Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05565-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05565-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05565-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
11 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05565-00
Actores: Nicolás Peña Carvajal y otros1
Demandado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Defecto fáctico/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Vida, ii) integridad personal, iii)
igualdad, iv) debido proceso y v) acceso a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los actores contra la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 21 de octubre de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio de la
acción de reparación directa identificado con el número único de radicación
680012331000200101137-01, vulneró sus derechos fundamentales a la vida, a la
integridad personal, a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1
Ubaldina Vera Peña, Osmedo Peña Vera y Ana Joaquina Castro Cerinza
2
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05565-00
Actores: Nicolás Peña Carvajal y otros
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela
contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 21 de octubre de 2021, en el proceso adelantado
en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con el número único de
radicación 680012331000200101137-01, vulneró sus derechos fundamentales a la
vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Expresaron que el señor José Eliécer Peña Vera falleció por varios impactos de
arma de fuego en un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y la guerrilla del
ELN, en la vereda “Piedra Azul”, Municipio de Concepción – Santander, el 9 de
diciembre de 2000.
4. Indicaron que presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, en ejercicio de la acción de reparación directa, con el
fin de que se les declarara administrativamente responsables por los daños y
perjuicios ocasionados, como consecuencia de la muerte del señor José Eliécer
Peña Vera.
5. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de primera instancia
el 30 de noviembre de 2004, accediendo parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
6. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia de segunda instancia el 21 de octubre de 2021, resolviendo lo siguiente:
3
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Actores: Nicolás Peña Carvajal y otros
“[…] REVÓCASE la sentencia del 30 de noviembre de 2004 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de culpa exclusiva de la
víctima y, en consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones […]”.
7. Consideró que:
“[…] Conforme a las pruebas, en diciembre de 2000, el Ejército planeo una
operación en los municipios de Norte de Santander, contra la guerrilla de las FARC
y el ELN. El 9 de diciembre de 2000, miembros de los batallones contraguerrilla nº.
51, 52 y 54 de la brigada móvil nº. 3 del Ejército Nacional hicieron presencia en la
vereda “Piedra Azul”, Santander, en cumplimiento de la orden de operaciones nº.
15 “Berlín”. Ese día, en horas de la mañana, se presentó un enfrentamiento
armado con supuestos subversivos de la guerrilla del ELN, que dio como resultado
la muerte de cuatro personas. Minutos después de que terminó el enfrentamiento,
los soldados bajaron los cuerpos. Dentro de esas cuatro personas, fue identificado
José Eliécer Peña Vera, que falleció por un shock hipovolémico, consecuencia de
cuatro impactos de arma de fuego y a quien le encontraron material de guerra, de
comunicaciones y de intendencia. Además, tanto la justicia penal militar y la
Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos
archivaron las indagaciones preliminares adelantadas por estos hechos, al concluir
que la presencia de los militares estaba justificada por el cumplimiento de un deber
legal.
Las pruebas dan cuenta que José Eliécer Peña Vera se encontraba en el lugar del
enfrentamiento armado y que el Ejército encontró en su poder material de guerra,
de comunicaciones y de intendencia. Como estos hechos no fueron desvirtuados
por la demandante con otros medios de prueba, esta conducta de la víctima fue
causa eficiente y determinante para la ocurrencia del daño. Tampoco se probó que
miembros del Ejército dispararon “indiscriminadamente”, como afirmó la parte
demandante. Ante la situación creada por la propia víctima, la Sala declarará la
configuración de una causa extraña que impide el daño sea imputado a la
demandada y en ese sentido revocará la sentencia de primera instancia [...]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales de mis representados.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, solicitamos REVOCAR, la
Sentencia en segunda instancia del proceso con Radicado No.
68001233100020010113701, proferida por LA SUBSECCIÓN C de la SECCIÓN
TERCERA- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO
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DE ESTADO, notificada el 03 de junio del 2022, que negó las pretensiones de la
acción de reparación directa por la configuración de una causa extraña que impide
el daño sea imputada a la demandada.
TERCERA: DEJAR EN FIRME, la sentencia del 30 de noviembre de 2004,
proferida por LA SALA DE DESCONGESTIÓN PARA LOS TRIBUNALES
ADMINISTRATIVOS DE SANTANDER, en el proceso con radicado No.
