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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05535-00

Fecha
19 de enero de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05535-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela frente a los defectos relacionados con la falta de congruencia y la falta de motivación, por lo señalado en la parte considerativa de este proveído. SEGUNDO: Niégase la solicitud de tutela elevada por los señores Dolores Durán Cortés y otros, conforme a lo señalado en las consideraciones de este proveído. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05535-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

19 de enero de 2023

Demandantes: Dolores Durán Cortés y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2022-05535-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05535-00
Demandante: DOLORES DURÁN CORTÉS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Tema: Tutela contra providencia judicial – defectos fáctico, sustantivo,
sentencia sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa a la Constitución

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por las señoras
Dolores Durán Cortés y Yina Melissa González Durán contra el Tribunal
Administrativo del Huila, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1.º del
numeral 2.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Las señoras Dolores Durán Cortés y Yina Melissa González Durán, mediante
apoderado judicial, interpusieron acción de tutela1 con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la vida.

La parte actora estimó vulneradas las referidas garantías constitucionales con

1 La acción de tutela se presentó el 18 de octubre de 2022 a través de la aplicación de tutelas en

línea de la Rama Judicial.

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Demandantes: Dolores Durán Cortés y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2022-05535-00

ocasión de la sentencia del 16 de agosto de 2022, mediante la cual se confirmó el
fallo del 10 de marzo de 2017 dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Neiva que negó las pretensiones de la demanda interpuesta en
ejercicio del medio de control de reparación directa, expediente identificado con el
número de radicación 4100133330520130020800/01.

En consecuencia, las demandantes pretendieron:

“PRIMERO: DECLARE Honorable Juez constitucional que ha existido la
vulneración del derecho fundamental al acceso de la administración de
justicia (artículo 229 de la constitución política), el debido proceso (artículo 29
C.P) y el principio de congruencia relacionado con el debido proceso y el
desconocimiento del precedente judicial de los señores DOLORES DURAN
CORTES, MAIRA JANNINA SANMIGUEL DURAN, YINA MELLISSA
GONZALEZ, por parte del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL HUILA SALA SEGUNDA DE DECISIÓN ESCRITURAL MAGISTRADO
POENENTE IVAN MUÑOZ HERMIDA, por expedir la sentencia del dieciséis
(16) de agosto de dos mil veintidós (2022) ejecutoriada el 26 de agosto del
2022 con radicado en segunda instancia 41001333300520130020801 el cual
negó las pretensiones trasgrediendo los derechos fundamentales alegados y
del fallo del 10 de marzo del 2017 proferido por el Juzgado Quinto
Administrativo de Neiva.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene
dejar sin efecto la sentencia del dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós
(2022), proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
HUILA SALA SEGUNDA DE DECISIÓN ESCRITURAL MAGISTRADO
POENENTE IVAN MUÑOZ HERMIDA y del fallo del 10 de marzo del 2017
proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva el cual negó las
pretensiones trasgrediendo los derechos fundamentales alegados.

TERCERO: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a
el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN ESCRITURAL MAGISTRADO POENENTE IVAN
MUÑOZ HERMIDA, modificar la sentencia del dieciséis (16) de agosto de dos
mil veintidós (2022) y proferir un nuevo fallo, donde se protejan los derechos
fundamentales de los accionantes, analizando todas las pruebas
testimoniales del proceso administrativo y declaraciones del proceso penal
militar y aplicando el análisis del precedente judicial del CONSEJO DE
ESTADO para el caso en concreto donde se presenta heridos o muerte de
civil por procedimiento policial, tal como lo es la responsabilidad objetiva por
daño especial que no analizo debiendo aplicarlo y acatando el principio de
congruencia para los fallos judiciales.

CUARTO: Que de manera respetuosa Honorable juez constitucional, se oficie
a EL HONORABLE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
HUILA SALA SEGUNDA DE DECISIÓN MAGISTRADO POENENTE IVAN

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MUÑOZ HERMIDA, para que allegue el expediente completo incluso el
expediente o pruebas trasladadas del proceso penal militar al señor juez
Constitucional del proceso de reparación directa con radicado en segunda
instancia 41001333300520130020801 ante el TRIBUNAL, objeto de esta
acción de tutela o en caso de encontrarse en el Juzgado Quinto
Administrativo de Neiva, se oficie para que el despacho allegue todo el
expediente completo, el cual el radicado es 41001333300520130020800.”
(Sic para toda la cita).

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Afirmaron que el 24 de julio de 2011 murió el menor Juan Sebastián González
Durán por un impacto de proyectil con arma de fuego en la cabeza en una
confrontación en la que participaron miembros de la Policía Nacional, por lo que
interpusieron una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa.

Adujeron que el proceso le correspondió, en primera instancia, al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, autoridad judicial que con sentencia
del 10 de marzo de2017 decidió negar las pretensiones de la demanda. La
decisión se basó en que en el proceso se demostró que la muerte del joven Juan
Sebastián González Durán tuvo como causa eficiente del daño su conducta, toda
vez que se evidenció que participó dentro de la concentración y la agresión en
contra de los agentes de policía.

Explicaron que contra el fallo de primera instancia se interpuso el correspondiente
recurso de apelación el cual fue tramitado y decidido por el Tribunal Administrativo
del Huila, juez de segunda instancia que mediante providencia del 16 de agosto de
2022 confirmó lo decidido por el a quo.

Es necesario precisar que la autoridad judicial demandada consideró que no era
posible estructurar la responsabilidad de la muerte del joven González Durán
como una falla en el servicio de la Policía Nacional porque no existían pruebas
que permitieran establecer que los agentes actuaron de manera defectuosa en el
cumplimiento de sus funciones.

Además, el tribunal demandado sostuvo que la muerte del menor González Durán
fue causada por un proyectil de arma de fuego que fue accionada en momentos
en que se presentaba una confrontación entre la fuerza pública y la comunidad del
barrio Olaya Herrera del Municipio de Neiva, habiéndose probado que la víctima
hizo parte de esa confrontación, por lo que como no se demostró quién fue el
causante del daño no era posible declarar la responsabilidad del Estado.

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3. Sustento de la vulneración

Señalaron que el asunto reviste una evidente relevancia constitucional por la
gravedad de los derechos fundamentales vulnerados y por las irregularidades en
las que incurrió el tribunal demandado al basar su fallo en el testimonio del
subteniente Jefferson Deiby Molina Neira, sin percatarse de las inconsistencias de
sus declaraciones.

