Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05627-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05627-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05627-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
23 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05627-01
11001-03-15-000-2022-05571-00 (acumulado)
11001-03-15-000-2022-05624-00 (acumulado)
Demandante: DANNY FABIÁN RODRÍGUEZ VARGAS Y OTROS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA contra decisión que impidió transcribir las pruebas de la Convocatoria
27, por estar sujetas a reserva de ley / Convocatoria 27 / REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD – No se cumple en este caso porque los demandantes contaban con otro
mecanismo judicial de defensa; sin embargo, no lo ejercieron.
La Sala decide las impugnaciones interpuestas por los señores Danny Fabián
Rodríguez Vargas y Wilmer Yahir Sierra Fagua contra la sentencia del 16 de febrero
de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la
cual se negó la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Las demandas
1.1. Pretensiones
1.1.1. Expediente 11001-03-15-000-2022-05627-00
El 24 de octubre de 2022, el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. Formuló las
siguientes pretensiones:
En mi condición de participante de la convocatoria 27 de la Unidad de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura (en adelante la Unidad), se
tutelen mis derechos al debido proceso, defensa y contradicción, y se le ordene
la autoridad requerida que en la jornada de exhibición a la que aluden los
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05627-01 (acumulado)
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
hechos de la presente tutela garantice el acceso efectivo al pliego de preguntas
y respuestas respectivo y, por ende, le permita a los participantes la utilización
de mecanismos tecnológicos de reproducción de la información o a través de la
posibilidad de su transcripción literal.
Como medida provisional solicitó:
Suspender la jornada de exhibición prevista para el próximo 30 de octubre hasta
tanto se adecúe el protocolo, en el sentido de incluir reglas que garanticen el
acceso pleno a la información, mediante mecanismos tecnológicos o
transcripción literal.
1.1.2. Expediente 11001-03-15-000-2022-05571-00
El 20 de octubre de 2022, la señora Flor Leny Montenegro Guaca interpuso acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la información.
Formuló las siguientes pretensiones:
Primero. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso administrativo,
acceso a la información, derecho de defensa y contradicción en el concurso de
méritos adelantado mediante convocatoria Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de
agosto de 2018 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, destinado a
la conformación de los correspondientes Registros Nacionales de Elegibles para
el cargo de Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
En consecuencia, se ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial-Dirección de Carrera Judicial y a la
Universidad Nacional de Colombia, permitir a la suscrita, sin ninguna restricción
o condicionamiento, realizar en la hoja en blanco que se entregará en la jornada
de exhibición prevista para el 30 de octubre de 2022, inclusive, a través del uso
de tecnologías, la transcripción total o literal de las preguntas y de los ítems de
respuestas de su prueba escrita, que durante dicho procedimiento considere
pertinentes objetar o cuestionar en el escrito complementario del recurso de
reposición interpuesto el 22 de septiembre de 2022 contra la resolución CJR22-
0351 del 01 de septiembre de 2022 y anexo, en la cual se publicaron los
resultados.
A título de medida provisional solicitó:
[S]e ordene a las accionadas durante la jornada de exhibición prevista para el
día 30 de octubre de 2022, permitir a la accionante copiar, transcribir o tomar
registro literal o total de las preguntas y claves de respuesta que considere
pertinentes controvertir en la adición del recurso de reposición presentado
interpuesto el 22 de septiembre de 2022 contra la resolución CJR22-0351 del 01
de septiembre de 2022 y anexo, en la cual se publicaron los resultados. Lo
anterior, atendiendo que posiblemente, para cuando sea resuelta la presente
acción constitucional, ya habrá transcurrido esa data y las ordenes serán
inocuas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05627-01 (acumulado)
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
1.1.3. Expediente 11001-03-15-000-2022-05624-00
El 24 de octubre de 2022, el señor Wilmer Jahir Sierra Fagua interpuso acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por considerar vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso. Formuló la siguiente pretensión:
En mi condición de participante de la convocatoria 27 de la Unidad de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura (en adelante la Unidad), se
tutelen mis derechos al debido proceso, defensa y contradicción, y se le ordene
la autoridad requerida que en la jornada de exhibición a la que aluden los
hechos de la presente tutela garantice el acceso efectivo al pliego de preguntas
y respuestas respectivo y, por ende, le permita a los participantes la utilización
de mecanismos tecnológicos de reproducción de la información o a través de la
posibilidad de su transcripción literal.
