RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05565-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05565-01

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05565-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 11 de noviembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo solicitado respecto al defecto fáctico, por el no cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional y lo negó frente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, SEGUNDO. AMPARAR los derechos a la vida digna, integridad personal, igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia de los señores Nicolás Peña Carvajal, Ubaldina Vera Peña, Osmedo Peña Vera y Ana Joaquina Castro Cerinza. En consecuencia, TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la decisión del 21 de octubre de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa radicado 68001-23-31-000-2001-01137-01(31674), por los motivos señalados en las consideraciones de este fallo, CUARTO. ORDENAR a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que en un término no superior a los veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente fallo profiera una decisión de reemplazo en la www.consejodeestado.gov.co 39 C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0 B og o tá D . C . – C ol o mbi a ACC IÓN D E TUT EL A R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1 A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al que se tengan en cuenta las consideraciones de esta providencia de tutela. QUINTO. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. SEXTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. SÉPTIMO. REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05565-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

2 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05565-01
Accionante: NICOLÁS PEÑA CARVAJAL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial / defecto fáctico y
defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente / demanda de reparación directa /
flexibilización probatoria en materia de graves
violaciones de derechos humanos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 11 de noviembre de 2022
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró
improcedente el amparo solicitado respecto al defecto fáctico, por el no
cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional y lo
negó frente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial.

www.consejodeestado.gov.co
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

I. ANTECEDENTES

Los señores Nicolás Peña Carvajal, Ubaldina Vera Peña, Osmedo Peña
Vera, y Ana Joaquina Castro Cerinza, a través de apoderado1,
solicitaron la protección de los derechos fundamentales a la vida digna,
integridad personal, igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, con sustento en los siguientes supuestos
fácticos que la Sala de Decisión identificó como relevantes en el sub
examine:

1. HECHOS

Los referidos accionantes presentaron demanda de reparación directa
para que se declarara administrativa y extracontractualmente
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, por los daños y perjuicios ocasionados en razón de la muerte
del señor José Eliécer Peña Vera ocurrida el 9 de diciembre de 2000,
durante un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y presuntos
guerrilleros del ELN, en la vereda Piedra Azul del municipio de
Concepción (Santander).

El conocimiento del proceso le correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Santander que, mediante sentencia del 30 de
noviembre de 2004, resolvió acceder parcialmente a las pretensiones
del medio de control.

1
Carlos Felipe Bohórquez González.

www.consejodeestado.gov.co 2
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

Contra la decisión anterior las partes demandante y demandada
interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron resueltos por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de
fallo del 21 de octubre de 2021, en el sentido de revocarla y en su
lugar, declarar la culpa exclusiva de la víctima y negar las pretensiones
de la demanda.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante manifestó que la decisión proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera incurrió en los siguientes defectos:

• Defecto fáctico: por indebida valoración probatoria, en el
entendido que, a su juicio, «no se probó en el inter criminis que
JOSÉ ELIECER portara armas, que disparara alguna clase de
armas, no existe la prueba de absorción atómica, no se probó que
era guerrillero, ni que tuviera antecedentes, los militares
manipularon el cadáver, es decir lo trasladaron a donde estaban
los tres muertos en el supuesto combate, es decir maquinaron la
escena de los hechos, utilizaron la posición dominante y aplicaron
como de costumbre el modus operandi para liberarse de cualquier
culpa o responsabilidad […]»

• Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente:
por cuanto al momento de proferir el fallo no se tuvo en cuenta
que la Corte Constitucional, en sentencia SU-035 de 2018, señaló
que tratándose de homicidios en persona protegida o como
comúnmente se denominan, falsos positivos, «existe una nutrida
línea jurisprudencial por parte de ese Tribunal y también de esta

www.consejodeestado.gov.co 3
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

Corporación sobre la flexibilización de los estándares probatorios
en materia de violaciones graves a los derechos humanos,
admitiendo que demostrar tal hecho mediante una prueba directa
es casi imposible por la vulnerabilidad de las víctimas y la posición
dominante que ejercen las Fuerzas Militares, por lo que se ha
establecido que los indicios son los medios probatorios que por
excelencia permiten llevar al juez a determinar la responsabilidad
de la Nación, aplicando un rasero menor que el que podría
aplicarse en materia penal»

3. PRETENSIONES

La parte accionante pidió lo siguiente:

«PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales de mis representados.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, solicitamos REVOCAR, la
Sentencia en segunda instancia del proceso con Radicado No.
68001233100020010113701, proferida por LA SUBSECCIÓN C de la SECCIÓN
TERCERA- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
CONSEJO DE ESTADO, notificada el 03 de junio del 2022, que negó las
pretensiones de la acción de reparación directa por la configuración de una causa
extraña que impide que el daño sea imputado a la demandada.

TERCERA: DEJAR EN FIRME, la sentencia del 30 de noviembre de 2004,
proferida por LA SALA DE DESCONGESTIÓN PARA LOS TRIBUNALES
ADMINISTRATIVOS DE SANTANDER, en el proceso con radicado No.
68001233100020010113700, en la cual se reconocen parcialmente las pretensiones,
porque la demandada creó un riesgo al adelantar un operativo militar, con armas de
fuego oficiales y en un lugar rural, en el que resultó muerto José Eliécer Peña Vera.
Señaló que la víctima se dedicaba a las labores del campo y no tuvo participación
en el enfrentamiento

CUARTA: Requerir a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército

www.consejodeestado.gov.co 4
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

Nacional, para que en el futuro no incurra en las conductas que dieron origen a esta
acción de tutela.».

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 21 de octubre de 2022, la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la acción de la referencia y ordenó notificar
a los magistrados de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, como accionados, y al Tribunal Administrativo de Santander
y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, como
terceros interesados, para que se pronunciaran sobre los hechos que
originaron la solicitud constitucional.

5. INTERVENCIONES

5.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por intermedio de uno de sus magistrados, señaló que las
consideraciones expuestas en la sentencia del 21 de octubre de 2021
son suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado.

5.2. La Nación – Ministerio de Defensa, a través de apoderada2,
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela
«porque el actor no realizó un estudio de los requisitos específicos de
procedencia ni tampoco acredita la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados (vida digna, integridad personal,
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia), de
los que se evidencia como el escrito de tutela , se limita a citar éstos
para justiciar la procedencia del amparo; no obstante en ninguno de

2
Diana Marcela Cañón Parada

www.consejodeestado.gov.co 5
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

sus acápites argumenta y justifica tal aseveración; se limita a repetir
y transcribir los argumentos de la demanda, sin que nada nuevo aporte
para una decisión a su favor».

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Primera del Consejo de Estado a través de sentencia del 11
de noviembre de 2022, declaró improcedente el amparo solicitado por
falta de relevancia constitucional respecto del defecto fáctico y lo negó
en relación con el desconocimiento del precedente.

Como sustento de lo anterior, sobre el defecto fáctico manifestó que
«los actores no cumplieron con la carga argumentativa mínima para
estructurar el defecto fáctico, toda vez que no indicaron
específicamente cuales medios de prueba fueron valorados
erróneamente por parte del juez colegiado; ii) que además dichos
medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la
decisión; y iii) demostrar que la valoración errónea de las pruebas fue
una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como
consecuencia la afectación de derechos fundamentales, lo cual no
aconteció en el caso sub examine».

En relación con el desconocimiento del precedente, indicó que «la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se apartó
de la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional consistente
en el deber que tienen los jueces de aplicar la flexibilización de los
estándares probatorios en materia de graves violaciones a los derechos
humanos, toda vez que con fundamento en las reglas de la sana crítica
se valoraron de manera razonable, flexible e integral las diferentes

www.consejodeestado.gov.co 6
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

pruebas obrantes en el proceso ordinario, sin que la Sala evidencie una
valoración formalista y rigurosa de las mismas, que implique el
desconocimiento de los derechos fundamentales de los actores».

7. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, con el
propósito que se revocara y, en su lugar, se accediera al amparo
requerido, pues insistió en la configuración de los defectos alegados en
el escrito de la tutela contra la decisión judicial de la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, esto es, el desconocimiento
del precedente y el defecto fáctico por indebida valoración probatoria.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 080 de 2019, en
cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

www.consejodeestado.gov.co 7
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con los antecedentes expuestos la Sala de Decisión
advierte que el problema jurídico en esta instancia se circunscribe a
responder si:

• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

• ¿La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
expedir la providencia del 21 de octubre de 2021, incurrió en los
defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente
vertical, y por consiguiente, vulneró los derechos fundamentales
invocados en protección por la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad, iii) el defecto fáctico y el
desconocimiento del precedente y iv) el caso concreto.

4.LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta

3
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.

www.consejodeestado.gov.co 8
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su

4
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

www.consejodeestado.gov.co 9
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

4.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.

(i) A diferencia de lo considerado por el a quo, esta Sala de Subsección
considera que la presente pretensión de amparo sí es de marcada

www.consejodeestado.gov.co 10
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

relevancia constitucional, en la medida en que se contrae a establecer
de manera central si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado con la providencia del 21 de octubre de 2021, incurrió en la
violación de los derechos de la parte accionante a la vida digna,
integridad personal, igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia;

(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la
providencia reprochada no procedía recurso alguno;

(iii) cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la interposición
de la acción se dio en un lapso «razonable y proporcionado» por cuanto
la providencia discutida se profirió el 21 de octubre de 2021, y
notificada el 15 de junio de 2022 y la tutela se presentó el 19 de octubre
de 2022;

(iv) de encontrarse probados los defectos alegados estos tienen la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
protección;

(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran transgredidos en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y

(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso de reparación directa.

www.consejodeestado.gov.co 11
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

4.2. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional 5 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa6, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva7, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su

5
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

www.consejodeestado.gov.co 12
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»8.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

4.3. DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE

De conformidad con la jurisprudencia constitucional , el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales , es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque
la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue
derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente,
(d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición” .

8
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.

www.consejodeestado.gov.co 13
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando se desconoce el precedente
judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese
permitido una decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia,
(x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad
frente a una manifiesta violación de la Constitución».

De acuerdo con lo anterior, este defecto, se presenta cuando el
funcionario judicial realiza una interpretación irrazonable,
desproporcionada, arbitraria y caprichosa de la norma o la
jurisprudencia aplicable al asunto, lo cual da lugar a una decisión que
es contraria a las garantías fundamentales.

Tratándose específicamente del defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente la Corte Constitucional, al efectuar el
estudio de exequibilidad respecto del artículo 4° de la Ley 169 de 18969,
precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los
jueces sólo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están
obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos
anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los

9
Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001.

www.consejodeestado.gov.co 14
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

fundamentos jurídicos que justifican su decisión”» Por tal razón, el
mismo Tribunal Constitucional consideró en la sentencia C-590 de
2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la
acción de tutela.

Existen dos categorías del precedente judicial, el horizontal, entendido
como las decisiones judiciales proferidas por autoridades del mismo
nivel jerárquico o el mismo funcionario y el vertical, comprendido como
las providencias judiciales expedidas por el superior funcional o
jerárquico o del órgano de cierre encargado de unificar la jurisprudencia
en su jurisdicción.

Respecto del precedente vertical10, la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en sostener, que la autonomía del juez se encuentra
limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de
superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una
de las jurisdicciones. A esta conclusión ha llegado en consideración a:
1) el principio de igualdad, que es vinculante para todas las
autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que
supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de
cosa juzgada, que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas,
seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es
cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza
razonable sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no puede
desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la

10
Corte Constitucional. Sentencia T-468 de 2003.

www.consejodeestado.gov.co 15
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del
Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia
en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección
jurídica; y 5) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque
es necesario un mínimo de coherencia a su interior 11.

4.3.1. DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GRAVES
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS: FLEXIBILIZACIÓN DEL
ESTANDAR PROBATORIO

La Corte Constitucional en sentencia SU-035 de 2018 unificó su
jurisprudencia en relación con el alcance del defecto sustantivo en
materia de graves violaciones de derechos humanos. Al respecto, dijo
que esta causal especifica de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial también se configura cuando existe un grave error
en la interpretación de las disposiciones legales aplicables, dentro de lo
cual se encuentra el hecho de no tener en cuenta el principio de
equidad12 previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 199813, que
permite la adaptación del estándar de prueba exigido en ciertos casos.

Por ejemplo, en materia de daños, en sentencia T-926 de 2014, la Corte
resaltó que la doctrina ha dicho que «en ausencia de medios probatorios
se suele acudir a la equidad para determinar el monto del daño. Esta

11
Corte Constitucional. Sentencia C-447 de 1997.
12
Corte Constitucional. Sentencia SU-060 de 20.
13
«Artículo 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de
Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación
integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales».

www.consejodeestado.gov.co 16
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

tendencia de la Corte parte del principio que algunas víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos no se encuentran en la misma
posición de igualdad procesal que otro tipo de peticionario ante
tribunales civiles ordinarios (muchas veces por la propia naturaleza del
daño, las víctimas no pueden llegar a reunir las pruebas necesarias para
acreditar el daño)».

En ese sentido, tratándose específicamente de asuntos en los que se
discuten graves violaciones de derechos humanos, como la muerte de
un civil en un enfrentamiento entre el ejército y fuerzas insurgentes, la
Corte Constitucional ha sido enfática en que en virtud del principio de
equidad se debe flexibilizar el estándar probatorio. Así lo indicó14:

«[…] Efectivamente, estos casos vinculan manifestaciones de poder irregular,
desequilibrios de fuerzas o estructuras de delincuencia institucional y organizada. En
consecuencia, es fácil suponer que en muchas situaciones haya una ruptura deliberada e
injusta de la correlación entre la prueba del daño y la prueba del perjuicio.[68]

No hay duda de que en tales casos específicamente determinados, con base en el contenido
axiológico y ontológico del principio de equidad, el rigor de una prueba pueda ser
flexibilizado en virtud de las potestades que la ley le ha conferido al juez en materia
probatoria y en aras de lograr la justicia material.

Las trágicas circunstancias que rodean a las violaciones de derechos humanos
entrañan múltiples dificultades probatorias. Por eso es cierto que hay dificultades de
prueba de ciertos daños, ya sea porque las víctimas no sabían que debían guardar la prueba,
o porque no estuvieron en condiciones de hacerlo o porque no pudieron. Por eso resulta
relevante que los jueces tengan en cuenta el tipo de población que participa en el proceso
y la clase de violación de derechos que sufrió, por ejemplo, las graves violaciones de
derechos humanos ocurridas con falla en el servicio deben ser valoradas de distinta manera
que la responsabilidad objetiva en la que el Estado actúa lícitamente.

Estas particularidades han llevado a que la jurisdicción colombiana aplique la equidad a
fin de garantizar los derechos de las víctimas […]».

14
Corte Constitucional. Sentencia T-926 de 2014.

www.consejodeestado.gov.co 17
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

Esta posición ha sido adoptada por el Consejo de Estado que, como
máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, tiene una
amplia línea jurisprudencial en la que, a partir del artículo 90 de la
Constitución Política, le ha imputado responsabilidad al Estado por
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de sus agentes con
sustento en el derecho internacional, el control de convencionalidad y
la flexibilización probatoria acogida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en asuntos donde se discuten graves violaciones a
los DD.HH.

En punto al tema, al resolver el caso Velásquez Rodríguez vs Honduras,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 29 de
julio de 1988, aseguró que la prueba directa no es la única en la que
se puede fundamentar el fallo, sino que la prueba circunstancial, los
indicios y las presunciones pueden ser utilizadas cuando de ellos se
infieran conclusiones consistentes sobre los hechos. Así se pronunció:

«131. La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de
denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar
la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte
de las víctimas».