Explicaron que el Tribunal Administrativo del Huila concluyó negar las
pretensiones de la demanda bajo fundamentos contradictorios que afectan la
congruencia del fallo dictado el 16 de agosto de 2022.

Sostuvieron que también se reúnen los demás requisitos adjetivos de
procedibilidad porque no se cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
atacar la decisión dictada por el tribunal demandado y porque la solicitud de
amparo se ha interpuesto dentro de un término razonable.

Indicaron que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila
incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración de varias pruebas y por la
omisión en el análisis y estudio de otras.

Expusieron que, si bien la autoridad judicial demandada aceptó el valor probatorio
de las pruebas trasladadas del proceso penal, en el fallo no analizó la mayoría de
las pruebas y dejó pasar las 21 declaraciones que se recopilaron dentro de ese
trámite y tampoco se indicó porqué no se tuvieron en cuenta.

Señalaron que no valoraron los testimonios rendidos en el proceso de reparación
directa ni se realizó ningún pronunciamiento de las razones por las cuales se
descartaban.

Alegaron que, específicamente, se tuvo en cuenta la declaración rendida en el
proceso penal por el subteniente Jeferson Deiby Molina Neira, pero no se
contrastó con lo manifestado por el agente en el proceso contencioso
administrativo, pese a que estas fueron contradictorias.

Sostuvieron que el subteniente mencionó en el trámite penal que accionó su arma
de dotación dos veces y que los disparos fueron al suelo, pero en el proceso
contencioso el mismo miembro de la Policía Nacional sostuvo que las
detonaciones fueron al aire, lo que demuestra con claridad las contradicciones en
sus declaraciones y, en consecuencia, no debió tenerse en cuenta como sustento
de la decisión judicial.

Indicaron que, si se iba a tener en cuenta lo manifestado por el subteniente Molina
Neira también se debió encontrar como demostrado que el joven Juan Sebastián

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no tenía armas de fuego, no tenía antecedentes, no era conocido como un
delincuente y que no hubo agentes de la fuerza pública heridos, pero el Tribunal
Administrativo del Huila encontró acreditado que era miembro de la pandilla y que,
además, los disparos que causaron su muerte provenían de la comunidad, cuando
esto no se encontró probado.

Explicaron que en el proceso no se demostró que en los hechos en que murió el
joven González Durán la comunidad civil estuviera armada.

Adujeron que el tribunal demandado le dio credibilidad a la historia narrada por los
agentes de policía que afirmaron que se había presentado un hurto pese a que el
joven Edwin Stid Áviles Charry, quien trabajaba en el supermercado donde inició
el altercado, manifestó que no había ocurrido ningún hurto y que por el incidente
ocurrió por una riña entre jóvenes de barrio y él como empleado del
establecimiento.

Manifestaron que si en el trámite judicial se demostró que el subteniente Jefferson
Deiby Molina Neira afirmó que disparó dos veces y que otros policías también
accionaron sus armas de dotación, se puede inferir que los proyectiles que
causaron la muerte del joven Juan Sebastián González Durán provinieron de un
arma de dotación oficial, pues solo existió certeza de que los agentes de la fuerza
pública portaban armas de fuego disparadas.

Sostuvieron que el Tribunal Administrativo del Huila concluyó que el disparo que
dio muerte al joven González Durán provino de la comunidad, pero lo único que
indicó el informe de necropsia fue que quien disparó se encontraba en el plano
horizontal en una posición más abajo que el menor, por lo que la conclusión a la
que llegó el tribunal no se deduce del dictamen mencionado.

Aclararon que no existe ninguna prueba en el plenario que demuestre que la
comunidad estaba armada y que utilizó armas de fuego.

Añadieron que no se tuvieron en cuenta los testimonios rendidos por los señores
Eli González Cubillos, William Javier Tovar Cubillos, Elías Carvajal Barrera y no se
hizo ninguna consideración en relación con estos ni fueron tachados de falsos, lo
que claramente evidencia un defecto fáctico por ausencia en la valoración de las
pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso.

Expusieron que el tribunal demandado citó las declaraciones rendidas en el
proceso penal por los señores Rafael Antonio Salazar y Adriana Lucía Valencia y
les restó valor bajo el entendido que son familiares del joven González Durán y así
desacreditarlos, pero no se sabe de donde se concluye esto, puesto que los
apellidos no son similares y por el contrario fueron testigos presenciales de los
hechos y además, el señor Salazar fue herido por la Policía Nacional.

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Añadieron que el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en un defecto
sustantivo porque el fallo del 16 de agosto de 2022 presenta una evidente
contradicción entre los fundamentos y la decisión adoptada, lo que lleva consigo
una vulneración al principio de congruencia.

Explicaron que la autoridad judicial demandada afirmó que de los medios de
prueba allegados al proceso se podía concluir que el proyectil del arma de fuego
que cegó la vida del joven González Durán provino de la comunidad sin que esto
estuviera sustentado probatoriamente, pero más adelante se afirmó que era
relevante conocer la autoría del causante del daño perteneciente a la comunidad,
para imputarle su responsabilidad.

Precisaron que posteriormente el tribunal afirmó que no se configuraba el hecho
de un tercero como eximente de responsabilidad porque no se demostró la
responsabilidad estatal, con lo cual terminó de confundir más, puesto que señaló
que no estaba demostrado el hecho de un tercero, pero si fue eso lo que encontró
demostrado, pues antes señaló que el proyectil que causó la muerte del joven
González Durán provino de la comunidad.

Mencionaron que la providencia atacada es una sentencia sin motivación porque
el fallo proferido no tiene razonamientos que sustente lo decidido ya que se llegó a
una conclusión sin fundamentos lógicos que determinaran que la Policía Nacional
no fue la causante de los daños reclamados pues omitió que en el proceso se
demostró que las únicas armas de fuego involucradas en los hechos eran de
dotación oficial.

Sostuvieron que también se incurrió en un desconocimiento del precedente porque
el Consejo de Estado ha sido claro en precisar que este tipo de eventos deben ser
analizados bajo el régimen de daño especial.

Señalaron que se desconoció expresamente lo manifestado por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en las sentencias del 3 de mayo de 2007, del 12
de febrero de 2015 y del 5 de marzo de 2021, en las que expresamente se precisó
que no se requiere la individualización del causante del daño para imputarle la
responsabilidad al Estado, dado la magnitud del daño especial que debe ser
reparado.