Como medida provisional solicitó:
Suspender la jornada de exhibición prevista para el próximo 30 de octubre hasta
tanto se adecúe el protocolo, en el sentido de incluir reglas que garanticen el
acceso pleno a la información, mediante mecanismos tecnológicos o
transcripción literal.
1.2. Hechos
De las solicitudes de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior
de la Judicatura inició el proceso de selección y convocó al concurso de méritos para
la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, denominado
convocatoria 27.
Manifiestan los accionantes que, el 24 de julio de 2022, presentaron la prueba de
aptitudes y conocimientos y que, el 2 de septiembre siguiente, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial publicó la Resolución CJR22-0351 del 1º de
septiembre de 2022, contentiva de los resultados de la mencionada prueba.
De acuerdo con los escritos de tutela, de los 3 accionantes solo la señora Flor Leny
Montenegro Guaca obtuvo el puntaje requerido para clasificar a la siguiente fase.
Inconformes con los puntajes fijados en la Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022, los señores Danny Fabián Rodríguez Vargas, Flor Leny
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05627-01 (acumulado)
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Montenegro Guaca y Wilmer Yahir Sierra Fagua interpusieron sendos recursos de
reposición, los cuales, según manifestaron, se dispondrían a ampliar con
posterioridad a la jornada de exhibición de los cuadernillos de preguntas,
programada para el 30 de octubre de 2022.
Señalaron que en el documento denominado «protocolo de exhibición», las
entidades accionadas establecieron los parámetros que guiarían dicho proceso, sin
que se tuvieran en cuenta los presupuestos mínimos sentados por la ley y la
jurisprudencia para tal actividad, lo cual, de paso, constituía una vulneración de sus
derechos fundamentales.
Concretamente, los accionantes consideran que la prohibición de transcripción por
cualquier medio de las preguntas incorporadas al examen de aptitudes y
conocimientos, limitó sus garantías constitucionales dentro del procedimiento
administrativo previsto en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011 y desconoció lo
resuelto en la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2019, por la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado (radicado 11001-03-15-000-2019-
01310-01), la que, «entre otros aspectos, consideró que era contradictorio y
censurable el hecho de que se prohibiera a los participantes la captura digital del
cuadernillo de preguntas y las respectiva hoja de respuestas, documentos que
carecían de reserva, por tratarse de una prueba ya practicada».
Igualmente, manifestaron que tal limitación restringía la posibilidad de sustentar la
ampliación del recurso de reposición que interpondrían contra la Resolución CJR22-
0351 del 1° de septiembre de 2022.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 28 de octubre de 2022, el despacho sustanciador de la
Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela instaurada por el
señor Danny Fabián Rodríguez Vargas, en el proceso con radicado 11001-03-15-
000-2022-05627-00, y ordenó notificar a los magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad
Nacional, en calidad de parte accionada, y, como terceros con interés, a los
participantes de la Convocatoria 27.
En la misma decisión, se negó la medida provisional solicitada por el accionante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05627-01 (acumulado)
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2.2. En providencia del 1° de octubre de 2022, el magistrado César Palomino
Cortés, integrante de la Sección Segunda, Subsección B, de esta Corporación,
admitió la acción de tutela presentada por el señor Wilmer Jahir Sierra Fagua, en el
proceso con radicado 11001-03-15-000-2022-05624-00, y negó la medida
provisional solicitada. En esa misma providencia, se ordenó remitir el expediente en
mención al despacho del magistrado Oswaldo Giraldo López, para que se estudiara
la posible acumulación a la acción de tutela con radicado 2022-05627-00.
