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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05653-00

Fecha
22 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05653-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Ampáranse los derechos constitucionales fundamentales al trabajo en condiciones dignas, salud, descanso e igualdad de la señora Dora Elcy Espitia Murcia, conforme a la motivación. 2º. En consecuencia, ordénase a los señores presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y director ejecutivo seccional de administración judicial de Villavicencio que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de este fallo, realicen los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar, encaminados a destinar recursos para que se nombre un reemplazo que asuma el cargo de Juez Segundo (2ª) Promiscuo Municipal de Puerto Carreño, con el fin de que la accionante pueda gozar de las vacaciones correspondientes a la vacancia judicial comprendida entre el 20 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, en la fecha en la que tiene programado empezar a disfrutarlas (28 de noviembre de 2022 o, en su defecto, 11 de enero de 2023). 3º. Niégase el amparo de la garantía superior de petición de la actora, en armonía con lo expuesto. 4°. Adviértese a las autoridades indicadas en el ordinal segundo que el incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones 16 Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00 Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 5º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05653-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

22 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-05653-001
Actora : Dora Elcy Espitia Murcia
Demandados : Presidentes de los Consejos Superior de la Judicatura y
Seccional de la Judicatura del Meta y director ejecutivo
seccional de administración judicial de Villavicencio
Tema : Derechos constitucionales fundamentales al trabajo en
condiciones dignas, salud, descanso, igualdad y petición

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la señora Dora Elcy
Espitia Murcia contra los señores presidentes de los Consejos Superior de la
Judicatura y Seccional de la Judicatura del Meta y director ejecutivo seccional
de administración judicial de Villavicencio, por la presunta vulneración de sus
derechos constitucionales fundamentales al trabajo en condiciones dignas, salud,
descanso, igualdad y petición.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. La señora Dora Elcy Espitia Murcia, quien actúa
en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección
de las garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente
quebrantadas por los señores presidentes de los Consejos Superior de la
Judicatura y Seccional de la Judicatura del Meta y director ejecutivo seccional
de administración judicial de Villavicencio.

Como consecuencia de lo anterior, pide se ordene a las autoridades accionadas
adelantar las correspondientes gestiones presupuestales y administrativas con el
fin de que se garanticen los recursos necesarios para el nombramiento de un
reemplazo que ejecute sus funciones de Juez Segunda (2ª) Promiscua Municipal
de Puerto Carreño y de esa manera le sea autorizado el período de vacaciones
que le fue aplazado para disfrutarlo a partir del 28 de noviembre de 2022 o «[…]
en su defecto [desde el] 11 de enero de 2023».

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

1.2 Hechos2. Relata la actora que desde «[…] el 26 de noviembre de 2002 [se]
encuentr[a] vinculada laboralmente a la Rama Judicial, en principio como
empleada en propiedad y actualmente, como funcionaria judicial en
provisionalidad, desempeñando [desde el 11 de mayo de 2015] el cargo de Juez
Segund[o] Promiscuo Municipal de Puerto Carreño […]».

Que, comoquiera que dentro de sus funciones se encuentra la de ejercer control
de garantías de los sistemas penal acusatorio y de responsabilidad penal para
adolescentes, debe «[…] prestar turnos de disponibilidad tanto en horas
inhábiles como los fines de semana, los cuales son alternados semanalmente con
el señor Juez Primero Promiscuo Municipal [de esa ciudad], previa asignación
que mediante Acuerdo realiza el Consejo Seccional de la Judicatura» del Meta.

Dice que, por conducto de Acuerdo CSJMEA21-182 de 13 de octubre de 2021,
el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta (i) asignó los turnos de
disponibilidad durante la vacancia judicial de fin de año comprendida entre el 20
de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022 al despacho a su cargo, lo que
cumplió «[…] con su [s]ecretaria, única empleada que tiene asignada […]»; (ii)
le suspendió el período de vacaciones colectivas que había causado por las
labores adelantadas durante el 2021 y (iii) estableció el trámite para disfrutar su
descanso, el cual se debería efectuar «[…] dentro del mismo año [en el que] que
finaliza la prestación del servicio» de turnos.

Que, por lo anterior, el 15 de septiembre de 2022 solicitó del señor presidente
del Tribunal Superior de Villavicencio le autorizara la reanudación a partir del
28 de noviembre del presente año del referido período de vacaciones que le fue
suspendido, con el propósito de unirlo con la vacancia judicial de esta anualidad,
toda vez que fue diagnosticada con un «[…] neurinoma entre la L-2 y L-3 y una
estenosis entre la L-4 y L-5, [padecimiento] que [le] obliga a recibir terapia
[física] constante» para menguar el intenso dolor en la zona lumbar, para cuyo
efecto, ante la falta de personal de salud calificado en Puerto Carreño, requiere
desplazarse a la ciudad de Villavicencio.