Indicaron que la sentencia del 16 de agosto de 2022 incurrió en una violación
directa a la constitución porque se afectaron los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante auto del 21 de octubre de 2022, se admitió la solicitud de tutela y se

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ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Huila.
Además, se ordenó la vinculación del juez Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Neiva, del ministro de Defensa Nacional y del director general de la
Policía Nacional.

Igualmente se ordenó la publicación de un aviso en el sitio web del Consejo de
Estado y del Tribunal Administrativo del Huila para que se informara sobre la
existencia de la presente acción a los eventuales interesados, especialmente a los
señores Rogelio González Cubillos y los representantes de los menores Marco
Antonio y Yohani Estiven González Durán quienes fueron también parte
demandante en el proceso de reparación directa dentro del cual se dictó la
providencia atacada.

5. Argumentos de defensa e intervenciones

5.1. Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

La jefa del Área Jurídica Encargada de la Secretaría General de la Policía
Nacional rindió el informe solicitado en los siguientes términos:

Afirmó que una vez analizada la providencia atacada se evidenció que no se
incurrió en la trasgresión de los derechos fundamentales invocados por los
demandantes, puesto que en el proceso no se logró acreditar quién accionó el
arma de fuego que produjo la muerte del joven Juan Sebastián González Durán,
labor que le correspondía a la parte demandante.

Sostuvo que no se considera que en el caso en estudio se esté frente a un
perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada que amerite la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo para acceder al
reconocimiento de las pretensiones solicitadas por los actores, más aún cuando ya
han hecho uso de las vías jurisdiccionales a su disposición.

Solicitó que no se concedieran las pretensiones de la demanda ante la
improcedencia de la acción de tutela.

5.2. Tribunal Administrativo del Cesar, Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Neiva y demás demandantes del proceso ordinario

Pese a haber sido debidamente notificados guardaron silencio2.

2 Notificaciones que se pueden verificar en el índice 7 y los avisos en los índices 8, 9 y 11 del

siguiente vínculo electrónico:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500
0202205535001100103.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19913 y el numeral 2.° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20154, modificado por el Decreto 333 del 6
de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado.

2.2. Cuestión previa

Es importante señalar que el presente asunto fue estudiado por la Sala en sesión
realizada el 24 de noviembre de 2022, fecha en la cual no contó con la mayoría
necesaria para su aprobación y, por tanto, con auto de fecha del 28 del mismo
mes y año se solicitó que se realizara un sorteo para designar un conjuez con el
fin de conformar el quorum requerido, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 115 y 128 de la Ley 1437 de 2011 y 53 del Acuerdo 80 de 2019.

En la diligencia que se llevó a cabo el 1.° de diciembre de 2022, se designó al
doctor Humberto Antonio Sierra Porto como conjuez.

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante al incurrir en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria y
por omisión de las pruebas debidamente allegadas al proceso, en un defecto
sustantivo por incongruencia, en sentencia sin motivación, en el desconocimiento
del precedente y en la violación directa a la Constitución alegados.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados, se estudiará iii) el fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.”
4 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”

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20125, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6, y en ella
concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.”7 (Negrilla fuera de texto).

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia8 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos

5 Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
7 Ibídem.
8 Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de

2005.

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presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado; iii) inmediatez y iv) relevancia
constitucional.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.5.1. No se trata de una tutela contra una decisión de igual naturaleza, puesto
que la providencia que censura la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa que promovió la señora Dolores Durán Cortés y otros contra la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, identificado con el
radicado número 41001333300520130020800/01.

2.5.2. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de
inmediatez, toda vez que la sentencia enjuiciada se dictó el 16 de agosto de 2022,
notificada mediante correo electrónico enviado el 22 del mismo mes y año, por lo
que es claro que la decisión censurada quedó ejecutoriada el 26 de agosto de
2022.

En tales condiciones, como la solicitud de tutela se presentó el 18 de octubre de
2022, se evidencia que, entre la fecha de ejecutoria de la decisión acusada y la
presentación del escrito de tutela que ahora se analiza, transcurrió un término que
se considera razonable.

2.5.3. Respecto a la subsidiariedad, la Sala encuentra que la demandante no
dispone de otros medios de defensa judicial ordinarios para censurar el proveído
proferido por la aludida autoridad judicial, en tanto que la sentencia del 16 de

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agosto de 2022 desató el recurso de apelación debidamente interpuesto.

Los demandantes adujeron que, entre otros, la sentencia bajo censura adolece de
un defecto sustantivo, ausencia de motivación por la incongruencia presentada
entre el fundamento de la parte motiva y la decisión.

Explicó que en las consideraciones del fallo de que se trata el tribunal demandado
se concluyó que el proyectil que causó la muerte del joven Juan Sebastián
González Durán provino de la comunidad sin que esto estuviera debidamente
acreditado, pero más adelante señaló que era necesario determinar el autor del
daño para imputarle la responsabilidad.

Además, se indicó que no estaba demostrada la causal de eximente de la
responsabilidad de hecho de un tercero pese a que a lo largo de la providencia se
consideró que el hecho dañino fue causado por la comunidad.

En síntesis, en criterio de la parte actora, las consideraciones de la sentencia se
basan en razonamientos ilógicos y que carecen de sustento probatorio, lo que
lleva consigo que se haya dictado una providencia incongruente.

Al margen de la razonabilidad de este argumento, lo cierto es que esta Sala,
investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el
proveído bajo cuestionamiento adolece de incongruencia, ya que tal análisis
corresponde al juez natural en instancias del recurso extraordinario de revisión.

Por lo tanto, la Sala advierte que la demanda de tutela, en este aspecto, no supera
el requisito de subsidiariedad, toda vez que de acuerdo con la postura de la Sala
Veintidós Especial de Decisión de esta Corporación9, la incongruencia da lugar a
la nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que hacen
procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5°
del artículo 250 de la Ley 1437 de 201110.

La tesis de la referida Sala Especial de Decisión fue expuesta en los siguientes
términos:

“El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
10 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
(…)”

11

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originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.

(…)

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la
Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad
originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

(…)

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión
contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única,
si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.

(…)

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se
puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el
artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el
fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte
demandante como por la parte demandada. Y, en el segundo evento,
corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que ha de
existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte
motiva de la providencia.

(…)

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo
expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo
250 del CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad
originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de
revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en
uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido
proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en
esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a
los cuales no se podía pronunciar.

(…)” (Destacado por la Sala)

En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia
da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral 5.° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, “Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.”

