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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05619-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05619-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- REVÓCASE la sentencia de 1 de febrero de 2023, dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado. En su lugar, Segundo.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un hecho superado, por las razones expuestas en esta providencia. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05619-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

11 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05619-01
Actor: María Fernanda Díaz Peñaloza y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05619-01
Demandantes: MARÍA FERNANDA DÍAZ PEÑALOZA Y OTROS1
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, SALA DE
DECISIÓN No. 001

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Tardanza en proferir sentencia
de segunda instancia en medio de control de reparación directa.
Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante contra la sentencia de 1 de febrero de 2023,
dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado dentro de
la acción de tutela que resolvió negar sus pretensiones y el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes sostuvieron que en el mes de julio de 2015, presentaron
demandas de reparación directa con el fin de obtener la declaratoria de
1
Darlys Patricia Arias Lora; María Alexandra, Ernelda Rosa y Alma Lucía Díaz Yepes; Javier
Rafael Díaz Reyes, Wilmer Javier Díaz Rodríguez, Wilmer Javier y Jhon Javier Díaz Morantes,
Adalberto Díaz Cerpa, Graciela Hortensia Díaz Sierra, Juan Carlos y María Isabel Herrera Díaz,
Luis Felipe Díaz Díaz, Isabel Marina Gloria Landero, Judith Esther Gamarra Herrera, Judith Esther
Gamarra Ahumada, Rafael Enrique Gamarra Cortesano, Dober José y Yamiris Rosa Gamarra
Cortezano, Constanza María y Julio Manuel Gamarra Peñaloza, Luis Antonio Gamarra Arrieta,
Dana Margarita Herazo Herrera, Roberto Antonio y Federico Manuel Herrera Meléndez; Jorge Luis,
Carlos Miguel y Leovanis Rafael Herrera Herrera; Georgina Nacira; Fernanda Elena, Elisa Belén,
Jairo Manuel y Luis Alberto Herrera Yepes; Claudia Patricia Herrera Acosta, Édgar José y Perfecto
Antonio Herrera Díaz, María José Jaime Cortezano, Leomadis Margoth Lora Teherán, Luz Marina
Landero García, María del Carmen López Díaz, Mario Rafael Meléndez Díaz, Gleiner Alfonso y
Benilda Isabel Morante Barboza, Jesús Fernando y Arnoldo Gregorio Mejía Herrera, Irma Isabel
Mejía García, Ludys del Socorro Mercado García, Sixto Manuel Núñez Reyes; Siny Paola, Kelly
Johanna, José Luis, Juan Alberto y Yair Alfonso Arias Lora; Ana Isabel y Nilba Estela Arrieta
García; Gidier, Luz Marina y Ángela Patricia Arrieta Meléndrez; Luis Antonio Álvarez Mercado,
Paola Pilar Ávila Díaz, Adriana Carolina Anillo Valdez, Ana Ilse Arroyo Vásquez, Nohemí Patricia
Arroyo Herrera, María Camila Ávila Arroyo; Karina Paola, Juan Carlos y Pedro Antonio Barreto
Arrieta; Rafael Enrique y Hernán Rafael Bermúdez Arrieta, Miguel Ángel y Josué Cortesano Bueno,
Jesús Antonio Conde Caro; Guillermo Antonio, Kenia Paola, Elia Rosa y Mileydis Bernarda Conde
Romero; Nadia Judith y Carmen María Caro Torres; Éder Napoleón y Julio Manuel Caro Díaz, Luis
Ricardo Caro Caro, Carlos Germán y Olga Lucía Caro Gamarra, Édison Rafael Caro Tapia,
Yolanda Caro de Anillo, Margarita Rosa Caro Anillo, Gladis del Socorro Caro Reyes, Teresita de
Jesús y Pedro José Cortezano Herrera, Juan David Cortezano Arroyo, Adriana Marcela Cortezano
López; Enrique Bernardo, Nora del Socorro, Pura Concepción, Xiomara y Juan José Cortesano
García y Linda Michel Cerpa Rivera.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Actor: María Fernanda Díaz Peñaloza y otros

