Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05669-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05669-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05669-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05669-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
24 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
Demandados: Tribunal Superior de Bogotá y otro1
Tema: Acción de tutela contra acto administrativo / falta de cumplimiento del
requisito de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Sergio David Roa Triana contra
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Treinta
y Uno Civil del Circuito de Bogotá.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor2, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Treinta y Uno Civil del
Circuito de Bogotá, porque, a su juicio, el Tribunal, al proferir la sentencia de 28 de
junio de 2022, y el Juzgado, al proferir la sentencia de 21 de febrero de 2022, en el
proceso disciplinario identificado con el número único de radicación
110013103031201501468-03, vulneraron sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, “[…] el 15 de octubre de 2015 el usuario “abogado” Jorge Enrique
Ordoñez Medina, radico ante ese despacho una queja disciplinaria en mi contra
[…]”.
4. Manifestó que, el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, mediante
providencia de 9 de junio de 2017, “[…] abrió investigación disciplinaria en contra
del señor SERGIO DAVID ROA TRIANA […]”.
5. Señaló que, el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, mediante
providencia del 15 de diciembre de 2020, formuló pliego de cargos en su contra,
“[…] a título de culpa grave por presuntamente haber omitido los deberes
consignados en el numeral 2 del artículo 34 y los numerales 7 y 8 del artículo 35 de
la Ley 734 de 2002 y el numeral 1 del artículo 153 y el numeral 3 del artículo 154 de
la Ley 270 de 1996, relacionados con el memorial y despachos comisorios recibidos
entre enero y febrero de 2015 en el proceso 2008-00503 […]”.
2
Quien manifestó ser “[…] empleado del Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá en el cargo de escribiente
nominado […]”, cargo en función del cual se inició en su contra el proceso disciplinario objeto de debate.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
6. El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, profirió sentencia de
primera instancia el 21 de febrero de 2022, por medio del cual resolvió sancionar al
señor Sergio David Roa Triana, por el término de cuatro (4) meses.
7. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia
de segunda instancia el 28 de junio de 2022, en la cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: MODIFICAR la decisión proferida el 21 de febrero de 2022 por el
Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, en la siguiente manera:
A. CONFIRMAR la declaratoria de responsabilidad de Sergio David Roa Triana, en
calidad de Escribiente del Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, por la comisión de
la falta consagrada en el numeral 3º del artículo 154 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia.
B. CONFIRMAR la decisión de imponerle la sanción de suspensión en el cargo,
convertido a salarios devengados al momento del hecho generador del daño.
C. REDUCIR la dosificación de la sanción, de cuatro meses, a UN (1) MES, en el
ejercicio del cargo que, convertido a salarios, resulta en la multa de $2.588.365, de
acuerdo a la parte considerativa de esta decisión.
SEGUNDO: CONFIRMAR la providencia pre anotada en todo lo demás, conforme lo
explicado en precedencia […]”.
7.1. Consideró que:
“[…] llevan la Sala a concluir, luego de un análisis conjunto de las mismas, que, si
bien la conducta de Sergio David Roa Triana fue reprochable, en tanto no encuentra
justificación este Tribunal para haber demorado el trámite de un memorial relevante
por más de ocho meses (incumplimiento del artículo 154.3 de la Ley 270 de 1996), el
retardo en la entrega de los plurimencionados documentos no influyó directamente en
lo decidido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá […]”.
[…]
“[…] Por lo expuesto, se tornan insuficientes las causales de exclusión alegadas en
apelación. Es decir, porque la fuerza mayor, el caso fortuito y el convencimiento
invencible de la ausencia de la falta, no justifican la demora comentada.
No obstante, si se parte de las reglas de la experiencia puede afirmarse que es cierto
que, como señaló Sergio David Roa Triana en versión libre, la carga laboral que
adviene con posterioridad a los ceses de actividades (v.g. vacancia judicial, paros
sindicales, entre otros), siempre se torna desproporcionada, por lo menos
temporalmente, tal y como debió ocurrir en enero de 2015; máxime porque también
está visto que, en ese momento, existió un estado de incertidumbre respecto de los
expedientes que se encontraban bajo custodia de la Dirección Ejecutiva de
4
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
Administración Judicial de Bogotá desde el 31 de diciembre de 2014, con ocasión a
la ausencia de prórroga de las medidas de descongestión.
