Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05610-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Por hecho superado: el Tribunal accionado ya se pronunció sobre la procedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05610-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05610-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
5 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 110010315000202205610 00
Accionante: CILIA STELLA GONZÁLEZ DE NOSSA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
POR HECHO SUPERADO – El Tribunal accionado ya se pronunció sobre la procedencia
de las medidas cautelares y las excepciones.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por la señora Cilia Stella González de Nossa, de conformidad con el
Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
La señora Cilia Stella González de Nossa, por conducto de apoderado judicial,
instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia. La tutelante elevó las siguientes pretensiones (se
trascribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
Declarativa
1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de la señora CILIA STELLA
GONZÁLEZ DE NOSSA, que le están siendo vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – DESPACHO No. 6.
1
Radicación número: 110010315000202205610 00
Accionante: Cilia Stella González de Nossa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Condenatoria
1. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá que en el término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas proceda a pronunciarse sobre las
medidas cautelares, las excepciones y fije fecha y hora para lleva a cabo
audiencia inicial del artículo 180 del C.P.A.C.A.
2. Hechos relevantes
La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la protección
Social – UGPP interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho -
lesividad, con el fin de que se dejara sin efectos la Resolución No. 000282 de 24
de abril de 2014, por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció
pensión de vejez a favor de la señora Cilia Stella González de Nossa.
El conocimiento del proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Boyacá, el
que ordenó el emplazamiento de la señora González Nossa y le designó curador
ad-litem porque no logró notificarla personalmente de la existencia del referido
proceso.
Adelantadas las etapas del proceso, mediante sentencia de 18 de septiembre de
2018 (radicación: 150012333000201400278 00), el Tribunal Administrativo de
Boyacá accedió a las pretensiones de la demanda.
Con ocasión de lo anterior, se expidió la resolución SUB 49943 del 26 de febrero
de 2019, por la cual se ordenó retirar de la nómina de pensionados a la tutelante y,
por ende, “a la fecha no recibe erogación alguna por el derecho que le asiste”.
Al enterarse de esta situación, la señora Cilia Stella González de Nossa solicitó la
nulidad del proceso por indebida notificación, la que fue desestimada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de proveído del 12 de septiembre de
2019.
La señora González de Nossa interpuso demanda de tutela contra la decisión que
negó la nulidad por indebida notificación, tras considerar que esta le vulneró sus
derechos fundamentales.
2
Radicación número: 110010315000202205610 00
Accionante: Cilia Stella González de Nossa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante fallo de
tutela del 16 de julio de 2020 (radicación: 110010315000201905207 01), amparó
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a
la administración de justicia de la ahora tutelante; dejó sin efectos la providencia
del 12 de septiembre de 2019 y le ordenó al Tribunal Administrativo de Boyacá
dictar una decisión de reemplazo.
En cumplimiento del fallo de tutela, el Tribunal Administrativo de Boyacá, por
medio de proveído del 27 de noviembre de 2020, decretó de nulidad del proceso
ordinario a partir del auto admisorio del 1° de julio de 2014 y ordenó notificar a la
señora González de Nossa para que ejerciera su derecho de defensa y
contradicción.
Surtida la respectiva notificación, la tutelante se opuso a la medida cautelar
solicitada por la UGPP, consistente en que se ordenara la suspensión provisional
de la Resolución No. 000282 de 24 de abril de 2014.
El 28 de abril de 2021, se descorrió el traslado de la demanda por parte de la
señora González de Nossa y, posteriormente, el despacho dio traslado de las
excepciones propuestas.
Manifestó que el proceso ingresó al despacho el 5 de mayo de 2021 “sin que a la
fecha de presentación de esta acción constitucional el Tribunal haya emitido
pronunciamiento sobre las medidas cautelares, las excepciones propuestas, así
como tampoco se ha fijado fecha y hora para audiencia del artículo 180 de la Ley
1437 de 2011”, pese a que se enviaron varios memoriales al despacho solicitando
que se pronunciara al respecto.
