Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05574-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05574-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05574-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
13 de abril de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05574-01
Demandante: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05574-01
Demandantes: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO, UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE
RIESGO DE DESASTRES Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR
DE LA AMAZONÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Defectos sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial y fáctico
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por las entidades accionantes, quienes actúan mediante apoderado
judicial, contra la sentencia de 13 de diciembre de 2022, dictada por la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la
acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Los accionantes1 relataron que el señor Jorge Armando Gaviria López y otros, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra
la Nación, Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
UNGRD, el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa, con el fin de que
se les declarara patrimonial y administrativamente responsables por los perjuicios
causados con ocasión de la avalancha ocurrida el 31 de marzo de 2017, en el
municipio de Mocoa.
Afirmaron que el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá en
sentencia de 30 de junio de 2021, declaró probada la falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto de la Nación - Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y Ministerio del Interior. De otro lado, declaró probado
el eximente de responsabilidad de fuerza mayor, por lo que negó las pretensiones
de la demanda con sustento en que si bien “el fenómeno natural de avenida
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El apoderado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó la solicitud de amparo como apoderado de
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Corporación Autónoma Regional para El Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonía
1
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Demandante: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Otros
torrencial ocurrido el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, en Mocoa, resultaría
imputable a las entidades demandadas (…), por la omisión en la prevención de
desastres naturales por los menos de tipo inundación, no lo es menos que dadas
(SIC) circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo aquí ocurrido se trató de una
avenida torrencial de grandes dimensiones que afecto al 30% de ese municipio y
causó la pérdida de más de 300 vidas humanas”. Por consiguiente, consideró que
el daño era imputable a una fuerza extraña, por lo que se rompe el nexo causal
entre el hecho y el daño alegado.
Finalmente, manifestaron que contra la anterior la parte demandante interpuso
recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “B”, mediante fallo de 17 de junio de 2022 la revocó y, en su
lugar, declaró la responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible
del Sur de la Amazonia, al departamento de Putumayo y al municipio de Mocoa, al
considerar que de las pruebas se evidenciaba que era un evento previsible por las
entidades condenadas y pese a esto, no desarrollaron labores tendientes a
salvaguardar la vida e integridad de los pobladores del municipio de Mocoa.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora2 presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, supuestamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “B”, con la sentencia de 17 de junio de 2022, en la que se declaró
responsable a la UNGRD, a Corpoamazonía, al departamento del Putumayo y el
municipio de Mocoa, por los perjuicios causados por la avenida torrencial que
ocurrió el 31 de marzo de 2017.
En primer lugar, se refirieron a los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela respecto de los cuales concluyeron que se encontraban
superados.
Luego, afirmaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que
desconocieron lo regulado en el artículo 64 del Código Civil que se refiere a la
fuerza mayor y las sentencias de 21 de mayo de 20213 de la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado y SU-446 de 20164, “que establece que un
hecho es imprevisible, cuando a pesar de ser previsible ocurre de forma repentina
o súbita para el demandado o cuando las consecuencias del hecho son
imprevisibles”.
Agregaron que el desconocimiento de las mencionadas sentencias generó un
efecto en la resolución del caso, pues la avenida torrencial de marzo de 2017
ocurrió en un mes donde usualmente las precipitaciones no son fuertes y, además,
que la lluvia demoró alrededor de unas 3 horas, lo que no había ocurrido en los
últimos 20 años.
2
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está legitimada para asumir la calidad de demandante de las
entidades del Estado de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 4085 de 2011, modificado por el artículo 1 del Decreto 2269
de 2019. ARTÍCULO 6o. FUNCIONES. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cumplirá las siguientes
funciones: (…) 3. En relación con el ejercicio de la representación: (i) Asumir, en calidad de demandante, interviniente,
apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la ley, la defensa jurídica de las entidades y organismos de la
Administración Pública, y actuar como interviniente en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén
involucrados los intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios: la cuantía de las
pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número de procesos similares; la reiteración de los
fundamentos tácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos
propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente de
jurisprudencia; (ii) Designar apoderados, mandatarios o agentes para el cumplimiento de la función anterior. (…)”.
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Radicado No. 17001-23-33-000-2013-00012-01, M.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
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M.P.: María Victoria Calle Correa.
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De igual modo, afirmaron que en la sentencia objetada se incurrió en un defecto
fáctico en su dimensión positiva, por la indebida valoración de las pruebas,
pues de estas no se demostraban la previsibilidad respecto a la magnitud del
fenómeno natural ni sus consecuencias, en especial se refirió a los siguientes
documentos:
• Escrito denominado “identificación y caracterización de sitios críticos de
amenaza”, elaborado por Corpoamazonía en marzo de 2014.
• el Acuerdo No.028 de 22 de diciembre de 20085.
• El “INFORME DE AVANCE ANÁLISIS DE AMENAZAS Y
VULNERABILIDAD GEOLÓGICA EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA
TARUCA Y SANGOYACO PARA EL ÁREA RURAL, SUB-URBANA Y
URBANA DE LA POBLACIÓN DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO”.
• El documento de seguimiento y evaluación del plan básico de ordenamiento
territorial del municipio de Mocoa y departamento del Putumayo, elaborado
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial y
Corpoamazonía en diciembre de 2009.
• El “INFORME TÉCNICO EVENTO AVENIDA TORRENCIAL OCURRIDA
EN LA CIUDAD DE MOCOA (PUTUMAYO) EL 31 DE MARZO DE 2017”,
desarrollado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres el 31 de marzo de 2017.
Señalaron que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico en su
dimensión negativa, pues no tuvo en cuenta el informe del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, ni la declaración rendida
por el ingeniero civil Jorge Armando Buelvas, funcionario de Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales advirtieron que los efectos de la
avenida torrencial fueron imprevisibles, inusitados y repentinos.
Indicaron que las pruebas del expediente ordinario no se valoraron en conjunto,
pues solo se analizaron aquellas que señalaban que la avenida torrencial era un
hecho predecible sin considerar lo resuelto por el IDEAM, entidad que señaló que
fue un evento inusitado y repentino.
Por último, resaltaron que en la providencia objetada no se tuvieron en cuenta las
sentencias de 4 de junio de 20216 y de 30 de julio de 20217 de la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado, así como el fallo de 11 de octubre de 20218
de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formuló la siguiente:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y a la IGUALDAD de la
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES y la CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA, vulnerados con la
actuación de la autoridad judicial accionada.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 17 de junio de 2022 proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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“Por medio del cual se ajusta, complementa y adopta el plan básico de ordenamiento territorial para el municipio de San
Miguel de Agreda Mocoa, se redefinen los usos del componente urbano y se dictan disposiciones para el suelo suburbano,
suelo rural y de protección. El Concejo Municipal del municipio de Mocoa, en uso de sus facultades constitucionales, legales
y reglamentarias en especial las contenidas en la Ley 388 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios”.
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Radicado No.: 08001-23-31-000-2013-00188-02, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicado No.: 08001-23-33-004-2013-00208-01, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
8
Radicado No.: 25000-23-26-2008-00177-01, M.P.: Alberto Montaña Plata.
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TERCRO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca proferir nuevamente sentencia dentro del medio de control de reparación directa
No. 11001-33-36-031-219-00047-01 teniendo en cuenta el alcance probatorio de las pruebas
aportadas al proceso y el precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que
interpretó el artículo 64 del Código Civil acerca de la fuerza mayor y el caso fortuito”.