En razón de lo expuesto, el cargo de la demanda, relacionado con el defecto

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sustantivo y ausencia de motivación, por falta de congruencia entre lo probado y lo
decidido, no supera el requisito de subsidiariedad, comoquiera que en tal caso
procede el recurso extraordinario de revisión y, por lo tanto, la Sala se abstendrá
del estudio de este aspecto y declarará improcedente la solitud de amparo en lo
que respecta al particular.

Frente al caso del defecto fáctico, el desconocimiento del precedente y la violación
directa a la Constitución es del caso destacar que cumplen con el requisito de la
relevancia porque sus fundamentos no se encuadran en las reglas de procedencia
de los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia.

2.5.4. Por último, se advierte que los reparos contra la providencia cuestionada
pretenden poner de presente las irregularidades en que incurrió la autoridad
judicial demandada al dictarla, en tanto compromete garantías de orden superior,
más allá del debate legal surtido en las instancias ordinarias, por lo que el asunto
es relevante desde el punto de vista constitucional.

Lo anterior, teniendo en cuenta las directrices de la sentencia de la Corte
Constitucional SU-215 de 202211, en la cual se consideró que, para determinar si
la demanda de tutela contra providencia judicial cumple con el presupuesto de
relevancia constitucional es necesario identificar unos criterios:

“(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales119. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…)”

En relación con el primer criterio, se observa que el presente caso no se trata de
un debate exclusivamente legal, pues involucra una discusión en torno a los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la vida, presuntamente vulnerados con la sentencia dictada en segunda
instancia en el proceso de reparación directa toda vez que se realizó una
interpretación errada de las pruebas allegadas al proceso y la omisión en la
valoración probatoria de otros medios de convicción debidamente aportados y al
desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado.

11
Corte Constitucional, sentencia de 16 de junio de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Frente al segundo elemento a analizar, es claro que la controversia no se limita a
una pretensión legal o económica, puesto que en el caso concreto se discute si el
Tribunal Administrativo del Huila vulneró las garantías constitucionales al no
declarar patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional por los daños causados con ocasión de la muerte del
joven Juan Sebastián González Durán.

Para la Sala es claro que el juez constitucional debe propender por el respeto a la
autonomía judicial y a la libertad en la valoración del acervo probatorio, pero ese
estudio debe llevar consigo la aplicación de las reglas de la sana crítica y cuando
existan argumentos sobre que el juez del proceso ordinario se apartó de ellas y la
prueba tenga la capacidad de modificar la decisión, es notoria la procedencia de la
acción de tutela para su revisión.

En sentir de esta Colegiatura, no se pretende un estudio de tercera instancia y los
argumentos expuestos trasciende a la mera inconformidad con la decisión
adoptada por el juez del proceso ordinario, pues la parte actora expone las
razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo del Huila incurrió
en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria y omisión en el análisis de
las pruebas allegadas al proceso.

Por último, también se considera que los demandantes justificaron
razonablemente la afectación de sus garantías constitucionales puesto que indicó
que la autoridad judicial demandada desconoció que existían pruebas que
demostraban que la comunidad no portaba armas de fuego, que existió omisión en
la valoración de unos testimonios y en el indebido análisis del informe forense, de
las declaraciones del subteniente Jefferson Deiby Molina Neira, pruebas que en
sentir de la parte actora demostraban la responsabilidad del Estado en la muerte
del joven González Durán y, en consecuencia, responsable de resarcir los daños
causados con ese hecho a sus familiares.

Con base en lo señalado, para la Sala es necesario analizar si la actuación judicial
del Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de los demandantes.

Superadas dichas exigencias, se abordará el caso en concreto, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los
fallos judiciales.

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2.6. Caso concreto

De acuerdo con lo expuesto en el sub lite, se tiene que los demandante
manifestaron que el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en un defecto fáctico
por indebida valoración probatoria de algunas pruebas y la omisión en el análisis
de otras allegadas al proceso y el desconocimiento del precedente del Consejo de
Estado, al dictar la providencia del 16 de agosto de 2022 con lo cual vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la vida, toda vez que confirmó la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda de reparación directa interpuesta contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional al considerar que la
muerte del joven Juan Sebastián González Durán fue a causa de un disparo
proveniente de la comunidad y no de la fuerza pública.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala tendrá en cuenta lo siguiente:

2.6.1. Generalidades del defecto fáctico

Esta Sala de Decisión12, en varios pronunciamientos, ha precisado los alcances y
requisitos que deben cumplirse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, para concluir que este se configura
cuando: i) existe una omisión por parte de la autoridad judicial al decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce el acervo
probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por
las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.

2.6.1.1. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria

La parte demandante señaló que la sentencia atacada tuvo en cuenta la
declaración del subteniente Jefferson Deiby Molin Neira, rendida en el proceso
penal militar, pese a que esta tenía inconsistencias frente a lo manifestado por
esta misma persona en diligencia adelantada en el trámite del proceso de
reparación directa.

Expuso que, en caso de aceptarse que se tuviera en cuenta lo afirmado por el
subteniente Molina Neira, lo realmente acreditado con su declaración era que solo
los agentes de policía tenían armas, que fueron los habrían disparado y que la
comunidad no tenía armas de fuego.

12 Revisar, entre otros, la providencia proferida el 12 de noviembre de 2015, en el proceso No.

11001-03-15-000-2015-01471-01, actor Jaime Rodríguez Forero. Consejera Ponente Dra. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez o la sentencia del 13 de febrero de 2020, expediente 11001-03-15-
000-2020-00073-00, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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También se precisó que el testimonio rendido por el señor Edwin Stid Áviles
Charry, quien afirmó que el enfrentamiento inició por un altercado entre este y
otros miembros de la comunidad, pero no por un hurto, como se consideró en la
providencia enjuiciada.

Señaló que también fue indebidamente valorado el informe de necropsia porque
de este se concluyó que el disparo provino de la comunidad, pese a que de las
pruebas allegadas al proceso no se podía afirmar que la comunidad tuviera armas
de fuego.

Finalmente, se alegó que la declaración rendida por el señor Rafael Antonio
Salazar Miranda se descartó al afirmar que era familiar de la víctima sin que esto
estuviera acreditado en el expediente y pese a que era un testigo presencial.

2.6.1.1.1. Sentencia atacada

El Tribunal Administrativo del Huila, en la sentencia del 16 de agosto de 2022,
explicó:

“(…)

Una vez analizados cada uno de los medios de prueba aportados al proceso,
quedó establecido que el joven JUÁN SEBASTIÁN GONZÁLEZ DURÁN
murió el 24 de julio de 2011, luego de resultar herido con proyectil de arma de
fuego que le produjo una lesión mortal en su cráneo, en un operativo
adelantado por personal de la policía en el barrio Olaya Herrera del municipio
de Neiva.

