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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-05647-00

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-05647-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Jenny Constanza Osorio Vélez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-05647-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

1 de diciembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05647-00
Demandante: Jenny Constanza Osorio Vélez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-05647-00
Demandante JENNY CONSTANZA OSORIO VÉLEZ
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La subsidiariedad. Medio de control
de nulidad electoral. Oportunidad en presentación de recurso de
apelación contra auto que negó medida cautelar.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Jenny Constanza Osorio Vélez de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de octubre de 20221, Jenny Constanza Osorio Vélez instauró acción de tutela,
mediante apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:

“Se declare que la Sección Quinta del Consejo de Estado con la expedición del auto
notificado el 8 de agosto de 2022 mediante el cual revocó la decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda de no decretar la medida cautelar solicitada vulneró el
derecho fundamental al debido proceso al dar trámite a un recurso presentado
extemporáneamente, en consecuencia, se ordene dejar sin efectos el mencionado auto y
rechazar el recurso de apelación presentado por la parte actora”.

1 Índice 2 en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05647-00
Demandante: Jenny Constanza Osorio Vélez

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Diferentes partes interpusieron tres medios de control de nulidad electoral
contra el acto de elección de Jenny Constanza Osorio Vélez como contralora
de la ciudad de Pereira, bajo los radicados 66001-23-33-000-2022-00066-00,
66001-23-33-000-2022-00074-00 y 66001-23-33-000-2022-00075-00. Estos
fueron conocidos por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

2.2. En el proceso de radicado 66001-23-33-000-2022-00074-00, se profirió auto
del 23 de mayo de 2022, mediante el cual se admitió la demanda y se negó el
decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los actos
administrativos contenidos en las actas Nro. 013 y 022 de 2022, en las que
consta la elección y posesión de Jenny Constanza Osorio Vélez.

En el numeral 3 de la parte resolutiva del mencionado auto se dispuso:
“Notificar este proveído por estado electrónico a la parte actora, de conformidad con
el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080
de 2021”.

2.3. El 24 de mayo de 2022, se remitió correo a las partes contentivo del estado
electrónico del auto de 23 de mayo de 2022.

2.4. El 27 de mayo de 2022, la parte demandante interpuso recurso de apelación
contra el auto de 23 de mayo de 2022.

2.5. El 17 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Risaralda decretó la
acumulación de los procesos 66001-23-33-000-2022-00066-00, 66001-23-33-
000-2022-00074-00 y 66001-23-33-000-2022-00075-00, bajo el último de
estos radicados.

2.6. Mediante auto de 7 de julio de 2022, se concedió el recurso de apelación
interpuesto contra el auto de 23 de mayo de 2022.

2.7. En memorial de 25 de julio de 2022, remitido a la Sección Quinta del Consejo
de Estado, la tutelante, quien funge como parte demandada del medio de
control, adujo que los demandantes interpusieron el recurso de apelación de
forma extemporánea. Así lo explicó: “el auto que denegó la medida cautelar
solicitada fue notificado por estado a los demandantes el 24 de mayo de 2022 y el
recurso fue interpuesto tres días después de la notificación, esto es el 27 de mayo del
mismo año, o sea de forma extemporánea, porque el numeral 3 del artículo 244 de la

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Demandante: Jenny Constanza Osorio Vélez

ley 1437 de 2011 para el medio de control electoral solo consagra un término de 2
días”.

2.8. En auto de 4 de agosto de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado
revocó el auto de 23 de mayo de 2022 y en consecuencia dispuso “DECRETAR
la suspensión provisional de los efectos del Acta N. º 013 del 3 de marzo de 2022 del
Concejo Municipal de Pereira, en lo atinente a la designación de Jenny Constanza
Osorio Vélez como contralora de dicha municipalidad, para el período 2022 -2025, de
conformidad con las consideraciones de esta providencia”.