4. Pruebas relevantes
A través de correo electrónico de 8 de noviembre de 2022, la secretaría de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió link de
acceso al cuaderno principal del expediente digital No. 11001-33-36-031-2019-
00047-01, que contiene las actuaciones del medio de control de reparación directa
que adelantó el señor Jorge Armando Gaviria López y otros contra la Nación,
Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres– UNGRD,
el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa.
5. Trámite procesal
Por auto de 25 de octubre de 2022, la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, razón por la cual ordenó notificar a
la parte demandante y a la autoridad judicial accionada, así como a la Nación,
Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, al departamento de Putumayo y al señor Jorge Armando Gaviria López
junto con los demás demandantes del proceso de reparación directa. Con el fin de
notificar a estos últimos, comisionó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “B”, por lo que libró despacho comisorio con los
insertos del caso.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República
En escrito de 11 de noviembre de 2022, el apoderado coadyuvó las pretensiones
de la acción de tutela, en razón a que la sentencia objetada incurrió en los
defectos alegados por la parte accionante.
Afirmó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial, en
concreto, la sentencia de 4 de junio de 2021 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la que se negaron las pretensiones tendientes a declarar la
responsabilidad del Estado por los daños causados por la ruptura del Canal del
Dique que causó la inundación a los predios de los demandantes, en razón a que
la ola invernal de 2010 fue un hecho imprevisible, irresistible y externo.
Por último, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
defecto fáctico, toda vez que dio un valor probatorio que no tenían las pruebas del
expediente, pues si bien con ellas se acreditó que las lluvias y avenida torrencial
de marzo de 2017 era un hecho previsible, estas no demostraron la previsibilidad
de las consecuencias del fenómeno natural. Además, que no se tuvo en cuenta el
informe del IDEAM y la declaración rendida por el ingeniero civil Jorge Armando
Buelvas.
6.2. Respuesta del departamento del Putumayo
En oficio de 10 de noviembre de 2022, la apoderada de la entidad pidió que se
accediera a las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la autoridad
judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de las entidades
accionantes.
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Insistió en que la autoridad judicial accionada no valoró adecuadamente las
pruebas allegadas en el curso del proceso de reparación directa, además que no
se tuvo en cuenta el informe que presentó el IDEAM.
Sostuvo que no está acreditada la falla en el servicio, para lo cual, resaltó que el
artículo 167 del Código General del Proceso dispone que incumbe a las partes
probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen, cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio
y que responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria,
lo cual no cumplió la parte demandante.
Afirmó que la sentencia objetada carece de un estudio global de las pruebas, pues
de haberse analizado el informe del IDEAM en marzo de 2021, se hubiese
concluido que el fenómeno natural ocurrido en el municipio de Mocoa, fue un
evento extraordinario de tal magnitud y particularidad que adquirió el carácter de
imprevisible e irresistible, configurándose así la causal eximente de
responsabilidad de fuerza mayor.
Finalmente, manifestó que “el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desconoció el precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que
establece que un hecho es imprevisible, cuando a pesar de ser previsible ocurre
de forma repentina o súbito para el demandado o cuando las consecuencias del
hecho son imprevisibles, pues la avenida torrencial de marzo de 2017 ocurrió en
un mes donde usualmente las precipitaciones no son fuertes, las lluvias se
concentraron en 3 horas, no había ocurrido una situación parecida en más de 20
años y ninguna de las pruebas predijeron la magnitud y consecuencias de la
avenida torrencial”.
6.3. Respuesta del municipio de Mocoa
En escrito de 11 de noviembre de 2022, el alcalde municipal coadyuvó las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la autoridad judicial
accionada no efectuó una valoración estricta de todas las pruebas del expediente
ordinario, de las que se evidenciaba el rompimiento del nexo causal, pues el daño
se generó como consecuencia de un hecho imprevisible e irresistible.
Afirmó que el tribunal accionado no tuvo en cuenta todas las acciones
desplegadas por el municipio de Mocoa, con el fin de mitigar el riesgo a partir de
su deficiente capacidad presupuestal.
Señaló que en el expediente ordinario existían suficientes pruebas para que la
autoridad judicial accionada concluyera que lo ocurrido el 31 de marzo de 2017
constituyó un hecho extraordinario que desbordó los límites y capacidades
administrativas y presupuestales del municipio.
Agrego que el informe del IDEAM evidenciaba que las precipitaciones que
ocurrieron el día de la avenida torrencial duraron alrededor de 3 horas, por lo que
el hecho dañino devino de una situación imprevisible e irresistible.
Por último, manifestó que la autoridad judicial debió tener en cuenta los
precedentes judiciales de los Juzgados Administrativos de Bogotá y los Tribunales
Administrativos de Cundinamarca y Nariño que negaron las pretensiones de las
demandas por los daños causados a los habitantes del municipio de Mocoa, con el
fin de evitar inseguridad jurídica.
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6.4. El señor Jorge Armando Gaviria López junto con los demás demandantes del
proceso de reparación directa se les notificó junto con su apoderado, pese a lo
anterior guardaron silencio aun cuando se les notificó en debida forma del auto
admisorio de la acción de tutela.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 13
de diciembre de 2022, negó las pretensiones de solicitud porque no se
configuraron los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial.
Señaló que la autoridad judicial accionada valoró, entre otros documentos, el
Acuerdo No. 36 de 9 de diciembre de 2000, el informe de Corpoamazonía, el
documento de seguimiento y evaluación del plan básico de ordenamiento territorial
del municipio de Mocoa – departamento del Putumayo, elaborado por
Corpoamazonía, el Convenio Interadministrativo 596 de Corpoamazonía y la
gobernación de Putumayo, escrito denominado “Identificación y caracterización de
sitios críticos de amenaza” en Mocoa elaborado por Corpoamazonía y la
intervención del congresista Orlando Guerra de la Rosa el 5 de agosto de 2015, de
las cuales encontró que durante el 2002 y 2008 se advirtieron los riesgos más
comunes de desastres naturales en el municipio antes mencionado.
Agregó que las principales zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgos del
municipio estaban asociadas a las corrientes de agua, que al bajar de la cordillera
y montañas aledañas podían producir erosión y avenidas torrenciales al igual que
la fuerte precipitación por cuestiones climáticas produce también inundaciones.
Sin embargo, los deslizamientos por escorrentía y la amenaza de avenidas
torrenciales era lo que realmente afectaba y ponía en permanente riesgo a la
población.
Sostuvo que dentro del trámite de primera instancia del proceso ordinario se
recepcionó declaración del ingeniero civil Jorge Armando Buelvas Farfán,
profesional especializado de la UNGRD, quien explicó el Subsistema de Gestión
del Riesgo: (i) conocimiento del riesgo, (ii) la reducción del riesgo y (iii) manejo de
desastres. Del estudio de las pruebas antes mencionadas, el tribunal accionado
precisó que si bien es cierto que la avenida torrencial es un fenómeno de la
naturaleza que supera la voluntad humana, pues su causalidad reside únicamente
en los eventos naturales, en este caso no se trataba de un asunto imprevisible,
pues solamente del informe o relación de eventos naturales del municipio de
Mocoa, expedido por Corporamazonía se relacionan 46 avenidas torrenciales
producidas por los ríos de Mocoa, Mulato, Sangoyaco, Repino, Rumiyaco,
Quebrada Turquía, así como 50 eventos por inundaciones y 99 deslizamientos.
