Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05630-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05630-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05630-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
24 de noviembre de 2022
R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 05 6 30 - 00
Ac c i o na nt e : M ar io G e rm án Va l e nc i a H i nc a p i é
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
F.T: 287
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05630-00
Accionante: MARIO GERMÁN VALENCIA HINCAPIÉ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A.
Temas: Acción de tutela en contra de sentencia dictada en un proceso de la misma
naturaleza. Incumplimiento de uno de los requisitos generales de procedibilidad.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Acción de tutela identificada con el número de radicado 2022-00433-00/01
El señor Mario Germán Valencia Hincapié instauró acción de tutela en contra de la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas y de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, para
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo,
igualdad y acceso a cargos públicos por el mérito, los cuales estimó vulnerados, por
no haberle aplicado correctamente la equivalencia correspondiente a 4 meses de
experiencia profesional relacionada, con el título de posgrado en la modalidad de
maestría, en la etapa de verificación de requisitos mínimos para el cargo de
profesional especializado, código 2028, grado 15, en el proceso de selección de
entidades de Orden Nacional 2020-2.
El 6 de septiembre de 2022 el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá salvaguardó los derechos fundamentales reclamados en
protección y, en consecuencia, le ordenó a la Comisión Nacional del Servicio Civil,
junto con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, realizar una nueva
verificación de requisitos mínimos al accionante. Por lo anterior, la última de las
mencionadas interpuso recurso de impugnación. El 6 de octubre de la misma
anualidad el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
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Subsección A, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró
improcedente el mecanismo constitucional.
b) Inconformidad
El accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, puesto que, al expedir la providencia del 6 de
octubre de 2022, incurrió en los siguientes defectos:
1. Defecto procedimental absoluto, debido a que no tuvo en cuenta el trámite
previsto en el Decreto 1083 de 2015, la Resolución 3671 del 17 diciembre de
2021 y el Acuerdo 2094 de 2021, para el Proceso de Selección Entidades del
Orden Nacional 2020-2, concretamente, los requisitos exigidos para el cargo de
profesional especializado, código 2028-15, sino solo los argumentos expuestos
por las entidades allí accionadas, los cuales no se ajustan a la realidad. Al
respecto, adujo que no se aplicó en debida forma la equivalencia, puesto que se
exigía como requisito mínimo tener un título de pregrado, uno de posgrado,
especialización y una experiencia relacionada de 16 meses y, adicionalmente,
se contemplaban cuatro opciones de equivalencias, dentro de las que se
encontraba la de tener un título de pregrado, uno de posgrado en la modalidad
de maestría y una experiencia relacionada de cuatro meses, por lo que, para su
caso, al presentar un título de maestría, la experiencia necesaria era de 4 meses
y no de 16, como erróneamente se determinó.
2. Defecto fáctico, porque argumentó adecuadamente las razones por las cuales,
a pesar de encontrarse admitido en el concurso de méritos, existe una
vulneración grave a sus derechos fundamentales por parte de las entidades
accionadas cuando aplicaron indiscriminadamente una nueva configuración
entre requisitos iniciales con los de equivalencia, lo cual lo pone en desventaja
frente a los demás participantes.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, requirió dejar sin efectos la sentencia proferida el
6 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, para, en su lugar, dejar en firme la providencia emitida el 6
de septiembre de igual anualidad por el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
La abogada Paula Andrea Sánchez Acevedo afirmó que la acción es improcedente,
puesto que busca controvertirse una sentencia dictada en un proceso de la misma
naturaleza. Asimismo, indicó que, al no encontrarse acreditados los requisitos
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generales, no era posible realizar un análisis sobre la configuración de los defectos
alegados.
En todo caso, frente al fondo del asunto, manifestó que el aspirante acreditó el
requisito mínimo de formación, en tanto aportó título profesional en Derecho
expedido por la Universidad Cooperativa de Colombia y título de maestría En
Derecho Penal y Justicia Transicional de la Universidad Santiago de Cali, con lo
cual cumplió con lo exigido por la OPEC a la que se inscribió. De igual forma, explicó
que en el ítem de experiencia fue calificado como válido, puesto que el peticionario
certificó 16 meses de experiencia profesional relacionada que requería la OPEC,
mediante certificación laboral debidamente expedida por la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia.
Ahora, con respecto a la aplicación de la equivalencia de título profesional, título de
posgrado en la modalidad de maestría y 4 meses de experiencia profesional
relacionada, resaltó que esta tiene lugar en el presente asunto, máxime cuando el
aspirante acreditó el ejercicio del mismo cargo y en la misma entidad de la OPEC a
la que está optando. Sin embargo, precisó que el análisis realizado a su
documentación de experiencia se tomó como cumplimiento del requisito mínimo
directamente y no mediante la aplicación de la equivalencia en mención contenida
en el Manual Especifico y Competencias Laborales de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, con lo cual sería válida la admisión mediante esta
equivalencia tomando solo 4 meses de experiencia profesional relacionada y
dejando el tiempo restante para ser tenido en cuenta en la etapa de valoración de
antecedentes.