2.3. De igual forma, en auto del 31 de octubre de 2022, el consejero César
Palomino Cortés admitió la demanda de tutela presentada por la señora Flor Leny
Montenegro Guaca, en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2022-05571-00, y
negó la medida provisional solicitada. En ese caso, también dispuso que se
remitiera el expediente al despacho del magistrado Oswaldo Giraldo López, para
que se estudiara la posible acumulación a la acción de tutela con radicado 2022-
05627-00.
2.4. Posteriormente, mediante auto del 9 de diciembre de 2022, la Sección Primera
del Consejo de Estado acumuló las acciones de tutela promovidas por los señores
Sierra Fagua y Montenegro Guaca (radicados 11001-03-15-000-2022-05624-00 y
11001-03-15-000-2022-05571-00, respectivamente) al proceso promovido por el
señor Rodríguez Vargas (radicado 11001-03-15-000-2022-05627-00).
2.5. La Unidad de Administración de Carrera Judicial, por medio de su directora,
rindió el informe respectivo y solicitó que se negaran las pretensiones de las
demandas de tutela, por considerar que esa entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales de los accionantes.
Expuso que, con las medidas adoptadas en la jornada de exhibición, programada
para el 30 de octubre de 2022, esa entidad garantizó a cada concursante el acceso
integral a los documentos de la prueba.
Asimismo, manifestó que no podía permitir que los aspirantes reprodujeran el
contenido de los cuadernillos de preguntas, hojas y claves de respuesta, así como
tampoco su disposición ilimitada, dada la reserva que pesa sobre ellos, contenida
en el parágrafo 2 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996.
2.6. La Universidad Nacional, por conducto del director del Proyecto Contrato de
Consultoría 096 de 2018, rindió el informe respectivo sobre las actuaciones en las
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05627-01 (acumulado)
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
que ha intervenido dicha institución dentro de la Convocatoria 27 y manifestó que las
tutelas resultaban improcedentes al no demostrarse un perjuicio irremediable, «ni
siquiera de manera subsidiaria».
De igual forma, alegó el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, pues si los
accionantes pretenden que se levante la reserva sobre ciertos documentos, deben
hacer uso del recurso de insistencia, el cual se debe tramitar ante el respectivo
Tribunal Administrativo, conforme al artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, tal y como
lo ha reconocido el propio Consejo de Estado, que, en fallos recientes, ha declarado
la improcedencia de la tutela en casos similares, ante la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial.
Finalmente, frente a la interpretación de la sentencia del 25 de septiembre de 2019,
dictada por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado (radicado
11001-03-15-000-2019-01310-01), expuso que se ha cumplido a cabalidad lo allí
ordenado, toda vez que el problema jurídico que se planteó en aquella ocasión hacía
alusión al sitio en el cual iban a ser exhibidas las pruebas, ante la imposibilidad de
algunos aspirantes para trasladarse a Bogotá, por lo que se dispuso que «el material
de la prueba será exhibido a los aspirantes en la misma ciudad en la que estos
presentaron la prueba y por un término igual al que tuvieron para resolver el
examen».
2.7. Los demás vinculados guardaron silencio.
3. Fallo impugnado
La Sección Primera de esta Corporación, mediante fallo del 16 de febrero de 2023,
negó el amparo solicitado por los accionantes, por considerar que la prohibición de
utilizar mecanismos tecnológicos para reproducir los cuadernillos de preguntas, las
hojas y claves de respuesta, o su transcripción literal, no implicaba la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por los accionantes, toda vez que en la
jornada de exhibición adelantada el 30 de octubre de 2022 se garantizó a los
participantes el acceso a esos documentos por un término de 4 horas y 30 minutos,
teniendo la Unidad de Administración de Carrera Judicial autonomía plena para
establecer el mecanismo de consulta, de conformidad con lo establecido en la
sentencia del 25 de octubre de 2019, dictada por la Sección Tercera, Subsección C,
del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05627-01 (acumulado)
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Concluyó que, de acuerdo con la jurisprudencia invocada por los actores, el uso de
los mecanismos tecnológicos para la reproducción o la transcripción literal de la
información contenida en las pruebas presentadas, no era una exigencia para
adelantar la jornada de exhibición.
