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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05584-00

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05584-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por E.P.S. EMSSANAR S.A.S. SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por la sociedad IV Nivel S.A. contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con las razones expuestas. TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO de la acción de tutela interpuesta por la sociedad IV Nivel S.A. contra la Superintendencia Nacional 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2022-05584-00 Demandante: IV Nivel S.A. Demandados: Presidencia de la República y otros de Salud, por los motivos expuestos en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05584-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

24 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05584-00
Demandante: IV Nivel S.A.
Demandados: Presidencia de la República y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05584-00
Demandante: IV NIVEL S.A.
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo - derecho de petición y acceso a la información

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Corresponde a la Sala resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada
por la compañía IV Nivel S.A. contra la Presidencia de la República, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y la Superintendencia Nacional de Salud.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 20 de octubre de 2022 en el correo de recepción de
tutelas y habeas corpus en línea de la Rama Judicial y recibido en el Despacho
ponente el 24 de octubre de 20221 la compañía IV Nivel S.A., actuando a través de
su representante legal2, presentó acción de tutela contra la Presidencia de la
República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia Nacional de
Salud, con el fin de que sean amparados sus “derechos fundamentales de petición, a la
libertad de expresión y al debido proceso administrativo.”

2. La sociedad accionante consideró vulneradas dichas garantías
constitucionales, dado que, a la fecha de radicación de este mecanismo de amparo,
las entidades accionadas no han otorgado respuesta clara, congruente y de fondo a
la petición radicada el 8 de septiembre de 2022 ante la Presidencia de la República y

1 Radicado el jueves 20 de octubre de 2022 de en el correo recepción de tutelas y habeas corpus en línea de la

Rama Judicial y asignado al despacho sustanciador el viernes 21 de octubre de 2022 a las 5:05 p.m.
2 La señora Beatriz Elena Cardona Arias, según consta en el certificado de existencia y representación legal

expedido por la Cámara de Comercio de Cali el 12 de octubre de 2022.

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Demandante: IV Nivel S.A.
Demandados: Presidencia de la República y otros

que fue remitida por competencia el 11 del mismo mes y año 3, mediante los Oficios
N.º OFI22-00100336/GFPU 12000002 y OFI22-00100335/GFPU 12000002, al
Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Superintendencia Nacional de Salud –
Supersalud, respectivamente.

3. Agregó que, desde el 11 de septiembre de 2022, corrió traslado a las referidas
entidades de la solicitud de revocatoria directa de la Resolución N.º
2022310000003372 – 6DE2022, expedida por la Supersalud, “(…) sin que en la
actualidad, se haya siquiera notificado por esta Superintendencia el inicio de este trámite, por
tanto, es altamente probable que (…) no cumpla los términos establecidos en el Artículo 95
de la Ley 1437 de 2011, y/o, no efectúe un análisis acucioso de la Solicitud interpuesta, en la
que se evidencia la manifiesta contrariedad a la Constitución Política y a la Ley, con la
expedición de la Resolución ejusdem”.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“(…) ORDENAR al PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD, otorgar respuesta DE FONDO, esto es, INMEDIATA,
CLARA, CONGRUENTE, COHERENTE, PRECISA, COMPLETA Y
DETALLADA a cada una de las peticiones consagradas en Escrito Petitorio del
08 de septiembre de 2022, interpuestas por IV NIVEL S.A., radicadas
virtualmente en la Presidencia de la República, y, trasladadas por esta al
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD. Respuesta DE FONDO que, deberá ser notificada a los
correos electrónicos: ivnivelsa@ivnivel.com y beatrizcardona@ivnivel.com.

(…) ORDENAR al PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Y A LA
SUPERONTENDENCIA NACIONAL DE SALUD iniciar, tramitar y decidir
conforme al numeral 1 del artículo 93 de la ley 1437 de 2011, la Solicitud de
Revocatoria Directa contenida en el numeral 3 de las peticiones contempladas en
el escrito petitorio del 08 de septiembre de 2022, aplicando las formalidades
previstas para este tipo de procesos, preservando las garantías y derechos que
se desprenden del debido proceso administrativa, motivando de manera lógica, el
acto de administratuvo que revoque o no la resolución N Ú M E R O 2 0 2 2 3 1 0
0 0 0 0 0 3 3 7 2 – 6 D E 2 0 2 2, proferida por la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD.

(…) En consecuencia, sírvase su señoría desplegar todas las acciones
NECESARIAS Y PERTINENTES, para materializar las órdenes jurídicas
proferidas en caso de un eventual fallo favorable, e impedir que este devenga
inane y/o ilusorio (…)”. (Negrillas del texto original y sic a toda la cita).

