Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05658-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05658-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05658-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
13 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05658-00
Accionante: JUAN CARLOS AGUAS CASTILLO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DzE LA JUSTICIA Y LA UNIVERSIDAD
LIBRE SECCIONAL CALI
Tema: Derechos fundamentales de petición, libre ejercicio de
la profesión y a la igualdad / expedición de la tarjeta
profesional de abogado / carencia de objeto por hecho
superado
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos
Aguas Castillo contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y la
Universidad Libre Seccional Cali, de conformidad con el Decreto 333
del 2021.
I. ANTECEDENTES
El señor Juan Carlos Aguas Castillo, quien actúa en nombre propio,
interpone demanda de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Juan Carlos Aguas Castillo
la Justicia y la Universidad Libre Seccional Cali, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de petición, libre ejercicio
de la profesión y a la igualdad, con fundamento en los siguientes:
1. HECHOS
1.1. El 17 de septiembre del 2022, el señor Juan Carlos Aguas Castillo
se registró en la página oficial del SIRNA
https://sirna.ramajudicial.gov.co/, a fin de solicitar la tarjeta
profesional como abogado y anexó los documentos requeridos para la
expedición de la misma.
1.2. Indica que el 26 de septiembre de 2022, a través de un correo
electrónico remitido por el Registro Nacional de Abogados Bogotá
acusaron recibo de la documentación.
1.3. Señala que el 8 de octubre de la presente anualidad, se le
comunicó que era menester conocer la fecha en que inició la carrera
de derecho para continuar con el trámite, información que debía ser
suministrada por la Universidad Libre, Seccional de Cali de conformidad
con lo preceptuado en la Ley 1905 del 2018.
1.4. El 20 de octubre del año en curso, presentó por correo una
petición a la dirección electrónica regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co
en la que requirió información del trámite, teniendo en cuenta que
habían transcurrido 15 días hábiles para la expedición de la tarjeta
profesional.
1.5. En virtud de lo anterior, el 24 de octubre del presente año, el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
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Abogados le informó que el establecimiento universitario aún no ha
enviado la fecha de inicio de su carrera, pues sólo reportó la fecha de
grado, razón por la que su solicitud continuaba en trámite.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El accionante manifestó que los derechos fundamentales invocados en
el presente proceso le fueron transgredidos, toda vez que a la
presentación de la demanda de tutela no ha obtenido información
respecto del trámite ni tampoco le ha sido expedida la tarjeta
profesional.
3. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«1. TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, por parte de la
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI y el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS
AUXILAIRES DE LA JUSTICIA.
2. ORDENAR a la UNIVERSIDAD LIBRE, que en un término no superior a las
cuarenta y ocho (48) horas, debe enviar la información solicitada sobre la fecha de
inicio de mis estudios (JUAN CARLOS AGUAS CASTILLO, identificado con
cedula de ciudadanía 1.151.952.501 de SANTIAGO DE CALI) al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATIRA – UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA, para que se pueda continuar con
el trámite y expedición de la tarjeta profesional.
3. ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATIRA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA,
que una vez la UNIVERSIDAD LIBRE Seccional Cali, enviara la fecha de inicio
de mis estudios, procediera en un término no superior a las cuarenta y ocho (48)
horas, a expedir la TARJETA PROFESIONAL a favor de mi persona: JUAN
CARLOS AGUAS CASTILLO, identificado con cedula de ciudadanía
1.151.952.501 de SANTIAGO DE CALI.
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4. Todas las demás medidas y ordenes que sean consideradas y conducentes por el
juez de tutela, para el amparo y protección de mis derechos fundamentales.» (sic en
toda la cita)
4. INTERVENCIONES
Mediante auto del 28 de octubre de 2022 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia y a la Universidad Libre, Seccional Cali como accionados.
4.1. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia manifestó que era la entidad encargada de gestionar el
trámite de las solicitudes de las tarjetas profesionales de abogado y
licencias temporales, según el orden de llegada, a través del correo
institucional.