68001233100020010113700, en la cual se reconocen parcialmente a las
pretensiones, porque la demandada creó un riesgo al adelantar un operativo
militar, con armas de fuego oficiales y en un lugar rural, en el que resultó muerto
José Eliécer Peña Vera. Señaló que la víctima se dedicaba a las labores del
campo y no tuvo participación en el enfrentamiento.
CUARTA: Requerir al (sic) la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional, para que en el futuro no incurra en las conductas que dieron origen a
esta acción de tutela […]”.
9. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial y en un defecto fáctico.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 21 de octubre de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, y iii) vinculó al Tribunal Administrativo de
Santander y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional en
calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
11. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado expresó que:
“[…] Las consideraciones esgrimidas en la providencia del 21 de octubre de 2021
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación son
suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado […]”.
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12. El Ministerio de Defensa Nacional afirmó que:
“[…] En el contenido de la presente acción de tutela interpuesta, NO CUMPLE
CON LOS REQUISITOS PARA HABILITAR EL ESTUDIO DE LA ACCIÓN,
porque el actor no realizó un estudio de los requisitos específicos de procedencia
ni tampoco acredita la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados (VIDA DIGNA, INTEGRIDAD PERSONAL, IGUALDAD, DEBIDO
PROCESO y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA), de los que se
evidencia como el escrito de tutela, se limita a citar éstos para justiciar la
procedencia del amparo; no obstante en ninguno de sus acápites argumenta y
justifica tal aseveración; se limita a repetir y transcribir los argumentos de la
demanda, sin que nada nuevo aporte para una decisión a su favor.
Aspectos Honorables Consejeros que no son suficientes para concluir que existió
vulneración a los derechos alegados, menos aún que se le haya negado el acceso
a la administración de justicia o debido proceso, como quiera el órgano judicial
acogió detalladamente el contenido probatorio que fue analizado de integralmente
[…]”.
13. El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas Jurídicos
16. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la
sentencia de 21 de octubre de 2021, dentro de la acción de reparación directa
identificado con el número único de radicación 68001-23-31-000-2001-01137-01,
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en
defecto fáctico, lo que trajo como consecuencia que no declarara la
responsabilidad del Estado por la muerte del señor José Eliécer Peña Vera.
17. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la vida; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la integridad personal; viii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; ix) marco normativo y jurisprudencial del
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derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, x) análisis del caso
concreto y finalmente las xi) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello4, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
19. Esta Sección5 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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Actores: Nicolás Peña Carvajal y otros
21. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”6.
22. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos
parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
6
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Actores: Nicolás Peña Carvajal y otros
25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.
27. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:
27.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
los actores al debido proceso, a la vida, a la integridad personal, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia.
27.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) los actores cumplieron
con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.
27.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10
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Actores: Nicolás Peña Carvajal y otros
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales9, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
27.4. Ahora bien, la Sala respecto al defecto fáctico, considera que no se acreditó
con el cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional, con
fundamento en las siguientes razones:
27.5. Los actores indicaron en su escrito de tutela lo siguiente:
“[…] Por último, es necesario resaltar que el CONSEJO DE ESTADO, ha
desconocido que los hechos generadores de la ejecución extrajudicial del señor
JOSÉ ELIÉCER PEÑA VERA, ha sido un crimen de lesa humanidad por falso
positivo, declarando la configuración de una causa extraña que impide el daño sea
imputado y desconociendo el precedente judicial que ha reiterado la Corte
Constitucional, y el reconocimiento de los indicios como prueba en estos casos.
Igualmente hubo error de apreciación probatoria por parte del AD-QUEN luego se
hace necesario que el H.C.E remedie las equivocaciones en que incurrió, pues no
puede sostener erróneamente que el occiso JOSE ELIECER PEÑA VERA se
encontraba en el lugar del enfrentamiento armado, cuando los agentes del
desorden acampaban en la casa se encontraba sola, distante al lugar donde
preparaba lo bueyes y distante a la casa de los padres peña vera, que también fue
baleada.