Así lo concluyó el Secretario, Luis David Ortiz Arias, en su declaración3: “ese proceso
se había enviado al Juzgado 22 Civil Circuito de Descongestión en el año 2013. Pero
ese Juzgado como lo acabaron, ese Juzgado le correspondieron los procesos al
Juzgado Primero Civil Circuito de Descongestión y al Juzgado Tercero Civil Circuito
de Descongestión. Entonces ahí lo que tocaría era indagar si estaba en el Primero o
en el Tercero y remitirlo”.
Entonces, si como bien viene anticipándose, la conducta disciplinable existió por la
omisión endilgada a Sergio David Roa Triana, razón para mantener el sentido de la
decisión apelada, no lo será la dosificación de la sanción, porque la misma no se
ajusta a los criterios establecidos por la Ley 734 para este tipo de faltas, y comoquiera
que no se ponderó por el a-Quo la gravedad de la falta, la ausencia de sanciones del
disciplinable, la trascendencia social y el grado de afectación del quejoso.
En cuanto a la gravedad o levedad de la falta y de acuerdo al principio de necesidad,
se demostró que, el disciplinado, ejercía como servidor público en el cargo de
Escribiente del Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá; así, en lo que respecta al tipo
de sanción, esta atiende los parámetros fijados por el numeral 3 del precepto 44 de
la Ley 734 de 2002, para las faltas graves culposas. En consecuencia, la suspensión
del cargo es procedente, como también lo es la conversión de la misma en salarios.
Frente a la proporcionalidad, debe tenerse en cuenta, como se explicó en párrafos
precedentes, que de las dos omisiones reprochadas en la formulación de cargos, solo
prosperó una y exclusivamente por la infracción al canon 154.3 de la Ley 270 de 1996.
Es decir, en otras palabras, que, aunque a Sergio David Roa Triana se le imputó la
transgresión a los deberes de los artículos 34.2, 35.7 y 35.8 de la Ley 734 de 2002 y
los cánones 153.1 y 154.3 de la Ley 270 de 1996, solo se le sancionó por el último
mentado.
Bajo esta óptica, sin duda alguna debe disminuir el grado de reproche de la conducta
y, por esa vía, la reducción de la condena inicialmente impuesta.
Tampoco se puede perder de vista la modalidad de la conducta por la que el empleado
fue llamado a responder que se redujo a “retardar (…) injustificadamente el despacho
de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados” y que, además, el
a-Quo no encontró que Sergio David contara con antecedentes disciplinarios.
Finalmente, véase que aunque el Juez 31 Civil del Circuito de Bogotá sustentó la falta,
además, en la ausencia de comunicación del hecho disciplinable por parte del
investigado a sus superiores (juez y/o secretario), tal conclusión se soportó
únicamente en la costumbre que tenían los escribientes de comunicar tales
novedades al Secretario, Luis David Ortiz Arias, y no, como se esperaría, de una
conducta mandatoria según el manual de funciones estatuido en el despacho judicial
, documento que brilla por su ausencia en el plenario.
Lo anterior permite a la Sala, en cumplimiento de los principios de necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad, modificar el quantum sancionatorio, para en su lugar
imponer únicamente la sanción de suspensión de un mes en el ejercicio del cargo
3 Archivo No. 02CdFl142Audiencia27-11-2015(6).MP4 Minuto: 03:30
5
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
que, convertido a salarios, resulta en la multa de $2.588.365 60, la cual,
según el criterio del Tribunal cumple con los criterios legales y constitucionales, como
viene de
verse, porque atiende a la trascendencia de los hechos, a la vez que es necesaria y
proporcional para cumplir la finalidad preventiva y correctiva de la sanción […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Tutelar los derechos constitucionales fundamentales: DERECHO A LA
IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, A LA SEGURIDAD JURIDICA.
2. Que se revoque el fallo condenatorio proferido en primera y segunda instancia y en
su lugar se decrete la prescripción de la acción disciplinaria de conformidad con lo
preceptuado en el articulo (sic) 30 de la ley 734 de 2002 modificado por el articulo
(sic)132 de la ley 1474 de 2011 [...]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 31 de octubre de 2022: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y al Juez Treinta y Uno Civil del Circuito de
Bogotá, y iii) vinculó a Jorge Enrique Ordoñez Medina, en calidad de tercero con
interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe
sobre el particular.