Indicó que para el tribunal accionado resultaba plenamente previsible para las
autoridades administrativas del municipio, y pese a lo anterior ninguna entidad
ejecutó labores tendentes a salvaguardar la vida e integridad de los pobladores de
las áreas amenazadas.
Resaltó que aunque el desastre natural fuese externo, irresistible y de ocurrencia
súbita, ello no implica que sea un hecho imprevisible, toda vez que al proceso se
aportaron abundantes documentos referentes al historial de fenómenos
hidrológicos, y que desde 2014 las entidades demandadas en el medio de control
de reparación directa se comprometieron a aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para ejecutar de manera conjunta el proyecto de
apoyo a la mitigación de riesgos mediante la realización de estudios detallados de
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amenaza de inundación con referencia a una máxima avenida de las quebradas
Taruca y Conejo en el municipio de Mocoa.
Afirmó que las entidades demandadas estaban obligadas a realizar acciones
propensas a prevenir el daño y (i) no ejecutaron las acciones necesarias y
pertinentes, tendentes a conjurar la destrucción descomunal presentada en Mocoa
por los hechos materia del proceso, (ii) desconocieron la participación coordinada
y planificada en los diferentes niveles del territorio a instancias de articulación
necesaria para las adecuadas gestiones del riesgo y ambiental y (iii) omitieron el
deber de vigilancia y cuidado para adoptar las medidas de prevención requeridas
en el caso concreto, pues ni siquiera se contaba en el momento de los hechos con
un sistema de alertas tempranas en el municipio.
Por último, manifestó que en el presente asunto se configuraron los defectos
alegados, toda vez que las conclusiones a las que llegaron los funcionarios
judiciales para resolver el caso y negar las solicitudes de la parte demandante no
obedecieron al capricho o arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino
que, por el contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación
normativa y jurisprudencial.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó que se revoque y,
en su lugar, para que acceda al amparo constitucional solicitado.
Afirmaron que en la sentencia impugnada no se resolvieron los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial, pues frente al primero, se alegó que en la
sentencia objetada se concluyó erróneamente que la avalancha ocurrida el 31 de
marzo de 2017 en el municipio de Mocoa era previsible, cuando lo cierto es que
los elementos de convicción permitían advertir que lo previsible era una avenida
torrencial, más no una avalancha de la magnitud o grado de afectación como la
que se presentó, a lo que agregó que no se valoraron dos pruebas fundamentales
que demostraban que la avalancha fue imprevisible, específicamente, el oficio de
6 de marzo de 2021 expedido por la directora del IDEAM y el testimonio técnico
rendido por el ingeniero civil Jorge Armando Buelvas, funcionario de la UNGRD.
Agregaron que en el escrito de tutela se alegó el desconocimiento de las
sentencias de 4 de junio de 2021, de 30 de julio de 2021 y de 11 de octubre de
2021 de la Sección Tercera del Consejo de Estado que resolvieron casos similares
relacionados con desastres naturales.
Indicaron que para determinar si la sentencia objetada presentaba un defecto
fáctico positivo, necesariamente el juzgador de primera instancia debió valorar
aquellas pruebas que se identificaron en el escrito de tutela, para determinar si de
ellas era posible, con base en la lógica, la sana crítica y las reglas de la
experiencia, arribar a la inferencia de la autoridad judicial accionada o si le asistía
razón a los accionantes, y que de aquellas pruebas no era posible inferir que la
avalancha ocurrida era previsible.
Sostuvieron que para determinar si la sentencia objetada había incurrido en un
defecto fáctico negativo, necesariamente se debió valorar el oficio del 6 de marzo
de 2021 expedido por la directora del IDEAM y el testimonio técnico rendido por el
ingeniero civil Jorge Armando Buelvas, funcionario de la UNGRD, para
posteriormente establecer si de dichas pruebas era posible concluir que la
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avalancha ocurrida en el municipio de Mocoa constituyó un fenómeno de la
naturaleza de características imprevisibles e irresistibles.
Agregaron que para establecer si la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente judicial vertical fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
la decisión impugnada se debió hacer referencia a las providencias que se
señalaron en el escrito de tutela, para determinar si en realidad constituía
precedente judicial para el caso concreto, extraer la regla jurídica que debió
observar la autoridad judicial accionada y, finalmente, establecer si fue
desconocida por la autoridad judicial accionada.
Finalmente, manifestaron que en la sentencia impugnada no se realizaron los
juicios de valoración probatoria y de argumentación jurídica, para efectos de
determinar la existencia de los defectos alegados por las entidades accionantes,
sin embargo, ninguno se hizo, por lo que no está precedida de la motivación
necesaria, constituyendo una falta al deber de motivación que exige toda
providencia judicial en virtud del artículo 29 de la Constitución Política.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 13 de diciembre de 2022, dictada por la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la
demanda, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “B” supuestamente incurrió en los defectos i) fáctico, por indebida
valoración del documento denominado “identificación y caracterización de sitios
críticos de amenaza”, el Acuerdo No.028 de 22 de diciembre de 2008, el
“INFORME DE AVANCE ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
GEOLÓGICA EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA Y SANGOYACO
PARA EL ÁREA RURAL, SUB-URBANA Y URBANA DE LA POBLACIÓN DE
MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, el documento de seguimiento y
evaluación del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Mocoa -
departamento del Putumayo, elaborado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y Corpoamazonía en diciembre de 2009 y el “INFORME
TÉCNICO EVENTO AVENIDA TORRENCIAL OCURRIDA EN LA CIUDADA DE
MOCOA (PUTUMAYO) EL 31 DE MARZO DE 2017”, además que no se valoraron
el informe del IDEAM, ni la declaración rendida por el ingeniero civil Jorge
Armando Buelvas, y en ii) desconocimiento del precedente judicial, pues no
tuvo en cuenta las sentencias de 4 de junio de 2021 y de 30 de julio de 2021 de la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, así como el fallo de 11
de octubre de 2021 de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
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tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos9 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos10, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en
virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201211, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
201412, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200513.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico14; (ii) Defecto procedimental absoluto15; (iii)
Defecto fáctico16; (iv) Defecto material o sustantivo17; (v) Error inducido18; (vi)
Decisión sin motivación19; (vii) Desconocimiento del precedente20 y (viii) Violación
directa de la Constitución.
9
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
10
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
11
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
12
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
15
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
16
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
17
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
18
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
19
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
20
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
9
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Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo21 y de la Corte
Constitucional22.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, puestamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “B”, con la sentencia de 17 de junio de 2022, al supuestamente incurrir
en los defectos i) sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda
vez que desconocieron las sentencias de 21 de mayo de 2021 de la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado y SU-446 de 2016 de la Corte
Constitucional, “que establece que un hecho es imprevisible, cuando a pesar de
ser previsible ocurre de forma repentina o súbita para el demandado o cuando las
consecuencias del hecho son imprevisibles” y en ii) fáctico en su dimensión
positiva, por indebida valoración del documento denominado “identificación y
caracterización de sitios críticos de amenaza”, el Acuerdo No. 028 de 22 de
diciembre de 2008, el “INFORME DE AVANCE ANÁLISIS DE AMENAZAS Y
VULNERABILIDAD GEOLÓGICA EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA
Y SANGOYACO PARA EL ÁREA RURAL, SUB-URBANA Y URBANA DE LA
POBLACIÓN DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, el documento de
seguimiento y evaluación del plan básico de ordenamiento territorial del municipio
de Mocoa - departamento del Putumayo elaborado por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y Corpoamazonía en diciembre de 2009 y el
“INFORME TÉCNICO EVENTO AVENIDA TORRENCIAL OCURRIDA EN LA
CIUDADA DE MOCOA (PUTUMAYO) EL 31 DE MARZO DE 2017”.