Asimismo, quedó establecido que miembros uniformados de la Policía,
hicieron presencia en dicho barrio con el fin de atender un llamado ante la
posible comisión de un hurto en un supermercado de la zona, por integrantes
de una pandilla, quienes, al ser requeridos para una requisa, opusieron
resistencia de manera violenta.

Dicho procedimiento desató una confrontación entre la fuerza pública y
algunos habitantes del barrio, quienes con armas contundentes, atacaron a
las autoridades, encontrándose establecido con el testimonio de EDWIN STID
AVILES CHARRY que el menor JUÁN SEBASTIÁN GONZÁLEZ DURÁN
hacía parte de la turba, que dio comienzo a las provocaciones en su contra
cuando acudía a su trabajo en el supermercado donde laboraba, siendo
amenazado y provocado a pelear, especialmente por el joven JUAN
SEBASTIAN, de quien asegura se lo apodaba “CARE MARRANA O
CEBACHO”, grupo de personas conflictivas que también estaba integrado por
el señor SIMÓN N que le dicen el ROLO, quien portaba una arma de fuego,
otro que le dicen COCOLAY, EL CALEÑO y MACHETE.

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Afirmación ratificada por el Subteniente JEFFERSON DEIBY MOLINA NEIRA
de la policía nacional, Comandante de la estación de policía de las Palmas,
quien expone que le informan que unos sujetos están intimidando con armas
de fuego y quieren cometer un hurto en el supermercado de razón social
minimercado Olaya ubicado en la Calle 28 con calle 51 B del barrio Olaya
Herrera frente al polideportivo; que llegando al lugar de los hechos en menos
de tres minutos, movilizándose en motocicletas con la patrulla del cuadrante
conformada por los patrulleros SÁNCHEZ CONTRERAS HERLY y RUBI
TOVAR EDUARDO, encontrando reunidas aproximadamente unas 30
personas del barrio, señalando que muchachos de la misma comunidad eran
los que cometen actos delictivos en este sector, que querían cometer un
atraco, entre ellos se encontraban a los que identificaron como alias de EL
ROLO, EL MACHETE, COCOLAY y CARE MARRANO. Al localizar e
identificar esas personas y tratar de realizar un registro, reaccionaron de
forma agresiva, agrediéndolos lanzándoles piedras y otros objetos,
procediendo a pedir apoyo a la central de radio.

Que cuando fueron recibiendo apoyo policial y los causantes del incidente se
percataron de la llegada de los refuerzos policiales, que estos fueron
apoyados por personas de la comunidad, en multitud, que los siguieron
agrediendo al lanzarles piedras y botellas y todo tipo de elementos
contundentes y que dentro de ese tumulto, empezaron a escuchar
detonaciones de armas de fuego, razón por la cual procedió a sacar su arma
de dotación oficial y en dos ocasiones hizo disparos, teniendo esta arma
como último mecanismo disponible porque escuchaba que ellos estaban
realizando disparos y los efectuó al aire como medio disuasivo para proteger
su integridad y la de sus compañeros. Que el arma la entregó al C.T.I. para
que fuera sometida a los peritajes correspondientes, no pudiéndose
establecer que con ella se hubiere ocasionado las lesiones al señor JUÁN
SEBASTIÁN GONZÁLEZ DURÁN.

A su vez los anteriores relatos se encuentran respaldados por el testimonio
del Intendente de la policía nacional JENARO RODRÍGUEZ CABRERA,
comandante de la estación de policía del barrio Las Granjas, quien el día de
los hechos atendió el primer llamado de apoyo a los integrantes de la estación
de policía de Las Palmas, que se encontraban en el procedimiento policivo;
se desplazaron al barrio Olaya Herrera de la comuna 10, en 15 minutos
llegaron al sitio, hallando a los compañeros tratando de hacer registro a unas
personas que se encontraban en el lugar, observando bastante gente muy
agresivos con los uniformados, lanzando todo tipo de objetos en contra de la
policía oponiéndose al procedimiento policivo, que sacó su tofa y comenzó a
esquivar porque le arrojaban toda clase de objetos; que en ese momento
sacó el radio de comunicaciones para pedir más apoyo, sintiendo en ese
momento un impacto fuerte en su cabeza al lado derecho, perdiendo el
conocimiento y no recuerda más. Que ese día portaba una pistola 9
milímetros SIGSAUER No. 18 del estiker y en ningún momento la accionó,
que nunca sacó el arma de la chapuza. No tuvo conocimiento si algún
ciudadano portara el día de los hechos arma de fuego. No observó, pero que

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en el momento que llegaron en apoyo, escucharon detonaciones como de las
casas, disparos por el otro lado (sic) de las viviendas de las esquinas donde
estaba la multitud de personas.

Se indica en la demanda que en el procedimiento policial, se hizo uso de
armas de fuego como represión de la fuerza pública hacia la comunidad,
hecho que fue confirmado por la Policía Nacional consistente en dos disparos
al aíre, que fueron realizados por el Subteniente JEFFERSON DEIBY
MOLINA NEIRA, comandante de la comuna 10, justificados por la alarma que
produjo los sonidos de otras armas de fuego provenientes de casas vecinas y
las agresiones a que fueron sometidos los uniformados con los objetos
contundentes que les fueran lanzados por los particulares causantes de la
trifulca y los integrantes de la comunidad agrupados y que intervinieron a su
favor, sin que se demostrara que alguno de los disparos hechos al aire fueran
los que ocasionaran las heridas del joven JUÁN SEBASTIÁN GONZÁLEZ
DURÁN.

Sin embargo, del material probatorio allegado al expediente no es posible
concluir, con la fuerza de convicción necesaria, que la muerte del joven JUÁN
SEBASTIÁN GONZÁLEZ DURÁN hubiese sido ocasionada con un arma de
dotación oficial, en el marco de un uso arbitrario de la fuerza en su contra por
parte de la Policía Nacional, pues de dichas pruebas, no se puede establecer
la autoría de ninguno de los dos policías que fueron vinculados en los hechos
aquí examinados; al contrario, de los medios de prueba se puede deducir que
el proyectil de arma de fuego que le cegó la vida al joven, parece ser provino
de la fuerza amiga del fallecido.

