Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05633-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05633-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05633-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
24 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05633-00
Demandante: Francisco Javier Sandoval Buitrago.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TULELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05633-00
Demandante: FRANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO
Demandado: JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO MIXTO ORAL DE
POPAYÁN
Temas: Tutela contra decisiones proferidas en el marco de un incidente
de desacato. Requisitos generales de procedencia de la acción.
Procedencia excepcional de la acción de tutela. Defecto fáctico.
Sanción por desacato a fallo de tutela.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el señor
Francisco Javier Sandoval Buitrago contra el Juzgado Décimo Administrativo Mixto
Oral de Popayán, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333
de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Francisco Javier Sandoval Buitrago ejerció acción de tutela contra el
Juzgado Décimo Administrativo Mixto Oral de Popayán, por considerar vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la ad ministración de
justicia. En consecuencia, solicitó:
“Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer y ordenar
a favor mío lo siguiente:
1. Se reconozcan mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
justicia, a preservar mi buen nombre y honra, que como consecuencia se revoque el
Auto Interlocutorio No. 758 de fecha 18 de julio de 2022 emitido por el JUZGADO
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05633-00
Demandante: Francisco Javier Sandoval Buitrago.
DÉCIMO ADMINISTRATIVO MIXTO DE LA ORALIDAD DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
por vulneración directa a mis derechos fundamentales.”
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Adelmo Beltrán Quintero interpuso acción de tutela contra el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario de Popayán – INPEC, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – Uspec-, el Consorcio UTE de alimentos, el Consorcio
UT Alimentos Institucionales, el Consorcio Alikard II y Sumialimentos, por estimar
que las entidades vulneraron el derecho fundamental al trabajo, porque no le
pagaron de manera correcta y en su totalidad la labor desempeñada como cocinero
en la institución carcelaria.
El proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Décimo Administrativo
Mixto de Oralidad de Popayán, que, en sentencia del 25 de marzo de 2020, negó el
amparo solicitado por el señor Adelmo Beltrán Quintero.
Sin embargo, dicha providencia fue impugnada y el Tribunal Administrativo del
Cauca, mediante sentencia del 8 de mayo de 2020, decidió:
“PRIMERO. REVOCAR la sentencia No. 040 del 25 de marzo de 2020, proferida por el
Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Popayán, conforme lo expuesto.
SEGUNDO. TUTELAR el derecho fundamental a la igualdad del señor ADELMO
BELTRÁN QUINTERO, por lo previamente considerado.
TERCERO. ORDENAR al CONSORCIO UT ALIMENTOS INSTITUCIONALES, que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, revise todas las planillas
de pago y determine si se presenta o no, a partir del 31 de octubre de 2019 (fecha de
entrada en vigencia de la Resolución 4020), esto es, en noviembre y diciembre de 2019,
y enero de 2020, un desequilibrio entre lo que se le pagó por horas trabajadas al interno
ADELMO BELTRÁN QUINTERO y lo que en derecho se le debía pagar de conformidad
con la Resolución 4020 del 4 de octubre de 2019 (salario mínimo o proporcional si el
tiempo de trabajo era inferior a un mes); debe precisarse que la revisión no es aplicable
para los meses anteriores porque no estaba vigente la resolución en comento. En el
evento de que haya saldos a favor, se deberán pagar al accionante dentro del mismo
término de 48 horas.
CUARTO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz. Se comisiona al director del EPCAMSPY a efectos de que
notifique la presente providencia al interno.
QUINTO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.”
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05633-00
Demandante: Francisco Javier Sandoval Buitrago.
El 6 de junio de 2022, el señor Adelmo Beltrán Quintero solicitó la apertura de
incidente de desacato contra el Consorcio UT Alimentos Institucionales al considerar
que no se había dado cumplimiento a la orden transcrita dado no realizó el pago de
las diferencias que resultaron a su favor, por el trabajo realizado como ranchero
(cocinero) del pabellón número 4, durante el periodo comprendido entre el 13 de
junio de 2019 y el 20 de enero de 2020.