Adicionalmente, invocó el defecto fáctico en su dimensión negativa, porque no
se valoró el informe del IDEAM y la declaración rendida por el ingeniero civil Jorge
Armando Buelvas.
Igualmente, resaltaron que en la providencia objetada no se tuvieron en cuenta las
sentencias de 4 de junio de 202123 y de 30 de julio de 202124 de la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado, así como el fallo de 11 de octubre de
202125 de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado.
En primera instancia, por sentencia de 13 de diciembre de 2022, la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado negó las pretensiones de la
21
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
22
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
23
Radicado No.: 08001-23-31-000-2013-00188-02, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
24
Radicado No.: 08001-23-33-004-2013-00208-01, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
25
Radicado No.: 25000-23-26-2008-00177-01, M.P.: Alberto Montaña Plata.
10
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acción de tutela, al considerar que los accionantes no demostraron que la
valoración realizada por la autoridad judicial accionada incurriera en el defecto
fáctico alegado.
En el escrito de impugnación, la parte actora únicamente insistió en que la
autoridad judicial accionada en la sentencia objetada incurrió en los defectos
fáctico en sus dimensiones positiva y negativa y por desconocimiento del
precedente judicial, este último lo delimitó a las sentencias de 4 de junio de 2021 y
de 30 de julio de 2021 de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado, así como el fallo de 11 de octubre de 2021 de la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado. Es decir, que en la impugnación no se
realizó reproche alguno frente al defecto sustantivo, razón por la cual no será
abordado.
4.2. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos
casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos
supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no
satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de
situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución26, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión27.
Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
4.3. Previo a estudiar los cargos o defectos alegados en la impugnación, la Sala
considera necesario realizar un breve relato de las diferentes actuaciones que se
adelantaron en el curso del proceso ordinario, así:
El señor Jorge Armando Gaviria López y otros, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, presentaron demanda contra la Nación, Ministerio del Interior,
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, el departamento de
Putumayo y el municipio de Mocoa, con el fin de que se les declarara patrimonial y
26
Sentencia T-781 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
27
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11
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administrativamente responsables por los perjuicios causados con ocasión de la
avalancha ocurrida el 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, en
fallo de 17 de junio de 2022, revocó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones tendientes al resarcimiento de perjuicios por los daños causados
como consecuencia de la avenida torrencial ocurrida el 31 de marzo de 2017 en el
municipio de Mocoa y, en su lugar, declaró la responsabilidad de la Nación,
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de La Amazonía,
Corpoamazonía, departamento de Putumayo y al municipio de Mocoa. Por
consiguiente, los condenó al pago de los perjuicios morales, materiales y por daño
a la salud.
En esa providencia, el tribunal accionado elaboró una lista de un total de 162
pruebas aportadas y practicadas en el curso del proceso ordinario, para luego
establecer los hechos probados, respecto de los cuales resaltó que en el acuerdo
municipal mediante el cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
de Mocoa se establecieron los riesgos más comunes de amenazas naturales en el
municipio, dentro de los que se destacaron: ”i) Procesos erosivos en los cuerpos
de agua que atraviesan la ciudad de Mocoa. ii) Zonas con pendientes muy
elevadas con procesos de erosión y posibilidades de deslizamientos; iii)
Inundaciones de las partes bajas del casco urbano y cercanas a los ríos y
quebradas (C.p. No. 8 CD. Anexos fol. 59)”.
Igualmente, señaló que la Dirección Regional de Putumayo de Corpoamazonía
informó para octubre de 2003, el avance del “Análisis de amenazas y
vulnerabilidad geológica en la cuenca de la quebrada Taruca y Sangoyaco para el
área rural, sub-urbana y urbana de la población de Mocoa departamento del
Putumayo”, en el que concluyó lo siguiente:
“-Se establece que los fenómenos erosivos presentes actualmente y según los diferentes
grados de susceptibilidad obedecen a un proceso natural lento, sin intervención del
hombre, propio de regiones jóvenes y por el cual se tiende a buscar tanto la estabilidad
del relieve como el equilibrio especialmente entre el suelo, la vegetación y el agua. Dado
que las áreas más susceptibles a la erosión principalmente por remoción en masa de
tierra, se localiza en la cabecera de la subcuencas de la quebrada Taruca; en el caso de
presentarse estos movimientos y taponar el cauce del curso del agua principal, si se
conserva la buena cobertura vegetal actual de la subcuenca, no se prevé que se logre
represar grandes volúmenes de agua y material en suspensión.
-La Quebrada Taruca y Taruquita como otros ríos de la localidad, presentan
características que los determinan como torrenciales: cambio abrupto en la pendiente
(cambio de litología), disponibilidad de grandes volúmenes de material suelto y
fracturado (por la presencia de la falla Mocoa), cauce encañonado en la parte alta,
variedad en los caudales por las fuertes precipitaciones y amplios valles en la parte
baja de la cuenca hacen de estas quebradas una amenaza significativa para la parte
rural, suburbana y urbana del Municipio de Mocoa.
-En la Quebrada Taruca se encontraron cuatro sectores donde sus riberas presentan
alturas menores a los dos metros generando un cauce angosto y poco profundo,
localizadas principalmente en la margen izquierda aguas abajo de la quebrada (ver
mapa 8), como son: 1) en la confluencia de las quebradas Taruca y Taruquita, 2) en la
Ye que va para las veredas San Antonio y los Guaduales, 3) en el sector de la cárcel
(sobre el puente de madera) y 4) en el puente de la Avenida Colombia; donde existe
amenaza por desbordamiento.
-El paso de la Falla Mocoa por la parte norte del casco urbano de Mocoa, se convierte
en el principal detonante en la ruptura de las rocas cristalinas que conforman el Batolito
de Mocoa y que en períodos de fuertes precipitaciones, contribuyen junto con el agua
de escorrentía a formar grandes volúmenes de flujos dedetritos, los cuales se han
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depositado a grandes distancias, ayudados por el cambio abrupto de pendiente.-Las
zonas delimitadas como amenaza baja dentro del Mapa No. 5, no están exentas de
sufrir evento(s) desastroso(s) por parte de flujos coluvio-aluviales, ya que la magnitud
de la mayoría de ellos es alta, debido a que se encuentran bloques de rocas cuyos
tamaños oscilan en la parte distal hasta 11 metros en el eje largo y unos 6 en el eje
corto (como los bloques que se pueden observar cerca al I.T.P y en
CORPOAMAZONIA), y que por la cantidad de flujos que de han depositado a lo largo
del abanico, la dinámica de la quebrada Taruca ha estado cambiando de dirección y
sentido perióodicamente.
La intervención antrópica en la parte alta y media de la cuenca no ha incidido en el
desarrollo de algún evento desastroso, pero la acelerada deforestación y ampliación de
la frontera agrícola se está convirtiendo como detonante para posteriores flujos de
detritos e inundaciones.