3 Traslado que fue informado a la compañía accionante el 11 de septiembre de 2022, a través del Oficio N.º

OFI22-00100333/GFPU 12000002.

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1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan y que
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 8 de septiembre de 2022, la sociedad IV Nivel S.A. presentó una solicitud
en ejercicio del derecho fundamental de petición ante el presidente de la República,
en la cual pidió la siguiente información:

“1. Sírvanse expresar por escrito, de manera clara, coherente, precisa, detallada
y congruente, frente al caso de una capitalización de deuda de una E.P.S., si los
supuestos fácticos y jurídicos contenidos en el Artículo 75 de la Ley 1955 de
2019, para efectos de establecer un cambio en la participación societario y/o
(10%), debe analizarse de modo individual y separado por potencial
inversionista, tal y como lo efectuó la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD en la Resolución No. 2022310000003372-6 de 2022 en el caso de
EMSSANAR E.P.S. S.A.S., o, si por el contrario, para establecer el cambio de la
participación accionaria en un porcentaje equivalente o superior al diez por
ciento (10%), según los supuestos fácticos y jurídicos establecidos en el Artículo
75 de la Ley 1955 de 2019, se debe analizar el acto de capitalización, de manera
global, conjunta, simultánea y sucesiva, esto es, teniendo en cuenta todos los
potenciales inversionistas y las capitalizaciones fraccionadas a través del tiempo.

2. Sírvanse expresar por escrito, de manera clara, coherente, precisa, detallada
y congruente, frente al caso de la capitalización de EMSSANAR E.P.S. S.A.S., si
la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en la Resolución No.
2022310000003372-6 de 2022 debió analizar el Acto de Capitalización de
EMSSANAR E.P.S. S.A.S., de manera global, sucesiva y simultánea, las deudas
a capitalizar por el primer año y las demás fraccionadas en el tiempo, teniendo
en cuenta en conjunto a los potenciales inversionistas, de conformidad con los
supuestos fácticos y jurídicos contemplados en el Artículo 75 de la Ley 1955 de
2019, el Decreto 256 de 2021 y el Decreto 1080 de 2021.

3. En el evento en que, según los supuestos fácticos y jurídicos de la Ley 1955
de 2019, el Decreto 256 de 2021 y el Decreto 1080 de 2021, la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en la Resolución No.
202231000003372-6 de 2022, debió analizar el Acto de Capitalización de
EMSSANAR E.P.S. S.A.S., de manera global, sucesiva y simultánea, las deudas
a capitalizar por el primer año y las demás fraccionadas en el tiempo, teniendo
en cuenta en conjunto a los potenciales inversionistas, Sírvase ordenar al
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD iniciar, tramitar y decidir de oficio
Revocatoria Directa de la Resolución No. 2022310000003372-6 de 2022, para
efectos de NEGAR la capitalización de EMSSANAR E.P.S. S.A.S., y evitar que
EMSSANAR E.P.S. S.A.S. y el Ente de Control, Inspección y Vigilancia
pretermita los requisitos establecidos en el Artículo 75 la Ley 1955 de 2019 y el
Decreto 256 de 2021, lo cual constituye una ostensible y manifiestas
contradicciones de la Ley, en beneficio de las I.P.S y Proveedores de
Tecnologías en Salud de los Departamento de Nariño y Valle del Cauca.” (sic a
lo transcrito)

6. De conformidad con la constancia anexada al expediente, la petición fue
recibida en el correo de notificaciones de la Presidencia de la República y se le
asignó el número EXT-00082513.

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7. Con escrito del 11 de septiembre de 2022, la Presidencia de la República
informó a la representante legal de la sociedad IV NIVEL S.A. lo siguiente:

“Respetada señora Cardona:

Hemos recibido la comunicación enviada al Presidente de la República, señor Gustavo
Petro, en la que solicita información acerca de la interpretación y reglamentación del
artículo 75 de la Ley 1966 de 2019.

De conformidad con lo establecido en el del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado al Ministerio
de Justicia y del Derecho y Superintendencia Nacional de Salud, para su consideración
y fines pertinentes.”

8. Igualmente, el 11 de septiembre de 2022 la Presidencia de la República,
mediante oficios OFI22-00100336/GFPU 1200002 y OFI22-00100335 / GFPU
12000002 remitió al Ministerio de Justicia4 y del Derecho y a la Superintendencia
Nacional de Salud5 la petición elevada por la actora el 8 del mismo mes y año.