Intervención de las demandadas y del tercero con interés legítimo
10. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá rindió informe
en los siguientes términos:
“[…] Puestas de ese modo las cosas y atendiendo que la decisión censurada se
adoptó con estricto apego a los lineamientos sustanciales y procesales vigentes, se
solicita se deniegue el amparo solicitado por ser improcedente. Recuérdese aquí, que
la tutela es un mecanismo para la protección de derechos fundamentales y no una
suerte de “tercera instancia”, como al parecer es el entendimiento del promotor del
amparo […]”.
6
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
11. El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá manifestó lo siguiente: “[…]
considero oportuno mencionar que cualquier providencia judicial debe defenderse
por sí misma, razón por la que respetuosamente manifiesto que me remito al
contenido de la decisión en cuestión, en donde aparece, en mi sentir, debidamente
argumentada toda la motivación fáctica y jurídica que dio lugar a la emisión de la
providencia atacada por el accionante. Aunado a que, habiéndose emitido decisión
en segunda instancia, estimo que el análisis que se haga debe concentrarse en
aquella […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 4, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 6 y
con el artículo 13 Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela"
6 “por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
Problema jurídico
14. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, para revocar la sanción disciplinaria
de suspensión del cargo por el término de 4 meses que le fue impuesta al actor.
15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
aspectos: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos de carácter particular; ii) la procedencia de la acción de tutela
para controvertir actos administrativos de carácter sancionatorio; y iii) análisis del
caso concreto, en el que se analizará la utilización de los medios de defensa
pertinentes y si en efecto existió o no un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos de
carácter particular
16. La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha señalado que en principio la
acción de tutela resulta improcedente como mecanismo principal para la protección
de los derechos fundamentales que sean violentados o amenazados con la
expedición de actos administrativos de contenido particular y concreto, toda vez que
para controvertirlos y defenderse de sus efectos, la competencia radica en el juez
natural que es la jurisdicción contencioso administrativa.
17. Concretamente ha hecho énfasis en que existen dos mecanismos que son
idóneos, estos son, el mecanismo de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en el cual puede solicitar las medidas cautelares o la nulidad simple si lo
que busca es la sola protección de la integridad del ordenamiento jurídico.
18. Sin embargo, la Corte Constitucional también ha considerado que la acción de
tutela procede contra actos administrativos cuando se vulneran derechos
fundamentales y cuando se presenta un perjuicio irremediable, caso en el cual
procede como mecanismo transitorio.
19. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional lo siguiente:
8
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente
como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que
resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos
como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo
transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la
configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez
de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto
2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de
1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo […]”8
20. La misma Corporación ha señalado que es posible conceder el amparo no solo
como mecanismo transitorio sino definitivo en los siguientes términos:
“[…] si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el
afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En
estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las
circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable,
debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de tutela,
como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva […]”9
21. En este orden, la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual y
subsidiario, que ante la existencia de otros mecanismos judiciales de defensa
deviene en improcedente. Sin embargo, existen excepciones en las cuales pese a
la existencia de dichos mecanismos, la tutela resulta procedente, por lo que es
necesario hacer el análisis respectivo, esto es, examinar la existencia de otros
mecanismos de defensa, eficaces y además apreciar las circunstancias en las que
se encuentre el accionante.
22. Así las cosas, la acción de tutela solo procede manera excepcional contra actos
administrativos, es decir, cuando existe un perjuicio irremediable, el cual ha de ser
actual y las medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta
cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad
del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda
su integridad.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 2003
9 Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2003
9
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
23. Ahora bien, aun cuando es cierto que procede de manera excepcional la acción
de tutela contra actos administrativos, la Corte Constitucional ha establecido
mediante pronunciamientos acogidos por la Sala Plena de esa corporación, que “la
procedencia de la acción de tutela se encuentra condicionada a la previa utilización
por el accionante de los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico” 10.
Ello involucra que la tutela siendo un mecanismo residual y subsidiario, no puede
reemplazar elementos procesales dirigidos a obtener la protección de los derechos
y por tanto tampoco puede subsanar la desidia de las partes al omitir su uso.