DECIMO SEGUNDO: No se probó en el inter criminis que JOSE ELICER Portara
armas, que disparara alguna clase de armas, no existe la prueba de absorción
atómica, no se probó que era guerrillero, ni que tuviera antecedentes, los militares
manipularon el cadáver, es decir lo trasladaron a donde estaban los tres muertos
en el supuesto combate, es decir maquinaron la escena de los hechos, utilizaron la
posición dominante y aplicaron como de costumbre el modus operandi para
liberarse de cualquier culpa o responsabilidad, lo que llama el H.CONSEJO DE
ESTADO “burda pantomima” luego todas esas circunstancias que desconoció la
SUBSECION C DE LA SECCION TERCERA DEL H.C.E origino (sic) un fallo
adverso; error de apreciación probatoria en que incurrió el ad- quen (sic), además
desconoce de facto la declaración de los testigos de la parte demandante y ante
9
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
11
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05565-00
Actores: Nicolás Peña Carvajal y otros
esa irregularidad procesal hubo un efecto decisivo en la decisión judicial que hoy
cuestiono como VIOLACION AL DERECHO FUNDAMENTAL LA VIDA DIGNA,
LA INTEGRIDAD PERSONAL, LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, AL
ACCESO A LA JUSTICIA […]”.
28.Ahora bien, para la Sala los actores no cumplieron con la carga argumentativa
mínima para estructurar el defecto fáctico, toda vez que no indicaron
específicamente cuales medios de prueba fueron valorados erróneamente por
parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios probatorios eran
relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar que la
valoración errónea de las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e
irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de derechos
fundamentales, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
29. Esta Sección frente a la carga argumentativa mínima para estructurar el
defecto fáctico ha dicho lo siguiente : 10
“[…] Al efecto, es preciso destacar que, en materia de acción de tutela contra
providencias judiciales, no basta con citar la falta de valoración de medios de
prueba de manera genérica, sino que es necesario que se expresen con
claridad los motivos por los que se considera que su falta de valoración, por
las autoridades accionadas, generó la afectación de derechos de
contenido iusfundamental y, como su falta de estudio o apreciación, incidió
en la decisión que es objeto de reproche y afectó las garantías
constitucionales11.
Esta carencia argumentativa, sin lugar a dudas, no puede ser suplida por el
juez de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la
flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos
fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es
exigible un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre
actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por
autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen los medios
para proteger las garantías constitucionales […]”. (Resaltado por la Sala).
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de
2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00365-00.
11
Respecto de la carga argumentativa mínima que se le exige al actor para que se configure el defecto
fáctico, ver entre otras, sentencias T-214 de 2012, T-121 de 2016 y T-074 de 2018, proferidas por la Corte
Constitucional.
12
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30. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto , pues es necesario satisfacer
12
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad
aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del
órgano autor de la amenaza o del agravio , el señalamiento de las causales
13
especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que
implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el
caso concreto, entre otros aspectos.
31. Por último, la Sala analizará el cumplimiento de los demás requisitos generales
de procedibilidad:
31.1. Cumplió con el principio de inmediatez14.
31.2. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de los derechos
invocados supra.
31.3. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
31.4. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alegan;
y
31.5. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
12
Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio 2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio
13
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
14
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 21
de octubre de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
13
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05565-00
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Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
32. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
33. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189615 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011 ; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200117; C-
16
816 de 201118; C-179 de 201619; y T-102 de 201420.
34. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”21 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…]
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
35. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional22, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
15
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
16
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
17
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
18
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
19
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
21 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
22 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
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derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
36. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria23, la regla del respeto del precedente
no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible
frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio
tendiente a resolver una situación concreta.
37. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala24, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar
la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el
orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones
adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que
esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos,
principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
38. En efecto, la Sala25 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud
de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en
23 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
25 ibídem.
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las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial26”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la
decisión de apartarse.
39. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
40. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
41. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
27
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
26 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27
Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida
42.Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.
43.Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional28, se ha sostenido
que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia digna,
que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la
extinción de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que
incomoden su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la integridad
personal
44.Visto el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes […]”.
28
Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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45. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho a la
29
integridad personal, como “[…] el reconocimiento, respeto y promoción que se le
debe a todo individuo de la especie humana de su plenitud y totalidad corpórea y
espiritual, con el fin de que su existencia sea conforme a la dignidad personal
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
46.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
47.Atendiendo a que la Corte Constitucional30 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
29
Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 14 de marzo de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
30
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
48.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
49.Atendiendo a que, la Corte Constitucional31 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
Análisis del caso en concreto
50. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
51. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por
31
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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los actores en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
52. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
siguiente documento:
52.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 21 de octubre de 2021.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial
53. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por
haberse apartado de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en las
sentencias i) T-535 de 201532 y ii) SU-035 de 201833.