Efectivamente, de la descripción de las lesiones traumáticas enunciadas en el
Informe Pericial de Necropsia, se resalta en el punto 1.4, sobre la trayectoria
anatómica de las lesiones: plano horizontal infero-superior; plano coronal:
postero-anterior, y plano sagital: derecha-izquierda; nos señala que quien
realizó el disparo de arma de fuego, se encontraba en el plano horizontal en
una posición más bajo que Juán Sebastián, en el plano coronal estaba detrás
suyo y en el plano sagital, a su derecha, no tan cerca porque el disparo no
dejó huellas sobre la piel del occiso. Ahora se trataba del enfrentamiento
entre los integrantes del grupo del occiso y la comunidad en contra de los
agentes de la policía nacional. No se ha expuesto que se tratara de una
batalla campal.

De otra parte, las experticias balísticas realizadas a las armas de fuego de los
uniformados objeto de la indagación adelantada por el Juzgado 180 de
Instrucción Penal Militar, con el fin de cotejar el proyectil encontrado en el
cráneo de la víctima, con los proyectiles patrones de dichas armas, no logró
establecer relación de identidad debido a que el proyectil incriminado no
cuenta con suficientes zonas aptas para cotejo por las deformaciones que
presenta.

Por ello, no son atendibles las afirmaciones expuestas por los señores

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RAFAEL ANTONIO SALAZAR MIRANDA (f.79) residente cerca al lugar de los
hechos y de su esposa, la señora ADRIANA LUCÍA MENDOZA VALENCIA
(F.81), primos del ahora occiso JUÁN SEBASTIÁN GONZÁLEZ DURÁN,
quienes afirman que el policía que estaba más cerca del joven era Rodríguez,
que ella vio que dicho policía lo mató y que también agredieron a Rafael
Antonio, quien solo estaba mirando, que le pegaron con una granada en la
cabeza y recibió el roce de un disparo en la parte baja de su pie; en primer
lugar por la contraevidencia en que se encuentran sus afirmaciones y los
hechos probados ya expuestos, que JUÁN SEBASTIÁN recibió el disparo por
la parte trasera de su cabeza, el disparo no dejó huellas de quemado de
pólvora en el impacto, lo que desecha la cercanía del agresor con la víctima, y
no ser creíble que el primo del occiso se encontrara en medio de la trifulca,
con la comunidad atropellando a las autoridades y sin participar en dichos
actos y lo más importante, la familiaridad de estos testigos con el occiso, lo
que les resta mucha credibilidad.

El a quo adujo como argumento central para negar las pretensiones de la
demanda, la participación del menor en las agresiones a la fuerza pública y
actuando bajo el influjo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas.
Además de lo anterior, de las pruebas antes descritas, se logra acreditar
primero que todo que la persona que disparó el arma de fuego de la cual salió
el proyectil que terminó con la vida del joven JUÁN SEBASTIÁN GONZÁLEZ
DURÁN pertenecía a la comunidad y estaba del lado de la víctima, cuando
atacaban a la policía nacional con toda clase de armas corto-contundentes y
contundentes, como lo aducen los dictámenes médico legales de
reconocimiento de las heridas sufridas por los policiales.

En consecuencia, si bien no es posible estructurar la responsabilidad
por la muerte del joven JUÁN SEBASTIÁN GONZÁLEZ DURÁN bajo el
título de falla en el servicio, pues no existen pruebas que permitan
establecer con fuerza de convicción que los policiales actuaron de
manera defectuosa en el cumplimiento de sus funciones o que durante
la prestación del servicio desatendieron los procedimientos de rigor
para los cuales han sido preparados, tal y como lo manifestó la entidad
accionada en la contestación de la demanda, esto no es impedimento
para que se analice el presente asunto bajo la óptica del daño especial,
pues ciertamente se encuentra acreditado que el daño por el cual se
reclama, se dio en el marco de la confrontación entre el personal de la
policía y la comunidad del barrio Olaya Herrera del municipio de Neiva el
24 de julio de 2011, como consecuencia de un operativo cuyo propósito
era impedir la comisión de un hurto a un establecimiento de comercio.

(…)

En consecuencia, como está demostrado que la muerte del joven JUÁN
SEBASTIÁN GONZÁLEZ DURÁN fue causada por un proyectil de arma
de fuego que fue accionada en momentos en que se presentaba una
confrontación entre la fuerza pública y la comunidad del barrio Olaya

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Herrera del municipio de Neiva, habiéndose probado que la víctima hizo
parte de esa confrontación, la Sala considera que resulta relevante que
no se haya determinado la autoría del causante del daño perteneciente a
la comunidad, para imputarle su responsabilidad, toda vez que no se
podría declarar la responsabilidad del Estado, cuando el daño mismo
provino causado desde la misma comunidad, desconfigurándose así el
régimen de responsabilidad.

Es menester resaltar que en el presente asunto no se configura la causal del
hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, propuesta por la
entidad demandada, al no demostrarse la responsabilidad estatal en los
hechos demandados.

(…)” (Negrillas fuera de texto).

De la extensa transcripción de la sentencia enjuiciada, la Sala recalca que la
decisión del Tribunal Administrativo del Huila de confirmar la sentencia de primera
instancia se basa en que no se demostró que los disparos que causaron la muerte
del joven Juan Sebastián González Durán no provino de la Policía Nacional
porque, entre otras pruebas, del peritaje realizado a las armas de dotación oficial
incautadas el día de los hechos, luego era probable que el disparo se produjo
desde un arma de la comunidad.

2.6.1.1.2. Fondo del asunto

La parte demandante advierte que en el caso en estudio se presentó una indebida
valoración probatoria de las siguientes pruebas:

2.6.1.1.2.1. Declaración del subteniente Jefferson Molina Neira

Los actores alegan que la declaración del miembro de las Fuerzas Policiales no
debía tenerse en cuenta porque presenta contradicciones.

Al revisar las manifestaciones expuestas por el subteniente Molina Neira tanto en
el proceso penal militar (folio 258 del cuaderno principal 2 del expediente) como en
el trámite contencioso administrativo (grabación de la audiencia de pruebas visible
en el cuaderno principal 3 del expediente) se pudo constatar que no se presentó la
contradicción alegada por la parte actora, pues en las dos diligencias afirmó que
accionó su arma de dotación oficial dos veces al aire.

En atención a lo anterior, la Sala considera que la valoración de este elemento
probatorio no fue indebidamente realizada.

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2.6.1.1.2.2. Declaración del señor Edwin Stid Áviles Charry

Los demandantes alegaron que en las afirmaciones expuestas por el señor Áviles
Charry, en el proceso penal militar, este manifestó que no existió ningún hurto.