Sostiene que su pedimento fue despachado de manera desfavorable por el
Tribunal Superior de Villavicencio, con Resolución 46 de 21 de septiembre del

2
Cabe precisar que a pesar de que en la solicitud de amparo se indicaron los fundamentos fácticos que
presuntamente dan lugar a la presente acción, la Sala advierte que se omiten datos necesarios para contextualizar
el asunto sub examine. Sin embargo, con el propósito de garantizar los principios de informalidad, prevalencia
del derecho sustancial y eficacia, se extractarán y organizarán los hechos expuestos tanto en la petición de tutela,
como en los documentos allegados al expediente.

2

Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

año en curso, con fundamento en que era necesario garantizar la prestación del
servicio de administración de justicia y en la negativa de la dirección ejecutiva
seccional de administración judicial de esa ciudad de conceder el rubro para la
designación de su reemplazo, al no realizar ese tipo de asignaciones
presupuestales cuando el servidor judicial pertenece al régimen de «[…]
vacaciones colectivas».

Que el 28 de septiembre de 2022 remitió un correo electrónico a la dirección
ejecutiva seccional de administración judicial de Villavicencio, encaminado a
que se le otorgara una solución para su situación, porque la determinación
adoptada por su nominador «[…] implica que no tendr[á] derecho al disfrute de
[sus] vacaciones suspendidas», frente a lo cual no ha obtenido respuesta.
Asimismo, el 30 siguiente el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta
deprecó del Consejo Superior de la Judicatura buscar alternativas que le
permitieran autorizar el descanso que requieren los funcionarios judiciales que
se encuentran en su misma condición.

Sostiene que la negativa de autorizar sus vacaciones, las cuales constituyen un
descanso indispensable para recobrar sus fuerzas y realizar las terapias físicas
que necesita para mejorar su calidad de vida, bajo el pretexto de que no es dable
destinar recursos para nombrar a la persona que se encargue de sus funciones
durante su ausencia, quebranta sus garantías superiores, las cuales deben ser
protegidas en el sub lite, puesto que no es justo que se le traslade una carga
administrativa que no tiene el deber de asumir, máxime cuando la determinación
de suspender su disfrute provino de la Administración y ella acreditó las labores
que adelantó durante el período de descanso que reclama.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 28 de octubre de 2022, admitió la presente acción, ordenó notificar a
los señores presidentes de los Consejos Superior de la Judicatura y Seccional de
la Judicatura del Meta y director ejecutivo seccional de administración judicial
de Villavicencio.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, por conducto de
una magistrada auxiliar del despacho a su cargo, depreca se declare su falta de

3

Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

legitimación en la causa por pasiva, «[…] toda vez que las acciones u omisiones
que atribuye el accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, entidad que
actúa como ordenador del gasto de conformidad con los numerales 2 y 6 del
artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y que tiene a cargo expedir el Certificado de
Disponibilidad Presupuesta (CDP) para designar los reemplazos de los
funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones»
(sic).

2.1.2 La señora presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta pide
se niegue la presente acción, para cuyo propósito sostiene que no ha quebrantado
las garantías superiores invocadas por la actora, puesto que «[…] ha surtido
requerimientos ante el Tribunal Superior de Villavicencio mediante Oficios
CSJMEO22-712 - CSJMEO22-1027, solicitando acceder a la petición de
vacaciones de los jueces y dando como alternativa, modificar las unidades
judiciales, que suplan el conocimiento de las acciones constitucionales; sin
embargo, dicha medida no fue acogida […]». De igual modo, mediante «[…]
Oficio CSJMEO22-1094 se solicitó a nivel central emitir directrices respecto del
tema, por novedades sobre “reanudación de vacaciones de funcionarios”,
respecto de turnos de disponibilidad SPA - SRPA en vacancia judicial», lo que
permite concluir que ese organismo ha buscado «[…] alternativas y soluciones
en pro de no afectar la prestación del servicio, dentro de las posibilidades
jurídicas adjudicadas».