54. Ahora bien, la Sala considera relevante para resolver el caso concreto, el
análisis y estudio de las respectivas sentencias proferidas por la Corte
Constitucional.
Sentencia T-535 de 2015
55. Le correspondió a la Corte Constitucional resolver el problema jurídico34
consistente en establecer si “[…] en el proceso de reparación directa que cursó en
32
Corte Constitucional, sentencia T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
33
Corte Constitucional, sentencia SU-035 de 3 de mayo de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
34
La situación fáctica del caso es la siguiente: “Las accionantes manifiestan que el día 30 de junio de 2007, la
Junta de Acción Comunal del Barrio Rocío, ubicado en el municipio de Chaparral (Tolima), organizó un bazar
con el fin de recolectar fondos para la comunidad. A dicha reunión asistieron los jóvenes Oscar Andrés Bravo
34
Montiel nacido el 29 de agosto de 1984 y Víctor Alfonso Lozada García nacido el 19 de agosto de 1987 .
Explican las accionantes que una vez terminada la reunión entre la una y dos de la mañana del día 1º de julio
de 2007, los jóvenes Oscar Andrés Bravo Montiel y Víctor Alfonso Lozada García se dirigieron a su hogar en
compañía de la señora Isabelina Ramírez, cuando: “…fueron interceptados y subidos a un carro, propio de los
20
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segunda instancia en el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima, al ser
valoradas las pruebas relacionados con la muerte de los jóvenes Víctor Alfonso
Lozada García y Oscar Andrés Bravo Montiel, se estructuró un defecto fáctico en
grado de vulnerar el derecho fundamental al debido proceso de las accionantes,
que condujo a decretar no probada la responsabilidad del Estado por falla del
servicio […]”.
56. La Corte consideró que:
“[…] La Sala advierte entonces, que el juez de segunda instancia actuó en contra
de la evidencia probatoria, separándose por completo de los hechos debidamente
probados y resolvió a su arbitrio el asunto jurídico debatido. Es decir, el material
probatorio aportado no fue valorado adecuadamente, desconociendo las reglas de
la sana crítica que conducen a la realidad probatoria. Esto es evidente a simple
vista, toda vez que la única prueba de la supuesta confrontación, son las
declaraciones de los militares y que, a su vez, fue la único medio de convicción
sobre el cual el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima hizo un
pronunciamiento de fondo, evadiendo referirse a las otras pruebas, como las
declaraciones de las personas que por última vez vieron a los jóvenes en el bazar,
las de quien los vio subirse a una camioneta, la del campesino que escuchó unos
disparos el día en que fallecieron y la del párroco del pueblo que dio cuenta de
conocerlos y que se dedicaban a otro tipo de actividades no subversivas […]”.
[…]
“[…] En virtud de los principios de la sana crítica y autonomía de la función judicial
en la valoración probatoria35, los medios de prueba que ofrezcan una mayor
probabilidad lógica con respecto a la ocurrencia de los hechos objeto de
juzgamiento, deben prevalecer en la resolución del caso concreto. Así, en este
caso la justicia colombiana incurrió en “una valoración defectuosa de una prueba
que terminó separando el fallo de lo que realmente aparecía como probado”36,
que utiliza el personal de la brigada de dicho municipio, de color blanco, sin placas y con vidrios
34
polarizados. ”
Ese mismo día los jóvenes Oscar Andrés Bravo Montiel y Víctor Alfonso Lozada García, aparecieron muertos:
“…a diez minutos y poco menos de dos kilómetros del perímetro urbano del municipio de Chaparral,
34
específicamente en la vereda Brazuelos. ”
Las accionantes sostienen que integrantes de la VI Brigada del Batallón Nº 17 José Domingo Caicedo, se
atribuyeron la muerte de los jóvenes Oscar Andrés Bravo Montiel y Víctor Alfonso Lozada García:
34
“…argumentando que los jóvenes estaban delinquiendo y que fueron dados de baja en combate. ”
Sobre las circunstancias que rodearon esta situación, las accionantes explican que las prendas de vestir de
los jóvenes fueron: “manoseadas, colocándoles por encima ropa de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y al
34
lado de sus cuerpos armas y munición .”, y que los vecinos de la Vereda Brazuelos no percibieron ningún
combate, ni presencia de grupos armados al margen de la ley el día en que ocurrieron los hechos […]”.