Congruente con lo anterior, el Consejo de Estado ha sostenido15:

«En casos similares al que hoy corresponde decidir a esta Sala y en los cuales se ha
declarado la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de los deberes control
respecto del personal y los instrumentos de dotación oficial, la Sala que integra esta
Subsección del Consejo de Estado ha razonado bajo el siguiente tenor:

“Resalta la Sala que la Fuerza Pública ostenta la custodia y resguardo respecto de los
hombres e instrumentos destinados a la prestación del servicio a ella encomendado en la
Constitución Política y en el ordenamiento jurídico, por tal razón, debe existir un grado

15
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2016. Rad. Núm.:
730012331000200502702 01.

www.consejodeestado.gov.co 18
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

notable de disciplina y control estricto sobre sus agentes, su armamento y sus vehículos
automotores, ello con el fin de impedir que tales instrumentos -los cuales per se comportan
un riesgo-, sean utilizados para causar daños a los particulares y, más aún, que se destinen
a la comisión de actividades delictivas, todo lo cual lleva a deducir, como se indicó́, la
configuración de una falla en la vigilancia sobre los hombres e instrumentos a cargo de la
Policía Nacional, falla que está relacionada directamente con el hecho dañoso por cuya
indemnización se demandó́ ”16 (negrillas adicionales).

Todo lo anterior permite a la Sala imputar también tales daños antijurídicos a la
demandada a título de falla del servicio por omisión, en consideración a que el Ejército
Nacional tenía la obligación de ejercer control sobre el comportamiento y actuar de su
personal, todo ello con el fin de evitar que los hombres e instrumentos perviertan el
servicio a ellos encomendado, como en este evento aconteció́ .

Preocupa profundamente a la Sala el crecido número de casos en los cuales miembros de
la Fuerza Pública encubren bajo la apariencia de muertos en combate, homicidios que
obedecen a diversas circunstancias distintas a esa, la de un combate, por lo cual debe
decirse que se trata de una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones
graves a derechos humanos.

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha debido condenar en diversas
ocasiones a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por víctimas del
conflicto armado que, inexplicablemente, perdieron la vida en presuntos operativos
militares o en imaginarios combates con grupos organizados al margen de la ley, que al
examinarse los hechos, estos muestran otras realidades nacidas de los excesos de la guerra
y de una lógica aborrecible que encuentra enemigos en quienes solamente son civiles que
habitan en los lugares de conflicto. De estas situaciones fácticas se ha derivado la
responsabilidad del Estado bajo el título jurídico de imputación de falla del servicio por
las violaciones a deberes funcionales de origen convencional, constitucional y legal».

En ese orden de ideas, se configura el defecto sustantivo cuando no se
flexibiliza el estándar probatorio frente al principio de equidad en
asuntos que envuelven graves violaciones de DD.HH, lo cual desconoce

16
Cit. de cit. Consejo de Estado. «Sección Tercera. Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2015,
Exp. 35.574. en ese mismo sentido consultar sentencia de 24 de julio de 2013. Exp 23.958. En aquella
oportunidad la Sala declaró la responsabilidad del Estado por el hurto de unas esmeraldas a un particular
por parte de un agente de Policía que utilizó un vehículo oficial para perpetrar ese delito; para tal efecto, se
consideró́ que en virtud de la posición de garante’ frente a los objetos de dotación oficial (armas, vehículos
u otros elementos que impliquen peligro), los cuerpos de seguridad del Estado deben impedir que se cometan
daños y/o ilícitos con tales instrumentos de dotación y, en consecuencia, deben responder por los daños que
se cometan con los mismos; en tales eventos, no importa si se actuó́ o no con diligencia y, por lo tanto, basta
probar que se hubiere cometido el daño que estaba obligado a impedir para declarar la responsabilidad del
Estado».

www.consejodeestado.gov.co 19
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

el precedente que sobre la materia ha previsto la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado17.

5. ANÁLISIS DE LA SALA

De acuerdo con lo expuesto en el numeral anterior y a propósito del
segundo problema jurídico propuesto, la Sala de Decisión advierte lo
siguiente:

5.1. El contexto fáctico y jurídico del caso, puede resumirse de
la siguiente forma:

5.1.1. De los hechos narrados

Los señores Nicolas Peña Carvajal y Ubaldina Vera Peña contrajeron
matrimonio el 5 de enero de 1975, producto del cual nació José Eliecer
Peña Vera el 30 de mayo de 1977.

José Eliecer Peña Vera vivía con su familia en la finca El Vallado ubicada
en la vereda Piedra Azul del municipio de Concepción (Santander); era
un campesino que vivía del cultivo de papa y de comerciar animales;
trabajaba para su familia y ayudaba a sus padres de edad avanzada.

El 9 de diciembre de 2000, aproximadamente a las 6:30 am, José
Eliecer Peña Vera se encontraba en la casa de la finca El Vallado y salió
hacia el potrero a preparar unos bueyes para arar el terreno para
sembrar una huerta de papa con su padre. En ese momento, en una

17
Core Constitucional. Sentencia SU-060 de 2021.

www.consejodeestado.gov.co 20
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

casa de propiedad de Julio Roberto Carvajal Ortiz, que estaba sola, se
escuchó un tiroteo y en unos minutos llegaron tropas de la V Brigada
del Ejército disparando indiscriminadamente donde estaba el occiso.

Al llegar los militares, les preguntaron a los padres de José Eliecer Peña
Vera dónde estaban los guerrilleros, instante en el que ellos se dieron
cuenta que su hijo estaba muerto, unos metros adelante donde
preparaba a los bueyes, por las balas del Ejército.

La muerte de José Eliecer Peña Vera ha ocasionado a sus padres, abuela
y hermanos, con los que convivía, graves daños y perjuicios, puesto
que conformaban una familia unida, en la que se apoyaban
económicamente, de tal manera que su fallecimiento les causó un
hondo traumatismo.

5.1.2. Las decisiones judiciales proferidas en el marco del
proceso de reparación directa

La decisión de primera instancia. La Sala de Descongestión para los
Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar,
mediante sentencia del 30 de noviembre de 2004, declaró
administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional, por los daños y perjuicios ocasionados a los señores Nicolas
Peña Carvajal, Ubaldina Vera Peña, Osmedo Peña Vera, Araminta Peña
y Ana Joaquina Castro Cerinza, en calidad de padre y madre, hermano,
abuela materna y cuñada, respectivamente, del señor José Eliecer
Peña.

Como consecuencia de lo anterior, ordenó a la entidad demandada a

www.consejodeestado.gov.co 21
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

pagar por concepto de (i) perjuicios morales la suma de 100 s.m.l.m.v
para cada uno de sus padres; 80 s.m.l.m.v. para su hermano y su
abuela y 20 s.m.l.m.v. para su cuñada; y (ii) por lucro cesante el valor
de $ 9.673.969 para cada uno de sus progenitores.

El fundamento de la decisión se sintetiza en los siguientes argumentos:

«En el caso que nos ocupa, se tiene que en las primeras horas de la mañana del día 09 del
mes de diciembre del año 2000, en el sitio conocido como Tabetas del municipio de
Concepción (Sder), tropas del Batallón de Contraguerrilas No. 54 de la Brigada Móvil No.
3 en desarrollo de la orden de operaciones No. 15 denominada “BERLÍN” del Comando
de la citada Brigada Móvil, sostuvieron un enfrentamiento armado con un grupo de
hombres al parecer integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN, el cual culminó
con la baja de tres de sus miembros, por este suceso resultó muerto el humilde y sencillo
campesino el señor José Eliecer Peña Vera, de ocupación pequeño agricultor y ganadero,
quien se encontraba a esas horas en la fracción Carabobo, sector Piedra Azul, finca el
Vallado de la citada municipalidad, recogiendo unos bueyes para arar terreno, esto se pudo
comprobar dentro del expediente gracias a los testimonios que obran en el expediente (fls.
48 a 53), al contenido de la orden de operaciones No. 15 “BERLÍN” del 3 de diciembre
del 2000, suscrita por el señor jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil No. 3 como al
resultado de la misma (fls. 16 a 30 del cuaderno No. 2 de anexos de pruebas) y al acta de
levantamiento del cadáver como al resultado del protocolo de necropsia del ciudadano
PEÑA VERA (fls. 82 al 85 del cuaderno No. 3 de anexos de pruebas y 73 a 78 del cuaderno
principal).