3. Fundamentos de la demanda
La accionante alega que el Tribunal Administrativo de Boyacá está vulnerando sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia porque “no se ha pronunciado respecto de la solicitud de medida cautelar
elevada por la U.G.P.P. consiste en la suspensión provisional de la resolución No.
000282 de 24 de abril de 2014, mediante el cual se le reconoció pensión a mí
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Radicación número: 110010315000202205610 00
Accionante: Cilia Stella González de Nossa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
poderdante, la cual valga decir, se encuentra suspendida desde el 26 de febrero
de 2019 por parte de la COLPENSIONES, mediante resolución SUB 49943”.
Expuso (trascripción literal con posibles errores incluidos):
La mora en resolver dicha situación jurídica, por parte del Tribunal, pone en
una situación de vulnerabilidad manifiesta a mí poderdante quien se encuentra
en la tercera edad y es catalogada como un sujeto de especial protección
constitucional, pues, no ha recibido erogación alguna desde el año 2019 de la
pensión que le fue reconocida mediante un acto administrativo que
actualmente se encuentra en firme y con la incertidumbre de que le sea
resuelta su situación jurídica, afectando de contera su derecho fundamental a
la seguridad social.
Lo anterior por cuanto, desde el momento en que ingresó al despacho para
resolver sobre las medidas cautelares (índice 109 expediente digital SAMAI)
ha transcurrido un (1) año y ocho (8) meses, desconociendo el artículo 233 del
C.P.A.C.A., el cual prevé que el auto que resuelva sobre la adopción de las
medidas deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al
vencimiento del término que dispone el demandado para pronunciarse sobre
ella.
De otro lado, no se le ha dado el trámite que corresponde al proceso, pues
tampoco se han resuelto sobre las excepciones planteadas en la contestación,
ni se ha fijado fecha para audiencia del artículo 180 del C.P.A.C.A.,
transcurriendo desde su ingreso al despacho para resolverlas (índice 114
expediente digital SAMAI) un (1) año y cinco (5) meses sin que medie
pronunciamiento.
A pesar de que se han elevado distintas solicitudes al Tribunal, este ha omitido
su deber de dirigir el proceso y velar por su rápida solución, a las voces del
artículo 42 del C.G.P. pues no se le ha dado el trámite procesal que en
derecho corresponde al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
bajo el radicado 2014 - 278, vulnerando flagrantemente el derecho a un
debido proceso sin dilaciones y sin la observancia diligente de los términos
que el estatuto procesal de lo contencioso administrativo establece para
garantizar la tutela judicial efectiva.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia de 26 de octubre de 2022, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó, como
tercero con interés, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, las que se
pronunciaron en los siguientes términos:
4
Radicación número: 110010315000202205610 00
Accionante: Cilia Stella González de Nossa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
4.1.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por conducto del magistrado Dayán
Alberto Blanco Leguízamo, dijo que es cierto que por auto de 27 de noviembre de
2020 se decretó la nulidad de todo lo actuado en el proceso fundamento de la
presente actuación, a partir del auto admisorio de la demanda, tal y como lo
ordenó el fallo de tutela del 16 de julio de 2020.
Informó que, el 8 de marzo de 2021, se efectuó la notificación del auto admisorio
de la demanda y del auto que había ordenado correr traslado de la medida
cautelar solicitada por la UGPP, por lo que “luego de vencidos los respectivos
términos se debía decidir lo pertinente, en su orden, la medida cautelar y las
excepciones”.
Refirió que, atendiendo a ello, mediante auto del 24 de octubre de 2022 -notificado
el 25 de octubre de 2022-, se resolvió la referida medida cautelar, en el sentido de
explicar que “las actuaciones que se cumplieron con posterioridad al auto por el
cual se admitió la demanda habían dejado de existir por razón de los efectos de la
nulidad y, por ende, del auto que había ordenado correr traslado de la medida
cautelar, quedando entonces sin efectos las actuaciones subsiguientes, entre
ellas, el referido auto de fecha 2 de junio de 2017, que había accedido a la medida
previa”.