35
Taruffo Miguel, “La Prueba de los Hechos”, Editorial Trotta, Madrid, 2012.
36
Sentencia T-458 de 2007.
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quebrantando la regla de coherencia37 que debe preservar toda decisión judicial en
busca de la verdad probatoria.
Pero, más aun del acervo probatorio relacionado por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Tolima, no se observa que hiciera referencia a pruebas
obtenidas en la investigación penal, ya sea porque no fueron trasladadas o porque
no solicitó que las trasladaran […]”.
Sentencia SU-035 de 2018
57. Le correspondió a la Corte Constitucional resolver el problema jurídico 38
consistente en determinar si “[…] es procedente la acción de tutela contra la
providencia de 1.º de febrero de 2016 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado; y (ii) determinar si dicha autoridad judicial al emitir
la decisión censurada incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento
del precedente, vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia e igualdad de la señora Amélida Peña
Rangel.
58. La Corte consideró que:
“[…] Al no aplicar los principios de equidad y pro homine en la flexibilización de los
estándares probatorios, la Sección Tercera perdió de vista su propia
jurisprudencia, que ante los denominados falsos positivos, ha admitido que
obtener una prueba directa del suceso es casi imposible por las confusas
circunstancias en que ocurren los hechos, la vulnerabilidad de las víctimas y,
principalmente, porque la prueba está en manos de la contraparte.
37
Norberto Bobbio Teoría General del Derecho, Editorial Temis, 2007.
38
La situación fáctica del presente caso es la siguiente: “Relata la actora que ella y su hermana Maide Peña
Rangel, son hijas del señor Olivo Peña Ortega, quien vivía en la vereda Manzanares del municipio de El Tarra
(Norte de Santander) y era campesino de la región.
Menciona que aproximadamente a las 6:00 p.m. del 14 de agosto de 2008, su padre fue retenido en cercanías
de la vereda La Perla del corregimiento Puente Real del municipio de San Calixto, por miembros de la
Compañía Coyotes del Batallón Contraguerrillas 95, perteneciente a la Brigada Móvil 15 del Ejército Nacional,
quienes le dispararon en repetidas ocasiones, simulando un combate, hasta causarle la muerte.
Señala que los militares presentaron al señor Olivo Peña como integrante de un grupo armado ilegal, muerto
en un enfrentamiento y a quien se le había incautado una subametralladora, cuando en realidad se trató de
una ejecución extrajudicial.
Afirma la actora que ella y su hermana formularon acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional, a fin de que fueran resarcidos los daños causados con la muerte del
señor Olivo Peña […]”.
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87. De lo expuesto, la Sala observa que le asiste razón a la demandante al afirmar
que la sentencia es contradictoria, ya que en algunos apartes, basada en en los
indicios, afirma que la muerte del señor Olivo Peña ocurrió de manera “violenta y
atroz”39, encontrándose la víctima en “estado de indefensión”40 en un combate que
no existió. Sin embargo, al final concluye que no hay pruebas suficientes que
determinen si la muerte de la víctima ocurrió a causa del accionar del Ejército y
como producto de un acto contrario al deber de proteger la vida de los habitantes
del territorio nacional.41
88. En orden a lo anterior, al juez contencioso administrativo le correspondía
morigerar las reglas de valoración probatoria, concretamente de los indicios, y
aplicar los criterios que fueron referidos en el capítulo denominado “la
flexibilización probatoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos”,
para resolver el caso, con plena y rigurosa observancia de las garantías de justicia
material y del debido proceso. Empero, interpretó erróneamente la ley, al
asignarles un rasero muy alto para lograr la convicción del juez, olvidando
aplicar los principios de equidad y pro homine.
89. Finalmente y siguiendo con los presupuestos que exige la jurisprudencia de la
Corte para que proceda la acción de tutela contra decisiones de órganos de cierre,
el yerro encontrado en la sentencia censurada es de tal magnitud que amerita la
intervención del juez constitucional, al encontrarse de por medio la satisfacción de
garantías fundamentales, vulneradas en el marco de un proceso de reparación
directa por graves violaciones a los derechos humanos.