Indicó que en lo que va corrido del año ha tramitado 9.912 solicitudes
de reconocimiento de práctica jurídica y se han expedido 20.858
tarjetas profesionales de abogado y 3.117 licencias temporales de
abogado, pese a que se han recibido 118.912 peticiones de toda índole.
Informó que el accionante solicitó, a través del correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, su inscripción como abogado, así
como también la expedición de la tarjeta profesional como titulado por
la Universidad Libre sede Cali.
Asimismo, señaló que de conformidad con lo dispuesto por el artículo
2° de la Ley 1905 de 2018, según el cual el examen de estado “(…) se
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aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su
promulgación”, esto es, con posterioridad al 28 de junio de 2018.
Por lo anterior, para dar cumplimiento a los requisitos legales para la
expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado, señaló que la Unidad
envío un oficio al correo electrónico
virginiaa.gutierrezv@unilibre.edu.co de la Universidad Libre sede Cali
el 10 de mayo de 2022 solicitando que los reportes de graduados,
incluyeran la información de la fecha de inicio de la carrera de derecho,
número de acta, folio, libro y fecha de grado de los egresados, petición
que fue reiterada el 14 de septiembre 2022.
Adicionalmente, sostuvo que el 7 de octubre de 2022, a través del
aplicativo SIRNA, envió comunicación al accionante en la cual le
informó que la Universidad Libre sede Cali no había enviado la
información correspondiente a la fecha de inicio de la carrera de
Derecho para continuar con el trámite de inscripción y expedición de
su Tarjeta Profesional de Abogado.
El 3 de noviembre de 2022, manifestó que la universidad envió
certificación del título profesional y datos de inicio de la carrera de
derecho del accionante, por lo que procedió a realizar el registro y le
asignó la Tarjeta Profesional de Abogado n°. 395.983, mediante el Acta
n.º 24627 de 2022.
De igual manera, indicó que el accionante podrá acceder a la
certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que
puede ser descargada o consultada por la internet, a través del servicio
de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano
o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link
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https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx,
escogiendo la calidad de “Abogado” y verificar así la titularidad y
vigencia del documento.
En ese contexto, al no existir la vulneración deprecada en el presente
asunto solicitó se niegue el amparo constitucional.
4.2. La Universidad Libre, Seccional Cali, por conducto de la
decana de la facultad de derecho, informó que efectivamente el
demandante radicó una petición por correo electrónico, a través del
cual solicitó que se enviara al Consejo Superior de la Judicatura -
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia la
información de la fecha de inicio de la carrera de derecho, la misma
que fue remitida el 3 de noviembre de la presente anualidad.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿Si la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de
la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura y la universidad
Libre, Seccional Cali, vulneraron los derechos fundamentales a la
igualdad, trabajo y de petición del accionante, al no resolver la
solicitud de inscripción de la tarjeta profesional formulada desde
el 17 de septiembre de 2022?
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2. Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto”.
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
3. Tarjeta profesional de abogado. Trámite de inscripción y
registro.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 85 de la
Ley 270 de 1996, la función de inscripción y registro de la tarjeta
profesional de abogado recae en cabeza del Consejo Superior de la
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Judicatura, trámite que es requisito indispensable para ejercer la
abogacía.
Al respecto, el numeral 1.° del artículo 5.º del Acuerdo 1389 de 2002,
dentro de las funciones asignadas a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, señala la de organizar y llevar el Registro Nacional de
Abogados y expedir la correspondiente tarjeta profesional, de
conformidad con los reglamentos proferidos para tal efecto por la
autoridad competente.
En ese sentido, esta Sala de Subsección1 ha señalado que como no
existe norma especial que establezca el trámite y el término en el cual
se debe realizar la inscripción y hacer entrega de la tarjeta profesional,
su trámite debe regirse por las reglas del procedimiento administrativo
general establecidas en los artículos 34 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, y el incumplimiento de este puede suponer una vulneración del
derecho fundamental al debido proceso administrativo.