2.1.3 La señora directora ejecutiva seccional de administración judicial de
Villavicencio pide se le desvincule del trámite constitucional por falta de
legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que «[…] la respuesta dada
por es[a] entidad, estuvo ajustada al ordenamiento legal y reglamentario [y a lo
dispuesto en la Circular PSAAC11-44 de 23 de noviembre de 2011], toda vez
que tratándose de vacaciones colectivas existe una prohibición de índole
presupuestal para atender reemplazos […]» mientras dure este lapso, y que, en
todo caso, ese organismo, en los términos señalados en el artículo 103 de la Ley
270 de 1996, debe desarrollar «[…] sus funciones siguiendo las órdenes,
directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de Administración
Judicial», por consiguiente, no le es atribuible el reproche constitucional que
formula la actora en estas diligencias, máxime cuando el 2 de noviembre del
presente año dio respuesta a su pedimento con oficio DESAJVIO22-1574 y le
informó el procedimiento establecido para disfrutar del período de vacaciones
que tiene pendiente.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de
2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por la
demandante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al trabajo en condiciones dignas, salud, descanso, igualdad y
petición.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382
de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y
sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que resulten amenazados o
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como
mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción
de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la omisión de las autoridades accionadas de
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, con el fin de que se nombre
el correspondiente reemplazo, para que la actora pueda disfrutar del período de
vacaciones a que tiene derecho a partir del 28 de noviembre de 2022 o del 11 de
enero de 2023, sin que se afecte el normal funcionamiento del Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Puerto Carreño; y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al trabajo en condiciones dignas, salud,
descanso, igualdad y petición invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos. El
carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo,
no debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual
y subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no
exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación
de un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia constitucional 3 ha anotado que la acción de amparo resulta
improcedente para controvertir actos administrativos, por cuanto el marco
jurídico consagra otros mecanismos judiciales para debatir su presunción de
legalidad, que son los medios de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho.

No obstante, la Corte Constitucional4, como excepción a la anterior regla, ha
indicado que la tutela es procedente cuando se controvierten decisiones
administrativas frente a las cuales los medios judiciales ordinarios carezcan de
eficacia para salvaguardar las garantías superiores que puedan resultar afectadas,
dado que a través de aquella es dable adoptar soluciones prontas y oportunas que
permitan proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas.

De conformidad con lo expuesto, aunque la decisión adoptada por el señor
presidente del Tribunal Superior de Villavicencio de negar las vacaciones
solicitadas por la actora, con fundamento en que la dirección ejecutiva seccional
de administración judicial de esta ciudad no emitió el certificado de
disponibilidad presupuestal necesario para designar una persona que ejecute sus
tareas mientras disfruta del descanso que reclama en estas diligencias, es
susceptible de ser atacada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, a
través de los medios de control dispuestos en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), estos no gozan
de la efectividad suficiente para salvaguardar con celeridad sus garantías
constitucionales, máxime cuando las vacaciones son un derecho laboral que
prescribe dentro de los 4 años siguientes a su causación 5 , lapso en que
probablemente no alcance a surtirse en su totalidad la demanda ordinaria que

3
Sentencia SU-712 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4
Sentencia T-161 de 2017 «En materia de actos administrativos de contenido particular y concreto, la
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que por regla general la acción de tutela no es procedente
para controvertir actos administrativos toda vez que las discrepancias suscitadas por la aplicación o
interpretación de los mismos deben ser dirimidas a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. No
obstante, en criterio de la Corte, la aceptación de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra los
actos administrativos depende de si el contenido de los mismos implica una vulneración evidente de los derechos
fundamentales o la amenaza de la ocurrencia de un perjuicio irremediable de tal magnitud que obligue la
protección urgente de los mismos».
5
Decreto 1045 de 1978: «ARTÍCULO 23. De la prescripción. Cuando sin existir aplazamiento no se hiciere uso
de vacaciones en la fecha señalada, el derecho a disfrutarlas o a recibir la respectiva compensación en dinero
prescribe en cuatro años, que se contarán a partir de la fecha en que se haya causado el derecho. El
aplazamiento de las vacaciones interrumpe el término de prescripción, siempre que medie la correspondiente
providencia. Solo se podrán aplazar hasta las vacaciones correspondientes a dos años de servicio y por las
causales señaladas en este decreto».

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

promueva y, además, se puede ver comprometido su derecho constitucional
fundamental a la salud, puesto que requiere de la realización, en una ciudad
diferente a la que trabaja, del tratamiento médico que le fue prescrito para
contrarrestar los efectos negativos del padecimiento lumbar que sufre, lo que
impone un estudio inmediato por parte de la autoridad judicial, en esa medida,
para la Sala resulta procedente examinar el fondo de la solicitud de amparo.

