Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05543-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05543-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05543-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
24 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05543-00
Demandante: James Humberto Moreno Beltrán
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05543-00
Demandante: JAMES HUMBERTO MORENO BELTRÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Supuesta mora judicial en el
trámite de adición de auto que aprobó conciliación judicial.
Carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor James Humberto Moreno Beltrán1, mediante apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “B”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y de acceso a la administración de
justicia que considera vulnerados con la falta de respuesta a la solicitud de adición
radicada el 3 de marzo de 2021, en la que pidió que se adicione el ordinal primero
de la parte resolutiva del auto de 10 de febrero de 2021, mediante el cual se
aprobó el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes en la audiencia inicial, en
el sentido de ordenar la entrega del título judicial No. 400100007948183 de 15 de
febrero de 2021, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el No. 25000-23-42-000-2018-01338-00.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El demandante manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Distrito Capital, Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, con el fin de que se
declarara la nulidad de las Resoluciones Nos. 585 de 18 de agosto de 2017,
mediante la cual le fue negado el reconocimiento, reliquidación y pago de horas
extras, recargos nocturnos ordinarios y festivos, días compensatorios,
reliquidación de factores salariales y prestacionales y 905 de 24 de noviembre de
2017, que confirmó la anterior decisión.
Indicó que el proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, que por auto de 19 de octubre
de 2018 admitió la demanda y, posteriormente, el 11 de junio y 9 de julio de 2019
llevó a cabo la audiencia inicial.
1 La solicitud de amparo se radicó el 19 de octubre de 2022.
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Demandante: James Humberto Moreno Beltrán
Aseguró que el 9 de julio de 2019, en el transcurso de dicha audiencia, se llegó a
un acuerdo conciliatorio con la parte demandada, el cual fue aprobado a través del
auto de 10 de febrero de 2021.
Resaltó que en dicho auto se omitió ordenar a la secretaría o a quien
correspondiera la entrega del título judicial No. 400100007948183 de 15 de
febrero de 2021, aportado por la parte demandada como depósito judicial a favor
del demandante.
Sostuvo que el 3 de marzo de 2021 solicitó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, adicionar el auto que aprobó la
conciliación de 10 de febrero de 2021, en el sentido de ordenar la entrega del
referido título judicial.
Por último, indicó que los días 12 de octubre de 2021, 8 de febrero, 1 de junio y 22
de agosto de 2022, presentó memoriales de impulso procesal con el fin de que se
adoptara la decisión correspondiente. No obstante, aseveró que a la fecha de
presentación de la acción de tutela la autoridad judicial accionada no había
resuelto su solicitud.
2. Fundamentos de la acción
El demandante presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y de acceso a la
administración de justicia y, en consecuencia, que se ordene resolver la solicitud
de adición presentada el 3 de marzo de 2021. Lo anterior, teniendo en cuenta que
han transcurrido más de tres (3) años y tres (3) meses desde que se llevó a cabo
el acuerdo conciliatorio y más de un (1) año y siete (7) meses desde que se
expidió el auto que aprobó dicha conciliación, sin que se haya logrado materializar
lo acordado por las partes, pues no ha recibido las sumas de dinero que allí se
pactaron, lo que, a su juicio, conlleva la configuración de un perjuicio irremediable.
Manifestó que el derecho fundamental a la igualdad fue vulnerado por la autoridad
judicial accionada, pues no ha recibido el mismo trato que otros usuarios de la
administración de justicia a quienes les han resuelto oportunamente sus
solicitudes de adición.
3. Pretensiones
El accionante formuló las siguientes:
“PRIMERA: Que el Honorable Consejo de Estado conceda, la tutela interpuesta, con el
fin de proteger los derechos Constitucionales Fundamentales: DERECHO A LA
IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO y el derecho al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, conforme a los artículos 13, 29 y 229 de la
Constitución Política.