responsabilidad de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional,
Policía Nacional y municipio de San Jacinto, Bolívar, por “los hechos de violencia
de que fueron víctimas los accionantes el día 27 de septiembre de 1999, en el
corregimiento de Las Palmas del municipio de San Jacinto (Bolívar), cuando un
grupo de hombres fuertemente armados y al margen de la ley, ingresaron desde
tempranas horas de la mañana a dicha población y citaron a todos sus habitantes
a una reunión en la plaza pública del pueblo donde los acusaron de ser
auxiliadores de la guerrilla y, con lista en mano, procedieron a asesinar y a
masacrar vilmente en presencia de todos a varios pobladores, lo que generó el
desplazamiento forzado, masivo y colectivo de toda la población” -expedientes
Nos. 13001-33-33-008-2015-00509-00; 13001-33-33-012-2015-00418-00 y
13001-33-33-012-2016-00037-00 (acumulados)-.

Manifestaron que el expediente acumulado correspondió por reparto al Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena de Indias, que mediante
sentencia de 1 de noviembre de 2017, resolvió negar las pretensiones de los
accionantes, bajo el argumento de que la parte demandante no aportó el
suficiente material probatorio de las situaciones fácticas expuestas en la
demanda, por lo que no generaban certeza respecto de la calidad de desplazados
de los accionantes.

Refirieron que contra esa decisión interpusieron recurso de apelación que se
tramitó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 001, en
donde se encuentra al despacho para fallo desde el 5 de mayo de 2019, es decir,
han transcurrido casi cuatro (4) años sin que se haya proferido sentencia de
segunda instancia.

Por último, adujeron que han presentado tres solicitudes de impulso procesal, sin
haber obtenido respuesta alguna.

2. Fundamentos de la acción

Los demandantes presentaron acción de tutela con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, los cuales consideran vulnerados con la tardanza en
emitir sentencia de segunda instancia en el marco del proceso de reparación
directa No. 13001-33-33-008-2015-00509-01 y acumulados, en tanto han
transcurrido casi cuatro (4) años desde que ingresó el expediente al despacho
para fallo.

Mencionaron que de conformidad con la sentencia T-027 de 2000 de Corte
Constitucional, la acción de tutela es procedente para obtener la protección del
debido proceso y del acceso a la administración de justicia cuando se incumplan
los términos procesales. Además, refirieron que en la sentencia T-708 de 2006, se
establece que es posible ordenar la alteración del orden regular para el fallo,
cuando se esté en presencia de un sujeto de especial protección constitucional.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Que se ampare el derecho fundamental de los accionantes al acceso real y
oportuno a la administración de justicia, por cuanto son sujetos de especial protección
constitucional y por encontrarse en una situación extrema y de debilidad manifiesta.

2. Que se garantice el derecho al debido proceso de los accionantes, por cuanto
existe suficiente y abundante material probatorio obrante dentro del expediente, que
demuestran su condición como víctimas desplazadas por la violencia.

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Actor: María Fernanda Díaz Peñaloza y otros

3. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar la alteración del turno por ser
sujetos de especial protección constitucional, por cuanto existen adultos mayores,
madres cabeza de hogar y niños que fueron desplazados por la violencia”.

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela la parte accionante allegó copia de la sentencia de primera
instancia y de las solicitudes de prelación de fallo radicadas con el fin de que se
profiera con prontitud la sentencia de segunda instancia.

5. Trámite procesal

Por auto de 28 de octubre de 2022, el consejero ponente requirió al abogado de la
parte actora para que aportara los poderes de las señoras María Fernanda Díaz
Peñaloza, Darlys Patricia Arias Lora y Nina Sofía Díaz Caro y los demás
demandantes que asegura representar. Así mismo, que indicara todas las
personas que integran la parte demandante en el medio de control de reparación
directa. Además, resolvió admitir la solicitud y ordenó notificar a la autoridad
judicial demandada, así como al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
y al alcalde de San Jacinto, Bolívar, como terceros con interés.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación
electrónica Nos. 113589 a 113594 de 31 de octubre de 2022, con el fin de dar
cumplimiento a la referida decisión2.