Lo citado y transcrito es suficiente para concluir que, en este caso, el ejercicio lícito de
una actividad legitima de la administración (defensa del orden público y combatir la
subversión armada), y en beneficio de la comunidad, fue el causante del daño antijurídico
que se reclama, lo que realmente merece retenerse es que el Ejército cumplía su misión,
desarrollar una operación militar realizada contra agentes subversivos armados
generadores de violencia, que a esa hora y ese día hacían presencia en el mencionado
sector rural del municipio de Concepción – Santander, y en ejecución de la misma, se
causó la muerte de un particular ajeno al conflicto, quien sufriere por ende un daño que
desborda y excede los límites que normalmente están obligados a soportar los
administrados, la indemnización de los perjuicios debe correr a cargo del Estado.

[…]

En el caso que nos ocupa y para la definición del mismo la Sala tomará o aplicará la Teoría
del RÉGIMEN DE RIESGO DE RESPONSABILIDAD como título de imputación del

www.consejodeestado.gov.co 22
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

daño, pues es bajo esta perspectiva de acuerdo con la demanda y las pruebas que obran en
el expediente, que se deberá establecer la reparación de los perjuicios sufridos por los
demandantes, puesto que el daño de que se trata se produjo como consecuencia del riesgo
extremo a que se vieren sometidos los habitantes de la región por el enfrentamiento entre
supuestos insurgentes con efectivos militares.

Estas aseveraciones van más allá de las cargas a que están sometidos los administrados,
porque si se pierde la vida en circunstancias como las acá señaladas y analizadas, desde
luego que existirá una ruptura del principio de igualdad, contemplado en el artículo 13
constitucional, orientado a la distribución de las cargas públicas entre los asociados.

El hecho ocurrió, como ya se precisará, por la intervención del Estado y de terceros, y el
mismo produjo daños a los demandantes, los cuales son imputables a la Nación, porque
esta creo el riesgo físico y también porque jurídicamente el hecho le resulta imputable, al
no haberse demostrado, en primer lugar, que la conducta de los terceros, fuera exclusiva,
determinante y eficiente en la producción de los daños y, segundo lugar, o que existió
culpa exclusiva de la víctima directa o fuerza mayor.

En esa confrontación armada entre las tropas regulares del Estado y los supuestos
subversivos, se presentó un claro exceso de fuerza de los agentes oficiales contra la
persona que resultare muerta, pues no probaron la calidad de subversivo o delincuente de
JOSÉ ELIECER PEÑA VERA del que llaman agresor.

En efecto, no obra en el expediente prueba alguna ni aportada ni solicitada por la
demandada, sobre la supuesta vinculación de JOSÉ ELIECER PEÑA VERA, con algún
grupo subversivo, ni que esta se dedicara a actividades por fuera de la ley. Solo se probó
que este cuando perece se encontraba en finca de sus progenitores dedicado como de
costumbre a las labores agrícolas, además se comprobó que el occiso no portaba ninguna
clase de arma como se observa en la diligencia de inspección y de levantamiento de su
cadáver, todo lo anterior es claramente demostrativo que el señor JOSÉ ELIECER PEÑA
VERA, no tuvo nada que ver con el ataque guerrillero a las autoridades militares ni mucho
menos que era un subversivo. Contrario a lo afirmado por la demandada, debe presumirse
que PEÑA VERA no tenía antecedentes criminales, según se desprende del hecho que no
obren en el plenario oficios u otros informes o constancias de las autoridades judiciales y
de policía competentes. En igual sentido están las versiones de los testigos VÍCTOR
JULIO TORRES BASTO, RAÚL REYES ARIAS, TEOFILO CARVAJAL y HERMES
SIERRA CARVAJAL, respecto de la buena conducta del humilde, sencillo y laborioso
campesino, JOSÉ ELIECER PEÑA VERA, por el conocimiento directo que durante toda
la vida han tenido de él, ya que son compañeros de infancia, vecinos de vereda, con quien
ha alternado el desempeño de labores agrícolas y ganaderas, cuya única arma es el azadón,
persona de bien, quien convivía con su familia en la finca el Vallado, totalmente ajeno al
conflicto armado que vive nuestro país, persona respetuosa de la leyes y de las autoridades
a quien no le conociere vinculación alguna con la subversión.

www.consejodeestado.gov.co 23
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

Tenemos, de otro lado, que la actividad desplegada por el Ejército Nacional fue
previamente dispuesta por el superior militar respectivo, según se lee en la demanda y
aceptado por la entidad accionada.

Visto el dicho de la demanda frente a las versiones de los testigos, que son todas
coincidentes y razonables, merecedoras por ende de credibilidad a la luz de la sana crítica
testimonial, se desprende que había presencia de guerrilla en la zona y que se hacían
operativos militares, dirigidos a la supuesta captura o eliminación de integrantes de la
guerrilla. Adicionalmente, no existe prueba alguna en el plenario sobre la supuesta
agresión de JOSE ELIECER PEÑA VERA contra las tropas del Ejército, pues ni siquiera
se practicó la prueba de absorción atómica y de balística para determinar que PEÑA
VERA hubiese disparado armas contra la autoridad militar.

Debe decirse con claridad que el grave conflicto armado que enluta al país y que reclama
una más eficaz acción de las autoridades, no legitima nunca que las actividades de los
agentes del Estado sean asumidas al estilo de los que pueden ser considerados como
delincuentes, pues la sociedad espera de las autoridades un comportamiento diferente,
ajustado a las normas y al bien común que deben garantizar.

[…]

Reitera y concluye la Sala que para el caso presente el título de imputación jurídica
adecuado es el régimen de responsabilidad por riesgo, puesto que los hechos debidamente
probados, muestran que la conducta imputada al Estado efectivamente ocurrió por el
riesgo que creó al adelantar un operativo militar, (operación BERLIN) con utilización de
armas oficiales, en un lugar rural de nuestra geografía departamental, (provincia de García
Rovira) en el cual la vida transcurría sin mayores restricciones de orden público, y cuando
JOSE ELIECER PEÑA VERA se dedicaba a sus labores del campo como solía de
costumbre hacerlo, el servicio desplegado por la Nación en su valoración objetiva excedió
los inconvenientes a la prestación del servicio y las cargas normales que debían soportar
los administrados.

Establecido el primer elemento de configuración de responsabilidad por riesgo, esto es, la
muerte violenta de JOSE ELIECER PEÑA VERA, por el cruce de disparos entre
miembros del Ejército y la subversión armada, persona ajena al conflicto y cuya
pertenencia a la guerrilla no se probó en los más mínimo dentro del expediente, se
estudiará el otro, es decir el daño, teniendo al respecto como igualmente en la demanda se
afirmó definidamente que los actores Sufrieron daños moral y material, recepcionándose
al respecto varios testimonios y allegándose prueba testimonial, siendo así que los hechos
probados le indican a la sala el menoscabo moral, por la pérdida de afecto y la aflicción
que sufrieren los padres, el hermano, la abuela y la cuñada de JOSE ELIECER por las
circunstancias en que este perdiere la vida tan violentamente, como también por la pérdida

www.consejodeestado.gov.co 24
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

de la ayuda económica que recibían sus progenitores, como igualmente se acreditare el
monto de los gastos fúnebres que realizare su progenitor con el aporte de la respectiva
factura. En lo que respecta al último elemento de responsabilidad, esto es, el nexo de
causalidad, también lo debe probar el demandante, nexo que tiene que ser adecuado, es
decir que interrelacione el daño padecido y la conducta de riesgo probada contra el Estado
mediante prueba directa o indirecta, en la particular del caso, se evidencia con los medios
de prueba practicados, documentales y testimoniales, que el Estado creo un riesgo al
realizar un operativo de enfrentamiento con supuestos miembros del ELN en un lugar rural
en el cual la vida de sus moradores no tenía restricciones, del cual se desconoce cualquiera
otra situación distinta a la de que un tercero coparticipó en el enfrentamiento, hecho que
casualmente dice también de su cooperación jurídica pero que no fue ni única ni exclusiva;
que la víctima directa resultó muerta como consecuencia del desarrollo de dicho operativo
y posterior enfrentamiento y respecto del cual se sabe que no tuvo participación, ni única
ni concurrente, en la producción de su propia muerte, como equivocadamente lo
excepciona la apoderada judicial del ente accionado, de ahí que tal excepción sea
despachada negativamente.