SEGUNDA: Que el Honorable Consejo de Estado, ampare los derechos
Constitucionales Fundamentales DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO
PROCESO, y el derecho al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y
ORDENE a la Subsección “B”, de la Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del expediente 25000-23-42-000-2018-01338-00, demandante:
JAMES HUMBERTO MORENO BELTRÁN, adicionar el auto de 10 de febrero de 2021,
notificado el 1 de marzo de 2021; en el sentido de que: “Por secretaría se haga entrega
del título judicial No. 400100007948183, del 15 de febrero de 2021, por valor de treinta
y dos millones seiscientos cuarenta y tres mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte.
($32.643.599) Mcte., al abogado (…), identificado con cédula de ciudadanía No. (…),
tarjeta profesional (…), apoderado de la parte demandante, con facultad de recibir
vigente, de acuerdo con el poder que figura en el expediente, o al demandante señor
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Demandante: James Humberto Moreno Beltrán
JAMES HUMBERTO MORENO BELTRÁN, identificado con cédula de ciudadanía No.
(…)”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 3 noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, remitió el expediente digital
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
bajo el No. 25000-23-42-000-2018-01338-00.
5. Trámite procesal
Por auto de 20 de octubre de 2022, el despacho admitió la demanda de tutela y
ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Distrito Capital de
Bogotá, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, como tercero
interesado en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 111669 a 111673
de 24 de octubre de 2022 y 112160 de 25 de octubre de 2022, con el fin de darle
cumplimiento a la referida decisión2.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “B”
A través de memorial de 2 de noviembre de 2022, el magistrado ponente del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó se declare
improcedente la acción de tutela, en tanto, a su juicio, no es el medio idóneo para
obtener el impulso de un proceso ordinario. Agregó que de encontrarse superado
el requisito de subsidiariedad debe declararse la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, porque el 31 de octubre de 2022 emitió la
providencia mediante la cual accedió a la solicitud de adición del auto de 10 de
febrero de 2021, que aprobó el acuerdo conciliatorio, en la que resolvió:
“Primero: Acceder a la solicitud de adición del numeral primero de la parte resolutiva del
auto que aprobó el acuerdo conciliatorio del 10 de febrero de 2021, presentada por el
apoderado judicial de la parte demandante. En consecuencia:
Primero A): Por la Secretaría de la Subsección, entréguese el título judicial No.
400100007948183 por valor de $32.643.599 m/cte, al doctor (…), identificado con cédula
de ciudadanía No. (…) de Girardot y T.P. (…) del C.S.J., quien actúa en el presente
proceso como apoderado de la parte demandante, según lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia”.
Por último, aseguró que la providencia fue registrada en el Sistema de Gestión
Judicial SAMAI el 2 de noviembre de 2022.
6.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos
En memorial allegado el 27 de octubre de 2022, el apoderado de la entidad
manifestó que los hechos narrados por la parte accionante obedecen al trámite del
proceso judicial que culminó con el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio
2 El demandante, la autoridad judicial demandada y el tercero con interés fueron notificadas en las
siguientes direcciones de correo electrónico: jeligarcia49@hotmail.com;
scs02sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co;
notificaciontutelasinternas@secretariajuridica.gov.co;
notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co; notificacionesjudiciales@gobiernobogota.gov.co.
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realizado entre las partes. A lo que agregó que desde el 25 de febrero de 2021 se
puso en conocimiento del apoderado judicial del demandante y del despacho la
copia del depósito judicial No. 40010007948183 por valor de treinta y dos millones
seiscientos cuarenta y tres mil quinientos noventa y nueve pesos ($32.643.599)
junto con la resolución que ordenó el pago total del monto conciliado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, de conformidad con el informe presentado
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“B”, si en el presente caso se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado teniendo en cuenta que mediante providencia de 31 de octubre de 2022,
la autoridad judicial demandada resolvió la solicitud de adición presentada por el
actor el 3 de marzo de 2021, con lo cual se entiende que la pretensión formulada
en el escrito de tutela se encuentra satisfecha.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
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Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20153:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos
y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela"4. (Negrilla por fuera del texto)
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos5, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.