-Un aspecto positivo de la intervención antrópica, es la actividad minera representada
en la extracción de arena de los cauces de las quebradas Taruquita y Taruca, ya que
estos están contribuyendo en la limpieza y descolmatación del cauce por la gran
cantidad de arena arrastrada en suspensión por las corrientes de agua de estas
quebradas, en especial en épocas de fuertes precipitaciones.
-Dentro de la subcuenca de la quebrada Taruca, no se zonifican áreas óptimas para el
futuro desarrollo urbanístico ya que la zona comprendida entre la quebrada taruca y río
Sangoyaco, es la única zona que podría servir para realizar zonas verdes, pero ya está
en un 50% urbanizada de forma ilegal, por las urbanizaciones La Floresta con una
proyección de 180 casas, San Miguel con una proyección de 250 casas y la
urbanización El Jordán con una proyección de 38 viviendas, (Cuaderno 4, cd FOL 26
Anexos Corpoamazonía)”.
Asimismo, se refirió al documento de Seguimiento y Evaluación del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Mocoa, elaborado por Corpoamazonía
en diciembre de 2009, en el que se formularon las siguientes recomendaciones:
“6.5 Componente de Riesgos RECOMENDACIONES Realizar la actualización de las
áreas de amenaza por inundación con la confrontación de la situación actual en los
siguientes sectores: Barrio San Miguel: Se requiere tener en cuenta el ANÁLISIS DE
AMENAZAS Y VULNERABILIDAD GEOLÓGICA EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA
TARUCA Y SANGOYACO PARA EL ÁREA RURAL, SUB-URBANA Y URBANA DE LA
POBLACIÓN DE MOCOA, realizado por Corpoamazonía, en el cual se define que el
sector comprendido por el barrio San Miguel y los circundantes se encuentran en zona
de Vulnerabilidad alta y Media ante la amenaza por inundación. - La Libertad y San
Agustín: Se recomienda realizar la actualización de la información que permita definir el
grado de vulnerabilidad de los barrios ubicados en la zona baja del área urbana, que no
solo se ven afectadas por el Río Mocoa, sino por la confluencia de las corrientes
menores que atraviesan la ciudad (q. Taruca, Río Mulato, Sangoyaco, principalmente),
pues en las partes altas de estas fuentes se presenta el mayor riesgo de avalanchas e
inundaciones. (C.P.4 CD anexos folio 26)”.
Igualmente, el tribunal hizo referencia al documento denominado “Identificación y
caracterización de sitios críticos de amenaza” en Mocoa, expedido por
Corpoamazonía de marzo de 201428. En este documento se relacionaron los
eventos naturales registrados en la zona desde 1947 a 2013, entre los que se
relacionaron eventos asociados a inundaciones, deslizamientos, avenida
torrencial, lluvia torrencial, represamiento, vendavales, sismos y abejas
africanizadas. Asimismo, se realizó una evaluación y zonificación de las amenazas
y riesgo, así:
“6.2.2 Evaluación y zonificación de las amenazas y riesgos
6.2.2.1 Identificación y priorización de las amenazas La identificación y priorización de
amenazas del municipio de Mocoa, se la levantó en campo mediante posicionador
satelital, se realizaron las respectivas visitas de campo y se generó el mapa con los
28
Visible en 62 folios (C.P.: 7 cd fol 26)
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diferentes elementos biofísicos expuestos a las amenazas naturales y antrópica A.
Amenazas Naturales Las amenazas naturales que afectan al municipio de Mocoa son
las asociadas a las hidrometereológica y de remoción en masa, la amenaza sísmica es
alta según categoría de INGEOMINAS.
(…)
Amenaza por Inundación: El municipio de Mocoa presenta numerosos ríos como el
Mulato, Sangoyaco, Mocoa Rumiyaco, Pepino, de corrientes caudalosos en su mayoría
tienen trayectos cortos, en forma de encañonada que ejercen su impacto sobre las
viviendas asentadas en la zona urbana.
Amenaza por Deslizamientos o Remoción en Masa Los deslizamientos de tierra, es
un término general que cubre una amplia variedad de formas y procesos relacionados
al movimiento de descenso del suelo y roca por la influencia de la gravedad. La
amenaza por deslizamiento se presenta como caídas, reptación, desprendimientos, y
flujos de lodos en su mayoría asociada a eventos relacionados a la impermeabilidad de
las rocas y variación del clima en sitios de alta pendiente. El municipio de Mocoa
presenta Las quebradas Taruca y Taruquita tienen una tendencia marcada a presentar
flujos de escombros y en menor proporción flujos de lodo, originados por el gran aporte
de material (rocas ígneas) proveniente de las zonas de deslizamiento (observados
siguiendo el trazo de la Falla Mocoa), y acumulados en especial en el quiebre de la
pendiente. Los ríos Mulato, y Rumiyaco presentan deslizamiento en la parte alta de sus
respectivas cuencas como consecuencia de represamiento y desprendimiento de
material conglomerado producido por el almacenamiento de agua. Los deslizamientos
de tierra en la vía Mocoa que conduce a Municipio de San Francisco es más notorio
desde la vereda Las Mesas en adelante, estos eventos representan una grave
amenaza a viviendas ubicadas en sitios denominados como El Parador, Filo de
Hambre, Mirador, Las Mesas, La Virgen afecta la infraestructura como puentes,
alcantarillado, pontones, pérdidas de vidas humanas, vehículos y a usuarios que
transitan esta vía. La zona urbana del municipio de Mocoa, presenta deslizamientos en
asentamientos de pendientes altas, en su mayoría con deficientes procesos de usos
del suelo; entre los barrios que presentan amenaza por deslizamiento se encuentran La
Loma, Kennedy, Sauces, 5 de enero, Sauces, Libertador Villadocente”.
El tribunal accionado también se refirió al “Informe Técnico Evento Avenida
Torrencial Ocurrida En La Ciudad De Mocoa (Putumayo) El 31 De Marzo de
2017”, el cual estableció lo siguiente:
“1. Cuáles fueron las causas que ocasionaron la avenida torrencial del 31 de marzo y 1
abril de 2017 en el Municipio de Mocoa:
Lo acontecido en las cuencas de los ríos Sangoyaco, Mulato, quebrada la Taruca y
Taruquita fue un fenómeno denominado flujos fluvio-torrenciales o avenidas
torrenciales que son un tipo de movimiento en masa muy rápido que durante su
desplazamiento exhibe un comportamiento semejante al de un fluido y se origina a
partir de deslizamientos o caída de rocas y suelos en la parte alta de la cuenca
detonados por intensas lluvias.
Cabe mencionar que para que se favorezca un desastre como el ocurrido se requiere
que existan dos dinámicas acopladas, por un lado, los condicionantes de la naturaleza
asociadas a la fisiografía y clima de una región y por otro lado, la configuración del
riesgo debido a la exposición de los elementos expuestos (infraestructura y
comunidades) en este caso, se dio el mencionado acoplamiento.
[…]
2. El resultado del desastre era previsible o por el contario tenía características de
imprevisible e irresistible:
Teniendo en cuenta lo descrito en la pregunta anterior, el desastre si era previsible pero
tenía características de imprevisible e irresistible ya que la amenaza, es decir, el
fenómeno de avenida torrencial no se puede evitar, éste sucede cada cierto tiempo por
las características fisiográficas de la zona e imprevisible dado que si bien es cierto, que
las alertas de escala nacional ayudan a orientar en qué áreas habrá precipitaciones, es
muy difícil determinar cuánto y cuándo una nube se estacionará en una montaña
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específica para detonar el evento, por ello la dinámica de ocupación del territorio es
clave en la GRD.