24. Al respecto la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente:
“[…] De esta manera, si la parte afectada no ejerce las acciones o utiliza los recursos
establecidos en el ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados
o vulnerados, éste mecanismo de amparo no tiene la virtualidad de revivir los términos
vencidos, ni se convierte en un recurso opcional de las instancias previstas en cada
jurisdicción […]”11
25. Por lo anterior, tiene especial trascendencia analizar cada caso en cuanto a la
existencia de otros medios de defensa judicial para la protección de los derechos
fundamentales vulnerados o efectivamente amenazados.
26. De acuerdo con lo expuesto, la Sala reitera que la acción de tutela procede
contra actos administrativos, siempre y cuando no haya otro mecanismo de defensa
y exista un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela para controvertir actos administrativos de
carácter disciplinario sancionatorio
27. La Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela no procede cuando
se dirige contra actos administrativos que imponen una sanción.
28. En la sentencia T – 262 de 199812, puntualizó lo siguiente:
“[…] En la sentencia T-262 de 1998 la Corte estudió una demanda de tutela
interpuesta por los ciudadanos Jaime Giraldo Ángel y Fernando Carrillo Flórez, contra
10 Ver Sentencia SU- 061 de 2001
11 Corte Constitucional, Sentencia T-451 de 2010.
12 Ver Sentencia T-262 de 1998.
10
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
la Procuraduría General de la Nación. Aducían los actores, que la
Procuraduría había iniciado una investigación especial contra ellos, que culminó con
una sanción consistente en la suspensión de su cargo por un término de treinta (30)
días, la cual sería confirmada cuando la entidad resolvió los recursos de apelación
interpuestos.
Consideraron que esa decisión había incurrido en una vía de hecho, y por tanto
solicitaron, como medida provisional, "la suspensión de la decisión de la Procuraduría
y que declare la invalidez de todas las providencias dictadas por el Procurador
General de la Nación a partir del 28 de febrero de 1997"
La Corte constató que el actor contaba con otros mecanismos de defensa judicial,
que hacían improcedente el amparo. Precisó que eventualmente la tutela sería
procedente, si ésta tuviera como objeto evitar un perjuicio irremediable al actor. Sin
embargo, consideró que en ese caso, “el perjuicio irremediable provendría de la
sanción disciplinaria impuesta al actor por la Procuraduría General de la Nación,
consistente en 30 días de suspensión. Mas la mencionada sanción disciplinaria
no puede considerarse, en sí misma, como un perjuicio irremediable. De lo
contrario, se estaría aceptando que todas las sanciones disciplinarias podrían
ser objeto de la acción de tutela, con lo cual la justicia constitucional usurparía
la función de la jurisdicción contencioso administrativa de revisar los actos
administrativos de orden disciplinario.” (Negrillas y subrayas fuera de texto)
29. En el mismo sentido, en la sentencia T-451 de 2010, se hizo el siguiente
examen:
“[…] Una persona que fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación, por
obstaculizar el normal funcionamiento de una autoridad administrativa, lo cual fue
calificado como una falta gravísima; por tal razón, la Procuraduría decidió suspender
provisionalmente de su cargo al investigado. Contra esa decisión fue interpuesta una
acción de tutela, por cuanto el actor consideró que la Procuraduría había incurrido en
vías de hecho, en la imposición de la sanción. La Corte denegó el amparo, al
considerar que el actor contaba con otros mecanismos de defensa judicial y porque,
adicionalmente, no se evidenciaba un perjuicio irremediable. […]”
30. En ese caso, la Corte Constitucional concluyó lo siguiente:
"[…] En el caso que ocupa la atención de la Corte los jueces de tutela no encontraron
violados los derechos fundamentales del actor a partir de las actuaciones
desarrolladas por el Procurador General de la Nación y la Procuradora Primera
Delegada para la Vigilancia Administrativa. Es más, concluyeron que para la
contradicción e impugnación de sanciones de tipo disciplinario en contra del ex -
gobernador del Amazonas, se contaba con la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho (C.C.A., art. 85), como medio judicial de defensa principal para controvertir
esas decisiones.