4. Impugnaciones
Los señores Wilmer Yahir Sierra Fagua y Danny Fabián Rodríguez Vargas
impugnaron la anterior decisión, para lo cual señalaron, en similares términos, que
el cuadernillo del examen no gozaba de ninguna reserva y, por ende, su contenido
podía ser conocido ampliamente por los concursantes sin restricciones.
Según sostuvieron, en la jornada de exhibición solamente se le permitió a cada
asistente tomar apuntes cortos con ciertas ideas, sin que fuera posible transcribir las
130 preguntas y sus respuestas en el tiempo otorgado, debido a lo extenso de los
enunciados y a la presión psicológica ejercida por la persona que estuvo pendiente
de vigilarlos, lo que repercutió en «la ausencia de información certera para
estructurar el recurso de reposición, su adición y la posible demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho».
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema jurídico
En los términos de las impugnaciones, corresponde a la Sala determinar si hay lugar
a confirmar, revocar o modificar el fallo del 16 de febrero de 2023, proferido por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual se negó la solicitud de
amparo. Para el efecto, lo primero que la Sala deberá determinar es si se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de la
subsidiariedad y, si se cumple, se establecerá si las entidades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales alegados por los accionantes.
2. Aspectos generales de la Convocatoria 27, para proveer cargos de
funcionarios en la Rama Judicial
Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior
de la Judicatura inició el proceso de selección y convocó al concurso de méritos para
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05627-01 (acumulado)
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, denominado
convocatoria 27.
A través de la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, la Unidad de
Carrera Judicial decidió corregir la actuación que previamente se había desarrollado
«a partir de la citación a la prueba de aptitudes, conocimientos generales y
específicos y psicotécnica». Dicha decisión fue respaldada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022, con el argumento de que «mantener
los resultados obtenidos por los aspirantes en la prueba de conocimientos y
aptitudes practicada el 2 de diciembre de 2018 conlleva una afectación intensa del
principio constitucional del mérito. Esto es así en la medida en que la prueba no
permite evaluar en debida forma la idoneidad de los aspirantes a ocupar los cargos
vacantes en la Rama Judicial».
Con fundamento en lo anterior, los concursantes fueron citados el 24 de julio de
2022, para que presentaran nuevamente la prueba de aptitudes y conocimientos.
Por medio de la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, se publicó el
listado contentivo de los resultados obtenidos por los concursantes, acto
administrativo contra el cual procedía el recurso de reposición, de conformidad con
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), las reglas de la convocatoria y la propia parte resolutiva del acto. La
anterior actuación fue publicada a través de la página web de la Rama Judicial y
notificada mediante su fijación en la secretaría del Consejo Superior de la Judicatura
durante cinco (5) días hábiles, esto es, del 2 al 8 de septiembre de 2022, por lo que
el término para interponer los recursos en sede administrativa transcurrió del 9 al 22
de septiembre de esa misma anualidad.
El 14 de octubre de 2022, se publicó en la página web de la Rama Judicial el listado
de citación y el instructivo para la jornada de exhibición del material de prueba a
quienes lo requirieron, la cual se realizaría el 30 de octubre siguiente. En el
mencionado instructivo se estableció lo siguiente:
Las pruebas escritas son reservadas, pero se permite que el aspirante acceda a
ellas por una única ocasión para el trámite de su recurso de reposición,
cualquier uso no autorizado se constituye en una transgresión que será
sancionada de conformidad con la normatividad vigente. El aspirante podrá
acceder al material de examen presentado por él, no a las pruebas u hojas de
respuesta de otros aspirantes; de igual forma, el aspirante que accede a las
pruebas escritas admite conocer y aceptar la prohibición de reproducir el
material de prueba de manera física, digital o por cualquier medio. Por ningún
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05627-01 (acumulado)
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
motivo se harán excepciones al respecto. Todo el proceso de exhibición será
filmado por parte de la Universidad Nacional de Colombia.