1.3. Fundamentos de la solicitud

9. En primer lugar, la actora afirmó que la acción de tutela de la referencia es
procedente y cumple con todos los requisitos de procedibilidad establecidos en el
Decreto 2591 de 1991. Adicionalmente, puso de presente que no cuenta con otro
mecanismo judicial idóneo para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales.

10. En segundo lugar, estimó vulnerado su derecho fundamental de petición ya
que el presidente de la República y la Superintendencia Nacional de Salud no han
dado respuesta de fondo, clara y congruente a lo solicitado en el escrito radicado el 8
de septiembre de 2022.

11. En relación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, puso de presente que
si bien le remitió un escrito manifestando su falta de competencia para resolver la
solicitud, lo cierto es que dicho oficio no satisface el núcleo esencial del derecho de

4 Respetado doctor Mendoza: De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la

cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", modificado por la
Ley 1755 de 2015, remitimos para su consideración y fines pertinentes, la comunicación suscrita por la señora
Beatriz Elena Cardona Arias, en la que solicita información acerca de la interpretación y reglamentación del
artículo 75 de la Ley 1966 de 2019. Por último, es importante tener en cuenta que el requerimiento fue trasladado
también a la Superintendencia Nacional de Salud, en virtud del objeto de la comunicación.
5 Respetada doctora López: De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la

cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", modificado por la
Ley 1755 de 2015, remitimos para su consideración y fines pertinentes, la comunicación suscrita por la señora
Beatriz Elena Cardona Arias, en la que solicita información acerca de la interpretación y reglamentación del
artículo 75 de la Ley 1966 de 2019. Por último, es importante tener en cuenta que el requerimiento fue trasladado
también al Ministerio de Justicia y del Derecho, en virtud del objeto de la comunicación.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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petición, en la medida en que no corresponde a una respuesta de fondo, clara,
precisa y congruente con lo solicitado.

12. Para sustentar lo anterior citó los numerales 14 y 17 del artículo 189 de la
Constitución y concluyó que la cartera ministerial no puede formular respuestas
evasivas, ya que el traslado efectuado por el presidente la faculta para pronunciarse
sobre la petición, hecho que, a su juicio, tiene sustento en el artículo 9 de la Ley 489
de 1998 y el artículo 209 de la Carta.

13. Adicionalmente, consideró que el presidente de la República también tiene la
obligación de responder de fondo la petición, toda vez que los artículos 211 de la
Constitución y 12 de la Ley 489 de 1998 permiten al delegante, no solo reasumir sus
competencias, sino también revisar las actuaciones ejecutadas por los delegatarios,
máxime si se tiene en cuenta que se trata de información relacionada con la potestad
reglamentaria contenida en el numeral 11 del artículo 189 ejusdem6.

14. Concluyó que la omisión de respuesta alguna y de fondo por parte de los
accionados, vulnera sus derechos fundamentales de petición y de libertad de
expresión

15. Por otro lado, consideró que se vulneró su derecho al debido proceso, en
atención a que la falta de respuesta de los accionados se traduce en una dilación
para iniciar el trámite de la revocatoria directa de la Resolución No.
02022310000003372-6 de 2022.

1.4. Trámite de la acción de tutela

16. Mediante auto del 3 de noviembre de 2022, la magistrada sustanciadora: i)
admitió la demanda de tutela; ii) ordenó notificar esa decisión al actor y a la
Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la
Superintendencia Nacional de Salud, como autoridades accionadas; iii) vinculó en
calidad de tercero con interés a la E.P.S. EMSSANAR S.A.S. y (iv) requirió a la
Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la
Superintendencia Nacional de Salud para que, allegaran copia de la respuesta que
otorgaron a la petición que fue radicada el 8 de septiembre de 2022 ante la
presidencia y fue remitida el 11 siguiente a las demás, respectivamente, mediante los
Oficios N.º OFI22-00100336/GFPU 12000002 y OFI22-00100335/GFPU 12000002,
junto con los soportes de envío a la compañía IV Nivel S.A.

6 El actor citó las sentencias de la Corte Constitucional T-763 de 2001 y T-478 de 2004

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1.5. Intervenciones

17. Cumplidas las notificaciones y las publicaciones, conforme obra en las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentó la
siguiente intervención:

1.5.1. Presidencia de la República

18. La Presidencia de la República, a través de apoderado judicial, manifestó que
recibió dos comunicaciones de parte de la tutelante. Puso de presente que mediante
el radicado No. EXT22-00072513 la accionante solicitó información relacionada con
la interpretación y reglamentación del artículo 75 de la Ley 1966 de 2019.