4. Caso concreto
En el presente asunto, el señor Juan Carlos Aguas Castillo deprecó la
protección de los derechos fundamentales de petición, libre ejercicio
de la profesión y a la igualdad, toda vez que a la fecha de presentación
de la acción de tutela no le había sido expedida la tarjeta profesional
de abogado, la cual fue solicitada desde el 17 de septiembre de 2022.
1
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 4 de marzo de 2021. Radicado No.
11001-03-15-000-2021-00365-00. Demandante: Juan José Cardona López.
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De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte
que:
i. El 17 de septiembre de 2022, el accionante solicitó ante el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, la expedición y registro de su tarjeta
profesional de abogado; solicitud sobre la cual la entidad accionada
informó, mediante correo electrónico del 7 de octubre de 2022, que
estaba a la espera del listado de graduados por parte de la universidad
para proceder con el respectivo trámite.
ii. El 3 de noviembre de 2022, la Unidad confirmó el recibido de la
información por parte de la universidad.
iii. El 17 de noviembre de 2022, la entidad lo inscribió en el registro de
abogados y le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado n.º 395983
mediante Acta n.º 24627, en la que se dispuso lo siguiente:
«ACTA DE REGISTRO DE TARJETA PROFESIONAL No. 24627
Verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se procede a efectuar la inscripción
como abogado (a) en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, a nombre de:
JUAN CARLOS AGUAS CASTILLO
Identificado (a) con la cédula No. 1151952501
Titulo obtenido por la Universidad LIBRE CALI
Según acta de grado de fecha 4 de junio del 2021
Como consecuencia de lo anterior, se le asigna la Tarjeta Profesional No.395983, con
fecha de expedición el 17 de noviembre del 2022
Bogotá, D.C.,17 de noviembre del 2022»
iv. La Tarjeta profesional de abogado fue enviada por la unidad al
contratista Identificación Plástica S.A.S. para la elaboración del plástico
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y una vez sea entregada, indica que se remitirá a través del servicio
de correo certificado de 472, al domicilio registrado por el accionante.
Así las cosas, la Subsección colige que aunque la petición se formuló el
17 de septiembre de 2022 y, conforme a las pruebas aportadas en la
demanda, la Universidad Libre Seccional había enviado desde el 3 de
noviembre de 2022 el listado de graduados; a la fecha, lo cierto es que
ya resolvió de fondo la solicitud formulada puesto que expidió la Tarjeta
Profesional n.º 395983 del 17 de noviembre de 2022, la cual fue
enviada al contratista Identificación Plástica S.A.S., para la elaboración
del plástico y una vez sea entregada a la Unidad, se remitirá a través
del servicio de correo certificado de 472, al domicilio registrado por el
accionante.
De importancia resulta indicar que la carencia actual de objeto por
hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia que reporta
la conculcación del derecho desaparece, situación en la cual, cualquier
medida que adopte el juez de tutela carece de efecto, pues nada
contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a una
circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o
contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en instancias
diferentes a la del juez constitucional.
En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los
siguientes términos:
«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución
Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a
la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
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Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo,
es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto,
profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con
sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del
derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de
ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua,
y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción»2.
Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los que aunque las
pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en apariencia
el hecho generador de la acción ha sido superado, en el fondo este se
encuentra aún vulnerado o no totalmente agotado, a la luz de las
garantías constitucionales, de acuerdo con la interpretación que en
derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto y su
«posible superación».
Teniendo en cuenta, entonces, que se ha demostrado la inscripción de
la tarjeta profesional del interesado, cualquier decisión que esta Sala
de Decisión dicte resultaría inane, toda vez que la Unidad de Registro
de Abogados y Auxiliares de la Justicia, tramitó y notificó respuesta a
la solicitud objeto de la petición, lo que impone declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.
III.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
2
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO dentro de la acción de tutela
instaurada por el señor Juan Carlos Aguas Castillo, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada el trece (13)
de diciembre de dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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