Por auto de 21 de noviembre de 2022, luego de que el apoderado de la parte
actora diera cumplimiento al referido requerimiento, el consejero ponente precisó
que se tendrían como accionantes a los señores María Alexandra, Ernelda Rosa y
Alma Lucía Díaz Yepes; Javier Rafael Díaz Reyes, Wilmer Javier Díaz Rodríguez,
Wilmer Javier y Jhon Javier Díaz Morantes, Adalberto Díaz Cerpa, Graciela
Hortensia Díaz Sierra, Juan Carlos y María Isabel Herrera Díaz, Luis Felipe Díaz
Díaz, Isabel Marina Gloria Landero, Judith Esther Gamarra Herrera, Judith Esther
Gamarra Ahumada, Rafael Enrique Gamarra Cortesano, Dober José y Yamiris
Rosa Gamarra Cortezano, Constanza María y Julio Manuel Gamarra Peñaloza,
Luis Antonio Gamarra Arrieta, Dana Margarita Herazo Herrera, Roberto Antonio y
Federico Manuel Herrera Meléndez; Jorge Luis, Carlos Miguel y Leovanis Rafael
Herrera Herrera; Georgina Nacira; Fernanda Elena, Elisa Belén, Jairo Manuel y
Luis Alberto Herrera Yepes; Claudia Patricia Herrera Acosta, Edgar José y
Perfecto Antonio Herrera Díaz, María José Jaime Cortezano, Leomadis Margoth
Lora Teherán, Luz Marina Landero García, María del Carmen López Díaz, Mario
Rafael Meléndez Díaz, Gleiner Alfonso y Benilda Isabel Morante Barboza, Jesús
Fernando y Arnoldo Gregorio Mejía Herrera, Irma Isabel Mejía García, Ludys del
Socorro Mercado García, Sixto Manuel Núñez Reyes; Sindy Paola, Kelly Johanna,
José Luis, Juan Alberto y Yair Alfonso Arias Lora; Ana Isabel y Nilba Estela Arrieta
García; Gidier, Luz Marina y Angela Patricia Arrieta Meléndrez; Luis Antonio
Álvarez Mercado, Paola Pilar Ávila Díaz, Adriana Carolina Anillo Valdez, Ana Ilse
Arroyo Vásquez, Nohemí Patricia Arroyo Herrera, María Camila Ávila Arroyo;
Karina Paola, Juan Carlos y Pedro Antonio Barreto Arrieta; Rafael Enrique y
Hernán Rafael Bermúdez Arrieta, Miguel Ángel y Josué Cortesano Bueno, Jesús
Antonio Conde Caro; Guillermo Antonio, Kenia Paola, Elia Rosa y Mileydis
Bernarda Conde Romero; Nadia Judith y Carmen María Caro Torres; Éder
Napoleón y Julio Manuel Caro Díaz, Luis Ricardo Caro Caro, Carlos Germán y

2
La accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros con interés fueron
notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: leonardo-portillo@hotmail.com;
stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co;
stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co; alcaldia@sanjacinto-
bolivar.gov.co; contactenos@sanjacinto-bolivar.gov.co; notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co;
segen.consejo@policia.gov.co; notificacion.tutelas@policia.gov.co.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05619-01
Actor: María Fernanda Díaz Peñaloza y otros

Olga Lucía Caro Gamarra, Édison Rafael Caro Tapia, Yolanda Caro de Anillo,
Margarita Rosa Caro Anillo, Gladis del Socorro Caro Reyes, Teresita de Jesús y
Pedro José Cortezano Herrera, Juan David Cortezano Arroyo, Adriana Marcela
Cortezano López; Enrique Bernardo, Nora del Socorro, Pura Concepción, Xiomara
y Juan José Cortesano García y Linda Michel Cerpa Rivera.