19. Indicó que dentro del término legalmente establecido, la Presidencia de la
República, emitió respuesta mediante el oficio No. OFI22-00100333 / GFPU
12000002 del 11 de septiembre de 2022, en el cual se informó que de conformidad
con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 se dio traslado al Ministerio de
Justicia y del Derecho y a la Superintendencia Nacional de salud, de conformidad
con sus competencias.

20. En ese sentido, la Presidencia de la República a través de las comunicaciones
OFI22-00100335 / GFPU 12000002 del 11 de septiembre de 2022 dirigida a la
Superintendencia Nacional de Salud y OFI22-00100336 / GFPU 12000002 de la
misma fecha dirigida al Ministerio de Justicia y del Derecho, dio traslado de la
petición suscrita por la señora Cardona Arias.

21. Informó que el 8 de septiembre de 2022 la accionante elevó su inconformidad
con respecto a la interpretación dada por la Superintendencia Nacional de Salud al
artículo 75 de la Ley 1995 al resolver una solicitud de autorización previa de reforma
estatutaria presentada por la entidad EMSSANAR S.A.S. en dicho momento,
cuestionó la legalidad de la Resolución No.2022310000003372-6 expedida por dicha
superintendencia y solicitó la revocatoria directa del referido acto administrativo. Esta
solicitud fue tramitada con el radicado No. EXT22-00072530.

22. En el oficio OFI22-00103950 / GFPU 13010000 del 15 de septiembre de 2022
se le informó a la señora Cardona Arias que:

“Mediante el Oficio OFI22-00103076 / GFPU 13010000 del 15 de septiembre de 2022,
esta Secretaría Jurídica trasladó su petición al Ministerio de Salud y Protección Social,
con fundamento en las funciones que le corresponden a esa entidad de conformidad
con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 4107 de
2011 “Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y
Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social”.

Adicionalmente, con el Oficio OFI22-00103532 / GFPU 13010000 del 15 de septiembre
de 2022 se dio traslado de su comunicación a la Superintendencia Nacional de Salud,

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competente para pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución
No.2022310000003372-6, expedida por ella, así como resolver la solicitud de
revocatoria que se plantea en su escrito petitorio. Esto, atendiendo las competencias
que le asisten a dicha Superintendencia, en virtud de lo establecido en el Decreto 1080
de 2021 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de
Salud”.

Los traslados antes mencionados obedecen a lo establecido en el artículo 21 de la Ley
1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 “Por
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, el cual
dispone que la petición debe ser trasladada a la autoridad competente.”

23. Puso de presente que a dicha comunicación fueron anexados los oficios
mediante los que se dio traslado. Documentos que también se aportaron al
expediente de tutela como material probatorio.

24. Por lo anterior, consideró que no vulneró los derechos de la actora por cuanto
se le otorgó una respuesta dentro del término que la Ley exige y se le informó sobre
el trámite que se dio a su solicitud.

1.5.2. Superintendencia Nacional de Salud

25. A través de apoderado, indicó que la petición aludida en los hechos de la
tutela presenta los reparos planteados por IV NIVEL S.A.S., prestador de servicio de
salud y acreedor integrante de la solicitud de capitalización de acreencias
EMSSANAR S.A.S.

26. Informó que dio traslado de la presente tutela a la Delegada para Entidades de
Aseguramiento en Salud, delegatura que, una vez notificada del auto admisorio,
estableció que la petición objeto de esta tutela se tramitó y se le brindó debida
respuesta al accionante mediante oficio No. 20223100101558501 de noviembre 11
de 2022, el cual se anexó con su correspondiente certificado de envío de mensaje de
datos.

27. Por otra parte, frente a la solicitud de revocatoria directa elevada por la
peticionaria indicó que, la misma fue trasladada a la Dirección Jurídica de la
Superintendencia Nacional de Salud, dependencia a cargo del correspondiente
trámite, la cual tiene en estudio el caso y, manifestó que, una vez sea expedido el
acto administrativo que resuelva, dentro de los términos legales establecidos para
tales efectos en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011, notificaría de la decisión a la
empresa IV NIVEL S.A.