90. En conclusión, la Corte Constitucional encontró que el Consejo de Estado
incurrió en un desconocimiento del precedente, toda vez que en materia de
homicidios en persona protegida -denominados comúnmente falsos positivos-,
existe una nutrida línea jurisprudencial por parte de ese Tribunal y también de esta
Corporación sobre la flexibilización de los estándares probatorios en materia de
violaciones graves a los derechos humanos, admitiendo que demostrar tal hecho
mediante una prueba directa es casi imposible por la vulnerabilidad de las víctimas
y la posición dominante que ejercen las Fuerzas Militares, por lo que se ha
establecido que los indicios son los medios probatorios que por excelencia
permiten llevar al juez a determinar la responsabilidad de la Nación, aplicando un
rasero menor que el que podría aplicarse en materia penal.
En ese contexto, halló la Sala Plena que en el asunto bajo estudio, el Consejo de
Estado también incurrió en un defecto sustantivo por un error en la interpretación
de los principios pro hómine y de equidad, al no haber aplicado la ya mencionada
flexibilización de los estándares probatorios a efecto de privilegiar la justicia
material, utilizando medios de prueba indirectos como los indicios o morigerando
la carga de la prueba para demostrar el perjuicio material objeto de la reclamación
[…]”.
59.Ahora bien, para establecer si la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se apartó de dichos precedentes judiciales fijados por la Corte
Constitucional, es importante hacer referencia a las consideraciones jurídicas que
39
Calificada así por el Consejo de Estado, cfr. Sentencia censurada folio 91.
40
Cfr. Sentencia censurada, folio 63.
41
Cfr. Sentencia censurada, folio 95.
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expuso en la sentencia de 21 de octubre de 2021, en donde consideró lo
siguiente:
“[…] En el expediente obran recortes de prensa (f. 125 y 136 c. 1). Las
informaciones difundidas en los medios de comunicación no dan certeza sobre los
hechos en ellos contenidos, sino de la existencia de la noticia y en esas
condiciones serán valoradas en este proceso.
7. Al expediente se allegaron las diligencias de versión libre rendidas por el
soldado Francisco Javier Medina Pascuas y el soldado profesional Jhon Jan
Pomar González (f. 40 a 46 c. 2). El artículo 227 CPC exige que las declaraciones
de terceros sean recibidas bajo la gravedad del juramento. Sin embargo, como las
declaraciones contenidas en versiones libres e indagatorias no cumplen con este
mandato legal, no es procedente su valoración.
8. Al proceso se aportó, como prueba trasladada, copia auténtica de la indagación
preliminar penal militar por el homicidio de José Eliécer Peña Vera y otras tres
personas (f. 1 a 259 c. 2). Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas
válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso
primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o
con audiencia de ella. Las pruebas documentales trasladadas podrán ser
valoradas, aunque no se hubieran practicado con la intervención de la contraparte,
si han obrado en el expediente y no han sido tachadas de falsedad. Los
testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación,
cuando son allegados a petición de una de las partes y la otra parte estructura su
defensa con fundamento en ellos, o cuando las dos partes los solicitan como
prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación. Como la prueba
fue solicitada por ambas partes (f. 13 y 25 c. 1), será valorada.
Al expediente se allegó, también como prueba trasladada, copia auténtica de la
indagación preliminar de la investigación disciplinaria adelantada por la
Procuraduría General de la Nación (f. 260 a 295 c. 1). Las pruebas documentales
serán valoradas, porque han obrado en el expediente y no han sido tachadas de
falsedad. Sin embargo, la queja y las declaraciones rendidas en la investigación
disciplinaria fueron recaudadas por una entidad del orden municipal, la Personería
Municipal de Concepción, Santander. Como la parte demandada no intervino en su
práctica y tampoco estructuró su defensa en esas declaraciones, no serán
valoradas.
9. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:
9.1. El 3 de diciembre de 2000, el comando de la brigada móvil nº. 3 del Ejército
Nacional en Bucaramanga profirió la orden de operaciones nº. 15 “Berlín”.
Conforme al documento, la misión consistía en que la brigada con los batallones
contraguerrilla nº. 51, 52 y 54 condujeran operaciones ofensivas en varios
municipios de Norte de Santander, para impedir el paso de varias compañías y
cuadrillas de la guerrilla de las FARC y el ELN, según da cuenta copia auténtica
del oficio nº. 2587FUDRA-BRIM3-B3-375 (f. 6 a 22 c. 2).