Una vez realizada la exhibición de las pruebas, el 16 de enero de 2023, la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura expidió
los respectivos actos administrativos, conforme a los cargos convocados, en los
cuales decidió no reponer los recursos de reposición y rechazar los de apelación
interpuestos por algunos aspirantes, continuando así con la fase II del concurso y
encontrándose ahora ad portas de la fase III del mismo.
3. Análisis de la Sala
En el caso particular, los señores Danny Fabián Rodríguez Vargas, Flor Leny
Montenegro Guaca y Wilmer Yahir Sierra Fagua interpusieron acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales, al no habérseles permitido la transcripción (reproducción)
total o parcial del material de prueba de manera física o digital.
Según manifestaron en las respectivas tutelas y en las impugnaciones interpuestas
contra el fallo de primera instancia, en la exhibición solo se les permitió tomar
apuntes breves, lo que impidió la sustentación certera de la ampliación de los
recursos de reposición interpuestos contra la Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022 y, a su vez, la modificación de sus resultados en las pruebas de
aptitudes y conocimientos.
Pues bien, de conformidad con lo expuesto, se tiene que, el 14 de octubre de 2022,
se publicó en la página web de la Rama Judicial el listado de citación y el instructivo
para la jornada de exhibición de material de prueba. Es decir que desde esta fecha
los aspirantes que requirieron tal proceso tuvieron conocimiento de la restricción
establecida en el mencionado instructivo sobre la transcripción manual o digital de
las preguntas y respuestas por estar sometidos a reserva legal.
De modo que le correspondía a los accionantes, en primera medida, solicitar ante la
Unidad de Apoyo a la Gestión de Proyectos de la Universidad Nacional que se
aplicara una excepción a la reserva legal en cuestión y, ante una eventual respuesta
negativa, haber acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
interponer el recurso de insistencia, tal y como lo señala el artículo 26 de la Ley 1755
de 2015, que es del siguiente tenor:
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05627-01 (acumulado)
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de
documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal
Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos,
si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de
Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y
municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o
parcialmente la petición formulada […].
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la inconformidad planteada en las tutelas
radica en la reserva legal que alegó la Unidad de Apoyo a la Gestión de Proyectos
de la Universidad Nacional sobre las pruebas de aptitudes y conocimientos, le
correspondía a los accionantes acudir ante esa misma dependencia y
posteriormente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para ejercer el
recurso de insistencia, lo cual no ocurrió.
Bajo este contexto, se tornan en improcedentes las tutelas por incumplimiento del
requisito de la subsidiariedad, toda vez que los señores Danny Fabián Rodríguez
Vargas, Flor Leny Montenegro Guaca y Wilmer Yahir Sierra Fagua disponían de
otro mecanismo judicial para reclamar la protección de los derechos fundamentales
invocados.
Ahora, respecto de la interpretación de la sentencia de tutela del 25 de septiembre
de 2019, dictada por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado,
identificada con el radicado 11001-03-15-000-2019-01310-01, se tiene que, tal como
lo advirtió el a quo, en la misma se procuró el acceso a los cuadernillos de
preguntas y respuestas a cada uno de los participantes, toda vez que algunos
presentaban inconvenientes para trasladarse hasta Bogotá en una fecha
determinada, mas no impuso la forma en que se debería dar acceso a dicha
información, toda vez que dichas facultades debían ser definidas por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial.