Por lo tanto, cano se probó que el Estado creó el riesgo, con su operativo; y que el daño
padecido por los demandantes es imputable a la Nación, y no se demostró causa extraña
eficiente y determinante para enervar el nexo de causalidad establecido, hay lugar a
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado y disponer por parte de la
Sala la consecuente indemnización integral de daños y perjuicios.

En ese orden de ideas, es responsable el Estado por el daño producido, en la medida que
los agentes públicos al ejercer una actividad peligrosa crearon un riesgo y excedieron las
atribuciones constitucionales y legales, transgrediendo los derechos que precisamente
están llamados a proteger, como lo es en este caso la vida.

[…]»

Contra esta sentencia, la parte demandante presentó recurso de
apelación para que se incrementara el valor de los perjuicios morales
reconocidos a la abuela del fallecido; y la parte demandada, para que
se revocara, pues indicó que la investigación penal militar indicaba que
el señor José Eliecer Peña Vera estaba en el grupo de insurgentes que
atacó a los militares cuyo deceso se produjo luego del enfrentamiento
y que le encontraron material de guerra.

www.consejodeestado.gov.co 25
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

El trámite de segunda instancia

En el trámite de segunda instancia, las partes alegaron de conclusión y
el Ministerio Público rindió concepto en favor de los demandantes, en
los siguientes términos:

«3. Daño

La muerte de José Eliécer Peña Vera tuvo lugar el 9 de diciembre de 2000, en el Municipio
de Concepción (Santander) (fl. 4 C. 1). Se allegó también el protocolo de Necropsia (fls.
72 a 78 C. 1).

4. Título de imputación

El acervo probatorio permite tener como probado que la muerte de José Eliécer Peña Vera
fue resultado de la acción de miembros del Ejército Nacional, sin que existiera
justificación de ninguna índole, toda vez que, tal como lo señaló el a-quo, no se demostró
que éste hubiere agredido a las tropas, sino que, fue una víctima de la ejecución de un
operativo militar contra terceros.

En efecto, en criterio del Ministerio Público, el ente demandado tenía la carga de probar,
de manera irrefutable, que José Eliécer Peña Vera hacía parte de un grupo subversivo o
era auxiliador del mismo, y además que estaba con el grupo de guerrilleros que disparó
contra las tropas.

Estas circunstancias no tiene pleno respaldo probatorio, pues si bien los miembros del
Ejército señalaron que fueron hostigados por los subversivos - aunque al parecer no vieron
a quienes les dispararon-, y que después del cese del fuego hicieron el registro y
encontraron 4 cadáveres, lo cierto es que los 4 cadáveres no se encontraron en el mismo
sitio, y José Peña no estaba armado - aunque se dice que hallaron un maletín con cable y
baterías, ni vestía prendas de uso privativo de las fuerzas militares.

Además, las declaraciones de los testigos -recepcionadas en este proceso-son
contundentes y absolutamente claras en el sentido que José Eliécer Peña estuvo en una
reunión en la noche del viernes 8 de diciembre de 2000, y salió después de las 5:00 de la
mañana para la casa, a iniciar sus trabajos del campo; a los minutos de haber salido de la
reunión se iniciaron los disparos; esto es, no estaba con los supuestos subversivos a los
que el Ejército dio de baja.

[…]

Pues bien, se reitera que el análisis en conjunto de las pruebas, lleva a concluir que el daño

www.consejodeestado.gov.co 26
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

que sufrieron los actores es imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional, toda vez que en desarrollo de un operativo contra la insurgencia resultó muerto
José Eliécer Peña Vera, quien acababa de salir de una reunión, que se encontraba en sus
labores del campo, que no hacía parte del grupo guerrillero y que no accionó ninguna arma
contra las tropas.

En ese orden de ideas, la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada se debe
mantener».

La decisión de segunda instancia. La Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de fallo del 21 de octubre de
2021, revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander y, en
su lugar, declaró la culpa exclusiva de la víctima y negó las pretensiones
de la acción, con sustento en los argumentos que se transcriben a
continuación:

«9. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se
demostraron los siguientes hechos:

9.1. El 3 de diciembre de 2000, el comando de la brigada móvil nº. 3 del Ejército Nacional
en Bucaramanga profirió la orden de operaciones nº. 15 “Berlín”. Conforme al documento,
la misión consistía en que la brigada con los batallones contraguerrilla nº. 51, 52 y 54
condujeran operaciones ofensivas en varios municipios de Norte de Santander, para
impedir el paso de varias compañías y cuadrillas de la guerrilla de las FARC y el ELN,
según da cuenta copia auténtica del oficio nº. 2587FUDRA-BRIM3-B3-375 (f. 6 a 22 c.
2).

9.2. El 9 de diciembre de 2000 a las 6:30 a.m., José Eliécer Peña Vera murió en la vereda
Piedra Azul del municipio de Concepción, Santander, por un shock hipovolémico,
consecuencia de cuatro impactos de arma de fuego, según da cuenta copia auténtica del
registro civil de defunción y del formato de protocolo de necropsia del 10 de diciembre de
2000 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (f. 182 c. 2 y f. 73 a
78 c. 1)

9.3. El 10 de diciembre de 2000, el Juzgado 36 de Instrucción Penal Militar inició
indagación preliminar por los hechos del 9 de diciembre, según da cuenta copia auténtica
de la providencia del juzgado penal militar (f. 1 a 5 c. 2).

9.4. El 6 de junio de 2001, el Juzgado 84 de Instrucción Penal Militar se abstuvo de abrir
investigación penal formal por los hechos ocurridos el 9 de diciembre de 2000, en la

www.consejodeestado.gov.co 27
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

vereda “Piedra Azul”, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 250 a 259 c.
2).

9.5. El 30 de septiembre de 2003, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa
de los Derechos Humanos ordenó el archivo definitivo de las diligencias adelantadas por
la muerte de José Eliécer Peña Vera, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f.
290 a 295 c. 2).

9.6. José Eliécer Peña Vera era hijo de Nicolás Peña Carvajal y Waldina Vera Peña,
hermano de Osmedo Peña Vera y nieto de Araminta Peña, según da cuenta copia auténtica
de los registros civiles de nacimiento y partida de matrimonio (f. 5 a 7 c. 1).

Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad civil del Estado

10. El daño está demostrado porque José Eliécer Peña Vera murió por un shock
hipovolémico, consecuencia de cuatro impactos de arma de fuego [hecho probado 9.2].

11. La Sala reitera5 que el Estado puede exonerarse si se acredita que el daño provino de
una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un
tercero o de la propia víctima. Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto
de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada y para que se configuren deben
concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad
respecto del demandado6. Frente a la culpa exclusiva de la víctima como eximente de
responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que este
participó y que fue causa eficiente en la producción del resultado o daño7.

El orden jurídico impone a las personas –tanto las naturales, como las jurídicas, estas a
través de sus agentes– que en todos sus actos procedan con la prudencia y diligencia
necesaria, a fin de no causar daño a nadie. La culpa es un error de conducta, en que incurre
quien asume un comportamiento –por acción o por omisión– contrario al esperado, por
negligencia, imprevisión o impericia. La culpa en el ámbito de la responsabilidad civil –
tanto de los particulares como del Estado– es la conducta contraria a la que debiera haberse
observado (art. 63 CC). Una conducta desviada, bien por imprudencia, por ignorancia, por
torpeza o por otro motivo semejante8.

12. Según la demanda, la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, incurrió en
falla del servicio, porque en un enfrentamiento armado con integrantes de la guerrilla, los
soldados dispararon indiscriminadamente y asesinaron a José Eliécer Peña Vera. Aducen
que ese día la víctima salió a trabajar en el campo, no participó en el enfrentamiento y no
pertenecía a ningún grupo armado ilegal.