Sobre la oportunidad del recurso, la Sección Quinta de esta Corporación
manifestó lo siguiente:

“En el presente caso, el auto de 23 de mayo de 2022 que negó la medida de
suspensión del acto demandado se notificó a los sujetos procesales el 26 de mayo de
2022, conforme el artículo 205 del CPACA. El recurso se presentó el 27 de mayo
siguiente, según da cuenta el informe secretarial de esta Sección (Anotación 4
SAMAI). Por lo tanto, el mismo es oportuno.”

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que el recurso de apelación interpuesto contra el auto del
23 de mayo de 2022 fue extemporáneo. Para sustentar su postura, explicó que
según el numeral 3 del artículo 244 de la Ley 1437 de 2011, el término para apelar
autos notificados por estado en el medio de control electoral es de 2 días y
transcribió la referida norma:

“Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito
ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto
que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, este término
será de dos (2) días”

Con base en lo anterior, aseguró que como la notificación por estado se efectuó el
24 de mayo de 2022, la parte demandante solo contaba hasta el 26 de mayo de
2022 para interponer el recurso. No obstante, esta última lo presentó el 27 de mayo
de 2022, es decir un día después del plazo con el que contaba. Motivo por el cual
insistió que este se radicó extemporáneamente.

En su criterio, la parte actora de la tutela manifestó que la Sección Quinta del
Consejo de Estado no debió tramitar el mencionado recurso, pues al hacerlo se está
causando un perjuicio irremediable ya que el único ingreso que posee para su
subsistencia, y la de sus padres, quienes dependen económicamente de ella, deriva
de su trabajo. E hizo referencia a sus obligaciones financieras y crediticias.

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En consecuencia, sostuvo que el trámite del recurso extemporáneo implica la
violación directa de la Constitución, por transgresión del debido proceso, y “ de
la ley procesal que rige los medios de control de Nulidad Electoral en lo que tiene que ver
con el término para interponer el recurso de apelación contra autos notificados por estado
el cual es de 2 días”.

Finalmente, aclaró que en el caso no podría acogerse la tesis, según la cual la
notificación del auto se entiende surtida 2 días después de remitido el mensaje de
datos, como lo dispone el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, debido a que no se
estaba notificando una decisión que requiriera de notificación personal. Así, al
tratarse de una providencia que debía ser notificada por estado (por resolver la
medida cautelar), no podría interpretarse que la notificación se surte 2 días después
de remitido el correo. Al respecto, agregó lo siguiente:

“En un proceso de Nulidad Electoral en el que la parte demandada presentó solicitud de
nulidad procesal amparado en el numeral 6 del artículo 133 del Código General del
Proceso porque le declararon extemporáneo la presentación del recurso de queja, y
argumentó que lo había interpuesto a tiempo porque de conformidad con el artículo 205
de la ley 1437 de 2011 los términos empezaban a correr 2 días después de enviado el
correo electrónico, o sea en que en ese momento quedaba notificado el auto. La Sección
Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de nulidad amparado en el artículo 198 de
la ley 1437 de 2011 porque allí no se establece que el auto que rechaza el recurso de
apelación deba ser notificado personalmente y en consecuencia electrónicamente, la
providencia es la siguiente: AUTO DEL DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO (2021), CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA, MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO
ÁLVAREZ PARRA REFERENCIA: NULIDAD ELECTORAL RADICACIÓN: 52001-23-33-
000-2020-00982-03”.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto de 28 de octubre de 2022, se admitió la acción de tutela interpuesta
por Jenny Constanza Osorio Vélez contra el Consejo de Estado, Sección
Quinta; se negó la medida provisional solicitada; se ordenó notificar en calidad
de terceros interesados al Municipio de Pereira y al Concejo Municipal de
Pereira; a César David Grajales Suárez, Christian Andrés Vela Trejos, Felipe
Cardona Mayo, Kevin Serna Álvarez, José Miguel Aristizábal Pedro Luis
García Quiroga y Karla Yomara Campuzano González; y al Tribunal
Administrativo de Risaralda y a los demás terceros que actúan en el proceso
Nro. 66001-23-33-000-2022-00075-00/01; se reconoció al abogado Pablo
Marcelo Arbeláez Giraldo como apoderado de la accionante; y se dispuso
efectuar las notificaciones pertinentes.