3.5 Sobre la prerrogativa al descanso remunerado de los trabajadores.
Resulta necesario recordar que la Carta Política, en su artículo 25, incluyó el
derecho al trabajo dentro del listado de los fundamentales, así:

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Con el propósito de materializar dicha garantía superior a los trabajadores, el
artículo 53 de la Constitución Política autorizó al Congreso de la República para
expedir el estatuto del trabajo, para lo cual debía tener en cuenta los siguientes
principios mínimos: «Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad» (destaca la Sala).

Ahora bien, según el título VII del Código Sustantivo del Trabajo (CST), los
descansos obligatorios a que tienen derecho los trabajadores son: «descanso
dominical remunerado» (artículo 172 ibidem), «descanso remunerado en otros
días de fiesta» (artículo 177 ibidem), «trabajo dominical y festivo» (artículo 179
idem) y «vacaciones anuales remuneradas» (artículo 186 ibidem). Sobre estos
últimos, el citado estatuto prevé:

Duración. 1. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante
un año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de
vacaciones remuneradas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

Conforme a lo anterior, se tiene que las vacaciones son un derecho laboral de
carácter fundamental e irrenunciable al que tienen derecho los trabajadores, cuya
finalidad es «permitir el descanso […], cuando éstos han laborado por un lapso
considerable […], con el objetivo de recuperar sus fuerzas perdidas por el
desgaste biológico que sufre el organismo por las continuas labores y, además,
asegurar con dicho descanso, una prestación eficiente de los servicios, en aras
de procurar el mejoramiento de las condiciones de productividad»6.

Sobre el particular, la Corte Constitucional7 sostuvo:

3. Salvo excepciones legales favorables, todo empleado público o
trabajador oficial tiene derecho a disfrutar de 15 días hábiles de
vacaciones, por cada año de servicios prestados en cualquiera de las
entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y 1045 de
1978). En efecto, el derecho al descanso ha sido reconocido
universalmente como una garantía laboral que “ofrece a los trabajadores
una posibilidad de descansar, distraerse y desarrollar sus facultades”8.

Por lo anterior, es de la esencia del derecho al descanso su carácter
remunerado, ya que el trabajador interrumpe la prestación de los
servicios pero mantiene el derecho al pago de su salario, pues “sin el
descanso remunerado el trabajador no podría recuperar las condiciones
físicas y mentales indispensables para trabajar”9. Así, el artículo 18 del
Decreto 1045 de 1978 establece que “el valor correspondiente a las
vacaciones que se disfruten será pagado, en su cuantía total, por lo menos
cinco (5) días (sic) de antelación a la fecha señalada para iniciar el goce
del descanso remunerado”.

Así pues, el descanso periódico retribuido es un derecho irrenunciable
del trabajador, por lo que “se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las
mismas”10, de ahí que cuando se adquiere el derecho a las vacaciones,
estas deberán ser concedidas por el jefe del organismo de oficio o a
petición del interesado11. No obstante, ello no significa que el empleado
debe disfrutar de las vacaciones inmediatamente adquiera el derecho,
pues el período de descanso podrá interrumpirse (art. 15 Decreto 1045
de 1978), aplazarse (art. 9 del Decreto 3135 de 1968) o,
excepcionalmente cuando exista causa legalmente autorizada,
compensarse en dinero. Con relación a esta última opción, la Corte dijo
que “es igualmente razonable que, en casos especiales, como el perjuicio

6
Fallo C-35 de 25 de enero de 2015, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
7
Sentencia T-76 de 2001, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
8
Considerandos de la Recomendación 47 “sobre las vacaciones anuales pagadas” de la OIT.
9
Sentencia T-09 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
10
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de junio de
1963.
11
Artículos 12 del Decreto 1045 de 1978 y 45 del Decreto 1848 de 1969.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

para la economía nacional o la industria, el patrono deba solicitar la
autorización para compensar las vacaciones, pero sólo en una proporción
que no exceda la mitad de éstas. Es decir, el trabajador siempre debe
gozar efectivamente de un período en el que pueda descansar”12

4. Como se observa en la breve descripción en precedencia, el derecho
al goce de vacaciones está ampliamente regulado en la normatividad
legal y no tiene una disposición constitucional que expresamente lo
garantice, por lo que aquí surge un interrogante obvio: ¿el descanso es
un derecho de rango legal o puede adquirir el carácter de fundamental?.
En efecto, si el descanso no es un derecho fundamental, como lo afirman
los jueces de instancia, la acción de tutela no podría prosperar, pero en
caso contrario, podría estudiarse la posibilidad de que esta acción
constitucional sea un mecanismo judicial idóneo para exigir su
protección.