Al revisar el testimonio rendido ante la Justicia Penal Militar el señor Áviles Charry
afirmó que el incidente inició por amenazas a su integridad física por parte de
miembros de una pandilla de la cual hacía parte el joven Juan Sebastián González
Durán.

Para la Sala, el estudio probatorio realizado por el Tribunal Administrativo del
Huila, respecto de esta prueba, no es indebido, ya que el llamado que se realizó a
la Policía Nacional por parte de la comunidad refería la presunta ocurrencia del
hecho delictivo, circunstancia que no tiene ninguna incidencia en los hechos,
puesto que en el expediente se acreditó que los agentes de la fuerza pública
acudieron al llamado de la comunidad y al tratar de realizar el procedimiento de
requisa los involucrados en el incidente arremetieron contra estos con lo que se
inició un enfrentamiento entre los habitantes del sector y la Policía Nacional,
circunstancia en la cual se causó la muerte de Juan Sebastián González Durán.

2.6.1.1.2.1.3. No existe la certeza de que la comunidad portara armas de
fuego y la indebida valoración del informe de necropsia

Para la parte demandante el Tribunal Administrativo del Huila negó las
pretensiones de la demanda al encontrar acreditado que el disparo que ocasionó
la muerte del joven Juan Sebastián González Durán provino de la comunidad,
hecho que la parte actora manifiesta que no está probado.

Al revisar la providencia atacada, se evidencia que el tribunal demandado no
encontró probado que el disparo proviniera de un arma oficial, circunstancia que
era relevante porque los hechos se presentaron en un enfrentamiento entre la
Policía y los habitantes del Barrio Olaya Herrera de la ciudad de Neiva, en el cual
el joven Juan Sebastián González Durán participó y, en consecuencia, era
probable que el disparo proviniera de la comunidad.

En atención a lo anterior, para la Sala no existió indebida valoración de las
pruebas allegadas al proceso puesto que fue con ocasión del análisis de los
medios de convicción que se determinó que no era posible declarar con certeza
que la muerte del joven González Durán hubiese ocurrido por armas accionadas
por agentes de la fuerza pública.

Es del caso precisar que la hipótesis de la responsabilidad estatal fue planteada
por la parte actora y, en consecuencia, es a esta a la que le corresponde
demostrarla.

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2.6.1.1.2.1.4. Declaraciones de los señores Rafael Salazar y Adriana Mendoza

Los demandantes afirmaron que existió una indebida valoración de las
declaraciones rendidas por los señores Rafael Antonio Salazar Miranda y Adriana
Lucía Mendoza Valencia porque la autoridad judicial demandada desacreditó sus
testimonios al considerarlos familiares del joven González Durán.

El Tribunal Administrativo del Huila, en relación con los testimonios mencionados,
consideró:

“(…)

De otra parte, las experticias balísticas realizadas a las armas de fuego de los
uniformados objeto de la indagación adelantada por el Juzgado 180 de
Instrucción Penal Militar, con el fin de cotejar el proyectil encontrado en el
cráneo de la víctima, con los proyectiles patrones de dichas armas, no logró
establecer relación de identidad debido a que el proyectil incriminado no
cuenta con suficientes zonas aptas para cotejo por las deformaciones que
presenta.

Por ello, no son atendibles las afirmaciones expuestas por los señores
RAFAEL ANTONIO SALAZAR MIRANDA (f.79) residente cerca al lugar de los
hechos y de su esposa, la señora ADRIANA LUCÍA MENDOZA VALENCIA
(F.81), primos del ahora occiso JUÁN SEBASTIÁN GONZÁLEZ DURÁN,
quienes afirman que el policía que estaba más cerca del joven era Rodríguez,
que ella vio que dicho policía lo mató y que también agredieron a Rafael
Antonio, quien solo estaba mirando, que le pegaron con una granada en la
cabeza y recibió el roce de un disparo en la parte baja de su pie; en primer
lugar por la contraevidencia en que se encuentran sus afirmaciones y los
hechos probados ya expuestos, que JUÁN SEBASTIÁN recibió el disparo por
la parte trasera de su cabeza, el disparo no dejó huellas de quemado de
pólvora en el impacto, lo que desecha la cercanía del agresor con la víctima, y
no ser creíble que el primo del occiso se encontrara en medio de la trifulca,
con la comunidad atropellando a las autoridades y sin participar en dichos
actos y lo más importante, la familiaridad de estos testigos con el occiso, lo
que les resta mucha credibilidad.

(…)”

Si bien existe una inconsistencia en las consideraciones del tribunal, ello no incide
en la decisión adoptada, ya que lo cierto es que la señora Adriana Lucía Mendoza
es la esposa del señor Elí González Cubillos, tío del joven Juan Sebastián
González, tal y como se constató al revisar las pruebas allegadas al proceso,
entonces la conclusión para desestimar el testimonio de esta no es contrario a lo
demostrado con las pruebas allegadas al proceso.

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Esto es así toda vez que el señor Elí González en la declaración rendida ante el
juez contencioso administrativo explicó que él iba caminando por el lugar de los
hechos cuando su sobrino lo llamó y, en la declaración rendida por la señora
Mendoza Valencia, esta advirtió que mientras estaba mirando el incidente, su
esposo la acompañaba, es decir, el señor González Cubillos.

Con todo, para la Sala no es de recibo el argumento expuesto por la parte actora
al afirmar que existió una indebida valoración de los testimonios porque al analizar
su pertinencia para demostrar los hechos alegados por los demandantes, explicó
que estos no concordaban con las conclusiones a las que llegó el informe de
balística que no pudo concluir si el proyectil provenía del arma de dotación oficial
incautada en el momento del deceso del joven González Durán.

En atención a todo lo expuesto, esta Sección considera que en el caso en estudio
no se presentó la indebida valoración alegada por los demandantes.

2.6.1.2. Omisión en la valoración de las pruebas allegadas al proceso

La parte demandante afirmó que no se valoraron la mayoría de las pruebas y las
21 declaraciones del proceso penal militar.

Igualmente señaló que no se tuvieron en cuenta los testimonios rendidos por los
señores Elí González, William Javier Tovar Cubillos y Elías Carvajal Barrera pese
a que no fueron tachados de falsos ni se desacreditaron y se hubiese encontrado
como probado que el joven González Durán no era un delincuente, que no era
integrante de una pandilla y que en el día de los hechos no hubo fuego cruzado
porque no hubo policías heridos por armas de fuego.