Así mismo, ordenó la vinculación como terceros con interés de los señores Ana
Estebana y Manuel Antonio Herrera Meléndez, Cinthya Karina y Liseth Johana
Berrocal Ortega, Carlos Ramón Cortina Estrada, Celestino Díaz Lora, Cinthia
Sierra Fontalvo; Rodrigo, Flor de María, Julio Rafael, Carlos Arturo, Nancy del
Socorro, Manuel y Rosa Isabel Caro Peñaloza; Australia Esther y Nellys Isabel
Lora Peñaloza, María Bernarda Sierra Estrada, Julio Rafael Arroyo Cerpa; Dairo
Enrique, Hilda Elena y Diego Manuel Caro Romero, Luis Antonio Gamarra Arrieta,
Meris del Carmen y Yamiris Rosa Gamarra Cortezano, Jorge Luis Herrera Díaz,
José Gabriel Borrego Salas, Petrona Ceneida Fuentes López, Yan Estiven y
Yordan Andrés Hernández Anillo, Idel Alberto Ardila, Vicky Luz y Claritza Esther
Fernández Rivera, Icela Rosa y Doris del Carmen Peñaloza Meléndez, Elizabeth
Tobías Vásquez, Rafael Joaquín Anillo Meléndez, Sixta Isabel y Julio Rafael Anillo
Rivera, Deivis Contreras Sierra, Carmen Eunice Barrios Bustillo, María Mercedes
Barrios de Castellar; Luz Estela, Gabriel Eduardo, Ibeth María, Natali y Nereida del
Socorro Caro Gamarra, Adela Margot Caro Osorio, Etilsa Marina y Neida del
Socorro Gamarra de Caro, Gabriel Eduardo Caro Ardila, Rosiris María Rojano
Colón; Ened Marina, Juana Francisca y Juan Manuel Gamarra Caro, Glodomiro
Rafael Fontalvo Ortega, Tulio Fontalvo Carbonell, Miguel Ángel y Aura Padilla
Gamarra, Ramiro Rafael Caro Herrera, Elida María Arroyo Sierra; Diana Carolina,
Juan Gabriel y Yuleima Paola Caro Rojano; Requis Margot Sierra Caro, Elisa
Virginia Arrieta Guzmán, Lupe del Socorro Arrieta de Yepes; Shirley Judith,
Wíllinton Alberto, Clementina, María José y Leandro José Sierra Arrieta; Yudis,
Miriam Patricia, Olga Lucía y Bienvenida Buelvas Herrera; Hernán Martín, Dayes
Kelima, César Andrés y Argemiro Rafael Arrieta Sierra, Argemiro Arrieta Reyes; Adolfo Francisco, Eva de los Milagros y Nelson Rafael Yepes Barreto; Ana Matilde
Díaz de Salazar, Jacqueline Concepción Casabuenas Julio, Luisa Gregoria Cerpa
Vásquez, Manuel Segundo Cerpa Barraza, Tania Yepes Arrieta, Évelin del Rosario
Cerpa Bustos, Carmela Barraza de Serpa, Yedemis Estrada Narváez; Candelaria
María, Carlos José, Pedro Antonio, Roberto Enrique y Jesús Joaquín Vásquez
Vásquez; María Auxiliadora Vásquez Caro, Álvaro Rivera Díaz, Juan Manuel
Gamarra, Bertha Francisca Reyes de Blanco, Fabio Andrés y Laura Cristina
Escobar Vásquez, Élver Alfonso Robledo Lozano, Aníbal Joaquín Buelvas Díaz,
Cristy Helena Alvis Sierra, Élida Rosa Cerpa de Arroyo, Germán Sierra Peñaloza,
Estiven Estid y Vladimir Ernesto Barreto Carvajal, Yaneth Narváez de Ávila; María
Angélica, Carmen Graciela y María Angélica Mercado Reyes, Luz Mila y Jailer
Antonio Bohórquez Caro, Pablo Antonio Castillo Herrera, Cinthia Tatiana Reyes
Llerena, Érlis Cabarcas Marimon, Argelio Rafael Díaz Cerpa, Katrin Paola Barreto
Gómez, Ingris Johana Blanco Álvarez, Aníbal Joaquín Peñaloza Ortega, Luz María
Mercado Caro, Etilsa Rosa Pacheco Hoyos, María Luisa Arrieta Borrego,
Maybeline Díaz Meléndez, Yemmy Antonio Reyes Rojas, Yoisy Estefanía y Daniel
Alfonso Reyes González, Graciela del Socorro Díaz Tapia, Rosana Patricia
Llerena Olivera, Rosa Isabel Cerpa Bustos, Rosiris del Carmen Peñaloza Ortega,
Adriana Vanessa y Édson Gustavo Díaz Pacheco, María Eugenia Pareja García,
César David Bustillo Barreto, Niyireth Duarte Ortiz, Digna Rosa Caro de
Bohórquez, Jhon Jairo Preston Millán, Hortensia Reyes Arrieta, Norielys y Héiner
Manuel Cerpa Borja, Jefry Manuel Cerpa Mercado, Mercedes María Mercado
Castillo, María Alejandra Barbosa Arroyo, Karen Cecilia Mejía Caro, Constancia
Enid Gamarra García, Sayder Francisco y Sandry Yuleisi Rodríguez Barliza; Ricardo Francisco, Aljadis Carolina, Manuela y Francisco José Barliza Gamarra; Aura Patricia Gamarra Padilla;