De hecho, esa misma Subsección de la Sección Tercera de esta Corporación, en la
providencia1 mediante la cual se resolvió la solicitud de aclaración y/o adición de la
sentencia del 25 de septiembre de esa misma anualidad, expuso lo siguiente:
[…] De lo transcrito se deriva que el juez de tutela respetó la autonomía de la
entidad, para que evaluara las diferentes formas de cumplir con el fallo, y a
modo indicativo, mencionó algunas formas posibles, por haber sido éstas las
que en el proceso de exhibición solicitaron las personas concursantes.
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 13 de diciembre de 2019, radicado
11001-03-15-000-2019-01310-01 y otros (acumulados).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05627-01 (acumulado)
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
De manera que la providencia, en su parte considerativa, señaló alternativas
para que la entidad administradora ponderara, entre estas u otras posibles, la
más razonable según sus condiciones y posibilidades fácticas. Ahora, la sala
solamente fue enfática, y así lo consignó en la parte resolutiva, en que
cualquiera que fuera la medida adoptada debía garantizar que las personas
beneficiarias de la providencia tuvieran acceso a los cuadernillos de preguntas y
a las respuestas.
Para tal efecto, la providencia se refirió principalmente al hecho de que la
prueba se había practicado en el territorio nacional, y que para muchas
personas no era posible trasladarse a un sitio preciso, cómo era,
exclusivamente, hoy la ciudad de Bogotá. Así, dijo esta Sala, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial podía contemplar la posibilidad de que la
información fuera expuesta en los mismos lugares en donde cada persona
había presentado la prueba. Esto, porque esa medida guardaba entera
correspondencia con la metodología usada para practicar el examen, por tanto,
resultaría una fórmula proporcional y garantista, exhibir la documentación en las
mismas condiciones y, al menos, en el mismo tiempo que tuvieron para practicar
las pruebas.
La anterior solución, puesta a evaluación de la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, significaría una entera protección de los derechos
fundamentales y haría inocuo contemplar otras soluciones alternativas, como
podría ser el envío de la documentación a la residencia de cada persona, o que
se concediera la posibilidad de hacer un registro digital o fotográfico. Sin
embargo, como ya se dijo, el juez de tutela no impuso alguna forma concreta de
cumplimiento, respetando la autonomía de la entidad y consciente de que es
ella quien cuenta con los elementos de juicio y los recursos para cumplir la
orden de tutela […].
De lo anterior, se tiene que en la sentencia que se alega como desconocida, la
Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado en ningún momento le
ordenó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial que permitiera a los
aspirantes hacer un registro digital o fotográfico de los cuadernillos, sino que el
amparo debía garantizar simplemente la exhibición de los mismos a todos los
aspirantes y por el mismo tiempo que tuvieron para realizar las pruebas de
conocimientos y aptitudes, bajo las condiciones que impusiera la entidad hoy
accionada en ejercicio de su autonomía.
Aunado a lo anterior, precisa la Sala que, si bien la providencia en mención
contempló efectos «inter comunis», esta fue dispuesta para una etapa diferente de
la Convocatoria 27, en la cual se advirtieron yerros que fueron corregidos
posteriormente con la repetición de las pruebas escritas, por lo que, al haber
cambiado los fundamentos fácticos expuestos en la misma, mal podría hablarse de
un precedente aplicable al caso concreto.
En los anteriores términos, la Sala modificará la decisión de primera instancia y
declarará improcedente el amparo solicitado por los señores Danny Fabián
Rodríguez Vargas, Flor Leny Montenegro Guaca y Wilmer Yahir Sierra Fagua, por
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05627-01 (acumulado)
Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, sin que se evidencie la configuración
de un perjuicio irremediable para que la tutela proceda como mecanismo transitorio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Modificar la sentencia proferida el 16 de febrero de 2023, por la Sección Primera del
Consejo de Estado, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por los
señores Danny Fabián Rodríguez Vargas, Flor Leny Montenegro Guaca y Wilmer
Yahir Sierra Fagua contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y
firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e
integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR
que aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace.
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