El evento ocurrido se materializó en zonas que estaban previamente identificadas como
zonas de amenaza y riesgo en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Mocoa, el
cual determinaba en los documentos que hacen parte del mismo, medidas de
reducción del riesgo tales como reubicación de viviendas, procesos de reforestación, y
adecuación hidráulica de ríos y quebradas. Se anexa informe de análisis del Plan de
Ordenamiento de Territorial del municipio.
No obstante, más allá de que el instrumento de planificación territorial municipal
identificara las amenazas no es posible pronosticar que las precipitaciones registradas
(129 mm) del día del evento correspondieran a casi la mitad de lo que “normalmente”
llueve en un mes de marzo. Se anexa informe del IDEAM.
2. Si con la antelación al suceso del 31 de marzo de 2017, se solicitó por parte de los
entes territoriales acciones tendientes al conocimiento y reducción del riesgo frente al
hecho ocurrido, indique qué trámite se dio a tales solicitudes: La Subdirección para el
Manejo de Desastres recibió el 5 de febrero de 2015 la comunicación CMGRD—0029-
2016 una solicitud de la Ciudad de Mocoa en la que requería apoyo para la
implementación de un sistema de alerta y estudios de zonificación de amenaza. Esta
fue respondida por parte de la Subdirección de Conocimiento mediante el oficio SCR-
RO-0024-2016. (Se adjuntan los dos documentos). Teniendo en cuenta lo anterior y
revisando las solicitudes del Municipio de Mocoa – Putumayo realizadas a la UNGRD
antes del evento con respecto al sistema de alerta temprana se evidencia que el
Municipio no presentó un proyecto, básicamente lo que hizo fue proyectar un oficio
diciendo que se requería un sistema de alerta temprana sin anexar ningún proyecto en
el que se pudiera retroalimentar o evaluar por parte de la UNGRD, razón por la cual las
respuestas oficiales fueron dadas en torno a solicitar la articulación entre el
Departamento y el Municipio para realizar la respectiva presentación del proyecto con
costos, las respectivos reservas presupuestales de contrapartida y sobre todo la
necesidad de empoderamiento territorial frente al problema, dado que el endose de
responsabilidades no es una alternativa para la consecución de recursos. La
formulación y presentación de proyectos ante las diferentes instancias para financiación
de proyectos si es una alternativa”.
Aunado a lo anterior, como hechos probados se mencionó el informe rendido por
el IDEAM, que señala que “finalmente, en relación con la lluvia que cayó el día de
la tragedia en Mocoa, se puede advertir que entre las 7am del día 31 de marzo y
las 7am del 1 de abril, periodo que se constituye como el día pluviométrico del 31
de marzo, el volumen de precipitación fue de 129 mm en total, constituyéndose en
un valor alto e importante dentro de la serie, por ser uno de los más altos en una
serie de más de 30 años. Es importante destacar, que el 83% de la lluvia del día
pluviométrico del 31 de marzo de 2017, esto es, 106 mm, se presentó en solo 3
horas (entre 10pm y 1 am), constituyéndose como un evento extraordinario (figura
8)”.
Adicionalmente, la autoridad judicial accionada señaló que en el trámite de primera
instancia se recepcionó la declaración del ingeniero civil Jorge Armando Buelvas
Farfán, Profesional Especializado de la UNGRD, quien explicó el Subsistema de
Gestión Riesgo: (i) conocimiento del riesgo, (ii) la reducción del riesgo y (iii) el
manejo de desastres.
A continuación, luego de hacer un recuento de los hechos probados a partir de los
elementos de convicción relevantes, el tribunal se pronunció sobre el caso
concreto, el cual se transcribe in extenso, así:
“En el caso concreto, fue de público conocimiento por tratarse de un hecho notorio que
la avenida torrencial ocurrida el 31 de marzo de 2017 en el municipio de Mocoa, dejó
más de 300 personas fallecidas entre adultos y niños, y más de 1.500 familias
damnificadas, además de los daños en la infraestructura pública del municipio. Sin
embargo, es necesario tener presente que, la imputación al Estado de daños
antijurídicos causados por desastres naturales únicamente tiene lugar si se acredita la
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existencia de una falla del servicio, por acción u omisión. Por eso, la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha decantado que esta atribución dependerá la previsibilidad y
resistibilidad del evento.
Recordemos que el desastre natural objeto de la demanda, fue catalogado por los
expertos como se explicó a lo largo de la providencia como “avenida torrencial”. El
Código Civil se refiere a este fenómeno como uno de los supuestos de las accesiones
del suelo, señalando:
(…)
De la norma citada, se concluye entonces que la avenida torrencial es un movimiento
en masa tipo flujo, de carácter súbito y potencial destructivo, cuya ocurrencia no se
puede evitar, razón por la cual el a quo consideró se configuraba el eximente de
responsabilidad de fuerza mayor. El artículo 64 del Código Civil define la fuerza mayor
en los siguientes términos:
(…)
Por su parte, el Alto Tribunal ha precisado los requisitos necesarios para su
configuración, a saber: i) la imprevisibilidad; ii) irresistibilidad; y iii) la exterioridad
respecto de la demandada.
A partir de estos requisitos, del estudio de las pruebas obrantes en el proceso y las
circunstancias fácticas y jurídicas, para la Sala, no se configura este eximente de
responsabilidad en el asunto, por las siguientes consideraciones:
Es cierto que la avenida torrencial es un fenómeno de la naturaleza que supera la
voluntad humana pues, su causalidad reside únicamente en los eventos naturales,
como explicaron los múltiples conceptos aportados.
En este punto, ese necesario traer a colación lo señalado por la Diccionario de la Real
Academia Española en cuanto al verbo prever, del que se define: “1. Ver con
anticipación, 2. Conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de
suceder. 3. Disponer o preparar medios contra futuras contingencias”. En ese orden, lo
imprevisible es aquello que no se pudo ver con anticipación; conocer ni conjeturar por
señales o indicios de su ocurrencia; y respecto de lo que no fue posible disponer o
preparar medios contra futuras contingencias.
Por el contrario, en el caso concreto no se trataba de un asunto imprevisible pues
solamente del informe o relación de eventos naturales del municipio de Mocoa,
expedido por Corpoamazonía se relaciona 46 avenidas torrenciales producidas por los
ríos de Mocoa, Mulato, Sangoyaco, Repino, Rumiyaco, Quebrada Turquía, así como 50
eventos por inundaciones y 99 deslizamientos, panorama que claramente deja entrever
que los hechos del 31 de marzo de 2017 eran plenamente previsibles para las
autoridades administrativas del municipio, y pese a lo anterior ninguna ejecutó labores
tendientes a salvaguardar la vida e integridad de los pobladores de las áreas
amenazadas.