En ese sentido, resaltó que solo puede modificarse el cambio de estado de admitido
a no admitido y viceversa, concretamente, como en el caso particular el aspirante
fue admitido en la etapa de valoración de antecedentes procederá a realizarse una
apreciación integral de los documentos aportados, donde se dará aplicación a la
equivalencia previamente señalada, con lo cual se tomará como requisito mínimo
de experiencia profesional relacionada solo 4 y no 16 meses. Por lo anterior, solicitó
no conceder el amparo reclamado.
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jhonatan Daniel Alejandro Sánchez Murcia,
indicó que la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme a lo dispuesto en el
artículo 130 de la Constitución Política y la Ley 909 de 2004, es el organismo
encargado de la administración y vigilancia del Sistema General de Carrera y de los
sistemas especiales y específicos de carrera administrativa de origen legal. En ese
sentido, señaló que esa entidad adelantó la convocatoria pública de algunas
entidades del orden nacional, a fin de proveer por mérito las vacantes definitivas de
sus plantas de personal pertenecientes al Régimen General de Carrera
Administrativa, entre las cuales se encuentra la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia, proceso de selección que se denominó con núm. 1539 de 2020
Entidades del Orden Nacional 2020-2.
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Así, sostuvo que profirió el Acuerdo 2094 del 28 de septiembre de 2021, en el cual
se contemplaron, en su artículo 3.°, las siguientes etapas de dicho proceso: 1.
Convocatoria y Divulgación, 2. Adquisición de derechos de participación e
inscripciones, 3. Verificación de los requisitos mínimos para las modalidades del
proceso de selección ascenso y abierto, 4. Aplicación de pruebas y 5. Conformación
de Lista de Elegibles. En ese orden, expuso que el 18 de febrero de 2022 inició la
etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones en la modalidad
ascenso, la que finalizó el 4 de marzo de 2022, y que el 14 de marzo de 2022
comenzó esa etapa para la modalidad de abierto, la cual culminó el 13 de abril para
pago por entidad bancaria Itaú o Puntos Baloto y el 17 de abril de 2022 por PSE.
Ahora bien, precisó que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como
operadora logística de ese concurso de méritos, contratada por la CNSC en virtud
de la Licitación Pública núm. 001 de 2022, realizó la verificación de requisitos
mínimos de los participantes inscritos en la Convocatoria núm. 1539 de 2020
Entidades del Orden Nacional 2020-2 y que, luego de resolver las reclamaciones
presentadas, el 19 de agosto del año en curso dicha institución publicó los
resultados definitivos. En cuanto a ello, indicó que el accionante obtuvo resultado
de admitido, decisión contra la cual no procede ningún recurso.
Adicionalmente, advirtió que la Universidad, con base en los argumentos expuestos,
con respecto a la verificación de las exigencias mínimas, tomará como requisito
mínimo de experiencia profesional relacionada solo 4 meses y no 16 meses, a pesar
de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, haya revocado en segunda instancia el fallo proferido el 6 de septiembre de 2022
por el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá.
De otra parte, resaltó que la Comisión no tiene participación ni injerencia en las
decisiones judiciales proferidas y que el accionante busca controvertir, por lo que
no le es dable oponerse jurídicamente a las pretensiones aducidas en el escrito de
tutela. En ese orden de ideas, solicitó su desvinculación de la acción de la
referencia, ante la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (UAEMC)
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Carlos Julio Ávila Coronel, afirmó que esa
entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no es la
competente para atender favorablemente las pretensiones formuladas por el señor
Mario Germán Valencia Hincapié y tampoco transgredió por acción u omisión los
derechos fundamentales reclamados por aquel. En consecuencia, peticionó la
desvinculación de su representada del presente trámite constitucional.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
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Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el cual regula que:
«[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior
funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).
La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009
de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.
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procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el
juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no
tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la
decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error
judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos
constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o
exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e)
error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f)
decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación
directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.
Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:
1. ¿La acción de tutela de la referencia es procedente para controvertir el
fallo dictado el 6 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en un proceso de la
misma naturaleza?
Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
improcedencia de la acción de tutela para discutir sentencias proferidas en la misma
sede y (II) análisis de los requisitos fijados jurisprudencialmente. Veamos:
I. Improcedencia de la acción de tutela para discutir sentencias proferidas en
la misma sede
La Corte Constitucional definió como uno de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que la misma no
se dirija contra una sentencia proferida en sede de tutela, pues de ser así, aquella
es improcedente. Dicha corporación ha sostenido que admitir la posibilidad de
demandar un fallo de tutela mediante el mismo mecanismo generaría que los
asuntos fueran discutidos indefinidamente, lo cual atenta contra los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada y causa un perjuicio a los derechos fundamentales
cuyo amparo se solicita5.
A pesar de lo anterior, ha admitido su procedencia excepcional cuando: 1. La acción
presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;
2. Se prueba que la decisión adoptada fue producto de fraude y 3. No existe otro
mecanismo legal para resolver la situación6. Lo anterior no significa que el máximo
5 Ver entre otras sentencias: SU-627 de 2015 y SU-1219 de 2001.
6 Sentencia T-951 de 2013.
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tribunal constitucional7 desconoce los posibles yerros en que puede incurrir el juez
de tutela, sino que, por el contrario, ha señalado que los mismos pueden corregirse
a través de otros mecanismos de control del fallo, como lo es, la impugnación y la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional, consagrados en el artículo
86 de la Constitución Política.