Ahora bien, respecto de la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional acogida por esta Sala,
ha precisado que “es improcedente como mecanismo principal para proteger
derechos de rango constitucional o legal que resulten amenazados o vulnerados
con ocasión de la expedición de actos administrativos”6, toda vez que para
controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes medios de control en la
jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen idóneos para restablecer
el derecho conculcado7.
No obstante, la Corte Constitucional ha admitido que en los casos en que se
acredite un perjuicio irremediable8, o que el mecanismo de defensa judicial
ordinario no goza de la idoneidad requerida9, se habilita al juez constitucional para
estudiar el acto administrativo y suspender su aplicación con el fin de restablecer
los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
3
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle
Correa, sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime
Araújo Rentería, sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
6 Sentencias T-514 de 2003, T-435 de 2005 y T-368 de 2008.
7 En sentencia T-629 de 2008, la Corte Constitucional, al referirse a la improcedencia general de la
acción de tutela como mecanismo para impugnar o controvertir los actos administrativos, sostuvo
que “ciertamente, el interés que tiene la Corte en preservar el carácter subsidiario y residual de la
tutela radica fundamentalmente en el respeto o independencia que tienen las diferentes
jurisdicciones y la competencia exclusiva que éstas mismas tienen para resolver los conflictos
propios de sus materias, en un claro afán de evitar la paulatina desarticulación de su organismos y
de asegurar el principio de seguridad jurídica”.
8
Sentencia SU-394 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Ibíd.
5
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4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El actor interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, al considerar que vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al no resolver la solicitud de adición del auto de 10 de
febrero de 2021, mediante el cual se aprobó el acuerdo conciliatorio suscrito por
las partes en el curso de la audiencia inicial celebrada el 9 de julio de 2019,
presentada el 3 de marzo de 2021 y frente a la que se radicaron memoriales de
impulso procesal el 12 de octubre de 2021, el 8 de febrero, el 1 de junio y 22 de
agosto de 2022.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”,
presentó informe dentro del trámite de tutela en el que solicitó que se declare la
carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que el 31 de octubre de
2022 profirió el auto en el que resolvió la referida solicitud de adición en los
términos solicitados por el accionante.
4.2. En efecto, la Sala observa que en el caso concreto se configura el fenómeno
de la carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que la
pretensión formulada por el actor, consistente en que se resolviera la solicitud de
adición presentada el 3 de marzo de 2021, se satisfizo con la emisión del auto de
31 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “B”, en el que se decidió lo siguiente:
“Primero: Acceder a la solicitud de adición del numeral primero de la parte resolutiva
del auto que aprobó el acuerdo conciliatorio del 10 de febrero de 2021, presentada por
el apoderado judicial de la parte demandante. En consecuencia:
Primero A): Por la Secretaría de la Subsección, entréguese el título judicial No.
400100007948183 por valor de $32.643.599 m/cte, al doctor (…), identificado con
cédula de ciudadanía No. (…) de Girardot y T.P. (…) del C.S.J., quien actúa en el
presente proceso como apoderado de la parte demandante, según lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: Ejecutoriado este proveído, archívense las diligencias, previas las
constancias y anotaciones de rigor”.
Así mismo, de conformidad con la información suministrada por el Sistema de
Gestión Judicial Samai, se observa que la referida providencia fue notificada a la
parte demandante por medio de correo electrónico el 3 de noviembre de 2022,
como se observa a continuación:
En esas condiciones, la Sala evidencia que la pretensión formulada por el actor,
consistente en que se ordenara a la autoridad judicial demandada resolver la
solicitud de adición presentada el 3 de marzo de 2021 se encuentra satisfecha con
6
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la emisión del auto de 31 de octubre de 2022, por lo que se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado.
Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 201910, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al
desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud,
cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el
objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.
En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.
Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.
El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”11.
De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela, dé en principio, una orden al respecto”12.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no
le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis”13.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado, ya que la pretensión tutelar se resolvió antes de emitirse la
decisión de primera instancia, por lo que una eventual orden judicial caería en el
vacío.
10 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
11 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
12 Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
13 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- RECONÓCESE personería al abogado Ricardo Escudero Torres como
apoderado de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos.
Segundo.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
8
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