Se acredita entonces la exterioridad del evento en relación con las demandadas, así
como su irresistibilidad. Sin embargo, el que sea externo, irresistible y de ocurrencia
súbita, no implica que sea un hecho imprevisible, toda vez que dentro del proceso
existen abundantes documentos que refieren el historial de fenómenos hidrológicos
como el desbordamiento de los cuerpos fluviales, las inundaciones y las mismas
avenidas torrenciales, incluso de mediados del siglo pasado. Asimismo, ese tipo de
riesgos fueron identificados en el POT de Mocoa, reformado en 2002, pues para el
2000 consignó que los riesgos más comunes de amenazas naturales del municipio son
los procesos erosivos en los cuerpos de agua; las zonas con pendientes muy elevadas
con procesos de erosión y posibilidades de deslizamientos; así como las inundaciones.
En el ajuste efectuado al Plan en el 2008 se contempló que las principales zonas de
amenaza, vulnerabilidad y riesgos del municipio están asociadas a las corrientes de
agua que al bajar de la cordillera y montañas pueden producir erosión y avenidas
torrenciales. Y Agregó: “(s)in embargo, los deslizamientos por escorrentía y la amenaza
de avenidas torrenciales es lo que realmente afecta y pone en permanente riesgo a la
población”.
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En el año 2013 se formuló en el municipio de Mocoa la estrategia para la respuesta a
emergencias, como aquellas producidas por el riesgo de avenidas torrenciales.
Mediante el contrato interadministrativo 596 de 2014, Corpoamazonía y la Gobernación
del Putumayo se comprometieron a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para ejecutar de manera conjunta el proyecto de apoyo a la mitigación de
riesgos mediante la realización de estudios detallados de amenaza de inundación con
referencia a una máxima avenida de las quebradas Taruca y Conejo en el Municipio de
Mocoa.
Entonces, para la época anterior al 31 de marzo de 2017, en el Municipio de Mocoa
existía el conocimiento generalizado de la vulnerabilidad y predisposición de la zona
ante estos fenómenos naturales. Por eso, la UNGRD presentó informe técnico en el
que expuso que el desastre sí era previsible, pero tenía características de imprevisible
a irresistible, no se sabe el momento exacto en que ocurrirá, pero sí la vulnerabilidad
de la zona.
Igualmente, el IDEAM reportó que la precipitación de esa fecha sobre el municipio de
Mocoa tuvo un volumen de 129 mm en total, lo que constituye uno de los más altos en
una serie de más de 30 años. Además, el 83% del día pluviométrico se presentó en
solo 3 horas, entre las 10 pm y la 1 am. Por eso, esta situación ocurrida en el municipio
se calificó por el IDEAM como un evento extraordinario, sin embargo, sí era un evento
previsible, tal y como lo detallan la serie de informes, alertas, estudios y documentos
relacionados a lo largo de esta providencia.
Por contera, no se configura el eximente de responsabilidad de fuerza mayor al no
estar presente el elemento de imprevisibilidad.
En suma, las entidades la Unidad Administrativa Especial para Gestión de Riesgos y
Desastres UNGRD, Corpoamazonía, el Departamento de Putumayo y el Municipio de
Mocoa, encontrándose obligadas a realizar acciones propensas a prevenir el daño, no
ejecutaron las acciones necesarias y pertinentes, tendientes a conjurar la destrucción
descomunal presentada en Mocoa por los hechos materia del proceso.
Desconocieron la participación coordinada y planificada en los diferentes niveles del
territorio a instancias de articulación necesaria para las adecuadas gestiones del riesgo
y ambiental. Se observa una omisión en el deber de vigilancia y cuidado para adoptar
las medidas de prevención requeridas en el caso concreto. Ni siquiera se contaba en el
momento de los hechos con un Sistema de Alertas Tempranas en el municipio.
Para la sala resulta inaceptable el comportamiento negligente de las hoy demandadas,
cuando con pleno conocimiento de los eventos naturales que alertaban la presencia de
un posible desastre, vulnerando su obligación de prevención y protección tomaron una
conducta pasiva en cuanto a la realización o toma de medidas preventivas, tendientes
a salvaguardar la vida y bienes de los habitantes del municipio de Mocoa.
Por lo anterior, y siguiendo el precedente de la sala a través de los cuales se ha
condenado la desidia de las entidades demandadas ante la falta de ejecución de
actividades tendientes a salvaguardar la vida de los habitantes de las áreas
amenazadas por los distintos eventos naturales, las excepciones propuestas por las
demandadas y el eximente de responsabilidad de fuerza mayor formulado, será
negado, razón por la cual se revocará la sentencia apelada”.
De lo anterior, el tribunal accionado consideró que se debía acceder a las
pretensiones de la demanda de reparación directa, al considerar que en el
municipio de Mocoa existía el conocimiento generalizado de la vulnerabilidad y
predisposición de la zona ante los fenómenos naturales relacionados con las
precipitaciones, al punto que las entidades demandadas al omitir su deber de
vigilancia y cuidado no adoptaron las medidas de prevención requeridas, pues no
contaban con sistema de alertas tempranas, lo que evidenciaba un
comportamiento negligente.
4.4. Descendiendo al sub examine, respecto al defecto fáctico en sus dimensiones
positiva y negativa, se evidencia que el tribunal accionado valoró las pruebas que
consideró relevantes y que le otorgaba la certeza frente al desastre natural
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ocurrido en el municipio de Mocoa el 31 de marzo de 2017. De hecho, se observa
que en la sentencia objetada se realizó un listado detallado cada una de las
pruebas aportadas y practicadas, para luego establecer los hechos probados en el
curso del proceso ordinario.
En efecto, se observa que en la sentencia objetada se analizaron, entre otras
pruebas, las que la parte actora señaló en el escrito de tutela, es decir:
• El documento denominado “identificación y caracterización de sitios críticos
de amenaza”.
• El Acuerdo Municipal relacionado con el plan de ordenamiento territorial del
municipio de Mocoa.
• El “INFORME DE AVANCE ANÁLISIS DE AMENAZAS Y
VULNERABILIDAD GEOLÓGICA EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA
TARUCA Y SANGOYACO PARA EL ÁREA RURAL, SUB-URBANA Y
URBANA DE LA POBLACIÓN DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO”.
• El documento de seguimiento y evaluación del plan básico de ordenamiento
territorial del municipio de Mocoa - departamento del Putumayo elaborado
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
Corpoamazonía.
• El “INFORME TÉCNICO EVENTO AVENIDA TORRENCIAL OCURRIDA
EN LA CIUDADA DE MOCOA (PUTUMAYO) EL 31 DE MARZO DE 2017”.
• El informe del IDEAM.
• La declaración rendida por el ingeniero civil Jorge Armando Buelvas.
Del análisis en conjunto de las pruebas antes señaladas, junto con los demás
elementos de juicio que resultaban relevantes, la autoridad judicial accionada
consideró que de acuerdo con las estadísticas que señalaban eventos naturales
registrados en la zona desde 1947 a 2013 en el municipio de Mocoa, como
inundaciones, deslizamientos, avenida torrencial, lluvia torrencial, represamiento,
vendavales, sismos y abejas africanizadas. Igualmente, constataron las zonas de
riesgo ante eventos naturales y de ahí concluyó que Mocoa estaba expuesta ante
dichos fenómenos, como las precipitaciones que se presentaron el día en que
ocurrió el desastre en el que fallecieron varios habitantes de esa entidad territorial.
Adicionalmente, el tribunal accionado evidenció que las autoridades demandadas
tenían conocimiento de los riesgos y que estas omitieron su deber de vigilancia y
cuidado, no adoptaron las medidas de prevención requeridas, al punto que no
contaban con sistema de alertas tempranas.