El anterior interrogante ya fue resuelto por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, quien afirmó que “uno de los derechos fundamentales
del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de
la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga”13. En
efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática14 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en
tanto y cuanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación
laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del
trabajo.

De manera que, al ser el descanso un derecho constitucional fundamental del
trabajador, es susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela cuando
se evidencie su quebranto.

Por otra parte, para los servidores judiciales, la legislación ha establecido dos
regímenes de vacaciones: las colectivas y las individuales, que se encuentran
reguladas en el artículo 146 de la Ley 270 de 199615, que prevé:

Vacaciones. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de
los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal
Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores,
Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y
las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.

12
Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.
13
Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.
14
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024
de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara.
15
«Estatutaria de la administración de justicia».

9

Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior
y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo
Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos,
por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio.

Por tanto, según la especialidad en la que presten sus servicios los funcionarios
y empleados judiciales, tienen derecho a gozar de vacaciones remuneradas
colectivas o individuales, las cuales son concedidas, en el caso de las últimas,
por el respectivo nominador.

3.6 Caso concreto. En el sub lite se tiene que el 15 de septiembre de 2022 la
accionante, quien se desempeña como Juez Segunda (2ª) Promiscua Municipal
de Puerto Carreño, solicitó del Tribunal Superior de Villavicencio le autorizara
el disfrute del período de vacaciones causado entre el 20 de diciembre de 2021 y
el 10 de enero de 2022, que le fue suspendido por conducto de Acuerdo
CSJMEA21-182 de 13 de octubre de 2021, para gozarlo a partir del 28 de
noviembre del presente año o del 11 de enero de 2023, con tal propósito colmó
la exigencia consignada en el aludido acto administrativo, consistente en
informar la fecha desde la cual deseaba disfrutar de su descanso y adjuntó «[…]
la constancia de la efectiva prestación del servicio» expedida por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta.

Que con el fin de atender su pedimento, el 19 de septiembre del año en curso el
señor presidente del Tribunal Superior de Villavicencio deprecó de la dirección
ejecutiva seccional de administración judicial de esa ciudad realizar las gestiones
presupuestales tendientes a que se le designara un reemplazo a la accionante
durante su ausencia, con el propósito de que ejecutara sus tareas, lo que le fue
negado, a través de correo electrónico de la misma fecha, por cuanto la Circular
PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura
dispone que no hay lugar a destinar presupuesto en el caso de los funcionarios
que pertenezcan al régimen de vacaciones colectivas, como la tutelante.

Con base en lo anterior, el 21 de septiembre de la anualidad cursante el señor
presidente del Tribunal Superior de Villavicencio, por conducto de Resolución
46, no concedió a la tutelante el disfrute del período de vacaciones reclamado,
con fundamento en la negativa de asignación de recursos por parte de la dirección
ejecutiva de administración judicial de esa ciudad para el nombramiento de una
persona que cumpla sus tareas durante su ausencia, la cual afectaría la prestación
del servicio público de administración de justicia.

10

Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

Para dilucidar este asunto, del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:

a) Acuerdo CSJMEA21-182 de 13 de octubre de 2021, por cuyo conducto el
Consejo Seccional de la Judicatura del Meta incluye al Juzgado Segundo (2º)
Promiscuo Municipal de Puerto Carreño, entre los despachos que realizarán
«[…] los turnos de fines de semana y festivos para el ejercicio del control de
garantías en el Sistemas Penal Acusatorio y de Responsabilidad Penal para
Adolescentes, así como para el trámite oportuno de las acciones constitucionales
de tutela y habeas corpus […] durante el periodo comprendido entre el sábado
18 de diciembre de 2021 hasta el lunes 10 de enero de 2022».