17. Conforme a las pruebas, en diciembre de 2000, el Ejército planeo una operación en los
municipios de Norte de Santander, contra la guerrilla de las FARC y el ELN. El 9 de

www.consejodeestado.gov.co 28
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

diciembre de 2000, miembros de los batallones contraguerrilla nº. 51, 52 y 54 de la brigada
móvil nº. 3 del Ejército Nacional hicieron presencia en la vereda “Piedra Azul”, Santander,
en cumplimiento de la orden de operaciones nº. 15 “Berlín”. Ese día, en horas de la
mañana, se presentó un enfrentamiento armado con supuestos subversivos de la guerrilla
del ELN, que dio como resultado la muerte de cuatro personas. Minutos después de que
terminó el enfrentamiento, los soldados bajaron los cuerpos. Dentro de esas cuatro
personas, fue identificado José Eliécer Peña Vera, que falleció por un shock hipovolémico,
consecuencia de cuatro impactos de arma de fuego y a quien le encontraron material de
guerra, de comunicaciones y de intendencia. Además, tanto la justicia penal militar y la
Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos
archivaron las indagaciones preliminares adelantadas por estos hechos, al concluir que la
presencia de los militares estaba justificada por el cumplimiento de un deber legal.

Las pruebas dan cuenta que José Eliécer Peña Vera se encontraba en el lugar del
enfrentamiento armado y que el Ejército encontró en su poder material de guerra, de
comunicaciones y de intendencia. Como estos hechos no fueron desvirtuados por la
demandante con otros medios de prueba, esta conducta de la víctima fue causa eficiente y
determinante para la ocurrencia del daño. Tampoco se probó que miembros del Ejército
dispararon “indiscriminadamente”, como afirmó la parte demandante. Ante la situación
creada por la propia víctima, la Sala declarará la configuración de una causa extraña que
impide el daño sea imputado a la demandada y en ese sentido revocará la sentencia de
primera instancia.

[…]».

De esta decisión se apartó el magistrado Jaime Enrique Rodríguez
Navas, quien salvó su voto. Al respecto, manifestó:

«Me aparté de la decisión mayoritaria, de revocar la sentencia del 30 de noviembre de
2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, fundamentalmente, porque
compartí, tanto el análisis que de la prueba que vino a este contencioso hizo el Tribunal
en primera instancia, como la decisión objeto de recurso.

En estos términos muy amablemente sustento mi salvamento de voto».

5.2. Solución al caso concreto

Contra la sentencia del 21 de octubre de 2021 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la parte

www.consejodeestado.gov.co 29
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

accionante alega la configuración de un defecto fáctico y de un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente.

Sobre el defecto fáctico, afirmó que se valoraron indebidamente las
pruebas pues no se tuvo en cuenta que en el proceso no se probó «que
portara armas, que disparara alguna clase de armas, no existe la
prueba de absorción atómica, no se probó que era guerrillero, ni que
tuviera antecedentes, los militares manipularon el cadáver, es decir lo
trasladaron a donde estaban los tres muertos en el supuesto combate,
es decir maquinaron la escena de los hechos, utilizaron la posición
dominante y aplicaron como de costumbre el modus operandi para
liberarse de cualquier culpa o responsabilidad […]».

En relación con el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, aseguró que no se consideró que la Corte Constitucional,
en sentencia SU-035 de 2018, señaló que tratándose de homicidios en
persona protegida o como comúnmente se denominan, falsos positivos,
«existe una nutrida línea jurisprudencial por parte de ese Tribunal
[refiriéndose al Consejo de Estado] y también de esta Corporación
sobre la flexibilización de los estándares probatorios en materia de
violaciones graves a los derechos humanos, admitiendo que demostrar
tal hecho mediante una prueba directa es casi imposible por la
vulnerabilidad de las víctimas y la posición dominante que ejercen las
Fuerzas Militares, por lo que se ha establecido que los indicios son los
medios probatorios que por excelencia permiten llevar al juez a
determinar la responsabilidad de la Nación, aplicando un rasero menor
que el que podría aplicarse en materia penal».

En este contexto, la Sala de Decisión considera que sí se configuraron

www.consejodeestado.gov.co 30
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

los defectos fáctico y desconocimiento del precedente alegados por la
parte accionante, por los motivos que se exponen a continuación:

5.2.1. De acuerdo con el precedente judicial de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
se debe flexibilizar el estándar probatorio tratándose de casos en los
que se dirimen asuntos de graves violaciones de derechos humanos.

Así las cosas, en el caso sub examine se discutió la responsabilidad del
Estado por la muerte de un civil, José Eliecer Peña Vera, durante un
enfrentamiento entre el Ejército Nacional y presuntos guerrilleros del
ELN en la vereda piedra azul del municipio La Concepción (Santander),
el 9 de diciembre de 2000.

Para lo que al asunto es relevante, se tiene que José Eliecer Peña Vera
nació el 30 de mayo de 1997 y era hijo de los señores Nicolás Peña
Carvajal y Waldina Vera Peña, según el registro civil de nacimiento
aportado en folio 5 del expediente ordinario, es decir que para el
momento de su deceso, ocurrido el 9 de diciembre de 2000 (lo cual
consta en el registro civil de defunción en folio 4 del expediente
ordinario), contaba con 23 años de edad.

De acuerdo con los testimonios recaudados en el proceso, rendidos por
los señores Hermes Sierra Carvajal, Teófilo Carvajal y Raúl Reyes Arias,
quedó demostrado que el joven José Eliecer Peña Vera era un
campesino, estaba dedicado a labores de agricultura y el día de
los hechos, luego de una fiesta en la casa de uno de sus vecinos, se
dirigió muy temprano a la finca de sus padres donde residía, a
sacar unos bueyes para arar la tierra que sembraría de papa.

www.consejodeestado.gov.co 31
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

Nótese a continuación:

✓ El señor Hermes Sierra Carvajal declaró:

«PREGUNTADO: Cuéntele al juzgado si usted conoció al señor JORGE ELIECER
PENA VERA, caso afirmativo desde cuándo y por qué motivos? CONTESTO: " SI señor
conocí al señor Jorge Eliecer Peña Vera, lo distinguía que vivía ahí con su familia con
NICODAS UVALDINA y la abuela de él de nombre ARAMINTA PENA, lo conocí
desde pequeñito y los motivos porque trabajamos ambos además éramos vecinos
siempre trabajamos en siembritas de papa con él y por eso lo conocí."
PREGUNTADO. ¿Sabe usted como se dieron los hechos en que murió JOSE ELIECER
PEÑA VERA, caso afirmativo explíquele al Despacho? CONTESTO: "Pues sí ese día
llegó el ejército y lo mataron ahí se formó una balacera y él estaba llevando unos
bueyes que se iba a poner a arar en la finca de ellos, que iban a sembrar una cosechita
de papa con el papá de él y se formó la balacera y ahí lo mataron". PREGUNTADO;
¿Dígale al Despacho el por qué de lo que usted acaba de mencionar? CONTESTO" Pues
me consta que a él lo mató el ejercito porque él se había ido de una fiestica que yo
tenía en la casa mía y esa mañana se fue como a eso de las seis de la mañana cuando
eso se formó la balacera y él iba con los bueyes Y me di cuenta porque somos vecinos
y cuando se formó la balacera entonces salimos a mirar y ahí entonces nos
encendieron a bala a la casa de nosotros entonces nosotros nos tocó encerrarnos, ahí
la casa me la acabaron […] entonces a nosotros nos tocó encerrarnos, ahí la casa me la
acabaron a plomo es que si uno ha estado llamado también ahí nos acaban.
PREGUNTADO. ¿Sabe usted donde habitaba para el día de la muerte JOSE ELIECER
PENA y que actividad se encontraba desarrollando? CONTESTO: El vivía en la casa de
él con los papás y él siempre se dedicaba a la siembra de papa y a ver el ganado."
PREGUNTADO. - Díganos si a usted le consta que JOSE ELIECER fuera auxiliar o
miembro activo de algún grupo guerrillero? CONTESTO: No señor eso él no era
guerrillero ni auxiliar nunca lo vi en eso, él la única arma que cargaba era el azadón
solamente cuando se iba a arar, llevaba la macheta, pero más armas nuca lo vi portar".
PREGUNTADO: ¿Sabe usted si el día en que murió JOSE ELIECER, en la misma zona
hubo combates del Ejercito Nacional contra grupos guerrilleros caso afirmativo si le
consta cuántos muertos hubo? CONTESTO: " Si los hubo porque se formó la balacera en
eso y se bajaron de para abajo para la casa de Nicolas Peña y a raíz de esa balacera fue
que murió José Eliecer la balacera se presentó más arriba de la casa de nosotros y bajaron
luego para la casa de Nicolas por ahí en ese trayecto". PREGUNTADO: ¿Sabe usted o le
consta si el día de la muerte del tantas veces citado JOSE ELIECER los padres del occiso
le reclamaron al ejército nacional que se trataba del hijo antes citado? CONTESTO: Si
claro ellos si le reclamaron le dijeron es nuestro hijo, déjenlo ahí porque es nuestro hijo
JOSE ELIECER el ejército no quiso dejarlo yo los vi se trasladaban en camiones iban
bastantes. PREGUNTADO. ¿Dígale al Despacho el por qué manifiesta usted que los
autores de la muerte de José Eliecer eran miembros del Ejército Nacional? CONTESTO:

www.consejodeestado.gov.co 32
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

Por las armas vestidos de tigre y es que (sic) así se viste el ejercito así camuflado […]»
Destacado de la Sala.

✓ Por su parte, el señor Teófilo Carvajal manifestó:

«PREGUNTADO: ¿Cuéntele al juzgado si usted conoció al señor José Eliecer Perla Vera
desde cuándo y porque motivos? CONTESTO: si señor yo lo conocí desde pequeñito pues
trabajamos ambos, éramos de la misma vereda Y nos ayudábamos unos con otros en
el trabajo. PREGUNTADO. ¿Sabe usted como se dieron los hechos en que murió José
Eliecer Perla, en caso afirmativo explíquele al Despacho? CONTESTO: Lo que pasó ese
día, ese día estábamos en una fiestecita el ocho de diciembre en la noche para
amanecer el nueve, entonces como José Eliecer tenía que venirse a agarrar unos
bueyes para venirse a trabajar y al ratico que se vino que serían como las cinco y media
de la mañana por ahí si él se despidió y se vino y como a las seis y media de la mañana se
formó una plomasera en una finquita que asiste ahí sola y ya se formó la plomasera y
nosotros entonces nos encerramos porque la casa donde estábamos también se sentía que
le caían tiros y al poco la plomasera se siguió así más de para abajo y ahí fue donde el
resultó muerto nosotros estábamos en la fiestecita en casa de Hermes Sierra Carvajal ahí
también estaba Raúl Reyes, ahí estaba Armando Peña y otros varias familias de ahí...
FREGUNTADO: ¿Para el día de la muerte de José Eliecer Perla que actividad desarrollaba
él? CONTESTO. -José Eliecer se dedicaba a la siembra de papa ajo era comerciante
en ganado compraba y vendía era muy avispón para el negocio, él habitaba ahí con
los padres, él vivía ahí en la finca el Vallado en la vereda Carabobo sector piedra
azul, ahí era donde él vivía con los papás. PREGUNTADO. - ¿Sabe usted si José Eliecer
Peña Vera era auxiliar o miembro activo de algún grupo guerrillero? CONTESTO: No
señor, no el no, él trabajaba era ahí en la finca".-PREGUNTADO-Dígale al Despacho
si usted sabe quién o quiénes son los directos responsables de la muerte de José Eliecer
Peña Vera, en caso afirmativo por qué? CONTESTO. - Pues creo el Ejército Nacional fue
el que lo mató, porque las armas del Ejército son conocidas ellos llevaban armas largas y
así vestidos de camuflados además iban en carros eso llevaban turbos camionetas
camiones eso habla muchísimo ejército. PREGUNTADO. - ¿Sabe usted cual fue el
resultado de la balacera que dice usted hubo cerca de la casa donde se encontraban en la
fiesta? CONTESTO. - El resultado fue que más tarde me enteré de cuatro muertos, uno de
ellos el civil que mataron que fue el muchacho José Eliecer y decían ahí que tres
guerrilleros. PREGUNTADO. -Para ese entonces cual era el comentario de la vecindad
sobre la muerte de José Eliecer Peña? CONTESTO: Pues ahí lamentar la muerte de él
porque era un muchacho tan buen trabajador y mejor dicho uno por eso lo extraña
porque era muy buen comerciante en ganado y trabajador» Destacado de la Sala.

✓ Por último, el señor Raúl Reyes Arias afirmó:

PREGUNTADO: ¿Cuéntenos si usted conoció al señor José Eliecer Peña

www.consejodeestado.gov.co 33
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

Vera, en caso afirmativo desde cuándo y por qué motivos? CONTESTO:"Si señor yo
conocía José Eliecer Peña Vera desde chiquito ahí criados todos en la vereda, ahí nos
ayudábamos a trabajar unos a otros q éramos vecinos ahí de las fincas, vivíamos cerquita".
PREGUNTADO: ¿Dígale al Despacho donde se encontraba usted el día de la muerte de
José Eliecer Peña? CONTESTO: "Pues nosotros estábamos en una fiestecita desde el día
anterior ocho de diciembre en la casa del señor HERMES SIERRA en la vereda Carababo
sector piedra azul, estábamos con los de la casa con TEOFILO CARVAJAL, el hermano
del finado Osmedo Peña Vera y siendo como las cinco y media o seis. aproximadamente
de la mañana, se fue el finado José Eliecer a coger uros bueyes para ponerse a trabajar,
era que José Eliecer también estaba en la fiesta y se fue a coger los bueyes para irse a
trabajar y siendo aproximadamente como las seis y cuarto o seis y media se escuchó un
plomeo por ahí arriba y ya salimos a mirar que pasaba y entonces en ese momento le
llegaron unos tiros a la casa y nos tocó meternos para adentro y no supimos más"..
PREGUNTADO: ¿En qué momento se enteró usted de la muerte de José Eliecer Peña?
CONTESTO: "Pues cuando ya llegó la razón que faltaba, que no aparecía y ya se vio el
ejercito ahí estaba el ejército". PREGUNTADO: ¿Dígale al Despacho si usted sabe
quiénes fueron los directos responsables de la muerte de Jose Eliecer Peñan, en caso
afirmativo por qué? - CONTESTO: "Eso fue el Ejercito Nacional y es que yo ví que
estaban vestidos de tigre y tenía fusiles largos, se transportaban en carros había
harto, mucho ejército". PREGUNTADO: Conoce usted la finca de Julio Roberto
Carvajal, en caso afirmativo a que distancia queda de donde habitaba Jose Eliecer Peña
Vera? CONTESTO: "Si señor conozco esa finca y queda vecina la una finca de la otra,
eso no queda sino una quebrada por medio"[…]» Destacado de la Sala.

A estas condiciones civiles, sociales y económicas no les dio
mayor peso la autoridad judicial accionada frente a los
testimonios de los militares que participaron en el
enfrentamiento, pues a partir de estos últimos fue que concluyó
que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, obviando que
el Ejército se encontraba en una posición dominante frente a la
víctimas y la flexibilización probatoria que se deriva de ello,
conforme ha sido reconocido por la Corte Constitucional, el
Consejo de Estado y quedó debidamente explicado en el
numeral 4.3.1. de esta providencia.