II. Análisis de los requisitos fijados jurisprudencialmente
El señor Mario Germán Valencia Hincapié solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales
estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, al expedir la sentencia del 6 de octubre de 2022,
comoquiera que, a su juicio, incurrió en (i) defecto procedimental, debido a que no
tuvo en cuenta el trámite previsto en el Decreto 1083 de 2015, la Resolución 3671
del 17 diciembre de 2021 y el Acuerdo 2094 de 2021, para el Proceso de Selección
Entidades del Orden Nacional 2020-2, concretamente, los requisitos exigidos para
el cargo de profesional especializado, código 2028-15, puesto que no se aplicó
correctamente la equivalencia del requisito mínimo para el cargo, dado que, al
presentar un título de maestría la experiencia profesional relacionada era de cuatro
meses y no de 16; y (ii) defecto fáctico, al no tenerse en cuenta los argumentos que
expuso para demostrar que las entidades allí accionadas aplicaron
indiscriminadamente una nueva configuración entre requisitos iniciales con los de
equivalencia.
Pues bien, como el accionante pretende discutir en esta sede una sentencia
proferida en una acción de tutela, debe resaltarse, inicialmente, que aquel no
expuso ningún argumento para demostrar el cumplimiento de los tres requisitos
previstos jurisprudencialmente para la procedencia excepcional de este mecanismo
en contra de un fallo de la misma naturaleza.
Sin embargo, en aras de garantizar el efectivo acceso a la administración de justicia,
la Subsección, analizará, con base en las pruebas aportadas, si se encuentran
satisfechas tales exigencias. Así, debe comprobarse, en primer lugar, que la acción
de tutela no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; en
segundo lugar, que la decisión adoptada fue producto de fraude; y, en tercer lugar,
que no exista otro mecanismo legal para resolver la problemática planteada.
En esa medida, frente al primer presupuesto, se advierte que las partes no son
iguales, pues si bien es cierto que ambas tutelas fueron presentadas por el señor
Mario Germán Valencia Hincapié, también lo es que no se dirigen contra la misma
autoridad, pues la tutela anterior fue interpuesta en contra de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, y la presente acción en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
7 Sentencia T-353 de 2012.
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Así mismo, se repara en que, en principio, el objeto no es idéntico, toda vez que en
la acción de la referencia pretende cuestionarse el fallo proferido el 6 de octubre de
2022 por el Tribunal precitado en el proceso con radicado 2022-00433-01 y en la
tutela que dio origen a esta buscaba que se tomara como requisito mínimo de
experiencia profesional relacionada para el cargo de profesional especializado,
código 2028-15, solo 4 meses y no 16, al haber aportado el título de posgrado en la
modalidad de maestría.
Finalmente, se tiene que la causa petendi tampoco es igual porque el argumento
que se utilizó para requerir el amparo de la acción anterior consistió en que la
Comisión Nacional del Servicio Civil, la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia no aplicaron
correctamente la equivalencia correspondiente a 4 meses de experiencia
profesional relacionada, en la etapa de verificación de requisitos mínimos para el
cargo de profesional especializado, código 2028, grado 15, en el Proceso de
Selección de Entidades del Orden Nacional 2020-2; mientras que la presente tutela
se fundamenta en que la corporación judicial accionada incurrió en defecto
procedimental, al inobservar el trámite previsto legalmente sobre los requisitos
mínimos exigidos y su equivalencia frente al puesto de profesional mencionado, y
en defecto fáctico, en los términos previamente expuestos.
Por lo anterior, se concluye que el primer presupuesto jurisprudencial se encuentra
satisfecho. Sin embargo, frente al segundo requisito, esto es, que la decisión
adoptada sea producto de fraude, se denota que el mismo no se encuentra
superado, ya que, se itera, aquel no planteó ningún argumento tendiente a alegar o
probar la cosa juzgada fraudulenta, pues los reparos que expuso solo se limitan a
insistir sobre su desacuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal, como si se
tratara de una nueva instancia de la acción anterior, sin que, en ningún momento,
justifique por qué esos errores en que supuestamente incurrió la accionada podrían
constituir dicho fenómeno.
Adicionalmente, tampoco se evidencia que se haya configurado la misma, pues no
se advierte que la decisión se adoptara con fines ilegales ligados a una actuación
dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.
En ese orden de ideas, y sin necesidad de mayores elucubraciones, ante el
incumplimiento del segundo parámetro examinado, la Subsección concluye que el
presente mecanismo no reúne los requisitos para su procedencia excepcional
cuando se pretende controvertir una sentencia dictada en sede de tutela. En
consecuencia, se declarará improcedente la presente acción instaurada por el señor
Mario Germán Valencia Hincapié en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Mario
Germán Valencia Hincapié en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere
impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
ARF
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