El señor Francisco Javier Sandoval Buitrago afirmó que, con ocasión a la apertura
del trámite incidental, mediante escrito del 11 de julio de 2022, informó al Juzgado
Décimo Administrativo Mixto de Oralidad de Popayán que efectuó la
correspondiente revisión de las planillas de pago que se efectuaron a favor del
interno, entre los meses de noviembre de 2019 y enero de 2020 y evidenció una
diferencia pendiente por pagar, que ascencía a la suma de “$5.681,439” [esto es,
cinco mil, seiscientos ochenta y un pesos, cuatroscientos treinta y nueve centavos],
con lo cual adujo el cumplimiento de la primera orden de tutela, relacionada con
efectuar la revisión de las planillas de pago.
Que, posteriormente, realizó el pago de la nómina a los internos (rancheros), el cual
se hace al final de cada mes o inicios del siguiente, dentro del cual efectuó el pago
del referido saldo a las cuentas bancarias del INPEC, quien es el encargado de
realizar la consignación o pago en efectivo a cada uno de los rancheros, con
fundamento en lo cual manifestó que, a la fecha, el INPEC es el único responsable
de la entrega efectiva del pago al interno. Al efecto, solicitó que se tuviera en cuenta
que mediante auto del 9 de mayo de 2022, se determinó el cumplimiento del fallo
de tutela.
El Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad de Popayán, en auto del 18 de
julio de 2022, declaró el incumplimiento del fallo de tutela del 8 de mayo de 2020 y,
en consecuencia, sancionó con multa de 3 salarios mínimos legales mensuales
vigentes al señor Francisco Javier Sandoval Buitrago, en calidad de representante
legal de la UT Alimentos Institucionales, por considerar que está incumplimiento la
orden judicial del fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca,
al encontrar acreditada una actuación negligente, omisiva, tardía y deliberada, pues,
si bien fueron aportadas las consignaciones, no podía pasarse por alto que el interno
manifestó que no ha recibido el dinero y, considerando que la orden proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca no impuso algún tipo de obligación
al INPEC, no podía entenderse cumplida la orden judicial.
Dicha providencia fue objeto de consulta y el Tribunal Administrativo del Cauca, en
providencia del 3 de octubre de 2022, modificó la sanción y la fijó en multa
equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente, además exhorto al señor
Francisco Javier Sandoval Buitrago para que, en calidad de representante legal de
la UT Alimentos Institucionales, requiriera al INPEC y verificara el pago directo del
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Demandante: Francisco Javier Sandoval Buitrago.
saldo a favor del interno por la labor desempeñada tal como se estipuló en la
decisión objeto de incumplimiento.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del demandante, el actuar del Juzgado Décimo Administrativo Mixto de
Oralidad de Popayán ha sido desmedido y se extralimitó al proferir la sanción por
desacato y ordenar el cumplimiento de un fallo que ya se encontraba acatado para
el momento en que el interno solicitó el inició el trámite incidental.
Asimismo, sostuvo que ni el juzgado ni el tribunal tuvieron en cuenta las pruebas
aportadas en las que se evidenció que, incluso, existe confusión por parte del
recluso frente a la cifra que recibirá en cumplimiento del fallo de tutela, dado que,
únicamente corresponde a la suma de cinco mil seiscientos ochenta y un pesos con
cuatrocientos treinta y nueve centavos ($5.681,934) y no la cifra que informó el
Tribunal, pues, como se puede observar se incluyó un punto en cambio de la coma,
que es símbolo que diferencia los decimales.
Manifestó que nadie está obligado a lo imposible, para lo cual, explicó que la
empresa de la cual es representante no puede realizar el pago directo a los internos
que prestaron sus servicios, sino que, las consignaciones se efectúan a una cuenta
común, destinada por el INPEC con este fin y a la cual ingresan todos los dineros
que son pagados como contraprestación a una labor penitenciaria y, dado que, la
cuenta es administrada por el INPEC, es esa entidad quien realiza la distribución o
entrega personal a cada uno de los internos, por lo que se trata de un procedimiento
en el que no le es posible intervenir, ni supervisar, pues son actividades propias de
la administración de los centros penitenciarios.