9.2. El 9 de diciembre de 2000 a las 6:30 a.m., José Eliécer Peña Vera murió en la
vereda Piedra Azul del municipio de Concepción, Santander, por un shock
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hipovolémico, consecuencia de cuatro impactos de arma de fuego, según da
cuenta copia auténtica del registro civil de defunción y del formato de protocolo de
necropsia del 10 de diciembre de 2000 del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses (f. 182 c. 2 y f. 73 a 78 c. 1)
9.3. El 10 de diciembre de 2000, el Juzgado 36 de Instrucción Penal Militar inició
indagación preliminar por los hechos del 9 de diciembre, según da cuenta copia
auténtica de la providencia del juzgado penal militar (f. 1 a 5 c. 2).
9.4. El 6 de junio de 2001, el Juzgado 84 de Instrucción Penal Militar se abstuvo de
abrir investigación penal formal por los hechos ocurridos el 9 de diciembre de
2000, en la vereda “Piedra Azul”, según da cuenta copia auténtica de la
providencia (f. 250 a 259 c. 2).
9.5. El 30 de septiembre de 2003, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos ordenó el archivo definitivo de las diligencias
adelantadas por la muerte de José Eliécer Peña Vera, según da cuenta copia
auténtica de la providencia (f. 290 a 295 c. 2).
9.6. José Eliécer Peña Vera era hijo de Nicolás Peña Carvajal y Waldina Vera
Peña, hermano de Osmedo Peña Vera y nieto de Araminta Peña, según da cuenta
copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y partida de matrimonio (f. 5 a
7 c. 1) […]”.
[…]
“[…] Hermes Sierra Carvajal –vecino de José Eliécer Peña Vera– declaró que la
noche anterior a la muerte de Peña Vera, hizo una fiesta en su casa y la víctima
asistió. “A eso de las seis a.m.”, Peña Vera salió a mover unos bueyes para arar y
en unos minutos se formó una balacera. Salieron de la casa a mirar, pero los
“encendieron a bala” y se encerraron en la casa. Ese día hubo combates entre el
ejército y la guerrilla, los militares “se bajaron de para debajo de la casa de Nicolás
Peña” y a raíz de eso murió José Eliécer Peña Vera. Aseguró que él no era
guerrillero y no portaba armas (f. 48 y 49 c. 1).
Teófilo Carvajal –vecino y amigo de la víctima– declaró que en la noche del 8 de
diciembre de 2000, estaba en una fiesta con José Eliécer Peña Vera en la casa de
Hermes Sierra. A las 5:30 a.m. del día siguiente, la víctima “salió a agarrar unos
bueyes” y a trabajar. A las 6:30 se formó una “plomacera” en una finca que estaba
sola y ellos se encerraron en la casa, pues sentían que caían las balas. La víctima
no pertenecía a la guerrilla y trabajaba en la finca (f. 50 c. 1).
Raúl Reyes Arias –amigo y vecino de José Eliécer Peña Vera– declaró que el 8 de
diciembre de 2000 estaba con la víctima en una fiesta en la casa de Hermes
Sierra. A las 5:30 o 6 a.m., Peña Vera salió a coger unos bueyes y a trabajar. A las
6:15 o 6:30 escucharon un “plomeo por ahí arriba”, salieron a mirar y como
llegaron unos tiros a la casa, se metieron y no supieron nada más. La “balacera”
fue en la finca del padre de la víctima y en otra finca más adelante que estaba
sola. La víctima no portaba armas y por “ahí decían” que el ejército sabía el
nombre de José Eliécer Peña Vera, porque llevaba los papeles en el bolsillo y se
los quitaron para hacerlo pasar por “N.N.” (f. 51 y 52 c. 1). Víctor Julio Torres Basto
–vecino y amigo de la víctima– afirmó que Peña Vera no pertenecía a la guerrilla y
que sólo usaba el machete para trabajar la tierra (f. 53 c. 1).
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Los declarantes no presenciaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla, ni de la muerte de José Eliécer Peña
Vera. Su dicho, responsivo, claro y coincidente, prueba los hechos que los
declarantes sí presenciaron y que ocurrieron antes de la muerte. Según estos
testigos, entonces, el 9 de diciembre de 2000, José Eliécer Peña Vera estaba en
una fiesta y a las 5:30 o 6 a.m. salió a mover unos bueyes y a trabajar la tierra.
