RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05606-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05606-00

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05606-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, por el incumplimiento del requisito de inmediatez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 8 Expediente: 11001-03-15-000-2022-05606-00 Demandante: Ibeth de Jesús Pérez Acosta y otros Acción de tutela 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05606-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de noviembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05606-00
Demandante: IBETH DE JESÚS PÉREZ ACOSTA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE
CONFIRMÓ LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
QUE DECLARÓ PROBADA LA EXCEPCIÓN DE
PRESCRIPCIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE LOS
INTERESES A LAS CESANTÍAS Y LA SANCIÓN
MORATORIA POR LA NO CONSIGNACIÓN OPORTUNA
DE LAS CESANTÍAS. NO SE CUMPLE CON EL
REQUISITO DE INMEDIATEZ.

Síntesis del caso: la demandante consideró que la autoridad judicial demanda vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia y trabajo
con ocasión del fallo proferido el 23 de febrero de 2022 pues, a su juicio, incurrió en un defecto
fáctico.

La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por los señores Ibeth de Jesús
Pérez Acosta, Rodrigo de Jesús Ortega Vides, Neila María Meza Tovar, Alberto Manuel
Acosta Avilez y Nidia Ester Buelvas Guarín en contra del Tribunal Administrativo de
Sucre para la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y trabajoconsagrados en los artículos 229 y 25 de la Carta Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Mediante escrito radicado el 21 de octubre de 2022 los señores Ibeth de Jesús Pérez
Acosta, Rodrigo de Jesús Ortega Vides, Neila María Meza Tovar, Alberto Manuel

2
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05606-00
Demandante: Ibeth de Jesús Pérez Acosta y otros
Acción de tutela

Acosta Avilez y Nidia Ester Buelvas Guarín presentaron acción de tutela en contra de
la providencia judicial proferida el 23 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo
de Sucre con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales, por cuanto, a su
juicio, incurrió en un defecto fáctico.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 14 de junio de 2013 solicitaron al municipio de San Juan de Betulia (Sucre) el
reconocimiento de cesantías, intereses de cesantías y pago de la sanción moratoria
contenida en el artículo 99 numeral 3 de la Ley 50 de 1990, por no consignarlas de
manera oportuna.

2) Presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de San Juan de Betulia con el fin
de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto o presunto derivado del
silencio administrativo generado por no responder el derecho de petición para que se
accediera al pago de las cesantías, con su debida indexación; así como a los intereses
correspondientes y a la sanción moratoria a que tenían derecho como empleados de
la alcaldía.

3) El proceso correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo, quien mediante sentencia del 15 de enero de 2018 declaró la nulidad del
acto ficto o presunto de carácter negativo, condenó al municipio a reconocer y pagar
lo concerniente al auxilio de cesantías al fondo privado correspondiente y declaró
probada la excepción de prescripción de la reclamación de los intereses de cesantías
y la sanción moratoria.

4) Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación1,
desatado por el Tribunal Administrativo de Sucre en providencia del 23 de febrero de

1 En el que indicó que i) era procedente el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías anualizada

causada a favor del señor Alberto Manuel Acosta Avilés por su vinculación en el año 2005; ii) no estaban
afectadas por prescripción extintiva la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías
anualizadas de los señores Rodrigo Ortega Vides, Ibeth Pérez Acosta, Neyla María Meza Tovar, Alberto
Manuel Acosta Avilés Y Jorge Luis Cervantes Vergara; iii) no se encontraban afectadas de prescripción
extintiva los intereses de cesantías con ocasión del auxilio de cesantía de los señores Rodrigo Ortega

3
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05606-00
Demandante: Ibeth de Jesús Pérez Acosta y otros
Acción de tutela

20222, en la cual adicionó el numeral 2º de la sentencia de primera instancia en el
sentido de i) reconocer y pagar a favor del señor Alberto Manuel Acosta Avilés el auxilio
de cesantías respecto del año 2005, de manera proporcional y ii) que una vez
liquidadas todas las sumas por concepto de auxilio de cesantías en favor de los
señores Rodrigo Ortega Vides, Ibeth Pérez Acosta, Neyla María Meza Tovar, Alberto
Manuel Acosta Avilés y Jorge Luis Cervantes Vergara, la entidad debía indexarla, año
por año, con el índice de precios al consumidor.

2. El fundamento de la vulneración

La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia y trabajo con
ocasión del fallo proferido el 23 de febrero de 2022 por cuanto, a su juicio, incurrió en
el defecto fáctico.

Indicaron que el tribunal dio por probado que se les había entregado la certificación de
cuantía liquidada a 31 de diciembre del pago de las cesantías y que el fondo les había
notificado sobre el saldo de estas en sus respectivas cuentas; sin embargo, como no
había prueba de ello dentro del expediente, no era posible que se tomara la fecha de
la supuesta notificación para contabilizar el término de prescripción de la sanción
moratoria.

Sostuvieron que fue con la sentencia del tribunal que nació a la vida jurídica el
reconocimiento de las cesantías y los demás derechos derivados del incumplimiento
de no pagarlas oportunamente.