Finalmente, señaló que en el caso bajo estudio lo procedente es verificar los
requisitos señalados en la sentencia SU-034 de 2018, en la que la Corte
Constitucional fijó los requisitos o factores determinantes que un operador judicial
debe considerar al momento de resolver un incidente de desacato para valorar el
cumplimiento de una orden de tutela y así establecer si hay lugar a una sanción.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, mediante auto del 26 de octubre de 2022, admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a las partes, al Tribunal Administrativo del Cauca,
al señor Adelmo Beltrán Quintero, a la UT Alimentos Institucionales y al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- como terceros interesados en el
resultado del proceso, a quienes les remitió copia de la demanda y sus anexos,
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Demandante: Francisco Javier Sandoval Buitrago.
además, ordenó publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia,
así como la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. Oposición
El Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad de Popayán indicó que el
trámite incidental se dio en debida forma y tuvo como resultado una decisión que en
derecho correspondía.
Manifestó que, a la fecha, el proceso se encuentra pendiente de remisión para cobro
coactivo con fundamento en los términos que indica la Ley dado que la sanción fue
confirmada en el trámite de consulta, razón por la cual solicitó se desestimen las
pretensiones del tutelante.
El Tribunal Administrativo del Cauca guardó silencio.
6. Intervenciones
El coordinador del grupo de acciones constitucionales del INPEC solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de dicha entidad al
considerar que es el Juzgado Décimo Administrativo Mixto Oral de Popayán el
encargado de atender los requerimientos del actor.
El director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad Popayán
afirmó que las obligaciones jurídicas referidas en la presente acción no le son
exigibles, razón por la que lo procedente es declarar su desvinculación y la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia al considerar que no ha
existido vulneración alguna por parte de dicha entidad de los derechos
fundamentales invocados por el actor.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
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Demandante: Francisco Javier Sandoval Buitrago.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
Problema jurídico
Se precisa que, si bien, la parte actora en sus pretensiones solicitó se revoque la
sanción impuesta en auto de 18 de julio de 2022, por el Juzgado Décimo
Administrativo Mixto Oral de Popayán, lo cierto es que la última decisión proferida
en el trámite incidental fue el auto de 3 de octubre de 2022, mediante el cual se
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la compo nen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia
de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el mom ento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci ón
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Francisco Javier Sandoval Buitrago.
surtió y resolvió el trámite de consulta ante el Tribunal Administrativo de Cauca, de
manera que corresponde a la Sala realizar el estudio con base en lo decidido en
dicho auto.
En los anteriores términos, la Sala determinará si la acción de tutela de la referencia
procede excepcionalmente para cuestionar el auto del 3 de octubre de 2022,
proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, que confirmó la decisión de
sancionar al actor proferida por el Juzgado Décimo Administrativo Mixto Oral de
Popayán en el trámite del incidente de desacato de tutela y, en caso afirmativo,
establecerá si la autoridad judicial demandada vulneró o no los derechos
fundamentales invocados con la decisión que impuso la sanción por desacato al
actor
De la procedencia de la acción de tutela contra el trámite de un incidente de
desacato
Previo a hacer el estudio de la presunta vulneración de los derechos invocados, la
Sala estudiará la procedencia de la presente acción de tutela.
Al respecto, se advierte que de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia
constitucional 4, es improcedente estudiar providencias que se profieran dentro de
trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe superarse.
No obstante, mediante sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional definió
los casos en los que resultaría procedente la acción de tutela para amparar la
presunta vulneración de derechos fundamentales en el marco de otra acción de
tutela, de la siguiente manera:
“4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la
sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela,
se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra
una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte
Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo
procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.
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La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001 y se reiteró,
entre otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de
2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-
041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2013.
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Demandante: Francisco Javier Sandoval Buitrago.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada
no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera
clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia,
se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de
cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la
demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la
acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su
revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional.” (Negrita y subrayado fuera de texto)
La Corte Constitucional en la SU-034 de 2018 estipuló:
“(ii) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales que ponen
fin al trámite incidental de desacato
La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha indicado que la acción de tutela no procede
contra sentencias de tutela, pues “el mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias
de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por
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decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional” . En este
sentido, los errores de los jueces de instancia son susceptibles de ser conocidos y corregidos por este
alto Tribunal Constitucional en sede de revisión.
La importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda recurrirse mediante una nueva tutela
radica en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos
derechos fundamentales han sido conculcados, con el propósito de que el conflicto no se prolongue
indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de las garantías
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constitucionales .
Ahora bien: tratándose de solicitudes de amparo en contra decisiones proferidas en el trámite de un
incidente de desacato, el análisis parte del reconocimiento de que el legislador no previó otros medios
de impugnación destinados a controvertir lo decidido por el juez de conocimiento, en relación con la
conducta desplegada por el obligado por el fallo de tutela para la satisfacción de las órdenes allí
impartidas. En ese sentido, esta Corte ha recalcado que el auto que pone fin al incidente de desacato
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no es susceptible de apelación –recurso que en nuestro ordenamiento es numerus clausus–. Sin
5 Sentencia SU-1219 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa
6 Ibídem
7 Puntualmente sobre este aspecto, la sentencia C-243 de 1996, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa, estableció: “[L]a
correcta interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexequibilidad, no
puede ser otro que el que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra un
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Demandante: Francisco Javier Sandoval Buitrago.
embargo, en caso de que la decisión consista en sancionar al conminado, forzosamente el superior
funcional del juez evaluará en grado jurisdiccional de consulta la determinación adoptada por el a quo
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y, si no existe reparo alguno, aquella quedará en firme .
En este contexto, previo a ventilar mediante acción de tutela cualquier eventual vulneración
acaecida en la instrucción de un desacato, es condición sine qua non que el auto que pone
fin al trámite esté debidamente ejecutoriado: “Tal exigencia tiene que ver tanto con las
amplias facultades con que cuenta la autoridad judicial para materializar las órdenes de
protección impartidas y garantizar los derechos fundamentales de quienes intervienen en el
trámite incidental como con el hecho de que las partes puedan hacer valer sus argumentos
y reclamar la práctica de las pruebas que correspondan en ese escenario. Para esta
Corporación, tales aspectos hacen inadmisibles las tutelas que se dirigen contra decisiones
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distintas a las que le ponen fin al incidente.”
Bajo este entendimiento, como presupuesto formal de procedencia –tratándose del requisito
de subsidiariedad–, la Corte ha establecido que para censurar por vía de tutela una
providencia dictada al interior de un incidente de desacato, es necesario que el respectivo
trámite haya culminado, teniendo en cuenta que, como se viene de decir, el grado
jurisdiccional de consulta es la instancia obligatoria donde la sanción por desacato
cobra firmeza.
Aunado a lo anterior, en la jurisprudencia se ha consignado, como presupuesto material,
que la acción de tutela sólo procede de forma excepcional cuando se materializa una
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vulneración del debido proceso de las partes . Ello tiene lugar, por ejemplo, cuando “el juez
del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho
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a la defensa de las partes o cuando impone una sanción arbitraria” , incursionando el
funcionario judicial, por esa vía, en alguna de las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
En tal sentido, el juez constitucional que asuma el conocimiento de una acción de tutela
enfilada contra providencia dictada en el curso de un incidente de desacato sólo está
autorizado para examinar la observancia del debido proceso al interior del trámite y la
adecuación de la decisión adoptada en virtud del mismo, mas no puede revisar, cuestionar
y/o modificar la decisión de tutela, el alcance o contenido sustancial de las órdenes
impartidas por el juez de la tutela primigenia –salvo que aquella sea de imposible
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cumplimiento o ineficaz para garantizar la efectividad del derecho fundamental amparado –
, pues se trata de un debate que ya fue zanjado, de suerte que en el ejercicio de sus
atribuciones ha de ceñirse al trámite incidental objeto de estudio.
trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, pero que si dicho
auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado consulta, cuyo objeto consiste en que el superior
jerárquico revise si está correctamente impuesta la sanción, pero que en sí mismo no se erige como un medio de impugnación.
Y ello es así por cuanto el trámite de la acción de tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la protección
inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica una especial relevancia del principio de celeridad.” La
improcedencia del recurso de apelación contra la decisión que resuelve un incidente de desacato es también
descrita con amplitud en la sentencia T-533 de 2003, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra.