1.5.3. Ministerio de Justicia y del Derecho

28. La referida cartera ministerial manifestó que no ha vulnerado los derechos
fundamentales indicados por la accionante, toda vez que dio respuesta oportuna a la
petición trasladada por parte de la Presidencia de la República, la cual a su vez, fue

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trasladada por esta entidad a la Superintendencia Nacional de Salud, al ser esta la
entidad competente para responder de fondo las solicitudes de la parte actora, de
esta manera, concluyó que, cumplió con las exigencias legales y constitucionales
que apremian en las situaciones donde la entidad no es competente para responder
de fondo las peticiones y solicitudes elevadas por los usuarios, tal como sucede en el
caso concreto.

1.5.4. Emssanar EPS S.A.S.

29. Solicitó se le desvinculara del presente proceso al advertir que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues no vulneró los derechos fundamentales de
la parte actora.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. La Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
compañía IV Nivel S.A. contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia
y del Derecho y la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Cuestión Previa

31. Emssanar EPS S.A.S. solicitó se le desvinculara del presente trámite
constitucional, al considerar que no vulneró los derechos fundamentales de la actora.
Al respecto, la Sala advierte que negará dicha petición en atención que su
vinculación al presente trámite se realizó en calidad de tercero con interés y no como
entidad accionada.

2.3. Problema jurídico

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
argumentos del escrito de tutela, la intervención de las autoridades accionadas y lo
probado en el proceso, el problema jurídico que subyace al caso concreto es el
siguiente:

¿Vulneraron las autoridades accionadas los derechos fundamentales de petición y
debido proceso administrativo de la parte actora?

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33. Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama
general de la acción de tutela; (ii) características esenciales del derecho de petición;
(iii) carencia actual de objeto; (iv) análisis del caso concreto.

2.4. Panorama general de la acción de tutela

34. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos establecidos
en el Decreto Ley 2591 de 1991.

35. Conviene precisar que la propia norma constitucional condiciona la
procedencia de la acción de tutela al cumplimiento de los requisitos de inmediatez y
subsidiaridad.

36. El primero se dirige al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado y amenazado. El segundo condiciona el ejercicio
de la acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión de la garantía fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre que puede sufrir un perjuicio irremediable, lo que torna procedente la
tutela como mecanismo transitorio de protección para evitarlo.

2.5. Características esenciales del derecho de petición7

37. El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política,
se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes
respetuosas para obtener información o pedir copias de documentos no sujetos a
reserva de las autoridades correspondientes o a los particulares, y obtener una
pronta y completa respuesta a sus inquietudes.

38. La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991
como de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos
inherentes a la persona y su relevancia para la participación ciudadana, pues a
través de su ejercicio se asegura el cumplimiento de las funciones constitucionales y
legales, de los deberes sociales del Estado y se concreta la posibilidad de hacer
realizables otros derechos fundamentales8.

39. Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los
presupuestos esenciales del derecho de petición así: i) la posibilidad de formular

7 Consejo de Estado, Sección Quinta. Reiterado en Rad. 05001-23-31-000-2011-01980-01 (AC).
8 Corte Constitucional. Sentencias T-552 del 1.10.98. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-542 del 13.06.06. M.P.

Clara Inés Vargas Hernández y T-451 del 26.05.11. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.

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peticiones respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii) la obtención
de una pronta resolución del asunto puesto en consideración.

40. Esos componentes del derecho de petición son inescindibles, esto quiere decir
que el goce y satisfacción de este derecho se realiza cuando ambos se verifican; por
lo tanto, el ejercicio del derecho se concreta en la formulación de una petición, pero
se efectiviza con su resolución pronta y material, independientemente de si la
respuesta a la solicitud es favorable o desfavorable9.

41. De igual forma, para que el derecho de petición se garantice no basta obtener
una respuesta, también es necesario que ésta se dé a conocer al interesado. Al
respecto, la Corte Constitucional ha señalado: “Una vez tomada la decisión, la autoridad
o el particular no pueden reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición
es necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en
conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá
afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente”10 (subrayas fuera de texto).

42. Conforme con todo lo anterior, resulta claro que esta garantía fundamental
tiene trascendencia jurídica y social, puesto que, en esencia, constituye un
mecanismo de interacción entre las entidades y el particular cuyo desconocimiento
acarrea inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

43. Finalmente, se advierte que también se corrobora la naturaleza fundamental
del derecho de petición, porque su regulación está contenida en la Ley Estatutaria 11
1755 del 30 de junio del 2015, norma que, adicionalmente, sustituyó el
correspondiente título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

2.6. Carencia actual de objeto12

44. La Sala ha explicado en varias ocasiones13 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente.

9 Corte Constitucional. Sentencias T-495/92, T-010/93, T-392/94, T-392/95 y T-291/96.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
11 Constitución Política. Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las

siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para
su protección; (…).
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 7.04.16, M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 25000-23-42-

000-2016-00849-01., 22.09.16. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 73001-23-33-000-2016-00383-01., 26.01.17
M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad, 63001-23-33-000-2016-00428-01., 6.07.17. M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2017-01198-01. 11.10.17. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 11001-03-15-000-
2017-02032-00., 13.06.19. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. 70001-23-33-000-2018-00336-01., 23.01.20.
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-00295-01.
13 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del

15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-
2365-00.

