENEZ
ORTEGA, JULIO CESAR GOMEZ JIMÉNEZ, EVERLIN GÓMEZ HERNANDEZ Y
YANETH GÓMEZ HERNÁNDEZ.
2. Sírvase DECLARAR sin efectos jurídicos la providencia de 19 de noviembre de
2021, notificada el 23 de febrero de 2022 dentro del proceso de reparación directa,
radicado bajo el número 13001333100420110013101 (51442) emitido por la
SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO.
3. Como consecuencia de lo anterior, sírvase ORDENAR a la SUBSECCIÓN C DE
LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO emitir sentencia –de forma
inmediata– aplicando los criterios jurisprudenciales vigentes para la fecha de los
hechos que fundan la controversia, atendiendo el deber general del Estado de
respeto a las garantías judiciales. (SIC a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
5. El Tribunal Superior Militar mediante providencia del 3 de abril de 1997
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva contra el patrullero
Guillermo Gómez Jiménez. Esto, por la presunta comisión del delio de homicidio
preterintencional. El 22 de octubre de 1997, el comandante del Departamento de la
Policía de Bolívar profirió resolución de convocatoria a Consejo Verbal de Guerra
contra el señor Gómez Jiménez. Finalmente, el comandante del Departamento de
Policía de Bolívar, mediante sentencia del 30 de septiembre de 1998, absolvió al
investigado del cargo endilgado. Lo anterior, por no encontrar en el proceso pruebas
suficientes para condenarlo.
6. Por los anteriores hechos, el señor Guillermo Gómez Jiménez junto con su
grupo familiar2 presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y la
Rama Judicial. Esto, con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados por la privación de la
libertad que calificaron como injusta a la que fue sometido Guillermo Gómez
1 Rad. 13001-33-31-004-2011-00131-01.
2 El grupo familiar del señor Gómez Jiménez se encuentra conformado por Mónica Pérez Sarabia,
Guillermo José Gómez Pérez, José Daniel Gómez Pérez, Guillermo Gómez Fernández, Luz Marina
Jiménez Ortega, Julio Cesar Gómez Jiménez, Everlin Gómez Hernández y Yanet Gómez Hernández.
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Jiménez.
7. En primera instancia el asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo de
Bolívar – Sala de Descongestión No. 003. Esta autoridad judicial en sentencia del 7
de febrero de 2013 accedió a las pretensiones de la demanda de reparación directa.
Como fundamento de su decisión, el juez de primer grado analizó el régimen
objetivo de responsabilidad del Estado. Luego, consideró que al haber terminado el
proceso penal con sentencia absolutoria por la imposibilidad de desvirtuar la
presunción de inocencia del accionante, la medida de detención preventiva que
soportó el señor Gómez Jiménez resultaba abiertamente injusta y
desproporcionada.
8. Finalmente, el juez de primera instancia sostuvo que el daño antijurídico por
la privación de la libertad de que fue objeto el hoy actor era exclusivamente atribuible
a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Esto, porque fueron
las autoridades que mantuvieron privado de la libertad al señor Guillermo Gómez
Jiménez.
9. En segunda instancia, la cuestión correspondió al Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C. Esta autoridad judicial en sentencia del 19 de
noviembre de 2021 revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa. Lo anterior, porque consideró
que la restricción de la libertad de Guillermo Gómez Jiménez se ajustó a derecho.
Además de ello, mencionó que no existían motivos para inferir que hubiera sido
inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria. Por ello, resultaba forzoso
colegir que la privación de la libertad por él padecida se encontraba amparada por
un título jurídico que lo obligaba a soportarla. Por ende, no comportaba para él ni
para sus familiares un daño antijurídico3.
10. La decisión de segunda instancia fue notificada el 23 de febrero de 2022.
1.4. Sustento de la vulneración
11. En primer lugar, el apoderado judicial de la parte actora señaló que se
encontraban acreditados todos los requisitos generales de procedibilidad de la
3 En concreto, la Sala accionada encontró que el Tribunal Superior militar al momento de decretar la
detención preventiva contra el hoy actor determinó que la muerte de la víctima estaba acreditaba
con las actas de levantamiento de cadáver, necropsia y registro civil de defunción. Además, advirtió
que Gómez Jiménez fue uno de los policiales que custodió al occiso desde el momento de su
aprehensión hasta cuando fue llevado por segunda vez al Hospital Bocagrande de la ciudad de
Cartagena donde se dictaminó su muerte. Valoró igualmente que los uniformados incriminados, entre
ellos el accionante, no supieron explicar porque cuando llegaron en una segunda oportunidad al
centro asistencial, la víctima no tenía zapatos; y tuvo en cuenta que tanto la médico como la enferma
que atendieron al ofendido manifestaron que aquel en su último ingreso al hospital presentaba
múltiples escoriaciones y señales de traumatismos en diferentes partes de su cuerpo. Aparte,
encontró que la autoridad judicial al momento de imponer la medida cautelar tuvo en cuenta que el
accionante junto con otros uniformados, optaron por dirigirse hasta la residencia del occiso, ingresar
con las llaves que este portaba y allanar el apartamento sin orden de autoridad competente.