8 Cons. sentencia T-766 de 1998, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
9 Sentencia T-254 de 2014, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
10 Sentencias T-533 de 2003, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, T-010 de 2012, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio
11 Sentencia T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño
12 Sentencia T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa
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En otras palabras, este Tribunal ha puesto de relieve que las acciones de tutela que se
presentan en estos eventos no pueden cuestionar los juicios y valoraciones en los que se
basó la sentencia de tutela que sirvió como parámetro para decidir el incidente de desacato
13
o la solicitud de cumplimiento, en la medida en que ello ha hecho tránsito a cosa juzgada .
Por ello, al momento de evaluar si se estructuró una violación iusfundamental con ocasión
de un incidente de desacato, el juez debe proceder a verificar si la decisión que puso fin al
trámite incidental estuvo precedida de todas las garantías procesales y si su contenido se
ajustó, o no, a lo ordenado en la sentencia de tutela inicial, para pasar a determinar si se
configuran los supuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Esta frontera a la actuación del juez de tutela, que se impone en beneficio del debido
proceso de los intervinientes, guarda una estrecha relación con el deber en cabeza del
promotor de la acción de tutela de circunscribir su censura constitucional a los reproches
que previamente haya planteado en el marco del trámite incidental. Así, adicionalmente, la
procedencia de la acción de tutela en este ámbito está condicionada desde un punto de
vista sustantivo a las siguientes pautas: “(i) los argumentos del accionante en el trámite del
incidente de desacato y en la acción de tutela deben ser consistentes; (ii) no deben existir
alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y (iii) no
se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y
14
que el juez no tenía que practicar de oficio” .
En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para
enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es
preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
i) «La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la
acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el
grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales
específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede
solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el
juez no tenía que practicar de oficio.»
Análisis de los presupuestos de procedencia de la solicitud de amparo en el
caso concreto
Además de lo expuesto en el acápite anterior la Sala destaca que en los casos de
tutela contra trámite de tutela la Corte Constitucional en la sentencia T – 1113 de
2005 señaló que -en los casos en los que se cuestionan providencias proferidas en
los trámites de incidente de desacato- se impone en beneficio del debido proceso
de los intervinientes, el deber en cabeza del promotor de la acción de tutela de
13 Sentencia T-482 de 2013 M.P.: Alberto Rojas Ríos
14
Sentencia T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño
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circunscribir su censura constitucional <<a los reproches que previamente haya
planteado en el marco del trámite incidental>>.
La misma sentencia señala que la procedencia de la acción de tutela en este ámbito
está condicionada desde un punto de vista sustantivo a las siguientes pautas: “(i)
los argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y en la acción
de tutela deben ser consistentes; (ii) no deben existir alegaciones nuevas, que
debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y (iii) no se puede
recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y
15
que el juez no tenía que practicar de oficio”. (se destaca)
En razón, a lo anterior la Sala destaca que en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedencia excepcional de tutela contra providencia proferida en
trámite de tutela dado que se cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial tales como inmediatez,
subsidiariedad y relevancia constitucional; la providencia objeto de estudio se
encuentra ejecutoriada, los argumentos planteados por el actor fueron presentados
de manera consistente en el trámite incidental, y el actor invocó como causal de
procedencia el defecto fáctico.
Por lo anterior, la Sala concluye, de manera preliminar, que en el caso objeto de
estudio se cumplen los requisitos descritos con anterioridad y, en esa medida, se
procederá a realizar un estudio de fondo.
Análisis del caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción de tutela, el actor solicitó la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, que consideró vulnerados con: i) la providencia en la que se impuso la
sanción (18 de julio de 2022) y, ii) la providencia que consultó la sanción (3 de
octubre de 2022), esto es, la que confirmó el presunto incumplimiento y modificó la
sanción a multa de 1 smlmv, al considerar que existió desacato de la orden de tutela.
La inconformidad del actor radica en que las autoridades judiciales demandadas
decidieron imponer sanción de desacato en su contra, pese a comprobarse el
cumplimiento de la orden judicial, por lo que, señaló que no había lugar a adelantar
el trámite incidental en su contra.
En razón de lo anterior, la Sala deberá analizar la posible vulneración de los
derechos invocados por el actor por la presunta omisión de las pruebas aportadas
que daban cuenta del cumplimiento de la sentencia, lo que, se equipara a la
15
Sentencia T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño
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configuración de un defecto fáctico, por lo que será, a partir del referido defecto que
la Sala estudiará los argumentos en que sustenta la inconformidad.