Pusieron de presente que anteriormente presentaron una acción de tutela por los
mismos hechos, la cual fue declarada improcedente dado que el abogado que los
representó no estaba legitimado en la causa por activa, pues no contaba con poder
para actuar, proceso en el que no fue estudiado y resuelto de fondo el problema jurídico

Vides, Ibeth Pérez Acosta, Neyla María Meza Tovar Y Jorge Luis Cervantes Vergara y iv) que era
procedente la indexación del auxilio de cesantías de los señores Rodrigo Ortega Vides, Ibeth Pérez
Acosta, Neyla María Meza Tovar, Alberto Manuel Acosta Avilés y Jorge Luis Cervantes Vergara.
2 La notificación de la sentencia se surtió por correo electrónico el 14 de marzo del presenta año.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05606-00
Demandante: Ibeth de Jesús Pérez Acosta y otros
Acción de tutela

que se planteó, por lo que era procedente presentar nuevamente el mecanismo
constitucional.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“1. Revocar y ordenar el reconocimiento en la sentencia, en relación (sic) la
sanción moratoria y (sic) interés de las cesantías (12%) que fueron negada
(sic) en la (sic) sentencias por parte DEL JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO ORAL DE SINCELEJO en providencia de fecha 15 de
enero de 2018 y al honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en
providencia de fecha 23 de febrero de 2022 y reconocer el (sic) derechos a
mis poderdantes el relación a (sic).”. (archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI-).

4. Actuación procesal

Mediante auto del 25 de octubre de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Sucre,
al titular del Juzgado Octavo Administrativo Oral de Sincelejo y a la alcaldesa o quien
haga sus veces del municipio de San Juan de Betulia (Sucre), con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Sucre sostuvo que no se cumplía
con el presupuesto de la relevancia constitucional, pues lo que pretendía la parte
demandante era reabrir un debate legal sobre la prescripción de la sanción moratoria
por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas y de sus intereses, el
cual ya se había surtido en el trámite de la segunda instancia; de igual manera, que no
se encontraba superado el requisito de inmediatez.

El titular del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, después
de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en la primera instancia, manifestó
que la acción de tutela era improcedente pues no podía ser usada como una tercera
instancia para discutir argumentos que ya fueron resueltos en el proceso ordinario.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05606-00
Demandante: Ibeth de Jesús Pérez Acosta y otros
Acción de tutela

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
al Tribunal Administrativo de Sucre, con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales presuntamente vulnerados con ocasión del fallo
proferido el 23 de febrero de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrió en el defecto fáctico.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito inmediatez, por las
razones que procederán a exponerse:

6
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05606-00
Demandante: Ibeth de Jesús Pérez Acosta y otros
Acción de tutela

1) La Sala advierte que en el presente asunto no se cumplió con el requisito de
inmediatez, pues la sentencia de segunda instancia objeto de la tutela fue proferida el
23 de febrero de 2022 y notificada por correo electrónico el 14 de marzo del mismo
año, mientras que la tutela se interpuso el 21 de octubre de 2022, esto es, 7 meses y
6 días después de la notificación, lo que denota que se ejerció por fuera del término
prudencial referenciado.

2) Esta Sala reconoce que aplicar de manera estricta el término de seis meses puede
resultar en una decisión excesivamente rigurosa por lo que no siempre el simple
transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha presentado de
forma tardía.

3) Lo anterior, por cuanto existen circunstancias especiales que no solo justifican que
la acción de tutela no se haya presentado en un término razonable, sino que
demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son
permanentes, persistentes en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.

4) Se insiste que cuando se cuestionan providencias judiciales proferidas en el marco
de los medios de control que se tramitan en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo la oportunidad de la solicitud de amparo por regla general es de seis
meses determinados a partir del momento en que se notifica la providencia acusada,
pues es a partir de ahí que se infiere que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.

5) Ahora bien, se observa que en la tutela la parte demandante manifestó que como
existía otra acción de tutela interpuesta por su apoderado judicial, no podían presentar
nuevamente el mecanismo constitucional hasta que se resolviera la acción que estaba
en trámite, la cual fue declarada improcedente, tanto en primera como en segunda
instancia, por no encontrarse acreditado el requisito de la legitimación en la causa por
activa, decisión que fue notificada el 13 de octubre del presente año3.

3 Proceso con radicación 11001-03-15-000-2022-02464-00 que fue tramitado en primera instancia por

la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en segunda, por la Subsección A de
la Sección Segunda de esta Corporación.

7
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05606-00
Demandante: Ibeth de Jesús Pérez Acosta y otros
Acción de tutela

6) Sin embargo, para la Sala no resulta admisible el argumento presentado por la parte
demandante, pues la notificación debidamente surtida de la sentencia proferida en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Sucre -14 de marzo de 2022-,
constituye el momento a partir del cual debe valorarse la inmediatez, ya que es dicha
providencia y no la sentencia de tutela proferida dentro del proceso con radicación
11001-03-15-000-2022-02464-00, la que originó la alegada vulneración de derechos
fundamentales.

7) Aunado a lo anterior, la Sala divierte que el hecho de que se haya declarado
improcedente la primera acción de tutela por no encontrarse acreditado el requisito de
la legitimación en la causa por activa no tiene la facultad de ampliar el término de
inmediatez, pues el incumplimiento de la carga de demostrar que le asistía interés
jurídico subjetivo en el petitum o que actuaba en representación de los demandantes,
ya sea a través de poder judicial o como agente oficioso, no eximía a la parte
demandante de presentar el mecanismo constitucional en término, más aún cuando
dicha situación les fue advertida en el fallo de tutela proferido el 24 de junio de 2022
contra el cual presentaron impugnación.

8) Por lo anterior, la Sala considera que está objetivamente acreditado que no se
cumplió el requisito de la inmediatez, por un lado, porque transcurrieron más de seis
meses desde la notificación de la decisión de segunda instancia y, por otro, porque la
parte actora en la demanda no expuso razones admisibles que justificaran la tardanza
en la presentación del mecanismo constitucional, motivos suficientes para declarar la
improcedencia del mecanismo constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, por el
incumplimiento del requisito de inmediatez, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

8
Expediente: 11001-03-15-000-2022-05606-00
Demandante: Ibeth de Jesús Pérez Acosta y otros
Acción de tutela

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.