Ahora bien, la parte actora reprocha que en la sentencia objetada incurrió en
defecto fáctico en su dimensión positiva, pues no se valoraron adecuadamente las
pruebas, y en su dimensión negativa porque se omitió el estudio del informe del
IDEAM como la declaración del ingeniero Jorge Armando Buelvas. Sin embargo,
como quedó evidenciado, las pruebas que estudió la autoridad judicial accionada
fueron las relevantes para el asunto y las analizó en conjunto, además que la
declaración y el mencionado informe sí fueron valorados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Más aún, el informe del IDEAM el cual fue motivo de análisis por parte de la
autoridad judicial accionada, también estaba inmerso en el “Informe Técnico
Evento Avenida Torrencial Ocurrida En La Ciudad De Mocoa (Putumayo) El 31 De
Marzo de 2017”, el cual también fue valorado en la sentencia objetada. Por
consiguiente, distinto a lo afirmado por la parte actora, el tribunal accionado no
omitió el estudio del informe ni la declaración del ingeniero.
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Cuestión diferente es que al no estar de acuerdo con la valoración que realizó en
conjunto de las pruebas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “B”, las entidades demandantes acudan a la acción de tutela
con el fin de reprochar el análisis y las conclusiones a que llegó el mencionado
tribunal, lo cual no es suficiente para evidenciar el defecto fáctico alegado.
Por otro lado, la parte actora propone en el escrito de impugnación que para
determinar si verdaderamente existió responsabilidad o no de las entidades
condenadas, lo que se debió verificar para descartar el defecto fáctico era estudiar
las pruebas y constatar con los hechos para así concluir que no se generó una
falla en el servicio.
Al respecto, se advierte que el juez de tutela no está llamado a reemplazar la
valoración o interpretación que realiza el juez ordinario en ejercicio de su
autonomía judicial, más aún cuando en la sentencia objetada se observa un
análisis razonable y ajustado a derecho, sin que exista alguna interpretación
caprichosa o irracional. Por consiguiente, se debe recordar que la tutela contra
providencias judiciales está concebida como un juicio de validez y no como un
juicio de corrección de la decisión cuestionada29.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que la parte actora no demostró el
defecto fáctico ni en su dimensión positiva ni negativa, razón por la cual se negará
el cargo en estudio.
4.5. Respecto al desconocimiento del precedente judicial la Corte Constitucional
ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que30: «un caso pendiente
de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes
a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha
evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de
hecho para su aplicación»
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas31:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente
judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente
si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el
29
Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
30
Sentencia T-158 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
31
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto32.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.
4.7. La Sala encuentra que la autoridad judicial accionada no incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, pues las sentencias que invoca la parte
actora en el escrito de tutela y en las que insiste en el de impugnación, si bien
desarrollan las reglas relacionadas con la causa extraña de fuerza mayor, lo cierto
es que estas fueron aplicadas en la sentencia objetada.
En efecto, las sentencias de 4 de junio de 202133 y de 30 de julio de 202134 de la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, son decisiones en las
que se negaron los perjuicios solicitados por los demandantes con ocasión al
desbordamiento del canal del dique como consecuencia del fenómeno de “La Niña
2010-2011”, en tanto se evidenció que el daño alegado fue como consecuencia de
la fuerza mayor, en tanto a dicho canal se le había realizado mantenimiento y
obras durante los 10 años anteriores al evento en cumplimiento de una orden
dictada en un fallo de acción popular y, en consecuencia, las lluvias de todo un
año superaron la estructura del canal a pesar de todo pronóstico.
En estas dos decisiones, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado se refirió a la fuerza mayor y al desarrollo jurisprudencial que ha tenido en
dicha corporación, así:
“El artículo 64 del Código Civil, subrogado por la Ley 95 de 1890, aplicable para
resolver los litigios bajo las reglas de la responsabilidad patrimonial en sede de
reparación directa, define la fuerza mayor en los siguientes términos:
“Se llama fuerza mayor ó caso fortuito, el imprevisto aquel que no es posible resistir,
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos <sic>de
autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que, para que se
configure la fuerza mayor se requiere la concurrencia de tres elementos: i)
imprevisibilidad, ii) irresistibilidad y iii) exterioridad respecto de la demandada35.
La fuerza mayor exonera de responsabilidad al Estado, salvo que el demandante
demuestre la falla en el servicio por la actividad equivocada o por la no realización de
labores a su cargo que habrían evitado el daño. En cuanto a los desastres de la
naturaleza, tales circunstancias pueden constituir fuerza mayor; empero, ello no opera
ipso facto, sino que debe ser demostrado en cada caso por quien la alega”.
Al respecto, se observa que el tribunal accionado cumplió con los criterios
desarrollados por la Sección Tercera del Consejo de Estado en su jurisprudencia,
pues verificó la imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad de lo ocurrido en el
municipio de Mocoa, cuestión diferente es que al realizar un estudio razonable e
integral de las pruebas, concluyera que en el presente asunto la avenida torrencial
ocurrida en el año 2017 era previsible y que las entidades demandadas no
realizaron las actuaciones pertinentes para evitar la tragedia.
32
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
33
Radicado No.: 08001-23-31-000-2013-00188-02, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
34
Radicado No.: 08001-23-33-004-2013-00208-01, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
35
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021, expediente 50.791, C.P. María
Adriana Marín y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2011, expediente
número 19.067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
20
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En relación con la decisión de 11 de octubre de 202136 de la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, confirmó el fallo de primera instancia que
declaro probada la excepción de fuerza mayor, al considerar que la inundación
que se causó como consecuencia de un evento natural, resultó en una situación
imprevisible, pues el sistema de alcantarillado de la zona se le había realizado
mantenimiento adecuado, el cual además no estaba previsto para transportar
caudales ilimitados de agua por la imposibilidad técnica, y que sus diseños se
basan en históricos que pueden ser superados y que construir un sistema de
alcantarillado que pueda evacuar cualquier evento extraordinario de lluvias, sin
importar su duración e intensidad, resultaba imposible, dadas las condiciones de la
zona y los costos asociados.
De lo antes expuesto, se evidencia que si bien los asuntos invocados por la parte
actora estaban relacionadas con el eximente de la fuerza mayor, lo cierto es que
en la sentencia objetada, a partir de las pruebas que obraban en el expediente, se
realizó una aplicación adecuada de los criterios desarrollados por la jurisprudencia
respecto a la referida causa extraña por parte del tribunal accionado.
Así las cosas, la Sala evidencia que la parte actora no demostró la configuración
del defecto por desconocimiento del precedente judicial, razón por la cual negará
el cargo en estudio.
Así las cosas, se constató que, de acuerdo con lo expuesto por la parte actora en
el escrito de impugnación, no se configuraron los defectos i) fáctico en sus
dimensiones positiva y negativa, toda vez que la pruebas se valoraron en conjunto
y de manera razonable sin que se evidencie la supuesta omisión advertida en el
escrito de tutela y ii) desconocimiento del precedente judicial alegado, porque se
atendió el alcance que la jurisprudencia contencioso administrativa le ha dado al
eximente de responsabilidad de la fuerza mayor.
Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia impugnada proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 13 de diciembre de 2022, proferida por
la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
36
Radicado No.: 25000-23-26-2008-00177-01, M.P.: Alberto Montaña Plata.
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Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON ORLANDO RAMOS GIRÓN
22
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