Precisó que (trascripción literal con posibles errores incluidos):
… si bien la pensión de la ahora accionante en la hora de ahora no se viene
pagando esa circunstancia sólo se justificó mientras la medida cautelar
adoptada mediante auto de 2 de julio de 2017 rigió, habida cuenta que por
virtud de ella el acto de reconocimiento de la pensión quedó afectado,
temporalmente, en el atributo de la ejecutoriedad, por lo que una vez
decretada la nulidad de todo lo actuado, esa afectación desapareció y la
accionante podía reclamar, incluso coactivamente, el pago de las mesadas
pensionales.
De otra parte, informó que por medio de auto de 2 de noviembre de 2022, se
resolvió la excepción formulada por la parte accionante y que esa providencia se
notificó por estado del 3 del mismo mes y año, por lo que, una vez en firme,
proseguirá con la siguiente etapa procesal, sin perjuicio de que se analice si se
configuran o no los presupuestos para dictar una sentencia anticipada, en los
términos del artículo 182 del CPACA.
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Radicación número: 110010315000202205610 00
Accionante: Cilia Stella González de Nossa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Por lo expuesto, concluyó que ese despacho no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la tutelante, porque “ha venido dictando las providencias que la
realidad procesal determinan y conforme con el orden de ingreso al despacho de
los diferentes asuntos”.
4.1.2. La UGPP solicitó que se le desvinculara por falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que “la petición que no ha sido resuelta la cual está
encaminada a que se resuelvan las medidas cautelares, fue dirigida directamente
ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ DESPACHO No 6”.
Agregó que los hechos y pretensiones en los que se fundamentó la demanda de
tutela no son de competencia de esa entidad, sino que obedecen a “un tema
netamente procesal al cual claramente esta Unidad, no puede dar una respuesta,
luego debe ser resuelto directamente por el accionado”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.
En ese sentido, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando
no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser y,
por tanto, cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no
surtiría ningún efecto, la Corte Constitucional ha definido tal situación como
“carencia actual de objeto”.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la carencia actual de
objeto se puede configurar por tres situaciones: i) hecho superado, ii) daño
consumado o iii) acaecimiento de una situación sobreviniente. Frente a estas
figuras se ha sostenido1:
1
T-038 de 1º de febrero de 2019, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicación número: 110010315000202205610 00
Accionante: Cilia Stella González de Nossa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
3.1.1. Daño consumado. Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño
o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera
que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese
la vulneración o impedir que se materialice el peligro2. Así, al existir la
imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el
resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la
Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es
improcedente cuando se ha consumado la vulneración3 pues, esta acción fue
concebida como preventiva mas no indemnizatoria.
3.1.2. Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento
de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como
consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de
derechos fundamentales alegada por el accionante4. Dicha superación se
configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por
tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado5.
3.1.3. Acaecimiento de una situación sobreviniente6. Se presenta en aquellos
casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que a diferencia del
escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada, y
que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el
accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva
situación hizo innecesario conceder el derecho.
3.2. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional también ha señalado que:
‘(i) si bien no resulta viable emitir la orden de protección que se solicitaba en la
acción de tutela, es perentorio un pronunciamiento de fondo sobre el asunto,
precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la presentación
de la acción de tutela, en los casos en que la consumación del daño ocurre
durante el trámite de la acción (en primera instancia, segunda instancia o en el
trámite de revisión ante la Corte Constitucional), o cuando -bajo ciertas
circunstancias- se impone la necesidad del pronunciamiento por la proyección
que pueda tener el asunto (art. 25 del Decreto 2591 de 19917), o por la
necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la
misma situación o que requieran de especial protección constitucional; y (ii) no
es perentorio en los casos de hecho superado o acaecimiento de una situación
sobreviniente, salvo cuando sea evidente que la providencia objeto de revisión
2
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada).
3
Decreto 2591 de 1991, artículo 6: ‘La acción de tutela no procederá: // (…) 4. Cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción
u omisión violatoria del derecho’”.