Del defecto fáctico
El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración defectuosa
de las pruebas. Se ha dicho que para que exista es necesario que de las pruebas
obrantes en el expediente no sea posible, de ninguna manera objetiva y razonable,
llegar a la conclusión a la que se arribó en la decisión que se cuestiona. Además,
es imprescindible que tal yerro tenga una incidencia directa en la decisión adoptada.
Aunque el juez ordinario goza de una amplia facultad de valoración probatoria
fundada en el principio de la sana crítica, dicho poder jamás puede ejercerse de
manera arbitraria. Es por esto que para analizar si el juez pudo incurrir en el defecto
alegado, en sede de tutela debe estudiarse si aquel adoptó criterios objetivos,
racionales y rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas.
No obstante, las facultades del juez de tutela son limitadas. Su labor se restringe a
estudiar si en el caso existe un error ostensible, flagrante y manifiesto. Le está
vedado, entonces, efectuar un examen exhaustivo del material probatorio, a fin de
no convertirse en una tercera instancia. Tales limitaciones se derivan del respeto al
principio de autonomía judicial que cobra aún mayor valor y trascendencia en los
eventos en que el juez natural valora el material probatorio.
Por esto, la Corte Constitucional ha hecho énfasis en que las discrepancias
respecto de la valoración no ameritan revocar por vía de tutela de la providencia
impugnada, pues ello sería tanto como admitir la superioridad del criterio de
valoración del juez de tutela respecto del juez natural, en directo menoscabo del
principio de autonomía judicial.
Del defecto fáctico en el caso concreto
Dicho lo anterior, es necesario recordar que la orden impartida en el fallo de tutela
consistía en la revisión de todas las planillas de pago por parte del consorcio UT
Alimentos Institucionales a favor del señor Adelmo Beltrán, con la finalidad de
determinar si en el periodo comprendido entre noviembre de 2019 y enero de 2020
existía un desequilibrio entre lo que se pagó y las horas trabajadas por el referido
interno de conformidad a lo estipulado en la Resolución 4020 del 4 de octubre de
2019 y, de encontrar que existieran diferencias, se procediera con el pago de las
mismas en un término de 48 horas.
Al revisar el expediente se observa que, de la respuesta brindada por el consorcio
UT Alimentos Institucionales en el trámite incidental se informó que ya realizó la
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revisión de que había sido pagado a favor del señor Beltrán, en los siguientes
términos:
“Como se ha reiterado en varias oportunidades, la UT ALIMENTOS INSTITUCIONALES, ya
dio cumplimiento al pago de los dineros de los PPL que fueron reportados y prestaron su
servicio en su momento, conforme lo establecido por el Artículo 4. De la RESOLUCIÓN
4020 DE 2020 Remuneración del trabajo penitenciario indirecto. El cual menciona “Los
recursos por remuneración del trabajo penitenciario indirecto en establecimientos de
reclusión administrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, deberán
ser consignados por la entidad o persona natural contratante, por el total a pagar a las
personas privadas de la libertad por cada establecimiento en la cuenta corriente denominada
"Jurídicos" a nombre del INPEC, atendiendo lo establecido en el procedimiento de manejo
de dinero versión oficial y demás reglamentos aplicables a dicho Instituto”. Que era la única
obligación que en su momento le asistía como contratista.
(…)
En relación a las órdenes dadas en el fallo de tutela en procura de la protección del derecho
fundamental a la igualdad del accionante, advierte el Despacho que la UT Alimentos
Institucionales efectuó la correspondiente revisión de las planillas de pago realizadas al
interno entre los meses de noviembre de 2019 y enero de 2020, como se deduce del
parangón efectuado entre el detalle de pagaduría y el cuadro de pagos realizados al
accionante en que reposa su firma, de los cuales resulta una diferencia pendiente de
cancelar por la suma de $5.681,439.oo, dando cumplimiento a la primera orden relacionada
con efectuar la revisión de las planillas de pago. Es pertinente aclarar que se efectuó la
revisión de los soportes de nómina de la bonificación a los repartidores del EPAMSCAS
Popayán, para constatar el pago del mes de noviembre que no se reporta en el detalle de
pagaduría allegado, los cuales obran en el expediente digital del incidente de desacato
iniciado mediante providencia del 07 de diciembre de 2020, consecutivo 23.