Sixta Tulia, Gleidys del Carmen, Yaneth del
Carmen, Carlos Enrique y Otilia Lucía Vásquez Sierra, Luis Alexánder Soto
Vásquez, Lorena Isabel Amaris Sierra, Fabián Molinares Amaris, Iván Enrique y

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05619-01
Actor: María Fernanda Díaz Peñaloza y otros

Mónica Patricia Molinares Amaris, Angie Paola y Geraldinne Paola Barrios
Vásquez, Anastasio Barrios Palomino, Jhan Carlos Vásquez Correa y Gregorio
Manuel Fontalvo Buelvas, por cuanto, pese a no actuar como tutelantes, también
hicieron parte del extremo activo en el proceso de reparación directa cuya mora
judicial se encuentra en discución.

Por último, requirió nuevamente del abogado que en el término de dos (2) días
contados desde el recibo de la respectiva comunicación, aportara el poder
especial a él otorgado por la señora Nina Sofía Díaz Caro, para actuar en su
representación dentro de estas diligencias, de conformidad con el artículo 74 y
siguientes del Código General del Proceso, so pena de las consecuencias que
acarreé su incumplimiento.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación
electrónica Nos. 121338 a 121366 de 22 de noviembre de 2022, 126010 de 5 de
diciembre de 2022, 126281 a 126387 de 6 de diciembre de 2022, con el fin de dar
cumplimiento a la referida decisión3.

Por último, mediante auto de 19 de diciembre de 2022 se vinculó a la señora Nina
Sofía Díaz Caro, en condición de tercera con interés.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación
electrónica Nos. 109 a 140 de 11 de enero de 2023 y 825 de 12 de enero de 2023,
con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión4.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar

En escrito de 3 de noviembre de 2022, el magistrado a cargo del trámite de
reparación directa con radicado No. 13001-33-33-008-2015-00509-01, manifestó
que por auto del 25 de enero de 2019 admitió el recurso de apelación y, en la
misma providencia, estableció que en caso de no presentarse solicitud de pruebas
en segunda instancia, se corría traslado para alegar de conclusión por escrito, por
lo que el expediente ingresó al despacho para dictar sentencia el 5 de abril de
2019.