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4.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda sostuvo que la acción de tutela
interpuesta no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque la parte
actora de la tutela guardó silencio en primera y segunda instancia del medio
de control, sobre la presunta extemporaneidad del recurso de apelación.
Sostuvo que esta última bien pudo haber formulado oposición en el momento
del traslado del recurso interpuesto en esta instancia, haber presentado
recurso de reposición contra el auto de fecha 7 de julio de 2022 que lo
concedió, o haber propuesto oportunamente una nulidad procesal por la causal
constitucional de violación del debido proceso.
Por ende, manifestó que la accionante “pretende en este momento con fines
dilatorios conjurar dicha situación a través de este mecanismo que tiene carácter
excepcional, con lo cual desconoce el principio de preclusión de las oportunidades
procesales”.

Asimismo, aseguró que tampoco se cumple el requisito de relevancia
constitucional, debido a que lo solicitado “no tiene una relación directa con la
presunta afectación de derechos fundamentales”; y porque se pretende emplear la
tutela como si fuera una tercera instancia, a fin de lograr que se profiera un
pronunciamiento adicional sobre la suspensión provisional decretada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
Por lo expuesto, consideró que la tutela debía declararse improcedente. Sin
embargo, sostuvo que en caso de estudiarla de fondo, debía negarse el
amparo, ya que “al haberse surtido la anotación por medio de estado electrónico el
día 24 de mayo de 2022, de conformidad con el artículo 201 del CPACA, en
concordancia con el artículo 20534 ibidem, con las modificaciones introducidas por la
Ley 2080 del 25 de enero de 202135, la notificación de dicha providencia debe
entenderse realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales, ello por cuanto la
interpretación de las normas procesales debe efectuarse con el máximo de garantías
para las partes, de allí que entender notificada por estado una providencia vencidos
los 2 días a que alude el artículo 205 del CAPACA, se constituye en un ´blindaje en
favor del usuario de la justicia, para minimizar la potencial desventaja que puede derivarse de
la brecha digital en Colombia´”.

Así las cosas, señaló que al otorgar 2 días para entender surtida la notificación,
conforme al artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, se logra que la publicidad de
las actuaciones judiciales sea más efectiva y se protege en mayor medida el
derecho de defensa y contradicción de las partes.
Así las cosas, concluyó que el recurso de apelación sí fue presentado
oportunamente, pues “la notificación por estados electrónicos se entiende surtida
transcurridos los 2 días hábiles siguientes a la remisión del mensaje de datos”.

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De manera que como el referido mensaje se envió el 24 de mayo de 2022, el
término para presentar el recurso empezó a correr desde el 27 de mayo, día
en el cual el recurso fue interpuesto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que
el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así que, la
Corte Constitucional ha indicado que como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

Con base en los antecedentes expuestos, y dado que se trata de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si se cumplen a
cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial, puntualmente los de subsidiariedad y relevancia constitucional.

En caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir el auto de 4 de agosto
de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco del medio de control
de nulidad electoral con radicado Nro. 66001-23-33-000-2022-00075-01, incurrió en
violación directa de la Constitución y defecto procedimental.

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4. Alcance del requisito general de subsidiariedad

La acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa
judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, tal como lo dispone el artículo 86 de la Constitución Política, y lo reitera
el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela tiene por propósito evitar
que se convierta en un mecanismo judicial alternativo que pueda ser utilizado para
soslayar los términos procesales de los medios ordinarios de defensa; para
desplazar o suplantar los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el
legislador; o para suplir falencias en las estrategias de jurídicas de los apoderados,
ya que no es dable al juez de tutela decidir asuntos que deben ser debatidos en su
escenario natural.

La tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias6, consiste en que, por regla
general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es
procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de
defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias
en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la existencia o no de un
perjuicio irremediable.