4
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado), entre otras”.
5
Original de la cita: “Decreto 2591 de 1991, artículo 26: ‘[s]i, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes’”.
6
Original de la cita: “La Corte empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera
modalidad de carencia actual de objeto cuando acaece un hecho posterior a la demanda. Por
ejemplo las sentencias T-988 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016 (MP
Alberto Rojas Ríos), entre otras”.
7
Original de la cita: “El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 25, regula la hipótesis excepcional de
procedencia de la indemnización de perjuicios en el trámite de la acción de la tutela”.
7
Radicación número: 110010315000202205610 00
Accionante: Cilia Stella González de Nossa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
debió haber sido decidida de una forma diferente (pese a no tomar una decisión
en concreto, ni impartir orden alguna), ‘para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar
su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera’, tal como lo prescribe el artículo 24
del Decreto 2591 de 19918’9.
En el caso bajo estudio, la pretensión de la señora Cilia Stella González de Nossa
consiste en que se le ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá “… proceda a
pronunciarse sobre las medidas cautelares, las excepciones y fije fecha y hora
para lleva a cabo audiencia inicial del artículo 180 del C.P.A.C.A”.
Pues bien, consultada la página web de la Rama Judicial, la Sala observa que, tal
y como lo afirmó la autoridad judicial accionada en el informe respectivo, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho -modalidad lesividad-,
promovido por la UGPP contra la señora Cilia Stella González Nossa se
adelantaron las siguientes actuaciones:
● Mediante auto de 24 de octubre de 2022 -notificado por estado del 25 del
mismo mes y año-, el Tribunal Administrativo de Boyacá, frente a la “medida
cautelar solicitada por la parte demandante en el proceso de referencia, así
como frente a las peticiones presentadas por la misma parte frente a la medida
que fue decretada por auto de 2 de junio de 2017, que había ordenado la
suspensión del acto demandado”, resolvió:
PRIMERO: NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional de los
efectos de la Resolución No. 000282 del 24 de abril de 2001, elevada por la
entidad demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente decisión.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes elevadas por el apoderado de la parte
demandada, conforme a lo expuesto.
8
Original de la cita: “El artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: ARTÍCULO 24.
PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto
impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere
de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente
de este Decreto, todo son perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez
también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión”.
9
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia T-205A de 2018 (MP Antonio José Lizarazo
Ocampo)”.
8
Radicación número: 110010315000202205610 00
Accionante: Cilia Stella González de Nossa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
● Posteriormente, respecto de la “excepción previa de falta de jurisdicción o de
competencia, propuesta por la parte demandada”, por medio de providencia del
2 de noviembre de 2022 -notificada al día siguiente-, dispuso:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción previa de falta de
jurisdicción propuesta por la parte demandada, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, ingrese el expediente al
despacho del Magistrado sustanciador para proveer lo pertinente.
● El 8 de noviembre de 2022, el apoderado de la señora Cilia Stella González de
Nossa interpuso el recurso de reposición contra la anterior decisión, por lo que,
mediante escrito del 10 de noviembre de 2022, la apoderada de al UGPP
“descorre el traslado del recurso de reposición”.
En ese contexto, dado que el Tribunal accionado ya se pronunció sobre las
medidas cautelares solicitadas por la UGPP y sobre las excepciones propuestas
por el apoderado de la señora González de Nossa, la Sala declarará la carencia
actual de objeto, al haberse superado la situación que dio lugar a esta actuación.
Conviene precisar que el hecho de que el Tribunal Administrativo de Boyacá aún
no “fije fecha y hora para lleva a cabo audiencia inicial del artículo 180 del
C.P.A.C.A”, no desdibuja la configuración del hecho superado, habida cuenta de
que ello obedece al proceder de la ahora tutelante, dado que ella fue quien
interpuso el recurso de reposición contra el auto del 2 de noviembre de 2022,
pendiente de resolverse.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
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Radicación número: 110010315000202205610 00
Accionante: Cilia Stella González de Nossa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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