El mencionado acto administrativo suspende el disfrute de las vacaciones
colectivas causadas por la actora y supedita su reanudación a que ella indique a
«[…] su nominador […] la fecha en la que hará […] uso de los 22 días de
vacancia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 146 de la Ley 270 de
1996, cuya solicitud deberá acompañarse del acto administrativo de la
suspensión de vacaciones y la constancia de la efectiva prestación del servicio
[…]».

b) Solicitud de procedimientos no quirúrgicos emitida el 21 de octubre de 2021
por el Hospital de Villavicencio, en la que consta que la actora tiene un
diagnóstico de «LUMBAGO» y requiere terapia física integral consistente en
«[…] 15 SESIONES RODILLAS BILATERALES, TENDINITIS DE LA PATA DE
GANSO BILATERAL» y «15 SESIONES COLUMNA LUMBOSACRA,
RELAJAR PARAVERTEBRALES, ELONGAR PARAVERTEBRALES Y
REFORZAR ABDOMINALES».

c) Oficio de 15 de septiembre de 2022, mediante el cual la tutelante solicita del
señor presidente del Tribunal Superior de Villavicencio se le autorice «[…] el
disfrute de las vacaciones suspendidas a partir del lunes 28 de noviembre […]»
siguiente, para cuyo propósito adjunta copia del Acuerdo CSJMEA21-182 de 13
de octubre de 2021 y certificación de la prestación efectiva del servicio expedida
el 13 de septiembre del año en curso por el Consejo Seccional de la Judicatura
del Meta.

d) Resolución 46 de 21 de septiembre de 2022, a través de la cual el Tribunal
aludido en la letra precedente niega el pedimento de reanudación de vacaciones
formulado por la accionante, con fundamento en la necesidad del servicio y en

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

que «[…] la Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio por
intermedio de la Coordinación de Ejecución Presupuestal, informó que
[disponer] de partida presupuestal para la remuneración de [su] reemplazo no
e[ra] viable debido a […]» lo establecido en la Circular PSAAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011, que expresamente estipula que el «[…] personal titular que
pertenece al régimen de vacaciones colectivas no debe solicitar asignación de
recursos para atender reemplazos por vacaciones y tanto sus nominadores como
los Directores Ejecutivos Seccionales, se abstendrán igualmente de darles
trámite por esta vía [….]».

e) Correo electrónico de 28 de septiembre de 2022, dirigido por la actora al señor
director ejecutivo seccional de administración judicial de Villavicencio,
encaminado a que «[…] se [l]e indique el procedimiento que deb[e] seguir para
que [l]e sea garantizado el disfrute de [sus] vacaciones, toda vez que […] [su]
interrupción […] obedeció a decisión inconsulta de otra autoridad y que en la
práctica implica […] que no tendr[á] derecho al disfrute de [sus] vacaciones
suspendidas».

f) Oficio de 30 de septiembre de 2022, mediante el cual la señora presidente del
Consejo Seccional de la Judicatura del Meta depreca del Consejo Superior de la
Judicatura una instrucción para resolver las solicitudes de varios jueces
promiscuos municipales encaminadas a «[…] disfrutar del tiempo de
vacaciones, motivo el cual […] acud[ió] nuevamente ante el Tribunal Superior
[…] de Villavicencio para que se viabilice la reanudación del descanso de los
funcionarios, cuya respuesta fue otorgada mediante Oficio TSVSG22-714 donde
reiteran que por falta del CDP se continuaran negando las vacaciones».

g) Certificación de 24 de octubre de 2022, en la que la dirección ejecutiva
seccional de administración judicial de Villavicencio hace constar que la
accionante se desempeña como Juez Segunda (2ª) Promiscua Municipal de
Puerto Carreño desde el 14 de junio de 2019 hasta la fecha.

h) Oficio DESAJVIO22-1574 de 2 de noviembre de 2022, mediante el cual la
señora coordinadora del área de talento humano de la dirección ejecutiva
seccional de administración judicial de Villavicencio, en respuesta a la petición
de 28 de septiembre anterior de la tutelante, le informa que el Decreto 1045 de
1978 dispone que cuando se interrumpe el disfrute de las vacaciones, su
reanudación deberá «[…] decretarse mediante resolución motivada expedida
por el jefe de la entidad o por el funcionario en quien se haya delegado tal

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

facultad», en esa medida, autorizar el período de descanso que solicita le
corresponde a los señores magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio.

De acuerdo con la relación probatoria realizada, se evidencia que, con
fundamento en la solicitud de vacaciones formulada el 15 de septiembre del
presente año por la tutelante, el 19 siguiente el señor presidente del Tribunal
Superior de Villavicencio deprecó de la dirección ejecutiva seccional de
administración judicial de esa ciudad se destinara dinero para designar un
reemplazo que ejecutara las funciones de Juez Segundo (2º) Promiscuo
Municipal que ella desempeñaba, frente a lo cual obtuvo una respuesta negativa,
en atención a lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011
del Consejo Superior de la Judicatura, en la que no está prevista la asignación de
recursos para el nombramiento de reemplazos en el caso de los funcionarios que
pertenezcan al régimen de vacaciones colectivas.