De acuerdo con el protocolo de necropsia realizado el 10 de diciembre
de 2000 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Forenses -

www.consejodeestado.gov.co 34
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

Seccional Pamplona, visible en los folios 73 a 78 del expediente, el
cadáver del joven José Eliecer Peña Vera fue trasladado por el
Ejército a la ciudad de Pamplona donde se realizó su
levantamiento por la Fiscalía 1ª de Vida de Pamplona. Del
examen quedó evidenciado que murió en enfrentamiento armado
por múltiples heridas por PAF (Proyectiles de Armas de Fuego)
lo que causó un shock hipovolémico, conforme se transcribe a
continuación:

1. INFORMACION DE REFERENCIA DEL CASO
Número de protocolo de necropsia: 052-2000 Acta de inspección No. 041.2000-12-10
Nombre del occiso: JOSE ELIECER PEÑA VERA EDAD: 23 AÑOS SEXO: M
Fecha de ingreso: Día: 10 Mes: 12 Año: 2000 Hora: Sin información
Procedencia del cadáver: Localidad-sitio-dirección: Vda. piedra azul, Concepción-S/der.
Autoridad que realizó el levantamiento: Fiscalía 13 de Vida - Pamplona.
Fecha de muerte: Día: 10 Mes:12 Año: 2000 Hora: 06:30 hrs
Fecha de necropsia: Día: 10 Mes: 12 Año: 2000 Hora: 12;35 Hrs Prosector: Médico Rural,
Disector : Gerson Basilio Carvajal Meneses
Certificado de defunción No.: A484500

2 RESUMEN DE DATOS PREVIOS Cadáver de hombre adulto de 23 años que en
información de autoridades fallece víctima de PAF en enfrentamiento armado en hechos
ocurridos en la Vda.Piedra Azul municipio de Concepción/Santander. El cadáver es
trasladado por el Ejército a Pamplona, es llevado al Batallón en donde se practica el
levantamiento luego se traslada a la morgue del Hospital local para la práctica de la
respectiva necropsia.

[…]

9 ANÁLISIS, CORRELACIÓN Y CONCLUSIÓN Cadáver de hombre adulto de 23
años que fallece en enfrentamiento armado en hechos sucedidos en la Vda. piedra azul,
Concepción (S/der). El cadáver es trasladado por el ejército a Pamplona en donde se
realiza el levantamiento y se solicita la respectiva necropsia. El examen externo revela:
Múltiples heridas por PAF en abdomen, Región lumbar y extremidades. El examen interno
revela: Laceración hepática, viceras huecas y renal. Esta información permite concluir:
Mecanismo de muerte: Schok Hipovolémico. Causa de muerte: Laceración hepática y
renal secundario a herida por PAF. Manera de muerte: Compatible con Homicidio.
Estados coadyuvantes: Laceración viceras huecas. Tiempo aproximado de Fallecido: 24 -
36 Horas».

www.consejodeestado.gov.co 35
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

En el proceso de reparación directa, la entidad demandada no justificó
por qué trasladó el cadáver del joven José Eliecer Peña Vera al
Batallón, de tal manera que no se pudo realizar una inspección
de la escena conforme lo previsto en el artículo 290 de la Ley
600 de 2000, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.
Esta circunstancia tampoco fue valorada por la autoridad judicial
accionada.

Por su parte, la autoridad judicial accionada aseguró que «Las pruebas
dan cuenta que José Eliécer Peña Vera se encontraba en el lugar del
enfrentamiento armado y que el Ejército encontró en su poder material
de guerra, de comunicaciones y de intendencia», sin embargo, no
existe prueba de absorción atómica que demostrara que el joven
disparó un arma y si bien se encontró material de guerra, no existe
ninguna prueba que brinde certeza sobre la vinculación de ese material
al joven José Eliecer Peña, sobre todo cuando los testimonios
recaudados, previamente citados, fueron consistentes en que era un
campesino y ese día estaba en la finca donde residía para sacar unos
bueyes con los que araría la tierra.

Aunque se demostró la existencia de una operación legitima, la
«Operación Berlín», en el marco de la cual sucedieron los hechos, razón
por la cual el juzgado de instrucción militar y la procuraduría delegada
disciplinaria archivaron la investigación, lo cierto es que el Ejército en
ningún caso está habilitado para actuar en contra de civiles, matar
civiles o disparar indiscriminadamente, pues su obligación es la de
observar y respetar el Derecho Internacional Humanitario 18. En tal

18
Particularmente el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las
personas civiles en tiempo de guerra.

www.consejodeestado.gov.co 36
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

sentido, estima la Sala que en el expediente no reposó prueba
concluyente que acreditara que el joven José Eliecer Peña era un
guerrillero, disparó un arma, atacó o se opuso al Ejército, y, en ese
sentido, era imposible justificar su muerte en el marco de dicha
operación.

La configuración de la culpa exclusiva de la víctima exige que se
demuestre la negligencia, imprevisión o impericia. Ninguno de estos
elementos fue acreditado en el proceso contencioso administrativo,
pues si el señor José Eliecer Peña Vera se encontraba en el lugar en
que ocurrió el enfrentamiento no fue por su negligencia, imprudencia o
impericia, sino porque era su residencia y su lugar de trabajo y ese día
se dirigía a realizar sus actividades de agricultor: arar la tierra para
sembrarla, estas circunstancias no fueron debidamente valoradas por
la autoridad judicial accionada cuando aseguró que se configuró esta
causal eximente de responsabilidad.

Por estos motivos, la Sala de Decisión considera que la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado al proferir la decisión del
21 de octubre de 2021 en el proceso de reparación directa, radicado
68001-23-31-000-2001-01137-01(31674), incurrió en un defecto
fáctico y en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente,
toda vez que al concluir sobre la culpa exclusiva de la víctima, la
valoración probatoria que realizó no se acompasó al precedente de la
Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado sobre
flexibilización probatoria en casos de graves violaciones de derechos
humanos, pues aplicó dicha causal liberadora de responsabilidad aun
cuando se trató de la muerte de un civil a causa de un enfrentamiento
armado respecto del cual no se acreditó una vinculación al conflicto

www.consejodeestado.gov.co 37
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

como parte de algún grupo armado al margen de la ley y tampoco
existió prueba de su imprudencia, impericia o negligencia.

En ese sentido, no se advierte en la sentencia deprecada que la
autoridad judicial le otorgara la relevancia debida a los testimonios
recaudados de acuerdo con los cuales el joven José Eliecer Peña Vera
era un campesino, que el día de los hechos se encontraba en su lugar
de residencia dispuesto a realizar las actividades de agricultura que
normalmente hacía (exactamente, sacar unos bueyes para arar la
tierra) y que no existió en el proceso prueba que lo vinculara al uso de
material bélico encontrado. Tampoco se observa una valoración debida
sobre el traslado del cadáver al Batallón, de tal manera que no se
permitió su inspección en el lugar en el que ocurrió el deceso,
circunstancia que debió considerarse a efectos de adoptar la posición.

Como consecuencia de lo anterior, la decisión impugnada será revocada
y en su lugar se ampararán los derechos a la vida digna, integridad
personal, igualdad, debido proceso y acceso a la administración de
justicia de la parte accionante. Por consiguiente, se dejará sin efectos
el fallo atacado y se ordenará a Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que profiera una decisión de reemplazo en la que se
observen las consideraciones señaladas en esta providencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

www.consejodeestado.gov.co 38
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 11 de noviembre de 2022
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
que declaró improcedente el amparo solicitado respecto
al defecto fáctico, por el no cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional y lo negó frente al
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia. En su lugar,

SEGUNDO. AMPARAR los derechos a la vida digna, integridad
personal, igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia de los señores Nicolás Peña
Carvajal, Ubaldina Vera Peña, Osmedo Peña Vera y Ana
Joaquina Castro Cerinza. En consecuencia,

TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la decisión del 21 de octubre de
2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa
radicado 68001-23-31-000-2001-01137-01(31674), por
los motivos señalados en las consideraciones de este
fallo,

CUARTO. ORDENAR a la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que en un término no superior a los
veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente fallo profiera una decisión de reemplazo en la

www.consejodeestado.gov.co 39
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 55 6 5- 0 1
A c ci o na n t e: N ic o lá s P e ñ a C ar va j al

que se tengan en cuenta las consideraciones de esta
providencia de tutela.

QUINTO. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí
contemplados.

SEXTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable
Corte Constitucional para su eventual revisión.

SÉPTIMO. REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

www.consejodeestado.gov.co 40
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.