3
La accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros con interés fueron
notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: leonardo-portillo@hotmail.com;
stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co;
stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co; alcaldia@sanjacinto-
bolivar.gov.co; contactenos@sanjacinto-bolivar.gov.co; notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co;
segen.consejo@policia.gov.co; notificacion.tutelas@policia.gov.co; diazcaroninasofia@gmail.com;
droctavioportillo@hotmail.com; portilloviananotificaciones@gmail.com;
jonhherrera3247@gmail.com; karycinti@gmail.com; liice_24@hotmail.es;
luisantonigamarra@gmail.com; maneherrera2019@gmail.com; megaco1830@hotmail.com;
yamirisgamarra8@gmail.com; portilloviananotificaciones@gmail.com.
4
La accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros con interés fueron
notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: leonardo-portillo@hotmail.com;
stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co;
stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co; alcaldia@sanjacinto-
bolivar.gov.co; contactenos@sanjacinto-bolivar.gov.co; notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co;
segen.consejo@policia.gov.co; notificacion.tutelas@policia.gov.co; diazcaroninasofia@gmail.com;
droctavioportillo@hotmail.com; portilloviananotificaciones@gmail.com;
jonhherrera3247@gmail.com; karycinti@gmail.com; liice_24@hotmail.es;
luisantonigamarra@gmail.com; maneherrera2019@gmail.com; megaco1830@hotmail.com;
yamirisgamarra8@gmail.com; portilloviananotificaciones@gmail.com,
diazcaroninasofia@gmail.com; droctavioportillo@hotmail.com;
portilloviananotificaciones@gmail.com.

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Aseguró que no se configuró mora judicial, pues no existen acciones u omisiones
que atenten contra la oportuna y eficaz administración de justicia.

Indicó que tomó posesión del cargo de magistrado titular del Despacho 003 del
Tribunal Administrativo de Bolívar el 1º de julio de 2021 y que debido a la
deficiencia estructural de la planta de personal y la excesiva carga de trabajo,
resulta imposible cumplir en el tiempo de ley con una prestación eficiente a los
usuarios de la administración de justicia.

Sostuvo que de acuerdo con la organización del Despacho 003, todos los
procesos por acciones y sus etapas tienen sus turnos, atendiendo a la fecha de
entrada al despacho, incluidos los que están en etapa de dictar sentencia. En
cualquier caso, refirió que a la fecha el expediente con radicado No. 13001-33-33-
008-2015-00509-01 se encuentra en el turno 4 para resolver de fondo.

Refirió que el despacho cuenta con una carga aproximada de 420 procesos, entre
los que no se incluyen las acciones constitucionales como tutelas, incidentes de
desacato, cumplimiento y populares, las cuales requieren de un trámite célere y
del cumplimiento de términos perentorios.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la dedicación a los trámites
especiales antes indicados interfiere en la normal evacuación de los procesos
ordinarios y ejecutivos. Ello, aunado a que para evacuar la carga actual se cuenta
con una planta de cargos reducida, compuesta por un auxiliar judicial, un
profesional universitario (cargo creado en el mes de agosto de 2022) y un
abogado asesor.

Por lo anterior, sostuvo que la tardanza no obedece a su negligencia, ni de
ninguno de los otros funcionarios que han estado a cargo del despacho, sino que
es el resultado de los problemas estructurales que existen en la administración de
justicia, los cuales generan una situación de congestión en el despacho, a lo que
se agrega la falta de personal.

Por último, refirió que se han acreditado otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución del proceso dentro del plazo razonable,
como es el caso de la suspensión de términos y las restricciones para acceso a
las sedes judiciales, con ocasión de la pandemia por el COVID 19, y el proceso de
digitalización de los expedientes que conllevó un significativo retraso en los
tiempos de respuesta.

6.2. Respuesta de la Policía Nacional

En escrito de 2 de noviembre de 2022, la asesora de Defensa del Grupo de
Asuntos Jurídicos pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto a la entidad, al considerar que los reproches formulados en el
escrito de tutela están relacionados con la actuación del Tribunal Administrativo de
Bolívar y no con las competencias que le han sido asignadas.