Respecto a la segunda orden, se allega comprobantes del banco BBVA, de la transferencia
realizada el 12 de abril de 2022 a la cuenta corriente n.° 110720000553, a nombre de UT
SUMINISTRO OPORTUNO, por valor de $631,27 por concepto POPAYAN CAJA ESPECIAL
10%; y de la transferencia realizada a la cuenta corriente n.° 110040311706, a nombre de
INPEC MATRIZ INTERNOS, por la suma de $5.681,44, por concepto POPAYAN
RANCHEROS 90%, valores que se encuentran en armonía con el cuadro de pagos en que
se determinó el valor de la diferencia a cancelar al incidentante. Así las cosas, avista esta
Judicatura, que se cumplió con el pago del mayor valor adeudado al accionante, cumpliendo
de esta manera con la segunda orden judicial. Es pertinente aclarar, en lo que concierne al
escrito de fecha 13 de abril de 2022, en que el actor indica que se le adeuda la suma de
$1.954.000.oo por los siete meses y 20 días trabajados, que la orden tutelar solo dispuso la
revisión de los meses octubre de 2019 a enero de 2020, haciendo claridad que no resultaba
aplicable para los meses anteriores porque no estaba vigente la Resolución 4020 del 4 de
octubre de 2019, en virtud de la cual se reconoció el derecho al pago de las diferencias
resultantes. (…).
(…)”
Como soporte de lo anterior, se tiene que, el actor aportó al trámite incidental
algunas pruebas en las que reposan comprobantes en los cuales consta la tabla de
revisión de los valores pagados al señor Beltrán Quintero, con el cálculo de las
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diferencias y los soportes de consignación del banco BBVA, con fecha del 12 de
abril de 2022, por el mismo valor señalado en la primera tabla a la cuenta del INPEC
tal y como consta en las siguientes capturas de pantalla.
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De lo anterior, encuentra la Sala que, efectivamente, la entidad en la cual el actor
funge como representante legal, el 12 de abril de 2022, realizó la consignación del
dinero adeudado al interno Adelmo Beltrán Quintero al INPEC, conforme lo estipuló
la Resolución 4020 de 2020 del Ministerio de Trabajo, por la cual se fijaron las
especiales condiciones del trabajo penitenciario en la modalidad indirecta, que en
el artículo 4 estipuló:
“(…) Los recursos por remuneración del trabajo penitenciario indirecto en establecimientos de
reclusión administrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, deberán
ser consignados por la entidad o persona natural contratante, por el total a pagar a las
personas privadas de la libertad por cada establecimiento en la cuenta corriente denominada
“jurídicos” a nombre del INPEC, atendiendo lo establecido en el procedimiento de manejo de
dinero v versión oficial y demás reglamentos aplicables a dicho instituto. (…)”
Ahora bien, la Sala no pasa por desapercibido que, inicialmente, la orden de tutela
fue proferida desde el 8 de mayo de 2020 y solo hasta el 12 de abril de 2022 acreditó
el cumplimiento de dicha orden, de ahí que resulte entendible que el señor Beltrán
Quintero iniciara el trámite incidental.
Sin embargo, el sancionado remitió los memoriales, en los que –se insiste– informó
a las autoridades judiciales demandadas que ya se había efectuado la revisión y el
pago de las diferencias correspondientes al señor Beltrán Quintero al INPEC, que
fue ordenado en la providencia de tutela.
De hecho, advierte la Sala que el actor no solo se limitó a afirmarlo, sino que,
efectivamente, acreditó dicho trámite con los comprobantes donde consta que
consignó los referidos valores al INPEC, cosa distinta es que, la entidad a la fecha
no haya efectuado la entrega del dinero al interno.
Lo anterior, para la Sala, acredita que el aquí demandante sí comprobó el
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cumplimiento cabal del fallo de tutela, pues conforme a la Resolución 4020 de
20202, las personas jurídicas encargadas del empleo indirecto de los reclusos
deben consignar al INPEC, como administrador, las sumas adeudadas a los
internos, situación que fue acreditada tanto en el trámite incidental como en la
presente solicitud de amparo.