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acción de tutela contra providencia judicial. En concreto, sobre el requisito de
inmediatez señaló que desde que se emitió la providencia reprochada hasta la
presentación de la demanda de tutela ocurrió un término prudencial y razonable.
12. Así, el profesional del derecho explicó que, si bien la sentencia objeto de la
solicitud de amparo fue notificada por medio de correo electrónico el 23 de febrero
de 2022, mencionó que los accionantes no contaban con el manejo de los medios
electrónicos idóneos y tampoco se encuentran en la misma ciudad. Por esto, desde
aquella fecha hasta la presentación de la demanda, estuvo recaudando los poderes
judiciales en debida forma, así como los medios probatorios que requería para
interponer esta acción de tutela. Por ello, consideró que presentó la demanda dentro
de un término razonable.
13. En segundo lugar, indicó que la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales de sus representados. Esto, porque omitió aplicar los
criterios jurisprudenciales vigentes para la fecha en que ocurrieron los hechos.
14. Así, la parte accionante argumentó que, para la fecha de presentación de la
demanda de reparación directa, el precedente judicial que se debía aplicar era el
régimen objetivo de responsabilidad del Estado por privación injusta de un
ciudadano cuando un proceso penal termina con sentencia absolutoria, preclusión
de la investigación y opera el principio de in dubio pro-reo y no el subjetivo como en
efecto ocurrió.
15. También, manifestó que la providencia reprochada va en contra del Estado
Social de Derecho. Esto, porque el señor Guillermo Gómez Jiménez fue privado de
manera injusta de la libertad junto con 4 agentes de la Policía Nacional por los
mismos hechos. Mencionó que aquellos policías también presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa. Refirió que a estos les fue
concedidas sus pretensiones, porque les fue aplicado el precedente jurisprudencial
vigente, esto es, el régimen objetivo de responsabilidad del Estado.
16. Finalmente, el apoderado judicial de la parte actora mencionó que la
autoridad demandada usó como fundamento de su decisión, el testimonio de una
persona que relató que “presenció la llegada de la patrulla donde llevaban a la
[víctima directa] y este convulsionó y salivó por lo que un agente lo insultó por
ensuciarle el uniforme, y lo soltó golpeándose la barbilla con uno de los escalones,
rodando por las gradas y restregándose”. Sin embargo, manifestó que dicha
afirmación no era admisible, toda vez que se logró demostrar que para la fecha en
que ocurrieron los hechos, no existían las escaleras a las que hizo alusión el
declarante.
1.5. Trámite de primera instancia
17. En auto del 19 de octubre de 2022, el magistrado ponente de primera
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instancia admitió la acción de tutela de la referencia y dispuso la notificación de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
18. Además, dispuso la vinculación como terceros con interés de: i) el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que conoció del asunto en primera instancia; ii) de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de la Rama Judicial en
su condición de entidades demandadas dentro del proceso de reparación directa; y
iii) del señor Guillermo Gómez Fernández, quien figuraba como demandante en la
Litis mencionada.
1.6. Intervenciones e informes
1.6.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
19. La autoridad judicial accionada rindió informe en el que señaló que la acción
de tutela es improcedente por los siguientes motivos:
20. En primer lugar, mencionó que en el caso concreto se echa de menos el
cumplimiento del requisito de inmediatez. En ese orden, indicó que consultado el
sistema de gestión de información “SAMAI” aparece registrada la anotación de
notificación de la sentencia reprochada el 23 de febrero de 2022 y la acción de tutela
se interpuso 8 meses después, es decir, por fuera del término razonable para ello.
21. En segundo lugar, refirió que no se vulneraron los derechos fundamentales
aludidos por la parte actora. Esto, porque en la sentencia reprochada se dio
aplicación a los nuevos criterios jurisprudenciales establecidos por la Sección
Tercera de esta Corporación sobre el régimen de responsabilidad del Estado en los
eventos de privación injusta de la libertad.
22. Finalmente, manifestó que la acción de tutela no puede ser utilizada como
una tercera instancia en la que se realice nuevamente el análisis de los medios
probatorios aludidos por la parte accionante. Esto, porque es indispensable que se
logre evidenciar la afectación o vulneración de las garantías constitucionales, lo cual
no se demostró en el plenario.