6.3. Intervención de la señora Nina Sofía Díaz Caro

En escrito de 13 de enero de 2023, la señora Nina Sofía Díaz Caro manifestó que
acepta la vinculación como tercera interesada e indicó que como demandante en
el proceso de reparación directa, se encuentra a la espera de la sentencia de
segunda instancia y que si bien no conoce las razones por las cuales el Tribunal
no ha proferido la decisión, supone que se debe, a la alta carga laboral que este
maneja, sumado a ello, la suspensión de los términos debido a la pandemia.

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7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, mediante sentencia de 1
de febrero de 2023, resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela teniendo
en cuenta que aunque han transcurrido más de tres (3) años para desatar el
recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia emitida
dentro del proceso ordinario de reparación directa, la mora encuentra plena
justificación en la carga laboral que tiene la autoridad judicial a quien le
correspondió asumir su conocimiento, aunado al hecho de que, como lo señaló en
su contestación, los asuntos se evacúan según su orden de ingreso al despacho y
como la cantidad de casos pendientes que deben ser atendidos es tan elevada,
aún no ha sido posible desatar el litigio suscitado por los tutelantes, el cual se
encuentra en el turno 4 para tal propósito.

Por último, en cuanto al argumento de los accionantes relacionado con que
requieren que se defina la controversia suscitada en el referido proceso ordinario,
habida cuenta de que atraviesan una difícil situación económica, pues fueron
desplazados por la violencia y muchos de ellos son adultos mayores y madres
cabeza de familia, precisó que si pretenden una alteración de turno para proferir
sentencia de segunda instancia con base en las aludidas razones, pueden, si a
bien lo tienen, formular ante el Tribunal Administrativo de Bolívar solicitud de
prelación, tal como lo autoriza el artículo 187 de la Ley 446 de 1998, con la
finalidad de que se estudie su situación particular y se defina la procedencia de
decidir con prontitud.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante, mediante apoderado judicial, impugnó la decisión de primera instancia
al considerar que debe accederse al amparo constitucional solicitado, teniendo en
cuenta que los accionantes son sujetos de especial protección constitucional por
su condición de víctimas de desplazamiento forzado y por encontrarse en
situación precaria y de extrema pobreza.

Indicó que “entre las personas desplazadas se encuentran niños, adultos mayores,
madres cabeza de familia y personas con limitaciones físicas y que, algunos han
fallecido esperando una reparación administrativa del Estado, por cuenta de una
guerra que no les pertenece”.

En ese sentido, insistió en que de conformidad con la sentencia T-708 de 2006 de
la Corte Constitucional es posible alterar el turno para fallo cuando se está en
presencia de un sujeto de especial protección constitucional. A lo que agregó que
debe tenerse en cuenta que si bien pueden existir circunstancias que justifican la
tardanza, las mismas deben contrastarse con las condiciones de espera
particulares del afectado.

Además, mencionó las sentencias T-220 de 2007, T-945 de 2008, T-027 de 2000,
en las que se protegieron derechos fundamentales de sujetos de especial
protección constitucional. Así como la sentencia de 10 de noviembre de 2010, de
la Sección Tercera del Consejo de Estado (rad. No. 2010-00115-01) que establece
que cuando se trata de un caso grave de violación de derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad se debe tener en cuenta la prelación de fallo
establecida en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009.

Por último, advirtió que la decisión de primera instancia incurrió en (i) defecto
sustantivo al ser contraria y opuesta con el precedente constitucional contenido en
las sentencias T-220 de 2007, T-945ª de 2008 T-708 de 2006, T-027 de 2000; (ii)
defecto procedimental, al no seguir el mismo procedimiento establecido por la

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jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre esta
materia y, en (iii) violación de la Constitución, al no tener en cuenta el precedente
constitucional, como garantía fundamental al debido proceso.

En este orden de ideas, solicitó que se revoque la decisión del a quo y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de tutela.