En relación con este cargo, la Sala, al revisar la sentencia atacada se puede
evidenciar que entre las pruebas relacionadas no se encuentran las mencionadas
por los actores, sin embargo, esto no lleva consigo que no se hayan tenido en
cuenta porque la autoridad judicial demandada fue clara en indicar que el acervo
probatorio estaba integrado por las pruebas aportadas por las partes y las
decretadas y practicadas por el juez de primera instancia ya que ninguna fue
objetada y podían ser valoradas.

Igualmente, en la providencia enjuiciada se explicó cuáles hechos se encontraron
acreditados y los correspondientes medios de convicción para ello, esto es,
aquellos que se consideraron útiles y pertinentes.

Para la Sala es claro que, si bien no se relacionaron esas pruebas en el acápite
correspondiente, del razonamiento efectuado en las consideraciones del fallo
cuestionado, se puede inferir que se realizó un estudio juicioso, acorde con las
reglas de la sana crítica y en desarrollo de la autonomía judicial.

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Esto es así porque se evidencia que las conclusiones a las que llegó el Tribunal
Administrativo del Huila están debidamente soportadas en las pruebas allegadas
al proceso y que no existe indicación alguna que exija que este juez constitucional
considere que aquellas no relacionadas tendrían la vocación de cambiar el sentido
del fallo.

Por lo expuesto, esta Sección considera que no se incurrió en el defecto fáctico
invocado ya que no se encontró que el Tribunal Administrativo del Huila haya
incurrido en una omisión en la valoración probatoria y tampoco que se hubiere
presentado una indebida valoración probatoria, máxime cuando los testimonios
recepcionados no concuerdan con las conclusiones a las que llegó el informe de
balística que no pudo concluir si el proyectil provenía de las armas de dotación
oficial incautadas en el momento del deceso del joven González Durán.

2.6.2. Desconocimiento del precedente

2.6.2.1. Generalidades del desconocimiento del precedente

Para esta Sala13 el precedente es aquella regla creada por una alta corte y órgano
de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un determinado
conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo
sentido para que dicha regla sea considerada como tal.

Lo anterior en ejercicio de la actividad creadora del derecho, ya sea para definir la
interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor
solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre
a la luz de los preceptos constitucionales.

Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores
judiciales y constituye la creación del derecho, al definir directrices que permiten
resolver la controversia y que la misma pueda aplicarse a otros asuntos con
supuestos jurídicos y fácticos similares, bajo la primacía de la Constitución.

Esta Sección ha considerado que la parte que invoca el desconocimiento de un
precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión
que considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del
nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y
iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.

Los demandantes alegaron que la sentencia del 16 de agosto de 2022 desconoció

13 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y
la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con
ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.

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el precedente del Consejo de Estado sobre la irrelevancia de determinar la autoría
del causante del daño en los casos del daño especial, para sustentar este cargo
transcribió apartes de las siguientes decisiones:

a. Sentencia del 12 de febrero de 2015, radicado 20001233100020000073401 con
ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón.

b. Providencia del 5 de marzo de 2021, radicado 19001233300020170006801 con
ponencia de la magistrada Martha Nubia Velásquez Rico.

c. Fallo del 3 de mayo de 2007, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero,
dictado en el expediente número 16696.

Al revisar las sentencias alegadas como desconocidas, la Sala evidenció que la
tesis pacífica de la Sección Tercera del Consejo de Estado es que el Estado debe
responder patrimonialmente por las acciones u omisiones contrarias a derecho
que le sean atribuibles, incluso por aquellas conductas lícitas en cuanto unas u
otras ocasionen daños antijurídicos, esto en aplicación de los regímenes de
responsabilidad objetiva.

Además, se consideró que se debe declarar la responsabilidad estatal teniendo en
cuenta que si bien el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los delincuentes
puede resultar legítimo pero la víctima no tiene porqué soportar los daños sufridos,
independientemente de quien los haya causado.

En efecto, como lo advierte la parte demandante, el órgano de cierre de la
jurisdicción contenciosa administrativa en materia de reparación directa considera
que es irrelevante determinar la autoría del causante del daño para imputar la
responsabilidad del Estado, toda vez que su declaratoria en estos eventos solo
exige que se produzca en el marco de un enfrentamiento en el que esté
involucrada la fuerza estatal, aspecto que debe estar suficientemente probado en
el proceso, por cuanto para la víctima injustamente afectada el daño irrogado
causó un rompimiento de las cargas públicas.

Sin embargo, estas providencias no son aplicables al caso en estudio porque no
comparten una situación fáctica similar, ya que en los casos citados como
desconocidos las víctimas no habían participado en los enfrentamientos pero, en
el caso en estudio, como bien se advirtió, el Tribunal Administrativo del Huila
encontró probado que el joven Juan Sebastián González Durán fue parte del
enfrentamiento y, en consecuencia, no podría aplicarse la regla de derecho
establecida en los precedentes invocados.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala la autoridad judicial demandada no
incurrió en el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado citado.

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2.6.3. Violación directa a la Constitución

La parte actora alegó que el tribunal demandado vulneró sus derechos
fundamentales al proferir la decisión del 16 de agosto de 2022 y, en consecuencia,
incurrió en una violación directa a la Constitución.

La Corte Constitucional, en sentencia SU-214 del 16 de junio de 2022, con
ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, explicó que el defecto de
violación directa de la Constitución, como causal específica de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, implica que las autoridades
judiciales tienen el deber de aplicar directamente la Constitución para efectos de
resolver los casos concretos y, tienen también, el deber de aplicar las normas
legales e infralegales de acuerdo con sus principios y valores.

La Sala considera que el Tribunal Administrativo del Huila no incurrió en los
defectos alegados y, en consecuencia, no vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso ni de acceso a la administración de justicia, con lo que tampoco
profirió una decisión que violó directamente la Constitución.

En atención a lo expuesto, para la Sala es claro que en el caso en estudio no se
incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas aportadas al
proceso ni la omisión en la valoración de los medios de convicción allegados al
expediente, el desconocimiento del precedente o la violación directa a la
Contitución y, por tanto, la acción de tutela será negada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela frente a los defectos
relacionados con la falta de congruencia y la falta de motivación, por lo señalado
en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: Niégase la solicitud de tutela elevada por los señores Dolores Durán
Cortés y otros, conforme a lo señalado en las consideraciones de este proveído.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

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CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a la
notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salva el voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salva el voto

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Conjuez

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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