Con todo, se anota que, aunque el cumplimiento de lo ordenado no se dio en el
término señalado en la orden de tutela, no debe perderse de vista lo dicho por la
Corte Constitucional en las sentencias T–421 de 2003, T–652 de 2010, T–606 de
2011, C–367 de 2014 y SU–034 de 2018, frente a la naturaleza del trámite incidental
y el deber de las autoridades judiciales de levantar la sanción una vez se acredita
el cumplimiento de la orden, pues se debe recordar que la finalidad del trámite
incidental más allá de sancionar, radica en que se dé el efectivo cumplimiento de la
orden tutelar.
En armonía con lo expuesto por la Corte Constitucional, esta Sala es del criterio que
“no tiene sentido mantener en firme una decisión que sanciona a quien ya ha cumplido lo dispuesto
en el fallo, inclusive si la sanción fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta. Si se supera el
hecho por el que se sancionó ¿qué propósito tiene la sanción?” 16.
Esta postura se ha fundamentado, además, en el principio de primacía de lo
sustancial sobre lo formal, en virtud del cual prevalece el hecho de que se haya
cumplido el mandato judicial sobre otro tipo de consideraciones. De lo contrario, se
afectarían los derechos fundamentales sin que exista un fundamento
constitucionalmente válido para mantener la sanción.
Por lo tanto, al haberse acreditado la ejecución de lo ordenado en el fallo de tutela,
el Tribunal Administrativo del Cauca, como juez de consulta, estaba en el deber de
revocar la sanción, pues debió considerar que se le puso en conocimiento el debido
cumplimiento de la orden, pues se aportó la consignación de la suma adeudada al
interno Beltrán Quintero al INPEC conforme con la resolución que regula el empleo
indirecto de los internos.
Todo lo anterior le permite a la Sala concluir que, la autoridad judicial demandada
incurrió en defecto fáctico, en razón a que omitió levantar la sanción impuesta como
consecuencia del efectivo cumplimiento de la orden de tutela conforme con las
pruebas aportadas al trámite incidental.
Finalmente, es pertinente recordar que, en oportunidades pasadas, la Sala ha
dejado sin efectos la providencia en la que impone la sanción, así la controvertida
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Cuarta. Providencia de 7 de diciembre
de 2016. Radicado: 54001-23-33-000-2016-00073-01. Actor: María Yolanda Silva Pacheco como agente
oficiosa de Luis Orlando Pérez Silva.
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por los tutelantes sea otra, siempre que encuentre acreditado el cumplimiento. Esto
en consideración a los que no existe fundamento constitucional para mantener en
firme una providencia que impone una sanción por desacato, si está ya fue acatada
integralmente. Véase por ejemplo las sentencias de 4 de diciembre de 2019
radicado 2019-04040-01, del 30 de enero de 2020 radicado 2019-04795-00 y del 9
de septiembre de 2021 radicado 2021-04742-00 proferidas por esta Sección.
Por las razones expuestas, la Sala concederá el amparo del derecho fundamental
al debido proceso del señor Francisco Javier Sandoval Buitrago en nombre propio
y en calidad de representante legal de la UT Alimentos Institucionales.
De acuerdo con lo anterior, en aras de brindar la efectiva protección del derecho
fundamental al debido proceso del actor, se dejará sin efecto el auto de 3 de octubre
de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante el que
resolvió el grado jurisdiccional de consulta y, en consecuencia, se ordenará que, en
el lapso de 10 días contados a partir de la notificación de este proveído, profiera
nueva decisión en la que tenga en cuenta las motivaciones expuestas en la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Francisco
Javier Sandoval Buitrago en nombre propio y en calidad de representante legal de
la UT Alimentos Institucionales, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos el auto del 3 de octubre
de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, que confirmó el desacato
y modificó la sanción y, en su lugar,
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca que, como juez de consulta del
trámite incidental, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación
de esta providencia, profiera decisión de remplazo, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de este fallo.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Demandante: Francisco Javier Sandoval Buitrago.
5. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por
cualquier otro medio expedito.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
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