Por tal motivo, la Corte Constitucional ha indicado que si el actor no agotó los
mecanismos ordinarios de protección de sus derechos fundamentales no podrá,
posteriormente, ejercer la acción de tutela como medio para suplir su inacción y que,
en estas circunstancias, “…la acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni
siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra
subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente
acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del
mismo.” 7 (se destaca).

Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se
sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria
para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales».

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. Sentencia del 24 de octubre de
2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chávez García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-037 de 2009.
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Y, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable la intromisión de la
jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas
especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo».

5. Análisis del caso

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela interpuesta,
por no encontrar satisfecho el requisito de subsidiariedad, ya que en la actualidad
el medio de control en el que se profirió la providencia que se cuestiona se encuentra
en curso. Luego, le corresponde a la accionante ejercer la defensa de sus derechos
en el proceso de nulidad electoral acumulado y que se tramita en el expediente con
radicado Nro. 66001-23-33-000-2022-00075-008. Razón por la cual, en general, la
acción de tutela se torna improcedente.

Desconocer lo anterior, sería desatender la existencia de los mecanismos de
defensa dispuestos en los procesos ordinarios o especiales, lo que no responde a
la naturaleza y propósito de la acción de tutela, pues para la Corte Constitucional,
cuando está en curso un proceso judicial, la tutela se torna en un mecanismo
realmente excepcional para aquellos casos en los que se evidencie la posibilidad
de configurarse un perjuicio irremediable13.

La jurisprudencia constitucional ha sido reiterada en señalar la improcedencia de la
acción de tutela cuando el proceso judicial se encuentra en trámite, porque “la
intervención del juez constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al
interior del trámite ordinario”14.

Lo anterior, porque considera que “Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un
proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que
la sentencia C-543 de 1992 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación
de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos
orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en
principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir
durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.” 15

Para la Sala, el medio de defensa que se encuentra en curso resulta eficaz para la
defensa del derecho invocado en el escrito de tutela, en el marco del cual la
accionante cuenta con las garantías y herramientas que le provee el debido proceso
que caracteriza el proceso judicial.

8 Los expedientes acumulados al radicado 66001-23-33-000-2022-00075-00 son (i) 66001-23-33-000-2022-
00066-00 y (ii) 66001-23-33-000-2022-00074-00.
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A lo anterior, se agrega que la parte interesada no agotó oportunamente los
mecanismos de defensa que tenía a su disposición para controvertir la concesión
del recurso de apelación. De acuerdo con el artículo 2429 de la Ley 1437 de 2011,
ésta bien pudo interponer recurso de reposición contra el auto de 7 de julio de 2022,
mediante el cual se concedió el recurso de apelación interpuesto contra el auto de
23 de mayo de 2022 que negó la medida cautelar solicitada.
En este punto se destaca que, en el caso de la accionante no se configuran los
eventos excepcionales que habilitan la intervención del juez de tutela, debido a que
(i) tal mecanismo era idóneo para controvertir la concesión del recurso de apelación;
y (ii) no se presenta un perjuicio irremediable, pues la accionante no se encuentra
en una situación de debilidad manifiesta que le impida la búsqueda y consecución
de alternativas financieras para su subsistencia y la de sus padres.

Explicado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y la
interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y
propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional.

Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un
juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios de
independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin de
encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos
y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los requisitos
generales señalados jurisprudencialmente.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al cumplimiento
de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no hay lugar a estudiar
el asunto de fondo. Es condición imprescindible para analizar los defectos
propuestos por la parte actora que todos los presupuestos generales se
cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al segundo estadio de
análisis consistente en determinar si las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los defectos planteados por la tutelante.

9 Ley 1437 de 2011. Artículo 242: “El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal
en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del
Proceso”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05647-00
Demandante: Jenny Constanza Osorio Vélez

Por todo lo expuesto, la Sala concluye que la acción de tutela interpuesta es
improcedente, debido a que no se satisface el requisito de subsidiariedad. En
consecuencia, así se declarará en la parte resolutiva.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Jenny
Constanza Osorio Vélez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA

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