Por lo anterior, el referido Tribunal negó la concesión de las vacaciones
reclamadas por la tutelante, en consideración a la postura adoptada por la
dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Villavicencio,
consistente en que, con base en la aludida Circular, no autoriza presupuesto en
el caso de servidores que pertenezcan al régimen de vacaciones colectivas, por
tanto, la falta de dinero que sufrague una persona que asuma sus tareas durante
el lapso en el cual tiene programado disfrutar de su descanso, afectaría
seriamente la prestación del servicio de administración de justicia.

Así las cosas, en el asunto sub judice se observa que no se le permitió a la
accionante gozar de las vacaciones a las que tiene derecho a partir del 28 de
noviembre del presente año, con el pretexto de la dirección ejecutiva seccional
de administración judicial de Villavicencio de que la citada Circular PSAC11-
44 de 23 de noviembre de 2011 no contempla la posibilidad de designar
presupuesto para nombrar un reemplazo de los jueces que pertenezcan al régimen
de vacaciones colectivas, sin advertir las especiales circunstancias que en este
caso ocasionaron la suspensión de su disfrute a la actora, esto es, la disposición
de unos turnos programados para esa época (del 18 de diciembre de 2021 al 10
de enero de 2022) por el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, para «[…]
el ejercicio del control de garantías en el Sistema Penal Acusatorio y de
Responsabilidad Penal para Adolescentes, así como para el trámite oportuno de
las acciones constitucionales de tutela y habeas corpus», y que ella satisfizo los
requisitos establecidos para reanudarlas, lo que acredita que la Administración
pretende imponerle una barrera presupuestal para acceder al ejercicio del aludido

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Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

derecho fundamental.

Además, se advierte que, en razón a que se trata de la titular del Juzgado Segundo
(2º) Promiscuo Municipal de Puerto Carreño, quien únicamente cuenta con una
secretaria que la apoye para el desarrollo de las funciones que tiene asignadas el
despacho a su cargo, la falta de un reemplazo que supla las labores que debe
cumplir la tutelante durante su ausencia, en efecto, generaría una afectación en
la prestación del servicio de administración de justicia, como lo sostiene el señor
presidente del Tribunal Superior de Villavicencio en la Resolución 46 de 21 de
septiembre de 2022.

En un caso similar, la subsección C de la sección tercera de esta Corporación
precisó16:

5.5.1.- Conforme quedó anotado en los antecedentes de esta providencia,
no existe duda en cuanto al derecho que le asiste al actor, en su calidad de
funcionario judicial 17 como Juez Segundo Promiscuo Municipal de
Riosucio, de gozar de sus vacaciones.

En efecto, está consignado por parte del Jefe del Área de Talento Humano
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales que: (i) el descanso se causó como consecuencia de haber
laborado entre el 14 de enero de 2019 y el 13 de enero de 2020; (ii) el
disfrute estaba definido del 20 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021,
por pertenecer al régimen de vacaciones colectivas; (iii) en la nómina de
diciembre de 2020 se le pagaron las vacaciones y la prima de vacaciones; y
(iv) por disposición del Acuerdo CSJAA20-43 se le suspendió la vacancia
judicial por necesidades del servicio18.

Adicionalmente, en la Resolución No. 013 del 15 de febrero de 2021, la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Manizales ratificó que “no
desconoce que el Doctor Zapata Zuleta tiene derecho al descanso
solicitado […]”19.

5.5.2.- Por su parte, la negativa para el disfrute de las vacaciones solicitadas
obedeció, en los términos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Manizales, “en razón a que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Manizales no autorizó la disponibilidad
presupuestal para el reemplazo del titular”20.
16
Sentencia de 7 de mayo de 2021, acción de tutela 11001-03-15-000-2021-00993-00, C. P. Nicolás Yepes
Corrales, confirmada el 23 de julio siguiente por la sección primera de esta Corporación.
17
Según el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las
Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales.
18
Folio 21 del archivo electrónico con certificado 887B46CA110618B5 92D277C10098F0E4
97CE9754FBCE4F41 B41BB946C72EF9EC, en el expediente digital de tutela.
19
Folio 22 ibidem.
20
Ibidem.