Sin lugar a dudas, dicho instrumento procesal es idóneo y eficaz para alcanzar los
propósitos planteados por el actor y su apoderado en el escrito de demanda, máxime
cuando en la situación descrita por ellos no se vislumbra la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable que haga viable la transitoriedad de la acción de tutela, toda
vez que la sanción disciplinaria, como lo ha afirmado la Corte, no puede
considerarse en sí misma un perjuicio irremediable y teniendo en cuenta que al
demandarse la nulidad de un acto administrativo se cuenta con la posibilidad
de solicitar su suspensión provisional, por estimar que manifiestamente
contradice una norma superior a la cual se encuentra subordinado, medida
11
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
cautelar que hace perder al acto su fuerza ejecutoria mientras se emite
la decisión de mérito sobre la legalidad de aquel (C.C.A., art. 152 y s.s.).
De esta manera, la jurisdicción en lo contencioso administrativo constituye la vía que
ofrece las garantías suficientes para la defensa de los intereses del señor Murillo Ruiz
y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el mecanismo de defensa judicial
pertinente, el cual debe incoarse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto
(C.C.A., art. 136-2), actuación que de no haberse cumplido oportuna y diligentemente,
no podrá ser subsanada a través de la acción de tutela.”
31. Conforme a la jurisprudencia antes mencionada, la procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos que impongan una sanción es aún más
excepcional que contra actos administrativos de otra índole, pues en estos casos,
la demostración del perjuicio irremediable reviste un mayor esfuerzo.
Análisis del caso en concreto
32. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
33. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
34. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el siguiente
documento:
34.1. Copia del acto administrativo que contiene la decisión disciplinaria de primera
instancia de 21 de febrero de 2022, en el cual se declaró disciplinariamente
responsable al actor y suspendió el ejercicio del cargo por el término de 4 meses.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
34.2. Copia del acto administrativo que contiene la decisión disciplinaria de segunda
instancia que confirmó la decisión de suspensión por el ejercicio del cargo por el
término de 4 meses.
Solución del caso concreto
35. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios de
defensa judicial idóneos y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de
establecer como ya se advirtió si en efecto procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio para controvertir la legalidad de los actos administrativos
referidos por el actor, con los cuales en su sentir se vulneran los derechos
fundamentales.
36. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico colombiano
establece otros mecanismos de defensa judicial idóneos para controvertir la
legalidad de los actos administrativos de carácter disciplinario y a través de ellos se
puede proteger de forma oportuna e inmediata los derechos fundamentales que
estima el accionante le han sido vulnerados.
37. En segundo lugar, para demandar los actos administrativos mediante los cuales
se le impuso la sanción, el legislador estableció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, que prevé:
“[…] Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una
norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el
inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente, podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante
o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando
la demanda se presente en tiempo, esto es dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o de cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”
38. En el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las causales de
nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede cuando estos
hayan sido expedidos “con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin
13
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho
de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió”.
39. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que las pretensiones del actor
deben analizarse por su juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, comoquiera que es el encargado de realizar el examen de legalidad
de los actos expedidos por las autoridades judiciales demandadas.
40. Además, esta Sala precisó en oportunidades anteriores13 que con la expedición
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya
no es aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no son
eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente
conculcados en casos como el estudiado.
41. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle celeridad
a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes
herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas
cautelares incluso de urgencia14, como la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes,
las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte
una situación apremiante que necesite ser remediada incluso, antes de que se
profiera una decisión definitiva.
42. En este punto la Sala debe precisar que aún cuando el actor considera que se
le causó un perjuicio irremediable, con las medidas cautelares se puede también
obtener una protección judicial oportuna, toda vez que así lo consideró esta
13 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García
González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
14 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el
artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá
comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
14
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
Corporación en sentencia de 5 de marzo de 201415, en la cual se
sostuvo lo siguiente:
“[…] Se destaca especialmente el requisito 4, literal a), del artículo 231, que introdujo
el concepto de “perjuicio irremediable”, también contemplado por la acción de tutela
como mecanismo transitorio. Tratándose de las medidas cautelares en los procesos
contencioso administrativos se debe poner de relieve que el legislador dotó a la
justicia administrativa de mecanismos de protección convencionales, mejor
adecuados para garantizar los derechos de todo orden.