1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional
23. La entidad vinculada a este trámite constitucional, manifestó que la presente
acción de tutela es improcedente. Esto, porque no se encuentra acreditado el
requisito general de procedibilidad de inmediatez. Así, mencionó que la solicitud de
amparo fue radicada el 14 de octubre de 2022, esto es, luego de transcurrir más de
7 meses desde que fue notificada la sentencia reprochada.
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24. Por otro lado, respecto al defecto fáctico que alega la parte actora, argumentó
que, para la fecha de los hechos, existió plena convicción basada en indicios que
demostraban la participación del señor Guillermo Gómez Jiménez en la comisión
del punible. Por ello, la acción de tutela resulta infundada contra la Policía Nacional,
toda vez que, no se acreditó que la institución tuviese responsabilidad frente a los
hechos objeto de la demanda.
25. Agregó que, la presente acción de tutela es improcedente al no existir un
perjuicio irremediable ocasionado a los actores, pues el señor Guillermo Gómez
Jiménez se encuentra percibiendo ingresos por concepto de pensión de invalidez.
26. En consecuencia, de lo anterior, solicitó no conceder las pretensiones ante la
improcedencia de la acción de tutela.
27. El apoderado judicial de la parte accionante informó que el señor Guillermo
Gómez Fernández (vinculado como tercero con interés en este trámite) “falleció
hace muchos años atrás y no hizo parte [del] proceso contencioso administrativo ni
funge como parte en la presente acción de tutela”.
28. El Tribunal Administrativo de Bolívar y la Rama Judicial pese a que fueron
notificados de la presente acción de tutela, guardaron silencio.
1.6.3. Sentencia de primera instancia
29. En sentencia del 10 de noviembre de 20224, la Sección Cuarta declaró
improcedente la acción de tutela porque no encontró acreditado el requisito general
de procedibilidad de inmediatez. Esto, por los siguientes motivos:
30. En primer lugar, evidenció que la sentencia reprochada fue notificada por
edicto electrónico el 23 de febrero de 2022 (cuyo término de fijación inició el 24 de
febrero de 2022 y terminó el 28 de febrero de 2022). De esta manera, encontró que,
a la fecha de presentación de solicitud de amparo, esto es, el 14 de octubre de 2022,
habían transcurrido 7 meses y 15 días. En ese orden, consideró que la solicitud de
amparo se radicó por fuera del plazo razonable para ello.
31. También, mencionó que en el caso concreto no se acreditó circunstancia
alguna tendiente a justificar la inactividad del accionante. En ese orden, consideró
que el apoderado de la parte demandante reconoció que la mora en ejercer la acción
de tutela tuvo como justificación el hecho de que los accionantes no cuentan con
medios electrónicos idóneos para el otorgamiento de poderes para impetrar la
acción. Sin embargo, consideró que dicho argumento no puede ser tenido en cuenta
como justificación válida. Esto, porque justamente transcurrieron más de 6 meses
para que el profesional del derecho realizara todas las gestiones necesarias a fin de
ejercer el mecanismo constitucional.
4 Esta decisión fue notificada el 23 de noviembre de 2022.
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1.7. Impugnación
32. La parte accionante presentó escrito de impugnación en el que solicitó
revocar la decisión de primera instancia y en su lugar amparar los derechos
fundamentales de los accionantes. Esto, porque sí se encuentra acreditado el
requisito general de procedibilidad de inmediatez.
33. Al efecto, el apoderado judicial de los peticionarios reconoció que si existe
una distancia temporal entre el momento en que fue notificada la sentencia
reprochada y la presentación de la acción de tutela que supera los 6 meses. No
obstante, mencionó que aquella obedeció a que los accionantes no contaban con el
manejo de los medios electrónicos idóneos y tampoco se encuentran en la misma
ciudad. Por esto, desde aquella fecha hasta la presentación de la demanda, estuvo
recaudando los poderes judiciales requiriendo la presentación personal en notarias;
y los medios probatorios necesarios para interponer esta acción de tutela. Por ello,
consideró que presentó la demanda dentro de un término razonable.
34. En ese orden, mencionó que la distancia procesal existente desde el
momento en el que se profirió el fallo reprochado y la interposición de la demanda,
no corresponde a una inactividad de su parte o de sus mandantes. En
consecuencia, consideró que el requisito de la inmediatez se encuentra superado.
35. Mediante auto del 1º de diciembre de 2022, el magistrado ponente de primera
instancia concedió el recurso de impugnación presentado contra la decisión del 10
de noviembre de 2022.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
36. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por los
accionantes contra la sentencia de primera instancia proferida el 10 de noviembre
de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
37. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
38. La Sala advierte que los señores Guillermo Gómez Jiménez, Mónica Pérez
Sarabia, Guillermo José Gómez Pérez, José Daniel Gómez Pérez, Luz Marina
Jiménez Ortega, Julio Cesar Gómez Jiménez, Everlin Gómez Hernández y Yaneth
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Gómez Hernández se encuentran legitimados en la causa por activa. Esto porque
figuran como demandantes en el proceso de reparación directa en el que se profirió
la providencia aquí cuestionada.
39. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación se encuentra legitimada en la causa por pasiva al ser
la autoridad judicial que profirió la decisión de segunda instancia reprochada en esta
oportunidad.
2.3. Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación el 10 de
noviembre de 2022
41. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad, en especial el de inmediatez y en caso afirmativo dar respuesta al
siguiente interrogante: ¿La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, así
como los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima de
los accionantes. Lo anterior, con la expedición del fallo del 19 de noviembre de 2021
revocó la decisión de primer grado y en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa presentada por los tutelantes?
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales7.
43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 8. En esta sentencia se
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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establecieron seis requisitos generales de procedencia9 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial10.
44. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
45. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
9 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
10 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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46. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
47. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y, solo en el
caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en
los defectos aludidos.
2.5. Análisis sobre el requisito general de inmediatez
48. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable11, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo12.
49. De acuerdo con lo anterior, esta Sección13 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.
50. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes
que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del
debate jurídico planteado.
51. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en
sentencia T-256 de 201514, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio
auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente “cuando fuere promovida en
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista
un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
11 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo
de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-
000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
13 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-256 de 2015,
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terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual”15.
52. Ahora bien, en el caso concreto, la Sala reconoce que la parte actora
cuestiona la decisión adoptada el 19 de noviembre de 2021 por la Subsección C de
la Sección Tercera de esta Corporación.
53. Así, verificado en el sistema de consulta del Consejo de Estado –SAMAI–, se
encontró que aquella fue notificada mediante edicto electrónico fijado el día 23 de
febrero de 2022 y terminó el 28 de febrero de 2022.
54. También, se evidencia que aquel fue puesto en conocimiento de los
demandantes mediante mensaje de datos el día 23 de febrero de 2022 al correo
electrónico de quien figuraba como apoderada judicial de aquellos, como se observa
en la siguiente imagen:
55. Ahora, en aplicación del inciso tercero del artículo 8.º del Decreto 806 de
2020 y el numeral segundo del artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo
52 de la Ley 2080 de 2021, la Sala entenderá que la notificación de la sentencia
15 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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cuestionada se surtió debidamente el 2 de marzo de 2022. Luego la decisión quedó
ejecutoriada16 el 7 de marzo de 202217.
56. Sin embargo, la radicación de la tutela ocurrió el 14 de octubre de 2022, es
decir, fuera del término razonable que la jurisprudencia de esta Sección del Consejo
de Estado ha considerado.
57. Por otro lado, la Sala encuentra que el apoderado judicial de la parte actora
arguye que le tomó un tiempo considerable reunir los poderes y el material
probatorio que le da sustento a la acción de tutela. Sin embargo, esta no es una
circunstancia que permita al juez de tutela flexibilizar el término razonable para
presentar la solicitud de amparo.
58. Además de lo anterior, la Sección concuerda con la autoridad judicial
accionada al advertir que los peticionarios actúan en el presente proceso a través
de un profesional del derecho, quien en atención a sus conocimientos, se encuentra
en condiciones de consolidar la información y el fundamento necesario para acudir
al juez constitucional en forma más célere a como lo haría directamente un
accionante lego en derecho. Además, es importante resaltar que desde la entrada
en vigor del Decreto 806 de 202018 los poderes no deben ser autenticados, por lo
que la Sala no admite la excusa del apoderado de la parte actora de justificar su
tardanza en el cumplimiento de una solemnidad que ya no es exigida en nuestro
ordenamiento jurídico.
59. En consecuencia, la Sala establece que la parte actora no demostró ninguna
condición especial que pueda ser analizada por este juez de tutela para establecer
si es procedente flexibilizar el requisito de procedibilidad de la inmediatez para
superarlo y estudiar la presunta vulneración de sus garantías fundamentales.
Aunado a ello, no encontró la Sala que concurra alguna de las circunstancias que
16 Ley 1564 de 2012. Artículo 302. Ejecutoria: Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante,
cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una
vez resuelta la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres
(3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos.
17 Esto, teniendo en cuenta que los días 26 y 27 de febrero de 2022 eran sábado y domingo.
18 Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención
a los usuarios del servicio de justicia en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.
Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir
mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán
auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá
coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde
la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales.
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justifiquen el retardo de los usuarios de la administración de justicia para acudir a
alegar en sede de acción de tutela la trasgresión de sus garantías fundamentales.
60. De conformidad con lo anterior, esta Sección confirmará la decisión de primer
grado que declaró improcedente el amparo constitucional. Esto por cuanto tampoco
se encuentra superado el requisito general de procedibilidad de inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida 10 de noviembre de 2022 dictado
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la presente
acción de tutela, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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