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Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

Al respecto, el Coordinador del Grupo de Ejecución Presupuestal y Pagos
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales, en el oficio DESAJ.CGEP21/005 del 08 de febrero de 2021,
atendiendo a lo dispuesto en el numeral 4º de la Circular PSAC11-44 del
23 de noviembre de 2011 y en el Oficio DEAJRHO17-5287 del 12 de
octubre de 2017, sentó que no le estaba permitido asignar recursos para el
nombramiento del reemplazo del titular del despacho21.

5.5.3.- No obstante, la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011,
emitida por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, tiene por asunto la programación de las vacaciones de los
funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales y está
dirigida a los Magistrados de Tribunal, a los Jueces de la República y a los
Directores Seccionales de Administración Judicial.

En tal virtud, sus disposiciones no cobijan el asunto sub judice porque,
como se ha hecho referencia, se trata de las vacaciones causadas por un
Juez Promiscuo Municipal, perteneciente al régimen de vacaciones
colectivas, cuyo descanso fue suspendido por necesidades del servicio,
supuesto no regulado por dicho acto y cuya omisión no puede ser empleada
para desconocer el derecho al descanso del actor, ni como
condicionamiento administrativo para hacerlo nugatorio.

En ese orden de ideas, se advierte el quebranto de las garantías superiores objeto
de la acción de tutela, en lo atañedero al período de vacaciones deprecado por la
accionante (causado por las labores judiciales adelantadas durante el 2021), toda
vez que los vacíos en cuanto a la normativa interna y al presupuesto que
supuestamente genera la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, así
como cualquier otra restricción de índole administrativo, no pueden ni deben ser
soportadas por el trabajador ni interpretadas en desmedro de sus prerrogativas,
máxime cuando para el disfrute de las vacaciones el único requisito que debe
colmarse es que hayan sido causadas, lo cual se encuentra acreditado por la
tutelante en estas diligencias.

Por otra parte, no se advierte vulnerado el derecho constitucional fundamental
de petición que invoca la tutelante, habida cuenta de que el señor director
ejecutivo seccional de administración judicial de Villavicencio acreditó, en el
curso de estas diligencias, haber dado respuesta a la solicitud enviada por correo
electrónico el 28 de septiembre del presente año, por conducto de oficio
DESAJVIO22-1574 de 2 de noviembre de 2022, en el que se le indicó que es
facultar de su nominador (Tribunal Superior de Villavicencio) autorizar el
disfrute del período de vacaciones que tiene pendiente.
21
Archivo electrónico con certificado DDE3158E93BD0915 08194D3C4D0B8330 B708F9371B561B98
31185B80C77BA37A, en el expediente digital de tutela.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala amparará los derechos
constitucionales fundamentales al trabajo en condiciones dignas, salud, descanso
e igualdad de la actora y, en consecuencia, ordenará a los señores presidente del
Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y director ejecutivo seccional de
administración judicial de Villavicencio que, dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de este fallo, realicen los trámites administrativos y
presupuestales a que haya lugar, encaminados a destinar recursos para que se
nombre un reemplazo que asuma el cargo de Juez Segundo (2ª) Promiscuo
Municipal de Puerto Carreño, con el fin de que la accionante pueda gozar de las
vacaciones correspondientes a la vacancia judicial comprendida entre el 20 de
diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, en la fecha en la que tiene
programado empezar a disfrutarlas (28 de noviembre del año en curso o, en su
defecto, 11 de enero de 2023).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Ampáranse los derechos constitucionales fundamentales al trabajo en
condiciones dignas, salud, descanso e igualdad de la señora Dora Elcy Espitia
Murcia, conforme a la motivación.

2º. En consecuencia, ordénase a los señores presidente del Consejo Seccional de
la Judicatura del Meta y director ejecutivo seccional de administración judicial
de Villavicencio que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación
de este fallo, realicen los trámites administrativos y presupuestales a que haya
lugar, encaminados a destinar recursos para que se nombre un reemplazo que
asuma el cargo de Juez Segundo (2ª) Promiscuo Municipal de Puerto Carreño,
con el fin de que la accionante pueda gozar de las vacaciones correspondientes a
la vacancia judicial comprendida entre el 20 de diciembre de 2021 y el 10 de
enero de 2022, en la fecha en la que tiene programado empezar a disfrutarlas (28
de noviembre de 2022 o, en su defecto, 11 de enero de 2023).

3º. Niégase el amparo de la garantía superior de petición de la actora, en armonía
con lo expuesto.

4°. Adviértese a las autoridades indicadas en el ordinal segundo que el
incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-05653-00
Demandante: Dora Elcy Espitia Murcia

establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

5º. Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo 30
del Decreto ley 2591 de 1991.

6º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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