Desde este punto de vista, la decisión de la Procuraduría General de la Nación, por
medio de la cual impuso la sanción disciplinaria al señor Gustavo Petro Urrego, no
solo es susceptible de control a través del proceso de nulidad en los términos del
numeral 1° del inciso cuarto del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, o de nulidad y
restablecimiento del derecho según las reglas del artículo 138 ibídem, e igualmente
puede impetrar la medida cautelar, si llegara a cumplir con presupuestos de ley,
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción
de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la
acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b)
procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se
exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del
pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para
concluirlo. […]”
43. Ahora bien, la Corte Constitucional16, en cuanto a la idoneidad de las medidas
cautelares de urgencia que proceden ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, para evitar un perjuicio irremediable, precisó que la acción de tutela
se torna improcedente en virtud de su carácter subsidiario, salvo que el actor
demuestre que ha hecho uso de las mismas o que el Juez de conocimiento las negó
sin tener en consideración la existencia del citado perjuicio.
44. Así lo manifestó esta Sala17, al señalar:
“[…] La Corte Constitucional en la sentencia SU-355 de 201518, al examinar la
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos, señaló:
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alfonso Vargas Rincón, acción de
tutela con núm. único de radicación: 25000-23-42-000-2013-06871-01, Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego,
demandado: Procuraduría General de la Nación.
16 Corte Constitucional, sentencia T-377 de 26 de septiembre de 2014. Magistrado Ponente doctor: Mauricio
González Cuervo.
17 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de
2015).
18 Corte Constitucional, sentencia SU-355 de 11 de junio de 2015. Magistrado Ponente doctor: Mauricio
González Cuervo.
15
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
5.3.1. El ordenamiento vigente y, en particular, el actual artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011, establece como uno de los medios de control de la actuación de
las autoridades estatales, la nulidad y restablecimiento del derecho, confiriéndole a
toda persona la posibilidad de solicitar que se declare la nulidad del acto
administrativo que lesiona un derecho subjetivo y le sea restablecido. Tal nulidad debe
ser declarada cuando los actos se expidan (a) desconociendo las normas en que
deberían fundarse, (b) por un órgano que carece de competencia, (c) de manera
irregular, (d) violando el
derecho de audiencia y defensa, (e) mediante falsa motivación o (f) con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió (art. 137 inc. 2º).
[…]
5.3.3. En suma, el accionante cuenta con un medio judicial ordinario al que puede
acudir, tal y como ello ocurrió según las pruebas obrantes en el proceso. En este caso
la idoneidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se
comprueba al establecer (i) que los supuestos de nulidad previstos en el artículo 137
de la Ley 1437 de 2011 comprenden, sin dificultad jurídica alguna, los cargos que en
contra de la decisión de la Procuraduría ha planteado en la acción de tutela y (ii) que
la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido una amplia habilitación de la
autoridad judicial para pronunciarse respecto de todas las actuaciones y decisiones
surtidas y tomadas en el trámite disciplinario a fin de garantizar los derechos
fundamentales.
[…]
5.3.5.2. La Ley 1437 de 2011 estableció en su artículo 231 una regulación diferente
en materia de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo. Según
esa norma podrá tomarse tal decisión cuando (i) se fundamente en la violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en un escrito
separado y (ii) cuando dicha infracción surja del análisis del acto demandado y su
confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas
allegadas con la solicitud. Prescribe además que (iii) si se pretende el
restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios es necesario que el
solicitante pruebe, al menos sumariamente, su existencia.
En adición a lo anterior, la ley fijó un procedimiento claro con términos
específicos para darle trámite a la solicitud de suspensión provisional –en tanto
medida cautelar- (art. 233), así como una autorización especial para que la
autoridad judicial, destaca la Corte, pueda acoger medidas cautelares de
urgencia (art. 234) sin necesidad de agotar el trámite que como regla general se
prescribe.
Es claro a partir de la nueva regulación que el acentuado rigor que gobernaba la
procedencia de la suspensión provisional en vigencia del anterior Código -al exigirse
no solo el planteamiento de la solicitud antes de ser admitida la demanda sino también
la constatación de una manifiesta y directa infracción de las normas invocadas-, fue
modificado sustancialmente al prescribirse ahora que podrá solicitarse en cualquier
momento y que podrá prosperar cuando la violación “surja del análisis del acto
demandado” y su confrontación –no directa- con las disposiciones invocadas. Que la
violación justificatoria de la suspensión provisional pueda determinarse a partir del
“análisis”, indica que la autoridad judicial tiene la competencia para emprender un
examen detenido de la situación planteada, identificando todos los elementos
relevantes para determinar si ocurrió una infracción normativa. No basta con una
aproximación prima facie para afirmar o descartar la vulneración, en tanto el juez debe
16
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
evaluar con detalle la situación y a partir de ello motivar adecuadamente su
determinación.