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45. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

46. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación
sobreviniente.

47. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 201614, señaló que:

«La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud
de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues,
al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del
juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y
contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.15

“A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se
destacó sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que
se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que
sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas
inexistentes en el texto original)

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar
la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño
consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la

14 Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido
15 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe

literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».

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jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente16».

48. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del
Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la
cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra
que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar
la vulneración de los derechos fundamentales.17

49. En palabras de la Corte Constitucional, la “…primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de
hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se
evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por
acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos
que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer…”18.

50. En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.

51. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal.19

52. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

«En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí
para Corte en sede de Revisión,20 incluir en la argumentación de su fallo el

16 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe

literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
17 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18 Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido
19 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado
20 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se

transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la

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análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en
la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la
decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado,
incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la
situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo
considera”.21 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en
estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la
reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se demuestre
el hecho superado22”.23» (Destacado fuera de texto).

53. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

«Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por
la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la
orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues
que el derecho ya no se encuentra en riesgo24.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede
adelantar el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le
corresponde en sede de revisión, determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita25, pronunciarse sobre la
vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591
de 199126 y determinar si, con atención de las particularidades del caso,
procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados27.
Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso
estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii) el
reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no
repetición28; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección
objetiva29».30

54. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal

Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya
protección se solicita».
21 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se

transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
22 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se

transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
23 «Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
24 «Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
25 «Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
26 «ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del

acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será
sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las
responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en
que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión».
27 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
28 «Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
29 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
30 «Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».

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Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en
que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el
daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es
factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.31

55. Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el
supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la
vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la
acción de tutela, con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la
autoridad demandada.

56. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho
para declarar la carencia actual de objeto:

“[P]ara finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera
modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela
termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que
como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no tiene
origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene
lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.

“Se tiene que, esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en
que puede configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela,
parte de una diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia
ha otorgado a la figura del “hecho superado”32 y limita su alcance únicamente a
aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se superó la vulneración
está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo del trámite
tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un “hecho superado”
cuando, por ejemplo, dentro del trámite tutelar una E.P.S. entrega los
medicamentos que su afiliado demandaba, y una “situación sobreviniente”
cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora en su suministro,
decide asumir su costo y procurárselos por sus propios medios.”33”.

2.7. Caso concreto

57. La compañía IV Nivel S.A., consideró que la Presidencia de la República, el
Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia Nacional de Salud,
vulneraron sus derechos de petición, a la libertad de expresión y al debido proceso
administrativo, debido a la falta de respuesta a la solicitud radicada el 8 de
septiembre de 2022 ante la Presidencia de la República y que fue remitida por

31 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
32 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 8, la cual se transcribe

literalmente: “Ya no entendido como la situación a partir de la cual los factores que dieron lugar a la interposición
de la acción de tutela fueron superados por cualquier motivo (Ver Sentencias: SU-225 de 2013; T-630 de 2005; T-
597 de 2008; T-170 de 2009; T-100 de 1995; T-570 de 1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de
aplicación a aquellos eventos en los que dicha situación tuvo lugar con ocasión al obrar de la entidad accionada».
33 «Corte Constitucional. Sentencia T-481/2016».

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competencia el 11 del mismo mes y año34, mediante los Oficios N.º OFI22-
00100336/GFPU 12000002 y OFI22-00100335/GFPU 12000002, al Ministerio de
Justicia y del Derecho y a la Superintendencia Nacional de Salud.

58. Teniendo en cuenta las respuestas allegadas al expediente, la Sala abordará
el problema jurídico planteado para cada una de las entidades demandadas.

2.7.1. Presidencia de la República y Ministerio de Justicia y del Derecho

59. En el informe rendido por el apoderado de la entidad, se expuso que la
petición de la parte actora, fue recibida y que, con anterioridad a la presentación de
esta tutela, se le dio respuesta, en el sentido de indicar que dicho órgano no tenía
competencia para resolver de fondo lo solicitado, motivo por el cual, el escrito fue
enviado a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Justicia y del
Derecho.