En cuanto a la afirmación de Raúl Reyes Arias que por “ahí decían” que el ejército
hizo pasar como “N.N.” a José Eliécer Peña Vera, se trata de un testigo de oídas.
El artículo 228.3 CPC dispone que si la declaración versa sobre expresiones que
el testigo hubiere oído, el juez ordenará que explique las circunstancias que
permitan apreciar su verdadero sentido y alcance. Se requiere que –por lo menos–
identifique las fuentes que suministraron la información y, además, que esas
fuentes sean directas, es decir, que se pueda constatar que conocieron
presencialmente los hechos que trasmitieron. En relación con el mérito probatorio
del testimonio de oídas, la declaración del testigo se debe cotejar con el resto del
acervo probatorio, para determinar su coincidencia con los demás medios de
prueba recaudados9. El declarante no identificó la fuente de la información que
relató y, por el contrario, sustentó su afirmación en especulaciones o comentarios
generalizados. La razón de su dicho, en este punto, no se sustenta en hechos
verificados y constatados que haya presenciado […]”.
60. Para la Sala, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se
apartó de la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional consistente en el
deber que tienen los jueces de aplicar la flexibilización de los estándares probatorios
en materia de graves violaciones a los derechos humanos, toda vez que con
fundamento en las reglas de la sana crítica se valoraron de manera razonable,
flexible e integral las diferentes pruebas obrantes en el proceso ordinario, sin que la
Sala evidencie una valoración formalista y rigurosa de las mismas, que implique el
desconocimiento de los derechos fundamentales de los actores.
61. La Sala evidencia que, luego de que la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado valorara las pruebas obrantes en el expediente respetando la
respectiva regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional, le permitió
considerar lo siguiente:
“[…] Conforme a las pruebas, en diciembre de 2000, el Ejército planeo una
operación en los municipios de Norte de Santander, contra la guerrilla de las FARC
y el ELN. El 9 de diciembre de 2000, miembros de los batallones contraguerrilla nº.
51, 52 y 54 de la brigada móvil nº. 3 del Ejército Nacional hicieron presencia en la
vereda “Piedra Azul”, Santander, en cumplimiento de la orden de operaciones nº.
15 “Berlín”. Ese día, en horas de la mañana, se presentó un enfrentamiento
armado con supuestos subversivos de la guerrilla del ELN, que dio como resultado
la muerte de cuatro personas. Minutos después de que terminó el enfrentamiento,
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los soldados bajaron los cuerpos. Dentro de esas cuatro personas, fue identificado
José Eliécer Peña Vera, que falleció por un shock hipovolémico, consecuencia de
cuatro impactos de arma de fuego y a quien le encontraron material de guerra, de
comunicaciones y de intendencia. Además, tanto la justicia penal militar y la
Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos
archivaron las indagaciones preliminares adelantadas por estos hechos, al concluir
que la presencia de los militares estaba justificada por el cumplimiento de un deber
legal.
Las pruebas dan cuenta que José Eliécer Peña Vera se encontraba en el lugar del
enfrentamiento armado y que el Ejército encontró en su poder material de guerra,
de comunicaciones y de intendencia. Como estos hechos no fueron desvirtuados
por la demandante con otros medios de prueba, esta conducta de la víctima fue
causa eficiente y determinante para la ocurrencia del daño. Tampoco se probó que
miembros del Ejército dispararon “indiscriminadamente”, como afirmó la parte
demandante. Ante la situación creada por la propia víctima, la Sala declarará la
configuración de una causa extraña que impide el daño sea imputado a la
demandada y en ese sentido revocará la sentencia de primera instancia [...]”.
62. En ese orden de ideas, para la Sala, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que al resolver
el caso concreto, no desconoció la regla jurisprudencial fijada por la Corte
Constitucional, consistente en el deber que tienen los jueces de aplicar la
flexibilización de los estándares probatorios en materia de graves violaciones a
los derechos humanos.
Conclusiones de la Sala
63. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala i) declarará improcedente la acción de tutela
respecto al defecto fáctico, y ii) negará las pretensiones del amparo frente al
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto al defecto
fáctico, por el no cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones del amparo frente al defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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