[…]
Si bien la Corte reitera la regla de procedencia establecida en la SU-712 de 2013,
su aplicación en el caso ahora estudiado no conduce a la misma conclusión a
la que se arribó en aquella ocasión. En efecto, la regulación que en materia de
suspensión provisional introdujo la Ley 1437 de 2011 y la comprensión que de
ella ha tenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, permiten a este Tribunal
concluir que el accionante cuenta, prima facie, con un medio judicial no solo
idóneo sino también temporalmente eficaz para debatir oportunamente la
posible violación de sus derechos y plantear la adopción de una medida de
protección si se cumplen las condiciones para ello.
[…]
5.3.7. En síntesis, con independencia del sentido que puedan tener en cada caso
las decisiones del juez administrativo respecto de la solicitud de suspensión
provisional, debe concluirse -en lo que resulta relevante para un juicio de
subsidiariedad- que esa alternativa ofrece, en la actualidad, una amplia
posibilidad de controlar en un término breve de tiempo los efectos de la
decisión de la autoridad disciplinaria. En atención a ello no puede acogerse la
misma decisión de la sentencia SU-712 de 2003, adoptada en vigencia del Decreto
01 de 1984.
En conclusión, la sentencia en cita, con motivo de la entrada en vigencia del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de
2011, modificó la línea jurisprudencial que la Corte Constitucional había fijado en
materia de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos, y que
hasta ese momento se encontraba resumida en la SU-712 de 201319, en el sentido
de establecer que por regla general no procede la acción de tutela como mecanismo
definitivo o transitorio para cuestionar la validez constitucional de las decisiones
adoptadas en sede administrativa […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto
original).
45. Por consiguiente, la Sala considera que el amparo solicitado en la presente
acción de tutela es improcedente, toda vez que como se indicó en la jurisprudencia
citada infra, la sanción disciplinaria, no puede considerarse en sí misma un perjuicio
irremediable y la acción de tutela no puede ser utilizada cuando el afectado dispone
de otro mecanismo de defensa judicial idóneo para proteger los derechos que
considera vulnerados, dentro del cual puede hacer uso de las medidas cautelares
de urgencia con las cuales también puede evitar la afectación y el menoscabo de
los derechos que aquí considera vulnerados y que en su sentir le generan un
perjuicio irremediable.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-712 de 17 de octubre de 2013, Magistrado ponente doctor: Jorge Iván
Palacio Palacio.
17
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
46. En otras palabras, por la idoneidad de las medidas cautelares establecidas en
el CPACA, el actor en primer término debe solicitar ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, que ellas se adoptaran con el fin de proteger los
derechos que aquí considera vulnerados, sin embargo, en el expediente no obra
prueba que corrobore que hizo uso de las mismas o que como ya se dijo, el juez las
negó sin tener en cuenta la configuración de un perjuicio irremediable, caso en el
cual si procedería la acción de tutela en virtud a su carácter subsidiario.
Conclusión de la Sala
47. De acuerdo con los anteriores planteamientos la Sala considera que los
argumentos expuestos por el actor en la presente acción de tutela deben ser
analizados al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en el cual puede hacer uso de las medidas cautelares, concretamente lo dispuesto
en el artículo 234 del CPACA, que prevé las medidas de urgencia, las cuales pueden
adoptarse desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, escenario que le permite tal y como aquí lo solicita que se suspendan los
efectos de las decisiones disciplinarios que le impusieron una sanción.
48. La Sala reitera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para
lograr la protección de los derechos, en atención a que se trata de un mecanismo
residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan otros recursos
o medios de defensa judicial idóneos y eficaces que permitan proteger los intereses
de los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, el cual, como ya quedó expuesto, primero debe ser objeto de
análisis por parte del juez ordinario a través de las medidas cautelares.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202205669-00
Actor: Sergio David Roa Triana
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: Declarar improcedente la solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.