60. Al respecto, la Sala advierte que de conformidad con el artículo 21 de la Ley
1437 de 2011, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
aquella debe informar de inmediato al interesado y remitir la petición al competente
con copia del oficio remisorio al peticionario. Los términos para decidir o responder
se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad
competente.

61. En efecto, en las hipótesis en que la autoridad a quien se dirigió la solicitud no
sea la competente para pronunciarse sobre el fondo de lo requerido, también se
preserva la obligación de contestar, consistente en informar al interesado sobre la
falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir a la entidad
encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionario.35

62. De las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que la Presidencia de la
República, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011,
le informó al peticionario que carecía de competencia para resolver de fondo su
solitud y remitió a las entidades que sí lo eran. Igualmente obra constancia del envío
de los oficios tanto a las entidades como al aquí tutelante.

63. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la Presidencia de la
República no vulneró los derechos fundamentales del actor, pues actuó de
conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1437 de 2011.

64. Ahora, el derecho fundamental de petición no le otorga una garantía de
respuesta favorable a los peticionarios, pues aquello no hace parte del núcleo
esencial de este derecho.

34 Traslado que fue informado a la compañía accionante el 11 de septiembre de 2022, a través del Oficio N.º

OFI22-00100333/GFPU 12000002.
35 Ver al respecto la Sentencia de la Corte Constitucional T-230 del 07.07.2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez

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65. En ese sentido, la inconformidad que planeta la parte actora frente a la falta de
competencia del presidente de la República para resolver de fondo su solicitud, no se
traduce en una violación del derecho fundamental de petición, máxime si se tiene en
cuenta que, ante las razones expuestas por la Presidencia de la República, la parte
actora cuenta con los mecanismos establecidos en la Ley 1437 de 2011 para
controvertirlas.

66. Así las cosas, escapa de la competencia del juez constitucional determinar si
la Presidencia de la República o el presidente, son o no competentes para resolver
de fondo la petición elevada por la parte actora y, en consecuencia, iniciar el trámite
de la revocatoria directa de un acto administrativo expedido por la Superintendencia
Nacional de Salud. Sumado a lo anterior, es preciso señalar que la facultad del
presidente para asumir la competencia de algunas de las funciones delegadas a sus
ministros es potestativa, por lo que el juez de tutela no tiene autoridad para imponer
su ejercicio.

67. Por lo anterior, la Sala negará el amparo, ante la falta de vulneración de los
derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo de la
tutelante.

68. Por otro lado, en relación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la
tutelante, en el escrito de demanda, puso de presente que si bien, dicha cartera
ministerial, le remitió un escrito manifestando su falta de competencia para resolver
la solicitud, lo cierto es que dicho oficio no satisface el núcleo esencial del derecho
de petición, en la medida en que no corresponde a una respuesta de fondo, clara,
precisa y congruente con lo solicitado.

69. Al respecto, la Sala considera que, como se expuso en precedencia, de
conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, no resulta vulneratorio del
derecho fundamental de petición, la remisión que realizan las entidades a la
competente para resolver el fondo del asunto.

70. En el sub judice, se acreditó que el 19 de septiembre de 2022, la entidad
remitió por competencia a la Superintendencia Nacional de Salud la petición de la
actora. Igualmente, que dicha actuación fue notificada a la peticionaria.

71. Por lo anterior, no se advierte que el Ministerio de Justicia y del Derecho
vulnerara las garantías fundamentales de la sociedad IV Nivel S.A.

2.7.2. Superintendencia Nacional de Salud

72. La parte actora consideró vulnerado su derecho fundamental de petición,
debido a que la referida entidad, a la fecha de presentación de la tutela, no había
dado respuesta a su petición radicada el 8 de septiembre de 2022 ante la presidencia

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de la República y remitida a la Superintendencia Nacional de Salud el 11 del mismo
mes y año.

73. La entidad accionada, en el escrito de contestación indicó que el 11 de
noviembre de 2022 respondió la petición de la parte actora y le notificó de la misma.
En efecto, en el expediente obran las constancias de envío por correo electrónico al
buzón web ivnivelsa@ivnivel.com, indicado por la sociedad para recibir la respuesta.