9. Informe complementario presentado por el Tribunal Administrativo de
Bolívar durante el trámite de segunda instancia

En escrito de 27 de abril de 2023, el magistrado a cargo del trámite judicial
manifestó que el 13 de diciembre de 2022 se registró proyecto de fallo de segunda
instancia dentro del expediente de reparación directa No. 13001-33-33-008-2015-
00509-01. No obstante, sostuvo que la discusión sobre el proyecto entre los
magistrados que conforman la Sala se tomó algunos meses, y que solo hasta el
26 de abril del presente año se emitió el pronunciamiento definitivo, por lo que se
procedió inmediatamente a la notificación de la decisión a las partes, lo cual fue
debidamente acreditado.

Por lo anterior, indicó que en la actualidad no existen actuaciones pendientes por
parte de su despacho, por lo que solicitó que se declare la carencia actual de
objeto por hecho superado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Como quiera que en el curso de la segunda instancia se recibió un escrito
complementario de la autoridad judicial accionada, en el que pone de presente
que se dictó sentencia en el proceso de reparación directa No. 13001-33-33-008-
2015-00509-01, cuya notificación se surtió el 26 de abril de 2023, se debe
establecer si se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición
que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los

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casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda de tutela, al considerar que debe accederse al
amparo constitucional solicitado y ordenarse a la autoridad judicial demandada
que profiera fallo de segunda instancia en el marco del trámite de reparación
directa No. 13001-33-33-008-2015-00509-01 y acumulados, por cuanto se dan los
presupuestos para alterar el turno para fallo dado que los accionantes son sujetos
de especial protección constitucional.

4.2. Sería del caso estudiar los argumentos expuestos en el escrito de
impugnación, si no fuera porque la autoridad judicial demandada informó que el 26
de abril de 2023 notificó la sentencia de segunda instancia, con lo cual las
pretensiones formuladas en la acción de tutela se encuentran satisfechas.

En efecto de conformidad con las pruebas allegadas por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Decisión No. 001, se observa que mediante providencia de 13
de diciembre de 2022 se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 1 de noviembre de 2017, proferida por el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, en el sentido de
confirmar la decisión de negar las pretensiones.

Esa determinación se sustentó en que al igual que lo resolvió el a quo, los
accionantes “no lograron demostrar la obligación jurídica a cargo del Estado de
responder por los perjuicios antijurídicos de los cuales fueron víctimas, toda vez,
que al no haber sido aportados dentro del expediente pruebas que acrediten que
los hechos de los cuales fueron damnificados los habitantes del corregimiento las
Palmas, se debieron a la acción u omisión de las autoridades públicas, en
consecuencia, no es dable endilgar responsabilidad al no encontrarse probados
los presupuestos para la configuración del daño atribuible a las demandadas”.

La decisión fue debidamente notificada el 26 de abril de 2023, al correo electrónico
del apoderado de la parte demandante, como se observa a continuación:

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En este orden de ideas, es claro para la Sala que se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado, pues con el fallo de 13 de diciembre de 2022,
notificado por correo electrónico el 26 de abril de 2023, se entienden satisfechas
las pretensiones formuladas por la parte actora, con lo cual cualquier
pronunciamiento caería en el vacío.

Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20195, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al
desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud,
cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el
objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.

En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente6.

El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”7.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela, dé en principio, una orden al respecto”8.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no
le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis”9.

En este orden de ideas, la Sala revocará la sentencia de 1 de febrero de 2023,
proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y, en su

5
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
6
Criterios reiterados recientemente en la sentencia T-016 de 2023, M.P. Diana Fajardo Rivera.
7
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
8
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
9
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.

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lugar, declarará la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado
teniendo en cuenta que en el asunto bajo examen la autoridad judicial demandada
profirió el fallo de segunda instancia en el marco del medio de control de
reparación directa No. 13001-33-33-008-2015-00509-01 y acumulados, con lo cual
se entienden satisfechas las pretensiones formuladas en el escrito de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- REVÓCASE la sentencia de 1 de febrero de 2023, dictada por la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado, por las razones expuestas en esta providencia.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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