74. En la respuesta dada por la entidad al peticionario, se expuso, entre otras
cosas que el artículo 75 de la Ley 1955 de 2019 no resultaba aplicable al caso
concreto:

“Sea del caso señalar en primer término que no puede desconocerse que en la
Resolución No. 20223100003372-6 del 13 de junio de 2022, esta entidad se ocupó del
análisis que usted cuestiona, tal como se constata en los siguientes términos:

“2. Análisis de cambio en la composición de la propiedad Previamente al estudio legal
que debe realizarse respecto a la solicitud de cambio en la composición de la propiedad
presentada por EMSSANAR S.A.S., es importante manifestar que, aunque la entidad en
su solicitud, relacionó una propuesta de capitalización de hasta ocho (8) años, por tanto,
el presente estudio pretende resolver el monto a capitalizar para el primer año
relacionado en las comunicaciones, las cuales corresponden a un valor total de
$33.399.381.377, esta precisión fue informada a la entidad mediante oficio No
202141201267431 del 2 de septiembre de 2021, en la que se le manifestó a
EMSSANAR S.A.S., que solo evaluará en ejercicio de sus funciones la capitalización de
acreencias con obligaciones que se encuentren causadas y debidamente reconocidas
en los estados financieros asimismo debe presentar una solicitud de autorización previa
del cambio de la composición de la propiedad, por cada una de las nuevas operaciones
que pretenda realizar.

Por otra parte, en el asunto que nos ocupa no resulta aplicable el contenido del artículo
75 de la Ley 1955 de 2019 por las siguientes razones: Respecto a la aplicación del
artículo 75 de la Ley 1955 de 2019 El artículo 75 de la Ley 1955 tiene como una de sus
principales finalidades establecer un control sobre el ingreso de capitales privados al
mercado del aseguramiento obligatorio en salud, mediante el establecimiento de una
serie de requisitos y reglas orientadas a evaluar la idoneidad, responsabilidad y carácter
de las personas interesadas en adquirir como mínimo el 10% o más del capital o el
patrimonio de una EPS. Dichos requisitos y reglas son aplicables a inversionistas
nacionales o extranjeros que deberán acreditar: a) El origen de los recursos; b) un
patrimonio mínimo en los términos señalados en dicha norma y; c) un monto mínimo de
recursos propios para llevar a cabo la operación.

75. Por otra parte, se indicó que las preguntas elevadas en la petición, habían sido
objeto estudio en Resolución No. 20223100003372-6 del 13 de junio de 2022,
proferida por esa entidad, motivo por el cual se transcribió dicho acto administrativo.

76. Finalmente, en cuanto a la solicitud de revocatoria directa presentada, se
informó que la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en
Salud dio traslado a la Dirección Jurídica para que en el marco de sus competencias,
se resuelva la petición de revocatoria invocada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05584-00
Demandante: IV Nivel S.A.
Demandados: Presidencia de la República y otros

77. Igualmente, se le indicó a la peticionaria, que una vez fuera expedido el
correspondiente acto administrativo por parte de la Dirección Jurídica de esa
Superintendencia, le sería notificado.

78. Desde ese panorama y teniendo en cuenta que la acción de tutela se ejerció el
20 de octubre de 2022, se advierte que en este asunto se configuró el fenómeno de
la carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que durante el trámite
del mecanismo de protección constitucional, la Superintendencia Nacional de Salud
dio respuesta de fondo y de manera clara a su petición. Igualmente, trasladó la
petición de revocatoria directa a la dependencia competente, por lo que su actuar
ocasionó que el supuesto fáctico que motivó la solicitud de amparo desapareciera.

79. Así las cosas, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
en relación con la Superintendencia Nacional de Salud.

2.8. Conclusión

80. La Sala negará el amparo solicitado en relación con la Presidencia de la
República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, por cuanto dichas entidades
dieron trámite a la petición de la actora, de conformidad con el artículo 21 de la Ley
1437 de 2011 y notificaron de su decisión a la aquí tutelante, con anterioridad a la
radicación de la presente acción de tutela.

81. Por otro parte, se declarará la carencia actual de objeto de hecho superado en
relación con la Superintendencia Nacional de Salud, en atención a que durante el
trámite de la acción de tutela dicha superintendencia dio respuesta de fondo y clara a
la petición de la sociedad IV Nivel S.A. y le notificó de la misma, razón por la cual se
superó el hecho que motivó la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por E.P.S.
EMSSANAR S.A.S.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por la sociedad IV Nivel S.A. contra la
Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad
con las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO de la acción de
tutela interpuesta por la sociedad IV Nivel S.A. contra la Superintendencia Nacional

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05584-00
Demandante: IV Nivel S.A.
Demandados: Presidencia de la República y otros

de Salud, por los motivos expuestos en esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto
2364 de 2012.

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